La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, prevé acelerar la negociación de la transferencia de prisiones y ha asegurado que existe un acuerdo político "pleno" entre los Gobiernos vasco y central para materializar el traspaso "tan pronto como sea posible".

En una entrevista concedida al programa 'Egun on Euskadi' de ETB-1, Garamendi ha señalado que "pronto" estará cerrado el formato de la negociación para abordar la transferencia de la gestión de los centros penitenciarios y materializarla en marzo de 2021.

Tras destacar "el compromiso político" de los Ejecutivos vasco y central para traspasar en el plazo acordado esta competencia y el resto de las incluidas en el cronograda establecido, ha señalado que mantiene contactos con el Ministerio de Política Territorial para avanzar en las transferencias acordadas.

En este sentido, ha precisado que trabajan el esquema de la negociación de esta y las otras diez competencias previstas en el primer bloque del calendario, y ha mostrado su determinación de que estén ejecutadas en marzo de 2021, tal como viene recogido en el cronograma.

"Estamos en contacto con el Ministerio de Política Territorial y confío en que, en breve, tengamos encauzado el formato de la negociación para que podamos ejecutar la transferencia de Prisiones", ha reiterado.

SMI

Olatz Garamendi ha afirmado que el retraso de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se debe a la complejidad técnica y económica de compaginarla con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), pero ha asegurado que "llegará".

A su juicio, "lo importante es que la transferencia se haga bien y sin errores técnicos, económicos y jurídicos que, luego, puedan lastrar esa materia", y ha reiterado que existe un acuerdo político "pleno" para materializar el traspaso "tan pronto como sea posible".

La Asociación Nacional Empresarial del Laboratorio de Análisis Clínico (ANLAC) ha avisado de los peligros que se derivan de la generalización de los de test de antígenos sin atender a sus verdaderas indicaciones para detectar el Covid-19, y ha destacado la necesidad de que su ejecución preserve las garantías de seguridad y fiabilidad.

"Los test de antígenos de diagnóstico rápido tienen una elevada fiabilidad para casos en los que existe una alta carga viral, tal y como los propios fabricantes y los organismos competentes en salud reconocen. Por el contrario, no resultan idóneos para casos asintomáticos o para detectar el virus en aquellos individuos que se encuentren en los primeros días de la infección o en los que hayan transcurrido más de cinco días desde el inicio de los síntomas", ha explicado la organización.

Por tanto, apostilla, un uso indiscriminado de este tipo de test para diagnosticar el estado de salud de amplios segmentos de la población "no resulta indicado. Además, ha señalado que la utilización de forma masiva de los test de antígenos de diagnóstico rápido, teniendo en cuenta sus características, puede inducir a "graves errores" en lo que se refiere a la percepción del estado de salud de la población.

Y es que, tal y como ha recordado, el hecho de que el test para una persona resulte negativo no implica, necesariamente, que esté libre del virus. "La conclusión que de este negativo debe obtenerse es que no muestra una carga viral elevada, sin que se pueda afirmar categóricamente que se encuentra libre de la infección", ha detallado.

En este sentido, ANLAC ha advertido de que afirmar que deben usarse de forma masiva para que, aquellos que den negativo, puedan reunirse con sus familias en las fechas navideñas sin riesgo de contagio supone, además de un "desconocimiento" de la naturaleza de estos test, una "temeridad de consecuencias impredecibles" desde el punto de vista de la salud pública.

Dicho esto, la organización ha insistido en que el test de antígenos de diagnóstico rápido, al igual que el resto de pruebas, debe realizarse con absolutas garantías de seguridad y fiabilidad, que se tienen que adaptar al tipo de test. Por ello, se debe garantizar que la aplicación de las medidas de seguridad sean "acordes" a las características de cada test y a los distintos riesgos que presenta el proceso de extracción de los diferentes tipos de muestra.

"Con ello se evita la posible propagación del virus, propiciando un tratamiento adecuado de las muestras que incremente la fiabilidad del resultado. En todo caso, las instalaciones en las que se efectúen tienen que contar con medios que impidan la difusión del virus y que permitan un idóneo tratamiento de residuos. Por último, los resultados deberían estar avalados por un profesional cualificado y habilitado para ello que se responsabilice del resultado y que cumpla con las obligaciones de información a las Administraciones Públicas actualmente vigentes", ha detallado.

Por todo ello, ANLAC ha pedido a pedir a las administraciones públicas competentes que lleven a cabo las actuaciones precisas para regular y controlar la utilización de los test rápidos de antígeno, garantizando su uso por profesionales cualificados para ello y para los supuestos en los que realmente han demostrado su eficacia.

De la misma manera, ha subrayado la necesidad de que las administraciones públicas velen para que las pruebas diagnósticas se realicen en los lugares y con las precauciones precisas para garantizar la seguridad del paciente y del facultativo y la fiabilidad de las pruebas.

"De lo contrario, como ya hemos tenido ocasión de manifestar públicamente, estaríamos ante una incorrecta utilización de estas pruebas que, a buen seguro, acarrearán unas nocivas consecuencias para la salud pública, repercutiendo negativamente en el control de la pandemia", ha zanjado.

La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha valorado este miércoles la "decisión" de la Mesa del Parlamento "por la que los diputados que abandonaron Podemos, para integrarse en el partido de reciente creación 'Anticapitalistas Andalucía', dejan de formar parte del grupo Adelante Andalucía", y ha opinado que así se "restituye la normalidad democrática en la cámara autonómica".

En un comunicado, la dirigente de Podemos ha justificado esa posición porque, con dichas expulsiones --incluida la de su antecesora al frente del partido morado en Andalucía, Teresa Rodríguez-- "se impide la apropiación de la representación institucional de Podemos a personas que se desvincularon públicamente de la formación y no cumplen con el código ético y compromisos políticos que les llevaron a sus escaños".

Velarde ha agradecido públicamente "el trabajo realizado y la actitud demostrada por el Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía y la dirección de Izquierda Unida para preservar el espacio de unidad que construyeron miles de militantes e inscritos de ambas formaciones".

También ha destacado "la responsabilidad con la que sus dirigentes han abordado esta delicada cuestión sin aspavientos ni palabras fuera de tono que habrían colaborado en fomentar la crispación y la desilusión entre los andaluces que aspiran a desalojar a las tres derechas de San Telmo".

Así, la también diputada de Unidas Podemos por Córdoba ha manifestado su deseo de "seguir construyendo un espacio amplio donde todas las fuerzas políticas y sociales andaluzas son bienvenidas para ganar a la derecha y conseguir un gobierno centrado en colocar a Andalucía en el lugar que merece".

En esta línea, Velarde ha explicado que la nueva dirección autonómica de Podemos elegida el pasado mes de junio "trabaja para potenciar la participación de la militancia y hacer respetar las decisiones adoptadas por los inscritos en los procesos democráticos".

En este contexto, la dirigente ha expresado su "comprensión por el desconcierto que esta situación puede haber generado en las bases", al tiempo que ha defendido "el proceder de la dirección de Podemos Andalucía, que se ha visto obligada a actuar sin más alternativa, tras los reiterados incumplimientos perpetrados por los parlamentarias de anticapitalistas en nombre de Podemos sin su autorización, ni su conocimiento, con las consecuencias jurídicas que eso podía conllevar".

Por último, Martina Velarde ha avanzado que el objetivo ahora es "trabajar con intensidad para aportar soluciones a los problemas de los andaluces y apoyar las reivindicaciones de quienes están siendo especialmente afectados por una crisis sin precedentes".

"No vamos a perder ni un minuto más en conflictos internos mientras nuestra tierra sufre las consecuencias devastadoras de la pandemia, de la nefasta gestión política de las derechas, y el desmantelamiento de los servicios públicos", ha afirmado Velarde, que ha destacado la necesidad de construir una alternativa "seria, confiable y solvente a las políticas neoliberales que representan un obstáculo para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar del conjunto del pueblo andaluz", según ha finalizado.

La Mesa del Parlamento ha avalado este miércoles la expulsión de Teresa Rodríguez, referente de la corriente Anticapitalistas en Andalucía, y de otros ocho diputados afines a ella del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, tal como había solicitado la portavoz de la confluencia en la Cámara, Inmaculada Nieto.

La propuesta de expulsión de estos diputados, que pasarán a ser considerados no adscritos, ha contado con el apoyo de los dos representantes del PSOE-A en la Mesa del Parlamento, los dos de Cs y el único de Vox, mientras que los dos miembros del PP-A en el órgano de gobierno de la Cámara se han abstenido, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Al margen de Teresa Rodríguez, los otros ocho diputados a los que se expulsa del grupo de Adelante --que contaba con 17 parlamentarios-- son, en concreto, los portavoces adjuntos Ángela Aguilera y José Ignacio García, así como los parlamentarios Luz Marina Dorado, María Vanessa García, María Gracia González, Ana Villaverde, Nacho Molina y Diego Crespo.

El pasado miércoles, la Mesa decidió posponer una decisión al respecto de esta cuestión para dar tiempo a sus miembros a analizar el informe encargado a los Servicios Jurídicos tras recibir una serie de documentación que se le solicitó a la dirección del grupo de Adelante, como que se acreditara la baja de esos ocho diputados de Podemos.

Inicialmente, la Mesa acordó, el pasado 28 de octubre, con los apoyos de los representantes del PSOE-A, PP-A y Vox en la Mesa, y la abstención de Cs, admitir la solicitud de expulsión de ocho diputados de Adelante formulada por la portavoz parlamentaria del grupo, Inmaculada Nieto, si bien una semana después suspendió temporalmente esa decisión al estimar parcialmente el recurso de reconsideración que presentaron Teresa Rodríguez y los otros parlamentarios afectados.

Respecto a aquella cita del 28 de octubre, han cambiado su posición los representantes del PP-A, que entonces apoyaron la expulsión, y los de Cs, que han pasado de abstenerse a posicionarse a favor de la misma.

"TRANSFUGUISMO"

Podemos Andalucía reclamó en el Parlamento, a través de IU, estas expulsiones en el grupo de Adelante al entender que los diputados en cuestión están "en situación de transfuguismo", dado que han abandonado el partido morado, formación por la que lograron sus escaños dentro de la confluencia andaluza que ésta comparte con IU y dos formaciones andalucistas.

En rueda de prensa en el Parlamento tras la reunión de la Mesa, su presidenta, Marta Bosquet (Cs), ha querido dejar claro que "en absoluto" es dicho órgano de gobierno de la Cámara quien "expulsa" de Adelante a los referidos diputados, sino que quienes únicamente tienen "potestad" para tomar esa decisión son los grupos, y "la Mesa sólo procede a darle curso a esa cuestión".

De esta manera, ha explicado que lo que ha hecho la Mesa este miércoles ha sido comprobar que en la documentación solicitada a Inmaculada Nieto y aportada por ella "queda acreditada la baja del grupo parlamentario" de Adelante de esos nueve diputados por "la baja del partido" en el que militaban.

En esa línea, ha indicado que el informe de los servicios jurídicos "no es concluyente" y se centra en señalar a la Mesa que debe "especificar que se produce la baja del grupo como consecuencia de la baja de la formación política" de los diputados expulsados.

El informe, consultado por Europa Press, precisaba en todo caso, como cuestión preliminar, que "la mera baja en un partido político no puede determinar, sin más, la baja en el grupo parlamentario, ya que ambos son realidades distintas.

PACTO ANTITRANSFUGUISMO

Bosquet también ha reconocido que, en el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó a analizarse esta cuestión, se ha producido "un instrumento de juicio más" como ha sido el pacto antitransfuguismo suscrito a nivel nacional por la mayoría de partidos representados en la Mesa, algo que "no podemos obviar", según ha opinado.

En esa línea, ha señalado que ella pertenece a una formación --Ciudadanos-- que ha sido "impulsora de ese pacto antitransfuguismo", y ha defendido que la postura de su grupo --representado en la Mesa de su mano y de la del diputado Julio Díaz-- ha sido la "más coherente" al abordar la cuestión de las expulsiones, ya que primero se abstuvieron porque preferían contar con un informe jurídico y, tras el desarrollo de éste, y a la vista de la documentación requerida a Adelante, han decidido apoyar ahora esas salidas del grupo de Podemos e IU.

Frente a ello, ha apostillado que el PP-A "tendrá que explicar" por qué inicialmente se mostró a favor de las expulsiones y este miércoles, sin embargo, se ha abstenido.

ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE ADELANTE

Por otro lado, preguntada sobre cómo quedará la asignación económica que corresponde al grupo de Adelante tras estas expulsiones, Bosquet ha comentado que es una cuestión que "tiene que dilucidar" la Mesa en su reunión de la próxima semana.

Ha explicado que "ahora pueden suceder dos cosas", que es que se produzca una reducción de dicha asignación, como ocurrió con Vox tras la salida de dicho grupo de la diputada Luz Belinda Rodríguez, que sirve de "precedente", o bien hacerse ahora "eco" de lo que contempla el Pacto Antitransfuguismo recién renovado, donde "se recoge que la pérdida de diputados o el paso a no adscritos" de algunos de ellos "no perjudique los derechos, en todos los aspectos, tanto de participación como económicos, de la representación que sacó ese grupo en las urnas".

Las bancadas que apoyan al Gobierno en el Congreso y las de la oposición se han lanzado este miércoles acusaciones recíprocas de dañar la imagen de España en el exterior, en un bronco debate que ha incluido alusiones a la relación de Bildu con el congreso, a la monarquía y al 1-O.

Los diputados debatían una moción que ha defendido la 'popular' Belén Hoyo para pedir al Gobierno un plan integral para recuperar la imagen de España en el ámbito sanitario, turístico, de inversión y de credibilidad del Estado de Derecho.

Hoyo ha reivindicado el orgullo de "la nación más antigua de Europa", con una lengua que hablan 600 millones de personas, una "transición modélica" como sus fuerzas armadas, sus fuerzas de seguridad y su sistema sanitario, una "diversidad como nación que debería unir y nunca dividir" y "el saber estar de Su Majestad el Rey Felipe".

A su juicio, "España siempre brilla" pero ahora está "en un momento de eclipse" por las políticas del Gobierno, desde la ley educativa hasta una reforma del CGPJ "inspirada en Hugo Chávez" y para revertir el daño hace falta un liderazgo que no ve en el banco azul.

La moción, que se votará el jueves, ha recibido solo el apoyo explícito de Vox y de Ciudadanos, que ha presentado una enmienda para detallar los aspectos concretos en los que, a su juicio, debería trabajar ese "plan integral" por la imagen de España.

Y es que la diputada 'naranja' Marta Martín Llaguno ha pedido al PP apoyo para hacer una "política de contención" ante un Gobierno cuyos socios "quieren romper España". "Se trata de que no se gasten los fondos de la UE, que es un tren que va a pasar una vez, en cesiones a Bildu y ERC. Nosotros estamos aguantando como jabatos, pero nosotros somos 10, ustedes son 90 y les pido que nos ayuden", ha dicho.

UPN: "A LA MITAD DEL GOBIERNO LE SALE SARPULLIDO CON ESPAÑA"

Más duro ha sido, desde UPN, Carlos García Adanero, que ve "un imposible" pedir al Gobierno que defienda la imagen de España en el mundo cuando a la mitad de él "le sale sarpullido cada vez que oye nombrar a España, piensa que su bandera es la tricolor y que la democracia de Venezuela es más avanzada que la de Alemania".

En su opinión, el Gobierno no puede "vender" la imagen de España porque él mismo "hace lo posible para dejar claro que España es una mezcla de no sé qué, un país sin bandera, sin idioma propio y sin habitantes propios".

Las tesis del PP han recibido también el apoyo de Vox, si bien su diputado Víctor Sánchez del Real ha acusado "al bipartidismo" de no haber hecho nada para impedir que el independentismo haya pagado a lobbies "millones" procedentes de todos los españoles "para atacar a España".

Sánchez del Real ha acusado al PSOE de usar España Global para "poner a los suyos" --"la escritora del libro que luego firmó Pedro Sánchez", ha dicho de Irene Lozano-- y ha cuestionado sus planes para 2021, con 2,3 millones de euros de presupuesto .

LOS TUITS DE VOX, RUFIÁN, ZARAGOZA

"1.200 acciones en redes sociales en un año. Yo no soy experto en redes sociales pero eso se lo hacemos en una tarde entre Rufián, Zaragoza y yo", ha espetado, aludiendo a los diputados Gabriel Rufián (ERC) y José Zaragoza (PSC).

Frente a ellos, la socialista Ana Belén Fernández Casero ha replicado al PP que los indicadores internacionales muestran que la imagen de España es sólida, y ha acusado a los 'populares' de "visitar embajadas" para que España no reciba fondos europeos y de "cuestionar el Estado de Derecho".

Además de ese argumento, que ya expuso la ministra Arancha González Laya, Fernández Casero ha defendido que la imagen de España es la de un país que "lidera en la UE el avance social", que impulsa la educación, hace bandera del feminismo, actúa contra el cambio climático y recupera la cooperación internacional.

Con el Gobierno de Sánchez, ha dicho, España ha "recuperado en tiempo récord la consideración internacional" sobre las "cenizas" que dejó el PP.

También ha cargado contra el PP Gerardo Pisarello (En Comú), afirmando que lo que "escandalizaba" a Europa era que en España hubiera un gobierno con un partido "condenado por los tribunales" y acusando a los 'populares' de tomar partido por la "austeridad" holandesa en la negociación de los fondos europeos.

PISARELLO: UNA POLÍTICA REPUBLICANA

Pisarello ha dejado claro que su intención es trabajar por una política interior y exterior "que sea republicana, democrática, plurinacional y pacifista, autónoma" y ha citado palabras del Quijote: "libertad, igualdad y pan para todos".

En el debate no ha intervenido el PNV y los portavoces independentistas que han tomado la palabra han visto otras razones para el deterioro de lo que Néstor Rego (BNG) ha llamado "el régimen español".

"Una Constitución que hace aguas, una monarquía corrupta y anacrónica, la conculcación de derechos y libertades, la persecución de la disidencia política, la negación de los derechos de las naciones o las políticas que pretenden la asimilación lingüística y la imposición del español", ha afirmado Rego, con unos argumentos que ha utilizado también Marta Rosique, de ERC.

Por su parte, Laura Borràs (Junts) ha pedido no "malgastar dinero en planes integrales integralmente inútiles" y en lugar de eso amnistiar "a los presos políticos" y permitir comisiones de investigación sobre la Corona.

Canarias ha sumado un total de 153 casos nuevos de coronavirus, 112 de ellos en Tenerife, en las últimas 24 horas, lo que hace que el número total ascienda a 19.603, así como ha tenido que lamentar un nuevo fallecimiento en la isla tinerfeña que eleva la cifra de personas muertas a 314 en el archipiélago.

Así, del total de casos que ha registrado Canarias, 4.166 se encuentran activos, lo que supone 8 más que hace un día. Actualmente de los casos activos en las islas 44 personas se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (sin variación), 199 en planta hospitalaria (+4) y 3.923 están aislados en sus domicilios, según se desprende de los datos que la Consejería canaria de Sanidad publica pasadas las 14.00 horas.

El archipiélago tiene actualmente una incidencia acumulada a los siete días de 36,7 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a los 14 días se eleva a 83,03.

En cuanto a los test, en Canarias se han realizado hasta el momento un total de 547.648 pruebas --3.682 en el último día--, de las que 25.315 fueron positivas, lo que supone un 4,62 por ciento del total.

POR ISLAS

Respecto a los casos de coronavirus por islas, Gran Canaria continúa liderando en número de casos con 9.142 al sumar 30 en las últimas 24 horas, de los que 1.476 se encuentran activos, mientras que 123 personas han fallecido y 7.543 han superado la enfermedad.

Le sigue Tenerife con 7.881 casos registrados desde que comenzó la pandemia (+112), de los que 2.555 se encuentran activos, 171 han fallecido (+1) y 5.155 recibieron el alta.

Tras ella se encuentra Lanzarote con 1.350 casos (+5), de los que 52 están activos, nueve han perecido y 1.289 personas han superado la enfermedad.

Fuerteventura por su parte ha acumulado 857 casos (+4), de los que 67 se encuentran activos, cuatro murieron y 786 recibieron el alta; La Palma se mantiene con 206 casos (+1), de los que 7 están activos (+1), seis fallecieron y 193 superaron la enfermedad.

Cierra la lista La Gomera que se acumula 100 casos (+1), de los que 8 están activos (+1), 92 han recibido el alta y no ha tenido que lamentar muertes; mientras que El Hierro se mantiene con 67 casos, de los que uno está activo, además de registrar un fallecimiento y 65 altas.

La dirección de Volkswagen Navarra ha confirmado este miércoles que cerrará los días 20 y 23 de noviembre la planta de Landaben y que previsiblemente pare también el 4 de diciembre, aunque todavía está por confirmar, debido a la "falta de suministro de piezas".

Así lo ha informado la sección sindical de UGT de Volkswagen tras la celebración de una Comisión Sindical de Seguimiento. En la reunión, la dirección ha explicado que la causa principal de la falta de suministro de piezas es la situación generada en torno al Covid-19 que "provoca además un 'tapón' en la campa por la imposibilidad de enviar los coches a su destino".

La dirección ha añadido que se ha estado sosteniendo la producción hasta la fecha fletando aviones con piezas y mediante otros medios, pero que "estas soluciones no se pueden sostener más, por lo que es obligado 'pisar el freno' y parar los días mencionados".

El objetivo, ha añadido, es garantizar los 1.581 coches por día "con desplazamientos de pausa para los días que restan de año, de tal manera que no se toque la estructura de fábrica".

Asimismo, ha explicado la dirección en la reunión de hoy que debido a la demanda del modelo T-Cross se intentará aumentar su producción diaria hasta los 910 coches. "Las limitaciones de los proveedores y del taller de Chapa provocan que este taller deba adelantar y cubrir la construcción de los mismos; ocurriría lo mismo con el taller de Prensas", ha indicado.

Algunos departamentos, como por ejemplo Nóminas, estarán exentos de parar, aunque serán excepciones puntuales y mínimas, ha añadido la sección de UGT.

Estos días quedarían al amparo del ERTE rubricado en abril de este año por UGT, CC.OO., ELA, LAB y CCP y que "se conformó de cara a las dificultades y vacíos legales que pudiesen derivarse de la finalización del estado de alarma".

Además, se ha presentado una propuesta que de una prórroga de dicho ERTE, de final de 2020 al 30 de junio de 2021 y que requerirá de la mayoría del comité de empresa. "Esta propuesta se lleva a cabo por la falta de concreción de cara al calendario para el año que viene dada la incertidumbre existente y que se prevé, continúe en 2021", ha expuesto la sección sindical en la nota, en la que añade que "lo más destacado es que dicho documento, garantiza y conforma los lanzamientos tanto del PA como del CUV".

Con respecto al ERTE, la dirección ha explicado que "toda la plantilla, salvo las excepciones antes comentadas, estará de regulación, aunque se dará opción a cubrir estos días con horas generadas a favor". "Se ha indicado que en esta ocasión, si se solicita la prestación de desempleo, sí se consumirá paro y que aquellas personas que no tengan generada prestación tienen garantizado el cobro del paro, dadas las coberturas legales de este tipo de ERTE", ha añadido la sección sindical.

UGT ha manifestado el "aspecto negativo" de la noticia si bien ha comentado que son "conscientes de la complejidad del contexto". Ha puesto en valor "la importancia de que el documento propuesto garantice los lanzamientos" y ha añadido que "entendemos la propuesta de prórroga de ERTE ya que es previsible que el panorama sea diferente en el primer semestre del 2021 que en el segundo, una vez se haya lanzado el CUV".

A su juicio, "es fundamental definir bien y garantizar estos periodos, amoldándonos a cada uno de ellos con garantías de empleo y salario para todos, fijos y eventuales". "Por tanto, es importante sentar las bases del ERTE y alargar el periodo de finalización del mismo que ha evidenciado que el firmado en 2018 entre ellos por UGT, contenía los elementos fundamentales de empleo y salario", ha dicho.

Por último, ha indicado que entienden "las diferentes situaciones que se puedan vivir en algunos talleres, con unos compañeros trabajando y otros de ERTE y se han solicitado las máximas facilidades a los trabajadores de cara a los tramites con el SEPE".

La sección sindical de UGT ha comentado que este jueves se llevará a cabo otra reunión a las 10 horas para seguir tratando la prórroga del ERTE.

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai) solicitan al Estado un "mayor esfuerzo" para resolver la crisis migratoria en Canarias, dado que el Gobierno central es quien tiene competencias.

Tras una reunión entre ambas instituciones, la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, quiso destacar también el carácter solidario de las entidades locales, "que han brindado los espacios y recursos en función de las posibilidades de cada uno para colaborar en esta crisis".

En el ámbito económico, ayuntamientos y cabildos acordaron 'unidad de acción' para instar al Gobierno de Canarias a que considere la creación de un fondo de reconstrucción que permita compensar la caída en los recursos del Bloque de Financiación Canario y el esfuerzo extraordinario que han tenido que realizar las administraciones locales para afrontar los gastos derivados de la crisis sanitaria.

Asimismo, se abordaron otros temas como los programas relacionados con el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) o las competencias impropias que ejercen ayuntamientos y cabildos, y que consideran están "infradotadas".

En términos generales, Brito calificó el encuentro como muy positivo "ya que permite fortalecer el vínculo entre ayuntamientos y cabildos, las administraciones más cercanas al ciudadano, y establecer una unidad de acción en ámbitos tan preocupantes como el financiero y el migratorio".

Por su parte, la presidenta de la Fecai, Dolores Corujo, declaró ser "profundamente municipalista" e insistió en la coordinación y cooperación entre las administraciones, "sobre todo de cara a los próximos años, marcados por la incertidumbre como consecuencia de la pandemia".

La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, y los rectores de las tres universidades gallegas --Antonio López, de la USC; Julio Abalde, de la UDC; y Manuel Reigosa, de la UVigo--, han visitado este miércoles el centro de recuperación integral para víctimas de violencia género, donde han hecho balance de los dos años de desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia machista en Galicia.

En el acto, presentado por la secretaria xeral de igualdade, Susana López Abella, y que también ha contado con la presencia de las vicerrectoras de las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, se ha hecho balance también de los convenios de colaboración de los centros gallegos para el desarrollo de medidas que, en el marco de este acuerdo estatal, luchen por eliminar la desigualdad, no sólo entre la comunidad educativa, sino también en toda la sociedad gallega.

La importancia de llegar "a todos" ha sido uno de los puntos señalados por el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, que ha pedido a todo el sistema universitario que actúe de "avanzadilla" en materia de igualdad. "Dada nuestra responsabilidad, debemos aplicar políticas que lleguen a todos los ámbitos, no sólo el universitario", ha manifestado.

El rector de la universidad viguesa ha recordado algunas de las campañas de divulgación y sensibilización que la institución realiza al amparo del Pacto de Estado como el 'itinerario formativo virtual en xénero', un programa con nueve cursos certificados por la universidad que pretenden introducir la perspectiva de género en la formación de la comunidad universitaria.

La realización y publicación de estudios e investigaciones sobre desigualdad y violencia de género es el otro pilar sobre el que pivota el plan de esta universidad. Reigosa ha querido destacar que, desde el inicio de la pandemia de covid-19, los investigadores publican más que sus homólogas femeninas. "Esto no ocurre porque los hombres descansen, sino porque las mujeres están realizando trabajos, especialmente de cuidados, de los que los hombres parecen estar exonerados", ha explicado el rector.

Los tres rectores han coincidido en el peligro que supone para la igualdad la "apertura de nuevas brechas de género", que se suman a aquellas "de siempre y todavía presentes". En la línea de su homólogo vigués, Julio Abalde, de la Universidad de A Coruña, se ha referido al reto que supone la implantación del teletrabajo tras la llegada de la covid-19, "que puede llegar a abrir una nueva brecha" entre sexos.

Por otro lado, el rector de la institución coruñesa ha puesto el foco en la necesidad de unas políticas transversales que lleven la perspectiva de género a todas las titulaciones impartidas por la universidad. Abalde ha demandado también una mayor implicación del sexo masculino en los programas y cursos sobre igualdad, donde la participación es "muy buena pero mayormente femenina".

EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: TODAVÍA UNA NECESIDAD

Julio Abalde ha querido subrayar también la importancia del Pacto de Estado. "El Pacto se alcanzó por consenso de todos los partidos políticos, que se unieron para luchar contra la desigualdad y la violencia de género", ha declarado, criticando a su vez "las críticas erróneas y cortoplacistas" vertidas sobre el acuerdo en los últimos tiempos.

Abalde, que ha afirmado que le gustaría ver como una catedrática lo sucede en el cargo, ha subrayado la importancia de trabajar por la participación de más mujeres en los altos órganos universitarios.Además, ha lanzado un recordatorio a la comunidad educativa en particular, y a la sociedad gallega en general: "El trabajo de todos estos años puede venirse fácilmente abajo por actitudes que en la sociedad española del siglo XXI no deberían existir".

Por otro lado, el rector de la universidad de Santiago de Compostela, Antonio López, se ha referido también al Pacto de Estado y a las medidas que se están desarrollando en el seno de la institución santiaguesa. "Es intolerable que en nuestro Estado de Derecho siga habiendo violencia de género, que es sólo la punta. Hay un problema de base, de valores; un problema educativo y de formación. Y ahí debemos entrar nosotros", ha agregado.

Además de mencionar algunas de las campañas que lleva a cabo la USC en materia de sensibilización y algunos de los nuevos campos de investigación como la violencia de género contra menores y mujeres mayores, el rector de la universidad de Santiago ha querido recordar a algunas gallegas pioneras como Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal, de las que ha dicho que consiguieron traspasar "techos no de cristal, sino de hormigón".

MEDIDAS DE LA XUNTA

La conselleira de emprego e igualdade, María Jesús Lorenzana, ha clausurado el acto poniendo en valor algunas de las medidas en las que la consellería va a incidir a partir de este 2020. La representante de la Xunta ha explicado que se incluirán los hitos feministas en los libros de historia, así como módulos de género en los másters habilitantes de profesorado. También se fomentarán las investigaciones sobre prostitución y violencia sexual, entre otras medidas.

Lorenzana, que se ha sumado al deseo del rector coruñés sobre una mayor presencia de mujeres en altos cargos, ha agradecido a los rectores de las universidades gallegas, especialmente a las respectivas unidades de igualdad de género, su compromiso con la igualdad. "La universidad es el ámbito de socialización que más influye en el aprendizaje de las personas y, por eso, es en este ámbito donde se debe fomentar la reflexión y el trabajo en una igualdad real", ha destacado.

La conselleira ha insistido en la importancia de un "consenso institucional, político y social sin fisuras para erradicar la violancia contra las mujeres".

Los afiliados en alta laboral vinculados a actividades turísticas decrecieron en octubre en 278.914 personas, un 11,5% menos respecto al mismo mes del año pasado, alcanzando un total de 2.155.167 afiliados a la Seguridad Social, según los datos publicados este miércoles por Turespaña, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Se rompe así, como consecuencia del impacto ocasionado por la Covid-19, la tendencia de incrementos para el mes de octubre que se inició en 2013, volviéndose a niveles similares a los alcanzados en 2015 y 2016.

Los afiliados en actividades turísticas supusieron el 11,4% del total de afiliados en la economía nacional, que decreció en tasa interanual un 1%, mientras que en el sector servicios disminuyó un 1,2%. En octubre los afiliados en alta laboral a la Seguridad Social se redujeron, en variación absoluta, en 195.161 personas.

LA HOSTELERÍA, LA RAMA DE ACTIVIDAD QUE MÁS AFILIADOS PIERDE

La disminución de los afiliados se registró en todas las ramas turísticas: la hostelería decreció en 213.195 afiliados (140.481 afiliados menos en los servicios de comidas y bebidas y 72.714 menos en los servicios de alojamiento); las otras actividades turísticas disminuyeron en 57.624 afiliados y en las agencias de viajes hubo una disminución de 8.095 trabajadores.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, los afiliados en alta laboral a la Seguridad Social disminuyeron en tasa interanual un 13,1%, disminuyendo tanto los asalariados (-16,2%) como los autónomos (-1%).

En octubre, la cifra de asalariados en el sector turístico, que representó el 77,6% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, decreció un 14,1% respecto al mismo mes del año anterior, disminuyendo en todas las ramas de actividad.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representó el 22,4% del total de trabajadores afiliados, decreció un 0,9%. La actividad de hostelería mostró una reducción del 0,8%. En concreto, en los servicios de comidas y bebidas disminuyó un 0,9%, mientras que en los servicios de alojamiento se incrementó un 1,4% y en las agencias de viajes se registró una disminución interanual del 4,3% en el número de autónomos.

CAÍDA EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En el mes de octubre, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos descendió en todas las comunidades autónomas.

En cifras absolutas, los mayores descensos se dieron en Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana. Estas seis comunidades conjuntamente suponen el 79,1% del descenso interanual absoluto.

Asimismo, los afiliados se redujeron en todas las comunidades, destacando Baleares, con un desplome del 33,7%, seguida de La Rioja (-15,1%), Cataluña (-14,8%), y Canarias (-14,1%).

El nuevo Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, en la isla de Gran Canaria, recibirá en la tarde de este miércoles a los primeros 200 migrantes procedentes del Muelle de Arguineguín.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias, en los últimos días se ha trabajado en labores de logística y en habilitar las nuevas instalaciones para garantizar la atención a los migrantes y el desarrollo del trabajo policial.

Al respecto, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo y el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel Gonzalez, están supervisando los últimos trabajos de habilitación del CATE.

Por su parte, el CATE de Barranco Seco se ha levantado con ayuda del Ejército de Tierra y tiene capacidad para 800 plazas dentro de este antiguo polvorín en Las Palmas de Gran Canaria.

Según fuentes de Interior, está previsto que se trasladen esta tarde a 200 migrantes a las nuevas instalaciones. El Ministerio recuerda que en los últimos días se han realizado "de forma intensa y continua" los trabajos de logística y habilitación necesarios para poder dotar al nuevo CATE de Barranco Seco de las instalaciones y los servicios pertinentes para garantizar la atención a los migrantes y el desarrollo del trabajo policial.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles en el Congreso que ha ordenado una investigación sobre el desalojo de más de 200 migrantes del muelle de Arguineguín (Gran Canaria) y ha indicado que se tomarán medidas en el caso de que hubiera descoordinación.

La polémica actuación ha llevado al PP a pedir su dimisión, después de que 2.300 migrantes estén durmiendo en el muelle de la localidad grancanaria, y que 227 anduvieran este martes "libres por la calle, sin PCR y sin plan de seguridad". Unidas Podemos Canarias también ha pedido el cese de Grande-Marlaska, aunque luego la dirección nacional ha corregido a sus colegas de las islas para apoyar al ministro al ser "socio" en el Gobierno.

"He ordenado una investigación y se tomarán las medidas necesarias y precisas si se observa alguna descoordinación", aseguró en el Congreso Grande-Marlaska, quien añadió que no tiene "ningún inconveniente" en reconocer esa situación porque son "casos puntuales".

Las entidades constitucionalistas Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB), Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana (SCC) y S'ha Acabat! han presentado este miércoles en el Registro del Congreso una petición, dirigida a todos los grupos parlamentarios y al presidente de la Comisión de Educación, para que se mantenga en la próxima Ley Orgánica de Educación (la denominada 'Ley Celaá') el carácter de lengua vehicular para el castellano y las demás lenguas cooficiales.

"Hemos registrado un documento dirigido a los portavoces de los grupos con el objeto de que conozcan la situación legal a día de hoy en Cataluña, cuál es nuestra experiencia y nuestra información sobre lo que realmente ocurre en la escuela catalana y lo que supone eliminar de la Ley de Educación esta frase que tiene muchísima trascendencia, pues elimina el paraguas donde se protegen los derechos de todos los alumnos en toda España", ha explicado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la AEB, Ana Losada.

Las asociaciones han lanzado una campaña bajo el título 'La educación, también en castellano' para defender que se pueda estudiar en toda España tanto en la lengua cooficial como en castellano, ya que esa es "la única forma de que se garanticen los derechos de todos los alumnos".

Según Losada, al eliminar de la Ley de Educación el carácter del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, se está lanzando un mensaje a los españoles de que estudiar en español "no se debe dar por hecho", pues con la nueva redacción del texto, cualquier comunidad con lengua cooficial podría establecer que la lengua vehicular en los centros educativos fuese solo la lengua cooficial.

Pese a la polémica que ha suscitado la iniciativa pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha afirmando en varias ocasiones que cambiar la Ley a este respecto no supondría ningún cambio en la práctica porque el carácter vehicular del castellano nunca fue recogido en una ley educativa hasta 2013, año en que se aprobó la 'Ley Wert'.

Y es que, tal y como asegura el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, la 'Ley Wert' fue precisamente un "avance" al incorporar esos derechos. No acabamos de entender su retirada, supone un retroceso, se está quitando derechos en vez de reconocerlos, lo que hace la 'Ley Wert' es incorporar lo que habían dicho los tribunales de manera generalizada, fue progresista", expresa, en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 2010, que ordenó a la Generalitat que el castellano fuese lengua vehicular en la enseñanza.

MODELO DE INMERSIÓN "ILEGAL" DESDE HACE 30 AÑOS

En este sentido, Ana Losada da la razón a la ministra, pero matiza: "La situación en Cataluña es que, legalmente, el modelo es el de conjunción lingüística, es decir, se da clase en las dos lenguas, pero desde hace 30 años se aplica el sistema de inmersión obligatoria en catalán para los castellanohablantes". Según explica, en Cataluña, actualmente, "para encontrar un centro donde haya un 30% de horas en castellano, tienes que ir a un colegio privado o algún concertado trilingüe, mientras que en la pública no hay ningún centro donde se pueda estudiar en castellano".

Y si en algún centro hay grupos donde dan clases en castellano, es porque se han aplicado las sentencias de los tribunales, que han dictado a favor de que se dé un determinado porcentaje de contenidos en español. En resumen, con la iniciativa, "se intenta dar forma legal a algo que es ilegal".

Aunque para los catalanoparlantes este cambio supone "algo simbólico", en realidad se está "dando la razón a los nacionalistas" en algo que llevando haciendo de forma "ilegal" durante 30 años, según advierte Losada.

Pero para los castellanohablantes, esta modificación "complica" que los padres puedan argumentar su derecho a estudiar en español, ya que, aunque "hay suficiente jurisprudencia" sobre este asunto, las familias que quieran que sus hijos estudien también en castellano tendrán que cambiar su argumentario, ya que ahora no tendrán la Ley de Educación como base para reclamar ese derecho. "Ese problema nuestro que ahora se agrava, con la nueva ley se extiende al resto de comunidades autónomas", añade.

"MERCADEO POLÍTICO"

El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, también ha criticado esta medida, a un día de que se vote en el Pleno del Congreso el dictamen de la Comisión de Educación sobre la nueva norma.

"Obedece al mercadeo político", asegura Domingo, que tacha de "asombroso" que se diga que con la supresión del castellano como lengua vehicular en el texto se vaya a mantener, precisamente, el carácter vehicular del castellano en la enseñanza. "No deja de ser una contradicción", avisa.

A su juicio, este cambio tiene lugar debido a "la intención de los grupos nacionalistas catalanes de implantar un tercer modelo educativo". Según recuerda, hasta la fecha, en aquellos territorios donde había una lengua cooficial se daban dos modelos, aquel en el que las familias eligen la lengua en que sus hijos dan los contenidos y un segundo modelo donde se conjugan ambas. "Lo que pretenden ahora es que haya un tercer modelo de lengua única en territorios con cooficialidad, pero es un modelo anticonstitucional", advierte Domingo, ya que recuerda que el Tribunal Constitucional nunca ha avalado este modelo.

"Lo grave de este procedimiento es que es un modelo limitador de derechos lingüísticos porque, los alumnos, cuando se apruebe la Ley, formalmente tendrán menos derechos lingüísticos, ahora tienen derecho a ser escolarizados en castellano y otras lenguas, pero ahora se suprime eso", comenta.

Así, la 'Ley Celaá' "prepara el terreno para dificultar ese derecho a los padres y alumnos", pues se trata de una norma que nace con la finalidad, según Domingo, de "blindar un modelo que es de lengua única y que no es respetuoso con la pluralidad lingüística". "Es una ley amputadora de derechos y será un mal precedente", advierte el presidente de la entidad, que en cualquier caso considera "anormal" que no se haya incorporado a la ley educativa el carácter vehicular del castellano antes de la 'Ley Wert' de 2013.

María Jesús M.C., conocida como Maje, ha sido condenada a 22 años de cárcel por el asesinato a puñaladas de su marido, Antonio, en un garaje del barrio valenciano de Patraix el 16 de agosto de 2017. Uno de sus amantes, Salvador R.L., autor material del crimen, cumplirá 17 años.

Así se desprende de la sentencia dictada por el presidente del tribunal que juzgó a Maje y Salva ante un jurado popular y que consideró a ambos culpables del asesinato por unanimidad.

Para fijar las penas, el magistrado ha aplicado a Maje la circunstancia agravante de parentesco y ha apreciado la atenuante de colaboración con la justicia en Salva. En este punto, sobre la condenada destaca la "frialdad de ánimo" demostrada durante el juicio. Junto a la prisión, se establece una indemnización conjunta y solidaria a la familia de la víctima de 250.000 euros.

Maje había negado durante la vista cualquier tipo de participación, planificación o deseo de la muerte de su marido y solo admitía haber encubierto a su examante, mientras que él confesó la muerte aunque aseguró que porque ella le pidió que lo hiciera.

El jurado creyó a Salvador y opinó que ambos actuaron de común acuerdo para perpetrar el crimen y que sería él quien ejecutaría la acción. Para ello, Maje facilitó las llaves del garaje a su entonces amante e información precisa de Antonio para que acabara con la vida de él a cuchilladas.

El presidente del tribunal juzgador ha recogido estas tesis y estima que todos los indicios contra los acusados, valorados en su conjunto y no uno po uno, aplicando los cánones señalados de lógica, razón y máximas de experiencia "ratifican la tesis acusatoria y eliminan cualquier atisbo de duda razonable en cuanto a la participación en la planificación de María Jesús en la muerte de su marido".

"Resulta sencillo representarse cómo ambos acusados, que mantienen una relación afectiva y sexual, a raíz de la muerte de dos compañeros de Antonio en un accidente, empiezan a idear la posibilidad de acabar con el marido de María Jesús; eligen un lugar y un medio idóneos para llevarla a cabo y resuelven ejecutarla trazando una coartada para el caso de ser investigados", añade.

A juicio del magistrado, "solo así se explica que se reúnan en la casa de la hermana de María Jesús horas después del crimen; que remita a su marido un mensaje sabiendo que nunca lo contestaría puesto que estaba muerto; que María Jesús finja a continuación ante la Policía cuando llega al domicilio y aún no se ha levantado el cadáver de Antonio que está preocupada por él; que se avenga a hablar con Salvador por un teléfono distinto al suyo; que pierda los nervios cuando éste le dice que ha llamado a la policía; que cuando su cuñado le dice que hay un sospechoso cuya detención es inminente concierte una cita con Salvador para hablar del tema; que en esa cita ambos muestren su preocupación sobre cómo explicar que Salvador entró con la llave que ella le había dado; que cuando es detenido Salvador manifieste que ella estaba implicada y, finalmente, que una vez en prisión ambos reanuden la relación afectiva", recopila el magistrado.

DE ABSOLUCIÓN A 25 AÑOS

La Fiscalía pedía para Maje 22 años de prisión por el delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco y otros 18 años para Salva.

El letrado de la familia de Antonio Navarro, la víctima, solicitaba para la acusada la pena máxima por el asesinato, es decir, 25 años de cárcel, mientras que rebajó lo reclamado para Salva hasta los 16 años al estimar la atenuante de confesión. Entiende que sin su versión de lo que ocurrió hace dos años hubiera sido más difícil la condena de Maje.

La defensa de Maje reclamaba la absolución para su representada al considerar que no había quedado probada su participación en los hechos, mientras que la abogada de Salva reclamaba para su cliente siete años y medio de prisión al estimar las atenuantes de confesión y de reparación del daño.

La defensa del presidente de Aguas de Cataluña, David Madí, ha pedido anular la investigación del caso Voloh por presuntas irregularidades al ordenar las escuchas telefónicas que iniciaron la causa, y que a su parecer se justificaron con "una primera hipótesis policial sin fundamento objetivo de clase alguna".

La letrada Olga Tubau, que defiende a Madí, ha presentado al juez instructor un recurso de apelación, consultado por Europa Press, en el que pide anular el auto que en agosto de 2019 ordenó las escuchas telefónicas a Madí, Xavier Vendrell y Xavier Vinyals "por haberse prescindido en su dictado de normas de procedimiento que han producido indefensión" y una presunta vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por lo que reclama anular toda la causa.

El escrito presentado al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona señala que la nulidad de ese auto "comporta la nulidad de todos y cada uno de los autos de prórroga y de nuevas intervenciones referidas a otros investigados que se contienen en esta pieza", incluyendo los que ordenaron los registros del 27 de octubre, cuando la Guardia Civil hizo una veintena de detenciones.

La abogada reprocha que el informe de la Guardia Civil en el que se basa la autorización para las intervenciones telefónicas se centra en que los investigados supuestamente querían usar criptomonedas para desviar fondos públicos.

Para Tubau, es una conclusión que "no solamente no se dispone de ningún elemento probatorio que respalde la misma, sino que tampoco el tramo de la conversación analizado resulta 'un indicio racional' de esa conclusión porque en ese apartado lo único que se plantea, y ello se desprende de la literalidad de la conversación, es la eventualidad de que la Generalitat acepte el pago en criptomoneda" y no hay alusiones al uso de la criptomoneda para desviar dinero público.

Las investigación se abrió como una pieza separada de la causa que desde 2016 investiga los desvíos de fondos en la Diputación de Barcelona, y la letrada reprocha que la Guardia Civil, tras cuatro años de instrucción, "no tiene ni un solo elemento objetivo y concreto que le permita sostener que alguno de esos fondos públicos han entrado en el circuito de las criptomonedas".

FISCALÍA SE OPUSO A LAS ESCUCHAS

Además, recuerda que la Fiscalía emitió un informe contrario a aprobar la intervención telefónica que pedía la Guardia Civil, al considerar que no cumplía las condiciones legales para tomar esta medida: "O lo que es lo mismo, esas intervenciones vulnerarían, de autorizarse, el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones", señala la defensa.

Pese al informe del fiscal, el juez instructor aprobó las escuchas y cuestionó "cómo pretende el Ministerio Fiscal que se pueda seguir progresando en la investigación de un hecho ilícito el cual, por esencia, se hace de manera secreta respecto de las autoridades policiales y judiciales".

Ante ello, la defensa de Madí sostiene que se podrían haber tomado otras medidas como por ejemplo hacer el seguimiento del destino de las subvenciones para lograr nuevos indicios delictivos antes de autorizar la intervención telefónica de tres personas.

Los nueve diputados que han sido expulsados este miércoles del grupo parlamentario de Adelante Andalucía van a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra una decisión que consideran más propia de un Parlamento "bananero".

Así lo ha trasladado, en una atención a los medios, la diputada de Adelante Maribel Mora, que ha ejercido como portavoz del colectivo de diputados expulsados pese a que ella no es inicialmente una de las que sale del grupo, si bien considera que la expulsión de esos nueve compañeros --entre quienes figura quien era la presidenta del grupo, Teresa Rodríguez-- constituye "un escándalo sin precedentes en la historia del parlamentarismo andaluz".

"Va a quedar como una mancha y una vergüenza de la historia de nuestro parlamentarismo", según ha enfatizado Maribel Mora, que hasta este miércoles era representante de Adelante en la Mesa, si bien ha sido "destituida" de ese cargo como "consecuencia" de estas expulsiones, según ha confirmado ella misma.

La parlamentaria ha aseverado que la Mesa ha decidido "en contra de todos los criterios jurídicos legales y la jurisprudencia que hay al respecto del Tribunal Constitucional", algo que "ha dejado absolutamente claro el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, y que además el Letrado Mayor ha dicho de manera verbal una y otra vez", según ha abundado.

Ha indicado que "no existía absolutamente ninguna duda jurídica de que no era posible legalmente la expulsión de los nueve compañeros del grupo parlamentario", y ha criticado que se haya esgrimido el Pacto Antitransfuguismo recientemente renovado a nivel nacional para avalar esta decisión cuando éste "aún no se ha aprobado", así como "no puede tener efectos retroactivos" y el "concepto de tránsfuga es uno de los objetos de debate que aún no está cerrado".

Mora se ha mostrado segura de que el TC, al que sus compañeros expulsados van a "acudir de manera inmediata", va a "poner en tela de juicio la calidad democrática de este Parlamento, que ha actuado en el día de hoy como un auténtico Parlamento bananero que actúa con criterios políticos por encima de la ley".

También se ha mostrado esperanzada en que el Tribunal Constitucional pueda "dictar medidas cautelares, esperemos que en poco tiempo, en caso de que se estimen" a solicitud de los diputados expulsados en su recurso de amparo, y en ese caso los parlamentarios "serían reincorporados de nuevo" al grupo, según ha continuado.

LES "ROBAN LOS ESCAÑOS"

Maribel Mora ha sostenido que lo que ha ocurrido este miércoles ha sido "robarle los escaños" a los nueve diputados expulsados "con criterios políticos y no técnicos", cuando la Mesa del Parlamento es "un órgano técnico del Parlamento".

Ha agregado además que el informe de los servicios jurídicos de la Cámara elaborado sobre esta cuestión "constataba que es como un castigo" adoptar estas expulsiones, y "supone además una vulneración del derecho fundamental de representación establecido en la Constitución por no poderlo ejercer en condiciones de igualdad".

Ha alertado así de que a sus compañeros expulsados se les "retira" ahora "absolutamente toda la posibilidad de tener asistencia parlamentaria", y "ni siquiera tienen un sitio donde poder trabajar" en la Cámara.

Por otro lado, preguntada sobre qué va a hacer ella personalmente, toda vez que no ha sido expulsada del grupo de Adelante pero rechaza lo que ha sucedido con sus compañeros, ha respondido que ella no va a tomar "decisiones en caliente", aunque se ha reiterado en que la solicitud que canalizó la portavoz parlamentaria de la confluencia, Inmaculada Nieto (IU), para esas expulsiones es "una injusticia absoluta", además de algo "absolutamente ilegal y antidemocrático".

Ha señalado que es un claro "ejemplo de falta de democracia absoluta", de "utilización del poder y los tejemanejes del poder por encima de la ley", y ha lamentado que, por parte de Podemos, "entramos en política precisamente queriendo hacer una política diferente a los de los partidos del régimen" y lo que ha visto ha sido "una forma de actuación exactamente igual que lo que venimos a luchar y a acabar".

Por su parte, la diputada de Adelante María García, que no ha sido expulsada tampoco pero se alinea con sus ya excompañeros de grupo, ha apuntado en esa atención a medios que tomará una decisión sobre su situación personal tras analizarlo "colectivamente" junto con Maribel Mora y los nueve diputados expulsados.

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá a primera hora de este jueves el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Educación, la LOMLOE, también conocida coloquialmente como 'Ley Celaá', así como las múltiples enmiendas 'vivas' de la mayoría de grupos parlamentarios, que esperan incluirlas en el texto.

La Cámara Baja someterá a debate y votación el dictamen que aprobó el pasado viernes la Comisión de Educación y FP del Congreso tras más de 10 horas de votación de las enmiendas que los grupos parlamentarios defendieron para su inclusión en el articulado.

El apoyo que consiguió la semana pasada el dictamen, que contó con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País, sería suficiente para el Ejecutivo en el Pleno del Congreso de este jueves, ya que el dictamen deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), al tratarse de una reforma de una ley orgánica, y los diputados de estas cinco formaciones sumarían precisamente un total de 176 votos a favor.

Si en la votación se consigue la mayoría absoluta, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario. Pero en caso de no obtenerse la mayoría requerida, el proyecto será devuelto a la Comisión de Educación y FP para que emita un nuevo dictamen en el plazo de un mes.

El dictamen recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en la enseñanza, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares, cuestión que ha suscitado una gran polémica. De hecho, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC) si es apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara baja.

El texto también incl el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

VOTACIÓN DE ENMIENDAS

Además del dictamen que emitió el pasado viernes la Comisión de Educación y FP del Congreso, también se someterán a votación las enmiendas que cada grupo parlamentario ha registrado al proyecto y que han ido rechazándose en las Ponencias de la Comisión. Estas enmiendas son las denominadas 'vivas'.

Desde Cs dicen que defenderán en el Pleno "todas" las enmiendas promovidas por el partido que no lograron apoyos anteriormente. Según explica en declaraciones a Europa Press la diputada Marta Martín, desde Cs intentarán "arreglar el destrozo" que han hecho PSOE y Unidas Podemos en relación a la libertad de elección de los padres, refiriéndose a la educación concertada y a la Educación Especial, y defenderán sus enmiendas relacionadas con las evaluaciones independientes y la bajada de nivel.

Asimismo, exigirán la retirada de la polémica enmienda que suprime el castellano como lengua vehicular, aprobada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC al proyecto, ya que se trata, según Martín, de "un atentado contra derechos lingüísticos de todos los españoles".

Vox llevará al Pleno un total de 16 enmiendas, entre las que destaca una sobre la enseñanza en castellano en toda España, otra sobre la asignatura de Religión, otra sobre la defensa de la educación especial y varias sobre la defensa de la educación concertada, según confirma a Europa Press la diputada Georgina Trías. Y el PP ha anunciado que defenderá "todas" sus enmiendas 'vivas' en el Pleno del jueves.

Precisamente, los tres partidos ya anunciaron que, en caso de aprobarse la 'Ley Celaá' este jueves en el Pleno, recurrirían la norma ante el Tribunal Constitucional (TC) por incluir la eliminación del término "lengua vehicular" al referirse al castellano.

También otros partidos defenderán sus propias enmiendas, como es el caso de Más País que, aunque ha confirmado que votará a favor este jueves, considera que hay cosas que siguen faltando en la Ley, como la implantación de oficinas de escolarización para asegurar un correcto equilibrio del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos, la ampliación de la gratuidad de la educación infantil hasta hacerla universal o bajar las ratios a 15 alumnos para Primaria y 20 para secundaria, entre otras cuestiones.

ENMIENDAS DEL GOBIERNO

A pesar de haberse incluido en el texto que será sometido a votación varias de las enmiendas del PSOE y de Unidas Podemos, ambos partidos defenderán sus propias enmiendas.

Desde Unidas Podemos, por ejemplo, intentarán que entren en el articulado enmiendas relacionadas con la bajada de ratios, la asignatura de Ética, una fiscalidad justa y la asignatura de Religión, según ha confirmado a Europa Press el diputado 'morado' Joan Mena, mientras que el PSOE llevará a Pleno una enmienda transaccionada "con varios grupos" pero sobre un tema menor, según ha indicado la diputada socialista Luz Martínez Seijo.

Navarra detectó este martes 158 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.815 pruebas (1.971 PCR y 844 test de antígenos), con un 5,6% de positivos.

Por otro lado, ese produjeron en la Comunidad Foral 22 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, uno en la UCI, y se registraron tres nuevos fallecimientos, dos hombres de 75 y 91 años y una mujer de 78 años. También se han notificado otros cuatro fallecimientos de días previos, correspondientes a tres mujeres y un hombre de entre 85 y 96 años. El número total de muertes por esta causa se sitúa, por tanto, en 812.

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 54% de los positivos, en el Área de Tudela, el 14% de los casos y en el Área de Estella, el 14%. El resto de positivos (18%) se reparten por otras zonas de Navarra.

Respecto a los profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud afectados por Covid-19, según informa el Servicio Navarro de Salud, en la actualidad hay 76 positivos activos y en la última semana se han producido 31 nuevos contagios. La plantilla está compuesta por casi 13.000 profesionales.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 45 a 59 años, con el 23%; seguido del de 15 a 29 años, con un 18%. A continuación, se sitúan los grupos de menores de 15 años y el de 30 a 44 años, con un 17%, respectivamente; el grupo de mayores de 75 años, con el 15%; y, finalmente, el grupo de 60 a 75 años, con el 10%. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 43,2 años. Respecto al género, el 54% de los casos son mujeres y el 46%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), tras el balance de ingresos y altas, 316 personas permanecen ingresadas con y por Covid-19 (10 menos que ayer), 58 de las cuales se encuentran en puestos UCI (una más que ayer) y otras 44 en hospitalización domiciliaria (tres más que ayer). Los demás, 214 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 38.022.

El acuerdo suscrito por PP, Ciudadanos (Cs) y Vox para desbloquear la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 incluye un plan de "eficacia, eficiencia y racionalización" de la RTVA que se marca el objetivo de un "ahorro en gastos de 14 millones de euros" en el próximo ejercicio a través de medidas como la supresión de uno de sus tres canales --en concreto, Andalucía TV-- y abre la puerta a analizar el posible "cambio de marca" de Canal Sur Televisión exigido durante las negociaciones presupuestarias por Vox.

En concreto, el acuerdo recoge expresamente que "se analizará la conveniencia de una renovación de marca,valorando a través de procedimientos de consultoría, su impacto, la implementación de nuevas estrategias de mercado, de mejora de la penetración en el sector publicitario y de mejora de audiencias, a través de la selección de las marcas Canal Sur 1, Canal Sur, Canal Sur Andalucía y Andalucía Televisión".

El texto del acuerdo, consultado por Europa Press, detalla nuevas medidas tras las adoptadas en anteriores pactos presupuestarios que persigan "el objetivo de servicio público que tiene la RTVA, maximizando los recursos disponibles", para lo que se anuncia una enmienda al estado de gastos para que la financiación de explotación de la RTVA y de Canal Sur Radio y Televisión para 2021 mantenga "el importe consignado en los presupuestos aprobados por el Parlamento para 2020, dado que, a la vista de la prioridad de las necesidades de otras políticas en el conjunto del presupuesto de la Junta de Andalucía, se considera necesario mantener esta partida".

Junto a ello, el texto acordado por PP, Cs y Vox anuncia "la suscripción de un plan de eficacia, eficiencia yracionalización sobre la RTVA que se marca como objetivo la consecución de un ahorro en gastos de 14 millones de euros en comparación con el gasto real de explotación al cierre del ejercicio económico de 2020, en aras de la consecución del equilibrio económico-presupuestario", que se "complementará con las conclusiones derivadasdel proceso de auditoría operativa actualmente en desarrollo".

AMORTIZAR LAS VACANTES POR JUBILACIÓN

Según detalla el acuerdo, dicho plan incluirá medidas como que "las vacantes que se produzcan por jubilación en la entidad serán amortizadas; las convocatorias de ofertas públicas de empleo por tasa de reposición de vacantes "quedan supeditadas a las necesidades del presente plan"; o el "análisis coste-beneficio de procesos de prejubilaciones voluntarias, que en ningún caso implicaría salidas forzosas, en beneficio de posibles medidas de conciliación, que permitan seguir avanzando en el proceso de rejuvenecimiento progresivo de la plantilla".

Junto a ello, se anuncia un "ahorro de 400.000 euros derivados de la aportación a la Fundación Audiovisual de Andalucía", para lo que "se procederá a impulsar su liquidación, extinción o integración en otras entidades del sector público andaluz eliminando en todo caso el coste de aportación; la reducción de las cantidades referentes a aprovisionamiento y contratación externa de programas en un 10% "con el objetivo de fomentar la producción propia y el aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos propios; el fomento de la actividad del departamento comercial como vía de generación de ingresos; y la "absorción con las medidas de ahorro del incremento de gastos de personal de carácter general".

Otra medida incluida en el acuerdo hace referencia a la "recomposición de los contenidos de los canales de televisión, en base a la unificación de los tres canales actuales en dos, que permitirá, entre otros beneficios, la emisión de contenidos en alta definición (HD) en ambos casos". Según ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), ello supondrá la supresión de Andalucía Televisión en favor del canal que emite contenidos en HD, lo que supondrá un ahorro de 1,5 millones de euros.

El acuerdo establece que "los directivos relacionados con la gestión económico-financiera, de recursos humanos, de contratación y de otras áreas relacionadas directamente con las medidas en cuestión, asumirán bajo su responsabilidad directa el cumplimiento de las medidas incluidas en el citado plan, que será valorado a final del ejercicio mediante el cierre contable de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de la entidad".

FINANCIACIÓN "SIN CLÁUSULAS DE CONDICIONAMIENTO"

PP, Cs y Vox también acuerdan adoptar "las medidas de procedimiento normativo y tramitación necesarias para la rectificación de la propuesta de carta de servicios actualmente en tramitación, con el objetivo de que la financiación proveniente de la Junta de Andalucía sea la consignada cada año en los Presupuestos, sin cláusulas de condicionamiento, con el objetivo de salvaguardar la autonomía del Parlamento en el ejercicio de sus funciones de aprobación del Presupuesto consignadas en el Estatuto de Autonomía".

En un plan más técnico, el acuerdo apuesta por impulsar "la plataforma digital de RTVA y de integración de contenidos a la carta con otras plataformas" en la búsqueda de nuevos procesos de comercialización y desarrollo de mercados y por "atender especialmente a la consecución de soluciones técnicas que permitan exportar la emisión de los contenidos a Estados Unidos y los países iberoamericanos, contribuyendo así desde Andalucía al impulso de la hispanidad, mediante el acceso a la cultura andaluza, y permitiendo el conocimiento de la marca Andalucía en mercados y países de habla hispana.

Los 200 primeros migrantes llegados a Canarias y que fueron alojados en el muelle de Arguineguín serán trasladados esta misma tarde a las dependencias del nuevo centro temporal de extranjeros de Barranco Seco, en un dispositivo supervisado por el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y el director adjunto operativo (DAO), José Ángel González.

Ambos se encuentran en Gran Canaria supervisando directamente los últimos trabajos de habilitación del nuevo Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, levantado con ayuda del Ejército de Tierra y que tiene capacidad para 800 plazas dentro de este antiguo polvorín en Las Palmas de Gran Canaria.

Según fuentes de Interior, está previsto que se trasladen esta tarde a 200 migrantes a las nuevas instalaciones. El Ministerio recuerda que en los últimos días se han realizado "de forma intensa y continua" los trabajos de logística y habilitación necesarios para poder dotar al nuevo CATE de Barranco Seco de las instalaciones y los servicios pertinentes para garantizar la atención a los migrantes y el desarrollo del trabajo policial.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles en el Congreso que ha ordenado una investigación sobre el desalojo de más de 200 migrantes del muelle de Arguineguín (Gran Canaria) y ha indicado que se tomarán medidas en el caso de que hubiera descoordinación.

La polémica actuación ha llevado al PP a pedir su dimisión, después de que 2.300 migrantes estén durmiendo en el muelle de la localidad grancanaria, y que 227 anduvieran este martes "libres por la calle, sin PCR y sin plan de seguridad". Unidas Podemos Canarias también ha pedido el cese de Grande-Marlaska, aunque luego la dirección nacional ha corregido a sus colegas de las islas para apoyar al ministro al ser "socio" en el Gobierno.

"He ordenado una investigación y se tomarán las medidas necesarias y precisas si se observa alguna descoordinación", aseguró en el Congreso Grande-Marlaska, quien añadió que no tiene "ningún inconveniente" en reconocer esa situación porque son "casos puntuales".

Fundación Ingenio, que agrupa a más de 10.000 agricultores y 45 cooperativas del Campo de Cartagena, lamenta que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "vuelva a culpabilizar solo al sector agrario del deterioro del Mar Menor", tras la intervención de la ministra en el Pleno de Control al Gobierno celebrado ayer en el Senado.

Para la directora de Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, es necesario "menos sectarismo ideológico y más soluciones reales". Por ello, Corbalán crítica la hipocresía de la ministra haciendo esas declaraciones cuando tienen actuaciones y obras paradas hace años, "como las infraestructuras del Plan Vertido Cero de su propio ministerio, donde se abordan soluciones concretas en materia de infraestructuras y obras hidráulicas", señala Corbalán.

Para Fundación Ingenio es "incongruente" que la ministra paralice la única solución viable para el Mar Menor en el corto plazo. "Parece que la ministra solo escucha el argumento de los ecologistas y no atiende a las propuestas que cuentan con el apoyo de la comunidad científica", lamenta Corbalán.

ACABAR CON LA AGRICULTURA NO SALVARÁ EL MAR MENOR

Según Fundación Ingenio, la comunidad científica asegura que aunque se prohibiese la agricultura en Cartagena, "el Mar Menor seguiría recibiendo aguas con nutrientes del acuífero durante más de 20 años", comenta Natalia Corbalán.

A ese respecto, Corbalán recuerda las declaraciones recientes del catedrático en Ecología de la Universidad de Murcia y portavoz del Comité Asesor Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, que calificaba de "suicidio" la paralización de las obras del Plan Vertido Cero. "Desde el ministerio solo se ataca a la agricultura sin importar lo que dice la ciencia", añade Natalia.

Asimismo, Corbalán recuerda a la ministra que el problema no es de las prácticas agrarias presentes y considera que es un error criminalizar la agricultura actual. "Destruir la agricultura no va a salvar el Mar Menor", expone Corbalán.

Desde el sector agrario llevamos años de compromiso medioambiental para promover buenas prácticas, implementar tecnología innovadora y fomentar actuaciones sostenibles con el entorno", señala la directora de Fundación Ingenio.

"Según los técnicos y académicos, estas medidas solo tendrán efecto en el Mar Menor a medio y largo plazo y además es injusto poner el foco solo en la agricultura", detalla. Asimismo, lamenta que la ministra no proponga alternativas: "paraliza las medidas aprobadas por su ministerio sin proponer un plan B efectivo en el corto plazo", explica.

OTROS FACTORES DEL DETERIORO DEL MAR MENOR

En ese sentido, Fundación Ingenio asegura que el deterioro del Mar Menor es por un conjunto de factores que no solo tienen que ver con el Campo de Cartagena y los agricultores.

Urbanismo descontrolado, restos tóxicos de las prácticas mineras, puertos deportivos, playas artificiales o falta de inversión en depuradoras son factores que también han influido y que parece que no existen para el ministerio", lamenta Natalia Corbalán.

A su vez, Fundación Ingenio considera que para solucionar el problema de raíz existen una serie de obras e infraestructuras que cuentan con el consenso de la comunidad científica, ingenieros y técnicos. "Es un suicidio no acometer inversiones en infraestructuras que el ministerio niega a Murcia y que tienen guardadas en un cajón", crítica Corbalán.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Fundación Ingenio trabaja en una propuesta multi-actuación de un Anillo Protector Ambiental para el Mar Menor, que aúna a todos los agentes implicados y que cuenta con el aval de la comunidad técnica y científica. "Ya está bien de demonizar a la agricultura, vamos a trabajar todos juntos para salvar el Mar Menor y preservar el empleo en el Campo de Cartagena", señala Corbalán.

Por último, la directora de Fundación Ingenio aboga por una solución conjunta con aval científico "más allá de los intereses partidistas y cortoplacistas de los partidos políticos".

"Estamos cansados de que todos los políticos, de todos los gobiernos, jueguen con el Mar Menor. Hay alternativas y pasan por compatibilizar la protección de la laguna con la actividad del sector agrario; no somos el problema, queremos ser parte de la solución", finaliza Corbalán

La Consejería de Cultura, Educación y Universidades ha concedido una nueva inyección de fondos públicos a los centros de titularidad privada y concertada de Galicia. Esta partida, dotada con más de 7,2 millones de euros, se repartirá mediante ayudas directas con la justificación de atender la urgencia de la dotación de profesorado y adaptar los espacios al contexto de la COVID-19 y a las medidas sanitarias.

La resolución, publicada en el Diario Oficial de Galicia, establece una cuantía total de 7.250.011 euros. De ellos, 3.090.447 se destinarían a la adecuación de espacios y adquisición de materiales higiénico-sanitarios, entre otros, mientras que 4.159.564 serían para la contratación de docentes (1.455.844 para la anualidad de 2020 y 2.703.720 en 2021).

La Consellería justifica la urgencia y la concesión directa debido a las necesidades para adaptarse al contexto de pandemia y a los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias.

Estas medidas implican, por un lado, la necesidad de contratar profesores para impartir las horas adicionales derivadas del desdoble extraordinario de grupo, además de la adecuación de los espacios para garantizar la distancia interpersonal, con la instalación de mamparas, separaciones, adquisición de máscaras o hidrogeles y otro tipo de cuestiones indicadas por las autoridades educativas y sanitarias.

Todo ello, indica la Xunta, hace "imprescindible" recurrir a la tramitación de estas ayudas mediante concesión directa, además de al pago anticipado a los beneficiarios de la totalidad del importe, con el fin de dar una respuesta adecuada a las dificultades actuales y garantizar el funcionamiento de los centros.

LAS AYUDAS MÁS ELEVADAS

Educación entiende, a respecto, que las subvenciones están justificadas por la excepcionalidad de la situación y "por razones de interés público, social, económico y humanitario".

Entre las mayores dotaciones se encuentran el centro privado Fogar de Santa Margarida de A Coruña, que recibirá 403.097 euros, o el Liceo La PAZ y el Compañía de María, ambos de la misma ciudad y que se beneficiarán de importes por 219.263 y 187.357 euros, respectivamente.

En la capital gallega, el La Salle recibirá 211.204 euros y el Compañía de María 189.955 euros. El Santo Ángel de Ourense, por su parte, se beneficiará de una ayuda de 203.985 euros, y el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra de 181.103 euros.

CENTROS QUE SEGREGAN

La orden de la Xunta incluye, además, a los centros que separan al alumnado en función de su género, con ayudas para compensar las tareas de adaptación y la adquisición de materiales.

En concreto, el centro Peñarredonda de A Coruña contará con 9.390 euros, el Monteespiño en Culleredo con 13.308 euros, el Acacias-Montecastelo con 38.015, y el Aloya 10.277 euros, estos dos últimos en el municipio de Vigo.

María Jesús M.C., conocida como Maje, ha sido condenada a 22 años de cárcel por el asesinato a puñaladas de su marido, Antonio, en un garaje del barrio valenciano de Patraix el 16 de agosto de 2017. Uno de sus amantes, Salvador R.L., autor material del crimen, cumplirá 17 años.

Así se desprende de la sentencia dictada por el presidente del tribunal que juzgó a Maje y Salva ante un jurado popular y que consideró a ambos culpables del asesinato por unanimidad.

Para fijar las penas, el magistrado ha aplicado a Maje la circunstancia agravante de parentesco y ha apreciado la atenuante de colaboración con la justicia en Salva. En este punto, sobre la condenada destaca la "frialdad de ánimo" demostrada durante el juicio. Junto a la prisión, se establece una indemnización conjunta y solidaria a la familia de la víctima de 250.000 euros.

Maje había negado durante la vista cualquier tipo de participación, planificación o deseo de la muerte de su marido y solo admitía haber encubierto a su examante, mientras que él confesó la muerte aunque aseguró que porque ella le pidió que lo hiciera.

El jurado creyó a Salvador y opinó que ambos actuaron de común acuerdo para perpetrar el crimen y que sería él quien ejecutaría la acción. Para ello, Maje facilitó las llaves del garaje a su entonces amante e información precisa de Antonio para que acabara con la vida de él a cuchilladas.

El presidente del tribunal juzgador ha recogido estas tesis y estima que todos los indicios contra los acusados, valorados en su conjunto y no uno po uno, aplicando los cánones señalados de lógica, razón y máximas de experiencia "ratifican la tesis acusatoria y eliminan cualquier atisbo de duda razonable en cuanto a la participación en la planificación de María Jesús en la muerte de su marido".

"Resulta sencillo representarse cómo ambos acusados, que mantienen una relación afectiva y sexual, a raíz de la muerte de dos compañeros de Antonio en un accidente, empiezan a idear la posibilidad de acabar con el marido de María Jesús; eligen un lugar y un medio idóneos para llevarla a cabo y resuelven ejecutarla trazando una coartada para el caso de ser investigados", añade.

A juicio del magistrado, "solo así se explica que se reúnan en la casa de la hermana de María Jesús horas después del crimen; que remita a su marido un mensaje sabiendo que nunca lo contestaría puesto que estaba muerto; que María Jesús finja a continuación ante la Policía cuando llega al domicilio y aún no se ha levantado el cadáver de Antonio que está preocupada por él; que se avenga a hablar con Salvador por un teléfono distinto al suyo; que pierda los nervios cuando éste le dice que ha llamado a la policía; que cuando su cuñado le dice que hay un sospechoso cuya detención es inminente concierte una cita con Salvador para hablar del tema; que en esa cita ambos muestren su preocupación sobre cómo explicar que Salvador entró con la llave que ella le había dado; que cuando es detenido Salvador manifieste que ella estaba implicada y, finalmente, que una vez en prisión ambos reanuden la relación afectiva", recopila el magistrado.

DE ABSOLUCIÓN A 25 AÑOS

La Fiscalía pedía para Maje 22 años de prisión por el delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco y otros 18 años para Salva.

El letrado de la familia de Antonio Navarro, la víctima, solicitaba para la acusada la pena máxima por el asesinato, es decir, 25 años de cárcel, mientras que rebajó lo reclamado para Salva hasta los 16 años al estimar la atenuante de confesión. Entiende que sin su versión de lo que ocurrió hace dos años hubiera sido más difícil la condena de Maje.

La defensa de Maje reclamaba la absolución para su representada al considerar que no había quedado probada su participación en los hechos, mientras que la abogada de Salva reclamaba para su cliente siete años y medio de prisión al estimar las atenuantes de confesión y de reparación del daño.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha negado este miércoles que haya "colapso" en los hospitales, donde a nivel de unidades de cuidados intensivos (UCI), "el 30% de las camas" están ocupadas por pacientes Covid pero "hay un colchón" por si aumenta la curva de ingresos, al tiempo que ha asegurado que las vacunas "irán llegando en el primer trimestre del próximo año" y que calculan tener para primavera "un volumen de población andaluza vacuna de un 50 o 70%".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, y preguntado sobre la nueva estrategia de comunicación de la Junta, Aguirre ha dicho que la portavoz del Comité de Expertos de la pandemia, Inmaculada Salcedo, lleva trabajando con el grupo de coronavirus desde que "empezamos en enero", para añadir que quieren "transmitir la máxima transparencia". "Queremos transparencia y no ocultar nada de forma que la población se sienta tranquila", ha asegurado.

Sobre la presión asistencial en Andalucía, Aguirre ha señalado que con el plan de prevención de 4.500 pacientes Covid que "pusimos en marcha hace cerca de un mes, hay mayor disponibilidad que nunca de camas hospitalarias y de UCI". Así, ha añadido que "una quinta parte de las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes Covid, pero un 30% todas las camas están libres por si aumenta la curva de ingresos hospitalarios", y que a nivel de UCI, "el 30% de las camas UCI están ocupadas por pacientes Covid pero ahí también hay un colchón".

"Estamos en una situación sanitaria propia de la pandemia, pero ni mucho menos estamos en colapso", porque "hemos jugado las cartas medianamente bien para tener ese colchón y ante un posible aumento poderlos absorber sin ningún problema", ha manifestado Aguirre.

Sobre la realización de test de antígenos en las farmacias, Aguirre ha señalado que los test "aumentan su sensibilidad con el tiempo", pero ha precisado que ante este tipo de pruebas "hay que estar adiestrados para la toma de muestras", lo que "actualmente garantiza la titulación de médicos y enfermeros". Ha añadido que cuando las técnicas de diagnóstico sean más simples, como los test de saliva, "será fácil hacerlo en las farmacias, incluso los propios usuarios en sus domicilios". "Conforme vayan evolucionando los test se irá abriendo la mano", ha manifestado.

Acerca de las vacunas, el titular de Salud ha apuntado que hay grande empresas del sector "trabajando en propocionarnos una vacuna que sea efectiva", para añadir que las mismas "previenen de llegar a la fase álgida", es decir, "evitan que se progrese hacia una forma mala de infección hasta llegar al ingreso, a la UCI o al fallecimiento. "Mi confianza es plena en estas vacunas", ha subrayado, al tiempo que ha añadido "la UE tiene comprometida la compra de 800 millones de vacunas".

"Nos van a ir llegando todas posiblemente en el primer trimestre del próximo año y estaremos poniendo las vacunas para la primavera", ha destacado Aguirre, que ha asegurado que "calculan para primavera tener un volumen de población andaluza suficientemente vacunada". "Esperamos llegar a un 50 o 70% para hablar de inmunidad de rebaño y empezar a relajarnos desde el punto de vista de presión asistencial".

"SI HAY QUE HACER UNA NUEVA ORDEN SE HARÁ"

Aguirre se ha referido también a la orden del 8 de noviembre sobre derechos de los sanitarios. En este sentido, ha subrayado que los profesionales sanitarios "son los más importantes" y los "más sensibilizados" con el tema de la pandemia, y "a ellos son a ellos a los que tengo que proteger". Ha vuelto a reconocer que "tendrían que haber hablado con las mesas sectoriales" y ha insistido en que "son medidas excepcionales para momentos excepcionales si nos viéramos colapsados".

Ha informado de que este jueves hay una nueva reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, para añadir que "se harán los cambios oportunos en dicha orden" y "si hay que hacer una nueva orden se hará, derogando la vigente". "Espero rematar esta faena a lo largo de esta semana", ha apostillado.

Por último, y sobre las perspectivas para el Puente de la Inmaculada, Aguirre ha apuntado que Andalucía "tomará las medidas" que dicten tanto Salud Pública, Epidemiología como el Comité de Expertos, para añadir que este fin de semana "tendremos la evaluación" de las últimas medias tomadas. Ha manifestado que la evolución de este virus "es anárquica" y "decir cómo vamos a estar el puente teniendo en cuenta que estamos a 20 días vista, no lo veo oportuno". "Tomaremos las medidas que los expertos nos orienten; no quiero dar expectativas positivas ni negativas", ha concluido.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha mostrado la satisfacción del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) por la firma, este miércoles, de un acuerdo con Vox sobre los Presupuestos de la comunidad para 2021 y ha querido dejar claro que, en modo alguno, un acuerdo con esa formación se puede "equiparar ni por asomo" a negociar con Bildu, como está haciendo el Gobierno central con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020.

"No creo que sea equiparable ni por asomo a lo que representa Bildu u otras fuerzas políticas, en este caso que han sido el brazo político de una fuerza armada que ha derramado tanta sangre en este país", ha dicho Marín tras ser preguntado sobre los acuerdos que suscriben PP y Ciudadanos con Vox, sobre todo, tras las duras críticas que hizo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, contra esa formación en el debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados.

Juan Marín y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, han comparecido en rueda de prensa pasadas las 12,00 horas de este miércoles tras firmar el acuerdo presupuestario con Vox en la sede del Parlamento.

Este acuerdo, según ha expresado Marín, garantiza "la estabilidad para el resto de la legislatura", y ha agradecido a Vox su disposición a negociar sobre los Presupuestos, lo que se ha hecho con "esfuerzo y generosidad" a la hora de ceder en algunos puntos, todo con el objetivo de que se puedan poner en marcha las cuentas más importantes de la historia de esta comunidad y que superan los 40.000 millones de euros.

Asimismo, Juan Marín ha señalado, tras ser preguntado sobre el hecho de que Cs pacte con Vox pese las distancias entre ambas formaciones a nivel nacional, ha indicado que él ya ha firmado dos acuerdos presupuestarios anteriores con Vox y no tiene que "explicar nada", sino velar por los intereses de los andaluces. "No somos dudosos de nada, y cuando se está en el centro político hay que ser capaz de hablar con todos, pero no hay que llegar acuerdos con todos; no soy capaz de llegar a acuerdo con personas que tienen las manos manchadas de sangre", en referencia a Bildu.

Ha proseguido que en virtud del acuerdo con Vox, compuesto por 34 puntos, esta comunidad dispondrá en 2021 de un presupuesto que cuenta con 2.164 millones de euros más con respecto al del presente ejercicio, una cantidad tan necesaria para afrontar la difícil situación que ha generado la pandemia del coronavirus.

Sin duda, según Marín, este miércoles se ha producido una "magnífica noticia" para esta comunidad y ha defendido que las propuestas que se han asumido de Vox son "razonables y perfectamente compatibles" con las políticas que viene desarrollando el Gobierno andaluz.

Ha explicado que muchas van en línea de reducir impuestos; de ayudas a autónomos, pymes, agricultores y, en definitiva, al sector productivo; en materia de fiscalizar y controlar la gestión del Gobierno andaluz para que sea mucho más transparente, y para que haya una mayor eficacia en la utilización de los recursos públicos.

"Son los presupuestos ideales en unos momentos como estos, según ha dicho Marín, quien ha apuntando que para él "es una satisfacción enorme, en el plano personal, haber firmado con Bravo y Hernández este acuerdo", según ha apuntando Marín, quien ha insistido que las negociaciones nunca son fáciles, porque siempre tiene que haber cesiones y concesiones por las partes, ya que no se trata de "imponer".

Por su parte, Juan Bravo ha señalado que este acuerdo es un ejemplo de "responsabilidad, compromiso y determinación". Ha querido dejar claro que la Junta, en ningún momento, puso "etiquetas" y siempre estuvo dispuesta a negociar con todas las fuerzas políticas. Ha señalado, concretamente sobre Vox y al hilo de las tensiones entre este partido y PP a nivel nacional, que el Gobierno andaluz no ha tenido en ningún momento "dificultad" para negociar con Vox, sabiendo que somos dos formaciones políticas diferentes.

Asimismo, ha dicho que el propio líder nacional de Vox, Santiago Abascal, dijo que los acuerdos en las comunidades autónomas "no corrían peligro" y este acuerdo es un "reflejo" de ello. Bravo ha insistido que "todo lo que venga a mejorar" el Presupuesto le parece al Gobierno andaluz que "es positivo" incorporarlo.

De otro lado, Marín también se ha referido durante su intervención al PSOE-A, al señalar que ese partido nunca ha tenido como objetivo aprobar unos presupuestos del Gobierno andaluz del cambio, sino que su intención ha sido más bien "desestabilizar" al Ejecutivo. Ha indicado que el PSOE-A se queda una vez mas al margen de decisiones importantes que hay que tomar en estos momentos.

Marín, al ser preguntado por el anuncio de Vox acerca de que ha acordado con la Junta que "audite los inútiles informes de impacto de género que se incorporan a cualquier proyecto y constituyen un gasto político ineficiente", ha respondido defendiendo con ironía "la mala costumbre" del Ejecutivo de PP-A y Cs de "evaluarlo todo".

"Creemos importante llevar a cabo un análisis sobre si esas políticas van en la dirección correcta o no, y es muy razonable", según ha continuado Marín. En esa línea, el consejero de Hacienda ha valorado "cómo una administración, un gobierno, se pone más controles a sí mismo para ser más transparente y que se le pueda evaluar", y para "cuidar el control del dinero público".

Marín ha defendido que hay que "ser eficaces a la hora de aplicación de los recursos públicos", y los funcionarios que trabajan en la elaboración de dichos informes "también son un coste añadido". Ha aclarado que, "en función de esos análisis, la Consejería competente, que es la de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales, es la que pondrá parte de su presupuesto a su disposición para poder llevar a cabo esos trabajos de evaluación".

AUDITORÍAS

Por otro lado, Vox ha anunciado también que ha acordado con la Junta que "la aplicación de las 56 auditorías a entes institucionales para reordenar el sector público" andaluz se realice "en el primer trimestre de 2021".

Al respecto, y a preguntas de los periodistas, el vicepresidente ha explicado que la fecha de finalización de las que ya se están realizando se sitúa "en torno al 31 de diciembre", y ha remarcado que el desarrollo de las mismas estaba ya contemplado en el acuerdo de gobierno suscrito por PP-A y Ciudadanos al inicio de la legislatura.

Marín ha subrayado que las auditorías "tienen que servir para que tú tomes decisiones, no para meterlas en un cajón y luego olvidarte", por lo que, "una vez que tengamos esos resultados, lo que haremos será aplicar sus conclusiones" a la hora de "poner en marcha cualquier medida".

CANAL SUR

Sobre lo acordado con Vox que atañe a Canal Sur, el consejero de Hacienda ha sostenido que cuando se analiza una televisión pública hay que atender varias "variables", entre las que ha destacado, para empezar, que sea una cadena "independiente y libre", algo en lo que dicho medio de comunicación ha realizado "un enorme esfuerzo. Además, hay que buscar "mejorar las audiencias", y que la cadena "no sea un problema presupuestario", un "esfuerzo" que Canal Sur también "ha asumido", según ha continuado el consejero.

Bravo ha señalado que la RTVA tiene "enormes retos por delante", porque "hay que acomodarse a las nuevas demandas de los clientes", de acceder a los contenidos "a la carta", lo que requiere "una transformación digital importante" que se refleja en el documento del acuerdo con Vox, así como "la posibilidad de salir fuera, a los países de habla hispana" en Latinoamérica o Estados Unidos.

Rosa Montero, una de las invitadas estrella de la segunda edición de Torrent Histórica, ha defendido la continuidad de este tipo de festivales "no para entretenerse, sino para seguir teniendo alimento espiritual: la columna vertebral que nos permite ponernos en pie".

"Leer es luchar contra el horror", ha reivindicado la periodista y escritora en la presentación telemática del certamen que protagonizará junto a Espido Freire y Javier Olivares del 26 al 29 de noviembre, con encuentros en 'streaming' y entrevistas en lugares emblemáticos de la localidad valenciana.

Como metáfora, Montero ha recordado que los alemanes bombardearon Londres en 1941 y "se conserva la foto de una biblioteca destruida con tres hombres ojeando libros". Una imagen conmovedora porque "lo que están intentando es olvidar la violencia, están luchando contra el horror", recoge la organización en un comunicado.

Esa comunicación entre humanos que es la cultura nos da esperanza, más allá de las vacunas, para vencer a este enemigo invisible como se venció a Hitler. Leer es luchar contra el horror. Hay que luchar por la buena vida", ha enfatizado.

Torrent Històrica contará con la presencia de 11 autores en esta edición especial que elimina riesgos para la población pero pone a su alcance encuentros con autores de primer nivel. Las conversaciones en 'streaming' con los escritores se celebrarán desde el salón de actos del Ayuntamiento. Habrá dos por día, de jueves a domingo, con una duración de unos 50 minutos cada una.

Durante su estancia, los escritores se desplazarán a lugares emblemáticos de Torrent y grabarán entrevistas de video 'offline' que se emitirán en los primeros días de diciembre. Todo se difundirá en el canal municipal de Youtube y los perfiles en redes.

Entre los protagonistas, Espido Freire es una de las más conocidas y singulares de la narrativa española, además de atreverse con el teatro o la pedagogía, y Javier Olivares es conocido como creador y 'showrunner' de las series españolas 'El Ministerio del Tiempo', 'Isabel' y 'Víctor Ros'.

Otros invitados del II Torrent Histórica son Alfonso Mateo Sagasta, Jerónimo Tristante, Laura Mas, Sebastián Roa, Félix G. Modroño, Carlos Fidalgo o Antonio Penadés.

DIALOGAR CON EL PASADO

"Asomarnos al pasado y dialogar con él" es uno de los objetivos del festival, ha recordado su director, Santiago Álvarez, destacando la importancia del enfoque de contenidos para "superar debates manidos y aprovechar al máximo el conocimiento histórico de los autores".

Por tanto, "no se trata de celebrar un festival que discuta la vigencia de la novela histórica, de los que comentan los argumentos de las novelas o en los que se discute qué es novela histórica y qué no lo es", sino de comprender mejor el presente a partir del pasado.

Con este plantel, Torrent volverá a convertirse en "centro de las miradas de la literatura, la historia y la cultura a nivel nacional e internacional. Y lo hará en una edición que "parece sacada de una novela" por la situación actual aunque ha respetado las fechas previstas, han resaltado el alcalde, Jesús Ros, y la concejala de Cultura, Susi Ferrer.

Torrent Històrica está organizado con la colaboración de Terra de Llibres, responsable del festival VLC Negra celebrado recientemente.

El acuerdo suscrito por PP, Ciudadanos (Cs) y Vox para desbloquear la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012 recoge la modificación del destino de partidas por importe de 38,6 millones de euros e incorpora medidas como la auditoría de las políticas de impacto de género que desarrolla la Junta, deducciones fiscales en el IRPF para las familias numerosas, un programa de ayuda a propietarios de viviendas "ocupadas" y el refuerzo de iniciativas ya en marcha como el teléfono de violencia intrafamiliar o el aumento de la seguridad en los centros de menores extranjeros no acompañados.

El texto del acuerdo, de 39 páginas y con 66 puntos, detalla la presentación de enmiendas para modificar partidas presupuestarias para conseguir un ahorro en gastos de 14 millones de euros en la RTVA; destinar a empresas privadas 20 millones de programas de la Consejería de Empleo asignados inicialmente a corporaciones locales; y retirar tres millones del presupuesto de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo para destinarlos a una subvención para el Banco de Alimentos en Andalucía ante "los graves problemas de pobreza alimentaria que se observan en estos momentos".

Otras modificaciones menores se dirigen a incrementar en 480.000 euros la dotación ya prevista para el teléfono de violencia intrafamiliar; destinar 150.000 euros a un plan de choque para la mejora de los centros de prevención y tratamiento de las drogodependencias; y aumentar en 52.500 euros los fondos ya consignados para el fomento de las escuelas taurinas.

Además el documento pactado por PP, Cs y Vox abre la posibilidad de aumentar en ocho millones el plan de ayudas directos a autónomos y en cinco millones las medidas de respaldo a pequeños comerciantes y hosteleros afectados por la pandemia y de poner en marcha un plan de apoyo al sector del mueble dotado con cinco millones que se vincula a la llegada de fondos europeos del programa Next Generation a lo largo del próximo ejercicio.

MEDIDAS FISCALES

En el plano fiscal, PP, Cs y Vox acuerdan una deducción de 200 euros en la cuota íntegra del IRPF para familias numerosas de categoría general y de 400 euros para las de categoría especial, fijando como requisito que las sumas de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en tributación individual o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta. Además se determina que las familias de dos hijos con algún miembro con discapacidad tendrán las mismas ventajas fiscales que las familias numerosas a efectos de dicha deducción. También plantea una línea de avales que permita complementar la financiación bancaria hasta un 15% adicional para la compra de vivienda habitual por jóvenes y familias numerosas.

El acuerdo presupuestario no incluye nuevas medidas fiscales concretas, aunque sí recoge el compromiso de avanzar "en años posteriores" en la minoración de gravamen en los grupos III y IV del impuesto sobre sucesiones y donaciones" y de avanzar en la armonización del Impuesto sobre el Patrimonio y aprobar una nueva tarifa "para revertir la subida llevada a cabo por el Ejecutivo anterior, no aplicándose el tipo incrementado anunciado por el Gobierno central".

También plantea estudiar la posibilidad de "cambiar el límite de 180.000 euros vigente para aplicación de tipos reducidos en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados" y de analizar durante 2021 "posibles alternativas fiscales con el objeto de establecer una deducción en el tramo autonómico del IRPF para los contribuyentes diagnosticados con enfermedad celíaca o que tengan familiares a su cargo con esta enfermedad que formen parte de la unidad familiar, estableciendo la oportuna progresividad mediante la limitación a las bases".

AUDITORÍA DE POLÍTICAS DE IMPACTO DE GÉNERO

Vox además ha logrado introducir otras exigencias en clave más ideológica, como la realización de "un informe para la valoración del coste y consecución de objetivos de aquellas actuaciones y programas del Presupuesto de la Junta de Andalucía, que, por su propia naturaleza, tengan como fin fomentar la política de género con carácter horizontal o transversal, así como el de aquellos trámites administrativos en los que se exige determinada información o valoración desde esa perspectiva, empleando recursos humanos o materiales con dicha finalidad". Eso sí, el acuerdo subraya que dicho informe se realizará "sin perjuicio de que en cada Consejería o entidad se otorguen objetivos o recursos a la consecución del principio de igualdad entre mujeres y hombres a través de los diferentes programas de la Junta de Andalucía".

También incorpora el compromiso para la puesta en marcha de un "sistema andaluz de lucha contra la ocupación y asesoramiento para la protección de la vivienda" y para realizar en el plazo de seis meses un "análisis jurídico que valore la inclusión como requisitos en las bases reguladoras de determinadas líneas de subvenciones de la Junta de Andalucía (especialmente de fomento o apoyo al asociacionismo), la no existencia de denuncias constatadas con sentencia firme frente a asociaciones que pudieran desarrollar dichas prácticas, evitando de esta forma la concesión de subvenciones a las mismas".

Además vuelve a plantear la necesidad del denominado 'pin parental', que no figura con esta denominación en el documento al establecer el acuerdo de "proceder a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución Española".

CAZA Y TOROS

El pacto presupuestario incluye medidas específicas relativas a la caza como las orientadas a la "repoblación en especies de caza menor en cotos" o el impulso a la licencia interautonómica de caza y las actividades complementarias para "promoción y conocimiento de la actividad cinegética" en los colegios, donde también propone desarrollar actividades de demostración de adiestramiento de perros en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además tampoco olvida el mundo del toro, con medidas para el fomento de las escuelas taurinas y ayudas para la ganadería del toro bravo.

Como ya ocurriera en el acuerdo para el presupuesto de 2020, se incluyen el programa '1492. Nuevo mundo' que persigue "analizar con mayor amplitud en cuanto a los niveles educativos una visión rigurosa de la presencia de Andalucía y España en el Nuevo Mundo, con un acercamiento históricamente objetivo y sin prejuicios a la 'leyenda negra', que limite sus perniciosos efectos" y el programa para la promoción del conocimiento de personalidades históricas andaluzas que estudiará la posibilidad de incluir la referencia a personajes históricos andaluces o españoles como criterio puntuable en las bases de las líneas de subvenciones de audiovisuales.

Castilla y León contabiliza un total de 117.214 positivos por coronavirus, de ellos 1.239 nuevos, con 43 fallecidos notificados en las últimas 24 horas (41 de ellos en hospitales y dos en residencias) y 200 altas más, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este miércoles registran 41 fallecimientos en hospitales. En total en este ámbito se han notificado hasta el momento en la Comunidad 3.370 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 15.632, tras sumarse otras 191 en las 24 horas anteriores.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 796 y los casos positivos a ellos vinculados se sitúan en 6.717. De ellos, Ávila contabiliza 90, tres menos que en la jornada anterior; Burgos, 66, uno menos; León, 38, dos menos que ayer; Palencia, 58, uno menos; Salamanca, 95, cuatro menos; Segovia, 80, seis menos; Soria, 73, tres menos; Valladolid, 219, 26 más, y Zamora 77, dos menos.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 117.214 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 1.239. Según los datos de la Administración regional, 110.499 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

Por provincias, Valladolid es la que acumula más positivos este martes, con 635 más y un total de 26.683; seguida de Burgos, con 184 más y 19.797; León, con 149 y un total de 19.090; Salamanca, con 46 más para un total de 17.042; Palencia, con 66 y un total de 7.716; Segovia, con 50 más y 7.696; Zamora, con 71 más y 7.266; Ávila, con 59 más y 6.671, y Soria, con 33 más y 5.253.

SIN FALLECIDOS EN EL HOSPITAL EN SEGOVIA

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 3.411, 41 más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 710 --nueve más--, le sigue Valladolid con 697 --ocho más--; a continuación figura Salamanca, con 565 --11 más--; Burgos, con 391 --cuatro más--; Segovia con 245 --sin cambios--; Zamora 247 --tres más--; Ávila registra 218 --dos más--; Palencia suma cuatro más hasta los 185, y Soria, 153 --los mismos--.

En el caso de las altas, un total de 15.6832, se han computado 3.836 en Valladolid; 2.869 en León; en Salamanca 2.356; en Burgos 2.071; en Segovia 1.142; en Ávila 1.042; en Zamora 1.039; en Palencia, 851, y en Soria 626.

BAJAN LAS HOSPITALIZACIONES EN PLANTA, PERO SUBEN EN UCI

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 1.745 personas --71 menos que en la jornada anterior--. Del total, 1.502 pacientes se encuentran en planta --78 menos-- y 243 en unidades de críticos --siete más--.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 76 por ciento de las camas en unidades de críticos, dos puntos porcentuales más.

Así, se informa de 43 ingresados en la unidad de críticos del Complejo Asistencial Universitario de Burgos; 41 en el Clínico Universitario y en el Río Hortega de Valladolid; 27 en el Complejo Asistencial de León; 24 en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; 23 en el de Palencia; 13 en el Hospital de El Bierzo; nueve en los complejos asistenciales de Ávila, Segovia y Zamora y cuantro en el de Soria.

DIECIOCHO INTERNOS DE RESIDENCIAS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra notificada de internos de residencias de mayores y personas con discapacidad fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.230 --18 más que en el último parte emitido-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.125 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, 18 más que en la jornada anterior, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.230 finados hasta el momento, 1.921 personas han perdido la vida en su residencia o centro, dos más que el dato de ayer, mientras que 16 personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.309.

Un total de 15 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, 11 menos, y 2.139 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 151 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos asciende a 270, tras notificarse uno más que en el anterior parte, de ellos 153 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.

Además, se encuentran hospitalizados 33 residentes, tres menos que en la jornada anterior, y ascienden a 891 los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, los mismos.

Por otro lado, hay un residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19 y 209 aislados de forma preventiva sin síntomas, los mismos en ambos casos.

Esquerra Republicana y su presidente, Oriol Junqueras, lideran las preferencias de los catalanes para las próximas elecciones, con el PSC en segunda posición, mientras Junts, En Comú y Ciudadanos se disputarían la tercera plaza, según las preguntas sobre Cataluña que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha incluido en su barómetro de opinión del mes de noviembre.

Además de las preguntas habituales del barómetro de noviembre, el CIS ha preparado una submuestra relativa a Cataluña con 1.000 entrevistas más en esa comunidad para ir preparando el terreno para cuando se convoquen las elecciones autonómicas y el centro que preside José Félix Tezanos deba hacer la correspondiente encuesta preelectoral.

Si mañana se celebrasen esas elecciones, un 20,5% de los encuestados catalanes ya adelanta su intención de votar a ERC, frente a un 15,2% que cita al PSC, según la encuesta recogida por Europa Press.

PP Y VOX, ENTRE EL 2 Y EL 1%

Más lejos se quedan En Comú (8,7%), Ciudadanos (8,2%) y Junts (8,1%), disputándose la tercera plaza. Se cita también a la CUP (3,8%), al PP (2,1%), a Vox (1,3%) y al PDeCAT (0,3%), hasta ahora socio electoral de Junts.

Además, ERC es el partido preferido para gobernar Cataluña, con un 21,8% frente al 17,6% que menciona al PSC. En un segundo nivel aparecen Junts (9,3%), y Ciudadanos y En Comú, ambos empatados en el 8,4%.

El presidente de ERC, Oriol Junquereas, condenado en la causa del referéndum independentista e inhabilitado para presentarse a las elecciones, es el líder mejor valorado en Cataluña y el único que aprueba, con una nota media de 5,3 puntos.

EL MINISTRO ILLA, EL SEGUNDO MEJOR VALORADO

Le sigue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con 4,9 puntos, que sale mejor que su candidato del PSC, Miquel Iceta, (4,3 puntos) y que supera a Jaume Asens (4,6) y Jessica Albiach (4,2), de En Comú, y también a los expresidentes Carles Puigdemont y Quim Torra, con sólo 4 y 3,8 puntos, respectivamente.

En todo caso, Junqueras es el preferido como president de la Generalitat, al ser mencionado en el 19,1% de los cuestionarios. Detrás aparecen Puigdemont (15,2%) y Miquel Iceta (13,8%).

La gestión del Govern independentista de Junts y ERC solo es considerada buena o muy buena por un 16,3% de los encuestados, frente a un 43,8% que la descalifica. El actual presidente en funciones, Pere Aragonès, de ERC, genera menos rechazo y su actuación es valorada como buena o muy buena por el 18,2% frente a un 23,2% que la ve mala o muy mala.

Para los catalanes, según el CIS, la independencia y la crisis económica del coronavirus son, casi a la par, los principales problemas de Cataluña, mencionados en un 35,1% y un 32,8% de los cuestionarios, respectivamente. En tercer lugar, con un 24,2%, figuran los peligros del COVID19 para la salud.