La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y las organizaciones empresariales y de autónomos, ante la situación de Estado de Alerta que se extenderá hasta las 00:00 horas del 12 de abril de 2020 vamos a mantenernos unidas ante esta dura y gravísima situación y acataremos las últimas medidas sanitarias adoptadas, como hasta ahora
Confiamos que sean eficaces para garantizar la salud de todos los ciudadanos, como algo absolutamente prioritario, y para retomar cuanto antes la normalidad.
Asimismo, tras las diferentes normas publicadas este fin de semana relacionadas con el parón de la actividad económica, así como del ámbito laboral queremos manifestar lo siguiente:
I.- La Confederación Canaria de Empresarios y las organizaciones empresariales seguirán redoblando sus esfuerzos, desde la unidad de sus actuaciones.
La Confederación Canaria de Empresarios, como institución de relevancia constitucional, representativa de todos los empresarios que componen el tejido productivo de las islas y la pluralidad de actividades económicas, así como las organizaciones empresariales y empresas integrantes ASINCA, la Asociación de Autónomos de Canarias -ATA-, AECP, la Asociación de Clínicas y Centros Hospitalarios, la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias -ASUICAN-, FEHT, FET, FEMEPA, FEDEPORT, la Asociación de Centros Comerciales, ASODISCAN, FEC-FEDECO (CECAPYME), ASPROCAN, ACAC, ACADE, la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria -ACEGI-, ACEI, ADITRAGUA, AINCO, AOTEC, la Asociación Canaria de Tabaqueros, FEFARCAN, CEL, CONFUER, Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros, la Confederación Empresarial de Lanzarote -CEL-, la Confederación Insular de Empresarios de Fuerteventura -CONFUER-, FEDEX, FREDICA, entre otras, que; todas ellas, a su vez, integran a 288 asociaciones que agrupan a más de 24.000 empresas y autónomos, así como casi 200.000 trabajadores, vamos a mantenernos más unidas y activas, si cabe, dada la situación extraordinaria de urgente necesidad, redoblando los esfuerzos para dar servicios a las empresas:
– Nos comprometemos estos días complicados a dar el mejor servicio posible a
nuestras organizaciones y empresas, recabando información y resolviendo dudas
de la manera más ágil posible, al tiempo que mantendremos las demandas
en materia fiscal, laboral y sectorial, entre otras, que compensen los perjuicios
del COVID 19 en las empresas.
– Estaremos a disposición de todos los empresarios y autónomos para conocer pareceres, inquietudes y propuestas de cara a superar esta situación lo más rápidamente posible.
– Hemos tomado medidas redoblando esfuerzos para continuar la actividad de defensa de los intereses empresariales, poniendo todos los medios para facilitar el
teletrabajo y otros mecanismos de adaptación, con el fin de que se mantenga la
prestación de los servicios a las empresas en las mismas condiciones y garantías.
– Vamos a seguir garantizando la prestación de servicios a las empresas y autónomos con normalidad, en cumplimiento de las decisiones tomadas por el Gobierno y, concretamente, tras el último Real Decreto ley publicado este domingo,
29 de marzo de 2020.
En definitiva, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y las organizaciones
empresariales seguirán volcándose con todos los sectores, autónomos y territorios, sin excepción, para que las Administraciones estatales, autonómicas y locales establezcan las necesarias medidas de carácter económico y, sobre todo, actúen con diligencia y celeridad, ya que de ello depende el bienestar de empresarios, trabajadores y, de la sociedad en su conjunto.
II.- La Confederación Canaria de Empresarios y sus organizaciones alertan que el cierre de nuevas actividades que establece el nuevo Real Decreto ley va a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía y el empleo de Canarias que nos puede llevar, incluso, a una crisis económica más profunda con las correspondientes repercusiones sociales.
Las medidas establecidas entendemos que van a generar un enorme impacto sin
precedentes en la economía de Canarias, especialmente en los autónomos y las
pequeñas empresas y en los sectores como el industrial, la construcción, la agricultura y los servicios.
La publicación de la norma se produce a última hora del domingo, impidiendo a las
empresas poder organizar su cierre con tiempo suficiente y, permitiendo
excepcionalmente prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles.
También se mantuvo la incertidumbre y el desconcierto total en la actividad
empresarial, hasta el último momento, de cuáles serían las actividades no esenciales.
En este sentido, estas medidas pueden ocasionar el cierre definitivo de muchas
empresas y autónomos, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos para que se
adopten, con carácter de urgencia, medidas de carácter económico que palien esta
dramática situación y que no provoquen una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva.
Muchas de las medidas planteadas son desacertadas y contraproducentes, por lo que
instamos que se adopten medidas fiscales, económicas y laborales imprescindibles para garantizar la viabilidad y supervivencia de las empresas y, por ende, del empleo de los trabajadores.
III.- Sobre las medidas laborales y los servicios esenciales
Entrando en cuestiones concretas;
1) desde un punto de vista constitucional nos surgen dudas sobre si:
(a) un Real Decreto ley puede regular materias reservadas a Ley orgánica –
puede afectar a la propiedad privada y a libertad de empresa- y;
(b) teniendo el Estado competencias para regular en el ámbito laboral,
creemos que va más allá de lo constitucionalmente permitido, supliendo
voluntades, eliminando facultades empresariales, estableciendo un permiso
retribuido gubernamental que pagan las empresas y no el Gobierno;
aspectos todos ellos propios de un modelo de economía estatalista y dirigida.
2) ha eludido, una vez más, al acuerdo con las organizaciones empresariales, incluso
obvia la necesaria consulta en una materia de la magnitud de lo aprobado, obviando el papel que nuestro ordenamiento jurídico reserva a las organizaciones empresariales como instituciones de relevancia constitucional.
Estas medidas generarán una señal de alarma que afectará a las decisiones de futuras inversiones empresariales, tanto por el fondo de las medidas adoptadas, como por la inseguridad jurídica, el intervencionismo, y la desprotección y ataque a la iniciativa empresarial que se desprende de las mismas.
– La imposibilidad de tomar decisiones extintivas durante el periodo de restricciones,
yendo en contra del principio de libertad de empresa y poniendo en duda la
honorabilidad empresarial, bajo la sospecha de que se cometa fraude.
– la revisión de oficio de los ERTES y sanciones ante la consideración por parte de
la Administración de que las medidas solicitadas por la empresa en relación al
empleo no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa
que las origina. Se trata de una nueva medida inaudita que nos aboca a una
enorme inseguridad jurídica y donde la Administración se arroga unas competencias
que no le corresponden, puesto que se trata de cuestiones que, en todo
caso, deberían determinar los Tribunales.
– La suspensión de los contratos temporales que supondrá la interrupción del
cómputo, tanto de la duración de estos contratos como de los períodos de referencia
equivalentes al período suspendido, implicará que sectores como el turístico
que ha tenido que cerrar en temporada alta y que tenían contratos en vigor
que vencían después de la Semana Santa, en la reapertura sin apenas actividad,
tendrán que mantener las plantillas previas a la crisis sanitaria.
– En relación a los permisos retribuidos entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020,
ambos inclusive, todas las personas trabajadoras por cuenta ajena -excluyen a
los autónomos-, durante este período de tiempo, quedarán exoneradas de prestar
sus servicios, si bien los empresarios continuarán pagando los salarios y las
cotizaciones a la seguridad social por la totalidad de la jornada habitual, por todos
los conceptos retributivos y, al margen de que se recuperen las horas de
trabajo a lo largo del año, el primer impacto que se produce es de Tesorería para
las empresas, al tener que pagar unas cuantías por un trabajo no recibido sin
ingresos de actividad, por lo que debería pagarlo las administración pública y no
las empresas.
– Echamos en falta mecanismos de desahogo financiero para los autónomos; así
como la exoneración de las cuotas de autónomos a la Seguridad Social y otros
incentivos para su mantenimiento como fórmula para salvar su existencia.
En este sentido, lo que precisan las empresas es disponer de mayores instrumentos de flexibilidad para gestionar sus relaciones laborales y poder utilizarlos, evitando o
limitando, de ese modo, extinciones de contratos.
IV.- Planteamientos finales
Las empresas canarias acatamos las últimas medidas sanitarias adoptadas, como hasta
ahora, al entender que la prioridad es la salud de las personas.
Se sigue con el enfoque idílico y poco realista por parte del Gobierno de que al día
siguiente del levantamiento de las restricciones el impacto de lo ocurrido no generará
consecuencias, mostrando una evidente negación de la realidad de una economía
globalizada.
Las normas publicadas este fin de semana transpiran una desconfianza injustificada en la capacidad y responsabilidad en la gestión empresarial.
Las medidas están estableciendo una limitación sin precedentes de las facultades
empresariales que son esenciales desde el punto de vista organizativo, poniendo en
grave riesgo las posibilidades empresariales de sobreponerse a las dificultades
sobrevenidas por causas dramáticas y ajenas a su voluntad.
En relación al último Real Decreto ley publicado en la noche del domingo, 29 de marzo de 2020 tiene el objetivo de reducir la movilidad para garantizar la salud, un
planteamiento loable, si no fuera porque el medio para conseguirlo ha sido
instituyéndose como empresario privado para actuar sobre las empresas como si fueran propias.
La única salida posible es la confianza mutua -algo que no se desprende de los últimos dos Reales Decreto leyes- y la puesta a disposición de las empresas y autónomos de mecanismos de desahogo financiero, económicos y laborales que aporten oxígeno para reducir los efectos perjudiciales que se derivan de esta catastrófica situación para empresas y trabajadores. En este sentido, echamos en falta la exoneración de las cuotas de autónomos a la Seguridad Social y otros incentivos para su mantenimiento como fórmula para salvar su existencia.
Las sociedades más modernas y avanzadas tienen como característica destacada la
institucionalización del diálogo social entre las distintas entidades territoriales y los
agentes económicos y sociales representados por las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas.
En definitiva, es importante que las asociaciones empresariales se proyecten para
intervenir en las relaciones laborales, contribuyendo, como dice el art. 7 de la
Constitución, en paralelo con los sindicatos, «a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios», siendo su acción principal el diálogo social con las administraciones públicas, como instrumento básico para la recuperación y la coordinación que continúa siendo efectiva en el ámbito autonómico canario, -pero no en el nacional-, agradeciendo el esfuerzo del Presidente de Canarias en la unidad de acción con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas
Según avanzó tras la reunión, el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Lluís Serra, el confinamiento ha producido efectos muy positivos ya que antes del decreto cada canario contagiaba a cuatro personas y ahora solo a una. “El número de ingresos hospitalarios también está disminuyendo proporcionalmente, por tanto no creemos que la capacidad asistencial llegue a un punto de colapso. Estamos muy lejos de superar el número de camas de las que disponemos en nuestra comunidad autónoma”, añadió.
Con este objetivo, el índice detecta importantes oportunidades de mejora en el conjunto de las ciudades estudiadas en el ámbito de la accesibilidad (52 capitales de provincia españolas más la ciudad de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona), puesto que su rendimiento global apenas alcanza el 34,64%.
Sin embargo, esta organización humanitaria ha dado una vuelta de tuerca, poniendo en marcha el Plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19 para las personas en situación de vulnerabilidad y población general, en coordinación con todas las administraciones públicas.
Este plan ya se está materializando gracias a los recursos propios de la organización, contribuciones la de Administración Pública, empresas y particulares, y más de 8.000 nuevas personas que se han ofrecido como voluntarias hasta la fecha.
Por otro lado, el periodo de pago previsto del 3 de abril al 3 de junio se traslada del 1 de junio al 1 de septiembre, de manera que no solo se aplaza, sino que queda ampliado un mes más de lo habitual, es decir, en vez de un periodo de dos meses será un periodo de tres, explicó el consejero de Hacienda, Pedro Justo Brito.
