Las emisiones brutas de gases de efecto invernadero en España ascendieron el año pasado a 313,5 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supone una reducción de un 6,2% respecto a 2018.

Ello fue así pese a ser un año hidrológico seco -con un descenso de la producción hidráulica del 27,6%- y en un contexto económico favorable -con un crecimiento del PIB del 2%-, de manera que hubo un desacoplamiento de las emisiones con respecto a la bonanza económica.

Así se recoge en el Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), vinculadas al cambio climático, correspondiente a 2019. El Gobierno envía anualmente estos datos preliminares a la Comisión Europea en cumplimiento de sus obligaciones de información, según informó este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"El proceso de descarbonización en España ya ha comenzado", indicó la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en declaraciones facilitadas por su departamento.

Ribera destacó que la caída de las emisiones de CO2 durante el año pasado se produjo con crecimiento económico y recalcó que éste puede ser "sostenible". Además de la subida del PIB, indicó que en 2019 hubo una baja hidraulicidad.

Ahora nos toca un desafío más complicado: debemos reactivar la economía. Pero estos datos nos muestran que es posible pensar en el progreso, el empleo, la actividad industrial y la movilidad siendo sostenibles y desacoplando definitivamente las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro bienestar, de nuestro empleo y de nuestra actividad económica porque la transición ecológica genera modernización industrial, innovación y mejor confort y mejor salud para el conjunto de los españoles", apuntó.

El nivel de emisiones globales de gases de efecto invernadero en España ha aumentado un 8,3% respecto a 1990 y ha bajado un 29,3% en relación a 2005. El dióxido de carbono (CO2) abarca un 80,1% de esas emisiones, por delante del metano (12,8%).

Como en años anteriores, el transporte fue el sector más emisor, con un 29% de las emisiones de CO2 equivalente, seguido de la industria (20,6%); la generación de electricidad (13,5%); la agricultura y ganadería en su conjunto (12,5%); el consumo de combustibles en los sectores residencial, comercial e institucional (8,8%), y los residuos (4,3%).

Las emisiones procedentes de instalaciones sujetas al Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, por sus siglas en inglés) cayeron un 14% con respecto a 2018 y las de los sectores difusos (residencial, comercial e institucional; transporte; agrícola y ganadero; gestión de residuos; gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones), un 1,6%. Sin embargo, las de la aviación doméstica aumentaron un 7,4%.

SECTORES

El transporte (29% del total de las emisiones) aumentó un 0,7% sus emisiones, debido principalmente al transporte por carretera, que por sí solo supone un 26,8% del total de las emisiones y que ha experimentado un incremento interanual del 0,6% por la subida en el consumo de gasolina (5,7%) y pese al descenso del diésel (-0,4%). Las emisiones del transporte aéreo nacional, aunque sólo suponen un 1% del total, se incrementaron un 7,4% respecto al año anterior.

Respecto a la generación eléctrica (13,5% de las emisiones), hubo una disminución del 28,7% de las emisiones por la caída de la producción eléctrica por carbón (-64,9%). Además, aumentó la producción de energía eólica (9,4%), la solar fotovoltaica (19%) y la solar térmica (16,8%). La producción eléctrica en centrales de ciclo combinado subió un 85,9% respecto a 2018.

La industria (20,6% del total) redujeron un 2,9% sus emisiones, incluyendo tanto las procedentes del consumo de combustibles (-1,3%) como las de los propios procesos industriales (-6,5%). Destacan los descensos en los sectores de los minerales no metálicos (-7,1% en las emisiones ETS del sector del cemento) y de la metalurgia (-15,1% en la producción de aluminio primario y -19,4% en la producción o transformación de metales no férreos).

El sector residencial, comercial e institucional (9% del total) experimentó un descenso del 3% debido a un menor consumo de gasóleo C en un 2019 climatológicamente muy cálido, pues fue el sexto año más cálido desde 1965.

Las emisiones derivadas de la maquinaria agrícola, forestal y pesquera (3,7% del total) se redujeron -1,3% con respecto al año anterior, debido al descenso en el consumo de gasóleo B.

La agricultura (12,5% del total, incluidas las emisiones de la ganadería) muestra un descenso del 1,4%. En el ámbito ganadero, pese al ligero crecimiento de las cabañas ganaderas (responsables del 67,2% de las emisiones de este sector), las emisiones bajaron un 0,4%, sobre todo en la gestión de estiércol (-1,0%) y la fermentación entérica (-0,1%). Las de los cultivos disminuyeron un 3,4%, fundamentalmente por los descensos de emisiones de N2O derivadas de la gestión de suelos agrícolas por un menor uso de fertilizantes inorgánicos respecto al año anterior (-3,2 %) y de emisiones de CO2 derivadas de la aplicación de urea (12,4%).

El sector de los residuos (4,3% del total) aumenta ligeramente sus emisiones en un 0,7%) por el incremento de las cantidades de residuos sólidos depositados en vertederos y aguas residuales tratadas. Los residuos y el transporte son los únicos sectores que no registran desacoplamiento de sus emisiones frente al contexto socioeconómico (incremento del PIB del 2% y de la población del 0,8%, con más de 47 millones de habitantes por primera vez en la historia de España).

Las emisiones derivadas de la combustión en refinerías (3,5% del total) disminuyeron un 3,6%, según datos del régimen ETS, y las de gases fluorados (1,5% del total) se redujeron un 5,2%, principalmente por el descenso en el uso de HFC y PFC en el sector de la refrigeración y aire acondicionado.

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Los fisioterapeutas madrileños advierten de los peligros de las zambullidas en playas, piscinas o zonas de aguas desconocidas como ríos y pantanos, pues son, junto a las caídas y los accidentes de tráfico, una de las principales causas de lesiones medulares.

Es una de las recomendaciones que ha hecho este miércoles el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm) ante la llegada de uno de los veranos más atípicos de las últimas décadas, en el que, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, se optará fundamentalmente por el turismo de interior y rural.

Así, los fisioterapeutas aconsejan no tirarse al agua en zonas en las que se desconozca su profundidad o que haya podido variar, así como la visibilidad de la misma. “En los ríos y los pantanos el nivel del agua puede variar de un día para otro, por lo que es fundamental que comprobemos la profundidad de los mismos y que nos metamos en el agua con cuidado y de forma progresiva”, explicó el vicedecano de la institución colegial, Pablo Herrera, al tiempo que recordó que “en España se producen entre 800 y 1.000 lesiones medulares al año, de las cuales, cerca del 4% son por este motivo”.

Además, es importante, a la hora de saltar a al agua, hacerlo con los brazos extendidos para que queden protegidos la cabeza y el cuello y comenzar a nadar de forma progresiva, aumentando el tiempo y el ritmo día tras día.

En este sentido, los fisioterapeutas recuerdan también la importancia de ir adaptando el ritmo progresivamente en cualquier tipo de actividad, especialmente en las repetitivas. “Si nos decantamos por la montaña y queremos hacer actividades tipo marcha o ciclismo, tenemos que evitar empezar con distancias muy largas el primer día e ir avanzando poco a poco de menos a más. De esta forma iremos adaptando gradualmente el cuerpo y evitaremos lesiones por sobreesfuerzo”, indicó Herrera.

Para evitar que este sobreesfuerzo produzca lesiones como esguinces o luxaciones, el Cpfcm recomienda, además de la adaptación progresiva, realizar ejercicios de control motor, juegos de equilibrios, movimientos de cuello suaves o círculos de hombros, entre otros. “Se trata de ejercicios muy sencillos y actividades de conciencia corporal que podemos hacer en el día a día, que no necesitan mucho tiempo y que pueden ayudarnos a evitar lesiones por sobreesfuerzo”, subrayó Herrera.

VIAJES EN COCHE

Ante el aumento del número de desplazamientos en coche que se espera este verano, el Cpfcm recomienda, además de seguir siempre los consejos de la DGT, hacer pausas cada poco tiempo, especialmente si no se tiene aire acondicionado, y convertirlas en pausas activas.

“Desde la ergonomía, hablaríamos de pausas activas siempre que las aprovechemos para hacer ejercicios de movilización suave y estiramientos que nos ayuden a relajar la musculatura después de haber pasado tanto tiempo en la misma posición en el coche”, señaló Herrera.

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Indra ha donado durante la pandemia un total de 9.748 dispositivos a 44 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de reducir la brecha digital educativa.

La tecnológica ha alcanzado casi la cifra de 10.000 dispositivos entregados tras una última donación de 808 tabletas a menores de toda España que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad o riesgo social, para ayudarles en sus tareas escolares.

Indra asegura en un comunicado que esta iniciativa supone la mayor donación de dispositivos tecnológicos realizada durante la crisis del Covid-19 con fines educativos.

La donación ha sido canalizada a través de Minsait, la filial de Tecnologías de la Información de Indra, y está ligada a los principios de la acción social de Indra, centrada principalmente en lograr que la tecnología tenga un impacto real en la sociedad y en fomentar el acercamiento de niños y jóvenes a la innovación.

Entre las 44 entidades destinatarias de la donación figuran la ONCE, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Aldeas Infantiles, Ayuda en Acción, Acción contra el Hambre, Cáritas, Cruz Roja, Save the Children y Unicef.

Aparte de esta donación de dispositivos, la compañía que preside Fernando Abril-Martorell lanzó un crowdfunding solidario dirigido a su plantilla. En tan solo 15 días, los profesionales de Indra en España consiguieron alcanzar una recaudación de cerca de 270.000 euros, que fue canalizada a través de 10 ONG.

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La Fundación Cermi Mujeres (FCM) centrará este miércoles, 8 de julio, de 18.00 a 20.00 horas, el 11 webinario de su ciclo ‘No estás sola’ en el impacto que está teniendo la pandemia de COVID-19 en las mujeres y niñas con discapacidad y en las madres y cuidadoras de Latinoamérica.

El encuentro tendrá lugar este miércoles, 8 de julio, de 18.00 a 20.00 horas. 'No estás sola' es una iniciativa con la que la FCM analiza cada miércoles de manera telemática un asunto concreto relacionado con la pandemia de coronavirus y con la que impulsa el acompañamiento y participación de las mujeres con discapacidad y las madres y cuidadoras en primera persona.

Para abordar la situación de la población femenina con discapacidad en Latinoamérica intervendrán Sandra Darce, presidenta de la Federación Femucadi de Nicaragua; Gabriela Troyano, voluntaria de la Asociación Azul y exdytutada nacional en Argentina; Claudia Reyes, directora de la Asociación Talla Baja de Paraguay; Elisabeth Campos, directora ejecutiva de la Comisión de Damas Invidentes del Perú (Codip), y Cristina Francisco, fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad de la República Dominicana (Cimudis).

Participarán también Iliana Chacón, directora ejecutiva de Fundación Derechos Humanos, Mujer y Discapacidad de Costa Rica; Cristina Francisco, fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad de la República Dominicana (Cimudis); Antonia Irazábal, responsable del Área de Género del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay; Rubidia Cornejo, miembro fundadora de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador (Amuces); Marcela Benavides, presidenta de la Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (Cimunidis); Liliana Sanafria, del movimiento de la discapacidad de Ecuador; Sandra Ramalhoso, del movimiento de la discapacidad de Brasil, y Vivian Cecilia, representante de mujeres con discapacidad de Sololá de Guatemala.

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El fabricante de ascensores y escaleras mecánicas Zardoya Otis ha convocado la segunda edición de sus premios 'Por un mundo sin barreras', para impulsar la accesibilidad universal.

Con esta iniciativa, la compañía quiere reconocer la labor de personas y organizaciones que contribuyen a construir una sociedad y un mundo sin barreras físicas, sensoriales, cognitivas o de cualquier naturaleza.

Se mantienen las dos modalidades del año pasado, con dos premios por categoría. Por un lado, el jurado otorgará el 'Reconocimiento Aascentia Zardoya Otis', con dos premios por categoría, a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan desarrollado productos, servicios, proyectos, estudios e investigaciones tendentes a mejorar la calidad de vida de las personas eliminando cualquier tipo de barrera que dificulte la accesibilidad universal.

Por otra parte, el 'Reconocimiento Áurea Zardoya Otis" está dirigido a personas o grupos de personas referentes por su compromiso para fomentar y ayudar a crear una sociedad y un mundo sin barreras mediante una iniciativa concreta.

En esta edición de 2020, los cuatro galardones tendrán, además, una dotación económica de 3.000 euros para cada ganador. El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre, los a través del sitio web 'www.otissinbarreras.com'.

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El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) anunciada por los fondos KKR, Cinven y Providence sobre MásMóvil y que valora la compañía a 2.963,57 millones de euros.

Su permiso lo efectúa sobre la inversión extranjera anunciad por Lorca Telecom Bidco, sociedad instrumental perteneciente a los tres fondos de capital riesgo y a través de la cual tienen intención de comprar la teleco española.

Según figuras en las referencias del Consejo de Ministros, su permiso lo otorga de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2003, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, y previo informe favorable de la Junta de Inversiones Exteriores.

Los tres fondos anunciaron una OPA sobre MásMóvil a 22,50 euros por acción, que implicaba una prima del 20,2% sobre los 18,72 euros a los que cotizaba en vísperas de proponer la oferta.

Supone valorar la teleco en casi 3.000 millones de euros y para su financiación, los fondos han conseguido avales otorgados por Barclays, BNP Paribas y Morgan Stanley, por un importe de casi 987,86 millones de euros cada uno de ellos.

La operación está condicionada a la aceptación del 50% de las acciones y los oferentes cuentan ya con el compromiso irrevocable del 30% del accionariado significativo actual.

Además, cuenta con el respaldo del Consejo de Administración y el equipo directivo quienes en una comunicación a la CNMV han reconocido que se trata de una operación beneficiosa para los accionistas y demás 'stakeholders' de la sociedad.

El objetivo final de los oferentes es excluir a MásMóvil de cotización en Bolsa y dar continuidad a su plan estratégico, según ha manifestado la propia compañía, quien indicó que la intención era también mantener a los empleados y equipo directivo

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La transmisión del coronavirus en España vuelve a crecer y ya hay un nuevo contagio por cada 10.000 habitantes, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que registra este martes cuatro fallecidos por coronavirus y 124 nuevos contagios que elevan a 252.130 los infectados y a 28.392 las defunciones.

Desde el 12 de junio no se registraba una tasa de transmisión del virus -que se calcula con los contagios por cien mil habitantes en dos semanas- tan alta como la actual, que ya se sitúa en las 10,01 infecciones. España llevaba casi un mes por debajo de ese valor, pero los rebrotes como los de Aragón y Cataluña han aumentado la transmisión.

La mayor tasa de contagios se da en Aragón, donde alcanza la cifra de 35,47. En Cataluña también se ha disparado hasta los 26,4 puntos tras el rebrote de Lleida, donde se ha impuesto un confinamiento perimetral en la comarca del Segrià.

De los 2.417 casos de coronavirus reportados en la última semana, Cataluña concentra más de la mitad: 1.237. El resto del grueso se reparte entre Madrid (306), Aragón (185), Andalucía (120) y Galicia (119).

Por el momento, Asturias sigue siendo la única comunidad autónoma que no ha reportado ningún contagio en las últimas semanas y donde, por tanto, no hay transmisión.

Asimismo, en la última semana han fallecido nueve personas: cuatro en Madrid y una en País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón.

Respecto a las hospitalizaciones, en los últimos siete días han ingresado 157 pacientes con Covid-19, la mayoría de ellos en Madrid (46), Castilla-La Mancha (26) y Andalucía (16).

Cataluña es la región que más contagios está detectando y tiene la segunda tasa de transmisión del virus más alta por detrás de Aragón. En las últimas 24 horas ha reportado 36 nuevos contagios y ya son 62.943 las personas infectadas en esta región, donde han fallecido 5.675 pacientes.

Madrid, que fue la región más azotada por la Covid-19, ha registrado 22 contagios entre ayer y hoy que elevan a 72.336 el total de infectados. Su tasa de transmisión es de 10,69 contagios por cien mil habitantes en las últimas dos semanas. En esta región han perdido la vida 8.440 pacientes.

Por su parte, Aragón, que tiene la mayor transmisión del país, tiene ya 6.519 casos registrados tras detectar 26 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Aquí han fallecido 913 personas por coronavirus.

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El Consejo de Ministros aprobó este martes el habitual acuerdo anual del Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, y en el de este verano participarán 12 ministerios para paliar las consecuencias económicas, sociales y medioambientales producidas por los fuegos en España y con la colaboración de todas las administraciones.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico pone 73 aeronaves a disposición de las comunidades autónomas que lo soliciten, así como siete unidades móviles de análisis y planificación sobre el terreno, y cerca de 1.000 efectivos.

El personal más numeroso de Transición Ecológica lo forman 10 Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), formado por cerca de 600 personas, entre técnicos, capataces, especialistas y preparadores físicos. Estos grupos están en 10 bases repartidas en distintos puntos del país, que, al igual que los medios aéreos, pueden actuar en cualquier punto del territorio, incluyendo Canarias y Baleares.

Además, se situarán en comarcas con problemática de incendios forestales 18 Equipos de Prevención Integral contra Incendios Forestales y 500 trabajadores que forman parte de las Brigadas de Labores Preventivas.

Por su parte, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) proporciona la información meteorológica sobre el peligro de incendios y el Organismo Autónomo Parques Nacionales tiene un dispositivo con 179 personas, 8 vehículos autobombas, 13 retenes y patrullas móviles, y 9 puntos de vigilancia fija entre parques nacionales, centros y fincas.

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Por otro lado, la Guardia Civil ha creado dos equipos de investigación en el seno del GIMA 4 (Grupo de Investigación de Medio Ambiente 4), con refuerzo de su área de inteligencia.

La Policía Nacional desarrolla durante el verano la 'Operación Lumes', como en años anteriores, y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias continúa con sus actuaciones en los ámbitos de alertas temprana, el seguimiento de incendios y la difusión de la información sobre su evolución y perfeccionamiento de los procedimientos de información y solicitud de intervención de recursos de la Administración General del Estado.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) cuenta con 1.400 militares en lucha directa contra incendios forestales y como en campañas anteriores, con los apoyos logísticos y operativos necesarios para las intervenciones, encuadrados tanto en los Batallones de Intervención como en el Regimiento de Apoyo e Intervención de Emergencias, lo que eleva a casi 3.000 el número de efectivos.

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas operará en la campaña con la flota de 18 aviones apagafuegos pertenecientes al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Ministerio de Defensa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) hará labores de prevención de las áreas con mayor posibilidad de producirse incendios y la gestión, control e información de las zonas afectadas por incendio y sus accesos.

SEGUROS AGRARIOS

El Plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales para el año 2020 incluye intervenciones en materia de seguros agrarios, gestionados por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, el 41º Plan de Seguros Agrarios Combinados permite cubrir el riesgo de incendio para las producciones asegurables, tanto agrícolas como ganaderas, en la totalidad de líneas de seguros.

Dentro de la línea de aseguramiento denominada 'Seguro de explotaciones forestales' se ofrece cobertura de incendios a las masas forestales de titularidad privada, tanto de especies arbóreas sobre terrenos agrícolas y forestales, como de especies arbustivas forestadas sobre tierras agrícolas.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, su Dirección General de Carreteras incluye medidas como actuaciones de siega, podas y despeje de vegetación; vigilancia de la red de carreteras y de control de vehículos, así como limpieza de cortafuegos mediante convenio con las comunidades autónomas que así lo soliciten.

Existe un Acuerdo Marco entre Adif y Renfe en materia de prevención de incendios de la red convencional de ferrocarriles y también de la Alta Velocidad, y vigilancia en mantenimiento de trenes e inspecciones. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ejecuta el Plan de Regulación de Infraestructuras Aeronáuticas.

OTRAS ACTUACIONES

En el ámbito de Justicia la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente insta a las fiscalías territoriales, siempre que su organización lo permita, a designar un fiscal especialista en materia de incendios forestales que pueda asumir las tareas concretas en la materia.

El Gobierno recalca la importancia del control de cumplimiento de la obligación de tener Planes de Prevención de Incendios por parte de los ayuntamientos en cuyo término municipal existe superficie forestal y en los supuestos regulados en las legislaciones autonómicas.

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Los Premios Vicent Caselles, impulsados por la Real Sociedad Matemática Española y Fundación BBVA, han reconocido en su sexta edición la excelencia investigadora de los jóvenes matemáticos e investigadores postdoctorales Diego Alonso Orán, del Institute for Applied Mathematics de la Universidad de Bonn; Alessandro Audrito, de la Universidad de Zürich; Rubén Campoy García, de la Universidad de Massachusetts Lowell en Estados Unidos; María Cumplido Cabello, de la Universidad Heriot‐Watt de Edinburgh; Ujué Etayo, del Institute of Analysis and Number Theory en Graz (Austriaa); Judit Muñoz Matute, investigadora postdoctoral en el Basque Center for Applied Mathematics (España).

Así lo anunciaron este martes ambas entidades a través de un comunicado en el que añadieron que los trabajos de los jóvenes galardonados pueden tener aplicaciones en la investigación biomédica, la seguridad informática, la predicción meteorológica, la prevención de incendios o el estudio de la expansión de poblaciones de especies en ecosistemas.

Entre las innovadoras investigaciones impulsadas por estos seis jóvenes, destacan ecuaciones que pueden servir para analizar el crecimiento de tumores cancerígenos o el flujo de la sangre en el corazón, modelos que pueden ser útiles para aumentar la seguridad informática, mejorar la precisión de las predicciones meteorológicas, prevenir incendios, optimizar el diseño de los submarinos o estudiar la expansión de poblaciones de especies en ecosistemas.

Estos galardones fueron creados en 2015 para “reconocer e incentivar” el talento de los mejores jóvenes matemáticos de España así como fomentar la investigación en matemáticas a través del estímulo a los jóvenes científicos de esta disciplina y se conceden anualmente.

Así, reconocen la creatividad, la originalidad y la excelencia en matemáticas en los primeros años de trayectoria investigadora y cada uno de los seis galardones está dotado con 2.000 euros, todos ellos en la modalidad de Investigación Matemática y se dirigen a matemáticos españoles o de otra nacionalidad que hayan realizado su investigación en España y sean menores de 30 años al finalizar el año previo al de la convocatoria.

La RSME ha anunciado también la concesión del premio José Luis Rubio de Francia a la investigadora del Instituto de Matemática Aplicada de la Universidad de Heidelberg (Alemania) María Ángeles García Ferrero. Este galardón, dirigido a jóvenes matemáticos de hasta 32 años, españoles o que hayan realizado su trabajo en España, está dotado con 3.000 euros y una Start-up grant de 35.000 euros por la que la Fundación BBVA apoyará la investigación de la premiada durante tres años.

García Ferrero, quien el año pasado también recibió uno de los Premios Vicent Caselles, se ha convertido en la segunda mujer que recibe este reconocimiento creado en 2004.

El jurado, nombrado por la Fundación BBVA y la Real Sociedad Matemática Española, ha estado presidido por José Bonet Solves, catedrático del Departamento de Matemáticas Aplicadas en el Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada (Universidad Politécnica de Valencia) y editor general de la Real Sociedad Matemática Española; Jesús Ildefonso Díaz, catedrático de Matemática Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid; Joan Elías García, catedrático de Matemáticas y rector de la Universidad de Barcelona; Isabel Fernández Delgado, profesora titular del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla; Eva Miranda, catedrática en Geometría y Topología en la Universitat Politècnica de Catalunya; y Eulalia Nualart, profesora asociada en el Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.

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La Fundación Cermi Mujeres (FCM) centrará este miércoles, 8 de julio, de 18.00 a 20.00 horas, el 11 webinario de su ciclo ‘No estás sola’ en el impacto que está teniendo la pandemia de COVID-19 en las mujeres y niñas con discapacidad y en las madres y cuidadoras de Latinoamérica.

El encuentro tendrá lugar este miércoles, 8 de julio, de 18.00 a 20.00 horas. 'No estás sola' es una iniciativa con la que la FCM analiza cada miércoles de manera telemática un asunto concreto relacionado con la pandemia de coronavirus y con la que impulsa el acompañamiento y participación de las mujeres con discapacidad y las madres y cuidadoras en primera persona.

Para abordar la situación de la población femenina con discapacidad en Latinoamérica intervendrán Sandra Darce, presidenta de la Federación Femucadi de Nicaragua; Gabriela Troyano, voluntaria de la Asociación Azul y exdytutada nacional en Argentina; Claudia Reyes, directora de la Asociación Talla Baja de Paraguay; Elisabeth Campos, directora ejecutiva de la Comisión de Damas Invidentes del Perú (Codip), y Cristina Francisco, fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad de la República Dominicana (Cimudis).

Participarán también Iliana Chacón, directora ejecutiva de Fundación Derechos Humanos, Mujer y Discapacidad de Costa Rica; Cristina Francisco, fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad de la República Dominicana (Cimudis); Antonia Irazábal, responsable del Área de Género del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay; Rubidia Cornejo, miembro fundadora de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador (Amuces); Marcela Benavides, presidenta de la Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (Cimunidis); Liliana Sanafria, del movimiento de la discapacidad de Ecuador; Sandra Ramalhoso, del movimiento de la discapacidad de Brasil, y Vivian Cecilia, representante de mujeres con discapacidad de Sololá de Guatemala.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) aseguró este martes que, con la aprobación por el Consejo de Ministros de la remisión a las Cortes del proyecto de ley de reforma del Código Civil y normativa conexa en materia de personas con discapacidad, “da inicio un proceso histórico para adecuar la legislación sustantiva y procesal civil a los mandatos sobre igual capacidad jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”.

“El proyecto de ley, que se remite al Congreso de los Diputados para comenzar su trámite parlamentario, ha sido elaborado por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, que ha trabajado en los últimos años en la preparación de la propuesta, oyendo y consultando a todas las instancias y operadores jurídicos con interés en la reforma, la mayor en número de artículos modificados del Código Civil desde su adopción en el siglo XIX”, señala el Cermi.

Además, destaca que, con esta iniciativa legislativa, se da cumplimiento al mandato del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados parte, entre ellos España, a garantizar la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todo el tráfico jurídico sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona.

A juicio de la entidad, “la reforma legal iniciada este viernes supondrá un cambio radical en cómo el Derecho Civil ha entendido la discapacidad y a las personas con discapacidad, pasando del esquema paternalista y restrictivo de derechos de la sustitución al promotor de los apoyos a la toma de decisiones”.

“El movimiento social de la discapacidad representado por el Cermi, que ha participado activamente en la preparación de la propuesta a través de un diálogo constructivo con Justicia, considera este proyecto de ley un texto solvente, acertado y positivo, para el que pedirá el apoyo de todo el arco parlamentario, ya que es una reforma ideológicamente transversal, derivada de exigencias de derechos humanos, no partidista, que puede y debe ser compartida por todas las fuerzas políticas”, concluye.

Precisamente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, señaló que “es una ley por la que nos tenemos que felicitar” y ha puesto en valor la colaboración del movimiento Cermi en el impulso de esta iniciativa.

“Es una ley absolutamente consensuada y no me cansaré de decir el gran apoyo que ha prestado el Cermi, y por eso espero que cuente, ahora que empieza su tramitación parlamentaria, con una tramitación rápida porque es mucho lo que se contempla y mucho sobre lo que nos afecta como sociedad, porque esta es una de las leyes de la que nos podemos sentir orgullosos, pues nos permite ser más iguales”, declaró el ministro.

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El Gobierno extenderá las moratorias en el pago de los préstamos, hipotecarios sobre viviendas principales o en inmuebles de negocios y en los créditos al consumo, para que puedan ser solicitadas hasta el próximo 29 de septiembre después de que hayan beneficiado a más de 564.000 personas hasta el pasado mes de junio.

Así lo explicó el vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado dichas medidas junto a aplazamientos también en los cortes de suministros para personas en situación de vulnerabilidad.

“Obviamente era hora de seguir protegiendo a los más vulnerables”, afirmó, aludiendo a que se toma la medida tras haber prorrogado los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta final de septiembre y también tras haber aprobado “ayudas sin precedentes al sector turístico”.

“Quiero decir que las medidas que aprobamos hoy no solamente responden a criterios de justicia social, que debe seguir la práctica de un Gobierno comprometido con el interés general y con la Constitución española, sino que también responde a una necesidad de eficacia económica que requiere que la demanda se pueda sostener en nuestro país”, relató.

El real decreto aprobado hoy incluye ampliar hasta el próximo 30 de septiembre la prohibición de cortar el suministro de energía eléctrica, gas y agua, así como otras medidas de emergencia social que el Ejecutivo sacó adelante al inicio de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 cuya vigencia finalizaba en julio y dirigidas a colectivos vulnerables. El decreto amplía de forma específica el periodo de percepción del bono social hasta el 30 de septiembre.

En concreto, también incluye una prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual para familias o empresas en situación de vulnerabilidad, que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre. Será una prórroga extraordinaria del contrato por un periodo de 6 meses con las mismas condiciones.

Asimismo, amplía el plazo de solicitud de la moratoria arrendaticia, para el caso de grandes tenedores o empresas públicas, de forma que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

Además, extiende el plazo de solicitud de la moratoria de deuda hipotecaria. Dicha moratoria legal de la deuda se podrá solicitar hasta el 29 de septiembre y su funcionamiento será secuencial respecto de la moratoria que el propio sector bancario ha puesto en marcha (tres meses de moratoria legal, más nueve meses de moratoria del sector bancario). Igualmente afecta a los aplazamientos en créditos al consumo.

Iglesias detalló que hasta finales de junio se había acogido a la moratoria hipotecaria legal “más de 200.000 personas” o el 83% de las que habían formulado su solicitud y otras 364.000 personas se han beneficiado de moratorias en créditos al consumo, el 85% de los que lo han pedido. Sus extensión o prórroga del aplazamiento será por tres meses desde su obtención.

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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, destacó este martes el “gran apoyo” que ha dado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para elaborar la ley que protegerá la capacidad jurídica de los ciudadanos con discapacidad.

Campo se refirió a esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se aprobó el 'Anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica'.

A este respecto, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, indicó que esta reforma legal es de “enorme calado” y servirá para garantizar la "voluntad" y las "preferencias" de las personas con discapacidad.

En esta línea, Campo se refirió a que este anteproyecto es una normativa “absolutamente consensuada” y que en su elaboración ha contado con “gran apoyo” del Cermi, por lo que espera que se produzca una “tramitación rápida” de esta iniciativa legal en las Cortes.

“TRANFORMACIÓN SOCIAL”

El ministro explicó que lo que hará la ley que se propone es transformar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad “en necesidad de apoyo”, lo que hará que la figura de la “tutela” legal se transforme en “curatela”. Resaltó que esté cambio va en línea de lo que establece la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y que España firmó en 2008.

El titular de Justicia añadió que los españoles podrán sentirse “orgullosos como sociedad” cuando se apruebe esta ley para proteger la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ya que puede convertirse en un “paradigma en nuestra legislación y nuestra sociedad”.

Indicó que la futura ley incluirá “elementos de transformación social”, al modificarse figuras legales como la patria potestad o la tutela, que se transformarán para dar preponderancia a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y en qué momentos necesitan apoyo.

SERVIMEDIA

El presidente de Plena Inclusión España, Santiago López, aplaudió este martes la aprobación del anteproyecto de reforma de la legislación civil que eliminará la incapacitación judicial total por motivo de discapacidad para promover la libre toma de decisiones de estas personas con los apoyos precisos.

En declaraciones a Servimedia, López destacó que "se trata de un avance histórico en la defensa de los derechos" de este colectivo, que aunque ya se recogía en la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas Con discapacidad, aún no se había implantado en la legislación española.

De hecho, la reforma, que ahora deberá seguir el trámite parlamentario correspondiente, supone modificar varias normas del ordenamiento jurídico, como el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la del Notariado, entre otras.

Según López, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo incapacitadas judicialmente "han sido víctimas de una discriminación histórica en España", que urgía corregir. La reforma busca acabar con la eliminación total de la capacidad de obrar, que es lo que hasta ahora sucedía, explicó, y sustituirla por un modelo de toma de decisiones en el que prime la voluntad de la persona, eso sí, "garantizando siempre todos los apoyos que sean precisos".

Está en línea con la Convención de Naciones Unidas, su clave está en remplazar la figura del tutor que "decide por la persona incapacitada" por la del curador o similares, que "apoya, explica y aconseja" para que esta decida libremente.

En este terreno es donde López encontró que el texto presenta ciertas "lagunas", pues no aclara "ni cómo serán esos apoyos ni cómo se financiarán", aunque se mostró convencido de que "podrá mejorar a su paso por el Congreso y por el Senado". "Nos hubiese gustado que el anteproyecto fuese más concreto en este asunto tan importante", declaró.

Por otro lado, López se felicitó de que el texto prohíba que las mismas entidades que prestan servicios a las personas con discapacidad puedan actuar como curadores. "Hemos evitado que sean juez y parte y, con ello, el posible conflicto de intereses que puede suponer".

CONCIENCIACIÓN

Finalmente, se refirió a la necesidad de formar a los agentes jurídicos, "fundamental para que "una reforma tan ambiciosa tenga éxito". Supone un nuevo enfoque a la hora de tratar con las personas con discapacidad en el ámbito judicial y, por ello, hace falta "un cambio general en la sociedad".

En su opinión, el anteproyecto debería haber puesto más énfasis en este sentido, pero "eso no quita para que nos sintamos muy satisfechos". Eso sí, "habrá que seguir trabajando".

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El vicepresidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), Ignacio Recondo, mostró este martes su satisfacción con el anteproyecto de reforma de la legislación civil y procesal para proteger la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que este martes aprobó el Consejo de Ministros.

El texto, que afecta al Código Civil, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la Ley del Notariado, a la de Jurisdición Voluntaria y a varias otras normas del ordenamiento jurídico español, iniciará ahora su trámite parlamentario.

En declaraciones a Servimedia, Recondo subrayó "el avance tan importante que esto supone en el reconocimiento de derechos", al sustituir la incapacitación judicial completa por razón de discapacidad -generalmente intelectual o del desarrollo- por la toma de decisiones de la persona afectada "con la garantía de un sistema de apoyos adecuado".

Destacó el trabajo de la asociación en este terreno, que desde hace años defiende este modelo en sus entidades y reivindica el cambio legislativo, en línea con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

España firmó este tratado en 2008, "pero hemos tenido que esperar 12 años para que una reforma tan importante viese la luz", dijo Recondo, consciente de la dificultad que estas modificaciones implican.

CAPACIDAD JURÍDICA

A su juicio, "lo más novedoso que el anteproyecto supone es la nueva manera de tratar y considerar a las personas con discapacidad cuya capacidad jurídica ha sido modificada.

"Hasta ahora se decidiía por ellas en base a su mejor interés", apuntó, "y ahora se tratará de que sean estas personas las que tomen sus propias decisiones, en función de sus deseos, intereses y de su voluntad". Eso sí, hay que facilitarles los apoyos que precisen para que conozcan y entiendan toda la información. Desaparece la figura del tutor para los mayores de edad, y en su lugar se promoverá la del curador, encargado de facilitar dichos apoyos.

Según Recondo, "agentes jurídicos, profesionales sociales y todos los operadores, también nosotros, vamos a tener que cambiar un poco el chip". Admitió que "existen retos y ciertos temores", como en el caso de que la decisión que la persona adopte "pueda perjudicarle gravemente", pero "hemos de afrontarlos y aprender a hacerlo bien". "A fin de cuentas, es una cuestión de derechos".

Por ello, destacó la necesidad de formar a abogados y agentes jurídicos en el espíritu de la Convención de Naciones Unidas y de la reforma del Código Civil. "Si no se hace un esfuerzo por cambiar la visión social de la discapacidad intelectual, se puede caer en que la figura de la curatela justifique la necesidad de representar totalmente a la persona y esto sería más de lo mismo".

Por ello, Recondo pidió que en el trámite parlamentario de la norma se mejore este aspecto, así como la terminología empleada en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que "es anticuada y menoscabar la consideración" de estas personas.

SERVIMEDIA

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley por el que se reformará la legislación civil y procesal en lo referido a las limitaciones de la capacidad jurídica por razón de discapacidad, a fin de acabar con la incapacitación judicial completa de estas personas y, en su lugar, favorecer su capacidad de decisión con un sistema de apoyos adecuado.

La reforma, que ahora deberá iniciar su trámite parlamentario, busca adaptar la legislación española a las exigencias de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por España en 2008.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que supone reemplazar la figura de la tutela -donde una tercera persona se encarga de decidir por la persona incapacitada judicialmente- por la de la curatela, que pretende que sea el propio interesado quien adopte dichas decisiones, siempre con los apoyos y las ayudas necesarias.

Campo manifestó que se trata de un texto consensuado con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), entidad a la que reconoció y agradeció su "apoyo", y se mostró convencido de que se trata de una reforma legal "por la que nos tenemos que felicitar".

La norma insiste en que los poderes públicos deben asegurar un sistema de apoyos adecuados a las personas con discapacidad. Parte de la premisa de que las decisiones de estas personas se tomarán en función de su voluntad, gustos y preferencias, y no sólo por "su mejor interés".

Además del Código Civil, el anteproyecto prevé modificar la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la del Notariado, la referida a la Jurisdición Voluntaria y la de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad.

NOVEDADES

Promovida por los ministerios de Justicia y de Derechos Sociales, la reforma elimina la incapacitación o modificación de la capacidad del Código Civil -pues esta como condición inherente de la persona no puede modificarse-, por el "apoyo", término que engloba desde la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras arquitectónicas, hasta la representación o sustitución en la toma de decisiones. Este último será un caso aclara, excepcional, cuando el apoyo no pueda prestarse de otro modo.

Por tanto, desaparecen las figuras de la tutela para los mayores de edad, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, puesto que "no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad" que busca el texto. También aborda la institución de la curatela, entendida desde la perspectiva asistencial, ya que la representativa se limita a casos "excepcionales". Estos cambios obligan a su vez a la modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Además, la reforma pretende atender los aspectos personales y no sólo los patrimoniales, y prioriza todas aquellas medidas que la persona pueda adoptar con carácter preventivo, como mandatos y poderes preventivos.

Se refuerza la guarda de hecho, concebida para permanecer en el tiempo, y reserva la tutela a los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad.

El anteproyecto afecta también a otras normas relativas al Derecho internacional privado, a los actos relativos a la nacionalidad, el matrimonio o la filiación, así como a algunas reglas del Derecho de sucesiones y de contratos.

Finalmente, prohíbe que las entidades de apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que presten servicios puedan también actuar como tutoras y ser así "juez y parte en el proceso".

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Aliseda Inmobiliaria, gestor de activos inmobiliarios de referencia en el mercado español, pone en marcha el 'Plan Construye Fácil' con el objetivo de dar continuidad a los proyectos de obras paradas que la compañía tiene en cartera y reactivar los mercados inmobiliarios locales.

En Andalucía, la empresa comercializa 22 promociones sin finalizar con capacidad para construir 634 viviendas, para que promotores y constructores locales puedan retomarlos. La peculiaridad reside en que se pueden beneficiar de un pago diferido hasta 2022: se abona inicialmente el 30% del precio del valor, mientras que el 70% restante se puede abonar en los próximos dos años.

La cartera en la región andaluza está concentrada en Almería y Málaga, donde hay localizadas 172 y 154 viviendas respectivamente, seguidas por Huelva, con 91 viviendas, Granada con cinco y finalmente, Córdoba y Cádiz con nueve viviendas cada una de ellas.

“Aliseda ha querido adaptarse a las necesidades de los promotores locales que se encuentran en dificultades crecientes para financiar a través de los bancos sus proyectos", señala Enrique Used, director general de Aliseda Inmobiliaria. "Mediante el pago aplazado que les ofrecemos, nuestros clientes cuentan con más tiempo para realizar sus preventas y obtener financiación bancaria, lo que hace que sus proyectos inmobiliarios sean viables gracias a nuestro apoyo", destaca.

A nivel nacional, el plan suma 126 proyectos con más de 350.000 metros edificables y con una capacidad para construir 3.051 viviendas, que pueden suponer unas ventas potenciales de unos 400 millones de euros. Se distribuye en aproximadamente 100 municipios españoles y 37 provincias.

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