Las instalaciones de cogeneración existentes, que evitan la emisión de unos cuatro millones de toneladas de CO2 al año, necesitan impulsar planes de renovación para poder mantener su contribución a los objetivos de descarbonización y a la competitividad de la industria, según un informe presentado por la Fundación Naturgy.

El estudio "En gas natural en la industria", elaborado por Lonjas Tecnología, empresa especializada en ingeniería y construcción de instalaciones de cogeneración y de energías renovables, destaca que en la próxima década un alto porcentaje de estas instalaciones llegará al final de su vida retributiva, "que es lo que ha compensado a las industrias el esfuerzo de la inversión que han tenido que realizar para rentabilizar este tipo de instalaciones, así como para mantenerlas operativas".

En concreto, las instalaciones de cogeneración en la industria representan más del el 90% de la potencia total de cogeneración instalada en España, que cuenta con más 5.000 megavatios (MW) de potencia de esta tecnología, que aportan el 23% de la energía térmica consumida por la industria y el 13% del total del consumo de energía eléctrica en el país.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presentado a la Comisión Europea prevé la renovación de 1.200 MW de los 2.400 MW de potencia de cogeneración que retribución en los próximos diez años.

Los autores del informes consideran que esta medida implicará un incremento del consumo de energía primaria y de las emisiones emitidas a la atmósfera, además de la pérdida de la competitividad de muchas empresas de nuestro sector industrial que actualmente utilizan la tecnología de cogeneración, "por lo que su reevaluación debería ser considerada.

En este sentido, señalan que todos los planes nacionales europeos presentados ante la UE para contribuir a los objetivos de descarbonización, además de las energías renovables tienen como denominador común el incremento de la eficiencia energética, que en el sector industrial se logra en gran medida gracias a la cogeneración.

PAPEL IMPORTANTE DEL GAS NATURAL.

El informe destaca que estas instalaciones son claves para mantener la eficiencia energética de sus procesos y "un factor importante" de competitividad de las empresas.

Asimismo, indica que más del 80% de la energía producida por estas instalaciones es transformada a partir de gas natural, cuyo uso aporta una importante reducción de emisiones.

En este sector, el uso del gas natural como fuente de energía ha sido y es importante, y de manera específica, en las instalaciones de cogeneración, las cuales además de impulsar la competitividad de las empresas contribuyen de manera significativa a la reducción del consumo de energía primaria y de las emisiones de gases efecto invernadero", sostienen los autores.

La agencia de Viajes Grand Voyage ha tenido que devolver 7.600 euros a un usuario madrileño que decidió anular un viaje a Costa Rica junto a siete acompañantes debido a la pandemia de Covid-19.

El usuario prefirió cancelar el viaje, previsto para abril de 2020, por la situación de riesgo sanitario. La empresa se negaba a reembolsarle el dinero y sólo le ofrecía un bono de menor cuantía.

Juan Cabezos Soto y su mujer Ana María Tirado reservaron en enero de 2020 un viaje combinado para pasar unos días de vacaciones en Costa Rica junto a seis amigos. El viaje, que iban a realizarlo en abril y tenía una duración de doce días, incluía el hotel, traslado, vuelos y seguro por cancelación. En total, el precio ascendía a 15.200 euros.

El usuario, que fue quien contrató el viaje para él y sus siete acompañantes, realizó el primer pago de 7.600 euros, correspondiente a la mitad del viaje, en el momento de la contratación. En marzo, unos días antes de que entrara en vigor el estado de alarma decretado el día 15, la agencia le solicitó el abono de la cantidad restante.

El viajero siguiendo la recomendaciones y medidas aprobadas por las autoridades sanitarias, se puso en contacto con la empresa solicitando la anulación del viaje y el reembolso de la cantidad abonada, ya que no consideraba seguro realizarlo a tenor de las circunstancias.

La agencia, en su respuesta, se negó a devolver el dinero y se limitó a enviarle un bono, sin preguntarle previamente si lo quería, por una cuantía menor a la pagada.

Ante esta situación, el matrimonio decidió unirse a la plataforma de afectados por el Covid-19 creada por la organización de consumidores FACUA para que los ayudase a gestionar la correspondiente reclamación contra la agencia. El equipo jurídico de la asociación se dirigió a Grand Voyage solicitándole la resolución del contrato y, con ello, la devolución del importe abonado.

En su escrito, la asociación recordaba que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, establecía la limitación de movilidad en el territorio español, sin incluir entre sus excepciones la realización de viajes.

El matrimonio y sus acompañantes, por tanto, iban a tener imposibilitado poder realizarlo, al estar previsto para unas fechas en las que el estado de alarma estaba en vigor y existía dicha limitación de movilidad.

Finalmente la empresa ha reintegrado a Juan los 7.600 euros, correspondientes 3.269,45 euros a la reserva del hotel y traslados y 4.330,55 euros a los billetes de avión.

El Gobierno ha eximido temporalmente, durante un plazo de 14 meses, a los titulares de los dos gasoductos que unen yacimientos de gas natural de Argelia con España del cumplimiento de las condiciones relativas a la separación de propiedad de las actividades de transporte y comercialización, así como del acceso regulado y no discriminatorio a sus instalaciones exigido en la Ley de Hidrocarburos.

Así consta en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial aprobado el martes por el Consejo de Ministros, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2019/692 del Parlamento Europeo que modifica una anterior sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.

En concreto el gasoducto denominado Medgaz, que discurre por aguas territoriales españolas hasta la terminal de recepción situada en Almería, y el denominado Magreb-Europa, que pasa por Marruecos y desemboca en Tarifa (Cádiz), quedan eximidos de la obligación de separar actividades durante un periodo de 14 meses a contar desde el 24 de mayo de 2020, es decir, hasta finales de julio de 2021.

Las exenciones temporales otorgadas pueden verse extendidas por orden de la titular del Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, previa solicitud motivada del titular, que deberá ser presentada con al menos seis meses de antelación a la finalización del periodo de la exención temporal otorgada.

Esta medida tiene por objetivo, según el texto de Real Decreto recogido en el BOE, reducir los obstáculos a la plena realización del mercado interior de gas natural que se derivan de la inaplicabilidad de las normas del mercado de la Unión a los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea.

GESTOR INDEPENDIENTE

Asimismo, se pretende garantizar la posibilidad de que los titulares de gasoductos de interconexión con países no pertenecientes a la UE adopten un modelo que contemple la figura del gestor independiente para la gestión de los mismos.

Además, se regula un procedimiento de negociación entre España con terceros países respecto de las redes de transporte de gas natrual, bajo la supervisión de la Comisión Europea.

El gasoducto Magreb-Europa está controlado por la sociedad Europe-Magreb Pipeline (EMPL) participada por Naturgy y la empresa portuguesa Transgas, además de la marroquí SNPP.

De su lado, el gasoducto Medgaz está participado en un 51% por Sonatrach y en un 49% por Naturgy.

APORTES DE INGRESOS DE CO2 AL SISTEMA ELÉCTRICO

Por otra parte, se incrementa el límite máximo de las transferencias al sistema eléctrico provenientes de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con los límites del 90% de la recaudación total y hasta un máximo de mil millones de euros.

También se incrementa el límite máximo de las transferencias a actuaciones de lucha contra el cambio climático provenientes de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con los límites del 10% de la recaudación total y hasta un máximo de cien millones de euros.

Según el Gobierno, la crisis del Covid-19 sobre la demanda y los precios de la electricidad han provocado una reducción de los ingresos regulados del sistema eléctrico, tanto los provenientes de los peajes de acceso, directamente proporcionales a la potencia contratada y energía consumida, como los vinculados a la recaudación de los tributos, que dependen directamente de la cantidad de electricidad consumida y generada y del valor de dicha energía en el mercado.

Las estimaciones actuales de ingresos y costes regulados requieren adoptar medidas tendentes a minimizar las desviaciones transitorias dentro del ejercicio de 2020, que afectan a la liquidez de los sujetos de liquidación, así como los eventuales desajustes temporales en el cierre de este ejercicio, que provocarían una subida automática de los peajes y cargos.

"Todas estas circunstancias justifican la necesidad de incrementar el límite máximo de las transferencias al sistema eléctrico provenientes de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero", explica.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido este miércoles de que el porcentaje de deuda sobre el PIB se estabilizará en torno al 120% en los próximos años en ausencia de medidas expansivas.

En su Observatorio de Deuda, éste sería el escenario inercial de la institución en ausencia de medidas contractivas, con la hipótesis de que España retornará a su senda de crecimiento potencial y cerrará "la brecha del PIB" a lo largo de los próximos cinco años.

El organismo constata que en los primeros nueve meses de 2020 la deuda pública se ha incrementado en casi 120.000 millones de euros, hasta alcanzar los 1,3 billones de euros. Esto supone un aumento de la ratio de deuda sobre PIB de 18,6 puntos respecto al cierre del año pasado, hasta el 114,1%, su valor máximo de los últimos cien años.

La institución prevé que la deuda suba este año casi 23 puntos, hasta alcanzar el 118,4% del PIB a finales de año. Para 2021, espera, por contra, una reducción de 2,4 puntos, hasta el 116%, pero bajo la hipótesis de que se ejecuten la totalidad de los proyectos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado. Ambas previsiones están en línea con las presentadas por el Gobierno.

En las actuales condiciones de financiación, la AIReF estima que la carga financiera de la deuda "no representa una presión de gasto preocupante en el corto plazo".

La AIReF afirma que la contención de la crisis sanitaria y la normalización de la actividad económica serán "elementos imprescindibles" para la estabilización de la ratio de deuda sobre PIB en los próximos años.

En su opinión, los fondos europeos comprometidos para España tendrán un efecto positivo en la actividad económica a corto plazo y en la productividad y el crecimiento potencial a largo plazo. "Esto se traduciría en una mejor evolución de la posición fiscal, con una reducción estimada de la ratio de deuda de entre 4 y 10 puntos en 2030", sostiene.

No obstante, apunta que, más allá de la contención y estabilización del nivel de endeudamiento generado por la pandemia, la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas a medio plazo "exigirá una senda de reducción de la ratio de deuda hacia una posición más desahogada".

Por tanto, defiende que, una vez superada la crisis, debe implementarse un plan de consolidación adecuado que, mediante una planificación estratégica a medio plazo, aborde los desequilibrios estructurales actuales y futuros de las cuentas públicas y adopte medidas en aquellas partidas de ingresos y gastos que menos dañen el crecimiento.

En este sentido, la institución avisa de que una estrategia de consolidación fiscal "corta e intensa" puede generar "paradójicamente" una dinámica creciente en la ratio de deuda en el corto plazo. Al mismo tiempo, advierte de que un ritmo de ajuste "demasiado lento" también conllevará riesgos, pues un cambio en las condiciones de financiación o nuevos episodios de crisis podrían generar nuevos aumentos de la ratio de deuda desde un nivel de partida elevado.

"Una reducción gradual y sostenida del déficit público hacia el objetivo de equilibrio estructural podría situar la ratio de deuda pública por debajo de los niveles previos a la pandemia a lo largo de la próxima década", asegura.

RIESGOS QUE PODRÍAN LLEVAR A UN MAYOR ENDEUDAMIENTO

Según la AIReF, uno de los principales riesgos de la situación actual es que la crisis sanitaria produzca daños estructurales, lo que supondría tener que hacer frente en el futuro a una deuda más elevada, a un "mayor y más persistente" déficit estructural y a la materialización de los pasivos contingentes de los préstamos avalados por el Estado.

En este sentido, estima que un nivel de ejecución de entre el 15% y el 30% de los avales otorgados por el Estado en los próximos cinco años supondría un incremento adicional de la ratio de deuda de entre 1 y 2 puntos de PIB en dicho periodo.

Otro riesgo tiene que ver con el repunte de los tipos de interés, que puede generar rápidamente una dinámica creciente de la deuda pública. Así, calcula que un aumento de 100 puntos básicos en las expectativas de los tipos de interés a lo largo de 2021 supondría un incremento en la carga financiera de un punto de PIB en 2030 y de 1,4 puntos en 2040, situando el gasto por intereses en el 2,8% y en el 3,6% del PIB respectivamente. Esto resultaría en un incremento de 6 puntos en la ratio de deuda en 2030 y de 15 puntos en 2040.

Por otro lado, advierte de que si el aumento del gasto en pensiones no se financia con ingresos adicionales se producirá un incremento "muy significativo" del endeudamiento desde unos niveles ya históricamente muy elevados. En este sentido, estima un repunte adicional de la ratio de deuda sobre PIB asociado al gasto en pensiones próximo a 9 puntos a finales de esta década, y de entre 22 y 30 puntos en 2040.

A nivel regional, la AIReF observa un aumento generalizado en los riesgos de sostenibilidad de las finanzas derivado de la caída del crecimiento económico y del deterioro de los saldos fiscales. Parte de estos riesgos, apunta, serán trasladados a la Administración Central a través del fondo extraordinario que ayudará a financiar los gastos causados por el coronavirus por importe de 16.000 millones y 13.486 millones en los años 2020 y 2021.

En este caso, la AIReF proyecta un incremento de la ratio de deuda autonómica de 1,8 puntos para 2021. En ausencia del fondo extraordinario, este incremento lo estima en 4,3 puntos. Además, argumenta que las liquidaciones de las entregas a cuenta de 2020 y 2021 supondrán esfuerzos fiscales adicionales futuros que retrasarán el ajuste a los objetivos de deuda establecidos.

Según el organismo, el aumento de la ratio de deuda tendrá una distribución desigual entre las distintas comunidades, de forma que la Comunidad Valenciana y Baleares serán los territorios que más verán crecer su deuda pública en los próximos dos años.

Food Delivery Brands, propietario de Telepizza y PizzaHut, ha pedido a la Administración una "regulación homogénea y armonizada" en toda España respecto a las restricciones impuestas al servicio a domicilio en las diferentes comunidades autónomas tras el último estado de alarma y que se considere al 'delivery' y al 'take away' como un servicio esencial en la pandemia.

En concreto, la compañía, que ha avanzado que mantiene un nivel de actividad "suficiente" para mantener el negocio, ha alertado de que el impacto de estas restricciones en el sector es "mucho más grave", sobre todo en bares y restaurantes, que han apostado por el servicio a domicilio para salvar su negocio y que podrían tener bloqueado hasta el 70% de sus ventas por las diferentes restricciones regionales.

En el caso de Telepizza, el consejero delegado en la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) de Food Delivery Brands, Manuel Loring, ha señalado que el conjunto de estas restricciones tiene bloqueado el 35% de sus ventas mensuales, lo que supone unas pérdidas de 10 millones de euros, que se podrían ir recuperando con la eliminación de las mismas.

Loring ha recordado que el 'delivery' se ha convertido en la "salvación de un sector que está muy castigado y muy enfermo" y en una "pequeña vía de oxígeno para mantener el empleo y tener sus negocios abiertos". "Con estas restricciones se corre el riesgo de que cuando por fin salgamos de esto se haya destruido una cantidad de empresas y de empleos que haga que la recuperación sea más lenta y difícil", ha alertado.

De esta forma, el sector estima una pérdida de 17.000 millones de euros con una caída de actividad del 41%, además de que se puedan perder 400.000 empleos este año si se mantiene ese nivel de restricciones y llegar a cerrar 90.000 establecimientos antes de que acabe el año.

Así, Telepizza insta al Ejecutivo a que tanto el 'delivery' como el 'take away' sean considerados "servicios esenciales", como ya han hecho otros países como Italia, Francia, Alemania o Reino Unido, que han anunciado medidas severas como el cierre de la hostelería y confinamientos de la población para frenar la segunda ola del coronavirus.

LEY DE 'RIDERS'

Respecto a la ley en la que trabaja el Ministerio de Trabajo sobre los 'riders' de las plataformas digitales, el directivo cree que se tiene que regular, aunque no sea el modelo que tiene su compañía, que es de contratación de repartidores.

"Hay otros operadores que han optado por un modelo de autónomos, que creo que tarde o temprano se acabará regulando", ha recalcado Loring.

En concreto, el 98% de la plantilla de Telepizza es contratada, un modelo que la multinacional considera "sostenible" y que tienen otras empresas del sector como Burger King o Domino's Pizza, que también disponen de su propio servicio de reparto.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha valorado que Banco Sabadell es un competidor al que respetan y con el que analizan si hay oportunidades de crear valor, pero cree que se han sacado "demasiadas conclusiones" y ha pedido no dar al asunto "más importancia de la que tiene hasta que haya algo sobre la mesa".

A este respecto ha añadido que el banco cuenta con multitud de opciones en las que invertir el excedente de capital logrado con la venta de su filial en EE.UU. y solo lo utilizará en fusionarse con Sabadell si resulta que la operación crea más valor para los accionistas de BBVA que el resto de opciones.

Durante su intervención en el XXVII Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, 'ABC' y Sociedad de Tasación, el directivo ha puesto en valor que la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por unos 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros) es "un gran acuerdo", ya que representa 19,7 veces el resultado obtenido por la unidad en 2019 y tiene un impacto positivo en el ratio de capital CET1 'fully loaded' del banco de 300 puntos básicos, equivalente a 8.500 millones de euros.

En este sentido, ha explicado que dicho excedente de capital se utilizará para crear valor para el accionista, mediante una recompra de acciones, inversiones en distintos negocios o aprovechando una oportunidad de crecimiento inorgánico. "Nos da mucha flexibilidad estratégica. Con el foco puesto en la creación de valor, podemos usar esa flexibilidad en muchas oportunidades", ha destacado.

En cuanto a las conversaciones con Sabadell para una posible fusión, Genç ha señalado que BBVA "respeta" a sus competidores, entre ellos Banco Sabadell, y siempre analiza las oportunidades que puedan generar valor para los accionistas.

"Como siempre decimos, es muy normal que analicemos oportunidades y es muy normal que analicemos la oportunidad en un competidor al que respetamos. Siento que se le ha dado al hecho relevante mucha más importancia de la que tiene", ha reflexionado Genç, quien ha recalcado que la comunicación a la CNMV dice "muy claramente" que las conversaciones con Sabadell no implican que la decisión se haya tomado y que no hay garantías de que se vaya a tomar.

En esta línea, ha apuntado que, para analizar oportunidades, BBVA "tiene que tener estas interacciones con Sabadell". "Estamos empezando ese proceso, es un momento muy temprano y estar analizando no implica nada más que eso. Tenemos que analizar primero la oportunidad para ser capaces de hacer un juicio. No le demos demasiada importancia hasta que haya algo sobre la mesa, de momento solo estamos analizando la oportunidad", ha reclamado el consejero delegado.

El directivo ha insistido en que no habrá fusión a no ser que sea la opción que genera más valor para los accionistas y en que BBVA no se siente forzado a hacer nada ni tiene prisa alguna.

"La opración de M&A de Sabadell compite con muchas otras oportunidades de creación de valor y la que tenga más sentido recibirá el capital. Por ejemplo, a los precios actuales en Bolsa, una recompra de acciones crearía un valor muy razonable para nuestros accionistas, es por ello, que a estos precios en Bolsa, una recompra relevante tendría mucho sentido. Como tenemos diversas opciones, no tenemos prisa. Nos tomaremos nuestro tiempo para analizar las oportunidades adecuadamente", ha apostillado Genç.

"Tenemos que mirar esta oportunidad en el contexto de las muchas cosas que podemos hacer con esa flexibilidad estratégica que tenemos", ha apostillado.

IMPACTO DE LA CRISIS EN EL SECTOR

Sobre la crisis el coronavirus, el consejero delegado de BBVA ha señalado que, pese a que todavía existen "muchas incertidumbres", empiezan a verse ciertas señales de recuperación económica, como muestra el gasto en tarjetas de los clientes del banco, que en algunos países está volviendo a niveles previos al comienzo de la pandemia e incluso superiores.

En su opinión, el sector bancario afronta la crisis en una situación de fortaleza, con los mejores niveles de capital y liquidez de la última década, y ha sido "un soporte para la economía" a través de instrumentos como la moratoria de préstamos, mientras que los Gobiernos "han tomado las medidas adecuadas" para garantizar que los bancos puedan seguir prestando.

Genç ha apuntado que, a medida que la economía se recupera, es importante implementar una estrategia de salida gradual para no comprometer la recuperación económica.

Por otro lado, el consejero delegado de BBVA ha destacado que la pandemia ha acelerado algunas tendencias que ya se estaban presentes en el sector, como la digitalización, los datos y la sostenibilidad. "Creo que los bancos pueden jugar un gran papel en la transición hacia un futuro sostenible, no solo desde un punto de vista de medición de riesgos, sino desde la perspectiva de nuevas oportunidades que crearán nuevas industrias", ha afirmado.

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha advertido este miércoles de siete medidas adoptadas durante la pandemia que podrían afectar al importe de la declaración de la Renta de 2020, por lo que recomienda aprovechar la recta final del año para ajustar las retenciones fiscales de los contribuyentes que hayan recibido las ayudas puestas en marcha para paliar la crisis social y económica.

En concreto, apunta que los contribuyentes que se han visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), aunque cobren menos de 22.000 euros en total, tendrán que presentar la declaración de la renta por tener dos pagadores y es probable que les resulte a ingresar. En este caso, Gestha recomienda que, si no tienen capacidad de ahorro, soliciten a sus empresas un incremento de las retenciones sobre la nómina de diciembre para evitar "sorpresas" en junio de 2021.

Los técnicos aclaran que los trabajadores en ERTE que cobren menos de 22.000 euros en total no tendrán obligación de declarar si no reciben de otros pagadores más de 1.500 euros en el año. En caso contrario, el límite para declarar es de 14.000 euros con más de un pagador.

Asimismo, recuerdan que las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendiente podrán abaratar la cuota diferencial del IRPF hasta en 100 euros mensuales por cada hijo, siempre que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.

Sin embargo, en el caso de ERTE, la trabajadora dejaría de cumplir los requisitos para disfrutar de la deducción por maternidad, salvo que realizara un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial en supuestos temporales de regulación de empleo. En esta misma situación se encontrarían las autónomas durante los meses en los que hayan tenido que cerrar su actividad.

En cuanto a la imputación de rentas inmobiliarias durante la vigencia del Estado de alarma, Gestha indica que la Ley del IRPF establece la imputación de rentas inmobiliarias, excluyendo la vivienda habitual. Y señala que la Agencia Tributaria ha considerado que no es la utilización efectiva de la segunda vivienda, sino su disponibilidad, lo que genera la imputación de rentas. Por ello, pese a no haber tenido la oportunidad de disfrutar esa segunda vivienda, la imputación de ingresos no se altera por el confinamiento del contribuyente.

Sobre el arrendamiento de inmuebles durante el estado de alarma, los técnicos advierten de que los acuerdos voluntarios alcanzados entre arrendadores e inquilinos para rebajar la renta por el estado de alarma y la posterior crisis tendrán incidencia en la declaración de Renta 2020, ya que el arrendador reflejará como ingresos durante esos meses los nuevos importes.

De igual modo, si ambas partes hubiesen acordado diferir el pago de la renta, también tendría incidencia en la declaración de Renta 2020. En concreto, Gestha detalla que el arrendador imputará los ingresos de estos meses en función de los nuevos plazos acordados. Además, debe tenerse en cuenta que seguirán siendo deducibles los gastos necesarios y que no procederá la imputación de rentas inmobiliarias, aunque no se perciban las rentas del alquiler.

Por otro lado, las subvenciones o ayudas recibidas tendrán que declararse, tanto las recibidas para las actividades de los autónomos como el ingreso mínimo vital, el 'Plan Renove' para la adquisición de vehículos, subvenciones del Plan Estatal de Vivienda y otras de las comunidades autónomas, los préstamos subvencionados de la IDAE, las subvenciones a salas de cine, o las ayudas del Fondo Covid-19 distribuidas por las comunidades autónomas.

Además, estas subvenciones y ayudas públicas obligan a presentar la declaración de Renta si las rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del Tesoro y demás ayudas públicas superan en conjunto los 1.000 euros anuales.

En cuanto a los autónomos, Gestha apunta que hay actividades, en las zonas geográficas que han sufrido nuevas restricciones en esta segunda ola de la Covid, a las que probablemente se podría autorizar la reducción de los índices o módulos por circunstancias excepcionales de aquellos empresarios que no han renunciado a este régimen de módulos con el primer pago fraccionado de 2020.

Esta medida no afectaría a los que renunciaron a los módulos y tributan en el método de estimación directa en 2020, si bien se ha establecido de forma excepcional que puedan volver a tributar en el régimen de estimación objetiva en 2021 de seguir cumpliendo los requisitos y revocan la renuncia de este año.

Por último, los técnicos de Hacienda recuerdan que los donativos al Tesoro Público para financiar los gastos ocasionados por la crisis sanitaria deducen en el IRPF un 80% de los primeros 150 euros donados, y un 35% a partir de esa cifra, porcentajes que se elevan desde el 1 de enero de 2020 también para todas las donaciones a ONGs y demás entidades beneficiarias del mecenazgo.

El sector hotelero español considera que la pandemia provocará que se aceleren los procesos de concentraciones empresariales en un entorno en el que la fuerza de la unión se convertirá en "imprescindible" y en el que reclaman soluciones ayudas a corto plazo para lograr que las empresas sobrevivan, utilizando los recursos económicos que vendrán de Europa para una reconstrucción del modelo del sector más a largo plazo.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de una de las mesas de debate organizadas por el Instituto Tecnológico Hotelero en el marco del ITH Innovation Summit 2020, evento de referencia en el ámbito hotelero para dar a conocer las últimas novedades en innovación y tecnología aplicadas al sector y que este año se ha realizado de forma digital.

Los expertos coincidieron en asegurar que la sostenibilidad tanto social, como económica y medioambiental será algo que las empresas deben incorporar a su estructura de negocio, porque además el cliente lo demandará cada vez más.

"Tanto la innovación como la sostenibilidad se tienen que incorporar en la estrategia empresarial en el primer nivel, para lograr ser más competitivas, eficaces y atractivas para el cliente", aseguró el presidente de Ilunion Hotels, José Ángel Preciados.

Por ello, la pandemia supondrá, en opinión del presidente y fundador de Room Mate, Kike Sarasola, que las empresas que quieran sobrevivir a través de las ayudas europeas no tendrán más remedio que aceptar que tienen que incorporar la digitalización y la sostenibilidad a su ADN.

Para el presidente de Exceltur y vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, la pandemia va a marcar un punto de inflexión y pondrá de un lado a las empresas digitales y sostenibles y en el otro las que no lo son y no se saben diferenciar.

"Estamos convencidos de que después de este Covid va a haber un entorno hipercompetitivo, habrá una reducción de la demanda y los intermediarios pasarán grandes dificultades, por lo que las empresas tendrán que saber responder", afirmó.

En este punto, los empresarios hoteleros abogaron por cambiar el modelo de cultura de las organizaciones primando e incorporando a ellas valores y objetivos como la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación, la integración, entre otros elementos para asegurar su supervivencia.

Además, reclaman más unión en el sector para demostrar su capacidad de potencia y resiliencia y seguir siendo uno de los elementos tractores de la economía española. Para ello, instan a potenciar una mayor colaboración público-privada ya que "España no tiene un problema de competitividad sino un problema coyuntural que es una pandemia", por lo que se necesita trabajar conjuntamente.

El trabajo más importante sería el de la recuperación económica a corto plazo (más liquidez, medidas fiscales, reducciones de tasas, medidas de estimulo al turismo nacional) dejando los fondos europeos para construir un modelo futuro turístico más digital, sostenible y competitivo que apoye además a destinos maduros que necesitan su reconversión para poder sobrevivir.

OPTIMISMO FRENTE AL PRÓXIMO AÑO

Todos los directivos hoteleros se mostraron optimistas respecto al próximo año y confían en que la llegada de la vacuna frente al coronavirus logre impulsar la recuperación del sector, que aún así será muy lenta.

"Será una recuperación muy paulatina donde habrá una concentración del mercado, que siempre es la respuesta a las crisis de grandes dimensiones", afirmó Gabriel Escarrer quien advirtió que tras la pandemia se generará un entorno mucho más competitivo en el que la pequeñas empresas o se especializan o se tienen que unir a los grandes grupos empresariales para sobrevivir.

En su opinión, las pequeñas empresas buscarán en las grandes marcas "como un ancla al que agarrarse" beneficiándose de las fortalezas de las que carecen: capacidad comercial y de distribución, digitalización, base de clientes fidelizados, apuesta por la sostenibilidad, valor de marca reconocida, o reputación.

"Estoy convencido de que las grandes cadenas se convertirán en puertos seguros para hoteleros independientes. No les quedará más remedio que hiperespecializarse o tener que buscar el paraguas y el resguardo de un gran grupo", aseguró Escarrer.

Para el presidente y fundador de Room Mate lo más importante es que el sector esté unido para relanzar a España. "Tenemos que ayudar a que pequeñas y medianas empresas lleguen hasta Semana Santa a través de ayudas fiscales, incentivos o cualquier tipo de sostén. No sólo los hoteles sino pequeños y medianos negocios como tiendas o restaurantes que también forman parte del turismo y que los viajeros reclaman para una satisfacción completa en su viaje", justificó asegurando que hay que aguantar hasta Semana Santa y luego devolver la confianza sanitaria para que vuelvan turistas a nuestro país.

Para finalizar todos coincidieron en la necesidad de reforzar la Marca España que ha salido muy dañada en esta pandemia. "La Marca España esta tocada porque hemos sido el blanco de las dianas de otros países que nos han demonizado", lamentó Sarasola.

"España es el país más competitivo del mundo pero hay un descontento generalizado de los mercados emisores por la mala imagen que está dando España no sólo desde el punto de vista económico sino también político", concluyó el moderador del debate Juan Molas, presidente del ITH y de la Mesa del Turismo.

El PDeCAT ha advertido de que no apoyará los Presupuestos para 2021 si el Gobierno no acepta ninguna de sus enmiendas o sólo "una o dos" y ha recordado que sus cuatro diputados ya hicieron un "ejercicio de responsabilidad" para apuntar que ahora es "la otra parte" que debe 'mover ficha'.

"Y si no quiere, el Gobierno no podrá hacer el discurso de buscar consensos y de ampliar la mayoría de la investidura", ha dicho, en rueda de prensa, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Ferrán Bel.

Esta formación, que agrupa a cuatro de los ocho diputados de Junts, no sólo renunció a presentar enmienda a la totalidad a los Presupuestos --a diferencia de Junts-- sino que apoyó su tramitación para negociar las cuentas.

Por eso ahora espera que el Gobierno atienda sus enmiendas parciales, que considera "razonables y asumibles" y demuestre su talante negociador. De entrada, sostiene que en los contactos con el Ejecutivo "hay ambiente de intentar llegar a un acuerdo" pero ha advertido de que "esto tendrá que tener concreción".

"La buena voluntad es condición necesaria pero no es suficiente", ha subrayado el diputado catalán, apostillando que "sería útil dar un mensaje a la sociedad y romper estas dinámicas" que se viven cada día en el Pleno de vetos entre partidos.

En este sentido, Bel ha criticado a formaciones, como Ciudadanos, que "prácticamente se autoexcluyen" y "manifiestamente quedan fuera del marco de negociación", pero también ha cuestionado que siga habiendo "una polarización interesada" de algunos partidos sobre que "estos son unos Presupuestos de unos o de otros" --donde ha incluido también a ERC y Bildu-- cuando, a su juicio, "deberían ser unos Presupuestos del Gobierno con el máximo consenso posible".

QUE LAS AYUDAS Y LOS APLAZAMIENTOS SEAN AUTOMÁTICOS

En sus enmiendas a los Presupuestos, el PDeCAT reclama automatizar las ayudas y las medidas de apoyo a sectores afectados por las restricciones que se aprueben para contener la pandemia de Covid-19, y un fondo dirigido a los ayuntamientos de 4.000 millones de euros a repartir por criterio poblacional.

Además, plantea que durante el próximo año, al aplicar las restricciones, las pymes y los autónomos con una facturación inferior a 10 millones de euros puedan aplazar el pago de todos sus impuestos y cotizaciones a ayudas al pago del alquiler de sus locales y aumentar hasta 60.000 euros la posibilidad de aplazar impuestos sin presentar garantías.

Asimismo, el PDeCAT quiere replantear la cláusula de mantenimiento del empleo para que las empresas no tengan que devolver todas las ayudas recibir en caso de despidos, sino solamente las percibidas por las personas que son despedidas.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, y el director general de CECA, José María Méndez, han coincidido en la necesidad de armonizar los aspectos esenciales para que pueda producirse un proceso de consolidación bancaria transfronteriza en la Unión Europea, que permita incrementar la eficiencia del sistema.

Durante su intervención en el XXVII Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, 'ABC' y Sociedad de Tasación, el presidente de AEB ha advertido de que si no se produce una fusión paneuropea en la próxima década, significará que la Unión Bancaria "habrá fracasado".

"Las fusiones transfronterizas no son posibles, precisamente, porque la Unión Bancaria, no es una realidad. ¿Queremos facilitar el mercado paneuropeo? Profundicemos, completemos la Unión Bancaria y la Unión del Mercado de Capitales. Tenemos que terminar el proceso de construcción europea", ha señalado Roldán.

En la misma línea, el director general de CECA ha reconocido que existe una falta de armonización en aspectos esenciales para que se produzca la consolidación transfronteriza, tanto desde la perspectiva del banco como de los productos, y ha citado algunos como la normativa de insolvencias en distintas jurisdicciones o la armonización del ratio de capital.

"Lo cierto es que los proyectos que se ponen encima de la mesa son cada vez más débiles desde el punto de vista de mutualización de riesgos y lo que se pone encima de la mesa ni siquiera avanza. Por tanto, creo que es una asignatura pendiente, creo que no obtendremos la suficiente eficiencia dentro del sistema si no armonizamos estos aspectos de cara a conseguir algún tipo de fusión o alianza de corte transfronterizo", ha explicado Méndez, quien en cualquier caso ha resaltado que la consolidación no es un fin, sino un medio para conseguir eficiencia.

EL DESAFÍO DE LA REGULACIÓN

Por otro lado, los presidentes de las patronales bancarias se han referido a la regulación como uno de los retos a los que se enfrenta el sector financiero. Roldán ha apuntado que "toda crisis importante siempre da lugar a una revisión potente de la regulación" y cree que de la del coronavirus "podría salir perfectamente un Basilea V", que ponga las bases sobre cuestiones como la resolución o los nuevos competidores digitales.

"Creo que en la próxima década vamos a ver regulación, no solo bancaria, sino del sector tecnológico como proveedor de servicios financieros y de pagos", ha señalado.

Por su parte, Méndez ha apuntado a retos regulatorios como el proyecto de euro digital puesto sobre la mesa por el Banco Central Europeo (BCE) y que "podría variar el paradigma de relación con la clientela que tienen las entidades financieras en Europa", o la implantación de Basilea IV, que parte de un modelo estándar aplicable a todas las entidades y que tiene en cuenta las pérdidas de los últimos diez años y el modelo de negocio, lo que podría impactar especialmente en la industria española por la crisis financiera.

"La aplicación sin matiz alguno del modelo estándar podría suponer hasta duplicar las exigencias de capital por riesgo operacional en entidades españolas, porque no tiene una visión hacia el futuro. Deberíamos abogar por que en la transposición al ordenamiento jurídico europeo del acuerdo de Basilea se haga uso de esa discrecionalidad, que permite tomar más en consideración el volumen de negocio que las pérdidas producidas en el pasado", ha sostenido.

APOYAR A LAS EMPRESAS VIABLES

En otro orden de cosas, el presidente de AEB ha reconocido la dificultad, ante la incertidumbre actual, de identificar a las empresas viables, lo que puede dar lugar a dos errores: que se mantengan empresas "zombies" o que se deje caer alguna empresa que sí era viable por no haberla apoyado.

En su opinión, es "importantísimo" en este momento minimizar el segundo error y evitar que una empresa deje de ser viable por la falta de medidas, aún a coste de que otra empresa que en otras circunstancias no recibiría ayudas las esté recibiendo. "Creo que este es el entorno en el que nos tenemos que mover en los próximos meses y el transcurso del tiempo hará que esa incertidumbre desaparezca", ha defendido.

El Banco de España aboga por fomentar la digitalización en aquellas zonas rurales con mayores oportunidades de desarrollo, aprovechando la implantación del teletrabajo, que se ha visto acelerada por el Covid, con el objetivo de atraer empresas y potenciales trabajadores y reducir la desigualdad de rentas con respecto a las zonas urbanas.

En un artículo difundido este miércoles en el que analiza las tendencias recientes de la población en las áreas urbanas y rurales, la institución señala que, en general, las ventajas de la densidad urbana consisten en una mayor productividad e innovación, facilidad de acceso a bienes y servicios, reducción de las distancias, eficiencia energética y servicios e instalaciones disponibles.

En cambio, apunta, los inconvenientes de las zonas urbanas son los precios del suelo o la vivienda, así como la exposición a la contaminación o a distintas enfermedades, como refleja, por ejemplo, la mayor propagación del Covid-19 en las zonas con más densidad de población.

"El análisis y la cuantificación de estos costes y beneficios para el caso de las ciudades españolas representan una estimulante línea de trabajo en la agenda investigadora del Banco de España", subraya la institución.

El Banco de España constata en este informe que en la última década la economía española experimentó un aumento de la tasa de urbanización, que se vio acompañado de "un nuevo episodio de despoblación de las áreas rurales.

Hasta 2010, argumenta, la migración internacional aumentó significativamente el número de habitantes en zonas urbanas y palió el envejecimiento de buena parte del territorio rural español. Sin embargo, a partir de entonces, con la crisis financiera, la reversión de los flujos migratorios contribuyó a la caída de la población rural.

Además, sostiene que en ciertos municipios rurales se ha producido una caída continuada de la población durante los últimos 20 años, superior al 15% en los municipios de menos de 1.000 habitantes. En contraste, los municipios de menos de 10.000 habitantes integrados en un área urbana funcional experimentaron "significativas" ganancias de población en las últimas décadas.

"Una desigual distribución espacial de la población provoca una distribución también desigual de las rentas, ya que las economías de aglomeración justifican una mayor retribución a los factores productivos en las zonas donde se concentran la actividad económica y la población", afirma el organismo.

87% de la población en zonas urbanas

De acuerdo con los datos recogidos en este informe, procedentes de estadísticas del INE, de la Fundación BBVA y del IVIE, entre otras fuentes, la fracción de la población residente en zonas urbanas de España aumentó desde el 65% hasta más del 87% en el periodo 1950-2018.

En el período transcurrido desde mediados del siglo pasado, España ha sido uno de los países europeos con un mayor aumento de la tasa de urbanización", convergiendo hacia la observada en los países más urbanizados de Europa, asegura el informe.

El Banco de España precisa que este incremento fue "especialmente intenso" hasta el final de la década de los setenta, durante el período que se ha denominado 'éxodo rural', de modo que la tasa de urbanización se situó en el 82% en 1981.

"Desde entonces, el incremento de la tasa de urbanización habría proseguido, si bien a un ritmo significativamente más lento, como resultado de una dinámica poblacional dispar entre las áreas rurales y las urbanas", explica.

Estas últimas habrían experimentado un alto dinamismo demográfico desde finales del siglo pasado hasta 2011, para estancarse posteriormente. Las áreas rurales, por el contrario, aunque aumentaron su población hasta 2010, han registrado "intensas caídas poblacionales" desde entonces, según el informe.

En conjunto, en España existen 6.491 municipios encuadrados en áreas rurales, en los que residiría el 13,5% de la población total. Esta población rural estaría distribuida en municipios de distinto tamaño: algo menos del 20% reside en municipios de menos de 1.000 habitantes, cerca de la mitad en municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes y un 35% en localidades de entre 5.000 y 10.000 habitantes.

El resto de los municipios, en concreto 1.602, se localizan en áreas urbanas y acogen al 86,5% de la población.

La Comisión Europea ha dado este miércoles un aprobado general a todos los borradores presupuestarios remitidos por los Estados miembros, incluido el de España, a cuyo Gobierno ha advertido sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la deuda, un indicador que ya se enfrentaba a "elevados desafíos" antes de la pandemia.

Bruselas ha publicado sus opiniones sobre los proyectos de presupuesto que todos los socios tuvieron que enviar a mediados de octubre. Con las normas fiscales suspendidas a causa de la pandemia, todos ellos, sin excepción, han recibido 'luz verde' por parte de las autoridades comunitarias.

Así, el Ejecutivo comunitario ha concluido que los borradores presupuestarios de los Estados miembros están "en línea" con las recomendaciones pactadas para cada uno de ellos este verano, que excluían por primera vez unas metas de déficit y deuda públicos como consecuencia de la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Sin embargo, la Comisión Europea insta a España a "garantizar que se preserva la sostenibilidad fiscal a medio plazo al adoptar medidas presupuestarias de apoyo" a la economía, dados "el nivel de deuda pública y los elevados desafíos a la sostenibilidad" a los que se enfrentaba ya antes de la pandemia de Covid-19.

El Gobierno de Pedro Sánchez no es el único al que Bruselas dirige esta advertencia sobre los peligros de sostenibilidad de su deuda pública, puesto que también lanza el mismo mensaje a Bélgica, Francia, Grecia, Italia y Portugal.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que, en la negociación de los Presupuestos Generales del Edstado, hay "cosas en las que se ha avanzado", pero "todavía queda muchísimo".

En declaraciones a TVE, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido a la negociación de las cuentas estatales, a las que el PNV ha presentado un total de 85 enmiendas parciales.

Esteban ha indicado que ya llevan "un tiempo hablando y hay cosas en las que se ha avanzado, pero todavía queda muchísimo". No obstante, ha indicado que el calendario "se ha estrechado de tal manera que es muy difícil", y ha subrayado que "este Presupuesto está bastante constreñido y tiene unos márgenes limitados".

"Las partidas transformadoras están en resiliencia y, tal y como está el Presupuesto, no se nos permite enmendar, y va a ser el Gobierno el que va a ir decidiendo a lo largo del año que viene. Por eso, insistía yo sobre la voluntad, las actitudes y la senda que realmente quiere seguir el Gobierno", ha explicado.

Por otra parte, ha indicado que cuando se llega a acuerdos, "hay que cumplirlos" y habrá que "insistir luego mucho para que se cumplan". En este sentido, ha precisado que la entrada de la Alta Velocidad en las capitales vascas es "un ejemplo muy claro".

"Se anunció a bombo y platillo públicamente en febrero, a lo que Adif ha dado su OK técnicamente, se podría haber firmado ya hace bastante tiempo, ¿a qué estamos esperando?", se ha preguntado, para insistir en que es importante que se cumplan los compromisos.

Cuestionado por si apuestan más por pactar el qué que con quién y, si, por lo tanto, estarían cómodos si se pacta con Ciudadanos, ha asegurado que hay que "pactar el qué" y, sobre todo, que se hagan". "Y lo que pactamos es pactarlo con el Gobierno qué es el que tiene que decir y ahí quien lleva la voz cantante en el Gobierno, se quiera reconocer por algunos o no, es el PSOE", ha agregado.

En relación al acercamiento entre EH Bildu y la parte del Gobierno representada por Unidas Podemos, ha manifestado que "no sabe lo que Podemos prefiere o deja de preferir", y ha señalado que es verdad que se "les ve muy próximos últimamente".

Esteban ha asegurado que no se trata de "ser socio o dejar de ser socio", sino que se trata de "ser influyentes" y, sobre todo, "sobre todo, saber hacer que "tu programa de gobierno y tus objetivos se vayan cumpliendo, en definitiva, los compromisos a los que se ha llegado con la ciudadanía"

Asimismo, ha indicado que está "claro" que va a haber "agentes diferentes, incluido Bildu que tomen parte en la política", y ha precisado que lo que "pase o no pase" dependerá del PNV y de su capacidad, y de la "capacidad o falta de capacidad de los demas". "Nosotros estamos muy tranquilos", ha indicado.

Apoyo de Bildu a los presupuestos

También se ha referido al apoyo de EH Bildu a los PGE, para manifestar que "no está nada claro" porque "un día se dice que han cerrado un acuerdo, otro día se dice que no han cerrado ningún acuerdo" y cree, por tanto, que existe "poca transparencia".

"Ya veremos a ver en qué acaba todo eso", ha señalado Esteban, que ha asegurado que no tiene "ni la menor idea" de lo que ha podido obtener EH Bildu a cambio del apoyo. También ha manifestado que, si ha habido acuerdo, deben aclararlo el Gobierno y EH Bildu "y, si no hay acuerdo, también, a ver qué es lo que ha pasado o qué anuncios en falso son los que se han producido".

"Ahora vamos a asistir a un yo he hecho esto o yo he conseguido esto, como también Ciudadanos con lo del impuesto del diesel, vamos a esperar todos, si esto se va a ver en una semanita cómo evoluciona", ha agregado.

Enmienda antidesahucios

Por otra parte, ante la enmienda presentada por Unidas Podemos, EH Bildu y ERC para frenar los desahucios hasta finales de 2022, ha indicado que le sorprende que "estando en el Gobierno y siendo un miembro del Gobierno no lo incluyan".

En este sentido, se ha preguntado si a Unidas Podemos le representan o no estos presupuestos y si va a votar a favor una enmienda "para cambiar los presupuestos que ellos mismos han presentado junto con el PSOE".

"Son un equipo, ¿no? me parece sorprendente la falta de fuerza de Podemos dentro del gobierno o el postureo en el que quieren moverse porque esta enmienda de verdad se va aprobar, el PSOE la va a apoyar?, lo dudo porque si hubiera querido lo hubiera hecho incluyéndola en el anteproyecto de presupuestos", ha añadido.

Esteban ha precisado que, en el caso del País Vasco, todas estas estas medidas que se reclaman "ya están cubiertas" por parte de las instituciones, por lo que están "muy tranquilos".

"Lo que sí es preocupante es que un miembro del Gobierno se dedique a poner enmiendas más allá de lo que es su propio proyecto presupuestario, a veces algunos entienden la política más como postureo que como acción efectiva", ha concluido.

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en octubre en el -0,3%, la misma cifra que en septiembre, extendiendo así a tres meses consecutivos la bajada de los precios en la eurozona, según el dato publicado por Eurostat, la oficina de estadística comunitaria. En el conjunto de la UE, la tasa de inflación se mantuvo sin cambios en el 0,3%,

En concreto, en el décimo mes del año, los precios de la energía registraron una caída interanual del 8,2%, en línea con el retroceso de septiembre. De su lado, los bienes industriales no energéticos contabilizaron una bajada del 0,1, frente al -0,3% del mes precedente.

Asimismo, la oficina de estadística ha informado de que los servicios se encarecieron un 0,4%, una décima menos que en septiembre, al tiempo que la comida procesada, el alcohol y el tabaco registraron una subida del 1,3%, una décima menos, y los alimentos frescos se encarecieron un 4,3%, frente al alza del 3,1% del mes inmediatamente anterior.

De este modo, al excluir el efecto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en el 0,6%, una décima por encima que en septiembre, mientras que al dejar fuera del cálculo también los alimentos, el alcohol y el tabaco, la tasa de inflación subyacente del grupo de países que han adoptado el euro como moneda común se situó en el 0,2%, igual que un mes antes.

Entre los países cuyos datos estaban disponibles, las mayores bajadas de precios se dieron en Grecia (-2%), Estonia (-1,7%) e Irlanda (-1,5%), mientras que las subidas más significativas se observaron en Polonia (3,8%), Hungría (3%) y Chequia (2,9%).

En el caso de España, los precios cayeron un 0,9% en octubre, acelerando el descenso del 0,6% que se había registrado en septiembre, ampliando así el diferencial de precios con respecto a la media de la zona euro.