Las pruebas de Fórmula 3 celebradas en el circuito Madring han convertido en realidad lo que los vecinos de Valdebebas y Hortaleza llevaban más de un año anticipando. Los monoplazas apenas habían completado unas cuantas vueltas al trazado cuando los sonómetros colocados junto a las viviendas más cercanas empezaron a arrojar cifras que confirman los peores pronósticos. Un puñado de coches de F3 —categoría bastante menos ruidosa que la Fórmula 1— ha bastado para poner en evidencia las costuras de un proyecto que aspira a situar a Madrid en el mapa del automovilismo mundial, pero que amenaza con hacerlo a costa de la salud y el descanso de miles de residentes.
Según los datos difundidos por la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid, el sonómetro instalado a la altura del número 14 de la calle Francisco Umbral registró una media de 102,7 decibelios ponderados A (dBA) mientras apenas cinco monoplazas rodaban por el circuito a las 10.52 horas de la mañana del lunes.
Los máximos alcanzaron los 107,7 dBA y los picos se dispararon hasta los 109,1 dBA. Dado que los decibelios se miden en escala logarítmica, la plataforma vecinal explica que esa media fue casi 59.000 veces más intensa en términos de energía acústica, y se percibió aproximadamente 27 veces más fuerte que el umbral máximo que establece la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de Madrid para zonas residenciales, fijado en 55 dBA.
Los niveles de ruido documentados abren la puerta a un escenario legal que podría complicar seriamente el futuro del circuito y del propio Gran Premio.
El ruido del circuito de Madrid, definido como "delictivo"
Constantino Blanco, portavoz de la mencionada Plataforma Stop F1 Madrid y vecino de Las Cárcavas, lleva meses advirtiendo de que el Gran Premio se celebrará en condiciones que considera ilegales. En una entrevista reciente publicada por el periódico vecinal de Hortaleza, Blanco dejó claro que la plataforma tiene previsto documentar exhaustivamente todo lo que ocurra durante el fin de semana de la carrera para trasladarlo después a los tribunales. Lo que el portavoz denomina el "día de autos" será, en su previsión, una jornada en la que los niveles de ruido alcanzarán lo que él mismo califica como "nivel delictivo".
Y es que la normativa municipal madrileña contempla un sistema de infracciones graduado en función de la superación de los límites acústicos. Cuando el exceso respecto al umbral permitido rebasa los 10 dBA en período diurno, la infracción se considera muy grave, con multas que pueden oscilar entre 60.000 y 300.000 euros. Pero el marco legal va más lejos. El artículo 325 del Código Penal tipifica como delito contra el medio ambiente las emisiones o los ruidos que puedan perjudicar gravemente la salud de las personas, y la jurisprudencia española ha reconocido de forma reiterada que la exposición a niveles acústicos por encima de los permitidos constituye una conducta idónea para generar ese peligro grave. No hace falta que el daño se haya materializado; basta con que la conducta sea apta para provocarlo.
El precedente más cercano lo tienen los propios vecinos de Madrid. En el Circuito del Jarama, la Fiscalía de Madrid presentó diligencias contra dos directivos del complejo tras las denuncias vecinales por ruidos que alcanzaban los 90 decibelios, muy por debajo de lo que se ha medido este lunes junto al Madring. Un juez llegó a citar a declarar como investigados a los responsables del recinto por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente, un caso que sentó un precedente relevante en la capital.
Y el otro gran referente es el del estadio Santiago Bernabéu, donde los conciertos tuvieron que ser suspendidos durante meses después de que se acreditara que los niveles sonoros superaban ampliamente los límites legales. En aquel caso, la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu logró que se reconociera la ilegalidad de la actividad al carecer el estadio de la licencia adecuada.
Blanco que el circuito está plagado de agujeros jurídicos y que, al igual que ocurrió con los conciertos del Bernabéu, las denuncias acabarán por evidenciar la inviabilidad legal de la actividad. Ifema, según afirmó el portavoz, reconoció en una reunión con los vecinos que no disponía de solución para el ruido que soportarían las casas más cercanas.
El laberinto judicial de Madring
La batalla legal, en realidad, no empezará con el Gran Premio de septiembre; ya está en marcha desde hace más de un año. Stop F1 Madrid mantiene en este momento dos recursos judiciales abiertos que cuestionan la legalidad de todo el andamiaje urbanístico del proyecto, según informa la propia web de la plataforma.
El primero de esos recursos, impulsado por la Plataforma Ecologista Madrileña —integrada por ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, todas ellas parte de Stop F1 Madrid— fue admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en mayo de 2025. Impugna el Plan Especial del Ayuntamiento que definió las modificaciones urbanísticas necesarias en el recinto ferial de IFEMA para hacer posible el circuito, y argumenta que el proyecto no fue sometido a una evaluación ambiental estratégica, que afecta a zonas protegidas como humedales y vías pecuarias —en concreto la Vereda de los Leñeros—, y que supuso la tala de más de 700 árboles sin las garantías ambientales exigibles.
El segundo recurso, admitido por un juzgado de lo contencioso-administrativo en julio de 2025, va dirigido contra la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento. La plataforma denuncia que la tramitación urbanística del proyecto fue fragmentada y opaca, con dos procesos simultáneos que afectan a parcelas y ámbitos diferentes —la parcela sur de IFEMA, la parcela norte y el viario público—, lo que genera un escenario que los ecologistas han calificado como un puzle de difícil encaje jurídico. Las medidas cautelares solicitadas por Más Madrid para paralizar las obras fueron desestimadas, por lo que la construcción continuó mientras los procesos siguen abiertos.
A estos frentes se suma otro litigio independiente... pero relevante para el contexto del circuito. Hablamos de la empresa italiana Dromo, responsable del diseño original del trazado, que denunció que la alemana Tilke —que asumió posteriormente el desarrollo técnico— habría utilizado sin autorización parte de la documentación y el trabajo realizados durante la fase inicial. Este conflicto, que se dirime en los tribunales, no amenaza con paralizar el Gran Premio, pero añade una capa de complejidad legal al proyecto.
Por el momento, el plan de la plataforma vecinal consiste en recopilar pruebas acústicas durante el fin de semana de competición y presentar una denuncia formal ante los tribunales. Si los datos de este lunes con la F3 se confirman como un anticipo de lo que vendrá con la F1, las cifras podrían dar sustento a una querella por delito contra el medio ambiente. Que un puñado de monoplazas de una categoría menor haya generado registros de 109 decibelios junto a las viviendas alimenta la tesis de que la carrera de septiembre podría superar con creces esos niveles, por mucho que los monoplazas de ahora hagan bastante menos ruido por su condición cada vez más eléctrica.
La plataforma vecinal planea recabar pruebas acústicas durante el Gran Premio para presentar una denuncia formal
El Ayuntamiento, por su parte, ha previsto la suspensión temporal de la ordenanza de ruido durante la celebración del evento, amparándose en la figura de "excepcional interés público". La Comunidad de Madrid ha solicitado además al Gobierno central que declare la Fórmula 1 como acontecimiento de excepcional interés público, una categoría que implicaría beneficios fiscales. Pero esa cobertura administrativa, advierten los colectivos vecinales, no blinda el proyecto frente a la vía penal, ya que la suspensión de una ordenanza municipal no puede prevalecer sobre el Código Penal cuando los niveles acústicos alcanzan umbrales susceptibles de causar daño grave a la salud.
Las reivindicaciones de los vecinos no se limitan al ruido, aunque este sea su flanco más mediático. Denuncia también la mencionada destrucción de más de 700 árboles, la ocupación de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros, cinco meses de obras anuales durante los diez años que durará el contrato —tres de montaje, los días de competición y mes y medio de desmontaje—, las alteraciones en la movilidad y el transporte público, las obras nocturnas que ya han generado denuncias ante la policía, la presencia de hormigón y polvo en las calzadas, y la afección a centros educativos y a los más de 142.000 residentes que, según sus estimaciones, viven en un radio de cuatro kilómetros.
La plataforma, constituida en mayo de 2025 bajo el lema "Nuestros barrios no son un circuito", agrupa a asociaciones vecinales de Canillas, Las Cárcavas, Valdebebas, San Lorenzo y Villa Rosa, además de a Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion, la Mesa del Árbol de Madrid, la Plataforma Stop Festivales IFEMA y otros colectivos, y ha convocado una asamblea vecinal para el próximo 31 de agosto.
Desde las instituciones, el discurso es radicalmente distinto. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha defendido que el Gran Premio es un éxito tanto por la venta de entradas como por la proyección internacional, y ha asegurado que las molestias se circunscribirán a tres días.
El propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, fue taxativo semanas atrás al afirmar que Madrid tendría Fórmula 1 "a pesar de lo que molesta a algunos". Para los vecinos de Valdebebas y Hortaleza, sin embargo, los ensayos de esta semana han demostrado que las molestias ya son una realidad tangible y que el precio del espectáculo podría acabar pagándose también en los juzgados.
