El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este martes en el pleno del Senado que "no hay represión" en Cataluña, al tiempo que ha recalcado la independencia del Poder Judicial, en respuesta a una pregunta de JxCat en la que ha denunciado supuestas contradicciones entre las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional sobre el 'procés'.

El senador de Junst per Catalunya Josep Lluís Cleries ha sostenido que el fallo de la Audiencia Nacional del pasado 21 de octubre que absuelve al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y a la cúpula de la policía catalana por su papel en el proceso independentista "desautoriza" la versión del Tribunal Supremo, que el año pasado condenó al ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y a varios ex consellers por el 1-O.

"Se demuestra que son, por tanto, presos políticos condenados únicamente por sus ideas, por defender la independencia de Cataluña de forma pacífica", ha dicho Cleries antes de preguntar a Campo si "es consciente el Gobierno de que esta sentencia (sobre Trapero) hace evidente la represión violenta del 'a por ellos' del Estado español que se ejerció el 1 de octubre de 2017".

"No hay represión del Estado español contra Cataluña", le ha respondido tajante el ministro, incidiendo en que nuestro país es un Estado Social y Democrático de Derecho "donde cada uno de los poderes del Estado ejerce su función con absoluta independencia".

EL ÚNICO DIÁLOGO POSIBLE, LA AMNISTÍA

Cleries, sin embargo, ha insistido en que "el 1 de octubre hubo represión y violencia del Estado español contra Cataluña" y ha afirmado que esta represión ha continuado, poniendo como ejemplo la 'Operación Voloh', en la que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos para financiar el 'procés', y que ha tachado de "monetaje".

Para Cleries, en "la falsa democracia plena española, donde los que van con la bandera franquista --es decir, son unos fachas-- están protegidos y, si eres un demócrata independentista catalán padeces represión y persecución", no cabe mesa de diálogo alguna.

"Ahora el único diálogo posible con ustedes no es otro que la amnistía de los presos políticos y exiliados. Todo lo demás es una cortina de humo para esconder a este Estado represor", ha espetado. "Aunque la represión la vistan de diálogo, en represión se queda", ha remachado.

Campo, por su parte, ha reiterado su posición, reprochando a Cleries que tanto si tienen "una sentencia que les gusta" como una que no hablan de "represión". "No salen de esa canción", ha lamentado, enfatizando que "el Estado de Derecho es mucho más amplio que esa visión absolutamente reduccionista".

UNA SENTENCIA TRES AÑOS DESPUÉS

El ministro de Justicia ha aclarado que, en cualquier caso, "nunca" se pronunciará sobre resoluciones de judiciales. No obstante, sí ha confesado que le hubiera gustado que la sentencia del 'procés' "no hubiera tardado tres años".

A este respecto, ha aclarado que no culpa a la tutela judicial, sino que lo achaca a que "el sistema judicial está todavía carente de esas reformas normativas, organizativas y tecnológicas" que permitan hacer efectivo ese derecho y, en este sentido, ha reclamado el apoyo del grupo parlamentario de Cleries para modernizar la administración de justicia.

Campo ha aprovechado para recordar en este punto el programa Justicia 2030, orientado a esa modernización, en gran parte a través de la digitalización. Además, ha recordado que de forma inminente llevará al Consejo de Ministros el ante proyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, como parte de dicha renovación.

Más Madrid ha trasladado este martes su "firme apoyo" a la Fundación Parque Científico de Madrid, en materia de investigación en la región y ha insistido en la necesidad de alcanzar un Pacto Regional por la Investigación Científica y la Innovación.

Las portavoces de Más Madrid en la Comunidad, Mónica García, y en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y la concejala Maysoun Douas han visitado las instalaciones del Parque, en el marco de la reciente Semana de la Ciencia y de la iniciativa presentada por su grupo en la Asamblea, ha informado el partido en un comunicado.

Rita Maestre ha recordado que en el mandato anterior el Ayuntamiento concedió un préstamo de nueve millones de euros a la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) para contribuir a mejorar su situación financiera y recuperar así al máximo su actividad de I+D+i.

Por su parte, Mónica García ha apuntado que la semana pasada, su grupo presentó en la Asamblea de Madrid un Pacto Regional por la Investigación científica y la Innovación, cuyo objetivo alcanzar un acuerdo entre todas las formaciones para transformar este sector en la Comunidad de Madrid, "dar un giro de 180 grados al actual modelo y aumentar la inversión hasta ponerla en consonancia con otras regiones y países del entorno.

La propuesta de Más Madrid pasa por destinar a este plan 1.500 millones de euros en cuatro años invertidos de forma creciente. Esto supone multiplicar por cuatro la inversión actual pero partiendo del doble de gasto a corto plazo para no generar demasiadas tensiones e ineficiencias por un aumento brusco de la escala del plan. Además, el fondo se podría financiar los primeros años a través de las transferencias previstas a las comunidades autónomas en el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia.

La portavoz de Ciudadanos en el Senado, Lorena Roldán, ha aprovechado este martes el plan contra las 'fake news' para cargar contra el Ejecutivo de Sánchez por el papel de Bildu en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha reprendido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que España "no necesita ningún Ministerio de la Verdad para saber que Otegi no es un hombre de Estado".

Así se lo ha dicho la dirigente de Ciudadanos al titular de Justicia durante la sesión de control al Gobierno en el Senado después de que ésta registrara una pregunta sobre los objetivos de la denominada 'Comisión Permanente contra la desinformación' puesta en marcha por el Ejecutivo.

En este sentido, Roldán se ha mostrado preocupada porque sea el Gobierno el que "decida lo que es verdad y lo que es un bulo". La senadora de Ciudadanos ha puesto el ejemplo de unas palabras de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, asegurando que era un bulo que beber lejía pueda curar el coronavirus. "Yo no conozco a nadie que haya hecho eso, pero sí conozco a mucha gente que se creyó al presidente cuando dijo que no iba a dormir tranquilo con Iglesias en el Gobierno", ha añadido.

Asimismo, Roldán ha aprovechado su intervención para reprochar al Gobierno el IVA de las mascarillas, las palabras sobre el director del CCAES, Fernando Simón, sobre la idoneidad de las mascarillas contra el coronavirus, y el pacto con ERC para eliminar el castellano como lengua vehicular.

"BLANQUEAMIENTO A BILDU"

La senadora de Ciudadanos también ha recordado a Campo las negociaciones de los Presupuestos y le ha reprochado el "blanqueamiento" a Bildu porque considera que "no es bueno para este país".

Asimismo, Roldán ha asegurado que el Gobierno "no tiene la obligación" de ir de la mano de los partidos independentistas para aprobar las cuentas públicas y ha insistido en la vía de Ciudadanos para apatar a ERC: "Elijan bien porque tienen esa oportunidad de hacerlo".

Sin embargo, Campo ha rechazado el "popurrí de argumentarios" que, a su juicio, ha expuesto la senadora de Ciudadanos y ha centrado su exposición en defender los objetivos del plan del Gobierno contra las 'fake news'.

A este respecto, ha insistido en que este comité busca luchar contra las campañas que vienen del extranjero y ha negado que sea para "censurar" a los medios de comunicación y para "meter en la cárcel a los periodistas".

"Lo que tengo muy claro es que lo que hace el Gobierno es plasmar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la gran preocupación sobre la desinformación que la considera como una de las grandes amenazas", ha subrayado Campo.

Por último, el titular de Justicia ha apelado a Ciudadanos para que sumen a la "oportunidad extraordinaria de aportar" y que "contribuyan al derecho a una información veraz".

El secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez Ruiz, ha alertado este martes sobre el "riesgo permanente y muy elevado" que representa la amenaza yihadista en el Sahel a través de acciones terroristas y secuestros dirigidos contra diplomáticos, religiosos, miembros de las fuerzas de seguridad, militares o civiles españoles que se encuentran en la zona.

En su intervención para inaugurar el octavo Foro Elcano sobre Terrorismo Global, Rafael Pérez ha reconocido que el principal objetivo son las fuerzas antiterroristas locales y los intereses franceses en el Sahel, repitiendo un mensaje recurrente para no bajar la guardia: "Ningún país está exento de riesgo de sufrir un atentado, tampoco nosotros".

El secretario de Estado ha analizado la amenaza yihadista tras los últimos atentados en Francia y Austria, en un contexto de "pugna" entre Estado Islámico (DAESH) y Al Qaeda en la zona del Sahel. También ha avisado que el "desvío de importantes esfuerzos policiales" para combatir la COVID-19 va "en detrimento de la lucha antiterrorista".

El 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior ha subrayado la "existencia de un riesgo permanente para los intereses españoles en la región", reconociendo que el "objetivo principal en este momento lo constituyen los intereses franceses". Dicho esto, ha añadido que "continúa siendo muy elevado el riesgo que recae sobre cualquier activo occidental, incluidos los españoles". "Es una amenaza muy real", ha enfatizado.

"Los recientes ataques en Francia y Austria han dejado ver de nuevo los reiterados llamamientos dirigidos a terroristas autónomos, tanto por parte de DAESH como de Al Qaeda, que incitan a actuar contra intereses franceses y occidentales en cualquier lugar y por cualquier medio. Estos atentados vuelven a poner de manifiesto la efectividad de la propaganda yihadista como elemento motivador y transmisor de órdenes", ha señalado.

AMENAZAS RECIENTES CONTRA MISIONEROS

Muestra de la vigencia de estos riesgos, ha continuado, es el reciente discurso del portavoz de DAESH, "en el que no se realizan amenazas específicas hacia nuestro país, pero se lanza un mensaje a los musulmanes residentes en diferentes países africanos", entre ellos Mali, Burkina Faso y Chad, "animándoles a unirse al Califato y acusando a los misioneros y trabajadores humanitarios de evangelizar a la población", ha continuado".

Estos riesgos para los intereses españoles en la región, ha sostenido Rafael Pérez en foro organizado por el Real Instituto Elcano y la Embajada de EEUU, se concretan en la "posibilidad de acciones terroristas y secuestros contra diplomáticos, religiosos, militares, fuerzas de seguridad y civiles que se encuentren en la zona".

Como ejemplo ha citado el asesinato del sacerdote salesiano Antonio César Fernández o el ataque al destacamento militar de la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Mali (EUTM MALI), en ambos casos en 2019.

DETENIDOS EN ESPAÑA Y PRISIONES

El secretario de Estado ha recordado las políticas impulsadas desde el Gobierno para hacer frente a la amenaza yihadista, destacando las operaciones policiales, con 32 detenidos en lo que va de 2020 y otros 58 en 2019, además de otros diez más investigados en terceros países. Estos operativos se dirigen principalmente contra células de captación, adoctrinamiento y adiestramiento, así como estructuras de financiación y de radicalización en prisiones o retornados de zona de conflicto.

La situación de las prisiones la ha ligado a la "eficaz actividad contraterrorista" para advertir que la población reclusa ha experimentado un crecimiento considerable en España, aunque "irán paulatinamente cumpliendo sus condenas sin haber renunciado, en algunos casos, a sus postulados violentos". Además, ha recordado que suele ser el penitenciario un medio para la captación de personas vulnerables, de ahí los protocolos en vigor de detección y seguimiento una vez abandonan las cárceles.

Sobre la situación en la franja del Sahel, el secretario de Estado ha comentado que el centro de la amenaza terrorista está situado en Malí --con "conflictos interétnicos" tras el levantamiento militar del pasado 18 de agosto--, aunque es preocupante la situación de seguridad en Burkina Faso y Níger, donde los ataques, asesinatos y secuestros siguen produciéndose.

"En las zonas en las que todavía no han conseguido suplantar al Estado, están provocando inestabilidad política y tensiones comunitarias con el fin de incrementar sus recursos y beneficios", ha dicho. También ha valorado los enfrentamientos entre Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GAIM, afín a Al Qaeda) y Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS), que comenzaron a finales del año pasado, y que "se han recrudecido, terminando con la colaboración y cohesión pacífica que tenían en periodos anteriores".

"Aunque las fuerzas de apoyo extranjeras y multinacionales, han obtenido victorias, no consiguen contener la amenaza, y los grupos terroristas siguen adaptándose a la nueva situación y consiguen perpetrar atentados", ha continuado.

DESPLIEGUE POLICIAL EN EL SAHEL

Frente a esta situación, Rafael Pérez ha defendido los viajes a la zona del ministro Grande-Marlaska para, entre otras cuestiones, "avanzar hacia unos flujos migratorios ordenados y controlados para garantizar una migración regular" o impulsar "espacios de prosperidad compartidos en marcos democráticos y de respeto de los derechos humanos".

España lleva años presente el Sahel participando en todas las misiones -civiles y militares- de la Unión Europea en la región (EUTM Malí, EUCAP Sahel Malí, EUCAP Sahel Níger) y también en MINUSMA, de las Naciones Unidas. También colabora con Francia en la Operación Serval y actualmente sigue cooperando con la operación Barkhane, que ha tomado el testigo de la anterior.

Pérez ha recordado que España es el mayor contribuyente de efectivos con la misión de asesorar y formar al ejército maliense y que la Guardia Civil lidera el proyecto GAR-SI Sahel1, de la UE, para crear unidades de gendarmería en Senegal, Malí, Burkina Faso, Chad y Níger, "proyecto muy bien acogido por los países y que está dando sus frutos".

El Rey Felipe VI ha subrayado este martes la importancia de "cooperar" y de "innovar" para superar la crisis generada por la pandemia de Covid-19, durante su intervención en la reunión del Patronato de la Fundación COTEC.

Según ha informado el Palacio de la Zarzuela, a la reunión, celebrada en el Palacio de El Pardo, han asistido la presidenta del Patronato de la Fundación COTEC, Cristina Garmendia; el vicepresidente de la fundación y presidente de CaixaBank, Jordi Gual; y por el también vicepresidente de COTEC y presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez Pallete. La fundación tiene como objetivo hacer de la innovación un motor de desarrollo económico y social,

En la reunión, en la que algunos asistentes han participado de manera telemática, el Rey ha destacado que la fundación es "un ejemplo de cooperación entre empresas e instituciones comprometidas con la innovación" y que "ahora puede y debe compartir esa experiencia". "Porque es cierto que podremos superar esta crisis si cooperamos y trabajamos juntos y, también, que para conseguirlo es preciso innovar", ha añadido.

Han estado presentes, como patronos, la presidenta de La Rioja, Concepción Andréu; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Francisco Conde; el presidente del BBVA, Carlos Torres y el presidente de Ernst & Young España, Federico Linares.

También el responsable de Relaciones Institucionales de Everis, Félix Bonmatí; el consejero delegado de Abertis, José Aljaro; el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ACS, Antonio García Ferrer; el presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz; la consejera delegada de Iberdrola España, María Ángeles Santamaría y la directora de Relaciones Empresariales de Mercadona, Paula Llop.

La lista de quienes han estado presentes de manera presencial la completan el presidente de la Fundación Naturgy, Rafael Villaseca; el director general de Plastic Energy, Carlos Prieto; el director de Organismos Sectoriales de Repsol, Pedro Miras; el director general de SAS Iberia, Christian Gardiner; y la directora de Innovación de Suez Spain, Catalina Balseiro.

De forma telemática han participado representantes de la Junta de Andalucía, del Instituto Valenciano Competitividad, de la Fundación Ramón Areces, Indra y de Seat.

También por videoconferencia han participado los nuevos miembros de COTEC Francisco Javier Guerra, director general de Tecnatom S.A; Luis Abad, consejero delegado de Altran Innovación S.L.U.; Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol; Tony Jinyong, consejero delegado de Huawei Technologies España S.L.; Óscar Puente, alcalde de Valladolid; Diego Freire, director de Desarrollo de Negocio de Cupa Group (Cupire Padesa S.L.); Alejandro Costa, consejero delegado de CyG It Sustainable Tech; e Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha dicho al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que el PSOE no es "suyo" y de aquellos socialistas que apoyan sus decisiones, igual que Cs no era de Albert Rivera y por eso "dio un paso atrás" al dimitir después de las elecciones de noviembre de 2019.

Así ha reaccionado Bal, en rueda de prensa en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces, a las palabras de la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, respondiendo a las críticas de dirigentes históricos del partido por las negociaciones con EH Bildu sobre los Presupuestos y la enmienda pactada con ERC para eliminar la mención expresa del castellano como lengua vehicular en el proyecto de ley de educación.

"Siempre escucho atentamente a nuestro mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que toca dirigir el país y la dirección del PSOE", ha declarado la también vicesecretaria general del PSOE. Bal considera que, con esta contestación, Lastra viene a decir que "ahora el partido es suyo, de Sánchez".

Al hilo de la situación en el PSOE, le han preguntado si ve comparable esta situación con la de Cs y su expresidente, puesto que Rivera ya no está en política pero suele expresar opiniones que contrastan con la estrategia que sigue el partido desde que Inés Arrimadas lo lidera, alcanzando acuerdos con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

RIVERA DIMITIÓ Y "NOS DEJÓ A OTROS"

El diputado ha lamentado que en el PSOE haya "personas que individualizan o personifican el PSOE como si solamente ellos fueran los únicos socialistas del mundo o como si fueran propietarios del partido".

En cambio, Bal sostiene que, tal como él entiende la política, Ciudadanos no es suyo, ni forma parte de su "patrimonio" o su "tesoro".

"Estoy aquí para servir a los españoles y lo hago a través de Cs, y en un momento determinado probablemente daré un paso atrás y el partido continuará adelante sin mí", y "Albert Rivera pensaba lo mismo que yo y cuando llegó el momento dio un paso atrás y nos dejó a otros", ha manifestado.

Respecto a las cuestiones que algunos presidentes autonómicos socialistas han reprochado a Sánchez --el tema del castellano en la 'ley Celaá' y la posibilidad de que Bildu apoye los Presupuestos Generales del Estado--, Bal se ha mostrado de acuerdo con ellos.

CONDICIONES PARA APOYAR LOS PRESUPUESTOS

Así, ha recordado que de las cuatro condiciones que la formación naranja ha puesto para no votar en contra de los Presupuestos, una es que no se excluya el castellano como lengua vehicular en las escuelas de las comunidades con otro idioma cooficial y otra es que el Gobierno se comprometa por escrito a no permitir referéndums de autodeterminación.

En relación con el castellano, ha indicado que, tras la votación del dictamen de la ponencia de la Comisión de Educación el próximo jueves, aún habrá tiempo en la tramitación parlamentaria para que los partidos del Ejecutivo "rectifiquen", aunque admite que nunca les ha resultado fácil convencerles de que acepten sus propuestas.

Lo que ha recalcado es que para aprobar los Presupuestos "hay dos vías": la de Ciudadanos, que exige que se cumplan sus condiciones fundamentales y que representa la "moderación", y la de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bildu, que supone aceptar "las exigencias políticas del separatismo y la radicalidad económica".

A la pregunta de si vería factible que los PGE se aprobaran con el apoyo de esos dos partidos independentistas y la abstención de Ciudadanos, ha respondido que las dos vías son "incompatibles" entre sí porque los Presupuestos que deseen ellos serán "antagónicos" con los que quiera Cs.

Cree que el Gobierno se pondría "de rodillas ante sus socios separatistas" y haría concesiones como subir el IRPF o el impuesto al diésel, y desde el punto de vista político podría obtener sus votos "a cambio de la amnistía o del indulto" a los condenados por el 'procés' de 2017 en Cataluña o de que "el castellano desaparezca de las aulas". Por tanto, "¿cómo va a estar ahí Ciudadanos?", es "totalmente imposible", ha dicho.

PIDE QUE HABLEN LOS "MODERADOS" DEL GOBIERNO

De todas formas, ha insistido en que es Sánchez quien debe aclarar "de una vez" con quién quiere pactar los PGE y que Cs tendrá "la mano tendida hasta el final", para no darle la "excusa" de alcanzar un acuerdo con los independentistas porque no tenía otra opción.

En este contexto, Bal ha expresado su "desconcierto" ante un Gobierno que parece querer "tener abiertas las dos vías", sin darse cuenta de que "eso es imposible", y unos socios de coalición que hacen declaraciones que no contribuyen a la claridad sobre con quién quieren pactar los Presupuestos.

Además, "no escucho nada más que al vicepresidente segundo", Pablo Iglesias, expresando su preferencia hacia Esquerra y Bildu, y "no escucho al presidente del Gobierno" ni a "la otra parte del Gobierno, el socialismo moderado". "A ver si sale alguien diciendo que la apuesta del lado moderado es Cs, me encantaría que así fuera", ha agregado.

El grupo parlamentario de JxCat ha registrado en el Congreso más de 350 enmiendas al articulado en el proyecto de Presupuestos de 2021 priorizando las ayudas económicas y sociales, entre las que pide crear un fondo Covid y otro específico para poblaciones de menos de 20.000 habitantes, partidas para autónomos, pymes y de impulso del empleo juvenil y crear un gasóleo profesional agrícola, ganadero y forestal con un IVA del 10% y ayudas fiscales a los agricultores.

Estas son algunas de las propuestas recogidas en las enmiendas parciales registradas por la formación catalana, en la que también se incluyen reivindicaciones históricas sobre financiación para Cataluña.

Ante el "momento excepcional" causado por la pandemia, y las consecuencias "tan negativas" para las familias y los negocios, JxCat prioriza en sus enmiendas parciales la creación de un fondo Covid de 180 millones de euros y uno de 60 millones especifico para las poblaciones de menos de 20.000 habitantes.

La formación subraya que las administraciones locales y municipales, ya "de por sí infrafinanciadas", son la primera ventanilla a la que acceden los ciudadanos para resolver sus problemas y sufren ahora las consecuencias de la crisis económica, social y sanitaria sin precedentes.

Asimismo, Junts reclama para autónomos y emprendedores una partida de 500 millones y 200 millones más para pymes para hacer frente a la crisis y recuerda que una de cada cuatro empresas que ha quebrado en España están en Cataluña.

De igual forma, ante una cifra de un 40% de paro juvenil, JxCat reclama en otra enmienda parcial impulsar el empleo juvenil con 500 millones de euros.

En este contexto, ve también "imprescindible" garantizar el derecho a la vivienda a las familias en situación de vulnerabilidad; es por ello que se reclaman 300 millones de euros para ayudas a la vivienda para jóvenes y colectivos vulnerables, y una partida específica de 150 millones para vivienda social en el Baix Llobregat, uno de las zonas con más densidad de población de Cataluña.

Además, pide 100 millones para invertir en el segundo ciclo de educación y promover la gratuidad de la enseñanza para aquellas familias que más lo necesiten.

REIVINDICACIONES HISTÓRICAS EN FINANCIACIÓN

Otro bloque de las enmiendas son las reivindicaciones históricas de la Generalitat de Cataluña y los "incumplimientos" en materia de financiación, en referencia a 3.649 millones de deuda para la ley de la dependencia que el Estado no financia, aunque esté obligado por ley.

También presenta enmiendas referidas a 350 millones adicionales para Rodalies; 50 millones para transporte público; impulsar definitivamente el Corredor Mediterráneo y 50 millones para revertir las consecuencias del temporal Glòria y Dana.

GASÓLEO PROFESIONAL AGRARIO Y AYUDAS FISCALES

En otra de las enmiendas solicita que el Gobierno inicie con carácter de urgencia las reformas normativas y económicas con vistas a la creación de un gasóleo profesional agrícola, ganadero y forestal para el consumo en todos los usos profesionales de las explotaciones (vehículos afectos, instalaciones o regadíos).

Para ello, señala, se aplicará a dicho gasóleo el tipo impositivo de IVA más bajo posible, del 10%, así como el mínimo establecido para el Impuesto Especial de Hidrocarburos por la directiva europea. En tanto se mantenga la devolución del impuesto de gasóleo agrícola, aboga por un mecanismo de descuento del mismo en el momento de su adquisición.

También demanda un IVA reducido en los bienes y servicios utilizados en la producción agrícola, ganadera y forestal y la extensión del tratamiento fiscal favorable a las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores.

PARTIDAS PARA LOS SANITARIOS

Igualmente, otra enmienda apuesta por que las inversiones en producciones españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada, den derecho al productor o a los contribuyentes que participen en la financiación a una deducción del 30% respecto del primer millón de base de la deducción y del 25% sobre el exceso de dicho importe .

Por último, para los sanitarios reclama dos partidas que suman 400 millones de euros destinadas, por un lado, a la investigación, y por otro, a la atención sanitaria para hacer frente a la Covid-19.

El portavoz adjunto de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha trasladado este martes el apoyo de su grupo "al pueblo saharaui y al Frente Polisario, a sus instituciones", que "tienen toda la legitimidad del mundo para dar los pasos que consideren necesarios ante el ataque que ha sufrido por parte del régimen marroquí", frente al que, además, ha animado a los andaluces a movilizarse.

El diputado de Adelante ha trasladado este mensaje en una rueda de prensa tras reunirse en el Parlamento andaluz con el delegado de la República Árabe Saharaui Democrática en Andalucía, Mohamed Zrug, ante quien ha subrayado que la situación del pueblo saharaui "no es una cuestión de política exterior del Estado español, sino una cuestión de la propia configuración e Historia de España".

Porque "España es responsable jurídica de lo que pase en el Sáhara, de lo que ha pasado estos años y de lo que pase en el futuro", según ha aseverado José Ignacio García antes de enfatizar que "los gobiernos a todos los niveles no pueden permanecer callados ante esta situación, porque la neutralidad no existe", y en este caso "supone estar del lado del invasor".

En esa línea, ha comentado que "el problema aquí no es el pueblo marroquí", sino que es "un régimen corrupto y dictatorial, el de Marruecos, que está masacrando al pueblo saharaui", y que, "después de 45 años de genocidio, ahora se ha permitido el lujo de romper el alto el fuego y atacar al pueblo saharaui".

Por tanto, "los gobiernos tienen que pronunciarse", según ha insistido el diputado de Adelante, que al respecto ha lamentado el "silencio" hasta ahora tanto del Gobierno de España como del andaluz, a los que desde este grupo parlamentario exigen "una condena de las últimas acciones que ha hecho Marruecos".

Ha agregado que, "para volver a una situación de al menos equidistancia, tendría que reconocerse la República Árabe Saharaui Democrática por parte del Estado español", al tiempo que ha llamado a "paralizar cualquier venta o regalo" por parte de España "de material policial o militar a Marruecos".

Además, para Adelante, "España, como potencia administradora reconocida por la ONU y por toda la legalidad internacional, tiene que intervenir en el conflicto, ofrecerse a mediar para que se celebre el referéndum que se acordó que se iba a celebrar en 1992, pero que sigue sin celebrarse".

El diputado de Adelante ha realizado un llamamiento a la sociedad andaluza a "movilizarse", desde el convencimiento de que "mayoritariamente entre el pueblo andaluz hay muchos lazos de solidaridad, de simpatía, de amistad, de hermandad con el pueblo saharaui".

"Hay que presionar a todos nuestros gobiernos, a los intereses económicos de Marruecos que hay en Andalucía", según ha continuado García, quien ha expresado su respaldo a "las movilizaciones que se están dando en los últimos días en todas las ciudades de Andalucía, siempre con todas las medidas de seguridad y de distancia social que se están manteniendo" en todas ellas, y que ha concluido subrayando que "el pueblo andaluz tiene que estar a la altura".

FRENTE POLISARIO

Por su parte, el delegado de la República Árabe Saharaui Democrática en Andalucía y representante del Frente Polisario, Mohamed Zrug, ha lamentado que, "como consecuencia de la de la entrada del Ejército marroquí a una zona desmilitarizada, se ha abierto un escenario que ha relegado al proceso de paz y el acuerdo de cese el fuego que venimos implementando con Naciones Unidas desde 1991".

Ha agregado que "se ha perdido una gran oportunidad para la paz, pero esperamos que no se pierda una oportunidad para la justicia y que, definitivamente, España no vuelva a cometer el mismo error histórico que ha estado lastrando su imagen, su compromiso con la legalidad internacional, que cometió el 14 de noviembre de 1975, y que 45 años después haya podido sacar las suficientes razones y experiencias para no endosar la tesis marroquí".

Estamos seguros de que este país tiene la madurez democrática suficiente, y su sociedad civil y sus medios de comunicación son lo suficientemente maduros, como para discernir en 2020 cuáles son las amenazas reales para la paz y para la seguridad, y pedir de una vez el cumplimiento de la justicia para el pueblo saharaui y, en todo caso, al menos el cumplimiento de la legalidad internacional en el Sáhara", ha continuado el representante del Frente Polisario.

Ha incidido en que "el Sáhara Occidental, a día de hoy, sigue siendo una de las últimas diecisiete colonias en el mundo", y "España es la potencia administradora de ese territorio, y su pueblo tiene un derecho inalienable a la autodeterminación y a la independencia".

Tras comentar que "España tenía la oportunidad de promover y ahorrarle al pueblo saharaui el sufrimiento y una guerra de 16 años cuando se nos dio la espalda en 1975", el representante del Frente Polisario ha apuntado que se teme, "por las tímidas posiciones oficiales manifestadas hasta ahora, que la España del siglo XXI no ha aprendido nada de su historia", y que "hoy se esté detrás de endosar un cierre otra vez en falso del conflicto del Sáhara occidental".

También ha advertido de que "el pueblo saharaui está determinado a defender su tierra, a defender sus vidas y a defender, en definitiva, la justicia y la legalidad internacional para sus próximas generaciones", y en esa línea ha querido subrayar que "esta situación impuesta al pueblo saharaui nuevamente de guerra no viene de ahora", sino que "lleva 45 años, obligando al pueblo saharaui a someterse y a mantenerse en una camisa de fuerza de la que era previsible de que tenía que reaccionar de esta manera".

El presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, ha asegurado este martes que "de momento no hay ninguna contrapartida a EH Bildu" y su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es un "acto de generosidad política".

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Asens ha explicado que lo "que ha hecho" la formación vasca es "mostrar su predisposición a votar afirmativamente" las cuentas públicas. "Es un hecho histórico de gran trascendencia, porque la izquierda abertzale va a participar en la gobernabilidad de España", ha celebrado.

Así, y tras explicar que la formación morada pretende que eso también suceda con las formaciones independentistas, Asens ha instado a JxCat y a ERC a tener la "visión de Estado y el sentido de la responsabilidad" del partido que lidera Arnaldo Otegi.

Precisamente, Asens ha salido al paso de las acusaciones de la oposición contra EH Bildu, formación a la que acusan de no haber condenado de forma expresa la violencia de ETA. "Es que es falso. Bildu es una coalición de partidos y todos y lo estuve repasando han condenado de forma explícita el terrorismo y la violencia", ha afirmado.

Preguntado por los actos de homenaje a presos etarras tras haber cumplidos sus penas, Asens ha argumentado que no se debe pedir "necesariamente" que "no se hagan actos privados de bienvenida o lo que sea", siempre y cuando estos no se hagan de forma pública. En el momento en que eso ocurre, ha señalado, "colisiona" con el derecho de las víctimas.

LA CONSTITUCIÓN NO ES "UN DOGMA DE FE"

Si hay gente que quiere recibir a un ser querido que ha estado privado de libertad no vamos a prohibirlo. La diferencia está en la incidencia que puedan tener esos actos en las victimas", ha apostillado.

En cuanto a las declaraciones de EH Bildu en las que hablaba de ir a Madrid a acabar con el régimen, Asens ha asumido que existe "un cambio de época. "Y este gobierno de coalición tiene muchos retos por delante. Solo este gobierno tiene ahora mismo la posibilidad de modificar el campo de juego", ha aseverado.

En esta línea, el dirigente de Unidas Podemos ha explicado que la Constitución es un "límite legal evidente que dibuja el perímetro" sobre el cual deben moverse para ejecutar estos cambios. Eso sí, ha advertido que la Carta Magna "no es un dogma de fe", sino "fruto de una correlación de fuerzas en un determinado momento".

A su juicio, ésta es susceptible de ser modificada siempre que se tengan las mayorías necesarias. "Si esa correlación cambia y hay necesidad de ello se debería modificar", ha sostenido, para después señalar que la Constitución española es de los documentos europeos que menos reformas ha recibido.

Por otro lado, Asens se ha referido al papel de Ciudadanos en la negociación de las cuentas públicas. En concreto, al alejamiento de la formación naranja después de que Bildu mostrase de forma pública su apoyo a los PGE. "El problema es que tal y como está compuesta la política en España, cuando tú incluyes a uno excluyes a otro", ha sostenido.

Según el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, el partido que lidera Inés Arrimadas "no es del todo honesto en sus intenciones". "Quiere romper al gobierno de coalición: no me acabo de creer su estrategia del todo", ha reconocido.

En este sentido, Asens ha señalado que Cs "no ha roto" sus "alianzas con la extrema derecha" y, además, ha propuesto al PP concurrir juntos a las elecciones autonómicas en el País Vasco y en Cataluña. "Su apuesta por la gobernabilidad de la derecha es clara. No me acabo de fiar", ha zanjado.

Los agentes de la Policía Nacional y Local que han comparecido en la segunda sesión del juicio contra la acusada de matar al hijo de ocho años de su pareja en Elda (Alicante) han declarado que la versión de la mujer "estaba llena de contradicciones" y que, tras meses de investigación, determinaron que ella era la "principal sospechosa" tras "descartar" los posibles móviles económicos y sexuales.

Asimismo, uno de los agentes locales que acudió a la vivienda ha indicado que observó "restos de vómito" junto al cuerpo del niño pero que no era similar a cuando una persona acaba de comer. Todos han declarado en calidad de testigos.

De esta forma, el grupo de efectivos que asumieron la investigación de la muerte del menor de ocho años en base a la primera versión ofrecida por la acusada, han confirmado que ante el tribunal del jurado que la mujer se convirtió en la principal sospechosa debido a las "contradicciones".

Según el relato de uno de los agentes, el hecho de que la vivienda estuviera "prácticamente a oscuras y los supuestos asaltantes pudieran realizar semejantes hechos en tales circunstancias" ya levantaba sospechas.

Asimismo, otro efectivo de la Policía Nacional ha indicado que la historia era "surrealista" debido a que "nadie viese a unos hombres entrar de esa forma en una vivienda el 30 de agosto" y al nivel de "detalles" que ofrecía la supuesta víctima, ahora principal acusada.

Los agentes han sostenido ante el tribunal que llegaron a la conclusión de que la explicación estaba relacionada con "el núcleo familiar" después de descartar los móviles económicos y sexuales y enfocar el caso a que se trataba de un "homicidio" y no de un "accidente", hecho que permitió el arresto de la mujer.

Entre los detalles, uno de los testigos policiales que acudió a la vivienda ha señalado que "el menor estaba en el sofá y tenía restos de vómito, pero no eran restos de comida como si acabaras de comer, sino con sangre". La acusada declaró ayer que el menor murió al atragantarse con un trozo de jamón.

SOSPECHAS DEL PADRE

Además, los agentes también han trasladado al fiscal que el propio padre del menor fallecido, y entonces pareja de la acusada, comenzaba a tener sospechas de que podría haber sido ella la autora.

La acusada ya ratificó en su declaración durante la primera sesión en la Audiencia Provincial que "se arrepentía mucho de haber mentido" y sostuvo ante las acusaciones y su defensa que el pequeño de ocho años murió "atragantado por un trozo de jamón".

Comisiones Obreras ha exigido a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la prórroga hasta final de curso de la contratación del profesorado de refuerzo covid, nombrados inicialmente hasta el 22 de diciembre, tal y como también han demandado otros sindicatos.

CCOO entiende que la importante labor que está realizando el profesorado canario para mantener la actividad docente ordinaria y presencial, logrando que los centros educativos sean lugares seguros, "no merece este tratamiento" por parte de la Consejería de Educación.

Según el sindicato, "el colectivo docente, si bien no estuvo en primera línea combatiendo el virus en los primeros momentos de la pandemia, sí puso sus recursos personales y todo el tiempo extra necesario para continuar atendiendo al alumnado en las mejores condiciones posibles".

La contratación de profesorado de refuerzo covid llevada a cabo el 9 y 10 de septiembre solamente hasta el 22 de diciembre contó desde el primer momento con la oposición de Comisiones Obreras, a la que se añadieron posteriormente el resto de organizaciones sindicales.

En la práctica, según explica el sindicato, mucho profesorado de mejor derecho en las listas de empleo se vió obligado a aceptar nombramientos de menor duración que sus compañeros que ocupan lugares posteriores y se han visto adjudicadas plazas por todo el curso.

Por otro lado, añade que la evolución de la pandemia "no vaticinaba, y sigue sin hacerlo, una situación que fuera a mejorar de manera tan significativa que justificara una vuelta a una organización similar a la anterior a marzo de 2020".

Comisiones Obreras explica que el principal argumento que se utilizaba para no prorrogar esos nombramientos por todo el curso era de orden presupuestario, y añade que el pasado viernes, en la presentación de los Presupuestos Generales de Canarias para 2021, la consejera de Educación afirmó que está garantizada la continuidad del profesorado de refuerzo covid hasta junio.

Sin embargo, el sindicato asegura que en la reunión de la comisión técnica de la mesa sectorial celebrada el lunes 16 de noviembre el director general de Personal ha comunicado que la prórroga de estos nombramientos comenzará el 23 de diciembre y terminará, de momento, en Semana Santa.

La organización sindical aclara que la Consejería "continúa de esta forma nombrando trimestralmente a este profesorado sin percatarse que juega con miles de docentes y sus familias, que en general no residen en el lugar que han sido nombrados por lo que deben desplazarse de su residencia habitual y sufrir para conseguir una vivienda temporal adecuada en poco tiempo, por lo que esta situación de discontinuidad genera una gran incertidumbre y nerviosismo por desconocer lo que ocurrirá los próximos tres meses con sus puestos de trabajo".

"Y esto no es un aliciente para que dicho profesorado dé lo mejor de sí ante un alumnado que ya viene sufriendo desde el principio de la pandemia una ralentización importante de su proceso de aprendizaje", añade.

Según CCOO, "la decisión de cesar al personal de refuerzo covid en esa fecha supondría un grave contratiempo para el alumnado, las familias y los centros educativos; modificar a esas alturas de curso la organización de los turnos, grupos, horarios, funciones docentes, tutorías, equipos educativos, preparación para la EBAU, no parece viable ni recomendable en un entorno educativo ya bastante dañado por las decisiones curriculares tomadas durante el confinamiento".

Por todo ello, desde CCOO exigen la prórroga de los nombramientos de refuerzo COVID hasta fin de curso por coherencia con las afirmaciones de la Consejera de Educación en sede parlamentaria en el sentido de que está contemplado en el Proyecto de Presupuestos Generales de Canarias para 2021.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que el Gobierno está trabajando para ayudar al sector de la hostelería y comercio, a la espera de la evolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) 'de rebrote'.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que Calviño ha explicado que el Ejecutivo está analizando las necesidades y circunstancias específicas de dichos sectores, dos de los más afectados por la crisis del Covid-19, para ver si son precisas medidas adicionales tanto a nivel estatal como autonómico y local, que tiene buena parte de las compentencias.

La ministra ha explicado que los distintos ministerios están trabajando en dichas medidas, pendientes de los 'ERTEs de rebrote' en estos sectores, para ver cómo ser eficaz para acompañarlos y aporyarlos en las próximas semanas.

El Ejecutivo ya dispone de propuestas en firme con medidas económicas, fiscales y financieras y ha acelerado la definición de esos apoyos al comercio y la restauración, por lo que no descarta trocear el plan para aprobar un primer balón de oxigeno cuanto antes.

Entre las posibles medidas a implementar destacan bonificaciones y exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, que se sumarán a la ampliación de carencia y del plazo de amortización de los créditos ICO, así como acciones para poder renegociar los alquileres.

Con estas medidas, el sector hostelero, que ha solicitado ayudas directas por valor de 8.500 millones de euros, tomaría aire para hacer frente a la "dramática" situación por la que atraviesa debido a los cierres impuestos para frenar el Covid-19 y conseguiría garantizar su supervivencia.

Los datos que arroja la crisis provocada por la pandemia han supuesto, hasta el mes de octubre, el cierre 65.000 negocios hosteleros, la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y una caída superior al 50% de la facturación respecto a 2019.

La Asociación de Empleadas de Hogar y Cuidados ha reclamado que "se incluya a las trabajadoras del sector en el Régimen General de la Seguridad Social" y también ha exigido un convenio colectivo como "el resto de trabajadores".

"No somos trabajadoras de segunda ni de tercera, nuestro trabajo es tan digno como el vuestro, en la pandemia se ha demostrado que somos esenciales", han reivindicado representantes de la asociación en una sesión de trabajo en el Parlamento foral, solicitada por todos los grupos.

En su intervención, han explicado que en la actualidad en Navarra hay unas 10.000 mujeres que se dedican al servicio doméstico, de ellas, unas 7.000 dadas de alta en la Seguridad Social y otras 3.000 que están "en situación irregular y en economía sumergida".

A día de hoy, en los tiempos en los que estamos, seguimos sin tener derecho a paro y ya es hora de que desde los gobiernos de Navarra y Madrid se nos incluya en el Régimen General de la Seguridad Social", han reivindicado las representantes de la asociación.

Según han señalado, "el Gobierno dijo que se nos va a incluir en el Régimen General, pero ha pasado un año y seguimos igual, nos da la sensación de que pasarán los tres años y seguiremos igual". Y han avisado de que "si no cumplen" opinarán como "mucha gente, que todos los políticos son iguales, da igual de un color u otro.

Asimismo, han solicitado que "se acabe con la economía sumergida y se regularice a todas las compañeras"; un convenio colectivo como "el resto de trabajadores"; y la ratificación del convenio 189 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre las empleadas domésticas.

Igualmente, las representantes de la Asociación de Empleadas de Hogar y Cuidados han demandado "una ley de prevención de riesgos laborales y que se reconozcan las enfermedades profesionales", así como que se abone a todas las trabajadoras el subsidio extraordinario puesto en marcha por la pandemia.

"El subsidio se aprobó el 31 de marzo y a día de hoy casi la mitad de las compañeras todavía no lo han cobrado", han asegurado, para pedir que "no se quede en una cosa anecdótica" y, al igual que los ERTE se han ampliado, "también se amplíe este subsidio".

Además, las representantes de Asociación de Empleadas de Hogar y Cuidados han puesto en valor la importancia de este sector y han lamentado "la poca valoración que se le da al trabajo de servicio doméstico".

"No se da importancia a lo que hacen estas empleadas", han remarcado, para destacar que con su trabajo "muchos hombres y mujeres pueden desarrollar otras actividades y tener un trabajo que es mucho más reconocido que el nuestro". Por ello, han pedido a todos los grupos parlamentarios que "exijan a Madrid que nuestras reivindicaciones se cumplan" porque "lo que estamos pidiendo son derechos".

APOYO A LAS REIVINDICACIONES DEL SECTOR

En el turno de los grupos parlamentarios, Maribel García Malo, de Navarra Suma, ha remarcado que este sector es "indispensable, necesario y esencial", a pesar de su "poco reconocimiento". Ha apostado por abordar la integración total del sector en el Régimen General de la Seguridad Social y ha pedido al Gobierno central "hechos". "El Gobierno tendrá que dejar la hipocresía a un lado y trabajar en los derechos que os corresponden", ha manifestado.

Por parte del PSN, Nuria Medina ha coincidido con las representantes de la asociación en que "siendo un trabajo tan esencial, no es reconocido a nivel salarial ni social". Ha valorado las ayudas impulsadas por el Gobierno central por la pandemia y ha apoyado la ratificación del convenio 189 de la OIT, lo que "supondría un avance de los derechos laborales de todo el colectivo".

También Isabel Aramburu, de Geroa Bai, ha agradecido el trabajo que realizan las empleadas del hogar y ha apoyado su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, así como contar con una ley de prevención de riesgos laborales. "Son reivindicaciones en las que Navarra no tiene competencias, pero por supuesto nuestra posición es clara y apoyamos estas necesidades", ha agregado.

Por su parte, Patricia Perales, de EH Bildu, ha afirmado que "si hablamos de situaciones injustas de esclavitud del siglo XXI tenemos que hablar de la situación de muchas de las trabajadoras del hogar", una realidad que "siempre se ha invisibilizado". Ha valorado los "pasos" dados por el Gobierno central en este ámbito, pero ha considerado que desde las instituciones "tenemos mucho que hacer en este sentido".

Finalmente, Mikel Buil, de Podemos, ha destacado que "hay compromisos políticos evidentes" desde el Gobierno central con las reivindicaciones planteadas por las empleadas del hogar y les ha preguntado, además, "qué se puede hacer desde Navarra". En este sentido, les ha planteado la posibilidad de crear cooperativas de trabajadoras del hogar.

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha defendido este martes que es obligación del Gobierno de buscar "acuerdos" para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con "todas y cada una de las formaciones políticas", entre las que se incluye EH Bildu, porque es "imprescindible" que salgan adelante para la recuperación del país, y con el mayor apoyo posible.

En este sentido, ha tachado de "comentarios absolutamente estériles" las críticas que han recibido por el anunciado apoyo de la formación abertzale a las cuentas públicas; críticas que han llegado no sólo desde la derecha sino también desde dentro el PSOE, por boca de algunos líderes territoriales y también de varios históricos exdirigentes.

Así lo ha asegurado Montero en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre si el Gobierno tiene previsto sentarse a negociar los Presupuestos con la coalición que lidera Arnaldo Otegi, después del aluvión de críticas, y después de que el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmara este lunes que ahora no hay ningún pacto con Bildu.

En su comparecencia, Montero ha señalado que no existe dicho acuerdo, pero ha defendido la necesidad de negociar con todas las fuerzas políticas. "Nos sobran los motivos para que estos Presupuestos puedan ser apoyados por el 100% de las fuerzas", ha afirmado.

SOLO HABLAN "DE NÚMEROS"

Eso sí, ha asegurado que tanto las conversaciones que ya se han mantenido con Bildu como las que se produzcan en el futuro servirán para hablar "de números". "Cualquier cuestión que esté fuera de ese marco para nada ha estado presente en las reuniones en las que hemos hablado, y todavía no hemos acordado", ha insistido Montero.

En este sentido, la portavoz ha asegurado que las críticas que se han lanzado contra el Gobierno tras anunciar Bildu su intención de apoyar los Presupuestos son "estériles", sobre todo teniendo en cuenta que se intenta meter en el debate a ETA, cuando la banda terrorista fue derrotada hace diez años "por la democracia", y con un Gobierno socialista en Moncloa.

"Pretender que el hecho de que Bildu vote estos Presupuestos, que todavía hay un voto que no está confirmado, entender que eso supone una victoria o un reproche a este Gobierno, parece un comentario estéril absolutamente", ha afirmado.

Y a continuación, ha recordado que son las juntas de tratamiento las que se encargan de la situación de los presos, defendiendo de este modo que esta cuestión no ha estado sobre la mesa en sus conversaciones con Bildu para los Presupuestos.

"Las conversaciones que yo he tenido con Bildu, que ha sido una reunión que fue pública, han versado solo y exclusivamente en relación con los números y con las cuentas publicas. No ha habido ningún otro elemento que se haya incorporado", ha enfatizado.

Montero ha cargado en concreto contra el PP y Vox por buscar "excusas" para no apoyar los Presupuestos, en lo que es, a su juicio, una clara estrategia de "desgaste" contra el Gobierno, en este caso, intentando "resucitar una organización" a la que la democracia derrotó hace diez años.

"Todo lo que se ha escrito y se ha hablado pertenece a la permanente insistencia que hacen las formaciones de derechas PP y Vox para buscar excusas y no apoyar los Presupuestos, que saben que es bueno para este país", ha insistido, eludiendo el hecho de que las críticas también han llegado desde las filas socialistas.

Preguntada en concreto sobre algunas de esas críticas de dirigentes del PSOE, y sobre si cree que han sido desleales por hacerlas públicas, Montero ha declinado responder, argumentando que no podía hacer una valoración al respecto desde la mesa del Consejo de Ministros.

"Saben que desde esta mesa no hago referencia a evaluaciones o valoraciones de cuestiones que afectan a algunos de los partidos de este Gobierno. Imaginan cuál es mi opinión respecto a esta cuestión que ha sido expresada por parte de otros compañeros que se sientan en el Consejo de Ministros y que han hablado por boca del PSOE, no voy a hacer mención", ha explicado.

La Real Academia Española (RAE) está preparando un comunicado para defender "la importancia del español" como lengua, si bien fuentes de la institución consultadas por Europa Press han reiterado que no guarda relación con la reforma de la ley educativa, conocida como la 'Ley Celaá'.

"Es cierto que la RAE va a escribir un comunicado, pero no será sobre la ley objeto de debate estos días, sino sobre la importancia del español como lengua", han señalado estas mismas fuentes, aplazando hasta el próximo jueves 18 de noviembre la publicación del documento.

De hecho, el contenido del comunicado "no existe porque aún no se ha elaborado" y, una vez se conozca su redacción, será sometido a votación en el habitual pleno de los jueves con todos los académicos.

La nueva Ley de Educación, la conocida como 'Ley Celaá', va a ser debatida por el pleno del Congreso, donde el dictamen de la ponencia deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados) para continuar su tramitación en el Senado.

Otra institución como el Cervantes sí se ha pronunciado al respecto de esta ley, a través de su director, Luis García Montero, durante una comparecencia en el Congreso recogida por Europa Press. Así, el pasado miércoles 4 de noviembre García Montero se mostraba "convencido" de que la reforma de la Ley educativa --la denominada 'Ley Celaá'- "favorecerá la integración y el bilingüismo más que perseguir el español".

"No me corresponde a mí entrar en la polémica de la Ley debatida en educación, pero estoy convencido de que será siempre una ley que favorezca la integración y el bilingüismo más que una ley que persiga el español. Mi experiencia no es esa", señaló entonces el director del Cervantes.

García Montero respondía así a distintos diputados que planteaban en la comisión la situación del bilingüismo en España y la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo.

"Debemos aprender que es un deber democrático que las sociedades respeten las lenguas maternas. No entiendo muy bien estas luchas entre catalán y español o entre el vasco y el español, porque tenemos experiencia de convivencia y no hay que alarmarse: el español no está en peligro. Somos la segunda lengua en el mundo", indicó.

"No hay que olvidar esa importancia del español en el mundo, que además enriquece la extensión del gallego, el catalán o el euskera como lenguas que conviven con el español en España", reiteraba el director del Cervantes, quien además recordaba cómo la Unión Europea ha puesto de relieve la necesidad de "aprender a vivir con la convivencia".

"La UE apostó por mantener la variedad lingüística y ya se hablan más de 200 lenguas. La variedad lingüística es maravillosa y las zonas bilingües se equivocarían mucho renunciando a su bilingüismo por que una lengua quisiera enfrentarse a la otra", lamentó entonces en el Congreso.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presidido este martes, por videoconferencia, la reunión del Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa, y ha presentado el nuevo texto del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que recoge las mejoras y modificaciones propuestas por diversos colectivos afectados, que presentaron alrededor de 1.200 propuestas, de las que se han admitido el 56 por ciento.

En la reunión, Suárez-Quiñones, además, ha informado a los patronos sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el órgano de participación del Parque Nacional; sobre el Convenio de colaboración entre las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León y Principado de Asturias.

Asimismo, en el encuentro telemático se ha informado a los miembros del Patronato de los resultados de las alegaciones al PRUG del Parque y se han sometido a informe de este órgano, tras lo que ha tenido el respaldo de una amplia mayoría, con 27 votos a favor, 4 abstenciones y 4 votos en contra.

El objetivo de la incorporación de las alegaciones recogidas es conseguir un PRUG "próximo a la realidad ambiental, social y económica" de los Picos de Europa que contribuya al cumplimiento de los dos principales propósitos vinculados a la declaración del espacio protegido: la conservación de sus valores naturales y el desarrollo sostenible de su población en equilibrio con su entorno.

Se han contabilizado un total de 481 escritos de alegaciones, que pueden contener una o distintas propuestas de modificación y mejora por lo que el número real de solicitudes diferentes de modificación del borrador del PRUG está en torno a las 1.200.

El 71 por ciento de las alegaciones son individuales y provienen de particulares; el 16 por ciento han sido presentadas por organizaciones públicas o privadas; el 9 por ciento son colectivas de particulares; y el 4 por ciento vienen de la Administración pública.

Las principales modificaciones introducidas en el borrador del PRUG, a partir de las aportaciones recibidas como resultado del proceso de información pública desarrollado, son la mejora de la definición, identificación, delimitación cartográfica y representación gráfica y descriptiva de las distintas zonas establecidas; se ha creado una cartografía general completamente nueva de los Planos de Zonificación; y se han incorporado planos llave tanto a los Planos de Zonificación generales como a la de las Zonas de Asentamiento Tradicional como a los Sectores con Restricciones a la Escalada.

Asimismo, se han revisado las Zonas de Asentamiento Tradicional (ZAT) aumentando su cabida y se han creado unos planos de cada una de las zonas; y se han modificado las condiciones para el desarrollo de ciertos usos y aprovechamientos tradicionales, con el fin de garantizar los objetivos de conservación del Parque Nacional y su contribución al desarrollo socioeconómico de sus habitantes.

Se abre así la posibilidad de autorizar, debidamente reguladas y en localizaciones muy limitadas, ciertas actividades antes prohibidas, garantizando su sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales, tales como las actividades nocturnas en la Zona de Asentamientos Tradicionales, el barranquismo o el baño y la navegación de ocio sin motor en determinados cauces y masas de agua.

Asimismo, se ha desarrollado un régimen económico y de compensaciones incluyendo subvenciones y compensaciones y atendiendo al singular papel del montañismo en los Picos de Europa y la necesidad de ofrecer un servicio seguro y de calidad, se han integrado en la Zona de Uso Especial los refugios de montaña, lo que facilita la accesibilidad, dotación y mantenimiento de sus instalaciones.

Otas de las incorporaciones hacen referencia a la revisión de la regulación del tránsito de vehículos a motor, introduciendo modificaciones destinadas a clarificar el acceso y circulación de vecinos y residentes del Parque Nacional, así como las condiciones para el transporte privado complementario en el desarrollo de determinadas actividades económicas.

La fiscalía de Málaga ha rebajado de 21 a 16 años la petición de cárcel para la mujer acusada de la muerte de su bebé de 17 meses, a la que abandonó sola en la casa durante más de un mes tan solo con un biberón y unas galletas.

"Lo siento mucho, me arrepiento mucho", ha dicho la acusada en su derecho a la última palabra en el juicio con jurado, que este martes ha quedado visto para veredicto. La defensa se ha adherido a la petición de la acusación pública por los delitos de asesinato y abandono temporal de menor.

El fiscal ha señalado que la acusada "omitió la acción necesaria para la vida de su hija", al dejarla sola durante más de un mes; "debió haberle dado comida, bebida, asistencia" pero, añade, "se marchó y no dijo nada a nadie". Esto fue "causa directa del fallecimiento".

Y ha indicado que este delito de asesinato y el de abandono de menor han quedado demostrados no solo por la confesión de la acusada sino también por otras pruebas practicadas, como la declaración de amigos que han ratificado que pasaba las noches fuera de casa y que les dijo el día de la detención que había dejado sola a la niña.

Asimismo, ha insistido en que la mujer ha admitido de forma directa cada uno de los hechos y con su confesión "contribuye a que esté hecho horrible sea esclarecido". Por esto y por el arrepentimiento que ha mostrado ha modificado la pena solicitada inicialmente.

Al respecto, la defensa ha reiterado que la chica "siempre ha reconocido los hechos, desde el primer momento" y ha sido "colaboradora y sincera". "Va a cumplir y va a pagar su propia pena", ha apuntado.

El fiscal ha explicado que la acusada con su actitud de no volver a casa ni contarle a nadie lo que hacía "aceptó" lo que iba a ocurrir. En este sentido, los médicos forenses que se entrevistaron con ella han ratificado que es imputable porque era consciente de lo que hacía, que tiene una personalidad inmadura y no es capaz de afrontar problemas porque se ve desbordada por las vivencias.

HECHOS ADMITIDOS

La mujer se quedó embarazada en su país, Marruecos, y se trasladó a España a finales de marzo de 2017 para ocultar por motivos culturales y sociales esta situación al padre, mientras que la madre y los hermanos mayores, "en posición económica desahogada", financiaron su estancia aquí, inicialmente en la localidad malagueña de Vélez-Málaga.

La acusada dio a luz en dicho municipio el 4 de mayo de 2017 y se quedó a vivir en la casa de su hermana y su cuñado, que iban y venían de Marruecos. La situación se prorrogó hasta mediados de 2018 y en ese tiempo dispuso de servicio gratuito de guardería para que ella pudiera ir a clase, lo que hacía "en muy contadas ocasiones", señala la acusación pública.

Además, tenía la ayuda de una amiga, que se quedaba con la niña. Cuando se trasladó a Málaga, alquiló una casa con el dinero que le enviaba su familia y aunque se le facilitó la documentación necesaria para continuar con el servicio de guardería en la capital, la mujer no hizo gestiones y perdió la plaza; y además, comenzó a trabajar de camarera en una discoteca.

Dado el horario nocturno de trabajo, cuando esta se dirigía a la discoteca, sobre las 02.00 horas, "dejaba sola a la bebé, que contaba entonces con 15 meses y no era aún capaz de caminar sin ayuda, tan solo gateaba", dice el ministerio público y reconoció la acusada.

Supuestamente, cuando terminaba a las 06.00 horas de trabajar "no regresaba a su casa" sino que iba para descansar a la de una amiga, admitió ella. Volvía a su vivienda a las 14.00 horas, por lo que durante ese tiempo "su hija permanecía sola en la casa desprovista de la necesaria atención afectiva y de los cuidados --bebida, alimentación, aseo-- precisos", ha sostenido el fiscal.

Por esto, era "frecuente" que algunos vecinos del edificio oyeran el llanto "inconsolable y continuo" de la niña que estaba "sola en el apartamento y privada de la necesaria asistencia física y moral, en un entorno insalubre de suciedad y desorden" y que terminaba callándose por "agotamiento". Esta situación se mantuvo incluso después de terminar la relación laboral con la discoteca al mantener la joven una "intensa vida nocturna", diciendo a amigos y pareja que durante la noche su hija estaba al cuidado de una chica.

La Fiscalía relata que en un momento no determinado, a mediados de octubre de 2018, la acusada "abandonó definitivamente el apartamento y dejó a su hija en el dormitorio, sobre la cama, con la puerta cerrada y la ventana con la persiana bajada, en condiciones de oscuridad, tan solo con un biberón y unas galletas".

Una decena de agentes de Mossos d'Esquadra y bomberos han relatado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils (Tarragona) el 17 de agosto de 2017 las secuelas sufridas tras ser víctimas de una segunda explosión de la casa de Alcanar donde se preparaban los explosivos con los que se pretendía atacar.

La quinta jornada del juicio que celebra la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha estado dedicada a los agentes de distintas unidades de la policía autonómica y de bomberos que estuvieron presentes en Alcanar para hacer una inspección ocular de cómo había quedado la vivienda tras haber saltado por los aires la noche anterior y cuyo único superviviente fue el acusado Mohamed Houli Chemlal. "Había confusión y se barajaba la posibilidad de que fuera una explosión de gas", ha explicado uno de los bomberos que ha comparecido.

No obstante, mientras exploraban la zona, buscaban indicios y recogían los restos mortales de las personas que se encontraban en la casa en el momento de la explosión -uno de ellos fue el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, considerado líder de la célula yihadista--, por la tarde, unos minutos antes de las cinco, hubo una segunda explosión.

"SE HIZO EL SILENCIO ABSOLUTO"

"Se hizo el silencio absoluto. Hay un momento en el que no oyes nada", ha recordado uno de los testigos. "Me empecé a preocupar, comprobé mis extremidades pero empecé a preocuparme de no quedar aplastado por la lluvia de escombros. Salí corriendo, fui hasta el cordón de seguridad y pregunté, sin mirarme, si estaba entero", ha narrado un mosso, que ha declarado "muy nervioso".

Estrés postraumático, ansiedad y perdida auditiva son las secuelas que les han quedado a los mossos y bomberos que estuvieron presentes en la segunda explosión de la vivienda de la urbanización Montecarmelo de Alcanar (Tarragona), según han descrito ante el tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara. Algunos de ellos han sido ya reconocidos como víctimas del terrorismo y han recibido por parte del Ministerio del Interior una indmenización parcial por las heridas que sufrieron.

Algunos de ellos también han tenido consecuencias personales, pues no han podido ascender profesionalmente al no cumplir los requisitos profesionales debido a las secuelas físicas derivadas de la explosión o se les ha reconocido una incapacidad permanente, según han apuntado.

En el momento de la segunda explosión, los agentes de los Mossos y bomberos aún no tenían conocimiento de que el atropello masivo en La Rambla de Barcelona y el posterior en el paseo marítimo de Cambrils tenían algún tipo de relación con el material explosivo que se encontró en Alcanar. Fue después cuando empezaron a ser informados de lo que estaba ocurriendo cuando comenzaron a intuir que podía tener alguna "conexión", ha dicho otro de los mossos que han comparecido como testigo.

Cabe recordar que el jefe de la investigación de los Mossos y el secretario que firmó las actas de esta investigación afirmaron que la explosión de Alcanar precipitó los planes de la célula yihadista y que la intención inicial era atentar en el Camp Nou, la Sagrada Familia de Barcelona y la Torre Eiffel de París el 20 de agosto de 2017.

DOCUMENTACIÓN DEL IMÁN DE RIPOLL

Entre los indicios que se hallaron entre los escombros de la casa de Alcanar había documentación en árabe, dispositivos electrónicos, como una tablet, dos ordenadores y un disco duro y documentación del imán de Ripoll, como su carnet de conducir, y tres libretas bancarias a su nombre, según han señalado otros testigos-peritos.

Asimismo, la unidad de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) también recogió muestras de un explosivo. También se encontraron 104 bombonas de gas, de las cuales 97 estaban llenas y 7 vacías, ha apuntado otro de los peritos.

Esta quinta jornada -la primera de la segunda semana de juicio-- ha sido más tranquila de lo habitual, en la que el presidente del tribunal no ha tenido ninguna discusión con ninguno de los abogados. Además, los letrados, tanto de las acusaciones como las defensas, han encontrado al llegar a la sala de vistas caramelos en cada uno de los sitios asignados para ellos, según han informado fuentes de las acusaciones particulares.

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha defendido este martes que es obligación del Gobierno de buscar "acuerdos" para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con "todas y cada una de las formaciones políticas", entre las que se incluye EH Bildu, porque es "imprescindible" que salgan adelante para la recuperación del país, y con el mayor apoyo posible.

En este sentido, ha tachado de "comentarios absolutamente estériles" las críticas que han recibido por el anunciado apoyo de la formación abertzale a las cuentas públicas; críticas que han llegado no sólo desde la derecha sino también desde dentro el PSOE, por boca de algunos líderes territoriales y también de varios históricos exdirigentes.

Así lo ha asegurado Montero en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre si el Gobierno tiene previsto sentarse a negociar los Presupuestos con la coalición que lidera Arnaldo Otegi, después del aluvión de críticas, y después de que el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmara este lunes que ahora no hay ningún pacto con Bildu.

En su comparecencia, Montero ha señalado que no existe dicho acuerdo, pero ha defendido la necesidad de negociar con todas las fuerzas políticas. "Nos sobran los motivos para que estos Presupuestos puedan ser apoyados por el 100% de las fuerzas", ha afirmado.

SOLO HABLAN "DE NÚMEROS"

Eso sí, ha asegurado que tanto las conversaciones que ya se han mantenido con Bildu como las que se produzcan en el futuro servirán para hablar "de números". "Cualquier cuestión que esté fuera de ese marco para nada ha estado presente en las reuniones en las que hemos hablado, y todavía no hemos acordado", ha insistido Montero.

En este sentido, la portavoz ha asegurado que las críticas que se han lanzado contra el Gobierno tras anunciar Bildu su intención de apoyar los Presupuestos son "estériles", sobre todo teniendo en cuenta que se intenta meter en el debate a ETA, cuando la banda terrorista fue derrotada hace diez años "por la democracia", y con un Gobierno socialista en Moncloa.

"Pretender que el hecho de que Bildu vote estos Presupuestos, que todavía hay un voto que no está confirmado, entender que eso supone una victoria o un reproche a este Gobierno, parece un comentario estéril absolutamente", ha afirmado.

Y a continuación, ha recordado que son las juntas de tratamiento las que se encargan de la situación de los presos, defendiendo de este modo que esta cuestión no ha estado sobre la mesa en sus conversaciones con Bildu para los Presupuestos.

"Las conversaciones que yo he tenido con Bildu, que ha sido una reunión que fue pública, han versado solo y exclusivamente en relación con los números y con las cuentas publicas. No ha habido ningún otro elemento que se haya incorporado", ha enfatizado.

Montero ha cargado en concreto contra el PP y Vox por buscar "excusas" para no apoyar los Presupuestos, en lo que es, a su juicio, una clara estrategia de "desgaste" contra el Gobierno, en este caso, intentando "resucitar una organización" a la que la democracia derrotó hace diez años.

"Todo lo que se ha escrito y se ha hablado pertenece a la permanente insistencia que hacen las formaciones de derechas PP y Vox para buscar excusas y no apoyar los Presupuestos, que saben que es bueno para este país", ha insistido, eludiendo el hecho de que las críticas también han llegado desde las filas socialistas.

Preguntada en concreto sobre algunas de esas críticas de dirigentes del PSOE, y sobre si cree que han sido desleales por hacerlas públicas, Montero ha declinado responder, argumentando que no podía hacer una valoración al respecto desde la mesa del Consejo de Ministros.

"Saben que desde esta mesa no hago referencia a evaluaciones o valoraciones de cuestiones que afectan a algunos de los partidos de este Gobierno. Imaginan cuál es mi opinión respecto a esta cuestión que ha sido expresada por parte de otros compañeros que se sientan en el Consejo de Ministros y que han hablado por boca del PSOE, no voy a hacer mención", ha explicado.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afeado a Vox su decisión de no presentar enmiendas parciales para modificar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y le ha dicho que al Parlamento "se viene a trabajar, no al postureo".

"No sé qué tipo de contraprestación en cuanto a su trabajo se creen los señores de Vox que se merece el sueldo que les pagan los españoles. Aquí se viene a trabajar, aquí no se viene al postureo", ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces.

En su opinión, esto demuestra una vez más que el partido de Santiago Abascal "tiene muy poco que aportar a la solución de los problemas de los españoles", como cree que ya pusieron de manifiesto sus diputados al abandonar la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica del país tras la crisis del coronavirus. "Vox no trabajó absolutamente nada", ha afirmado.

El motivo que ha dado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, para no presentar enmiendas parciales a los Presupuestos es que con ellas no podría "realizar cambios sustanciales", como reducir el gasto previsto en las cuentas o redirigir a "causas verdaderamente importantes" las partidas dedicadas a lo que consideran "gastos superfluos".

Cs NO SE QUEDA "EN EL RINCÓN DE LOS ENFADADOS"

Ciudadanos, en cambio, ha decidido no situarse en "el rincón de los enfadados que gritan y no consiguen nada" y ya consiguió limitar las subidas de impuestos en el proyecto de PGE a cambio de no presentar una enmienda a la totalidad, según ha recordado Bal.

Ahora quieren negociar los Presupuestos con el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de "mejorarlos" y con ese fin han registrado 320 enmiendas parciales.

El portavoz de Cs ha dejado claro las estas cuentas públicas de 2021 deben ser "un salvavidas para las familias, las pymes y los autónomos" y que "no pueden supeditarse a ningún privilegio separatista o identitario que vaya en contra de la igualdad en todo el territorio nacional".

El Grupo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) ha participado hoy en un simulacro de terremoto realizada en la Escuela Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior, con la participación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad, el SUMMA112, la unidad canina y la Policía Municipal de la ciudad de Madrid, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha seguido 'in situ' la prueba acompañado, entre otros, por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, e Inmaculada Sanz, delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

El escenario del simulacro ha sido un país imaginario que ha sufrido en plena madrugada un terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter, provocando graves daños a las infraestructuras y a la población, obligando a sus autoridades a solicitar ayuda internacional.

Por parte del ERICAM han participado una veintena de efectivos, entre miembros del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y del SUMMA112 y binomios caninos de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros (ESDP).

Impulsar la formación y la coordinación entre cuerpos y profesionales es el objetivo fundamental de un simulacro que se celebra anualmente y con el que la Comunidad de Madrid pretende mejorar la eficacia de su Grupo de Emergencia y Respuesta Inmediata ante una catástrofe ocurrida en el exterior de la región.

Tras el simulacro, el consejero madrileño ha querido poner en valor la labor de este grupo de emergencia, del que se sienten "muy orgullosos" por ser fundamental en las catástrofes salvar vidas de forma inmediata. "El personal de seguridad y emergencias debe estar coordinado para esa actuación inmediata con el objetivo de salvar vidas", ha reseñado.

Inmaculada Sanz ha destacado que se necesita estar coordinado con los demás servicios de emergencias, resaltando la unidad de medios aéreos en alusión de los drones que se están potenciando desde el Ayuntamiento de Madrid y que está siendo vital en estos momentos de la pandemia.

MÁS DE 30 AGENTES

En el ejercicio han participado activamente una treintena de agentes del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, acompañados de diferentes vehículos, drones y perros adiestrados.

Durante el simulacro, estos policías municipales han sido los primeros en actuar tras el terremoto para asegurar la zona y evaluar preliminarmente la situación mediante drones.

Además, estos profesionales se han encargado de crear las vías de acceso para garantizar la entrada de los vehículos de emergencia y han acordonado la zona para agrupar a los heridos a consecuencia del seísmo.

El lugar elegido para el simulacro es la Escuela Nacional de Protección Civil que, ubicada en el municipio de Rivas Vaciamadrid, es el centro de formación de referencia en España para los intervinientes del Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente en formación de alto nivel y punto de intercambio de conocimientos con otros países.

Por estas instalaciones, unas de las mejores de Europa, pasan cada año más de 12.000 profesionales de la Protección Civil y Emergencias para formarse, entrenar y actualizar procedimientos de actuación.

En el simulacro han participado también, como observadores, representantes de la dirección general de Protección Civil y emergencias del Ministerio del Interior.

PRUEBA PILOTO DEL PROYECTO FASTER

Otro de los grandes objetivos de este simulacro ha sido la realización del ejercicio piloto de las tecnologías del proyecto FASTER (First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response), un proyecto de investigación de la Unión Europea en el que participan varios médicos y enfermeras del SUMMA112, el servicio de urgencias y emergencias sanitarias de la Comunidad de Madrid.

FASTER persigue apoyar tecnológicamente a los primeros intervinientes en una gran emergencia, para aumentar su seguridad y contribuir a la eficacia de la respuesta y la mejora de la atención a las víctimas, y aglutina a profesionales de distintos servicios de seguridad y emergencias de toda Europa con el objetivo de desarrollar herramientas tecnológicas que protejan a los primeros intervinientes (servicios sanitarios de Emergencias, Bomberos, Policía, etc.) en todos los aspectos de su trabajo en catástrofes.

ERICAM: UNA REFERENCIA ANTE CATÁSTROFES INTERNACIONALES

El ERICAM es el grupo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. Se fundó en el año 2006 con el objetivo de organizar, en menos de tres horas, equipos de profesionales que puedan dar una respuesta inmediata a cualquier tipo de catástrofe, en cualquier parte del mundo.

Este grupo de intervención rápida ha participado en tareas de salvamento y rescate en los terremotos de Haití y Chile de 2010, en el de Lorca (Murcia), en 2011, y en el de Ecuador, en 2016.

También ha colaborado en la lucha contra los incendios forestales ocurridos el verano de 2017 en Portugal y Galicia

El Gobierno ha aprobado ampliar al 30 de junio de 2021 la reforma de la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas o inversores de otros países la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas de sectores estratégicos aprovechando la caída de su cotización por el coronavirus.

Así, de forma temporal hasta el cierre del primer semestre de 2021, se incluyen en el régimen de autorización previa las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas si la inversión es superior a 500 millones de euros.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digial, Nadia Calviño.

Además, se aclaran los sectores estratégicos en los que se requiere autorización para llevar a cabo una inversión.

El pasado mes de marzo, en pleno confinamiento para frenar la pandemia, el Gobierno aprobó un blindaje para proteger a las empresas españolas de inversores extracomunitarios aprovechando el desplome de su valor en Bolsa. Semanas después, extendió esta restricción también a las adquisiciones realizadas por inversores residentes en países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio cuando dichos inversores estuvieran controlados por entidades residentes fuera de ese ámbito territorial.

Con el Real Decreto aprobado este martes, la medida se aplica directamente a inversores de otros países de la Unión Europea, y con ella se trata de proteger tanto a empresas cotizadas como no cotizadas de sectores estratégicos.

De este modo, se amplía el ámbito de aplicación de la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España por motivos de seguridad pública, orden público y salud pública en los principales sectores estratégicos que se estableció el pasado 17 de marzo.

En esa fecha, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó la reforma de la normativa sobre inversiones exteriores "para impedir que empresas de fuera UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos aprovechando la caída conyuntural de sus acciones en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad los mercados financieros".

El Estado mantenía históricamente un mecanismo llamado de 'acción de oro' para evitar que las empresas españolas que operasen en sectores estratégicos cayeran en manos de compañías extracomunitarias aprovechándose de su menor valor en Bolsa, pero esta prerrogativa fue derogada por anteriores gobiernos por exigencia de Bruselas, amparándose en el principio de reciprocidad.

De esta forma, el Gobierno suspenderá las operaciones cuando el inversor, extracomunitario o también comunitario, pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de una sociedad española que opere en un sector estratégico, o cuando debido a la operación societaria, acto o negocio jurídico, se tome el control de la misma. El blindaje estará vigente hasta el 30 de junio de 2021.