El Gobierno ha resuelto de forma favorable la demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta por la familia de Samba Martine, una mujer congoleña que falleció en 2011 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche.

La mujer falleció tras pasar 39 días en el CIE madrileño para proceder a su expulsión del país tras pasar por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde se le detectó que era portadora de VIH.

Sus allegados demandaron al Estado al entender que la mujer pasó por diversas consultas de los servicios médicos del CIE por dolores, pero no fue derivada al hospital y el expediente médico no llegó al centro madrileño.

El Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid instruyó el caso y el año pasado absolvió al único acusado al entender que sería "injusto" cargar al acusado en exclusiva del fallecimiento de Samba Martine. "Tanto las omisiones de otras personas como las deficiencias burocráticas tuvieron un peso muy relevante en que la interna no recibiera el tratamiento debido", argumentó el juez en su fallo.

Ahora, el Ministerio de Presidencia ha concluido en una resolución administrativa, que procederá a indemnizar a la familia porque hubo una "falta de coordinación" de administraciones implicadas.

En este caso entre el CIE de Aluche, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla (dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entonces Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) y de la empresa entonces responsable de la atención médica del citado CIE.

SE PUDO MEJORAR LA ASISTENCIA

Concretamente, Presidencia expone que de haberse realizado "un simple análisis", se hubiera sabido que era portadora de VIH y se le hubiera dado el "tratamiento adecuado", algo que si bien no puede afirmarse que "hubiera evitado el deceso, sin lugar a dudas habría determinado una mejor asistencia".

También detalla que el CITE de Melilla, que conocía la patología que sufría, debía haberse asegurado de que esa información llegaba a la interesada o al centro de internamiento que iba a acoger su traslado. Además, recalca que el CIE de Aluche debería haber reclamado ese informe médica al apreciar que no había sido entregado.

Por otro lavo, ve relevante reseñar que la fallecida no hablaba español y que en su estancia en el CIE solo estuvo asistida por un traductor en una sola ocasión de las diez veces que demandó asistencia médica. En esta línea, "no consta" en la documentación aportada que se ofreciera por parte del centro dicho servicio ni que fuera demandado por los facultativos que la evaluaron.

DEFICIENTE ACTUACIÓN

En cuanto a la empresa encargada de los servicios sanitarios, la resolución del Ministerio de Presidencia determina que hubo una "deficiente actuación" ya que ningún facultativo "interesó realizar un análisis clínico" a Martine "a pesar de las numerosas dolencias que padecía".

Todo ello unido a que en ese momento se encontraba "en una relación de sujeción especial" con el CIE de Aluche, dado que la administración tiene el "deber especial de velar por la vida, integridad y salud" de los internos desde el momento en que se encuentran bajo su tutela.

Por tanto, el Ministerio de Presidencia reconoce que había falta de coordinación a través de un protocolo de transmisión de datos entre ambos centros, lo que habría permitido conocer sus datos clínicos y prestar "una mejor atención".

Diversas entidades sociales que han apoyado a la familia han recibido con satisfacción esta resolución y valoran que el Estado haya reconocido su responsabilidad "por cuanto tiene de reparación a la familia de Samba y también a su recuerdo".

Además, quieren que esta resolución "sirva para evitar casos como el de Samba en el futuro" aunque aseguran que nueve años después de su muerte "sigue sin existir un protocolo que garantice la correcta derivación de la información médica entre los CIE y los CETI".

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dejado claro que volverá a reunirse con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales en el mes de enero para evaluar cómo está el colectivo de trabajadores por cuenta propia y para ver si se tiene que reajustar alguna de las medidas y conocer cuál es la proyección que necesitan los autónomos para seguir transitando esta situación provocada por la pandemia.

Así lo ha señalado en la sesión de control al Senado en el turno de interpelaciones, donde ha mandado su "absoluta" solidaridad a los trabajadores por cuenta propia. "Decirles que hay mecanismos y soluciones por las que se están protegiendo sus rentas y que se está haciendo de forma extraordinariamente extensa", ha remarcado.

También ha afirmado que son bienvenidas las ayudas que quieran poner en marcha las comunidades autónomas y ayuntamientos para hacer una ayuda "más intensa e integral".

"El nivel de empatía que tenemos y el compromiso que tenemos que tener todos nosotros con la situación tan difícil que están pasando los autónomos durante este periodo es extraordinario", según Escrivá, que ha puesto en valor el compromiso que está haciendo España y ha dicho que la protección del país, que rondó al 48% de los autónomos, estuvo por encima de la de los países del entorno español.

Escrivá ha incidido en que en la actualidad cualquier autónomo que tenga una caída del 75% en comparación con lo registrado hace un año, tiene derecho a una prestación y a la exención de sus cotizaciones.

De su lado, la senadora del PP María José Heredia de Miguel ha puesto de relieve que los trabajadores por cuenta propia no quieren estar ahogados de deuda en este periodo de incertidumbre y que no quieren que acceder a los créditos sea "la única solución" para adaptarse a su nueva situación.

"¿Qué le impide atender las necesidades de los autónomos y atenderles como les están pidiendo? ¿Por qué tienen que tensar tanto la cuerda con este colectivo?", ha preguntado la senadora, tras insistir en que no es el momento para crear más problemas, sino "el momento de ayudar".

Asimismo, le ha trasladado al ministro que "no es oportuno poner en marcha ahora mismo el sistema de cotización por ingresos reales" y ha resaltado que el colectivo solo pide esperar para implantarlo.

De su lado, Escrivá ha contestado que el Gobierno está con los trabajadores por cuenta propia y entiende sus problemas, por lo que va a haber consenso y se va a tener en cuenta cuál es la mejor forma para implantar este sistema y que esta sea "lo más gradual posible para que no genere fricciones". "Verá cómo llegamos a un acuerdo y que será una situación magnífica, porque tiene todo el sentido del mundo", ha insistido.

Por otro lado, ha destacado que hasta el día de ayer se han acogido 250.000 autónomos a la prestación extraordinaria similar a la que había en marzo, que ahora es ordinaria.

Además, ha aprovechado para apuntar que el Gobierno se ha gastado 250 millones de euros en autónomos en octubre y un total de 7.500 millones desde el inicio de la pandemia, mientras que en la crisis anterior el gasto fue cero.

También respecto a la crisis anterior, ha resaltado que mientras que el número de autónomos descendió de 3,5 millones a 3 millones, ahora el número de autónomos es superior a los 3,27 millones que había en marzo. "Esto es gracias a que los hemos protegido", ha añadido.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha abogado este martes por la modernización de la administración de justicia, entre otras cosas para mejorar su impacto en la economía del país, si bien ha destacado el "capital humano" con el que ya cuenta, "jueces plenamente comprometidos con la independencia judicial".

"Es necesario invertir en justicia y mejorar su organización, no cabe duda, pero lo más importante, el capital humano, ya lo tenemos: son nuestros jueces. Es una enorme ventaja contar con miembros de la carrera judicial plenamente comprometidos con la independencia judicial y con los derechos y libertades de todos los ciudadanos", ha dicho en un vídeo emitido durante la presentación 'online' del 'Informe 2020 del Observatorio de la Actividad de la Justicia', elaborado por la Fundación Wolters Kluwer.

Lesmes ha considerado que una de las principales conclusiones de este informe es "la gran repercusión" que el funcionamiento de la justicia tiene en la esfera económica. "Un sistema judicial que funciona bien tiene un indiscutible impacto en la eficiencia de la economía y sirve como garantía de la paz social y del progreso del país", ha defendido el jefe del Poder Judicial.

En cambio, ha continuado, una mala justicia puede perjudicar el crecimiento económico y, en este sentido, ha comentado algunos indicadores negativos recogidos en el informe, como la alta litigiosidad en España, que redunda en una mayor carga de trabajo para juzgados y tribunales y en la congestión de los mismos; y ha añadido otros, como "las cantidades económicas que se encuentran inmovilizadas en los órganos judiciales a la espera de una resolución" y que el CGPJ cifró en más de 4.400 millones de euros en 2019.

Además, ha recordado que "el estado de alarma ha supuesto la suspensión de todas las actuaciones judiciales y de los plazos procesales, salvo en los supuestos de servicios esenciales, y todo ello ha provocado una situación inédita y excepcional en nuestros juzgados y tribunales".

"En estos momentos, la justicia se enfrenta a uno de sus mayores retos", ha asumido. "La situación de crisis sanitaria y económica originada por la pandemia nos ha colocado a todos en todos los sectores en una situación de extrema dificultad", ha expuesto.

En este contexto, ha reclamado "el mayor de los esfuerzos de cada uno en su correspondiente ámbito". En su opinión, "hoy más que nunca es necesaria la colaboración de todas las instancias implicadas en la mejora de la justicia". Tan solo unidos (...) podemos salir de esta situación y fortalecernos ante una nueva crisis", ha defendido.

Lesmes también ha estimado que es "el momento idóneo para avanzar en la definitiva consagración de las nuevas tecnologías en la justicia y aprovechar el momento para transformarla en un servicio público moderno, dotado de las máximas cotas de calidad y eficacia", por ejemplo, usando medios telemáticos para "agilizar la carga de trabajo".

"Ir avanzando de manera progresiva en esta línea nos previene y puede contribuir a mitigar las consecuencias negativas para la justicia de la situación que estamos atravesando. Aprovechemos para mejorar la organización de la justicia", ha animado.

TRES GRANDES CAMBIOS

El abogado y economista del Banco de España Juan Mora-Sanguinetti, que ha intervenido en el mismo acto, ha hecho hincapié en el impacto que la justicia tiene en la economía, como "pilar" de la contratación privada de ciudadanos y empresas y garantía de los derechos de propiedad. A nivel internacional, ha explicado que suele repercutir en los mercados financieros, a lo que en España se suman consecuencias en las relaciones empresas y en la inversión.

Mora-Sanguinetti ha augurado que la pandemia podría incrementar el número de litigios y con ello el atasco en juzgados y tribunales, con el consecuente perjuicio económico, si bien ha instado al mismo tiempo a usar este "panorama algo gris" para "adelantarnos a los problemas y diseñar soluciones".

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha propuesto "tres grandes cambios" para remediar la "mala situación" de la justicia española, "que puede verse empeorada por la crisis del coronavirus". Así, ha mencionado la necesidad de encontrar alternativas a la "justicia formal", aumentar los "niveles de previsibilidad" de las respuesta judiciales y optar por "un enfoque mucho más gerencial de nuestra administración de justicia".

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha afirmado que se está avanzando en un texto de modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), pero ha dicho que todavía no hay el consenso necesario para aprobarlo.

No obstante, ha puesto de relieve la necesidad de que el texto se alcance en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público junto con las organizaciones sindicales de la función pública, ya que cree que es en este grupo "donde se debe acotar el problema de cara al futuro".

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha resaltado también que es "muy importante" poner coto a la temporalidad de las administraciones públicas y que no se siga engrosando este tipo de trabajo temporal, que tiene "mucha naturaleza coyuntural y, sin embargo, está teniendo en muchas ocasiones una naturaleza estructural".

Darias ha puesto en valor que ya el pasado 11 de junio se constituyó un grupo de trabajo con organizaciones sindicales y comunidades autónomas para llevar a cabo una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, donde posteriormente se acordó, con el consenso de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la modificación del teletrabajo en la Administración.

Asimismo, ha recordado que el problema de la temporalidad se debe a las tasas de reposiciones cero que hubo entre 2012 y 2015 y a que muchas plazas selectivas no se convocaron durante muchos años. "Ello ha ido creando una bolsa cada vez mayor de temporalidad", ha resaltado la ministra.

No obstante, ha destacado que en la Administración General del Estado (AGE) la temporalidad es del 7%, en las administraciones autonómicas del 36,6%, en las locales del 12% y en las universidades del 44%.

"Tenemos un problema, al que tenemos que contribuir y acotar entre todos con compromiso, valentía y miras al futuro", ha remarcado Darias, tras apuntar que el Gobierno está comprometido y quiere dar una respuesta "coherente y legal" al problema de la temporalidad en las administraciones públicas.

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Toledo, ha levantado las medidas especiales de nivel 3 que estaban vigentes en La Puebla de Montalbán y Valmojado, ante la evolución de la pandemia por COVID-19 en ambos municipios. Sin embargo, ha decidido prorrogarlas en las localidades de Ajofrín, Mora y Sonseca.

De este modo, tanto en La Puebla de Montalbán como en Valmojado resultan de aplicación desde este momento las medidas de nivel 2 contempladas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario de brotes complejos o transmisión comunitaria de COVID-19 y que imperan de manera generalizada en toda Castilla-La Mancha, excepto en aquellas localidades que se encuentren en nivel 3, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En el caso de La Puebla de Montalbán, durante la semana epidemiológica número 44 (del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020), se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 17 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 216,3 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, en la semana epidemiológica número 45 (del 2 al 8 de noviembre de 2020) se han declarado un total de 15 casos de COVID-19, lo que supone una tasa de incidencia semanal de 190,8 casos por cada 100.000 habitantes.

Así pues, entre las semanas epidemiológicas 44 y 45 se han declarado en el municipio un total de 32 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 407,1 casos por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, en Valmojado se declararon un total de 10 casos de COVID-19 durante la semana epidemiológica número 44 (del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020), lo que supone una tasa de incidencia semanal de 232,4 casos por cada 100.000 habitantes. En la semana epidemiológica número 45 (del 2 al 8 de noviembre de 2020) se han declarado un total de 5 casos de COVID-19 en el municipio, lo que supone una tasa de incidencia semanal de 116,2 casos por cada 100.000 habitantes.

Así pues, entre las semanas epidemiológicas 44 y 45 se han declarado en el municipio de Valmojado un total de 15 casos de COVID-19, lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 348,6 casos por cada 100.000 habitantes.

En ambos casos los datos muestran que, gracias a las medidas propuestas, la situación epidemiológica ha mejorado en los últimos 14 días, por lo que se adopta la resolución de levantar las medidas de nivel 3 e incorporar a ambos municipios a las de nivel 2 imperantes en el conjunto de la región, con la excepción de los municipios que se encuentran en nivel 3.

AJOFRÍN, MORA Y SONSECA

De su lado, la Consejería de Sanidad ha resuelto prorrogar las medidas especiales nivel 3 vigentes en Ajofrín, Mora y Sonseca, ante la evolución de la pandemia por COVID-19 en los tres municipios.

Así, las medidas decretadas en esta prórroga tendrán una validez de 10 días naturales, prorrogables por otro período de 10 días, si bien en el caso de que las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se podrían adoptar medidas complementarias a las establecidas.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha señalado que la designación de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como directora de una cátedra, corresponde a la propia universidad, en este caso, la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según recoge la Ley Orgánica de Universidades (LOU).

"A partir del art. 2 de la LOU, las universidades, en función de su autonomía, pueden desarrollar figuras colaborativas con otras entidades públicas o privadas, fundaciones, empresas, etc., entre las cuales están las cátedras extraordinarias; la ordenación y designación de los cargos en estas cátedras corresponde por entero a las universidades en función de esa autonomía y se rigen por los estatutos de la universidad exclusivamente", ha señalado Castells.

Así ha respondido el ministro al senador 'popular' Jesús Vázquez Abad, que ha preguntado a Castells en el Pleno del Senado sobre los requisitos académicos y/o méritos profesionales que considera que debe reunir una persona para dirigir una cátedra de una universidad pública, después de que varios medios publicasen que la mujer de Pedro Sánchez es directora de una cátedra en la UCM sin cumplir con los requisitos para ello.

Según el senador, hasta la fecha los requisitos para dirigir una cátedra en la universidad pública atienden a dos tipos: tener una brillante carrera académica o una carrera profesional de reconocido prestigio. "¿En cuál de las dos se ajusta la candidata Begoña Gómez?", ha formulado.

"Qué facilidad tiene la izquierda para adelantar por la derecha", ha asegurado el senador, acusando además a Castells de convertir su Departamento en una "agencia de colocación de afines".

El senador también ha reprochado que el actual Gobierno cuenta con un total de 23 ministerios para 'colocar' a "cientos de asesores", pero, tal y como dice, no son suficientes, por lo que "ahí está la universidad pública para catapultar a la mujer del presidente".

En su turno de réplica, Castells ha insistido en que son las propias universidades las que designan estos cargos, no el Ministerio. "Usted parece que sigue confundiendo lo que es una cátedra de universidad con lo que es una cátedra extraordinaria, que son creadas, gestionadas y dirigidas según sus criterios por las universidades y en función de sus propios estatutos, y son las universidades, en función de esa autonomía, las que organizan esas cátedras, designan los cargos y establecen los requisitos", ha explicado.

En este sentido, el ministro ha asegurado que "el Ministerio no tiene competencia ni quiere tener competencia sobre esas decisiones". "Respetamos escrupulosamente el principio de autonomía de las universidades consagrado en la Constitución, cosa que usted no parece respetar", ha zanjado.

Arianespace y la ESA han creado una comisión de investigación para esclarecer el fracaso del lanzamiento del satélite español Ingenio. Al parecer, errores de integración del cohete malograron la misión.

El vehículo de lanzamiento, que ya sufrió un fallo de propulsión en julio de 2019, despegó como estaba programado el 16 de noviembre a las 2.52 UTC desde Kouoru, Guayana Francesa. Las primeras tres etapas funcionaron nominalmente hasta el encendido de la etapa superior AVUM, ocho minutos después de la salida de la plataforma de lanzamiento. En ese momento se detectó una trayectoria degradada, seguida de una pérdida de control del vehículo y la posterior pérdida de la misión.

Investigaciones iniciales realizadas tras el fracaso de la misión con los datos disponibles, apuntan a que un problema relacionado "con la integración del sistema de activación de boquillas AVUM de la cuarta etapa del cohete Vega es la causa más probable de la pérdida de control del lanzador".

Según un comunicado del operador comercial de transporte espacial Arianespace, la Comisión proporcionará pruebas detalladas "para explicar por qué no se tomaron medidas para identificar y corregir el error de integración".

La Comisión formulará una hoja de ruta para el regreso del cohete Vega al vuelo en condiciones de total confiabilidad. Arianespace y la ESA presentarán conjuntamente las conclusiones de esta comisión.

Como propietaria del cohete, Arianespace expresa sus más "profundas disculpas" a los clientes y fabricantes de satélites involucrados en esta misión.

SEOSAT-Ingenio iba a ser todo un hito al ser el primer satélite 100% español, que se encargaría de 'vigilar' desde el espacio el estado de los suelos, del agua, del aire, e incluso la contaminación de las ciudades.

Liderado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el coste total del Gobierno en este proyecto, iniciado en 2008, ronda los 200 millones de euros. Ha sido la primera vez que España diseña y desarrolla un sistema completo espacial. De hecho, los contratistas principales, el subsistema, los equipos, los operadores y la explotación comercial ha sido española.

Entre su instrumental de vanguardia destacaba una cámara dual de última generación que puede tomar imágenes de la Tierra con una resolución de 2,5 metros.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, confía en que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados esté a probada a lo largo del próximo año o "a más tardar en inicios del siguiente".

"Confiamos que a lo largo del próximo año, a más tardar en inicios del siguiente, podamos contar con una nueva estructura normativa para la gestión de residuos en nuestro país, dando así cumplimiento a los requerimientos que la Comisión Europea Establece", ha señalado Morán.

Así lo ha manifestado este martes el secretario de Estado durante su intervención en el Congreso, durante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, al ser preguntado por el diputado del Grupo Parlamentario Vox Luis Gestoso sobre la adopción de algún plan de revisión de los vertederos españoles.

Morán ha recordado que, en estos momentos, la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados ha pasado el trámite de primera lectura en el Consejo de Ministros y que se ha sometido al trámite de información pública, habiéndose recogido 5.000 aportaciones que se están evaluando.

Una vez que se ajuste el texto, pasará a segunda lectura en Consejo de Ministros. "Confiamos en remitir a la Cámara en el primer semestre de 2021 un nuevo proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados que, entre otras cuestiones, haga trasposición de la Directiva Europea", ha dicho.

Asimismo, Morán ha recordado que el Gobierno aprobó en julio el Real Decreto 646 2020 por el que se regula el depósito de residuos en vertederos que, además de transponer la Directiva 850 2020 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva relativa al vertido de residuos, ha revisado la norma de 2001 hasta entonces vigente en la materia.

LAS CCAA, LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN VERTEDEROS

En este sentido, el secretario de Estado ha insistido en que, una vez aprobado el Real Decreto, son las comunidades autónomas "las autoridades competentes para la autorización, vigilancia, inspección y sanción" y, conforme al Real Decreto 646 2020 de 7 de julio, deben ser las Administraciones Autonómicas "las que procedan a revisar las autorizaciones de los vertederos existentes aplicando el nuevo Real Decreto".

En este contexto, el diputado de Vox ha criticado la "proliferación de vertederos ilegales" por toda España y el "desbarajuste competencial e inacción de las comunidades autónomas en este descontrol". Así, ha mencionado que el ejemplo "más palmario" es la "desastrosa" gestión del Gobierno vasco en el vertedero de Zaldibar.

Para Gestoso, la política medioambiental "no es sólo llevar a cabo su agenda climática tan demoledora para la agricultura, industria y para el futuro de España". "La política medioambiental también es cuidar el medioambiente en las demás facetas ajenas a chiringuitos y amigotes, como es vigilar lo que se vierte sin las mínimas condiciones de seguridad", ha sentenciado.

Por otro lado, la diputada del Partido Popular Paloma Gázquez le ha preguntado a Morán por el motivo del retraso de la publicación de la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

En su opinión, el retraso en esta orden "demuestra que siempre han ido por detrás" en la gestión de una pandemia con consecuencias mortales, ya que, en sus palabras, "debería haber estado publicado y en funcionamiento en febrero, no el 22 de marzo después de la declaración del estado de alarma".

"Nos preocupa el cumplimiento de la orden y el seguimiento de la misma", ha apuntado la diputada popular, destacando su preocupación por que se recoja un protocolo para la recogida de residuos para las personas enfermas que están en su vivienda y no requieren hospitalización.

Durante su intervención, Morán ha defendido que desde principios del mes de marzo, cuando empezó a conocerse el alcance potencial de la crisis de la Covid-19, el Ministerio contactó con las comunidades autónomas y trabajaron en unas directrices "para hacer frente a la situación" que fueron distribuidas el 13 de marzo. Tras decretarse el estado de alarma, según ha subrayado, comenzaron a trabajar partiendo de esas directrices.

En la orden, el secretario de Estado ha asegurado que la incineración de residuos "no se consideró técnica prioritaria". No obstante, ha añadido que la orden contempló la posibilidad de hacer uso de ese tratamiento por parte de las comunidades autónomas ante el exceso de residuos sanitarios asociados al coronavirus y a la superación de la capacidad de las plantes de tratamiento específicas.

En concreto, Morán ha resaltado que el número de instalaciones de incineración de residuos municipales disponible en España es de diez, con capacidad de tratamiento asociada de casi 2,6 millones de toneladas. Además, ha añadido que se facilitó que las comunidades autónomas pudieran autorizar la coincineración en plantas de fabricación de cemento "con las debidas garantías".

"Esto en ningún caso supone que la orden ministerial referida se obviase el cumplimiento de los parámetros de emisión de los residuos que van asociados a dichas instalaciones", ha matizado el secretario de Estado.

La asignatura de Valores Cívicos y Éticos de la nueva ley de educación, la LOMLOE, será impartida por profesores "competentes" con "conocimientos en Filosofía", según ha afirmado la Ministra de Educación, Isabel Celaá.

Así lo ha indicado Celaá este martes 17 de noviembre en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del senador de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño sobre lo que va a suceder con la asignatura de ética en la nueva ley educativa.

El senador de Más Madrid ha calificado de "incomprensible y inexplicable" que "se nieguen a restaurar la ética de 4º en el lugar y con el peso que le corresponde". "Es una absoluta decepción", ha valorado Fernández Rubiño, instando a la ministra a "rectificar" en el proceso de enmiendas en el Senado.

Para el senador de Más Madrid, una de las cuestiones "más graves" de la Ley Wert fue "desplazar" del currículo la filosofía y la ética una asignatura que "no es solo la historia del pensamiento de esta civilización, el origen de la fundamentación de la ciencia, el intento de plantear las preguntas a las que ningún ser humano puede dejar de intentar responder, sino también la raíz de los cimientos del edificio jurídico y político en que se basa la democracia y la ciudadanía.

A su juicio, "no es suficiente con una asignatura de Valores Cívicos con "escasa carga curricular" e "impartida por profesores no especializados". "Porque no es lo mismo estudiar la apología de Sócrates que aprender a recitar la Constitución Española, no es lo mismo estudiar el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt que aprender una especie de catecismo laico de buenas maneras", ha advertido.

Si bien, la ministra ha defendido que es suficiente con la asignatura de Valores Cívicos y Éticos. "Asumo todo lo que usted dice pero no es necesario más que incorporarlo a los Valores Cívicos y Éticos", ha subrayado, precisando que en esta materia, los alumnos conocerán no solo los valores constitucionales, sino también "la igualdad entre hombre y mujer o la educación para la transición ecológica", entre otros.

Además, ha asegurado que los profesores que impartirán esta asignatura serán aquellos "que tengan conocimientos en Filosofía" aunque ha precisado que todavía no se ha decidido qué profesorado tendrá que ser el competente para darlo.

"Probablemente el que usted piensa, que tenga conocimientos en Filosofía porque la ética forja el carácter, es aquella parte de la filosofía moral que nos permite deslindar entre lo correcto y lo incorrecto, y obviamente esa es la esencia de toda la educación, porque la finalidad es hacer personas competentes, críticas, éticas, capaces deslindar entre lo verdadero y lo falso", ha enfatizado Celaá.

Precisamente, sobre este punto, el senador de Más Madrid ha recomendado a la ministra que "si quieren combatir las fake news, reinstauren la ética de cuarto". "No necesitan ninguna orden ministerial que le ponga más fácil a la derecha soltar soflamas contra supuestos ministerios de la verdad", ha indicado.

La ministra de Educación ha recordado que, de acuerdo con la nueva ley de educación, la LOMLOE, todo el alumnado cursará Educación en valores cívicos y éticos en uno de los cursos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

La asignatura de Valores Cívicos y Éticos de la nueva ley de educación, la LOMLOE, será impartida por profesores "competentes" con "conocimientos en Filosofía", según ha afirmado la Ministra de Educación, Isabel Celaá.

Así lo ha indicado Celaá este martes 17 de noviembre en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del senador de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño sobre lo que va a suceder con la asignatura de ética en la nueva ley educativa.

El senador de Más Madrid ha calificado de "incomprensible y inexplicable" que "se nieguen a restaurar la ética de 4º en el lugar y con el peso que le corresponde". "Es una absoluta decepción", ha valorado Fernández Rubiño, instando a la ministra a "rectificar" en el proceso de enmiendas en el Senado.

Para el senador de Más Madrid, una de las cuestiones "más graves" de la Ley Wert fue "desplazar" del currículo la filosofía y la ética una asignatura que "no es solo la historia del pensamiento de esta civilización, el origen de la fundamentación de la ciencia, el intento de plantear las preguntas a las que ningún ser humano puede dejar de intentar responder, sino también la raíz de los cimientos del edificio jurídico y político en que se basa la democracia y la ciudadanía.

A su juicio, "no es suficiente con una asignatura de Valores Cívicos con "escasa carga curricular" e "impartida por profesores no especializados". "Porque no es lo mismo estudiar la apología de Sócrates que aprender a recitar la Constitución Española, no es lo mismo estudiar el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt que aprender una especie de catecismo laico de buenas maneras", ha advertido.

Si bien, la ministra ha defendido que es suficiente con la asignatura de Valores Cívicos y Éticos. "Asumo todo lo que usted dice pero no es necesario más que incorporarlo a los Valores Cívicos y Éticos", ha subrayado, precisando que en esta materia, los alumnos conocerán no solo los valores constitucionales, sino también "la igualdad entre hombre y mujer o la educación para la transición ecológica", entre otros.

Además, ha asegurado que los profesores que impartirán esta asignatura serán aquellos "que tengan conocimientos en Filosofía" aunque ha precisado que todavía no se ha decidido qué profesorado tendrá que ser el competente para darlo.

"Probablemente el que usted piensa, que tenga conocimientos en Filosofía porque la ética forja el carácter, es aquella parte de la filosofía moral que nos permite deslindar entre lo correcto y lo incorrecto, y obviamente esa es la esencia de toda la educación, porque la finalidad es hacer personas competentes, críticas, éticas, capaces deslindar entre lo verdadero y lo falso", ha enfatizado Celaá.

Precisamente, sobre este punto, el senador de Más Madrid ha recomendado a la ministra que "si quieren combatir las fake news, reinstauren la ética de cuarto". "No necesitan ninguna orden ministerial que le ponga más fácil a la derecha soltar soflamas contra supuestos ministerios de la verdad", ha indicado.

La ministra de Educación ha recordado que, de acuerdo con la nueva ley de educación, la LOMLOE, todo el alumnado cursará Educación en valores cívicos y éticos en uno de los cursos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 503 nuevos casos por infección de coronavirus, lo que supone un incremento de los casos frente a los reportados este lunes, cuando se notificaron 240 nuevos positivos. Asimismo, se ha incrementado también el número de fallecimientos, con 17, frente a los 11 notificados este lunes.

Por provincias, Toledo ha registrado 186 casos, Albacete 120, Ciudad Real 78, Cuenca 74 y Guadalajara 45, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 82.602. Por provincias, Toledo acumula 31.812 casos, Ciudad Real 19.500, Albacete 13.326, Guadalajara 10.061 y Cuenca 7.903.

El número de hospitalizados con COVID-19 en cama convencional es 756. Por provincias, Toledo tiene 354 de estos pacientes (245 en el Hospital de Toledo, 107 en el Hospital de Talavera de la Reina y 2 en el Hospital Nacional de Parapléjicos), Albacete 155 (95 en el Hospital de Albacete, 25 en el Hospital de Hellín, 24 en el Hospital de Almansa y 11 en el Hospital de Villarrobledo), Ciudad Real 120 (46 en el Hospital de Ciudad Real, 32 en el Hospital Mancha Centro, 14 en el Hospital de Tomelloso, 12 en el Hospital de Valdepeñas, 11 en el Hospital de Puertollano y 5 en el Hospital de Manzanares), 67 en Cuenca (todos ellos en el Hospital de Cuenca) y 60 en Guadalajara (todos ellos en el Hospital de Guadalajara).

El número de personas ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador es 97. Por provincias, Toledo tiene 34 de estos pacientes, Ciudad Real 28, Albacete 16, Guadalajara 16 y Cuenca 3.

En las últimas 24 se han registrado 17 fallecimientos por coronavirus, 11 en la provincia de Toledo, 2 en Ciudad Real, 2 en Cuenca, 1 en Guadalajara y 1 en Toledo.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es 3.892. Por provincias, Toledo acumula 1.264 fallecidos, Ciudad Real 1.251, Albacete 642, Cuenca 373 y Guadalajara 362.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

82 centros sociosanitarios de la Comunidad cuentan con algún caso confirmado. De los 82 centros, 45 se encuentran en la provincia de Toledo, 14 en Cuenca, 9 en Guadalajara, 8 en Ciudad Real y 6 en Albacete.

Los residentes con caso confirmado son 453 y los fallecidos suman 1.552.

La vicepresidenta Cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que la inversión del Gobierno para la recuperación del Mar Menor "dependerá de cómo de eficaces y responsables" sean las respuestas que procedan del Gobierno de la Región de Murcia.

Así lo ha manifestado este martes Ribera durante su intervención en el Pleno del Senado, al ser preguntada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular Francisco Martín Bernabé por qué el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 "no contempla ni un euro" para la recuperación del Mar Menor.

La ministra ha respondido que los Presupuestos "no vinculan a nivel de programa" y que la inversión dependerá de las respuestas que procedan del Gobierno murciano, presidido por el popular Fernando López Miras.

"Es un asunto capital al que hemos dedicado y seguimos dedicando un gran esfuerzo. Nuestro compromiso es la plena regeneración, empleando todo lo que tengamos que emplear desde nuestra competencia", ha defendido Ribera.

En la misma línea, ha insistido en que la "única manera" de abordar la limpieza en el Mar Menor es tomar "en serio" las causas que originan el problema, por lo que actualizan cada mes el plan de actuaciones.

"Me sorprende el cinismo con el que no habiendo hecho nada, piden exenciones a los defraudadores en lugar de cumplir la ley, con cumplir la ley nos basta para tomárnoslo en serio en un proceso que va a ser complicado", ha subrayado Ribera, destacando que hay un total de 146 millones de euros, 21 de los cuales irán en el 2021 si el Gobierno murciano ejerce sus competencias, que, a su juicio, "por ahora son cero".

Por su parte, el diputado popular ha recordado que el Mar Menor ha sufrido un "terrible" episodio de anoxia marina y cuatro DANA consecutivas que "arrastraron miles de toneladas de fango".

"Su respuesta fue la negación por tres veces y la puntilla la han puesto con esos Presupuestos, con la negación de no incluir un solo euro para su recuperación", ha manifestado.

Asimismo, Martín Bernabé ha criticado el compromiso de la ministra con ERC en la restauración medioambiental del Delta del Ebro. "En uno apuesta por su salvación mientras que en otro apuesta por su destrucción, pero en uno se lo piden sus socios separatistas y en otro desde el PP", ha afirmado.

En este contexto, el diputado del GPP ha subrayado que el Mar Menor "es mucho más que una ideología", ya que para muchas personas "es un modo de vida", por lo que le ha recriminado a Ribera que "si puede quiere". "Nos resulta difícil creer que usted quiera realmente ayudarnos", ha concluido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que, con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Ejecutivo ha "puesto en pie", en "tiempo récord" y "en pandemia" un "nuevo Estado del Bienestar".

Durante su intervención en el Pleno del Senado, el jefe del Ejecutivo ha reconocido que el Gobierno debe mejorar en la gestión de esta prestación, pero ha pedido también reconocimiento para su equipo que, según ha señalado, ha puesto en marcha medidas "en tiempo récord".

En el caso del IMV, ha explicado, se trata de unas ayudas de las que "ya se están beneficiando 800.000 españoles".

El presiente el Gobierno ha respondido así a una pregunta parlamentaria realizada por la senadora de Esquerra Republicana (ERC), Mirella Cortés, en la que reclamaba un mayor esfuerzo a un Ejecutivo que se ha autodenominado "el más progresista de la historia".

"FALTA DINERO"

"Algunas comunidades autónomas estamos movilizando los recursos de los que disponemos, pero somos conscientes de que no es suficiente para llegar a las familias y a los sectores más desfavorecidos", ha declarado la senadora. "Falta mucho dinero para afrontar la emergencia social que vivimos", ha lamentado.

A su juicio, el Estado "no está adoptando las medidas adecuadas" y con la "celeridad" que piden los ciudadanos. En este sentido, Cortés ha indicado que hay trabajadores esperando el cobro del ERTE del mes pasado y quienes no han cobrado el de mayor y junio. También denuncia que en Barcelona hay gente que no ha cobrado la prestación por desempleo desde agosto.

Del mismo modo, ha criticado la "subida de las cuotas a los autónomos", con carácter retroactivo, que hayan "terminado las moratorias" para el pago de hipotecas o en el suministro de servicios básicos como luz, agua o gas, entre otras medidas. Para la Senadora, el Gobierno de coalición "no está a la altura de la situación".

UN ESFUERZO "SIN PARANGÓN"

Sin embargo, para Sánchez, las medidas que se han tomado desde el inicio de la pandemia "son las oportunas" y ha defendido que el Gobierno "ha puesto todos los recursos materiales, jurídicos y económicos" que tiene "a disposición de las comunidades autónomas".

"Que, a partir de ahí podemos hacer más, sin duda alguna", ha declarado el presidente, que, sin embargo, ha insistido en "el ejercicio de movilización" que ha hecho la Moncloa en los últimos meses "no tiene parangón en la historia". No sólo en producción legislativa para proteger a los más vulnerables", ha indicado, sino para "abrir un horizonte de esperanza y recursos para modernizar y recuperar la economía", ha declarado.

Ya en clave catalana, el jefe del Ejecutivo ha destacado a Cortés que Cataluña recibió en 2020 más de 1.246 millones de euros, el 20,6% del total del fondo sanitario, y 337 millones, el 16% del total del fondo educativo, unas cuantías que, según ha destacado, son a "fondo perdido" y sin "intereses" como "exigía" el Gobierno del PP anterior.

También le ha explicado que, hasta finales de octubre, 108.000 empresas catalanas se habían beneficiado de los fondos ICO, 680.000 ciudadanos de los ERTE y 285.000 autónomos de las prestaciones extraordinarias. Del mismo modo, ha señalado que más de 6.500 hogares han sido beneficiarios en esta autonomía del IMV, lo que ha repercutido en "más de 20.000" ciudadanos.

"No puede decir que este Gobierno no empatiza con la angustia social de los españoles. Nos ponemos en su piel en cada Consejo de Ministros", ha apuntado el líder socialista, quien ha concluido señalando que su equipo "con recursos y voluntad política" está tratando de "garantizar cierta certidumbre" a la sociedad durante una pandemia.

El comité de supervisión del pacto de control de la producción entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados ha instado a los miembros del acuerdo a estar preparados para actuar "cuando sea necesario" en caso de que haya que equilibrar el mercado de petróleo.

"Todos los países participantes necesitan ser vigilantes, proactivos y estar preparados para actuar, cuando sea necesario, a los requerimientos del mercado", ha indicado el Comité de Supervisión Ministerial Conjunta (JMMC, por sus siglas en inglés) en un comunicado difundido este martes al término de su reunión mensual.

Las recomendaciones del comité no son concluyentes, ya que las decisiones finales se adoptan en las cumbres de la OPEP y sus aliados, la conocida como OPEP+.

El órgano de vigilancia ha explicado que, según los datos de producción de petróleo de octubre, los países firmantes del acuerdo alcanzaron un nivel de conformidad del 101% con respecto a las cantidades que habían aceptado reducir. En el décimo mes del año, los países recortaron su producción en 768.000 barriles adicionales a sus cuotas para compensar los excesos de meses anteriores. Desde mayo, el nivel de conformidad total en el cartel y sus aliados alcanza el 99,5%.

El comité ha expresado su "apreciación" a los esfuerzos realizados por todos los países, aunque ha destacado la labor de Emiratos Árabes Unidos y Angola, cuyo rendimiento fue mejor de lo esperado.

La OPEP y sus aliados celebrarán su próxima reunión el 1 de diciembre. En ella decidirán los pasos a seguir con respecto a su pacto de recorte de la producción en función del desempeño de la economía global y de la demanda de petróleo registrada.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla suben más de un 9% en la mitad de la sesión de este miércoles después de que S&P Global anunciase que la firma comenzará a formar parte del índice S&P 500 a partir del próximo 21 de diciembre.

Así, a pocos minutos de las 19.00 horas, los títulos de Tesla se sitúan en los 444,88 dólares (375 euros), un 9,02% más que los 408,09 dólares (344 euros) que costaban al cierre de la última sesión.

En los primeros compases de esta sesión las acciones de Tesla llegaron a posicionarse en los 462 dólares (389 euros), lo que supone un incremento superior al 13%.

Todo ello en el día en el que S&P Global anunció que finalmente Tesla comenzará a formar parte, desde el próximo 21 de diciembre, del S&P 500, uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos.

"Tesla será agregada al S&P 500 antes de la apertura del lunes 21 de diciembre para coincidir con el reequilibrio trimestral de diciembre", ha subrayado la compañía, que ha explicado que debido al gran tamaño de la adición, S&P Dow Jones Index está considerando si incluir a Tesla de una sola vez o en dos tramos separados que se completarían el 21 de diciembre.

Con un capital bursátil cercano a los 390.000 millones de dólares (casi 330.000 euros), el fabricante de vehículos eléctricos es la empresa más grande que se ha agregado al indicador y será uno de los componentes más influyentes, con una ponderación similar a la Jhonson & Johnson.

En lo que va de año, las acciones de la compañía liderada por Elon Musk casi han multiplicado su precio por cinco, situándose en la actualidad en los 408 dólares por título (344 euros).

Los dos diputados de Ciudadanos (Cs) con representación en la Mesa del Parlamento andaluz --que son la presidenta de dicho órgano y de la Cámara, Marta Bosquet, y el diputado Julio Díaz-- votarán este miércoles, 18 de noviembre, a favor de la expulsión de Teresa Rodríguez y otros siete diputados más del grupo Adelante Andalucía.

Los parlamentarios de Cs actuarán así "en aplicación de los acuerdos alcanzados y suscritos por la mayoría de fuerzas políticas en el marco del Pacto Antitransfuguismo a nivel nacional, presidido por el Ministerio de Política Territorial", según ha anunciado este martes el partido naranja en un comunicado.

Esta decisión se conoce la víspera de que la Mesa del Parlamento andaluz aborde esta posible expulsión de diputados de Adelante sobre la que, el pasado miércoles, el órgano de gobierno de la Cámara decidió posponer una decisión para dar tiempo a sus miembros a analizar el informe elaborado al respecto por los Servicios Jurídicos.

Dicho informe jurídico ha sido elaborado tras recibir la Mesa de la Cámara una serie de documentación que se le solicitó a la dirección del grupo de Adelante, como que se acreditara la baja de esos ocho diputados de Podemos, formación que ha denunciado que se trata de un caso de "transfuguismo" y que, a través de la portavoz parlamentaria de Adelante, Inmaculada Nieto, pidió que esos ocho diputados fueran expulsados del grupo.

Inicialmente, la Mesa acordó el pasado 28 de octubre, con los apoyos de PSOE-A, PP-A y Vox, y la abstención de Cs, admitir dicha solicitud de expulsión de ocho diputados de Adelante --que pasaron entonces a ser considerados no adscritos--, si bien una semana después suspendió temporalmente esa decisión al estimar parcialmente el recurso de reconsideración que presentaron Teresa Rodríguez y los otros siete parlamentarios afectados.

UNA EXPULSIÓN QUE "CUMPLE CON EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO"

En la reunión de este miércoles, los dos miembros de Cs en la Mesa del Parlamento apoyarán lo que consideran "una expulsión que cumple con lo establecido en el Pacto Antitranfuguismo que precisamente la formación liberal logró impulsar al retomarlo hace unos meses, cuando el Pacto llevaba más de diez años sin reunirse".

Dicho pacto, según remarcan desde Cs, establece que aquellos tránsfugas no podrán formar parte de ningún grupo parlamentario o institucional".

Dicho acuerdo también establece que "el tránsfuga es cualquier representante que haya sido expulsado o abandonado una formación, y que es la propia formación quien determina, en caso de duda, quién es o no un tránsfuga".

Además, Cs reivindica que, gracias a su "impulso" al citado Pacto, las formaciones políticas "se comprometieron a instar a todas las instituciones, incluidas los parlamentos autonómicos, a realizar las modificaciones legales y reglamentarias necesarias para hacer efectivo el acuerdo".

La Mesa del Parlamento cuenta con dos representantes del PSOE-A, dos del PP-A, dos de Cs y uno de Vox, además de con la diputada Maribel Mora como representante del grupo de Adelante, por lo que, si los socialistas y Vox mantienen su posición favorable a dichas expulsiones, ésta se hará efectiva al sumar también el apoyo de Cs, y al margen del sentido de voto de los parlamentarios del PP-A.

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha reprochado al PP que las leyes de educación nunca han recogido que el castellano fuese una lengua vehicular en la enseñanza hasta la 'Ley Wert' de 2013, por lo que ha instado a la oposición a dejarse de "catastrofismos".

"En época de su presidente de Gobierno, ¿el castellano era vehicular? Dígamelo, por favor", ha formulado Celaá al senador 'popular' Miguel Lorenzo Torres, que ha preguntado a la ministra por la inclusión en el proyecto de ley de la eliminación de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado y lengua vehicular en la enseñanza. "Ah, ¿sí? Pues no lo ponía en ninguna ley", ha echado en cara la ministra al ver que el senador asentía con la cabeza.

"¿Me va a decir usted a mí que desde 1978 hasta 2013, año en que se sitúa el termino vehicular en la LOMCE, el castellano era vehicular? ¿Con Gobiernos de UCD, con Gobiernos del PP, con Gobiernos del PSOE, era el castellano vehicular? ¿Sí o no? No lo ponía en ninguna ley", ha defendido ligeramente alterada.

La ministra ha reflexionado que si "no supuso nada" que la LOMCE (la también denominada 'Ley Wert'), ley actualmente vigente en España, incluyese que el castellano fuese vehicular, por qué entonces iba a suceder nada ahora si se vuelve a retirar de la ley educativa.

CONSECUENCIAS "MUY GRAVES" PARA LOS CASTELLANOPARLANTES

En cualquier caso, el senador ha reprochado a la ministra que con esta cuestión habrá consecuencias "muy graves" para los castellanoparlantes de Cataluña, los cuales se sienten "muy desprotegidos". Torres ha recordado a Celaá cómo este tema ha ido a parar a los tribunales en múltiples ocasiones, los cuales dictaron que se debía imponer un 25% de las clases en castellano. "Y ahora se encuentran con que no tienen apoyo legal porque suprimen de la Ley esto", critica.

En opinión del senador, esto supone "el mayor apoyo al 'procès' y a la independencia de Cataluña", echándole así en cara a la ministra que el Gobierno busque el apoyo de los partidos nacionalistas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El 'popular' no solo ha criticado la enmienda del castellano de PSOE, Unidas Podemos y ERC, sino que ha lamentado que con la reforma educativa (la LOMLOE), el Gobierno esté "cercenando la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos", poniendo "fecha de caducidad a la Educación Especial" y lanzando un "proyectil" contra la educación concertada. "Esa educación que tanto critican y mandan a sus hijos a este tipo de colegios", ha señalado Torres en referencia a las hijas de Celaá, lo que supone, según él, un "ejemplo de incoherencia y de hipocresía".

Así, el senador ha exigido a la ministra que escuche a la comunidad educativa y le ha pedido que rectifique, ya que "cuando lo hacen, aciertan", mencionando en este caso la realización de PCR para venir a España desde el extranjero o la bajada del IVA a las mascarillas. "No podemos dejar en manos de las comunidades autónomas que el castellano allí (en Cataluña) se convierta en una lengua extranjera", ha vuelto a insistir, zanjando su intervención reclamando un Pacto de Estado por la Educación.

En su turno de réplica, Celaá ha afirmado que "las lenguas son para las personas y no al revés", cuando el PP, a su juicio, "a lo largo de la historia, las ha utilizado como controversia política". Por ello, Celaá dice que el Gobierno ha trasladado al ámbito competencial la consideración del castellano como lengua vehicular, y que, aunque haya retirado esta consideración de la Ley, recuerda que sí se recoge que "todas las personas tendrán dominio pleno y equivalente en castellano y en las lenguas cooficiales si las hubiera". "Si antes, hasta el 2013, no era vehicular y no lo pusieron, sería porque no era necesario", ha insistido.

El centro de atención temporal de extranjeros (CATE) ubicado en el Puerto de Almería, destinado a ingresar a las personas que son rescatadas de pateras próximas al litoral almeriense, no han llegado a superar su aforo máximo a pesar de que el número de plazas se ha reducido a consecuencia del covid-19.

Así se desprende de los datos que maneja la Dirección General de la Policía a los que ha tenido acceso Europa Press, que detallan que el centro ha acogido a 3.520 inmigrantes que desde el inicio de la pandemia hasta el pasado 20 de octubre, tiempo en el que la capacidad para albergar a estas personas tendría que haber variado para garantizar la distancia de seguridad entre sus usuarios.

Si bien el CATE cuenta con una capacidad para acoger a 230 personas, dicho número de plazas se ha reducido "considerablemente" según el órgano dependiente de Interior, desde donde no se ha determinado un nuevo aforo máximo para esta instalación, que se adapta en función de la cantidad de personas que recibe.

En cualquier caso, y en base a los datos que maneja el órgano que dirige Francisco Pardo, rechazan que la instalación haya superado su capacidad límite durante los últimos meses, en los que los rescates se han concentrado en determinados periodos, de forma que Cruz Roja llegó a atender a mitad de septiembre a unas 250 personas rescatadas de 16 pateras en apenas 48 horas.

Estas concentraciones dieron lugar, asimismo, a que la ONG atendiera a través de sus equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) al menos a 228 personas rescatadas por Salvamento Marítimo y Guardia Civil entre el 17 y 19 de octubre, mientras que el 8 de octubre se empleó en dar asistencia a otras 180 inmigrantes rescatados de 16 pateras en menos de 24 horas.

Asimismo, desde la Policía se han apuntado que los funcionarios del Cuerpo se han hecho cargo de los traslados de personas que han estado en contacto estrecho con positivo por covid-19 "en virtud de los decretos de la Junta de Andalucía", si bien dicha colaboración se dejó de lado entre mitad de septiembre y bien adentrado octubre al entenderse desde la Subdelegación de Gobierno que escapaba a sus competencias.

En concreto, fueron tres las ocasiones en las que se dejó efectuar estos traslados, lo que dio lugar a la puesta en libertad sin transporte para acudir a un recurso habitacional a dos grupos de 11 y 15 personas, mientras que un tercero, también de 15 afectados, fueron llevados hasta Víznar por parte del Ayuntamiento de Almería.

La Policía Nacional asumió de nuevo los traslados tras la ratificación de un juez mediante auto de la resolución emitida por la Junta de Andalucía en la que se ordenaba directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizar dichos traslados; una decisión que desde el Ejecutivo se valoraba recurrir. Desde entonces, los agentes se han ocupado de al menos seis traslados hasta un hotel de Aguadulce de personas a las que la autoridad sanitaria obliga a permanecer confinados durante mínimo diez días.

Las Cortes de Castilla y León han reafirmado este martes su compromiso con la infancia para hacer realidad los derechos de los niños y se han comprometido a trabajar de forma conjunta para impulsar acciones legislativas que prevengan que la crisis originada por la pandemia se convierta en una crisis duradera para la infancia, "especialmente la más vulnerable".

Es el momento de retomar Pacto Autonómico por la Infancia, ha aseverado en concreto el presidente del Parlamento, Luis Fuentes, que ha sido el encargado de dar lectura a la Declaración Institucional de las Cortes por el Día Universal de la Infancia 2020 con la que ha comenzado la sesión de control al Gobierno.

A través de esta declaración institucional, titulada 'Reimaginar un mundo mejor para la infancia, los grupos abogan por fomentar la presencia de Unicef en las Cortes de Castilla y León una vez al año para debatir y dialogar sobre la situación de la infancia en el marco de la Comisión de Familia.

Debemos tomar decisiones firmes, que sean perdurables en eltiempo, orientadas a proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a los efectos de la COVID-19 y garantizar la salvaguarda de sus derechos en Castilla y León", defienden los grupos en un compromiso expreso de trabajar por promover una "mayor y más eficiente inversión" en la infancia, garantizando que se asignan los recursos necesarios para afrontar los retos.

Tener en cuenta en todas las decisiones los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, en referencia al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, el derecho a la participación y a la no discriminación, es otro de los compromisos asumidos por los grupos que han abogado por promover las acciones necesarias para alcanzar la igualdad en la infancia "y no dejar a ningún niño atrás, convirtiendo la crisis actual en una oportunidad para invertir en el presente y el futuro de la niñez".

A esto han añadido la necesidad de escuchar las preocupaciones y necesidades de niños, niñas y adolescentes para contemplarlas de una manera transversal en la acción política, "promoviendo su participación para diseñar juntos las estrategias para la recuperación de esta crisis".

También contemplan promover las acciones que sean necesarias para analizar el impacto de la COVID-19 sobre la infancia y adolescencia de nuestro territorio, "especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables" y adaptar los planes y programas autonómicos que corresponda.

Además, se comprometen a promover las medidas que sean necesarias para abordar el impacto de la crisis en la infancia y la adolescencia, priorizando el abordaje de las cuestiones urgentes ya señaladas por el Comité de los Derechos del Niño.

"Es el momento de reimaginar un mundo mejor para la infancia. Para hacer esto realidad, será imprescindible que aseguremos que sus derechos se ponen en el centro de las medidas de atención a la crisis y recuperación, siguiendo la senda que marca la aprobación hace 31 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989", añade esta Declaración Institucional.

El PP y Vox se han enzarzado este martes en el Pleno del Congreso durante el debate del plan B jurídico que ha presentado el Grupo Popular como medida alternativa al estado de alarma ante el Covid-19. El diputado de Vox José María Sánchez García ha desdeñado esa proposición de ley, que ve llena de "tonterías" y ha llegado a decir: "Doña Cuca, me gustaba más doña Cayetana". La portavoz parlamentaria de los 'populares', visiblemente molesta, le ha acusado de "prepotencia y machismo".

Gamarra ha afirmado que es una "necesidad" aprobar esta proposición de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de los Derechos y Libertades fundamentales que articula un 'plan B' jurídico --en palabras del partido de Pablo Casado-- a través de la legislación ordinaria para evitar tener que recurrir en el futuro a la medida excepcional si persiste esta pandemia.

Según ha explicado, esta reforma legal permite que las autonomías puedan adoptar las medidas necesarias para "salvaguardar" la salud pública sin tener que recurrir al estado de alarma y "con las máximas garantías al someter las disposiciones al control efectivo de los tribunales". Tras asegurar que esta medida está vigente en otros países europeos, ha resaltado que "no es de derechas ni de izquierdas" sino "simplemente una necesidad", por lo que sería "un error" convertirlo en un "debate ideológico.

VOX: "DOÑA CUCA, ME GUSTABA MÁS DOÑA CAYEYANA"

Desde Vox, Sánchez García ha abierto su discurso asegurando al PP que prefería a su antecesora en el cargo y ha dicho que Gamarra, a la que han "escrito el discurso", "no sabe lo que ha dicho" ni ha entendido nada": "Doña Cuca, me gustaba más doña Cayetana", en

Además, ha afirmado que el PP se "caracteriza por sus actuaciones cosméticas como es el caso de esta iniciativa legislativa" y le ha acusado de ser "corresponsable" de los problemas de España "junto al PSOE" con actuaciones como la de no votar en contra de la última prórroga del estado de alarma ni recurrirla al Tribunal Constitucional.

A renglón seguido, ha anunciado el voto en contra de Vox a este plan jurídico, que "no aporta nada", es "disparatada", "engañosa" y llena de "tonterías" Es más, ha subrayado que esta iniciativa evidencia que el PP tiene que "volver a la facultad". "Probablemente todos, Cuca desde luego", le ha espetado, para echar en cara al PP que defienda una descentralización en la pandemia que ha llevado "al caos".

GAMARRA ECHA EN CARA SU "ESPECTÁCULO" A VOX

Ante esta dura intervención, Gamarra ha subido de nuevo a la tribuna para denunciar la "prepotencia, machismo y falta de rigor jurídico" del diputado de Vox. "Para lo que usted nos ha dicho, con que nos hubiera mandado un vídeo hubiese sido suficiente", le ha recalcado.

En este punto, ha dicho al parlamentario de Vox que el "espectáculo" que ha dado ha servido para "desacreditarse a sí mismo" y "tapar su falta de mesura, sentido común y rigor jurídico, si es que tiene alguno".

"Los españoles merecen un poquito seriedad, respeto y estar a al altura de las circunstancias. Hablamos de más de 70.000 personas que han fallecido", ha aseverado, para reprochar a los de Abascal no proponer "nada" y "moverse en la anarquía".

SÁNCHEZ GARCÍA A GAMARRA: "LA MACHISTA ES USTED"

De nuevo le ha replicado el diputado de Vox, que ha insistido en que la intervención de Gamarra estaba "huérfana de cualquier argumento". "Se dedica simplemente a decir que soy machista, me parece que la machista es usted", ha espetado a la portavoz de los 'populares'.

Algunos portavoces han salido después en auxilio de Gamarra, como el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, quien ha criticado la falta de respeto del diputado de Vox. "Le tengo un gran respecto y nunca voy a decir que usted dice tonterías", ha proclamado. Eso sí, ha dejado claro que su partido votará en contra de esta iniciativa del PP, que "no vale ni como plan Z".

Incluso Junts per Cataluña ha salido en defensa de la portavoz del Grupo Popular asegurando que "nunca" dirá que lo que presenta el PP en el Parlamento está lleno de "tonterías".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este martes la "mayoría amplia" de 198 diputados --entre ellos, los de EH Bildu-- que han avalado la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha evitado posicionarse sobre las críticas que está recibiendo, incluso desde dentro del PSOE, por ese apoyo de la izquierda abertzale.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, y ante las duras acusaciones que le ha lanzado el portavoz del PP, Javier Maroto, de "integrar en la dirección del Estado" a una formación que quiere "derribar el régimen" y que representa "lo peor de la política española", Sánchez no ha hecho en sus intervenciones ninguna alusión a este asunto.

Así, se ha centrado en defender la necesidad de sacar adelante los Presupuestos y en asegurar que son "beneficiosos" e "indispensables" para España, y en avisar al PP de que no van a lograr bloquearlos junto a la ultraderecha, ni van a "derribar" al Gobierno.

"La forma de hacer política plagada de falsedades y de 'fake news' ha encontrado en Estados Unidos una derrota estrepitosa, y va a ocurrir lo mismo con ustedes", ha afirmado. "Han utilizado la pandemia para intentar derribar al Gobierno. No han arrimado el hombro, politizan la pandemia y ese es su principal error", ha denunciado el presidente.

Además, Sánchez ha defendido que las previsible aprobación de las cuentas públicas permitirá abrir, tras dos años de bloqueo parlamentario y sucesivas citas electorales, una fase "necesaria" de "estabilidad" para hacer frente a la emergencia sanitaria.

"Son unos Presupuestos beneficiosos e indispensables, y no lo pienso yo, sino 198 diputados de las Cortes que recientemente, con mayoría amplia, apostaron por que podamos tramitarlos. Hay partidos que se quedaron en minoría, ustedes y la ultraderecha. Perdieron las elecciones, están en minoría, y lo seguirán estando los próximos tres años", ha sentenciado.

MAROTO CONTRA SÁNCHEZ: "CIEGO, SORDO Y SIN ESCRÚPULOS"

En ninguna de sus dos intervenciones ha hecho referencia al hecho de que dentro de esa "mayoría amplia" se encuentre EH Bildu, a pesar de las reiteradas acusaciones que le ha lanzado Morato, quien ha denunciado que el Gobierno está ayudando a la formación liderada por Arnaldo Otegi a "blanquearse", al tenerla en cuenta, a su juicio, para hacer "política de Estado".

Según el portavoz del PP, la decisión de Sánchez de "pagar un precio político inédito a Bildu para conseguir su apoyo en los Presupuestos" ha dejado "perplejo al país". "Lo que ha hecho no tiene precedentes en la historia de la democracia española", ha afirmado Maroto, tras acusar al presidente de "entregar las llaves de la nación" a Bildu.

"El Gobierno de España hace política de Estado con un partido que quiere derribar el régimen. Es la primera vez que un presidente hace política de Estado con un partido al que le salen sarpullidos si tiene que condenar la violencia terrorista sin ambigüedades", ha denunciado.

Y a continuación, ha preguntado a Sánchez si es consciente de que "Bildu está usando esta oportunidad para blanquearse". "Esto no ha sucedido antes", ha insistido, al tiempo que ha avisado de que no se puede comparar el apoyo de Bildu a los Presupuestos con las coincidencias en otras votaciones previas o a nivel municipal.

"El problema no es coincidir en una votación sino el precio que se paga a cambio de ello. No se le da ninguna legitimidad ni se les blanquea por coincidir en votaciones o en ayuntamientos en Euskadi. Tratar de comparar eso es ser ciego y sordo y no tener escrúpulos", ha sentenciado.

Maroto también ha usado su intervención para reprocharle a Sánchez algunas de las críticas vertidas por dirigente de su propio partido, como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, si bien el presidente ha eludido también estas referencias en sus respuestas.

Por último, el senador del PP ha afirmado que "cualquier persona del PP" puede "decir con mayúsculas" que "Bildu representa lo peor de la política española" y. "Usted no puede ni siquiera insinuarlo porque si lo hiciera, perdería el Presupuesto, el Gobierno y hasta el colchón de la Moncloa. Esa es la diferencia, basada en razones éticas y morales y usted carece de ambas", ha zanjado.

IVA DE LAS MASCARILLAS

Por otra parte, Maroto ha aprovechado para pedir de nuevo al Gobierno que baje al 0% el IVA a las mascarillas, para que dejen de ser "bozales recaudatorios". "¿O van a seguir haciendo caja con las mascarillas?", ha preguntado.

A este respecto, Sánchez ha criticado que el PP dice que bajan el IVA cuando están en la oposición pero luego cuando gobiernan, lo suben. "Nosotros, en el Gobierno, lo bajamos al 4%", ha defendido.

Los casos de COVID-19 en los centros gallegos mantienen la tendencia hacia al estabilización experimentada en la última semana, con un total de 1.252 contagios que se sitúan en términos similares a las últimas jornadas. A pesar de ello, situación en una de las escuelas del municipio coruñés de Carballo registra ya los niveles más elevados de incidencia desde el arranque del curso.

Se trata del CEIP Fogar, el principal foco de la pandemia en el sistema educativo y el caso que acumula hasta ahora el mayor número de positivos, con un total de 40 contagios, 12 más que este sábado. Es por ello que las autoridades sanitarias han decidido incrementar las restricciones en sus instalaciones, que pasan ya de tres a al menos nueve aulas cerradas por los casos registrados en el centro.

Sin embargo y a pesar de llegar ya a la cuarentena de positivos, el Sergas no ha ordenado de momento la clausura de las instalaciones. El incremento de contagios confirmados se produce, además, tras un importante cribado realizado entre alumnos y trabajadores del CEIP, lo que explica este aumento de casos detectados en tan poco periodo de tiempo.

El municipio cuenta, con cifras actualizadas de este martes, con un total de 186 casos activos por COVID-19, por lo que casi un cuarto se corresponden con los positivos entre el alumnado y trabajadores del CEIP Fogar.

VIGO LIDERA LOS POSITIVOS

El número total de aulas cerradas debido a la pandemia asciende a unas 70 en toda Galicia, al menos 10 de ellas en este mismo centro educativo. Además, sigue clausurada la escuela infantil Golfiños, en el ayuntamiento de Lugo, con unos cinco positivos en sus instalaciones.

Los centros del área de Vigo son los que cuentan con mayor número de casos. La zona asciende a 346 positivos, cuatro menos que el sábado, pero que obligan a mantener cerradas al menos una decena de aulas.

Los puntos más preocupantes son el CEIP Plurilingüe El Castro y el centro privado Mendiño, ambos con doce positivos, además del IES Alexandre Bóveda (11) o el CEIP Plurilingüe San Fernando, con 10.

Junto a estos centros de la propia ciudad de Vigo, destaca el CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo, de A Guarda, que mantiene nueve contagios pero un aula cerrada.

La siguiente zona en número de casos es el área de A Coruña, que pasa a contar con 267 contagios y al menos 17 aulas cerradas, con el foco principal en el municipio de Carballo.

RESTO DE ZONAS

También se mantiene con cifras importantes el área de Lugo, que suma 197 positivos, al menos siete aulas clausuradas y una escuela infantil cerrada debido a la incidencia de la pandemia. En la propia ciudad amurallada, el IES Ánxel Fole cuenta con 8 positivos y el CPR Divino Maestro con siete.

El área de Pontevedra registra 149 casos y tres aulas cerradas, el más importante en el IES Chan do Monte (siete positivos), mientras que la de Compostela desciende hasta los 111 positivos con nueve unidades clausuradas.

Cierran el balance las cifras de Ourense y Ferrol, que cuentan con 99 positivos y dos aulas cerradas y con 93 contagios y dos unidades afectadas, respectivamente.

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Nofumadores.org, el Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco, la Iniciativa Ciudadana XQNS y la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP) han resaltado que "ha llegado la hora de prohibir fumar de verdad en las terrazas de hostelería".

Así, estas organizaciones sanitarias y ciudadanas demandan como medida urgente a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad el establecimiento de las terrazas de la hostelería y cualquier otro espacio comunitario como espacios sin humo de tabaco y otros productos asociados (tabaco calentado o pipas de agua) y cigarrillos electrónicos para atajar la transmisión de COVID-19, dada la creciente evidencia científica de que se transmite a través de aerosoles en distancias superiores a los 8 metros, tanto en espacios cerrados como abiertos.

"Es necesario alertar a la población de que fumar y vapear son actividades de alto riesgo de transmisión del virus", afirma Joseba Zabala, médico y coordinador de la iniciativa XQNS. Estas organizaciones denuncian que la medida de no fumar a menos de 2 metros de distancia de seguridad, implementada en gran parte del territorio nacional ha resultado "ineficaz" por su "incumplimiento" generalizado. "Es una norma que resulta confusa para la población (fumadora y no fumadora)", lamentan.

"Es imprescindible decretar una medida clara y sin excepciones, que no cause confusión entre la ciudadanía y que facilite la labor de la hostelería para facilitar el cumplimiento de la norma", señala la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina. "Las terrazas de hostelería 100% sin humo de tabaco ni productos similares (independientemente de la distancia física), es una medida urgente, especialmente ahora que con la llegada del frío dichas terrazas se están cerrando y dejan de ser, en la práctica, espacios exteriores", indica Adelaida Lozano Polo, coordinadora de tabaquismo de FAECAP.

Por su parte, el presidente del CNPT, Andrés Zamorano, ha felicitado a "Canarias, Castilla y León, Baleares y Cantabria por ser las pioneras en implantar esta medida en sus territorios y transmitir así a la sociedad, y al sector hostelero, que estas medidas lejos de tener un impacto negativo suponen una apuesta comunitaria por la seguridad y la salud, tanto para los usuarios, como de los trabajadores del sector hostelero y turístico.

El director del Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco en Institut Català d'Oncologia, Esteve Fernández, considera que el ejemplo de estas comunidades será de gran valor para el resto de CCAA y les anima a compartir con ellas la experiencia positiva de las "terrazas sin humo" para conseguir su implementación en el resto de CCAA.

Asimismo las organizaciones solicitan que se establezcan perímetros de seguridad en torno a enclaves sociales esenciales como centros escolares, sanitarios, empresas y espacios públicos, y que estas medidas se hagan efectivas cuanto antes.