El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de Economía publicar el informe de la Abogacía del Estado que justificó endurecer la opa (oferta pública de adquisición) de BBVA sobre Sabadell. La decisión llega casi un año después del fracaso de la operación y abre un nuevo frente para el Gobierno.
Vamos por partes. Un demandante que, según la resolución, no tiene la condición de interesado pidió acceder a ese documento. Economía, que dirige Carlos Cuerpo, lo denegó alegando la confidencialidad que marca la Ley de Defensa de la Competencia. El solicitante recurrió y el Consejo de Transparencia le ha dado la razón.
El ministerio tiene ahora un plazo de diez días para entregar el informe, salvo las partes que puedan ser confidenciales y cuya exclusión debe estar debidamente justificada. El organismo explica que el deber de secreto de la norma de Competencia afecta a empleados públicos, pero no elimina el derecho de acceso de terceros.
Qué ha decidido el Consejo de Transparencia
La resolución tumba los argumentos del Ministerio. Según el Consejo, Economía no justificó que el informe tuviera carácter confidencial ni formó una pieza separada, como exige la ley. También recuerda que el régimen de confidencialidad de la Ley de Defensa de la Competencia no es absoluto ni se extiende a toda la documentación.
Es un golpe administrativo directo a la estrategia de Moncloa. Carlos Cuerpo tendrá que desvelar los argumentos jurídicos que sostuvieron la intervención del Ejecutivo en una operación que marcó un antes y un después en el panorama corporativo español.
El Consejo de Ministros autorizó la compra, pero impuso condiciones que en la práctica congelaban la fusión durante al menos tres años.
El Gobierno fue más allá de la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya había fijado condiciones para autorizar la compra. Después, el Consejo de Ministros las endureció amparándose en el informe de la Abogacía del Estado. El Ejecutivo autorizó la adquisición, pero impidió los despidos y el cierre de sucursales.
Además, obligó a BBVA y Sabadell a mantener separadas la personalidad jurídica y el patrimonio durante tres años, con autonomía en la gestión. Traducido: la fusión quedaba congelada durante al menos tres años y perdía buena parte de los incentivos para los accionistas.
Aquí aparece un dato clave: nunca antes el Gobierno había endurecido las condiciones impuestas por la CNMC a una operación similar en ningún otro sector. Ese es el corazón del conflicto entre la autoridad técnica y la decisión política.
Los accionistas terminaron rechazando la oferta de Carlos Torres. La aceptación se quedó en el 25,33% de las acciones y en el 25,47% de los derechos de voto, muy lejos del 30% que BBVA se había marcado. La operación, con todo, ya había marcado un antes y un después.
Un precedente incómodo y el aviso de Bruselas
La decisión del Consejo de Transparencia no juzga la opa, pero obliga a explicar los argumentos jurídicos. La negativa inicial de Economía chocaba con una realidad: la confidencialidad no puede usarse como un blindaje general. El organismo recuerda que los límites deben justificarse caso a caso.
En Bruselas tampoco gustó. La Comisión Europea amplió en junio el expediente abierto al país y pidió adaptar una directiva regional que delimita la capacidad de los gobiernos en operaciones bancarias. La publicación del informe puede alimentar ese debate, no cerrarlo.
Quienes defendieron las condiciones sostienen que protegían el empleo y la competencia. Quienes las critican, incluido el mundo empresarial, vieron una decisión política sobre un expediente técnico. La resolución de Transparencia da acceso a los papeles, pero no resuelve el fondo del desencuentro.
De cara a las próximas semanas, habrá que seguir si Economía entrega el informe dentro del plazo o recurre la resolución. También si Bruselas da nuevos pasos en el expediente que mantiene abierto contra España.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Consejo de Transparencia obliga a Economía a publicar el informe de la Abogacía del Estado sobre la opa de BBVA a Sabadell.
- Por qué te importa: La resolución aclara que la confidencialidad no puede blindar decisiones del Gobierno que afectan a grandes operaciones bancarias.
- A quién afecta: Al Ministerio de Economía y a BBVA y Sabadell, además del debate sobre la intervención pública en fusiones.
- Hacia dónde vamos: Economía tiene diez días para entregar el informe o justificar exclusiones; también puede recurrir.
