El presidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE), Apostolos Tzitzikostas, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, han pedido a los negociadores para el Brexit del Reino Unido y la UE que continúen las conversaciones hasta que se llegue a un acuerdo comercial.

Según ha informado el Comité de las Regiones de la UE, durante un debate ‘online’, ambos mandatarios han advertido de que un no acuerdo tendría un impacto «catastrófico, provocando una espiral perjudicial de ‘perder-perder’ para muchas regiones y ciudades de la UE y el Reino Unido».

De este modo, el alcalde de Londres ha pedido una extensión inmediata del período de transición, si no se puede llegar a un acuerdo comercial como parte de las negociaciones en curso.

Además, los gobiernos locales y regionales de la UE y el Reino Unido se han comprometido a intensificar los esfuerzos conjuntos para mitigar el Brexit y cooperar en el futuro en cuestiones como el cambio climático y la migración.

A menos de tres semanas para el final del período de transición y el futuro acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE en el filo de la navaja, los líderes locales y regionales de la UE y el alcalde de Londres han expresado su preocupación por las graves implicaciones de un no acuerdo. Ante este escenario, se han comprometido a trabajar en estrecha colaboración, para garantizar que el impacto territorial del Brexit se evalúe regularmente y para trabajar en áreas de interés mutuo en el futuro.

«Un no acuerdo será catastrófico para muchas regiones y una combinación potente para las economías regionales durante la pandemia. Gobiernos locales y regionales serán los primeros en presenciar las consecuencias de esta negociación final del Brexit en la vida de las personas. Se necesitarán muchos años para establecer nuevas fronteras y comprender lo que significa esta separación para todos nosotros», ha dicho Tzitzikostas.

El presidente del Comité Europeo de las Regiones y gobernador de la región griega de Macedonia central ha afirmado que, «junto con la ciudad de Londres, las ciudades y las regiones del Reino Unido y las regiones y ciudades de la UE trabajarán codo con codo para encontrar formas de suavizar y mitigar el impacto» en sus respectivas comunidades.

«El Brexit ha sucedido y tenemos la obligación de mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Necesitamos trabajar juntos en desafíos compartidos, en ciudades, regiones y países. Quiero asegurarme de que Londres siga siendo un socio clave para Bruselas y para todas las ciudades, regiones y países europeos», ha destacado Sadiq Khan.

Durante el debate, el alcalde de Londres ha instado a Boris Johnson y a la UE a extender el período de transición si no se puede llegar a un acuerdo comercial en los próximos días. «Un no acuerdo simplemente no debería ser una opción. Sería una situación en la que todos perderían tanto el Reino Unido como la UE, lo que costaría puestos de trabajo, reduciría el crecimiento y afectaría el nivel de vida en toda Europa justo cuando estamos en un punto crucial de nuestra lucha contra la pandemia», ha alertado.

En la sesión, celebrada en Bruselas, los miembros del Comité han debatido sobre las formas de mantener y desarrollar las relaciones con las administraciones delegadas del Reino Unido y los entes locales y regionales en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Gibraltar.

El presidente del recientemente creado Grupo de Contacto del CDR-Reino Unido, Loïg Chesnais-Girard (FR / PES), presidente del consejo regional de Bretaña, ha dicho que «los políticos locales y regionales de ambos lados del Canal comparten el interés de limitar el daño a sus economías regionales y locales».

«Para lograrlo, debemos defender la cooperación transfronteriza en nuestros contactos con los gobiernos nacionales y la UE. Dentro de la UE, la Reserva de Ajuste por el Brexit nos ofrece un colchón para las zonas más afectadas. Pido a la UE que se prepare para proporcionar más dinero si, como es probable, el impacto del Brexit supera los 5.000 millones de euros. Este cóctel Covid-Brexit es muy, muy tóxico, y debemos unirnos, tanto económica como políticamente», ha agregado.

En medio de las negociaciones en curso entre la UE y el Reino Unido, Michel Barnier, Jefe del Grupo de Trabajo para las Relaciones con el Reino Unido, también ha enviado un mensaje.

«Seguimos trabajando por una asociación ambiciosa entre la UE y el Reino Unido que ayude a las personas, comunidades, y también empresas y regiones, para continuar su cooperación de la mejor manera posible en el futuro. Pero, mientras permanecemos abiertos a encontrar soluciones mutuamente beneficiosas, como siempre lo hemos estado, la UE no llegará a un acuerdo a ningún precio», ha afirmado Barnier.

A su juicio, cualquier acuerdo tendría que preservar el mercado único y los intereses económicos a largo plazo de los ciudadanos, las empresas y las regiones de la UE. «Por el momento, todavía tenemos grandes divergencias sobre las conocidas cuestiones de igualdad de condiciones, gobernanza y pesca. Los próximos días serán muy importantes. En cualquier caso, todos deberíamos continuar con los preparativos para todos los escenarios, incluido un no acuerdo el 1 de enero de 2021», ha concluido.

La Fundación Alternativas y Ecoembes han presentado este miércoles 9 de diciembre el ‘Informe sobre sostenibilidad en España 2020’ con el que han reclamado la «aceleración» de una transición ecológica que pivote la sostenibilidad como «eje central» de las políticas que se lleven a cabo.

Este estudio ha servido para identificar la evolución de diferentes aspectos «básicos» en el medio ambiente español en los últimos 20 años, y también el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país, tanto a nivel internacional como con la UE.

El informe ha contado con la participación de más de ocho autores que han sido los encargados de analizar ocho ámbitos ambientales, como la descarbonización, el transporte sostenible, la biodiversidad, el sistema agroalimentario, la gestión del agua, la ocupación del territorio, la calidad del aire y la economía circular.

El acto de presentación ha estado presidido por el vicepresidente de la Fundación Alternativas, Diego López; la directora de relaciones externas y RSC de Ecoembes, Begoña de Benito y el director general del Servicio Jurídico y ex director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, quien ha sido el encargado de presentar las principales conclusiones del documento.

«El cambio climático es incuestionable. En los últimos años se ha acelerado enormemente la necesidad de actuar. Vamos hacia un modelo en el que la sostenibilidad debe ser el eje de la actividad reglamentaria, de la conducta de los operadores económicos y del propio modo de vida de la sociedad», ha sostenido Calleja, que ha recalcado que la pandemia del coronavirus ha subrayado que la solución pasa por actuar porque «la propagación de pandemias es cada vez un asunto más frecuente».

Otra de las principales conclusiones que refleja el informe es que ya no hay tiempo y define la próxima década como la «última» para actuar de una manera «radical» a como se ha actuado en los últimos 20 años y así poder «garantizar el desarrollo y bienestar de los ciudadanos».

Ambas organizaciones han recordado que desde hace más de 20 años, diferentes organismos internacionales, europeos y nacionales establecieron el año 2020 como «un año disruptivo» para el desarrollo sostenible; sin embargo, «parece que va a ser así» debido a la mala planificación y al escaso cumplimiento de los objetivos.

«La lucha contra el cambio climático se ha convertido en el primer desafío mundial. Corre peligro la existencia de los seres humanos», ha lamentado López que ha apelado a que Europa debe ser quién lidere la transición ecológica. «Estados Unidos y China van en cabeza en el desarrollo tecnológico pero la UE lidera la transición ecológica y debe reforzar su posición porque no hay recursos energéticos fósiles, por lo que no nos interesa un desarrollo de estos recursos», ha sostenido el vicepresidente de Fundación Alternativas.

Por su parte, Begoña de Benito ha abogado por «escuchar» a los expertos y ha advertido que el coste de no actuar será «más caro» que el coste que de las medidas que se tomen. «Debemos tomarnos en serio las políticas de prevención y de mitigación de riesgos. Hay que contribuir a luchar contra el cambio climático y para ello hay que implementar la idea de que es el momento», ha subrayado.

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES

El informe, coordinado por José Luis de la Cruz, profundiza en cada uno de los ocho temas en torno a los que gira el documento. Por ello, De la Cruz ha resaltado la necesidad de potenciar la formación y concienciación a los trabajadores para poder lograr una descarbonización «total» de la economía.

En cuanto al transporte, el documento revela que el vehículo privado representaba en 2018 el 78 por ciento de la movilidad nacional aunque aclaran que la solución no pasa por la prohibición total del uso del coche sino «por el diseño de ciudades en las que no haga falta desplazarse en dicho medio».

Por ello, se recomienda fomentar la reducción de viajes, sobre todo de cara a favorecer modos más sostenibles y eficientes y a su vez integrar el transporte público como «eje vertebrador» del sistema de movilidad urbano.

BIODIVERSIDAD Y ALIMENTACIÓN

De cara a proteger la biodiversidad, Fundación Alternativas pone de manifiesto la «importancia de la implicación» por parte de la población, ya sea de forma directa o a través de organizaciones sociales, empresariales y administraciones. En este contexto, la fundación señala la «necesaria» toma de conciencia sobre la convivencia y adaptación del hombre al sistema natural como fórmula para conseguir la transición ecológica.

Asimismo, en cuanto al sistema agroalimentario, se pretende apostar por una cultura alimentaria basada en un consumo sostenible y saludable, con alto contenido en frutas, legumbres y hortalizas frescas y de temporada, y un consumo reducido de productos procesados y de origen animal.

También se considera necesaria una fiscalidad para proteger, conservar y utilizar el potencial del capital natural de gran valor que tiene España en su territorio, lo que permitirá, según el informe, el mantenimiento de la prestación de los servicios ecosistémicos que presta y servirá como financiación de las inversiones necesarias para la mejora de las condiciones de vida de la población en el medio rural lo que ayuda ante el reto demográfico de gran parte del territorio español.

CALIDAD DEL AIRE Y ECONOMÍA CIRCULAR

Respecto a la calidad del aire, el documento recomienda implantar zonas de bajas emisiones en núcleos urbanos e integrar las políticas de salud, calidad del aire y cambio climático para «evitar errores del pasado como la promoción de los vehículos diésel».

Por último, se recalca que se debe facilitar el desarrollo de la Estrategia Nacional de Economía Circular mediante una hoja de ruta 2020-2030 consensuada a través de un debate público, mientras que para las políticas de gestión de agua se demanda una estrategia coordinada a largo plazo en la que se consigan los objetivos en términos de desarrollo sostenible, como la reducción de afluentes contaminantes, eficiencia en el uso de agua o la conservación de diversidad biológica en ecosistemas acuáticos.

El Rey emérito Juan Carlos ha presentado ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72€, incluyendo intereses y recargos, según un comunicado emitido por su abogado, Javier Sánchez-Junco.

«En cualquier caso S.M. el Rey D. Juan Carlos, continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno», añade la breve misiva.

La presentación de esta declaración por Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, está relacionada con el presunto el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares, y usarían fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Este asunto está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo en unas diligencias en las que también colabora el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Esta línea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no había sido declarado a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo.

Las terceras diligencias abiertas respecto a Juan Carlos I, reveladas por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, partieron de una información procedente de «inteligencia financiera» –Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)–.

Se trataría de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivarse delitos fiscales.

Según este aviso, Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habría intentado mover recientemente. Se investiga por ello la existencia de un ‘trust’ en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha instado este miércoles a implicar a «todos los partidos políticos» y a instancias relevantes, como la Comisión de Venecia, en el diseño de cualquier reforma que se plantee para superar el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), remarcando que «es muy importante evitar si se puede cualquier tipo de influencia política en los nombramientos» de sus miembros, y ha ofrecido la ayuda de Bruselas al Gobierno para encontrar una solución.

Así lo ha afirmado en una comparecencia telemática en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE para presentar el informe sobre el Estado de Derecho en la UE en su capítulo referido a España, que analiza cuatro aspectos «clave», como son la independencia, calidad y eficiencia del sistema judicial, la lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y los controles internos.

En relación con el sistema judicial, ha contado la actual situación del CGPJ, cuyo mandato expiró hace dos años, entre las «amenazas» recogidas por dicho documento. Reynders se ha mostrado consciente de que desde la publicación del informe, el pasado mes de octubre, «ha habido una serie de evoluciones y tendencias posteriores en relación con una serie de proyectos legislativos».

En estos meses, PSOE y Unidas Podemos han presentado dos proposiciones de ley, una para cambiar las mayorías por las que se elige a los doce vocales del turno judicial, que permanece congelada en el Congreso de los Diputados para dar margen a las negociaciones con el PP sobre la renovación del CGPJ, y otra más reciente para impedir que un Consejo caducado pueda hacer nombramientos. Reynders no ha querido entrar en detalles sobre esta última, afirmando que Bruselas la evaluará una vez se adopten las decisiones.

El político belga ha hecho hincapié en que, si bien «es necesario abordar la cuestión de que aún no se ha podido nombrar a los miembros que hay que nombrar del CGPJ, al mismo tiempo es muy importante garantizar que el CGPJ no se percibe como susceptible de ser politizado».

Reynders ha asumido que la renovación del órgano de gobierno de los jueces es un asunto «muy politizado» y por ello ha instado a todos a «poner de su parte, participar y diseñar juntos las posibles reformas». En concreto, ha emplazado a «todos los partidos políticos» a participar en el proceso para renovar el CGPJ, bien nombrando a sus nuevos miembros o bien debatiendo una «reforma positiva».

A este respecto, ha revelado que en sus contactos con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, les trasladó que «es importante que en el momento en el que los estados miembros realicen sus reformas judiciales lleven a cabo también consultas con todos los interesados y con las instancias importantes, incluida la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

En cualquier caso, ha declarado que «la Comisión seguirá de cerca todo lo que ocurra en relación con esta cuestión» y que «está completamente dispuesta a participar y a colaborar con el Gobierno español para encontrar una solución».

EL PSOE CRITICA EL VETO DEL PP A PODEMOS

Los portavoces parlamentarios también han expresado su pesar por el bloqueo en el CGPJ. Vox, Ciudadanos y Junts per Catalunya han criticado la politización del CGPJ por el sistema de nombramientos de los vocales, mientras que el PP y los partidos de Gobierno –PSOE y Unidas Podemos– se han echado en cara la parálisis.

El diputado socialista Francisco Aranda ha reprochado al PP que vete a la formación ‘morada’ en las negociaciones para renovar el CGPJ, criticando que con ello «haya partidos de primera y de segunda en el Congreso» y, en concreto, que «haya partidos democráticos con representación política» a los que se les expulse de proceso institucionales. Sin embargo, ha subrayado, «no tiene tanta pega en ir con Vox, un partido con tintes que están rozando el odio y la xenofobia».

Desde el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea, Enrique Santiago ha dicho que el CGPJ está en «inconstitucionalidad sobrevenida» y pese a ello sigue tomando decisiones, pidiendo al comisario que convenza al PP de que «cese en su actitud tremendamente sediciosa». Según Santiago, su grupo ve «imprescindible» mantener la mayoría cualificada para la renovación del CGPJ pero ha defendido la reforma (aparcada) que permitiría hacerlo «de forma excepcional».

Por su parte, el ‘popular’ Fernando de Rosa ha denunciado ante el comisario que todas las reformas del Poder Judicial emprendidas por el Gobierno van «directamente a atacar su independencia» y se ha mostrado preocupado por que se adopten reformas que se asemejen a las de Polonia o Hungría y España «se sume al club de países con un Poder Judicial debilitado».

Además, ha dicho que «lo más preocupante» es la «fijación» del vicepresidente, Pablo Iglesias, con «controlar» la Justicia, lo que le ha llevado a ser «tres veces reprobado» por el CGPJ por sus «manifestaciones de desprecio». También ha recordado que su partido asesoró jurídicamente a Venezuela «con el fin de posibilitar el asalto al poder judicial».

«SATISFACCIÓN» POR LAS PROPUESTAS DE DELGADO SOBRE LA FGE

Por otro lado, el comisario europeo ha aludido a los «debates» en torno a la figura del fiscal general del Estado, que se deben a que tanto su designación como su cese dependen del Gobierno, algo que han resaltado los grupos parlamentarios, recordando además que en el caso de Dolores Delgado fue ministra de Justicia.

Al igual que con el CGPJ, Reynders se ha mostrado consciente de que desde la presentación del informe ha habido movimientos, apuntando en concreto a la reciente propuesta lanzada por Delgado para cambiar el sistema de nombramiento de este cargo y sus comunicaciones con el Gobierno con el fin de reforzar su autonomía, dadas las exigencias de la nueva LeCrim.

«Todos estos cambios, los saludamos con satisfacción», ha dicho el responsable de Justicia del Ejecutivo comunitario, para añadir a renglón seguido que el Bruselas seguirá la evolución de los acontecimientos en este sentido.

CATALUÑA, UNA CUESTIÓN NACIONAL

Reynders ha querido dejar claro que, si la Comisión Europea concede tanta importancia a que toda reforma del ámbito constitucional sea por consenso, es por su «respeto pleno al ordenamiento constitucional de cada país».

De hecho, ha mencionado este asunto justo después de dejar claro que el informe del Estado de Derecho no abordó ninguna cuestión relativa a la «autodeterminación» de Cataluña porque ésta «sigue siendo una cuestión interna, doméstica, de España» que «tiene que dirimirse de acuerdo con la normativa nacional». De esta forma, ha respondido tanto a Mariona Illamola, del Grupo Plural, como a Laura Castel, del Grupo Republicano, que han reprochado a Bruselas su «silencio» en este informe sobre Cataluña.

El comisario europeo ha despejado asimismo como «una cuestión nacional» las preguntas relativas al papel del español como lengua vehicular que ha hecho Marta Martín, de Ciudadanos, que lo ha calificado de «atropello» a los derechos fundamentales.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro GarcíaEgea, ha reunido este miércoles a los consejeros de Educación de las comunidades gobernadas por el PP para coordinar acciones conjuntas contra la reforma educativa promovida por el Gobierno, bautizada como ‘Ley Celaá’. Según ha recalcado, las autonomías del PP serán «la salvaguarda de la libertad educativa».

El propio líder del PP, Pablo Casado, ya avanzó a finales de noviembre que sus autonomías legislarán vía decreto para evitar la Ley Celáa «socave la libertad de las familias» y para «poner a salvo la libertad educativa». «El Estado autonómico es para estas situaciones», avisó entonces.

Durante ese encuentro telemático, García Egea ha repasado las iniciativas llevadas a cabo en contra de esta ley, como la recogida de firmas o las protestas en la calle –sumándose a la plataforma ‘Más Plurales’–, y ha dicho que esas acciones han contribuido a generar una conciencia social en la ciudadanía.

En este sentido, el ‘número dos’ de los populares ha resaltado que esas actuaciones ponen de manifiesto que el PP, junto con las plataformas educativas, «ha sido y es la única oposición a esta ley». Solo en la Comunidad de Madrid, el partido ya ha recogido más de 55.000 firmas.

EL PP DEROGARÁ LA LEY SI LLEGA A MONCLOA

García Egea ha señalado que el PP derogará esta ley educativa en cuanto Pablo Casado sea presidente del Gobierno y llegue al Palacio de la Moncloa. Además, ha confirmado que recurrirá esta norma ante el Tribunal Constitucional cuando esté definitivamente aprobada.

Tras asegurar que el PP también denunciará los «perjuicios» de esta ley en las instituciones europeas, ha dejado claro que su partido seguirá «dando la batalla por la libertad educativa, ante un Gobierno que ni siquiera se ha dignado a reunirse conprofesores, padres, alumnos o expertos, dando la espalda a la comunidad educativa«, según ha informado en un comunicado.

A esta reunión telemática con los consejeros y portavoces de Educación se han sumado también los vicesecretarios de Territorial y Política Social del Partido Popular, Antonio González Terol y Ana Pastor, así como la portavoz adjunta en el Congreso, Sandra Moneo.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha señalado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la llegada de 200 migrantes a Granada derivados desde las Islas Canarias con «absoluta oscuridad», en una gestión política por la que plantea que debe dimitir del cargo una vez «demostrada su incapacidad».

En una pregunta registrada en el Congreso, el partido de Inés Arriadas se refiere a la «viralización en redes sociales de unos vídeos hechos por particulares en el aeropuerto de Granada» para denunciar que el Gobierno «fletó el pasado día 8 de diciembre, de madrugada, un avión procedente de Canarias con doscientos inmigrantes a bordo y destino a esta ciudad andaluza». Esta misma denuncia la hizo antes el regidor de Granada, Luis Salvador, también de Cs.

La formación critica la «absoluta oscuridad» con la que el Gobierno de Pedro Sánchez está gestionando la crisis migratoria por la llegada de pateras a Canarias en el último año, poniendo como ejemplo el reciente traslado a Granada, donde los migrantes «quedaron abandonados a su suerte en una ciudad confinada perimetralmente y con estrictas medidas higiénico-sanitarias y de restricción de la movilidad».

En este sentido, recuerdan que Grande-Marlaska manifestó hace apenas unos días que las derivaciones a la península solo se producirían en situaciones «extraordinarias, excepcionales y de urgencia» y vinculó las mismas con colectivos «difícilmente retornables dada su vulnerabilidad, sin llegar a ser ni claro ni explícito –según Cs– sobre si los desplazamientos a la península se estaban ya produciendo o no».

El partido naranja pregunta por qué no se informó a las autoridades locales granadinas, así como a la Junta de Andalucía, de que iba a producirse el traslado de más de doscientos inmigrantes procedentes de Canarias a dicha ciudad.

También se interesa por las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 y preguntan, más allá del traslado a Granada, a cuántos migrantes irregulares se han derivados a la Península y cuántos vuelos han sido fletados con este propósito, así como las ciudades donde han sido derivados.

«¿Va a dimitir el ministro del Interior por su demostrada incapacidad para gestionar esta crisis?», se pregunta finalmente Cs.

El proyecto europeo LIFE INTEMARES, que coordina la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha sumado a cuatro nuevos socios para avanzar en la ampliación de los espacios marinos protegidos y su gestión eficaz. En concreto, se han incorporado la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y la Agencia de Medio Ambiente y Agua; el centro tecnológico AZTI; la Universitat Politècnica de València (UPV); y la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (EPS-UA).

Estas entidades se unen al equipo de socios que viene trabajando de manera coordinada desde el inicio del proyecto en 2017 y que integra a una representación diversa de competencias e intereses.

Forman parte del LIFE INTEMARES el propio Ministerio, que ostenta las competencias en la gestión de la Red Natura en el medio marino a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación; el Instituto Español de Oceanografía (IEO); la Confederación Española de Pesca (CEPESCA); así como dos ONG con amplia experiencia en la conservación de la biodiversidad marina, como son SEO/BirdLife y WWF-España.

Con estas nuevas incorporaciones se refuerzan la investigación y la conservación de la biodiversidad marina, las nuevas tecnologías para el seguimiento de hábitats y especies, así como la gobernanza y la cooperación institucional.

IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO AZUL

En particular, la Junta de Andalucía desarrollará actuaciones para mejorar el conocimiento y el seguimiento de hábitats marinos. También implicará a los diversos agentes del territorio en la gestión de los espacios protegidos, emprenderá acciones de sensibilización y asegurará la puesta en marcha de mecanismos para mitigar el impacto de actividades recreativas sobre hábitats de interés comunitario, principalmente praderas de posidonia, arrecifes y cuevas submarinas. Asimismo, impulsará el emprendimiento azul en lugares de la Red Natura en el medio marino de Andalucía.

Por su parte, AZTI participa junto al IEO en las campañas de investigación que se desarrollan para la declaración de nuevos espacios marinos protegidos, en concreto, en el sistema de cañones submarinos de Cap Bretón, que alberga especies y hábitats de alto valor ecológico. También participa en las acciones de marcaje y seguimiento de pardela balear, junto al MITECO y SEO/Birdlife, para conocer mejor esta ave marina, la más amenazada en Europa.

La Universidad de Alicante también trabajará junto al IEO, a través de su unidad mixta, en campañas oceanográficas en Cabo Tiñoso, en Murcia, con el objetivo de aumentar el conocimiento de hábitats y especies marinos en el área comprendida entre el Escarpe de Mazarrón, Seco de Palos y campo de pockmarks, unas estructuras submarinas causadas por emisiones de gases.

Por último, la Universidad Politécnica de Valencia también colaborará con el IEO en el desarrollo tecnológico de una red de observación marina basada en plataformas que permiten estudiar la dinámica del fondo marino, campos de corrientes, materia en suspensión y el ruido submarino, así como en la utilización de vehículos submarinos no tripulados para la monitorización de hábitats y especies. También desarrollarán marcas electrónicas y acústicas en el seguimiento de especies para estudiar la conectividad entre espacios protegidos.

AUMENTO DE LA SUPERFICIE MARINA PROTEGIDA

Desde el inicio del proyecto, en 2017, se han implicado directamente en el proyecto LIFE INTEMARES más de 770 organizaciones, que han participado en diversas actuaciones para conseguir que el aumento de áreas marinas protegidas vaya asociado a la mejora del conocimiento, así como al refuerzo de la coordinación y una estructura de gobernanza desde un enfoque participativo que integre a todos los gestores, agentes y usuarios del mar.

En este sentido, España está avanzando en la prioridad de alcanzar el 30% de áreas marinas protegidas y bien gestionadas en 2030, tal y como marcan la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea y la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental declarada por el Gobierno de España.

En tan solo unos años, España ha pasado de proteger menos del 1% de la superficie marina a más de un 12% actualmente. Gracias a esto, España es uno de los pocos países europeos que ha superado el umbral del 10% de cobertura al que se comprometió en el Convenio de Diversidad Biológica (CBD).

Con el proyecto LIFE INTEMARES, España se marca el objetivo de llegar a una cobertura de más del 15% de superficie marina protegida en 2023. La integración de fondos, políticas y actores constituye uno de los cimientos sobre los que se sustenta para lograr esta meta.

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO PARA LA PROTECCIÓN DE ESPECIES

Para mejorar el conocimiento científico en el medio marino, se han llevado a cabo diversas actuaciones, entre las que se incluyen 16 campañas de investigación. Entre otras, se ha explorado Cabo Tiñoso, Cap Bretón y los montes submarinos de Mallorca, para conocer los hábitats y especies presentes en estos espacios para su posible declaración como espacios de la Red Natura 2000.

En conservación de especies, se han desarrollado actuaciones para asegurar la supervivencia de la nacra, molusco endémico del Mediterráneo en estado crítico de extinción. Además, se han dado los primeros pasos para la elaboración y actualización de estrategias y planes de conservación, como el de la marsopa o la lapa Patella ferruginea, entre otras, que permitan adoptar medidas para reducir el grado de amenaza de especies y hábitats de interés comunitario incluidos en las Directivas Hábitats y Aves.

Asimismo, se han iniciado 10 procesos participativos para involucrar de forma activa a los sectores socioeconómicos y la ciudadanía en la elaboración de estrategias y planes de gestión que permitan compatibilizar los usos y actividades con la conservación de los valores naturales en los espacios marinos protegidos, entre otras actuaciones.

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha denunciado este miércoles la falta de apoyos que existen, tanto para las madres de niños con discapacidad, como para las madres con discapacidad que tienen hijos a su cargo, así como a aquellas mujeres con discapacidad que quieren ser madres.

Durante el webinario ‘Maternidad y Discapacidad’ enmarcado en el ciclo de encuentros ‘No estás sola’, impulsado por CERMI Mujeres se ha escuchado a mujeres encuadradas dentro de estos tres perfiles que han ofrecido sus testimonios sobre la realidad que viven en este sentido.

Carola López Moya, Victoria González, Reyes, son tres madres de jóvenes con discapacidad que han llamado la atención sobre la necesidad de apoyo psicológico, de salud mental y económico para ella en si situación. Según han explicado, muchas en su situación dejan de trabajar para atender a los menores que, en muchos casos, necesitan atención a tiempo completo y, tal y como demandan, necesitan apoyo económico.

También han reclamado la necesidad de que se les puedan ofrecer determinados servicios para el cuidado de sus hijos. «Si no estamos nosotras pendientes, no hay nadie que lo haga», han denunciado.

RECLAMAN EL DERECHO A SER MADRES

En la jornada también ha participado Rosana, una madre sordociega, que ha denunciado cómo su propia familia interfería y ponía barreras para que asumiera sus responsabilidades como madre debido a los estereotipos de su familia en este sentido, habiendo solicitado incluso su esterilización.

En este sentido, la coordinadora del Área de Mujeres de AFANIAS, Luisa González, ha abordado la realidad de las madres con discapacidad intelectual, y ha llamado la atención sobre el miedo que sienten por el temor a que les quiten sus hijas o hijos, o cómo sus propios entornos les alejan de la idea de ser madres.

Otros testimonios de este webinario han corrido a cargo de Amparo, mujer con discapacidad psicosocial y Ana Bravo, madre con discapacidad visual, quienes han compartido sus experiencias para reclamar sus derechos como madres.

Finalmente, Abigail Jaumandreu, mujer con parálisis cerebral, ha contado cómo su deseo siempre ha sido ser madre, pero ha reconocido que para ello es necesario que exista una asistencia personal y personalizada para el cuidado de niñas y niños.

Los Red de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA, por sus siglas en Inglés) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), han publicado su estrategia conjunta para los próximos cinco años.

Esta estrategia detalla cómo la red de agencias seguirá garantizando el suministro de medicamentos seguros y eficaces que cubran las necesidades de los pacientes ante los desafíos planteados por los avances, cada vez más rápidos, de la ciencia, la medicina, las tecnologías digitales, la globalización, así como las nuevas amenazas para la salud, como la pandemia por la Covid-19.

«Esta pandemia ha puesto de manifiesto el papel fundamental de la regulación de los medicamentos para garantizar la protección de la salud pública. La falta de disponibilidad de medicamentos, debido a la falta de comercialización o los problemas de suministro, ha demostrado que se trata de una amenaza serie para la salud. Esta estrategia garantiza la unión de los esfuerzos en toda la Unión Europea para lograr mejoras tangibles para los ciudadanos», ha dicho la directora de la EMA, Emer Cooke.

La estrategia de la red de agencias europeas de medicamentos hasta 2025 destaca seis áreas prioritarias: disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos; análisis de datos, herramientas digitales y transformación digital; innovación; resistencia a los antimicrobianos y otras amenazas emergentes para la salud; desafíos en la cadena de suministro; y sostenibilidad de la Red y excelencia operativa.

La estrategia identifica las metas estratégicas para cada una de estas áreas, que serán transformadas en acciones concretas dentro de los planes de trabajo de las autoridades nacionales competentes en EU y de la EMA en los próximos cinco años. Asimismo, refleja algunos de los desarrollos más recientes relacionados con la pandemia por la COVID-19, cuyas enseñanzas se han incorporado en el documento y se añadirán en los planes de trabajo de forma continua.

Antes de su aprobación, esta estrategia se sometió a consulta pública de julio a septiembre de 2020. Todos los comentarios recibidos por las partes interesadas fueron analizados y revisados para perfeccionar y finalizar la estrategia. Estos comentarios y su correspondiente análisis están disponibles en este documento independiente.

Además, se presentó y debatió con pacientes, consumidores y profesionales sanitarios en marzo de 2020, mientras que industria, investigadores y grupos veterinarios hicieron su contribución por consulta escrita.

En paralelo, el documento se desarrolló en colaboración con la Comisión Europea y los temas principales están alineados con los temas cubiertos en la Estrategia Farmacéutica publicada por la Comisión, la cual marcará la futura política farmacéutica de los medicamentos de uso humano en la Unión Europea.

La red de agencias reguladoras revisará la estrategia cada 18 meses para comprobar que las metas y objetivos siguen siendo apropiados y para ajustarlos en caso de que fuera necesario, a la luz de los cambios del entorno y el compromiso continuo de las partes interesadas.

El 85% de los padres en España afirma que para los adolescentes estar en redes sociales es importante para sentirse reconocidos y valorados, según concluye la segunda edición del estudio ‘El impacto de las pantallas en la vida familiar. Los adolescentes’, realizado por empantallados.com y GAD3, con el apoyo de ‘Por un uso Love de la Tecnología’ y la Comisión Europea.

La investigación, realizada de forma cuantitativa y cualitativa en España durante el curso 2019/20, está basado en una encuesta a una muestra representativa de padres con hijos menores de 18 años y en focus groups con adolescentes y padres.

Según concluye el estudio, los padres opinan que la mejor edad para comprar a sus hijos su primer smartphone son los 13 años, una herramienta que, cuando llega, eclipsa a los demás dispositivos. Además, el ordenador queda relegado a las tareas escolares; la tablet está asociada a niños pequeños; y la consola, para muchos se circunscribe a los fines de semana.

En este sentido, los padres opinan que la mejor edad para comprar a sus hijos su primer smartphone es 13 años; y para que tengan perfiles en redes sociales, 15 años.

Por otro lado, los padres y madres españoles creen que las pantallas ofrecen a sus hijos más oportunidades que riesgos, y, en una escala del 1 al 5, la valoración media es 2,9. Les preocupa, sin embargo, la relación con desconocidos, el ciberacoso y el acceso a contenidos inadecuados.

El estudio señala que la mayoría de los padres piensan que, si privaran a su hijo de las pantallas durante un tiempo prolongado, les generaría aburrimiento, ansiedad o rebeldía. Al mismo tiempo, tres de cada cuatro padres creen que su hijo encontraría una actividad alternativa.

Los padres reconocen haber oído a sus hijos o a los amigos de sus hijos decir que quieren ser youtuber (41%), gamer (37%) o influencer (27%).

En relación con la mediación parental, el 80% de las familias aplica alguna regla sobre el uso de las pantallas. La más habitual es establecer horarios (72%); le sigue la restricción del uso en determinados lugares y momentos, como durante las comidas o la habitación (54%).

Para encontrar información sobre cómo educar en el mundo digital, el 44% de los padres dice que recurre a internet. Ademas, reconocen que sobre todo utilizan Google para encontrar consejos sobre algo que les preocupa de forma puntual.

Finalmente, el estudio recoge algunas líneas educativas en las que incidir en la educación de los adolescentes: ayudarles a cultivar una sana autoestima, promover un uso equilibrado de los dispositivos, educarles en habilidades sociales y reforzar determinados hábitos intelectuales en los que la tecnología no siempre ayuda (sentido crítico, foco, constancia), acompañado de un ambiente de confianza.

Los entes locales y regionales han aprobado sus propuestas para mejorar el transporte público en las ciudades y regiones metropolitanas en el pleno de diciembre del Comité Europeo de las Regiones.

Según ha informado este miércoles el organismo, el Dictamen, elaborado por Adam Struzik (PL/PPE), presidente de la región de Mazovia, destaca los desafíos que plantea el incremento del tráfico rodado en las ciudades y las áreas metropolitanas y aboga por soluciones de movilidad sostenibles e inteligentes.

En este sentido, ha explicado que el transporte genera cerca de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, y algunos medios de transporte repercuten negativamente en la calidad de vida y la salud de las personas como consecuencia de la contaminación atmosférica, la congestión del tráfico, el ruido, los accidentes y la forma en que se utiliza el espacio público.

Por otra parte, ha señalado que la naturaleza de las regiones metropolitanas exige que los ciudadanos se desplacen desde las zonas periurbanas hasta los centros urbanos. «Todo ello hace necesaria una transición hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente e implica un transporte público eficiente desde la perspectiva de los costes que ocupe una posición central en esta transformación», ha defendido el Comité.

Struzik ha apuntado que «las ciudades modernas se basan en la buena organización y la gestión eficaz del transporte público, algo fundamental para su desarrollo». «Necesitamos soluciones alternativas y sostenibles a los desplazamientos individuales en automóvil, cuyos costes reales se valoran muy a la baja en la actualidad. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de la inversión de la tendencia a utilizar el transporte público, debido a la pandemia de COVID-19″, ha subrayado.

«Por lo tanto, debemos invertir en soluciones innovadoras, aprender de la situación actual y desarrollar unos sistemas de transporte público resilientes que representen una opción segura y justa para afrontar la crisis actual y cualquier otra que pudiera surgir en el futuro», ha afirmado el presidente de la Región de Mazovia.

En este escenario, el ponente pide a la Comisión Europea que garantice su apoyo y financiación, no solo en favor de nuevas inversiones en transporte público urbano e infraestructuras de movilidad no motorizada, sino también para replantearse las soluciones obsoletas e ineficientes.

Según ha manifestado el Comité Europeo de las Regiones, el Mecanismo ‘Conectar Europa‘, el Fondo de Modernización y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, junto con el Fondo de Transición Justa, deberán aportar sus cuotas de inversión en movilidad urbana sostenible al objeto de ayudar a las ciudades y las áreas metropolitanas a lograr la descarbonización de todas las modalidades de transporte y garantizar una distribución modal más sostenible.

Asimismo, el ponente destaca la importancia de encontrar la manera de satisfacer las necesidades de transporte de los ciudadanos, reduciendo al mismo tiempo sus necesidades de desplazamientos y los efectos negativos que estos entrañan. La estrecha cooperación en materia de transporte y ordenación del territorio permitirá que, en una red de centros adecuadamente modulados, los ciudadanos accedan a todo tipo de bienes y servicios, en particular en los ámbitos de la salud, la educación, el deporte, la cultura y el apoyo social, ha remachado.

El ponente propugna también unos sistemas de transporte público integrados y fiables que conecten las zonas rurales a las periurbanas y urbanas, especialmente para los trabajadores que se desplazan a diario, las personas mayores y los jóvenes.

«Los entes regionales desempeñan una función particular en la eficiencia del transporte público, así como en la integración de las ciudades y las áreas metropolitanas con las zonas rurales, a través de una planificación moderna y la financiación del transporte público. En este ámbito asumen también un papel esencial tanto la financiación externa procedente de los fondos de cohesión de la UE como otros instrumentos que financian las inversiones en transporte, especialmente el Fondo de Transición Justa, que forma parte del Pacto Verde Europeo», sostiene Adam Struzik.

Según Struzik, las ciudades y las áreas metropolitanas necesitarán decisiones políticas basadas en una labor conceptual, organizativa y educativa, y deberán disponer de los recursos financieros apropiados para alcanzar sus objetivos de descarbonización. El cambio en los hábitos sociales para adoptar en mayor medida unos transportes menos perjudiciales para el medio ambiente pasa por sensibilizar a los usuarios y, sobre todo, ofrecer alternativas reales, ha concluido.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para dar continuidad al seguro de responsabilidad civil sanitaria del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, por un valor estimado de 699.663,31 euros.

Este acuerdo, según lo acordado, resulta imprescindible no solo desde el punto de vista legal, sino también teniendo en cuenta los escenarios que abarca la actividad del personal sanitario del Ministerio de Defensa, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Con este contrato de responsabilidad civil sanitaria se garantiza que el desempeño de la actividad de los profesionales sanitarios pueda realizarse en las condiciones adecuadas y con las mayores garantías, ampliando así el derecho del paciente al obtener una mayor tutela.

Por otro lado, la Administración resulta también beneficiada, ya que el perjudicado puede ser resarcido directamente; y, finalmente, la compañía aseguradora aporta su experiencia práctica en los procedimientos que se sustancien.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ‘RADAR COVID’

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios de mantenimiento, soporte y evolución de la aplicación de rastreo de contactos ‘Radar COVID’.

Una vez expirado el contrato para la puesta en marcha del piloto ‘Radar COVID’, la tramitación de este contrato permitirá el desarrollo de la aplicación, que puede contribuir de manera significativa a la contención de la pandemia.

En la actualidad la aplicación ha registrado más de 5,58 millones de descargas y, ante la evolución de la situación sanitaria, se perfila como una herramienta de gran utilidad para apoyar el traceo de contactos y contribuir así a contener la transmisión del COVID-19.

La empresa adjudicataria del contrato es Indra ya que es la única que puede responder de forma inmediata y realizar la prestación en el plazo requerido, teniendo en cuenta la experiencia que ha adquirido estos meses en relación a esta aplicación. El contrato tiene una duración de 24 meses y un importe de 1.740.101 euros, IVA incluido.

Por otra parte, el Gobierno ha acordado modificar los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto de Salud Carlos III, la tramitación anticipada de la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de la Acción Estratégica de Salud correspondiente a 2021, integrada en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2021.

MATERIAL SANITARIO PARA LA GUARDIA CIVIL

Del mismo modo, el Consejo de Ministros ha acordado la contratación del suministro de 10 kits ‘TaqPath COVID-19 CEVDRT-PCR’, para la realización de 10.000 pruebas de reacción (RT-PCR) en tiempo real, así como material fungible para la toma de muestras y diagnosticar a personas con COVID-19, para el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, con motivo de la propagación del citado virus, por importe máximo de 240.779,20 euros.

También ha aprobado la adquisición de un total de 70.000 unidades de test de prueba rápida COVID-19 IgG/IgM y COVID-19 Ag (antígeno) C-20, para la realización de análisis de detección de COVID-19 en la Dirección General de la Guardia Civil, por importe de 405.200 euros.

Finalmente, el Gobierno ha acordado la adquisición de 650.000 mascarillas higiénicas reutilizables para la Guardia Civil con motivo de la propagación del COVID-19, por importe de 1.045.000 euros.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que el republicanismo es ya una «identidad política» en España, que será «decisiva» en próximos procesos electorales y que se erige como solución al conflicto territorial en España

Así lo ha indicado durante su intervención en la presentación telemática del último libro del escritor Daniel Bernabé, titulado ‘La distancia del presente’, que ha tenido lugar este miércoles en el Círculo de Bellas Artes.

Al hilo de la publicación, que repasa los principales acontecimientos políticos y sociales del país, Iglesias ha destacado que se ha abierto un «espíritu republicano» que se proyecta «hacia el futuro», con experiencias «más democratizantes» y que, a su juicio, se parece «mucho más a España» a la visión del país que mantiene la derecha.

Ese republicanismo para Iglesias va «más allá» de cómo se organiza la forma del Estado, pues en su opinión la gente no entiende ya «que el jefe del Estado no pueda ser elegido, no pueda ser juzgado o no se le pueda echar si lo hace mal».

Dicha identidad republicana, según ha detallado, es además un «elemento de unión» entre ciudadanos de distintas regiones y también una «agenda de modernización» del país. «En próximos procesos electorales va a ser decisivo qué votar en términos republicanos», ha ahondado para subrayar también que, en democracia, lo que desea la mayor parte de los ciudadanos al final termina teniendo una «traducción política».

Frente a esta deriva, el secretario general de Podemos ha opinado que ve «muy inviable en términos electorales» que la derecha vuelva al Consejo de Ministros, dado que le sobra «demasiada España» al desdeñar la «plurinacionalidad» como elemento consustancial del país. Y es que el problema territorial se gestiona «desde un espíritu republicano» o se puede convertir en un «gran problema».

En el coloquio con el autor del libro y la periodista Ana Pardo de Vera, el vicepresidente ha asegurado que España está viviendo una nueva transición «en todos los niveles» y que Podemos realizó un «diagnóstico correcto», cuando apuntó que el «régimen político estaba cambiando».

«EL GOBIERNO DE COALICIÓN NO ES BAMBY»

La dirección del país, con el primer Gobierno de coalición, va en el rumbo positivo, con avances democráticos y de justicia social» pese a las tensiones con el PSOE, algo que ve normal entre socios. «El Gobierno de coalición no es Bamby», ha aseverado para reivindicar su «modesto» pero «intenso papel» para lograr la aprobación de diversas medidas.

También ha reflexionado que la presencia de Unidas Podemos ha propiciado que se hayan «caído las caretas» de los «grandes poderes», dado que su partido ha sido víctima de «todo tipo de cloacas, en especial las mediáticas».

Y es que para Iglesias, en política se juzga a un partido no por sus diagnósticos o razones, sino por sus «logros y sus enemigos». En el caso de Podemos, ha asegurado que en su currículum siempre estará «haber tenido un nutrido grupo de enemigos ilustres. «Si determinados poderes te asumen como su enemigo, es que algo estamos haciendo bien», ha apostillado.

«NOSTALGIA» DEL BIPARTIDISMO EN CIERTOS PODERES

En este sentido, ha asegurado que existe en determinados poderes «nostalgia» y «melancolía» del bipartidismo, que en el fondo evidencia el deseo de que el PP y el PSOE piensen lo mismo sobre aspectos esenciales del país.

Ahora, tal y como ha aseverado, ese bipartidismo se «ha acabado» y existe una derecha «cada vez más alejada de la democracia y la Constitución», al estar «permanentemente compitiendo con Vox», que es el «director fundamental» de la «guerra cultural de la derecha». Un factor que Iglesias apreció en la postura de la exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo.

A renglón seguido, el vicepresidente ha destacado que Vox se le puede definir políticamente como el «inconsciente» del PP, que antaño tuvo la capacidad de mantener dentro de sus filas a «todas las almas de la derecha».

Sobre el chat de antiguos militares que hablaban de golpe de estado contra el Gobierno, Iglesias ha subrayado que estos «señores no van a hacer nada» y que lo peligroso es el «ambiente ideológico» que se ha generado sobre la deslegitimación del Gobierno y la democracia. Algo que a su juicio ha reproducido la derecha al decir que el actual Ejecutivo no era legítimo. Frente a ello, ha reivindicado poner siempre por delante los derechos, la ley y la democracia.

El PP ha criticado este miércoles el recorte de fondos al sector agrícola, ganadero y pesquero tanto en los Presupuestos como en los fondos europeos, al tiempo que ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sanchez la falta de transparencia y diálogo con las comunidades autónomas. En este punto, ha denunciado que el Ejecutivo no permita a un representante de las autonomías asistir a los consejos de ministros como, a su juicio, les corresponde.

Tras una reunión mantenida en Madrid por los consejeros autonómicos del ramo con la secretaria de Agricultura y Despoblación del PP, Milagros Marcos, el PP ha denunciado el «ninguneo» al sector primario y la industria agroalimentaria en los fondos europeos de recuperación y resiliencia.

Según el PP, el sector primario es de los que más pueden contribuir a la recuperación –representa el 12 por ciento del PIB–, pero es el que más exigencias medioambientales debe cumplir y más inversiones debe hacer a pesar de que es el que «menos dinero recibe de los fondos europeos y es el más afectado por los nuevos impuestos».

UNA «CANTIDAD RAQUÍTICA» EN FONDOS EUROPEOS

Los ‘populares’ han señalado que, de los más de 140.000 millones de euros que llegará a España de los fondos europeos, para agricultura sólo se destinarán 1.050 millones, el 0,75%, algo que han calificado de «cantidad raquítica».

Además, el PP ha señalado en un comunicado que esos «escasos fondos europeos» sustituirán a los fondos propios que hasta ahora el Gobierno presupuestaba para el ministerio de Agricultura, por lo que «no hay aumento de presupuesto para agricultores, ganaderos e industria».

Los responsables de las CCAA gobernadas por el PP han criticado «la falta de transparencia, de información y diálogo del Ministerio a pesar de ser un momento de especial trascendencia para el sector agrícola, ganadero y pesquero». Los consejeros populares han indicado qeu se está negociando la PAC sin que por el momento haya una posición nacional al respecto, ni se conozca propuesta de plan estratégico nacional por parte del gobierno.

Por eso, han exigido al Ejecutivo «transparencia absoluta e información previa a cualquier convocatoria de reunión, y que se inicien de inmediato las negociaciones de fondo, convocando semanalmente a los responsables técnicos designados por las CCAA para definir el futuro plan estratégico nacional que conformará la nueva PAC».

El PP ha defendido además que se permita a las comunidades autónomas tener la presencia que le corresponde en los consejos de ministros de la UE ya que se están abordado «cuestiones fundamentales en las que el Gobierno ha abandonado al sector a su suerte pese a jugarse una importante parte de su negocio internacional y una parte sustancial de las capturas realizadas por la flota».

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cumplió dos años en funciones el pasado 4 de diciembre, continúa cumpliendo con sus atribuciones legales ajeno a la polémica política sobre la intención de PSOE y Podemos de sacar adelante una reforma para evitar que puedan hacer nombramientos en la cúpula judicial una vez concluya su mandato.

Así, en el orden del día de la Comisión Permanente que va a celebrarse este jueves aparece la aprobación, a propuesta del Servicio de Personal Judicial, de varias bases de convocatoria de plazas que quedan vacantes en el Supremo por jubilación de magistrados en cuatro Salas del Tribunal Supremo (de lo Civil, Contencioso-Administrativo, Social y Militar), así como las relativas a otras vacantes en los tribunales superiores del País Vasco y Extremadura y en varias audiencias provinciales.

Otro punto del Orden del día, consultado por Europa Press, se refiere a la aprobación de un plan de presentación telemática de las solicitudes para la participación en los concursos de provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, excepto la cobertura de plazas del Tribunal Supremo reservadas a juristas de reconocida competencia, que se convoquen a partir de 2021.

A ello se unirá, según fuentes de este órgano consultadas por Europa Press, la posibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces retome los nombramientos que quedaron aplazados de nuevo tras el último amago de renovación de esta institución, que finalmente parece haber quedado paralizada por la falta de acuerdo entre PSOE y PP hasta al menos la celebración de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.

La inclusión o no de estos nombramientos en el último Pleno del año, que se celebra el próximo 17 de septiembre, dependerá de que se alcance un amplio consenso entre los sectores conservador y progresista para designar a los nuevos magistrados respecto de 17 plazas que están preparadas para ser cubiertas en diversos órganos, entre civiles y togado militares, una de ellas en la Sala de lo Social del Supremo.

Tras conocer los planes del Gobierno de coalición, la mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial se muestra crítico y «molesto» con la Propuesta de Ley de reforma de PSOE y Podemos dirigida a evitar que este órgano no pueda realizar nombramientos clave hasta que no sea renovado.

Las principales críticas tienen que ver con la forma empleada por los grupos sustentados por el Gobierno en funciones para plantear su propuesta, la de la Proposición de Ley, que supone una fórmula de tramitación legislativa ‘express’ que «hurta» al propio CGPJ y al resto de órganos consultivos la posibilidad de informar sobre las intenciones de la reforma.

Este miércoles, los grupos parlamentario que sustentan al Gobierno de coalición han anunciado que tienen previsto aprobar esta reforma el próximo mes de enero.

REFORMA CGPJ, CONTRAVIENE LA PRACTICA EUROPEA

Según fuentes del sector conservador de este órgano, eludir el pronunciamiento del Consejo sobre una modificación legislativa de sus competencias contraviene los estándares europeos establecidos al respecto, en especial al tratarse de unos cambios que afectan directamente al propio Consejo, que se regula además por ley orgánica.

La idea, sin embargo, no es novedosa. Así, los vocales designados a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta (quien fue diputado por este partido) y de IU Concha Sáez, vienen reclamando que se limite la realización de determinadas funciones por un Consejo General del Poder Judicial (CGP) que se encuentra ‘en funciones’ desde el 4 de diciembre de 2018, en especial la de realizar nombramientos, que es lo que plantea la Propuesta hecha pública este miércoles.

La mayoría del órgano del gobierno de los jueces, sin embargo, considera que están perfectamente legitimados para hacer nombramientos, si algunos se plantean por qué desde la propuesta legislativa hoy presentada no se ponen los mismos ‘peros’ en relación con otras funciones, como son las disciplinarias.

Los dos grupos parlamentarios pretenden debatir esta proposición de ley antes de que finalice el año, que se une así a la reforma del Poder Judicial que registraron para tratar de desbloquear su renovación, paralizada de momento a la espera de que el PP acceda a desbloquear el relevo del cupo de juristas.

De hecho, la limitación de competencias con periodo caducado del CGPJ ya era una cuestión que se recogía en dicha reforma y que ahora, con la nueva iniciativa, se define con mayor precisión.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reivindicado este miércoles, en el 95 aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, los valores con los que éste fundó el PSOE, y ha asegurado que «permanecen». Además, ha defendido el debate interno, y ha pedido a los socialistas que se «libren» de que la derecha hable bien de ellos, porque eso significará que algo están haciendo «mal».

Así lo ha asegurado el ‘número tres’ del PSOE en el homenaje que, como cada año, han celebrado los socialistas junto a UGT en el cementerio civil de Madrid para homenajear a su fundador. «Los valores que difundió nuestro fundador son nuestra identidad», ha sentenciado.

Este homenaje se ha producido este año después de la polémica que ha afectado recientemente al PSOE y al Gobierno por el malestar que ha generado en algunos sectores el apoyo de EH Bildu y ERC a los Presupuestos; un malestar al que han puesto voz algunos dirigentes autonómicos o históricos socialistas como Felipe González, alertando de que el partido se estaba aportando de sus valores al pactar con independentistas y con la izquierda abertzale.

Aunque sin hacer referencia a esto, Ábalos ha aprovechado el homenaje al fundador del PSOE para defender que sus valores como la solidaridad, la tolerancia, la coherencia y sobre todo la «inconformidad», que les hace no resignarse y «mantener la rebeldía», siguen plenamente vigentes.

DEFIENDE EL DEBATE INTERNO EN EL PSOE

También ha criticado que desde fuera hablen de que en el PSOE están siempre «riñendo», cuando se trata en realidad del debate interno que forma parte de su cultura socialista. «El debate no nos impide reconocernos como socialistas. Es algo que es profundamente democrático, es reconocer al otro, no despreciarnos. Eso le pasa a la derecha, que no acepta al otro», ha apostillado.

En esta línea, ha proseguido lamentando que la derecha no reconoce a los socialistas «ni como españoles, ni como constitucionalistas» y tampoco su «derecho a representar ni a gobernar». Así, añadido que los únicos socialistas que no les molestan son los que «están pasivos, callados y resignados».

«Para ellos un buen socialista es aquel que es inocuo o no le puede resultar oposición ni un problema. Así es que, librémonos de que hable la derecha bien de cada uno de nosotros, porque será que algo estamos haciendo mal», ha apelado.

En este sentido, ha defendido que el PSOE, ahora desde el Gobierno, está haciendo cosas en la dirección que les toca «como socialistas», y ha afirmado que «el grado de agresividad de la derecha es producto de su propia frustración». «Ladran, luego cabalgamos», ha apostillado.

«Siempre tratan de dinamitar y debilitar la imagen de cada uno de nosotros, que es también una forma de eliminar. Esto no es democrático y además es innecesario y es podredumbre al sistema, que tendría que estar basado en el debate político. No hace falta ir a por nadie, no hace falta desmerecer a nadie, así que le pido a la derecha que deje de hacer esto», ha enfatizado.

Según Ábalos, el objetivo de la derecha con este comportamiento es «intimidar» a los socialistas para que se «callen». Por ello, ha defendido que el consuelo que debe quedarles es que si «molestan», es que están siendo «efectivos». «Lo hacen para que te calles, para que te lo pienses todo, que mires bien donde vas y qué dices, y ponerte todas las limitaciones posibles. No hay que caer en esa tentación», ha aconsejado.

También han participado en el acto el presidente de la Fundación Pablo Iglesias y secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán; y el secretario General del PSOE-Madrid, José Manuel Franco; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; la secretaria de Organización de UGT, Rosa Moreno; y el secretario general de UGT-Madrid, Luis Miguel López Reillo.

Precisamente Santos Cerdán abrió el homenaje denunciando los ataques que están sufriendo históricos socialistas por parte de la derecha y que a su juicio son «ataques a la sociedad y a la democracia».

«No son tiempos fáciles, estamos viendo el resurgir de fuerzas políticas que atacan a nuestra memoria y debemos defenderla. El PSOE y el Gobierno lo tienen claro y vamos a seguir haciéndolo, porque mantenemos las mismas convicciones: la defensa de los derechos, las libertades y la democracia. Los mismo valores con lo que estamos haciendo frente a esta crisis sanitaria, social y económica», ha asegurado.

Así, ha defendido que el fundador Pablo Iglesias «estaría orgulloso» del trabajo que están realizando, «Como lo están también los militantes del PSOE, este gran partido», ha concluido el dirigente socialista.

La Universidade de Vigo (UVigo) suma 168 casos de COVID-19 confirmados en sus tres campus desde el inicio del curso, con picos detectados en octubre y noviembre en Ourense y la urbe olívica, respectivamente.

Según ha precisado la universidad, desde el 21 de septiembre hasta el 6 de diciembre se registraron 168 casos confirmados, de los que 148 se detectaron en estudiantes, cinco en personal de administración y servicios y 15 entre docentes e investigadores.

Así las cosas, el vicerrector y responsable del Comité de Seguimiento de la pandemia, José Luis Míguez, ha recalcado que la prevalencia en la UVigo «es inferior a la de Galicia y a la de de España» y ha considerado que, salvo casos puntuales confirmados en viviendas de alquiler, el comportamiento del estudiantado, que «tiene una gran interacción social», «ha sido muy bueno».

Asimismo, ha afirmado que las cifras de casos detectados «demuestran que tanto las medidas adoptadas en función de las recomendaciones del Sergas» como las articuladas por la universidad funcionan, así como que «se puede intentar, con una prevención temprana, poner cortafuegos a la transmisión del coronavirus».

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

En concreto, la universidad ha detallado que se produjeron dos picos de 29 positivos cada uno en octubre en Ourense y en noviembre en Vigo, lo que «coincidió también con un repunte de contagios en estas ciudades». Así, la evolución de casos confirmados fue similar a la de la segunda ola en España y contabilizó incrementos desde la tercera semana de curso hasta la comprendida entre el 23 y el 29 de noviembre, cuando comenzó a decrecer.

La UVigo ha indicado que durante la semana pasada se contabilizaron ocho casos activos en la institución educativa, lo que muestra que «la curva de esta segunda ola se está aplanando de igual modo que lo hace en Galicia».

Así, entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre se registraron 11 positivos, todos ellos en estudiantes. El campus que presentó una mayor incidencia fue el de Vigo, con siete casos, seguido por Ourense, con tres casos; y Pontevedra, con uno.

El Parlamento catalán celebrará la semana que viene el último pleno de la legislatura, que incluirá el debate y votación de la propuesta de resolución presentada este miércoles por JxCat, ERC y la CUP para instar al Congreso a la aprobación de una ley de amnistía.

Lo ha explicado la Cámara catalana en un comunicado, después de que la Mesa y la Junta de Portavoces hayan aprobado el orden del día del pleno, que comenzará el lunes a las 15.00 horas y finalizará el viernes por la tarde.

El pleno comenzará con el debate monográfico sobre la «corrupción estructural», que solicitó Cs después de la operación Voloh sobre un presunto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista.

El orden del día incluye también el debate y votación finales de cinco iniciativas legislativas, así como otra propuesta de resolución presentada por JxCat y ERC sobre el programa marco del sistema público audiovisual.

El miércoles a las 9 de la mañana se hará la última sesión de control al Govern en funciones, y seguidamente una nueva comparecencia del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, para informar del estado actual de la pandemia del Covid-19 y de las medidas tomadas por el Ejecutivo catalán.

La Cámara hará también el debate y votación final de tres proyectos de ley: el de facilitación de la actividad económica, el de áreas de promoción económica urbana y el de igualdad de trato y no discriminación; y de dos proposiciones de ley sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista y sobre la desaparición forzosa de menores en Cataluña.

Los decretos ley que se someterán al debate de validación son el de medidas extraordinarias de carácter económico en el sector de las instalaciones juveniles; el de medidas urgente de apoyo a entidades del tercer sector; el decreto para habilitar al Consell Català de l’Esport para otorgar ayudas extraordinarias y de emergencia para hacer frente a la suspensión de la apertura al público de los equipamientos deportivos; entre otros.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En otro comunicado, la Cámara catalana ha informado que el Parlament ha validado una guía para incorporar la perspectiva de género en el trabajo parlamentario, y que prevé la creación de una «red de transversalidad de género integrada por todas las comisiones legislativas».

El documento tiene por objetivo garantizar que las necesidades de las mujeres y los hombres se reflejen en la elaboración, el despliegue y el control de las leyes con el fin «de avanzar de una forma efectiva en la igualdad de género y el respeto de la diversidad».

Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado este miércoles prevé una caída de hasta el 7% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para este 2020 en todo el mundo como resultado de la reducción en los viajes, la actividad industrial y la generación de electricidad a causa de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, a pesar de la caída en las emisiones de dióxido de carbono en este año, «el mundo todavía se dirige a un aumento de temperatura superior a 3°C este siglo». De hecho, el informe pone de manifiesto que la caída se traduce en una reducción de únicamente 0,01°C en el calentamiento global para 2050.

Cada año, el ‘Informe sobre la Brecha de Emisiones’ evalúa la discrepancia entre los niveles de emisiones previstos y los que serían consistentes con los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global en este siglo muy por debajo de 2°C, haciendo todo lo posible por frenarlo en 1,5°C.

El informe indica que en 2019 las emisiones totales de gases de efecto invernadero, incluyendo el cambio de uso de la tierra, alcanzaron un récord de 59,1 gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2e). Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han aumentado en promedio un 1,4% anual desde 2010, pero en 2019 este incremento fue más rápido, del 2,6%, debido al mayor impacto de los incendios forestales.

LA RECUPERACIÓN VERDE, CRUCIAL

Sin embargo, el informe destaca que una recuperación sostenible de la pandemia podría reducir hasta un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero previstas para 2030 y acercar al mundo al logro del objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 2°C.

La recuperación verde situaría las emisiones en 2030 en 44 GtCO2e, en lugar de las 59 GtCO2e previstas, un escenario mucho más esperanzador que el de las reducciones de emisiones contempladas en las actuales Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) no condicionadas de los países, que dejan al mundo encaminado hacia un aumento de temperatura de 3,2 C.

Así, si los gobiernos invierten en la acción climática como parte de la recuperación de la pandemia y concretan sus nuevos planes de neutralidad de emisiones en sus compromisos del Acuerdo de París en la próxima cumbre climática (que se celebrará en Glasgow en noviembre de 2021), pueden llevar las emisiones a niveles consistentes con el objetivo de 2°C.

Una recuperación ecológica de este tipo pondría las emisiones dentro del rango que contempla un 66% de posibilidades de mantener las temperaturas por debajo de 2°C, pero aún sería insuficiente para alcanzar el objetivo de 1,5°C.

«El año 2020 va en camino de ser uno de los más cálidos jamás registrados, con incendios forestales, tormentas y sequías que continúan causando estragos. El ‘Informe sobre la Brecha de Emisiones’ muestra que una recuperación verde de la pandemia puede reducir enormemente las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a frenar el cambio climático», señala la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, que insta a los gobiernos a respaldar la recuperación sostenible en la próxima etapa de las intervenciones fiscales de la COVID-19 y a aumentar significativamente sus ambiciones climáticas en 2021.

MEDIDAS

Las medidas para priorizar en la recuperación fiscal verde, según el documento, incluyen el apoyo directo a las tecnologías e infraestructuras de cero emisiones, la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, la eliminación de nuevas plantas de carbón y el impulso de las soluciones basadas en la naturaleza, incluyendo la restauración de paisajes a gran escala y la reforestación.

De acuerdo con el informe, hasta ahora las medidas fiscales de recuperación sostenibles han sido «limitadas»: alrededor de una cuarta parte de los miembros del G20 han dedicado partes de su gasto –hasta 3% del PIB– a medidas bajas en emisiones de carbono.

No obstante, sigue existiendo una gran oportunidad para que los países implementen políticas y programas sostenibles. Según el PNUMA, los gobiernos deben aprovechar esta oportunidad en la próxima etapa de intervenciones fiscales de la COVID-19.

El informe también concluye que el creciente número de países que se han comprometido a lograr cero emisiones netas a mediados de siglo demuestra un «avance significativo y alentador». Hasta el momento de finalización del informe, 126 países que producen el 51% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero habían adoptado, anunciado o estaban considerando metas de neutralidad de emisiones.

Sin embargo, para que sean factibles y creíbles, estos compromisos deben traducirse urgentemente en políticas y acciones sólidas a corto plazo y ser reflejados en las NDC, según el informe. «Los niveles de ambición en el Acuerdo de París todavía deben triplicarse, aproximadamente, para encaminar al mundo a la trayectoria de 2°C y aumentarse al menos cinco veces para la vía de 1,5°C», advierte.

TRANSFORMAR EL CONSUMO Y EL TRANSPORTE

Cada año, el informe también analiza el potencial de sectores específicos en la lucha contra el cambio climático. En 2020, el PNUMA considera el comportamiento de los consumidores y los sectores del transporte marítimo y la aviación.

Con respecto al transporte marítimo y aéreo, que representa el 5% de las emisiones mundiales, el informe señala que las mejoras en tecnologías y operaciones pueden aumentar la eficiencia en el uso de los combustibles, pero la mayor demanda proyectada indica que esto no resultará en la descarbonización y en reducciones absolutas de CO2. Así, el PNUMA urge a ambos sectores a combinar la eficiencia energética con un rápido abandono de los combustibles fósiles.

El documento también indica que una acción climática más fuerte debe incluir transformaciones en el comportamiento de consumo del sector privado y los individuos, pues alrededor de dos tercios de las emisiones globales están vinculadas a los hogares particulares, según la contabilidad basada en el consumo.

Y es el segmento de la población con más ingresos la que tiene la mayor responsabilidad: las emisiones del 1% más rico de la población mundial representan más del doble que las del 50% más pobre. Por tanto, el informe considera que este grupo deberá reducir su huella 30 veces para mantenerse en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

Entre las posibles acciones para apoyar y permitir un menor consumo de carbono se encuentran la de sustituir los vuelos domésticos de corta distancia por viajes en tren, crear incentivos e infraestructuras para permitir el uso de bicicletas y automóviles compartidos, mejorar la eficiencia energética de las viviendas y diseñar políticas para reducir el desperdicio de alimentos.

Ciudadanos ha registrado este miércoles una proposición no de ley para que el Congreso inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a rechazar las gestiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, cuyo objetivo, a su juicio, es «dar oxígeno» al régimen de Nicolás Maduro.

La formación naranja pretende que su iniciativa «para la defensa de las libertades y los derechos humanos en Venezuela» se debata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja y que el PSOE y Unidas Podemos «tengan que retratarse al votar», según ha explicado la portavoz de la Ejecutiva del partido, Melisa Rodríguez, en rueda de prensa en la sede nacional.

«Nos preocupan las declaraciones» de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, «que dice que tenemos que escuchar al señor Rodríguez Zapatero» en relación con Venezuela, ha afirmado, instando a la ministra a prestar menos atención al expresidente socialista y escuchar más «al pueblo venezolano, a la oposición venezolana y a las instituciones internacionales».

Los 27 Estados miembros de la UE han concluido que en las elecciones legislativas del pasado domingo en Venezuela no se cumplieron los estándares internacionales mínimos y, por lo tanto, no puede reconocer el resultado.

Por su parte, González Laya ha lamentado que no desarrollara «un proceso democrático, libre y transparente». Los comicios, en los que la oposición no participó y donde la abstención alcanzó el 70%, dieron la victoria a la coalición chavista que apoya al presidente Maduro.

ZAPATERO COMO «PORTAVOZ DE IGLESIAS»

Zapatero, que participó como observador en las elecciones, pidió a los partidos de la oposición venezolanos que reconsiderasen su idea de no presentarse y ha instado a la UE a reflexionar sobre su decisión de no reconocer el proceso electoral. En su opinión, ante la situación en Venezuela «ya no sirve la imposición ni las sanciones» y hay que apostar por «el diálogo y los votos».

Para la ministra, hay una idea del expresidente que habría que «escuchar atentamente», y es que dos años después de las últimas elecciones en Venezuela, «la situación no ha mejorado». «Se ha enquistado el problema político y se ha agudizado la crisis humanitaria», declaró el martes, abogando por «reflexionar con calma» sobre esta cuestión y animando a Gobierno y oposición a buscar «una mayor unidad» para poder «avanzar hacia una solución política».

Melisa Rodríguez, que ha exigido al Ejecutivo español que «diga alto y claro que no reconoce el resultado electoral» de las legislativas, sostiene que «en el Gobierno de España sigue mandando (Pablo) Iglesias», vicepresidente segundo.

«Lo que acabamos de descubrir es que el señor Zapatero es el portavoz de Iglesias. Quizás tendríamos que preguntarle si está afiliado a Podemos ya y si va a seguir defendiendo a un régimen que vulnera los derechos humanos» de los venezolanos, que «los oprime» y que «establece procesos electorales fraudulentos para afianzarse en el poder», ha manifestado.

APOYO A GUAIDÓ COMO PRESIDENTE ENCARGADO

Ciudadanos quiere que la Comisión de Exteriores del Congreso acuerde «no reconocer el resultado» de las elecciones del domingo, cumpliendo con lo establecido por la Unión Europea, el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, y reitere «su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en virtud de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional».

Según señala en su proposición no de ley, Maduro ya promovió un fraude en las elecciones presidenciales de enero de 2019, que no cuentan con el reconocimiento de la comunidad internacional, y luego impulsó las legislativas para «acabar con la mayoría democrática de la Asamblea Nacional», hasta ahora controlada por la oposición.

La iniciativa de Cs también busca que el Congreso inste al Gobierno a «exigir el cese de la usurpación del poder por parte del régimen de Nicolás Maduro mediante la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, sujetas a observación internacional y en las que los partidos democráticos de Venezuela puedan recuperar su titularidad jurídica de manos del régimen».

Asimismo, pretende que el Ejecutivo rechace públicamente las gestiones de Zapatero «para dar oxígeno al régimen de Nicolás Maduro mientras se siguen vulnerando derechos y libertades fundamentales en Venezuela», y que asegure que «todos los ministros», independientemente del partido al que pertenecen, apoyan la decisión del Consejo de la Unión Europea de no reconocer los resultados de las elecciones venezolanas «por no contar con las mínimas garantías democráticas».

En relación con este punto, la formación naranja apunta que Izquierda Unida, que forma parte de la coalición gobernante a través de Unidas Podemos, ha pedido que «se reconozcan los resultados de estas elecciones fraudulentas como legítimos».

Cree que esto, sumado a las palabras de la ministra de Exteriores sobre Zapatero, da una imagen de «bandazos, posiciones encontradas y falta de firmeza a la hora de defender la democracia» que «ponen en peligro tanto la reputación de España como socio fiable dentro de la Unión Europea como su liderazgo en materia de política europea hacia América Latina», además de hacer «un flaco favor a quienes se dejan la piel y la vida por avanzar en democracia en Venezuela».

Por último, la proposición de ley plantea que el Gobierno español lidere, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, el trabajo conjunto con la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima «para dar el apoyo institucional necesario al presidente encargado Guaidó para proceder a una transición pacífica hacia la celebración de unas elecciones presidenciales libres y democráticas».

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar el próximo 15 de diciembre al que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño como investigados por encargar presuntamente al comisario jubilado José Manuel Villarejo espiar al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también ha citado a declarar ese mismo día al ex subdirector de Seguridad de Repsol Rafael Girona Hernández, también imputado, según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Asimismo, el jueves 17 de diciembre, el juez instructor del caso ‘Tándem’ quiere escuchar a Del Rivero, al encargado de Seguridad de Sacyr Rodrigo Álvarez Vázquez y al antiguo director financiero de Repsol YPF Fernando Ramírez Mazarredo, a quienes cita en calidad de testigos.

El juez acordó el pasado 23 de noviembre la imputación de Araujo, Fernández Rancaño –ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado– y Girona en la pieza número 21 del caso ‘Tándem’, en la que se investiga el denominado ‘Proyecto Wine’. Están investigados por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

En esta pieza separada, que se abrió a finales de 2019, se indaga si Repsol y Caixabank habrían recurrido en 2011 a Villarejo y su socio Rafael Redondo –también investigados– para evitar que Sacyr se hiciera con el control de la energética.

«Los servicios contratados por los clientes citados al sr. Villarejo y sus socios, tendrían como objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes, que aparecen como aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en REPSOL YPF SA para tomar el control de la compañía», explica el magistrado en el auto.

CONTROL DE REPSOL

El juez señala que Sacyr habría llegado a un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, otro de los grandes acccionistas de Repsol, para hacerse con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.

Una maniobra que fue detectada por Repsol, y con la ayuda de CaixaBank, paralizó de manera temporal el desarrollo del plan elaborado por Luis del Rivero retirándolo de la presidencia de Sacyr Vallehermoso, y haciendo lo mismo con su hijo y con uno de sus colaboradores claves, Rodrigo Álvarez Vázquez, que era el encargado de Seguridad.

Tras la salida de Del Rivero de la Presidencia en octubre de 2011, éste trató de contraatacar contra el presidente de Repsol, del que trató de obtener información delicada, apunta el juez.

De probarse estos hechos, ésta no sería la única ocasión en la que Villarejo habría investigado al expresidente de Sacyr, pues en la pieza 9 del caso Tándem también se investiga un supuesto encargo similar por parte del BBVA.

RIVER, LR O RIO

El principal objetivo del ‘Proyecto Wine’ era Del Rivero (al que se le denomina LR, Rio o River), pero también se espió a su esposa Natividad Martínez, a Rodrigo Álvarez (al que llamaban Cid), y a Fernando Ramírez (denominado Maza). Asimismo, se interesó recabar información de Pemex, que días antes de conocerse la estrategia de Sacyr realizó una compra de acciones de Repsol.

El encargo se realizó al Grupo Cenyt y se debía ejecutar durante los últimos meses de 2011 y durante la primera mitad de 2012. Tal y como recuerda el magistrado, Villarejo en esa fecha aún era comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Durante el tiempo que Cenyt trabajó en este asunto, y según consta en los oficios de Asuntos Internos, redactaron hasta seis informes y se registraron varias ‘charlas’ con los clientes (Araujo y Fernández Rancaño). En uno de los documentos, denominado ‘IF1Wine’, se refleja el estudio económico elaborado por Cenyt para el desarrollo del proyecto, y en él ofrecía la posibilidad al cliente de escoger entre dos opciones de precio de ejecución de los servicios.

La primera opción tenía un precio de 925.000 euros, en la que se incluía una garantía de éxito de 475.000 euros que debía abonarse al final si los objetivos llegaban a cumplirse. La opción B, era más económica, pero en ella Villarejo no aseguraba el resultado del proyecto, por lo que el precio se reducía hasta los 675.000 euros.

LOS INFORMES DE VILLAREJO Y SUS MEDIOS

En ese mismo documento, Villarejo y su socio detallaban los medios humanos y técnicos que utilizarían, como ocho dispositivos I.C. de comunicaciones, cuatro dispositivos de contramedidas, bases estáticas, doce coches y cinco motos para vigilancia, software y hardware para acceder a determinados bancos de datos, y hasta equipos de captación de audio en ambientes hostiles.

En otro de los archivos consta un resumen de los contactos personales y telefónicos de Del Rivero y en otros documentos se hace referencia al acceso y uso habitual del análisis de tráfico de llamadas por parte del Grupo Cenyt o se detallan incluso los rastreos que se ha realizado durante la operación y los balizamientos que se han hecho.

Entre lo requisado por la Policía, se halló además sobre ‘Wine’ multitud de documentación, como un ‘mapa definitivo de situación’ del proyecto, o un documento denominado ‘IFWF5-29 6 12’ que se centraba en el desarrollo del Movimiento Izquierda Anticapitalista y de sus promotores.

Además, el juez señala que, gracias a lo intervenido, se ha tenido conocimiento de que Villarejo y Redondo se hacían con información de los investigados por medio de «la obtención y análisis de su tráfico de llamadas telefónicas». «Lo que implica el acceso a la conservación de datos a los que las compañías telefónicas vienen obligadas de acuerdo con lo establecido en la Ley (…) y sin que conste que Villarejo disponga de la autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves», señala.

LAS FACTURAS DE CENYT A REPSOL Y CAIXABANK

En los registros también se encontraron cuatro facturas derivadas de este proyecto por un importe total de más de 280.000 euros, que fueron abonadas por los clientes Repsol y CaixaBank en una cuenta que era de Cenyt. La policía hizo tras tener esas cuatro facturas un estudio de trazabilidad del dinero y descubrió hasta siete abonos en dos cuentas de Cenyt con cargo a Repsol y CaixaBank cuyo montante ascendería a 413.600 euros.

Con esa cifra, la policía indagó entonces sobre el destino dinero y vio que contra las cuentas donde se recibía se realizaron cargos por valor de 370.578 «cuya ejecución ha sido factible gracias a la recepción de los fondos indicados». Según indica el auto, así se movió el dinero a otras cuentas de mercantiles, detrás de las cuales estaba el propio Villarejo.

La jueza que instruye el caso Erial, en el que se investigan presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano, ha iniciado el procedimiento para el decomiso de bienes del fallecido exconseller y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, que murió el pasado mes de abril por coronavirus y que figuraba como investigado en este proceso junto con su sobrino Vicente y el expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana.

Así lo ha revelado el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce en una entrevista en Les Notícies del matí de À Punt, donde ha señalado que Fiscalía Anticorrupción mantiene activos entre diez y 12 casos de corrupción en la Comunitat Valenciana. De los que él se ocupa, uno se mantiene bajo secreto y es relativo a adjudicaciones en el Ayuntamiento de València.

Ponce ha detallado que la responsabilidad penal se extingue con la muerte de la persona pero ha detallado que la ley también prevé el «decomiso sin condena», que es cuando la acción civil se dirige contra los bienes de una persona fallecida para recuperarlos.

En el caso Erial, ha confirmado que se ha iniciado el procedimiento correspondiente para recuperar los bienes de la persona fallecida, en este supuesto, Juan Cotino, cuya responsabilidad penal también quedó extinguida en el juicio por la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006, dentro del caso Gürtel.

LOS MÁS COMPLICADOS

El fiscal ha subrayado que los casos más complicados son aquellos en los que figuran más personas investigadas, como Taula –relativo al presunto blanqueo y ‘pitufeo’ en el grupo municipal ‘popular’ en la época de Rita Barberá– o el propio Erial, destacado por la cantidad de dinero que se ha conseguido recuperar y que ha cifrado en nueve millones de euros, además de propiedades intervenidas y otro tipo de objetos.

En este caso, ha expuesto lo complicado que ha sido poder seguir el rastro del dinero y ha elogiado el trabajo conjunto y secreto de Policía, Fiscalía y juzgado. Asimismo, ha defendido como «absolutamente necesaria» la prisión para Zaplana al inicio del procedimiento, y ha reconocido que le produjeron sorpresa algunas declaraciones sobre la situación personal del exministro, por su enfermedad, cuando «estaba perfectamente atendido en prisión y medicalizado».

Sobre la recuperación del dinero en otros procedimientos como el caso Cooperación, que ha afectado al exconseller de Solidaridad con el PP, Rafael Blasco, no se ha conseguido recuperar todo el dinero malversado, si bien ha precisado que en cada caso se va «aprendiendo» a manejar mejor la relaciones con las instancias internacionales. «El hecho de que se produzca aquí la acción delictiva no implica que este aquí el dinero, es muy fácil que esté en el extranjero porque es muy sencillo llevarlo fuera», ha resumido.

Ponce ha reconocido que existe un retraso en el caso Taula, por problemas de diversa índole pero no por inactividad de Fiscalía ni de los cuerpos policiales, y ve necesario que se ponga fin «con serenidad» a la instrucción, mientras que el de Alquería, que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa Divalterra, está esa investigación acabada y a la espera de que el juez decida si dicta procedimiento abreviado o sobresee porque no hay diligencias pendientes.

CORRUPCIÓN SIN COLOR POLÍTICO

El fiscal Anticorrupción, que ha hecho hincapié en que la corrupción no tiene «ningún tipo de color» político porque se realiza en cualquier tipo de ámbito y por cualquier persona, ha confirmado que la Comunitat Valenciana es una de las autonomías que más procesos acumula porque es «tradicionalmente rica», hay dinero, tiene costa y operaciones inmobiliarias.

Asimismo, ha hecho ver la falta de medios del ministerio público para afrontar estos casos, en especial informáticos y de análisis, que son fundamentales para desarrollar su trabajo. «Seguimos trabajando con papel y esa es la realidad», ha indicado.

En su opinión, la administración de justicia «muchas veces» llega «tarde» en los casos de corrupción porque se inician tarde, ya que no se denuncia en el momento en el que sucede el hecho, sino con posterioridad, y suele pasar cuando se producen cambios de gobierno. «No hay conciencia de denunciar», resume el fiscal, que recuerda que existe una directiva comunitaria de 2019, que debe trasponer España como tarde en 2021, para crear dentro de las empresas públicas y privadas canales de denuncia y proteger de represalias al denunciante.

Para esa transposición, se debería reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, en relación con esta reforma, ha apuntado también que en el anteproyecto de ley que concede al fiscal el papel instructor, no se trata de sustituir el juez por el ministerio público sino «renovar una ley del siglo XIX que funciona muy bien para casos sencillos pero no para complicados» y con un sistema de recursos pensado para cuando se sentaba en el banquillo una persona desfavorecida y no presidentes o ministros.

A su juicio, la corrupción «en unos países se combate mejor y en otros peor» pero, lo que debe «avergonzar» es «que no se pongan los medios para combatirla». Para el fiscal, se trata de algo que «no se puede terminar porque es insita a la naturaleza humana», por lo que se debe hacer es «estar en primera línea para prevenirla y sancionar los comportamientos corruptos».