El Papa ha clamado por "una acogida digna" para los inmigrantes al mostrar su solidaridad y cercanía a los refugiados del campo de Moria, en la isla de Lesbos, (Grecia), devastado por un incendio desencadenado la noche del martes.

"En los días pasados varios incendios han destrozado el campo de Moria en la isla de Lesbos, dejando miles de personas, de refugiados, sin ni siquiera un refugio", ha manifestado el Santo Padre tras el rezo del ángelus.

Más de 12.700 personas se han quedado sin siquiera un refugio bajo el que guarecerse después del grave incendio. El Papa viajó a Lesbos en 2016 en compañía del patriarca ortodoxo Bartolomé y ya entonces instó a generar "una acogida digna y humana a los refugiados y a quien busca asilo en Europa.

Ese mismo mensaje ha trasladado este domingo desde el balcón de su estudio privado en el Palacio Apostólico. "Expreso mi solidaridad y cercanía a todas las personas de este dramático incendio", ha añadido.

El pontífice también se ha referido a las protestas que se están produciendo en varias partes del mundo si bien ha instado a los manifestantes "a hacerlo de forma pacífica y sin ceder a la agresividad y a la violencia". Asimismo, ha pedido a las altas esferas de la política que "escuchen la voz de sus ciudadanos y sus justas aspiraciones y siempre respetando los derechos humanos y las libertades civiles".

Durante su catequesis ha reflexionado sobre el perdón --una de las bases fundamentales de la Caridad cristiana-- y ha reivindicado su necesidad en la sociedad: "¡Cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse, si el perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida!".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo en Oviedo en relación con el conocido como 'caso Kitchen' que "ni las épocas ni los hechos tienen que ver con la situación actual".

En declaraciones a los medios antes de participar en la celebración del Día de Galicia en Asturias, Feijóo ha indicado sobre la investigación del supuesto espionaje con fondos públicos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que su partido no va a criticar el trabajo de jueces y fiscales y que va a respetar la investigación, ya que para las criticas a la justicia "ya están los partidos que forman el Gobierno de España".

"Si un juez o un fiscal entiende que hay una cosa que tiene que ser investigada hágase", ha señalado el líder del PP gallego, que con todo ha abogado por la "presunción de inocencia" sobre los hechos investigados.

Del mismo modo, ha recordado que "de vez en cuando salen noticias que se identifican y se refieren siempre a los mismos hechos y a las mismas épocas, y ni las épocas ni los hechos tienen que ver con la situación actual", ha señalado Feijóo, que ha indicado que en el PP ya están "bastante acostumbrados" a que se "critique y recritique por hechos que pasaron hace más una década".

PRESUPUESTOS

Por otro lado, preguntado sobre el posible apoyo del PP a los próximo Presupuestos Generales del Estado (PGE), el líder de los populares de Galicia y presidente de la Xunta ha señalado que "para apoyar una cosa lo primero que tenemos que hacer es conocerla".

"Si un Gobierno quiere que se apoye algo tan trascendental como las cuentas publicas, habrá que conocer el proyecto y el PP no lo conoce, no sabemos ni si lo tienen", ha señalado Feijóo.

Andalucía registra este domingo 13 de septiembre una bajada en el ritmo de contagio diario de coronavirus confirmados por PCR con un total de 740 casos, 391 menos de los registrados este sábado, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que no contabiliza que hayan fallecido personas en las últimas 24 horas, de forma que la región no registra muertos por vez primera desde el 20 de agosto.

Según refleja la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la última vez que no hubo variaciones en el parte de muertos por coronavirus fue del 20 al 21 de agosto, ya que ambos días se contabilizaban 1.470. Ya el parte del día 22 recogía cinco nuevos fallecidos.

Esta cifra de contagios supone reducir dos días consecutivos el ritmo, después de que el viernes se alcanzase el récord de 1.242 y el sábado se bajase a 1.131 nuevos casos. No obstante, los 740 de este domingo suponen más que los contabilizados el mismo día de la semana pasada, cuando fueron 680.

Las provincias que suman mayor número de positivos en 24 horas son Sevilla y Córdoba con 151 cada una --frente a los 209 y 108, respectivamente, registrados el día anterior--, seguidas de Málaga con 116, Jaén con 89, Cádiz con 74, Granada con 70, Almería con 55 y Huelva con 34.

Por otra parte, los hospitales andaluces alcanzan este sábado los 818 pacientes ingresados por coronavirus (Covid-19), uno menos en 24 horas y 194 más que hace una semana, de los que 112 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que supone seis menos que este sábado y diez más que hace siete días.

SUBEN LOS CONTAGIOS EN TRES RESIDENCIAS

La Consejería ha informado también en relación al brote declarado en la residencia Domusvi Azalea de Marbella (Málaga) que el número de afectados asciende a 64 (53 residentes y once trabajadores); al de la residencia Vitalia de Mairena del Aljarafe (Sevilla) que suben a 55 (42 residentes y 13 trabajadores) y cuatro muertes; y la de Utrera (Sevilla) que son un total de 29 casos (26 residentes y tres trabajadores)

Así las cosas, no hay novedades según la Junta en ninguno de los otros brotes en las provincias de Granada, Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba.

HASTA 30 HOSPITALIZADOS MÁS

Concretamente, este domingo hay 30 nuevos hospitalizados, al sumarse ocho en Sevilla, siete en Granada, cinco en Málaga, cuatro en Córdoba, tres en Jaén, dos en Cádiz y uno en Huelva, mientras que Almería no registra nuevos. Respecto a las personas que han pasado por una UCI, se han sumado tres en Granada y uno en Huelva.

De acuerdo con los datos acumulados de la Junta, Andalucía ha registrado 41.995 casos confirmados por PCR, 740 casos en 24 horas, después de sumar 1.131 este sábado, 1.242 el viernes, 977 el jueves, 781 el miércoles, 1.043 el martes, 661 el lunes y 680 el domingo pasado. La región permanece en 1.603 muertes por Covid-19, tras no sumar ninguna en las últimas 24 horas.

Por su parte, la cifra de hospitalizados sube hasta los 8.158, hasta 30 más en 24 horas, después de subir en 79 el sábado, 77 el viernes, 98 el jueves, 65 el miércoles, 79 el martes, 52 el lunes y 41 el domingo pasado. La cifra de pacientes que han pasado por UCI se sitúa en los 923 tras registrar cuatro más en 24 horas y el número de curados llega a los 20.626, hasta 247 más en 24 horas.

SEVILLA Y CÓRDOBA ENCABEZAN LOS CONTAGIOS DIARIOS

En cuanto a los datos provincializados acumulados de la Consejería de Salud, de las 1.603 muertes en Andalucía, al no registrarse nuevos, Málaga permanece como la provincia con más fallecidos con 320, seguida de Sevilla con 314, Granada con 304, Jaén con 198, Cádiz con 192, Córdoba con 125, Almería con 97 y Huelva con 53.

Por su parte, los casos positivos confirmados por PCR alcanzan los 41.995 desde el inicio de la pandemia --740 más en 24 horas--, liderados por la provincia de Málaga con 10.987 --116 más--, seguida por Sevilla con 6.571 --151 más--, Almería con 6.405 --55 más--, Granada con 5.491 --74 más--, Cádiz con 4.565 --74 más--, Córdoba con 4.024 --151 más--, Jaén con 3.013 --89 más-- y Huelva con 939 --34 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan los 8.158 en Andalucía --30 más en 24 horas--, con Málaga a la cabeza con 2.007 --cinco más--, seguida por Sevilla con 1.509 --ocho más--, Granada con 1.414 --siete más--, Jaén con 866 --tres más--, Cádiz con 773 --dos más--, Córdoba con 720 --cuatro más--, Almería con 628 --sin cambios-- y Huelva con 241 --uno más--.

De ellos, 923 han pasado por la UCI en toda Andalucía --cuatro más en 24 horas--, de forma que la provincia de Málaga continúa a la cabeza con 192, seguida de Sevilla con 174, Granada con 144 --tres más--, Jaén con 100, Cádiz con 98, Córdoba con 91, Almería con 87 y Huelva con 34 --uno más--.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 20.626 en toda la región tras sumar 247 en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 4.649 --128 más--, seguida de Sevilla con 3.259 --20 más--, Granada con 3.168 --66 más--, Almería con 2.873 --cinco más--, Jaén con 2.146 --uno menos que en el parte de este sábado y que corrige ahora la Junta--, Cádiz con 2.040 --cuatro más--, Córdoba con 1.951 --22 más-- y Huelva con 540 --tres más--.

La Región de Murcia ha registrado dos nuevos fallecidos por Covid-19. Se trata de un hombre de 77 años natural de Jumilla y otra mujer de 66 años de Murcia, por lo que la cifra de fallecidos asciende a los 175.

El número total de afectados en la Región de Murcia desde el comienzo de la crisis asciende a 13.358 caso, de los que 11.652 han sido acreditados mediante PCR (431 más que el día anterior), según los datos del Servicio de Epidemiología correspondientes a este sábado a las 23.59 horas.

De los 431 nuevos casos, 126 corresponden al municipio de Murcia, 58 a Lorca, 31 a Jumilla, 18 a Torre Pacheco, 17 a Cartagena, 17 a Molina de Segura, 16 a Alcantarilla, 16 a Totana, 13 a Alhama de Murcia, 12 a Mula, 12 a Yecla, 11 a Cieza, 11 a San Javier, 9 a Archena, 8 a Mazarrón, 8 a La Unión, 7 a Lorquí, 5 a Cehegín, 5 a Ceutí, y 5 a Villanueva del Río Segura. El resto están repartidos entre diversas localidades.

El número de casos activos asciende a 6.062 personas (228 más que el día anterior), de las que 346 se encuentran ingresadas en centros hospitalarios (2 más), 61 de ellas en cuidados intensivos (una más respecto a la jornada anterior).

El resto, 5.716, permanecen en aislamiento domiciliario (206 más) y hay 5.415 personas curadas, 221 de ellas el día anterior. Además, el número de pruebas realizadas sigue creciendo, en concreto ya se han realizado 188.288 pruebas PCR y 65.884 de anticuerpos.

Castilla y León contabiliza un total de 42.560 positivos por coronavirus, 632 más que en los datos de la última estadística, de ellos 80 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, según datos ofrecidos este domingo por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas registran, asimismo, ocho nuevos fallecimientos en hospitales, de manera que el número de decesos actual en este ámbito es de 2.175, mientras que el número de altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanza ya las 9.532, 13 más que en la jornada anterior.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 198 y el número total de casos de la COVID-19 a ellos vinculados es de 1.655.

Del total de brotes, 27 corresponden a Ávila --dos más--, 53 a Burgos --seis menos--, uno a León --uno menos--, 17 a Palencia --los mismos--, 20 a Salamanca --misma cifra--, 25 a Segovia --cuatro más--, diez a Soria --dos más--, 21 a Valladolid --seis más-- y 21 a Zamora --uno menos--.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 42.560 positivos por COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 632 más. Según los datos de la Administración regional, 36.086 positivos han sido diagnosticados en test PCR.

Por provincias y en total, Ávila suma 24 positivos más, con un total de 3.100; Burgos suma 36 positivos, con 6.291 en total; León 123 más, hasta 5.473; Palencia 66 más, con 2.288; Salamanca suma 136 más hasta un total de 7.036; Segovia incorpora 93 nuevos positivos hasta los 4.767 en total; Soria añade 19 más hasta 3.280; Valladolid incorpora 105 positivos, hasta 8.430, y Zamora suma 30, hasta los 1.895.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.175, ocho más. La mayor parte continúa registrándose en la provincia leonesa, con 429, seguida de Valladolid, con 421 --dos más--; Salamanca, con 398 --uno más--; Burgos, con 230 --uno más--; Segovia con 217 --los mismos--; Ávila con 161 --uno más--; Soria, con 125 --los mismos--; Zamora, con 102 --dos más--, y Palencia, con 92 --uno más--.

En el caso de las altas, un total de 9.532, se han computado 2.104 en Valladolid; 1.778 en León; en Salamanca 1.502; en Burgos 1.114; en Segovia 976; en Ávila 748; en Soria 480; en Palencia 414, y en Zamora 416.

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de convertir su partido en "antisistema" por no dar explicaciones sobre la 'operación Kitchen', por "negarse" a aprobar los Presupuestos Generales del Estado y por "bloquear" la renovación de órganos constitucionales.

"El PP se está convirtiendo en un partido antisistema que, por un lado, utiliza las instituciones para tapar la corrupción, se niega a echar una mano para que este país salga adelante y termina bloqueando aquellas instituciones que son fundamentales", ha indicado Ander Gil en declaraciones a los medios este domingo desde Villasana de Mena (Burgos).

Según ha precisado, esta semana ha estado protagonizada por "el bloqueo a todo" por parte del PP, que "ha antepuesto sus intereses a los de la mayoría de españoles y españolas".

En primer lugar, ha denunciado el "bloqueo a dar explicaciones por el escándalo de la 'operación Kitchen'", una trama "vergonzante y vergonzosa perpetrada en el seno del Gobierno de Rajoy, un delito para tapar otro delito utilizando las instituciones de este país y fondos públicos para tapar décadas de corrupción del PP".

El portavoz del PSOE en el Senado ha subrayado que Pablo Casado "no puede esconderse" y ha añadido que no vale con que diga "que en ese tiempo era solo diputado por Ávila". "No es cierto, el señor Casado ya era miembro de la dirección nacional del PP, era vicesecretario. Exigimos que dé explicaciones de manera urgente", ha precisado.

Esta misma "actitud de bloqueo" se ha visto, según ha criticado Ander Gil, en "la negativa de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado" que, a su juicio, "España necesita con urgencia".

España necesita la unidad de todos los partidos, dejar al margen nuestras diferencias legítimas desde el punto de vista ideológico para, en este momento crítico, contar con unos presupuestos que nos permitan reiniciar ese avance en la economía, la puesta en marcha de las pymes y dar respuesta social a tantas familias que están teniendo y van a tener dificultades", ha insistido.

Por otro lado, también ha criticado el "bloqueo" del PP "impidiendo la renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Defensor del Pueblo". "El PP, diciéndose constitucionalista, no puede bloquear la renovación de estos órganos tan importantes", ha añadido.

En este sentido, ha hecho un "llamamiento" a Pablo Casado "para que depure responsabilidades en el PP y no consienta, no sea protagonista, no siga convirtiendo al PP en un partido pequeño, antisistema e incapaz de entender el momento que vive España".

El número de casos confirmados del virus de la Fibre del Nilo en en la jornada de este domingo se mantienen en 28, los mismos que este sábado, 24 en la provincia de Sevilla y cuatro en la de Cádiz, de los cuales siete están hospitalizados y de estos tres se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud y Familias. Las muestras positivas de este virus son 31, las mismas que las contabilizadas este sábado.

Por otro lado, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica recuerda que no hay transmisión de persona a persona y que dicha transmisión es por picadura. Así pues, las medidas de prevención de la infección en humanos están basadas en evitar las picaduras de mosquitos, por lo que recomienda emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, e intentar no permanecer al aire libre entre el atardecer y el amanecer.

Además, pide procurar dejar la luz apagada, seguir diariamente una correcta higiene corporal, evitar los perfumes intensos, usar ropa que cubra lo máximo posible la piel y sacudirla antes de usarla si se ha tendido en el exterior, hacer un uso adecuado de los repelentes, siguiendo estrictamente las recomendaciones sobre el modo y frecuencia de uso descritos por el fabricante, y si se usa crema para el sol, dejar absorber durante veinte minutos y, entonces, aplicar el repelente de mosquitos.

Durante la madrugada de este domingo, un grupo de personas que se congregaba en la plaza de los Fueros de Alsasua, muchos de ellos sin llevar mascarilla, han lanzado objetos a los vehículos policiales que se desplazaron hasta el lugar, provocando daños en un coche de la Guardia Civil. Asimismo, se quemaron tres contenedores en calles aledañas.

Según ha informado la Guardia Civil, en torno a la 01.00 de la madrugada recibió la solicitud apoyo de la Policía Municipal de Alsasua ya que un grupo de unas 70 personas les había lanzado botellas y objetos desde el callejón de la plaza de los Fueros de Alsasua.

Hasta el lugar se desplazaron para prestar apoyo patrullas de la Policía Foral y la Guardia Civil, accediendo varios vehículos a esta plaza en la que se encontraron un volumen de personas mayor, en torno a las 300 personas, que al observar los vehículos policiales comenzaron a lanzar objetos.

La actuación coordinada entre los tres cuerpos policiales consiguió que la plaza quedase despejada minutos después, dispersándose las personas allí presentes en grupos reducidos, pero no cesando el lanzamiento de vasos, botellas, sillas y volcado de mesas de terrazas y contenedores. Como consecuencia de estos hechos ha quedado dañado un vehículo de la Guardia Civil.

Según ha informado este cuerpo policial, un número "muy elevado" de las personas presentes en el lugar no estaban respetando las medidas de seguridad establecidas con motivo de la alerta sanitaria al no llevar mascarilla.

Durante el resto de la noche se controló el perímetro de la localidad, teniendo conocimiento de la quema de tres contenedores entre la calle Aralar y la calle Urbasa. Ya se han iniciado las gestiones para identificar a las personas supuestamente participantes en los hechos.

El suceso se produce después que ayer sábado, también de madrugada, un dispositivo conjunto formado por la Guardia Civil, Policía Foral y Policía Local de Alsasua impidieran la celebración de un macro botellón en el paraje conocido como Santa Lucía de esta localidad. Las personas presentes salieron huyendo a la llegada de los agentes y en la actuación se incautaron un grupo electrógeno, altavoces de gran potencia, una carpa desmontable y numerosas bebidas dispuestas para su consumo.

Las víctimas de la pandemia del coronavirus han subido a 685 en Galicia después de que en las últimas horas falleciesen cuatro personas diagnosticadas de COVID-19, de las cuales dos eran usuarias de residencias de mayores. Todas contaban con patologías previas.

En concreto, según informan fuentes sanitarias, tres de estas muertes se han registrado en el Hospital Lucus Augusti (HULA) de Lugo. Se corresponden con una mujer de 82 años procedente de la residencia DomusVi Lugo, en Outeiro de Rei; un hombre de 77 años usuario del geriátrico de O Incio; y una mujer de 87 que no tenía vinculación con ningún centro.

Además, Sanidade ha notificado la muerte de una mujer de 95 años que permanecía ingresada con coronavirus en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi).

Desde el comienzo de la 'nueva normalidad', el número de pacientes fallecidos con la enfermedad en Galicia es de 66 personas, tras la muerte de una mujer el 7 de agosto. Antes de eso, la Comunidad había encadenado casi dos meses --desde el 10 de junio-- sin decesos relacionados con el coronavirus.

En este contexto, el mayor balance de fallecidos de los últimos meses se notificó el pasado miércoles, cuando Sanidade informó de un total de siete. La última vez que se superó esta cifra fue el pasado 5 de mayo, con nueve decesos.

El Servicio de Salud de Baleares, en coordinación con la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Dependencia y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, ha diagnosticado a 24 usuarios de la residencia Séniors Sant Joan (Mallorca) como positivos en coronavirus. De ellos, uno ha sido ingresado en centro hospitalario.

Según han señalado este domingo en un comunicado, en total, en estos momentos, en la residencia se han detectado 81 usuarios positivos, de los cuales 26 están hospitalizados, y 25 profesionales positivos.

La detección de los casos positivos se ha producido después de que el Servicio de Salud hiciera un segundo cribado el pasado 9 de septiembre, dentro del plan de la Conselleria de Salud y Consumo y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de poner en marcha nuevos cribados masivos a más de 6.000 usuarios y profesionales de residencias para prevenir la propagación de la COVID-19.

Según han apuntado, este es el segundo cribado que se hace en la residencia Seniors San Juan en el último mes. El pasado jueves 29 de agosto se detectó un trabajador positivo en esta residencia y el día siguiente también se localizó el caso de un residente positivo. A raíz de esto, el Servicio de Salud inició un cribado con pruebas PCR entre todos los profesionales y usuarios de la residencia (70 trabajadores y 112 residentes). El resultado del cribado fue de 57 usuarios y 21 profesionales positivos en total (incluyendo los casos iniciales).

La residencia ha activado el protocolo de actuación ante la COVID-19 y ha dividido las instalaciones en dos áreas. Las habitaciones de la planta baja están destinadas a los usuarios positivos asintomáticos o leves, mientras que la primera planta está destinada a los pacientes negativos.

Además, una Unidad Volante de Atención al Coronavirus (UVAC) de la Central de Coordinación Covid se ha desplazado hasta el centro para hacer un seguimiento los usuarios. Hoy especialistas de enfermería se desplazarán a la residencia para hacer una valoración global de la situación.

Tres usuarios de la red de residencias de Vizcaya con covid-19 han fallecido en las últimas 48 horas, lo que eleva a 37 el número de residentes que han perdido la vida desde que se iniciara la segunda ola de la pandemia, y un total de 195 residentes están actualmente afectados por coronavirus, de los que 23 están hospitalizados, según los datos aportados este domingo por la Diputación foral vizcaína.

En función de los datos trasladados al Servicio de Inspección y Control del Departamento de Acción Social al cierre de la jornada de este pasado sábado, 12 de septiembre, la red de 155 residencias autorizadas para personas mayores en el Territorio Histórico de Vizcaya (con 10.748 plazas) tiene a 116 personas en los centros residenciales con positivo (once menos que en el recuento anterior) y 23 están ingresadas en centros hospitalarios, ocho más que hace 48 horas.

Actualmente hay once centros con personas residentes afectadas, los de Truiuondo-Zamudio (5), IMQ Igurco Zorrozgoiti-Bilbao (13), Elorduy-Barrika (13), Ballesol-Bilbao (6), Centro Asistencial Elorrio-IFAS (11), Albiz Santiago Llanos-Sestao (11), DomusVI Miraflores-Bilbao (20), San José Etxe Alai-Mungia (20), Misericordia-Bilbao (6), Santa María-Getxo (6) y Zuetxe-Bakio (5).

Adicionalmente, la unidad especializada de carácter sociosanitario de Birjinetxe para atender casos de infección por coronavirus acoge a 79 personas (ocho más). De ellas, 56 son personas usuarias de la red de centros residenciales (ocho más que en el recuento anterior) y 23 personas en situación de fragilidad que están realizando la cuarentena tras su ingreso hospitalario (siete menos). De esta forma, los usuarios de residencias contagiados con coronavirus ascienden a 195, lo que supone cinco más que en el último recuento.

En las últimas horas --el último recuento se dio a conocer en función de los datos del 8 de septiembre-- han fallecido tres personas usuarias de residencias con covid-19, lo que eleva a 37 el número de residentes que han perdido la vida desde que se iniciara la segunda ola de la pandemia.

Por otro lado, la cifra de personas usuarias en residencia curadas y que ya han dado negativo en las pruebas de covid-19 se eleva actualmente a 1.737.

Entre los trabajadores de la red de residencias de Vizcaya, hay, al cierre de este pasado sábado, un total de 111 profesionales (uno menos) afectados por covid-19 con positivo confirmado. Otros 60 se encuentran en aislamiento, aunque sin confirmación de contagio (siete menos).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encara este lunes y martes su primer Debate del Estado de la Región, marcado por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus y como antesala a la negociación de los Presupuestos para 2021.

Tras un año en blanco por las elecciones autonómicas, como dictamina el Reglamento de la Asamblea, el debate marcará el inicio del curso político en el que el Gobierno madrileño tendrá que enfrentarse a la nueva ola del coronavirus y amenazas de huelga de médicos y profesores entre rumores de adelanto electoral o moción de censura.

La presidenta madrileña tomará la palabra el lunes, a las 12 horas, sin limite de tiempo. En su discurso, en el que se prevé, como suele ser habitual, algún anuncio, si sigue la línea de los últimos meses, defenderá la gestión realizada de la pandemia, ensalzando que la Comunidad siempre dio un paso por delante del Estado en la toma de decisiones.

Además, Ayuso mostrará una autonomía preparada, a la que le urge reactivarse, porque, como siempre repite, "Madrid no puede pararse" porque sino también lo haría el conjunto del país y previsiblemente tendrá palabras para el Gobierno de Pedro Sánchez. La jefa del Ejecutivo autonómico ha censurado en diversas ocasiones el "ensañamiento" que cree que hay con la región.

COALICIÓN PP-CIUDADANOS

Uno de los retos que tiene por delante la presidenta en su discurso es mostrar una coalición de Gobierno (PP-Ciudadanos) sólida y unida. Las tiranteces entre los miembros del Ejecutivo de una y otra formación han sido una constante desde el comienzo de legislatura y se han visto acrecentadas durante la pandemia.

Pese a que Ayuso y su vicepresidente, Ignacio Aguado, se esfuerzan públicamente por dar imagen de buena sintonía son evidentes los desencuentros en materia de comunicación, las acusaciones cruzadas y los reproches por la gestión de las consejerías de Sanidad (PP) y Políticas Sociales (Cs). De hecho, llegó a estar sobre la mesa llevar a cabo en este debate una reestructuración de Gobierno, aunque parece finalmente descartada.

Además, a esto hay que sumarle los avisos por parte del PSOE-M de su intención de plantear una moción de censura contra Ayuso, llegando a declarar hace pocos días su secretario general, José Manuel Franco, que estarían dispuestos a darle la Presidencia a un candidato no socialista.

Aguado señaló que una moción de censura no preocupaba a los madrileños aunque no negó que en un futuro pudiera llegar a producirse. Estas palabras no sentaron bien al entorno de la presidenta quienes hubieran preferido más claridad por parte de su socio de Gobierno.

Al día siguiente diversos medios de comunicación apuntaban a que la presidenta tenía intención de adelantar elecciones, haciéndolas coincidir con las catalanas. A última hora de la jornada, la dirigente autonómica aseguró que este extremo no estaba entre sus planes, "ni mucho menos en estos momentos".

En su intervención, Ayuso tendrá que tener palabras también para su socio de investidura, Vox, pues tras el debate comienza la cuenta atrás para la elaboración de los Presupuestos de 2021. El voto de los de Rocío Monasterio es imprescindible para sacarlos adelante y ya ha puesto sus condiciones: reducir gasto político, eliminar subvenciones y bajar impuestos. Se trata de unas cuentas imprescindibles para hacer frente a las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria.

DEBATE ATÍPICO

Este será un Debate del Estado de la Región atípico, los grupos parlamentarios tendrán presencia reducida de diputados y los dirigentes de los partidos políticos, alcaldes y otras autoridades no desfilarán por la Cámara regional dadas las restricciones establecidas al comienzo del estado de alarma así como tampoco se producirán los tradicionales corrillos en los pasillos. En todo momento, será necesario el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad.

El acceso a prensa está limitado a un solo profesional por medio, no está permitido la entrada de las cámaras de televisión sino que la imagen será distribuida a través de Telemadrid y los fotógrafos tendrán que desarrollar prácticamente toda su actividad desde la tribuna.

Después de la intervención de la presidenta el primer día, la sesión se retomará tras un tiempo inferior a 12 horas y no superior a 24 e intervendrán los grupos parlamentarios, por treinta minutos. A ellos responderá la presidenta, si quiere individualmente, por un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos. La oposición podrá volver a tomar la palabra por quince minutos cada uno.

Será Ayuso quien cierre el debate, disponiendo de quince minutos si interviene en dúplicas individualizadas o de treinta minutos si toma la palabra de forma global. Posteriormente, se votarán propuestas de resolución.

LA OPOSICIÓN CRITICARÁ LA GESTIÓN "DESASTROSA"

Desde el Grupo Parlamentario Socialista mostrarán su preocupación por la práctica de las medidas que anuncia el Gobierno autonómico, aunque al mismo tiempo expresarán "compromiso y voluntad" para trabajar juntos para que "todo salga bien", pero exigiendo al Gobierno "el cumplimiento estricto de las medidas que se han propuesto y también en su caso la modificación".

Por su parte, Más Madrid examinará la responsabilidad y la aptitud de Ayuso como presidenta para gestionar esta "grave situación". A su juicio, "hay un claro contraste entre el esfuerzo titánico que está haciendo la sociedad madrileña para salir adelante y el charco de improvisaciones, ocurrencias y promesas fallidas de la presidenta.

A continuación, Vox defenderá las líneas generales de su programa bajar los impuestos, reducir la deuda, derogar las leyes totalitarias, frenar la inmigración ilegal y la reducción del gasto político para llegar a un acuerdo de Presupuestos.

Desde Unidas Podemos, su portavoz adjunto, Jacinto Morano, lamenta que lleguen al debate con la región "en un estado alarmante". "Hemos vivido una pandemia con los servicios públicos más debilitados. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado no ha estado a la altura de la situación. Madrid necesita un cambio urgente", ha lanzado.

PP Y CS: EL GOBIERNO SE ESTÁ DEJANDO "LA PIEL"

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha indicado que confía en que la presidenta hará una "radiografía seria y rigurosa del difícil momento que vive la Comunidad" y hará el balance de un Gobierno que "pese a las dificultades no se ha parado y ha seguido avanzando en medidas económicas, sociales y educativas".

Misma línea seguirá el portavoz de Cs, César Zafra, que defenderá que el Gobierno regional "está dejándose la piel en la lucha contra el Covid y en solucionar los problemas de las familias, los autónomos, las empresas y los ayuntamientos de la región". "Nada debe distraernos del objetivo de que Madrid se reactive y que vuelva a liderar el bienestar y el crecimiento en España. Esperamos que la oposición lo entienda así también y que tenga una postura responsable", ha defendido Zafra.

Ciudadanos ha alertado del uso de buques por parte de las mafias de tráfico de inmigrantes, con los que acercarían las pateras a las costas españolas, y han reclamado al Gobierno medidas para estudiar esta situación y ponerle fin cuanto antes.

A través de una iniciativa parlamentaria, recogida por Europa Press, los naranjas reconocen que las embarcaciones en las que Salvamento Marítimo rescata a la mayoría de migrantes que llegan a España por mar --lanchas neumáticas "muy deterioradas" o barcazas sin motor-- han levantado las sospechas de los expertos sobre la posibilidad de que existan "buques nodriza" que les ayudan alcanzar el país.

En concreto creen que la forma de actuar de etas mafias es trasladar a los migrantes hasta la zona del mar desde la que ya pueden ser avistados por los servicios de Salvamento Marítimo, momento en el que son bajados a las pateras y en el que llaman para ser rescatados. Ciudadanos apunta que, en algunos casos, las coordenadas que facilitan los migrantes son realmente "precisas".

"Esta práctica por parte de las mafias ya proliferó de manera significativa el verano pasado, según muchas informaciones, por lo que parece razonable pensar que haya sucedido lo mismo este año", ha advertido Ciudadanos.

UNA SITUACIÓN AÚN MAS DRAMÁTICA POR EL COVID

A su juicio, las historias personales habitualmente ligadas a un gran sufrimiento y a la huída de países en guerra o sin futuro, hace que se olvide, con ucha frecuencia, que "detrás de estos movimientos existen mafias contra las que debe lucharse sin tregua".

Del mismo modo, denuncian que los Sistemas Integrados de Vigilancia Exterior (SIVE) en muchas zonas costeras se encuentran "deteriorados o inoperativos", como los de las costas de Gran Canaria y Tenerife, lo que "dificulta enormemente la labor de vigilancia" del litoral y añade "inconvenientes y dificultades" a los efectivos de la Guardia Civil que, según apuntan, ya están "sin medios y exhaustos".

Es por ello, que reclama al Gobierno medidas contra el uso de los buques nodriza en manos de mafias que trafican con seres humanos y quieren que se refuerce la protección de las fronteras ante la reactivación en la recepción de migración irregular por la actividad de estas mafias que "habían parado su actividad durante el confinamiento".

"La migración masiva irregular es una situación ciertamente dramática por muchos motivos; no solo por el hecho mismo de la tragedia que supone esta travesía para los migrantes, sino por lo que ello conlleva en la actual situación de crisis sanitaria global, así como para la seguridad sanitaria de nuestro país, en general, y para la de los funcionarios y trabajadores que están en primera línea de recepción de las personas migrantes, en particular", señalan los de Inés Arrimadas en el texto registrado.

Es por ellos que también llaman a poner en marcha un protocolo de actuación para la protección frente al contagio por coronavirus de todos los profesionales implicados en la recepción, traslado y custoria de migrantes llegados en pateras y a reparar los sistemas SIVE inoperativos.

El Congreso va a reactivar esta semana la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia con la que eliminarán los aforamientos políticos en esta comunidad, un texto que la Cámara tiene pendiente desde septiembre de 2017.

Tras su llegada a la Cámara Baja, la reforma murciana quedó 'congelada' durante año y medio, y luego las sucesivas convocatorias electorales la fueron aparcando. El Pleno acepto tramitarla, por tercera vez, el pasado mes de febrero, y los partido pudieron enmendarla el pasado mes abril.

Ahora, con el arranque del nuevo curso parlamentario, se ha decidido reunir el miércoles a la ponencia encargada de su tramitación en el marco de la Comisión Constitucional que preside el socialista Patxi López.

La supresión de los aforamientos políticos, recogidos en la Constitución de 1978 y en numerosos estatutos autonómicos, ha sido bandera de Ciudadanos en las Cortes Generales y en los parlamentos regionales. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció un acuerdo global a la oposición, pero no se llegó a dar ningún paso.

En el caso de los diputados autonómicos, es cada comunidad la que debe tomar la iniciativa y varias ya lo hicieron: Canarias, Murcia, Cantabria y Baleares reformaron sus Estatutos de Autonomía y los enviaron al Congreso para su aprobación, pero sólo la primera superó todos los tramites y tiene la reforma ya en vigor.

SÓLO LA ENMENDÓ Cs

El único grupo que ha enmendado la reforma murciana ha sido Ciudadanos. Lo ha hecho para corregirla con el objetivo de garantizar que, una vez desposeídos del fuero, los miembros del gobierno y de la Asamblea Regional no puedan ser detenidos como consecuencia de cualquier denuncia.

El texto que envió la Asamblea de Murcia, de un único artículo, suprime las referencias al aforamiento de los miembros del Gobierno regional y de los parlamentarios autonómicos, equiparándoles al común de los murcianos.

Ciudadanos, que comparte Gobierno con el PP en esta comunidad, plantea modular esa pérdida del fuero y asegurar que los consejeros y los parlamentarios regionales no queden completamente desprotegidos de un día para otro.

En concreto, propone introducir dos párrafos para dejar claro que tanto los diputados autonómicos, como el presidente y los consejeros regionales, "no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el juzgado o tribunal ordinario, competente y predeterminado por la ley, sobre su inculpación, prisión, procesamiento o juicio".

La Fiscalía mantiene el control y la supervisión de las residencias de la Comunidad Valenciana ante el repunte de casos por Covid-19 y, por el momento, tiene abiertas tres investigaciones, dos de ellas en centros de la provincia de Alicante y una más en la de Valencia.

Desde Fiscalía General del Estado (FGE), al contrario de lo que ocurría antes del verano, ya no se pide a las fiscalías de las comunidades autónomas los datos recabados en residencias. Sin embargo, según ha explicado en declaraciones la coordinadora de la sección Civil de Valencia, Ana Lanuza, desde su departamento van a seguir trabajando con los centros para proteger y ayudar a este colectivo tan vulnerable.

Y hay una variación. Mientras que antes se abrían diligencias de investigación civil --no penal-- cuando el centro superaba los 10 fallecidos, en la actualidad se ha decidido modificar este criterio para adaptarse a la nueva realidad.

Ana Lanuza ha explicado que ahora existe un elevado número de contagios en residencias pero la mortalidad ha disminuido frente a los datos de meses anteriores, con lo que desde Fiscalía se abrirán diligencias en base a otras circunstancias como el ratio de afectados.

La fiscal ha comentado que desde su departamento se sigue en contacto telefónico con los responsables de las residencias de la autonomía para recabar los datos correspondientes e iniciar las actuaciones que se estimen oportuno. Así mismo, desde la Conselleria de Sanidad se colabora diariamente.

Ana Lanuza ha indicado que hay más medios para hacer frente a esta pandemia y tal vez por este motivo hay menos mortalidad. Aún así, ha pedido no bajar la guardia ante este colectivo.

En este contexto, ha valorado las medidas de prevención que se pusieron en marcha antes de verano en las residencias como la realización de pruebas y aislamientos en los casos necesarios.

La fiscal, quien ha recordado que el número de fallecimientos registrados en estos centros antes del periodo estival ascendía a 565 desde que se originó la pandemia, se ha mostrado cauta y esperanzada en que la situación en los centros de mayores no empeore. "Pero tenemos que estar preparados para cualquier situación. No sabemos cómo va evolucionar el virus en invierno", ha apostillado.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dado las "gracias por seguir" al abogado Gonzalo Boye --responsable de su defensa y de la del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont--, después de que el letrado denunciara este domingo un asalto al despacho que comparte con su esposa, la abogada Isabel Elbal.

"Gracias por defendernos poniendo en riesgo vuestro despacho y vuestras carreras. Hoy somos nosotros quienes estamos a vuestro lado para lo que haga falta", ha dicho Torra en un tuit recogido por Europa Press.

Por su parte, Boye ha escrito en su cuenta de Twitter: "Por segunda vez en menos de nueve meses hemos recibido visita de 'desconocidos', aparentemente no se han llevado nada... Veremos si tampoco lo han traído", y ha adjuntado fotografías de la ventana de su despacho forzada.

El Gobierno de La Rioja, a través de las Consejerías de Salud y de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, ha activado los correspondientes protocolos de Seguridad tras la notificación de tres nuevos casos positivos en alumnos y alumnas de dos centros educativos de Calahorra y Arnedillo, y un Centro de Educación Infantil en Logroño.

Al igual que los cuatro primeros casos detectados en Lardero y Calahorra en los últimos días, ninguno de estos casos se ha originado en el ámbito de sus respectivos centros, sino que proceden de entornos familiares y ocio externos.

Una vez conocidos los casos, el trabajo conjunto entre los coordinadores Covid de los centros, el servicio de Inspección Médica Educativa y las consejerías han permitido la rápida puesta en marcha de los protocolos correspondientes, así como la solicitud inmediata de la realización de pruebas PCR a los compañeros de las aulas de estos jóvenes afectados.

Como medida preventiva, en el centro de Arnedillo el aula a la que acude el caso del que se ha notificado el positivo, permanecerá cerrada hasta la realización de las pruebas y obtención de los resultados; mientras que en el caso de Calahorra, al tratarse del ámbito de Secundaria, el aislamiento inicialmente es para sus contactos estrechos.

Estas aulas funcionan como grupos estables de convivencia, con lo que las medidas aplicadas con carácter preventivo no afectarán en modo alguno a la actividad de sus respectivos centros, que podrá seguir desarrollándose con normalidad.

En el caso del Centro de Educación Infantil de Logroño, el grupo estable de convivencia del que forma parte el caso positivo deberá permanecer confinado durante catorce días, como precaución al tratarse de una franja de edad donde no es obligatorio el uso de mascarilla y no se pueden garantizar las medidas de seguridad y distanciamiento.

SIETE CASOS EN TOTAL Y PCR NEGATIVAS EN LARDERO Y CALAHORRA

El Gobierno de La Rioja concluye de este modo la primera semana de curso escolar con un total de siete casos positivos notificados entre el alumnado de Infantil y Primaria en diferentes centros de la región. La totalidad de estos casos tiene su origen epidemiológico en el ámbito familiar o del ocio, es decir, fuera del ámbito de los centros educativos.

La rapidez en la detección de los casos y en la aplicación de las medidas correspondientes por parte del Gobierno de La Rioja ha permitido en todos ellos el corte de la cadena de transmisión y minimizar el impacto de los mismos en el normal transcurso de la actividad de los centros.

De esta forma, en cuanto al caso notificado en un centro de Lardero el pasado jueves por la noche, ayer se concluyeron las pruebas PCR a 50 alumnos, y 3 docentes, con resultado negativo en todos los casos, con lo que mañana lunes esas aulas podrán retomar la actividad con normalidad.

En cuanto a los otros dos casos notificados ayer en Calahorra, en este momento se han completado 33 pruebas PCR a alumnos y 4 a adultos, identificados todos ellos como negativos.

Españoles cuyas parejas son ciudadanos de países de fuera del área Schengen y a los que la pandemia mantiene separados desde hace meses siguen batallando con los Consulados para poder reunirse en España, tres semanas después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación emitiese una instrucción para intentar resolver su caso.

Las autorizaciones van llegando, pero no a todos los que las piden. Victoria recibió este mismo viernes un email del Consulado en Moscú denegándole el permiso para reunirse en Lugo con Gabriel por no poder demostrar una convivencia de un año. A Romina y Daniel, después de un periplo rocambolesco en plena pandemia, el consulado en Túnez les aconsejó que ella volviese a Buenos Aires y él a España para resolverlo todo.

Jorge, mexicano, esperaba reunirse con Manuela en Lombok (Indonesia) en abril, y ahora solo sabe que solo para presentar su solicitud debe viajar personalmente a Yakarta, donde está el Consulado, y desconoce si podría traer con él a España a su hijo de 18 años.

Algunas son parejas de larga duración que han compartido su vida en distintos lugares del mundo, a otras el coronavirus les truncó planes inminentes de establecerse en España, pero todas tienen en común que no están registradas oficialmente y, por lo tanto, no pueden cruzar fronteras que están cerradas para la mayor parte de los ciudadanos.

Tras cuatro meses de campaña en redes sociales con la etiqueta 'Love is not tourism' ('Amor no es turismo'), el 20 de agosto el Ministerio de Exteriores anunció un procedimiento, en colaboración con Interior, para que los Consulados puedan acreditar que existe una relación de pareja y emitir un documento que les permite embarcar en un avión rumbo a España.

Sin embargo, en la práctica los trámites están demostrando ser más lentos y los requisitos menos laxos de lo que algunos esperaban, en parte porque hay Consulados que siguen exigiendo una prueba de convivencia durante un año. Es decir, lo que pone, negro sobre blanco, el artículo del real decreto de 2007 en el que se basa todo el procedimiento y lo que precisamente muchas de estas parejas no pueden demostrar.

"No es necesario haber convivido en el mismo domicilio más de un año. Es necesario probar que la relación ha tenido una duración de al menos un año. Así se ha trasladado a todos nuestros Consulados", escribió en Twitter el secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, ante las protestas de quienes se vieron decepcionados los primeros días.

CONSULTA A LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Muñiz también desveló esta semana, en una intervención telemática en una Universidad chilena, que para elaborar el procedimiento se hizo una consulta a la Abogacía del Estado y que ésta aclaró que una relación duradera puede incluir aquellas parejas que no han convivido. Ahora, Victoria y Gabriel han vuelto a enviar su solicitud al Consulado en Moscú adjuntando el enlace a esta conferencia.

Fuentes de Exteriores han asegurado que se están empleando a fondo en garantizar que se cumple la orden y que el director general responsable de asuntos consulares ha remitido a las oficinas dos telegramas, y ha hablado por teléfono con 40 de ellas. En algunos Consulados, afirman, el porcentaje de 'luces verdes' es del 90 por ciento.

En Twitter, después de unas primeras semanas de confusión, algunos usuarios comparten su alegría por haber recibido el 'ok' de Consulados como Nueva York o Houston. Desde Rosario (Argentina) lo consiguió Jesica, que había viajado a su países natal para arreglar sus papeles de nacionalidad italiana cuando se cerraban las fronteras. Su caso era de los más sencillos porque desde Calafell (Tarragona) su novio Tomás pudo enviar un certificado de empadronamiento conjunto.

En el Ministerio no tienen datos de cuántas personas están afectadas por ésta situación pero el grupo de afectados en España que existe en Facebook tiene 1.120 miembros. Entre ellos está Laura, que por el momento solo ha hecho una consulta al Consulado de España en Guatemala para que Ángeles pueda viajar. Ellas sí convivieron en este país, pero solo guardan el contrato de los últimos seis meses, antes de que Laura volviese a España y empezase los trámites para asentarse ambas como pareja en Zaragoza.

¿FACTURAS DE UBER?

Ángeles debía seguirla después y ahora esperan que su casero quiera atestiguar que convivían, o que les acepten otro tipo de pruebas, como facturas de Uber que coinciden en la misma dirección, o la carta de invitación que la familia de Laura escribió para que ambas viajasen a España unas Navidades. Su primera consulta al Consulado recibió como respuesta, este jueves, un email genérico en el que se les informa de que deben acreditar un año de convivencia.

Según la información de Exteriores, las parejas pueden demostrar su relación con otros documentos, desde un "acta de manifestaciones ante notario" del ciudadano comunitario hasta acreditación de cita para contraer matrimonio en España, pasando por cuentas bancarias o facturas conjuntas, o invitación conjunta a eventos familiares.

DECISIÓN DEL CÓNSUL Y DE LOS AGENTES DE FRONTERAS

La lista, según la infografía que difundió el Ministerio en redes sociales, no es exhaustiva, así que la evaluación depende de cada cónsul. La decisión final sobre la entrada en España es, siempre, de los agentes de frontera.

España se convirtió en el undécimo país europeo en abrir una vía para resolver este problema pero, al igual que Francia, Alemania, República Checa, Italia o Finlandia, la campaña internacional 'Love is not Tourism' avisa de que el sistema es restrictivo.

Quienes no han podido beneficiarse del procedimiento iniciaron otra campaña para pedir a España y otros países que hagan como Dinamarca, que admite la entrada de parejas solo con una PCR negativa y una declaración solemne, que puede descargarse por Internet, de que la relación tiene al menos tres meses de duración y de que las personas se han visto regularmente.

Algunos españoles consultados afirman que Dinamarca pide también un billete de vuelta a quienes quieren entrar, porque no se trata de reunificación, sino de que puedan verse parejas que siempre han estado a distancia, pero esa información no figura en la web del Gobierno danés.

"Dinamarca es un buen ejemplo de un sistema poco burocrático que demuestra confianza en los ciudadanos daneses", dice un portavoz de la campaña internacional.

ESPAÑA NO SE SUMARÁ AL MODELO DANÉS

El Gobierno español, por su parte, descarta aplicar este modelo y considera que no es necesario ningún cambio legal. El sistema español, afirman las fuentes, está en línea con el francés o el alemán y la rareza es más bien Dinamarca.

Para Mónica Guzmán Zapater, catedrática de Derecho Internacional Público de la UNED, las españolas son "instrucciones claras para una situación nueva". A su modo de ver, si se trata de despejar sospechas de fraude, lo más adecuado sería hacer entrevistas a partir de cuestionarios, como ya hacen muchos cónsules para detectar matrimonios de conveniencia.

Eso opinna también Rubén, residente en Alicante que solo ha pasado siete meses conviviendo con Olga, pero no tiene ningún documento oficial y asegura que el acta de manifestaciones ante notario solo se acepta si se acompaña de otros documentos.

El hecho, explican fuentes jurídicas, es que el concepto de pareja, incluso el de pareja no registrada, está muy ligado al de matrimonio que se recoge en el Código Civil. "Nuestra relación estable de cuatro años de viaje por el mundo no corresponde para nada al modelo antiguo que determina una pareja bajo los ojos de las autoridades españolas", se lamenta Jorge desde Lombok, "a 200 euros de avión o tres días de ferry" del Consulado español más cercano.

El juicio contra el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo por delitos de calumnias y denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán se celebrará este viernes en el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid.

Esta vista, que se ha retrasado hasta en tres ocasiones entre otras causas por la pandemia, es el primer juicio señalado contra Villarejo, que permanece en prisión desde noviembre de 2017 por el 'caso Tándem' --que se sigue contra él en la Audiencia Nacional--. El comisario jubilado se enfrenta ahora a dos años de cárcel por denuncia falsa y calumnias a Sanz Roldán.

Por lo que respecta al primero de los delitos que se le imputan, se trata de la denuncia interpuesta el 1 de junio de 2017 por Villarejo contra Sanz Roldán y un periodista por un artículo sobre sus "tentáculos" en el mundo judicial que se ilustraba con una fotografía suya, según denunciaba, obtenida en una operación antiterrorista en la que había participado como agente encubierto.

En la imagen aparecía Villarejo descendiendo de un avión en la zona de pistas del aeropuerto de Melilla y, siempre según su denuncia, formaba parte de un dossier que el CNI habría facilitado al periódico 'El País' con el conocimiento y autorización de Sanz Roldán, lo cual sería constitutivo, en su opinión, de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y de un delito de colaboración con actividades de organizaciones terroristas.

La denuncia no fue admitida a trámite y el juez ordenó el archivo de las actuaciones. Villarejo recurrió en reforma y en apelación, sin ningún éxito, y finalmente la Fiscalía y la Abogacía del Estado acabaron emprendiendo acciones contra él por denuncia falsa en los juzgados de Madrid.

LAS AMENAZAS A CORINNA

Por lo que respecta al delito de calumnias, la Fiscalía afirma que el 5 de junio de 2017, en el programa "Salvados", de la Sexta, el acusado manifestó que Sanz Roldán había amenazado de muerte a la examiga del Rey emérito Corinna Larsen "siendo consciente de que no era cierto".

En el listado de testigos de este juicio, está de hecho Larsen, que fue propuesta por Villarejo para ratificar esas supuestas amenazas. En una declaración jurada ante notario, la empresaria acusaba a Sanz Roldán de estar detrás de una "campaña" en su contra y de amenazarla personalmente en un hotel de Reino Unido en el año 2012, después de que Don Juan Carlos tuviera el accidente en Botsuana.

También están citados como testigos el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera; y la ex responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y actual jefa de Gabinete de la ministra de Defensa, Esperanza Casteleiro. Ambos a instancias de la defensa de Villarejo.

Sin embargo, la magistrada ha rechazado las testificales del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y de cuatro periodistas. Se opone a practicar estos interrogatorios al entender que lo que podrían acreditar los dos primeros lo hará el propio Olivera y que el conocimiento de los segundos es de fuente indirecta o lo puede atestiguar Corinna Larsen.

El líder del PP, Pablo Casado, quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclare este miércoles en el Congreso qué "recortes" planea el Ejecutivo, mientras que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pretende que hable sobre su compromiso con la regeneración democrática.

¿Qué recortes vamos a tener que soportar los españoles en los próximos años?", reza textualmente la pregunta que Casado ha registrado para Sánchez, al que reclamará que especifique si el Gobierno está barajando la posibilidad de congelar el sueldo de los empleados públicos.

El pasado jueves, Casado ya instó al Ejecutivo a aclarar si estudia una congelación del sueldo de los funcionarios y una subida en la cotización de los trabajadores autónomos, avisando ya de que no piensa "aceptar ningún 'trágala'" en las pensiones, dentro de la negociación de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

De su lado, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aprovechará su turno de debate con Sánchez para instar al presidente del Gobierno a concretar si tiene su Ejecutivo "un compromiso real con la regeneración democrática".

Arrimadas podría aprovechar su intervención para sacar la presunta 'caja B' de Podemos denunciada por su exabogado José Manuel Calvente o los "dedazos políticos" con los que, según suele denunciar, PSOE y PP se han repartido tradicionalmente la elección de los miembros Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

PERMISOS PARA CUIDAR MENORES

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borrás, intentará que el jefe del Ejecutivo avance qué medidas piensa tomar para "dar seguridad" a las familias en este curso escolar que ya ha empezado y que estará "marcado por la pandemia" de Covid-19.

En concreto, la independentista catalán quiere que Sánchez aclare ya, después de las contradicciones surgidas en el Gobierno, si finalmente los padres y madres con menores en cuarentena podrán tener un permiso retribuido.

En la misma sesión de control del miércoles, la oposición dirige tres interrogantes a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y dos al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Así, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, le pedirá que dé cuenta de las "pruebas de lealtad" que ha dado el Gobierno a la oposición para pedirle que ahora "arrime el hombro", y su homólogo de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, aprovechará su pregunta para echar en cara a la vicepresidenta la gestión del Gobierno--"¿Es consciente que la gestión está perjudicando sobre todo a los españoles más vulnerables?"--.

MEMORIA HISTÓRICA

La tercera pregunta para Calvo la firma la diputada de Esquerra Republicana (ERC) Carolina Telechea, quien busca que Calvo explique a la Cámara las medidas que pretende aprobar el Gobierno para reparar a las víctimas de delitos y vulneraciones de derechos durante el franquismo y la Transición. Previsiblemente, el Consejo de Ministros aprobará esta semana el proyecto de ley de reforma de la Memoria Histórica.

A Calvo dirige también la CUP una interpelación, en su condición también de ministra de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes, sobre precisamente "la relación del Gobierno con las Cortes y la necesidad de transparencia", según reza el título de la iniciativa.

El fenómeno de la okupación es el tema elegido por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para preguntar, por su parte, al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, mientras que la secretaria general de Vox, Macarena Olona, le planteará si va a dimitir tras los "escándalos judiciales" que le afectan tanto a él como a su partido.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, interrogará el próximo martes en calidad de testigo a la exabogada de Podemos Mónica Carmona en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en la financiación del partido.

La causa se inició a mediados del pasado mes de agosto a raíz de la denuncia del abogado despedido de la formación José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros delitos.

Por su parte, la Fiscalía de Madrid informó la semana pasada en favor de investigar el asunto y señaló que ve indicios en la denuncia de Calvente, pero únicamente eno en lo referido al contrato suscrito para las elecciones generales de abril de 2019 entre el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting. Se trata de la misma sociedad a la aludía el Tribunal de Cuentas en un informe en el que señalaba posibles irregularidades contables que podrían tener también consecuencias en el ámbito penal.

Sobre las otras cuestiones señaladas por Calvente en su denuncia, entre ellas las relativas a obras en la sede del Partido, la Fiscalía reseña que no encuentra indicios delictivos mientras que otro grupo de irregularidades aludidas por el abogado despedido parecen provenir de "rumores, sospechas o suspicacias" que no deben ser parte de la investigación judicial.

El juez Escalonilla imputó a Podemos como persona jurídica después de escuchar la ratificación d ella denuncia de Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

CARMONA QUISO INVESTIGAR CON CALVENTE

Carmona, que está citada para este martes 15 de septiembre, es otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre.

Estas irregularidades, según la versión del abogado denunciante, habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. Calvente dirigió sus sospenchas hacia Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

Por el momento, el juez ha imputado a Podemos, ha aceptado la personación de Vox como acusación popular y ha requerido abundante información y documentación tanto a Podemos como a organismos públicos, al grupo de policía judicial, al Tribunal de Cuentas, al Registro Mercantil, al Registro de Cooperativas de Madrid y a entidades financieras.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, inaugurará este lunes el VIII Foro Parlamentario Hispano-Portugués, que se celebra en Lisboa, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro luso, Antonio Costa, y con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Este Foro Parlamentario, que se celebra con carácter previo a la cumbre gubernamental entre España y Portugal que tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre en Guarda (Portugal), dará comienzo a las 09.30 horas, con la internveción de Batet y del presidente de la Asamblea de la República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Posteriormente, la presidenta del Congreso mantendrá una reunión con su homólogo; al mediodía, con el primer ministro portugués, Antonio Costa, y ya por la tarde será recibida por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.

RETOS COMUNES DE ESPAÑA Y PORTUGAL

Paralelamente, tras la inauguración, se iniciarán los trabajos del Foro Parlamentario con la celebración de la primera mesa de debate sobre los desafíos comunes de España y Portugal en Europa, y sobre las 11.30 horas está previsto el inicio de otras dos mesas de trabajo que, bajo el título de "Cooperación Transfronteriza: Infraestructuras y Conectividad", se tratarán temas de transportes, vías de comunicación, innovación y transición digital.

Simultáneamente, el tercer panel, "Cooperación Transfronteriza: Comunidades y Territorio", abordará asuntos relacionados con población, medioambiente, energía, redes de apoyo a las poblaciones de frontera, apoyos a la fijación de población en el interior y descentralización administrativa.

La clausura del acto, prevista para las 16.30 horas, contará de nuevo con la intervención de la presidenta del Congreso y del presidente de la Asamblea de la República de Portugal.

DELEGACIÓN DEL CONGRESO

La delegación del Congreso, encabezada por Batet, está integrada por una representación de la Mesa de la Cámara formada por Ana Pastor (vicepresidenta segunda), Gloria Elizo (vicepresidenta tercera), Ignacio Gil Lázaro (vicepresidente cuarto) y Adolfo Suárez Illana (secretario cuarto).

También participarán otra decena de miembros del Congreso, entre ellos la presidenta de la Comisión de Política Territorial, Luisa Carcedo; el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Celso Delgado, o la presidenta de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la UE, Susana Sumelzo.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al narcotráfico de hachís en las provincias de Málaga y Cádiz. Tras más de un año de investigaciones, la operación, denominada 'Tortilla', ha culminado con la detención de 64 personas investigadas por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según han informado desde el instituto armado, el conocido como clan de los Pinchos supuestamente operaba en las costas de Málaga y Cádiz, aunque el grueso de la organización se ubicaba en el Campo deGibraltar.

En esa zona, la Guardia Civil ha encontrado hasta un varadero para las narcolanchas en uno de los registros practicados en Palmones (Cádiz). Seis de estas embarcaciones han sido incautadas, además de 16 vehículos. En total, el valor de lo intervenido asciende a tres millones de euros.

Fruto de estos registros, la Guardia Civil, con la colaboración de Europol, ha incautado a la organización ocho toneladas de hachís. La organización desmantelada introducía en España entre 3.000 y 6.000 kilos de esta droga al mes, según han indicado en un comunicado.

El primer alijo fue interceptado por los agentes en el paraje conocido como Catalaraje, en Estepona (Málaga). Ahí, la Guardia Civil detiene a los seis primeros miembros de la organización y logra incautar casi tres mil kilos de hachís.

Los investigadores continuaron las pesquisas y comprueban como enposteriores alijos los cabecillas cambian la manera de desembarcar la droga ante la presión de la Guardia Civil.

En un segundo alijo intervenido, la organización realiza varios desembarcos en zonas de difícil acceso desde tierra, fraccionando la carga, para evitar jugársela en un solo punto de la costa, han explicado desde el instituto armado.

En otra ocasión, el clan opta por realizar dos alijos simultáneos usando para ello dos embarcaciones rápidas. Además llegan a cambiar la zona de desembarco, llegando a alijar a la misma vez en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga.

Según han explicado, a pesar de todas las variantes del modus operandi que usa la organización para conseguir introducir el hachís en la Península, la Guardia Civil le incauta a la organización ocho toneladas de hachís en cuatro alijos.

Por otra parte, los investigadores detectan operaciones de blanqueo y reciclaje de capital procedente del narcotráfico. Para ello adquirían el material náutico necesario para realizar las actividades ilícitas a una empresa de uno de los componentes de la organización, siendo los administradores sus propios padres.

Para realizar los pagos de dicho material náutico (motores, medios electrónicos, material de náutica) usaban como testaferros a personas con poca o ninguna capacidad económica, en algunos casos en estado de marginalidad.

El valor de lo incautado asciende a tres millones de euros, entre ello embarcaciones, vehículos, bienes muebles e inmuebles, así como el embargo de sus cuentas bancarias.

En la explotación de la operación han participado 250 guardias civiles de la Comandancia de Algeciras, Servicio Aéreo, Grupo de Acción Rápida, Grupo de Reserva y Seguridad, así como el CCON y el OCON.

Un tribunal de cinco magistrados escuchará el viernes los argumentos de la defensa de Quim Torra contra la condena de año y medio de inhabilitación que le fue impuesta por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), que le ordenó retirar símbolos independentista durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.

La confirmación de la sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) supondrá ejecutar la inhabilitación y la salida de Torra de la Presidencia de la Generalitat.

Los cinco magistrados encargados de dirimir este asunto son Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Vicente Magro y Susana Polo, los tres primeros integrantes de la Sala que dictó la sentencia por el 'procés' independentista en Cataluña.

En el trámite del próximo jueves las partes podrán exponer sus posturas, es decir, la Fiscalía defenderá ante el tribunal que confirme la condena -de hecho pidió la inadmisión de plano del recurso de la defensa, algo que la Sala no aceptó--, mientras que la defensa de Torra pedirá de nuevo la absolución.

NO SE BUSCA PERSECUCIÓN POLÍTICA

La petición de la Fiscalía obedeció a su convicción de que las resoluciones del órgano que controla los procesos electorales que afectaron a Torra no tenían como finalidad perseguirle políticamente, tal y como sostiene la defensa del presidente de la Generalitat en su recurso, y que por eso debió inadmitirse de plano.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó el pasado 19 diciembre a Torra por no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar una pancarta colocada por la Generalitat por la libertad de los políticos independentistas presos y el lazo amarillo durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.

Por estos hechos fue sentenciado a un año y medio de inhabilitación y a una multa de 3.000 euros por un delito de desobediencia, que de ser confirmada por el Supremo adquiriría firmeza. Torra reconoció en el juicio que se celebró en el TSJC el 18 de noviembre de 2019 que desobedeció a la JEC, alegando que "era imposible cumplir una orden ilegal".

Ciudadanos forzará una votación en el Congreso de los Diputados respecto a la situación en la que se encuentran los militares temporales de tropa y marinería que deberán abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años.

El partido liderado por Inés Arrimadas debatirá sobre el asunto la próxima semana con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una interpelación urgente que se traducirá en una moción consecuencia de interpelación que deberá ser votada en el siguiente Pleno que celebre la Cámara y obligará a todos los grupos parlamentarios a posicionarse al respecto.

Ciudadanos sitúa a estos militares como uno de los colectivos que sufren el "trágico escenario" que ha provocado la pandemia y "su deficiente gestión por el Gobierno", "servidores públicos que ponen su vida al servicio de nuestro país y de nuestra protección y defensa y que, sin embargo, se verán expulsados del Ejército y en situación de desempleo en el peor momento posible".

Según lamenta, el Ministerio de Defensa no ha dado soluciones a la "triste y desalentadora" situación en la que se encuentran los militares de tropa y marinería, que deben abandonar la carrera militar al cumplir los 45 años.

"Aquellos que no hayan tenido la ocasión de ascender o de reconvertir su situación de temporalidad en permanencia se verán expulsados de las Fuerzas Armadas y se encontrarán parados a la temprana edad de cuarenta y cinco años", denuncia la formación 'naranja'.

Ciudadanos defiende que es "perentorio e inaplazable" un cambio normativo y lamenta que los dos partidos que forman parte del actual Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, estaban a favor de ello cuando ocupaban la oposición pero no lo apoyan ahora que pueden hacerlo desde el Palacio de la Moncloa.

A su juicio, la solución es aún más urgente en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia y la implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el Covid-19. "Muchos militares pasarán de estar luchando contra la propagación del virus a verse al día siguiente despedidos por haber cumplido cuarenta y cinco años", lamenta.

La propuesta de Ciudadanos propone prorrogar el compromiso de larga duración de estos militares durante la actual situación de "depresión económica para evitar que pasen a una situación de desempleo "en un escenario de oportunidades laborales que, si ya es hostil a partir de esa edad, se antoja absolutamente adverso en el actual contexto".

VETO DEL GOBIERNO A UNA LEY DE VOX

Precisamente, el Gobierno mostró esta semana su oposición a la tramitación de una proposición de ley registrada por Vox sobre el mismo asunto y que pedía la aprobación de una ley única de la carrera militar para, entre otros asuntos, acabar con la salida de militares a los 45 años.

El Ejecutivo ha argumentado que esta medida tendría un coste anual de 208 millones de euros y ha vetado la tramitación de la reforma legislativa, aunque la decisión final aún está en manos de la Mesa de la Cámara.

La vista oral del denominado 'caso SGAE' se celebrará desde este lunes en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional, y en ella se juzgará a once personas, entre las que se encuentra el que fuera presidente del Consejo de Dirección de la sociedad de autores Teddy Bautista, por el desvío "masivo" de fondos.

Según el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado del juez instructor José de la Mata, la trama habría cometido delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.

De la Mata indicaba, tras siete años de investigación, que los inputados llevaron a cabo "una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de la SGAE" a la organización comandada por José Luis Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a 'Microgénesis' de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas, causando "perjuicios y pérdidas constatados" para la sociedad de autores.

En su escrito de acusación, que data de septiembre de 2017, el fiscal interesaba siete años de cárcel y una multa de 135.000 euros para el expresidente del Consejo de Dirección de la SGAE Teddy Bautista, y le imputa un delito de apropiación indebida.

Entre los otros diez acusados se encuentra José Luis Rodríguez Neri, exdirector de la SDAE --filial digital de la SGAE--, para el que se solicita la pena más alta, doce años y medio de prisión y una multa de 270.000 euros por apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita; lo mismo que para Rafael Ramos, exsocio de Rodríguez Neri.

La mujer de Rodríguez Neri, María Antonia García Pombo, y la hermana de ésta, Pilar, también están acusadas en esta causa de apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita, por lo que el fiscal pide para las dos diez años y siete meses de prisión y 258.000 euros de multa.

Otra de las procesadas es la hermana de Rodríguez Neri, Juana Cristina, para quien el Ministerio Público solicita ocho años y tres meses de cárcel y 180.000 euros de multa por los mismos delitos que los anteriores.

La hija del socio de Bautista, Leticia Rodríguez Álvarez, está procesada también por asociación ilícita y el fiscal pide para ella dos años de prisión y multa de 54.000 euros. Según el escrito, colaboró con su padre en diferentes actos jurídicos con la finalidad de ocultar "la auténtica realidad de los hechos relacionados con Microgénesis", empresa de su padre.

Para Enrique Loras García, exdirector general de la SGAE, y Ricardo Azcoaga Quincoces, exdirector financiero, el Ministerio Público pide en su escrito de conclusiones seis años y un mes de cárcel así como 67.500 euros de multa por un delito continuado de apropiación indebida.

PERJUICIO DE 47 MILLONES DE EUROS

La Fiscalía Anticorrupción estima que el perjuicio causado a la SGAE por el desvío de fondos ascendería a 47.606.746,46 euros, cantidad con la que nueve de los once acusados tendrían que indemnizar a la asociación.

La Fiscalía también dirige la causa como responsables civiles contra 14 empresas que son Microgénesis, Ribera de Mayorga, Hipotálamo, Micromega Consultores, Servicios Informáticos Ciberneto, Imago Mundi, Canal Micro, Microgénesis producciones, Res Cognita, Luna Promociones, Sciralia, Coqnet, Microgénesis Medio y Communi TV.

TÁNDEM BAUTISTA-NERI

En el escrito, el fiscal apunta que Bautista --que ostentó la presidencia de la asociación durante 16 años-- dispensó "en todo momento un trato preferencial" a Neri, quien mantuvo una posición de "privilegio" debido a su cercanía con Bautista.

Precisa que introdujo a Microgénesis (empresa de Neri y a cuyo frente estaba su mujer y también acusada María Antonia García Pombo) en la sociedad en 1998 para abordar líneas de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. La retribución mensual de la compañía oscilaba entre los 5.000 y 6.000 euros.

El afianzamiento de Microgénesis como "sociedad de trato preferencial" de la SGAE se fortaleció "de modo imparable" en el tiempo, según el fiscal, que detalla que se llegó a apoderar a Neri por acuerdo de la Junta Directiva para abrir y gestionar una cuenta bancaria referida a subvenciones de la Comisión Europea.

Neri y su socio, el también acusado Rafael Ramos, idearon una "malla societaria" con la que aparentaron contrataciones ilícitas que les reportaron un "inequívoco lucro ilícito" para ellos y sus familiares, también implicados en la trama. Igualmente se valieron de empresas pantalla como Portal Latino.

SDAE, UNA ESTRUCTURA "SUPERFLUA Y NOCIVA"

El escrito resalta cómo tanto Neri como Bautista pusieron en marcha en el año 1999 la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), pese a la nulidad acordada por la Audiencia Provincial de Madrid confirmando la del juzgado de primera instancia, y la convirtieron con el paso de los años "en una superestructura, además de superflua, nociva para la SGAE.

Además, los acusados intentaron que no existieran expedientes sobre los procedimientos abiertos en la sociedad de autores y sortearon los controles de las compras estipulados, lo que llevó a Neri a actuar con una "permisividad excepcional" incluso en operaciones superiores a los 6.000 euros.

Anticorrupción expone igualmente que el monto total de perjuicio causado entre los años 2003 y 2007 de la SDAE a la SGAE fue de 2.099.095,13 de euros debido, en gran parte, al impulso que los acusados pretendían dar a TESEO, un proyecto para potenciar la promoción de contenidos en la red y sistema "ilícito desde su origen" para la Fiscalía.

El expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha sostenido este domingo que solo JxCat puede garantizar que Cataluña tenga "un Govern netamente independentista".

"Lo que está claro es que JxCat competirá en estas elecciones y que de su resultado dependerá que haya un Govern netamente independentista", ha insistido en una entrevista en 'El Món'.

Según él, en las próximas elecciones los partidos independentistas no prevén presentar una lista conjunta porque no lo consideran la mejor fórmula: "Como el paradigma ha cambiado, porque es una opción descartadísima por una parte del independentismo, nos obliga a competir entre nosotros".

"No es una decisión que haya tomado JxCat, que habría querido no tener que entrar en una competición electoral. Pero la habrá. Lo que no podemos hacer ahora es lamentarnos porque vamos confrontados a las elecciones", ha dicho.

Ha atribuido esta situación a la falta de unidad política y al hecho de que el independentismo no haya creado "una dirección aliada, un espacio donde todas las decisiones fueran compartidas, desde la mesa de diálogo hasta el fin de la legislatura".

ELECCIONES Y ERC

Sobre hasta cuándo aplazar las elecciones que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció a principios de año que convocaría, ha afirmado que "en principio se deberían celebrar en diciembre de 2021, que es cuando se termina la legislatura".

"Creo que la decisión del presidente Torra fue tomada con mucho rigor y que los efectos se ven, porque ahora tenemos un Govern que está más preparado para afrontar una segunda ola de la pandemia de lo que lo estaría un gobierno nuevo", ha dicho.

Preguntado sobre si dudó en plasmar en su nuevo libro las relaciones con ERC durante 2017, ha dicho: "Llevamos tres años escuchando muchas versiones sobre muchas cosas que me han afectado, corría el riesgo de que quedara instalada una determinada narrativa que no se corresponde con la realidad".