Plena Inclusión ha estimado que las entidades del sector de la discapacidad tienen un sobrecoste entre un 30 por ciento y un 40 por ciento superior a lo habitual por las consecuencias del coronavirus.
«Nos cuesta ahora mantener nuestras entidades entre un 30 y un 40 por ciento más. Si las ayudas no se incrementan en una proporción parecida podemos tener dificultades para la sostenibilidad de alguno de nuestros centros», ha asegurado el vicepresidente de Plena Inclusión, Juan Pérez.
Así lo ha manifestado este lunes el vicepresidente de la institución durante su intervención en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, donde ha informado sobre los retos a afrontar en la atención integral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.
En concreto, Pérez ha hecho referencia al «sobreesfuerzo» que han tenido que hacer, especialmente al comienzo de la pandemia, con la compra de material sanitario como Equipos de Protección Individual (EPI), mascarillas o guantes. «No queremos bajo ningún aspecto que nos ocurra algo que seria un drama, que sería que los recursos que nos llegan fueran destinados a las estructuras y no a financiar proyectos», ha advertido.
Por ello, ha reclamado una financiación «estable» y que los sistemas de subvenciones «se puedan consolidar como derechos de las personas». «Venimos reclamando desde hace tiempo una mejora en la financiación, que es necesaria», ha precisado.
«Si hablamos de reconstruir nosotros también tenemos que formar parte de esa reconstrucción, porque si no es muy difícil salir adelante. Los Fondos Europeos nos parecen fundamentales», ha apostillado Pérez.
400 FALLECIDOS EN RESIDENCIAS
En cuanto a las pérdidas humanas, el vicepresidente de Plena Inclusión ha lamentado el fallecimiento por la Covid-19 de más de 400 personas con discapacidad en centros residenciales, cifra que, en sus palabras, «se podría ampliar porque se han producido fallecimientos de personas que viven con sus familias».
En este punto, ha recordado que en la primera ola de la pandemia han sufrido «un verdadero drama», ya que, además de los más de 400 fallecimientos en sus servicios residenciales, han sufrido «insultos y persecución» de familias cuando realizaban paseos terapéuticos; pérdida de empleo; aumento de problemas de salud mental y comportamiento; o soledad.
Ante esta situación, Pérez ha hecho hincapié en la necesidad de un plan de choque de apoyo ya que las entidades del sector de la discapacidad están haciendo «esfuerzos» para afrontar la crisis del coronavirus. «Ante las dificultades poner en valor el gran comportamiento de nuestras residencias y pisos tutelados que han dado un ejemplo de valentía», ha dicho.
En la misma línea, el presidente de la Confederación Española de Personas Con Discapacidad Física y Orgánica (COFEMFE), Anxo Queiruga, ha reclamado poder acceder a los Fondos Europeos por haber sufrido «en primera persona» la pandemia y por ser una «pieza clave» de la defensa de los derechos. «Necesitamos transformar nuestras organizaciones para seguir prestando una atención de calidad», ha concretado.
Para el presidente de COCEMFE, el Covid-19 «lo ha inundado todo» y las personas con discapacidad física y orgánica han vivido «un enorme retroceso» durante el último año. Así, ha resaltado que desde la llegada de la pandemia el 73% de las personas con discapacidad han visto retrasadas sus citas médicas; el 56% ha tenido un empeoramiento de su salud; el 40% ha visto interrumpido sus tratamientos; el 20% se ha encontrado con una negativa a recibir atención sociosanitaria; y el 37% ha vivido un retroceso en general en sus derechos.
«Hemos visto y vivido cómo se priorizó a las personas sin discapacidad sobre las personas con discapacidad», ha criticado Queiruga, quien ha pedido que el colectivo sea un grupo prioritario en la vacunación por tener «un mayor riesgo de contagio o de desarrollar un Covid grave».
Precisamente, el presidente de la organización ha explicado que es «fundamental» que se vacune a la población en función de su grado de vulnerabilidad y ha incidido en que el Estado «tiene la obligación de asegurar la protección de los colectivos más vulnerables».
Asimismo, ha señalado que es «urgente» modificar la Ley de Propiedad Horizontal porque, a su juicio, resulta «inexplicable» que continúe habiendo personas que no pueden salir de sus viviendas, «transformándose sus hogares en sus propias cárceles». «Con la llegada de la pandemia todas las personas hemos vivido un confinamiento domiciliario, esto debería servir para tomar conciencia de que esta situación no debe seguir ocurriendo», ha apostillado.
Otra de las medidas prioritarias para el colectivo según COCEMFE es la creación de una nueva Ley General de Empleo, que incluya nuevas medidas que mejoren la empleabilidad del colectivo. «Un empleo digno y de calidad es un derecho de todas las personas. Nos permite participar de forma activa en la sociedad y disponer de los recursos económicos necesarios», ha dicho Quiruga.
«Tenemos que tener garantizado el derecho a la autonomía personal, que decidamos sobre todo lo que nos afecta y que podamos participar en la sociedad de forma activa», ha manifestado el presidente de COCEMFE, destacando que una de cada tres personas con discapacidad está en situación de pobreza o exclusión, algo que «influye directamente en la autonomía personal».
LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL «NO SE VAN A QUEDAR EN LA CALLE»
Respecto a la nueva ley de educación, conocida como ‘Ley Celaá’, Quiruga ha indicado que son «defensores claros» de la educación inclusiva, pero ha matizado que «tiene que tener los apoyos y recursos para que sea una educación de calidad».
En sus palabras, la educación inclusiva «favorece también enormemente» a las personas que no tienen discapacidad porque «lo desconocido enriquece». «Nadie está diciendo que se cierren mañana los centros de educación especial, los niños no se van a quedar en la calle. Tenemos que procurar que la inclusión sea real y efectiva con los apoyos que necesita», ha defendido.
Durante el turno de réplica, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Yolanda Seva ha subrayado que la lucha por una sociedad justa y solidaria, con igualdad de derechos y oportunidades, «es un trabajo de todos» y ha apostado por «el conocimiento, la comprensión y la difusión de la realidad» para poder vivir en una sociedad «más justa que valore la diversidad y favorezca la igualdad». «La LOMLOE garantiza la dotación y protección de los centros de educación especial», ha dicho.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Alicia García ha destacado que «hay que mejorar» el acceso a las prestaciones; ha criticado la supresión de la prestación por hijo a cargo; y ha preguntado si con la ‘Ley Celaá’ el Gobierno va a dejar sin financiación pública a los centros de educación especial.
En representación del Grupo Vox, Rocío de Meer ha cuestionado si la educación especial es de «peor calidad» que la educación inclusiva y ha señalado que «se habla muy poco» sobre el supuesto de interrupción del embarazo en el ámbito de la discapacidad.
Por otro lado, la diputada del GCUP-EP-GC Marisa Saavedra ha insistido en la «necesidad» de avanzar en la inserción laboral. «Es fundamental la cuestión de la inserción en el mercado ordinario. Ahí tenemos un reto como sociedad. La inclusión social pasa también por la inclusión en el ámbito laboral», ha afirmado la diputada de la formación morada.
Por último, la diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Sara Giménez, ha agradecido el trabajo de las organizaciones que están al frente en el ámbito de la discapacidad y ha calificado de «asunto especialmente grave» la discriminación en la atención sanitaria durante algunos momentos de la pandemia.
