El PSOE, Unidas Podemos y PP han unido sus votos en la Mesa del Congreso para vetar una comparecencia pública de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, alegando que la jefa de los espías sólo puede acudir a la Comisión de Gastos Reservados, que se reúne a puerta cerrada. Sin embargo, la Cámara todavía no ha creado este órgano por los vetos cruzados entre los grupos, lo que impide de facto el control parlamentario del CNI.
La petición de comparecencia había sido registrada por Vox, que pedía la presencia de Esteban ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, para informar sobre las razones por las que el CNI "está monitorizando campañas de desinformación en redes sociales" y dar detalles sobre esta tarea.
Según han informado fuentes parlamentarias, la solicitud no se admitió a trámite y sólo contó con el apoyo del representante de Vox en el órgano de gobierno de la Cámara.
El argumento para su no calificación fue que las materias que afectan al CNI tienen que tratarse en la Comisión de Gastos Reservados, cuyas reuniones son a puerta cerrada. Es un órgano que hay que crear cada legislatura y que ésta aún está pendiente. Su última reunión fue hace 18 meses.
GASTOS Y ACTIVIDADES DEL CNI
Es también a este órgano al que deben dar cuenta los ministros que gestionan gastos reservados del uso que hacen de estas partidas y el que debe ser informado de los objetivos de inteligencia establecidos anualmente por el Gobierno y del informe que, también con carácter anual, ha de elaborar el CNI, sobre sus actividades.
La Comisión de Gastos Reservados, que está integrada por un único miembro de cada partido elegido por mayoría cualificada del Pleno del Congreso, lleva ya un año sin constituirse porque los vetos cruzados entre los partidos impiden un acuerdo de mínimos que permita elegir a sus integrantes.
La última vez que la también conocida como Comisión de Secretos se reunió fue el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes Generales como consecuencia de las elecciones generales del 28 de abril, y desde entonces no ha habido más comparecencias.
El Congreso surgido de los comicios de abril de 2019, que dio paso a una legislatura de apenas cinco meses, ni siquiera se llegó a plantear la posibilidad de constituir la citada comisión, pero tampoco en la presente, que arrancó hace diez meses.
VETOS CRUZADOS
El problema es que para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara (210 votos), en una votación secreta mediante papeleta en urna, para lo cual se requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y el clima político no parece muy propicio.
Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la citada comisión, es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede llegar al mínimo de 210.
Tanto Vox como Ciudadanos ya adelantaron al inicio de la legislatura que no pensaban aportar ni un voto a los independentistas advirtiendo de que harían todo lo posible para que no entraran en esta suerte de club selecto con acceso a información reservada. Y el PP, por su parte, también avanzó que no apoyarían que Bildu pudiera controlar los secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna.
Pero ocurre lo mismo al contrario. Para que Vox pueda entrar en la Comisión de gastos reservados, no basta con que le apoyen el PP y Ciudadanos, sino que necesitaría votos del PSOE e incluso de formaciones independentistas.
Así las cosas, sólo caben tres opciones: o los partidos llegan a un acuerdo e intercambian votos, o se crea la comisión con los diputados que superen el listón de los 210 votos (PP, PSOE y poco más), o bien no se hace nada, que es la opción que se viene imponiendo este año.
