La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han presidido este miércoles el XX Pleno de la Comisión General de FP.

Se trata de la primera reunión del Pleno dirigida, desde una perspectiva integral, a situar las políticas formativas en el centro de la transformación económica que afrontará el país, tras la crisis sanitaria de la COVID-19.

«La Formación Profesional ha de acompañar necesariamente a estudiantes, empleados y desempleados. El cambio de modelo económico, el posicionamiento de nuestro país en la nueva economía mundial y, en definitiva, el bienestar individual y social, pasan por un sistema integral de Formación Profesional», ha explicado Celaá.

Díaz, por su parte, ha resaltado la importancia de la formación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Hemos sido capaces de adaptar, con rapidez y flexibilidad nuestros instrumentos formativos pasándolos a modalidades on line e incorporando la utilización del aula virtual a las acciones formativas que impulsamos en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral».

Este nuevo sistema responde a la reestructuración de los departamentos ministeriales que se produjo el pasado mes de enero. A partir de esa fecha, y de forma alterna, ambos ministerios se encargan de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de Formación Profesional del sistema educativo y para el empleo.

«El Gobierno ha apostado por este nuevo modelo con el profundo conocimiento de los límites que la realidad imponía al sistema actual, y con la visión de futuro de lo que queremos del sistema en los próximos años», ha añadido la titular de Educación.

Díaz, por su parte, ha puesto en valor el esfuerzo y el trabajo desarrollado por el Ministerio de Trabajo para que los Certificados de Profesionalidad, las acreditaciones de la experiencia laboral y la red de Centros de Referencia Nacional se hayan convertido en «una realidad conocida y compartida» en todo el ámbito formativo.

Además, Celaá ha destacado que, con esta apuesta, el Pleno del Consejo General de FP adopta un papel más relevante, convirtiéndose en un órgano imprescindible para la consulta y el trabajo conjunto de todos los agentes implicados en el proceso modernizador de la Formación Profesional puesto en marcha por el Gobierno.

Asimismo, la ministra de Educación ha propuesto la creación de grupos de reflexión para hacer propuestas en el marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional y en la regulación de esta formación, con la participación de todos los agentes con representación en el Consejo General de la Formación Profesional.

FORMACIÓN DUAL, DE CALIDAD Y CON DERECHOS

Díaz ha aludido a la reforma de los contratos formativos para fortalecer y diversificar los objetivos de «una formación dual de calidad y con derechos, con relación laboral, a través de los nuevos contratos cuya reformulación surgirá del diálogo social, en el marco de reforma hacia el nuevo Estatuto de las personas trabajadoras del SXXI».

«El Diálogo Social, la Negociación Colectiva y el Sistema Nacional de Empleo deberán poner al sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral en el centro de su atención», ha dicho.

La ministra de Trabajo, que ha puesto en valor la labor de Fundae y del SEPE, se ha referido al peso específico de las políticas formativas entre los sectores más vulnerables, la población más joven y los parados de larga duración, incidiendo en la regulación del acceso a la formación como colectivos prioritarios de los trabajadores en ERTE y ha recordado la inversión de 50 millones de euros en la convocatoria de acciones formativas para la transformación digital por parte del Ministerio de Trabajo.

El pleno del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprobado un acuerdo con alegaciones al Anteproyecto de ley general de comunicación audiovisual (que pretende trasponer la Directiva 2010/13/UE) y entre sus peticiones destaca la necesidad de fomentar más producción en catalán.

La directiva europea, de noviembre del 2018, actualiza la normativa audiovisual incorporando en el ámbito subjetivo de la regulación los servicios televisivos a petición (como Netflix o HBO) y las plataformas de intercambio de videos (como YouTube), informa el CAC este miércoles en un comunicado.

El CAC también considera necesario hacer efectiva la diversidad cultural y que «el 50% de la cuota de obras en lenguas del Estado en los servicios televisivos a petición sea específicamente en catalán, vasco o gallego», y prever medidas concretas sobre producción y promoción de todas las lenguas cooficiales.

Por eso, también plantea aumentar del 5% al 10% la cuota de financiación de obras europeas para los servicios de televisión a petición, «en la línea otros países europeos».

En el caso de las televisiones lineales, el CAC propone mantener el sistema vigente, del 5% para las televisiones privadas y del 6% para las públicas.

La entidad propone asimismo «una presencia mínima de la lengua catalana» en el catálogo de los servicios televisivos a petición: según el anteproyecto, estos servicios deben garantizar una cuota mínima del 30% de su catálogo en audiovisuales europeos y, de esta cuota, el 50% debe ser en la lengua oficial del Estado o en alguna lengua autonómica.

Como el anteproyecto no concreta porcentajes para lenguas cooficiales que no sean la castellana, el CAC pide que, del 50% reservado a lenguas oficiales en el Estado, el 50% sea para el catalán, vasco o gallego, por la «precariedad de estas lenguas en el ámbito audiovisual», o al menos un porcentaje coherente con el peso poblacional del conjunto de territorios con lenguas cooficiales.

En cuanto a la prominencia de estas obras (es decir, que aparezcan de manera destacada), el CAC pide que definir (como faculta la Directiva) los contenidos de servicio público y los contenidos en catalán, vasco o gallego, como contenidos de interés general, alegando que contribuyen y son reflejo de la diversidad cultural.

Además, considera que el anteproyecto debe prever que los catálogos de los servicios de video a petición incorporen las versiones ya dobladas o subtituladas al catalán.

COMPETENCIAS DE LA GENERALITAT

La entidad presidida por Roger Loppacher constata que varias disposiciones del anteproyecto se superponen con competencias que son exclusivas de la Generalitat en el ámbito audiovisual.

Sobre la organización de los prestadores del servicio público audiovisual, el anteproyecto detalla la regulación detallada de los órganos de gobernanza y gestión de este servicio público pero «contradice» el artículo 146.1a del Estatut, que atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva de organizar la prestación de este servicio.

Así, el CAC plantea una regulación «de mínimos, como corresponde a la finalidad de una norma básica, respetuosa con la capacidad legislativa del Parlament».

Respecto a los medios televisivos y radiofónicos comunitarios, el CAC destaca que es competencia exclusiva de la Generalitat y añade que el anteproyecto no tiene en cuenta la existencia de un amalgama de servicios, donde confluyen los servicios propiamente comunitarios sin ánimo de lucro y los que, «bajo el pretexto de los servicios comunitarios, actúan como prestamistas sin título de carácter comercial».

COMPETENCIAS DEL CAC

Respecto a las plataformas de intercambio de vídeos, el Consell reclama tener más competencias, «para una mejor defensa de los niños y adolescentes ante contenidos perjudiciales».

Las alegaciones también recuerdan que la Directiva promueve la colaboración entre autoridades audiovisuales independientes existentes en el Estado, y el CAC pide establecer el principio de colaboración entre estas autoridades «como un eje básico de relación».

Alega que el trabajo y la experiencia de años de instituciones como el CAC aportan conocimientos, sobre todo en protección de menores, discurso de odio, publicidad encubierta, desinformación y alfabetización mediática.

Pone como ejemplo la ley sobre relaciones entre el Defensor del Pueblo y los ombudsman autonómicos, para pedir coordinar a las autoridades reguladoras independientes en España sobre supervisión y control de servicios de comunicación audiovisual lineal y a petición, y las plataformas de intercambio de vídeos.

Y, ya que las competencias audiovisuales se atribuyen a diferentes autoridades reguladoras independientes en España, pide que una disposición final fije que estas autoridades y la CNMC establezcan mecanismos de participación en la European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Erga).

Las organizaciones que forman parte de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones han pedido la «liberación inmediata» de todas las personas internas en los CIE y CATE del Estado español y su cierre definitivo, ante el «agravamiento de la vulneración de los derechos humanos» en estos centros por la Covid-19, y reclaman asimismo el fin de las deportaciones por cualquier vía.

«Hemos constatado el agravamiento en la vulneración de los derechos humanos en los CIE que ha supuesto la COVID-19, motivado por la inexistencia de protocolos sanitarios o el incumplimiento de las escasas medidas acordadas, la muy deficiente atención sanitaria, el bloqueo en el acceso a asistencia letrada, la insuficiente o nula asistencia de traductores, o las trabas en el acceso a la solicitud de protección internacional», denuncian en un comunicado con motivo de su encuentro anual.

Por ello, mientras se produce el «cierre concluyente» de los CIE, reclaman con carácter urgente: «el cese de la actitud pasiva de jueces y juezas de control»; que se definan y apliquen «protocolos eficaces» para garantizar el derecho a la salud de las personas internas, y que se fijen y cumplan protocolos que aseguren las visitas de las ONG, familiares y asistencia letrada.

Asimismo, dicen haber constatado «la continua producción de abusos policiales, tales como agresiones y tratos vejatorios, y la falta de investigación de estos comportamientos», así como varios intentos de suicidio por parte de personas internas sin la oportuna asistenciasanitaria y la ausencia de investigación de las muertes producidas en CIE.

Igualmente, exigen el fin de las deportaciones por cualquier vía, ya sea terrestre, aérea o marítima, particularmente, las de personas a países de los que no son nacionales, como a Marruecos, Mauritania o Argelia.

En este sentido, denuncian que han constatado las «anómalas» circunstancias en las que se realizan las deportaciones: «falta de notificación, nocturnidad y violencia, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas, que pueden ser deportadas ilegalmente sin un proceso de apelación o recurso y llevadas de vuelta a los peligros de los que habían huido».

También piden a las autoridades que desistan de la construcción del nuevo «macro-CIE de Algeciras» y de la reforma de los CIE actuales. En su lugar, proponen que reasignen sus partidas presupuestarias a la acogida e inclusión de las personas migrantes y que faciliten la regularización de todas las personas migrantes que se encuentran en España.

Para los colectivos que forman parte de la campaña, el Gobierno, «lejos de situar a las personas en el centro, está deshumanizando aún más la gestión del fenómeno migratorio, instrumentalizando a las personas en movimiento y resistiéndose a su regularización».

Las organizaciones que participaron en el encuentro anual de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones, que tuvo lugar el pasado 5 de diciembre, son: Stop Deportación, Tanquem els CIE, Migra Studium, CIEs No Valencia, CIEs No Madrid, Mundo en Movimiento, Convivir sin Racismo, Coordinadora CIEs de Cádiz, CIES No Granada, CIEs No Motril, EFS Motril, APDHA y Algeciras Acoge.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Popular’ José Luis Calama ha decidido suspender la declaración prevista para este miércoles en calidad de testigo del que fuera secretario general técnico del Banco Popular Miguel Ángel Moral, después de que presentara síntomas compatibles con la Covid-19. De momento, no hay fecha fijada para su declaración en el marco de la causa que se sigue por las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta de esta entidad a mediados de 2017.

Ésta era la segunda vez que se le citaba, dado que en la primera ocasión a mediados de noviembre el exdirectivo del banco extinto no compareció ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 porque hubo un problema con el trámite de citación. No obstante esta no fue la primera fecha que asignó el magistrado que propuso que declarara el 1 de diciembre.

Su declaración se iba a producir después de que el pasado jueves el juez decidiera imputar al ex director de Admisión de Riesgos del Popular Carlos Fernández después de haberle citado como testigo. La declaración duró apenas una hora y el testigo corrió la misma suerte que la que fuera directora de Auditoría Interna de la entidad Yolanda García Cagiao, que también salió finalmente como imputada tras haber declarado como testigo.

El caso ‘Popular’ se ha centrado en las últimas declaraciones en indagar sobre la financiación a clientes para que acudieran a la adquisición de acciones durante la ampliación de capital de 2016. El magistrado acordó en noviembre imputar a otros cinco exdirectivos de la entidad precisamente por presuntos delitos de estafa a inversores o falsedad contable en relación a esa financiación.

En esta causa, el juez investiga dos fases del proceso que acabó con la venta del banco por un euro al Santander: las presuntas irregularidades contables en las que el Popular habría incurrido con la ampliación de capital y las filtraciones a prensa un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.

Varios diputados venezolanos en el exilio han entregado este miércoles a representantes de PSOE, PP y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados un informe de observación sobre las «fraudulentas» elecciones legislativas celebradas en Venezuela el domingo.

De forma paralela, los diputados –Ramón López, Winston Flores, Franco Casella, Auristela Castillo, Concepción Mulino y Eudoro González– han invitado a sus homólogos españoles a acompañar el cierre de la Consulta Popular puesta en marcha por Juan Guaidó este sábado en los puntos presenciales que se establecerán en 40 ciudades españolas de 16 comunidades autónomas, según ha informado la oposición en España.

Flores ha destacado la importancia de participar en la consulta contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que comenzó de forma digital el lunes, y ha definido el plebiscito como «una herramienta de estrategia para lograr la salida» del mandatario venezolano.

«La abstención sola no basta para rechazar al régimen de Maduro», ha señalado Flores, subrayando que, el domingo, «la abstención en el fraude fue de más del 80 por ciento». A su juicio, «eso es un claro rechazo al régimen».

Por el PSOE, ha recibido a los diputados venezolanos el secretario de Área de Relaciones Internacionales, Héctor Gómez, que ha manifestado su «apoyo» a los parlamentarios «en esta lucha», según la oposición venezolana.

La diputada Valentina Martínez Ferro, portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, ha recibido el documento por su partido. Estaba acompañada por varios compañeros de grupo que también se han «solidarizado» con «la lucha democrática por la libertad» de Venezuela.

Por Ciudadanos, ha asistido la diputada Marta Martín, que ha aseverado que «comprende perfectamente la importancia de la Consulta Popular» y de que los venezolanos participen en la misma «para rechazar el fraude de Maduro».

El chavismo se impuso en los comicios del domingo, marcados por la baja participación –del 31 por ciento, según datos oficiales– y no reconocidos como democráticos por la UE, por Estados Unidos ni por el Grupo Internacional de Contacto que busca una solución para la crisis política en el país.

La Comisión del Estatuto del Diputado aprobará este jueves un dictamen favorable a conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder investigar al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, una decisión que contará con el apoyo tanto de Unidas Podemos como del PSOE y que se elevará al Pleno para su ratificación el 17 de diciembre.

Dado que Rodríguez ha renunciado a presentar alegaciones, la comisión que preside de socialista Begoña Nasarre, va poder resolver este asunto tan sólo una semana después de haber tramitado la solicitud del Alto Tribunal.

El magistrado del Supremo Antonio del Moral acordó elevar suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad como aforado de Alberto Rodríguez y poder proceder así penalmente contra él por unos incidentes en una manifestación de 2014. El diputado de Podemos se había negado a prestar declaración voluntaria como investigado y había solicitado el archivo de la causa.

El suplicatorio es necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él en septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta –o delito leve– de lesiones al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar cuando llega a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

El primer paso se dio el 30 de noviembre con la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso, que lo calificó con el apoyo de todos los miembros del órgano de gobierno de la Cámara, es decir, sin que Unidas Podemos pusiera ninguna objeción.

El suplicatorio también tramitó sin problemas el 3 de diciembre en la Comisión del Estatuto del Diputado, que abrió un plazo para que Rodríguez presentara sus alegaciones bien de forma presencial o por escrito a más tardar el 10 de diciembre.

Pero como el diputado ha renunciado dar su versión, este órgano volverá a reunirse el jueves para adoptar una decisión y que el Pleno la pueda ratificar el próximo 17 de diciembre, en la única sesión plenaria inicialmente prevista para este mes.

Aunque la Comisión del Estatuto del Diputado se reúne a puerta cerrada, tanto Unidas Podemos como el PSOE ya han avanzado que votarán a favor del suplicatorio. En concreto, la portavoz socialista, Adriana Lastra, ha comentado que los socialistas actuarán como siempre, dejando que el Supremo «haga su trabajo».

De su lado, su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha señalado que lo apoyarán para que su compañero pueda defenderse en sede judicial. «Alberto Rodríguez no tiene ningún problema en acudir al Supremo para demostrar que esa acusación es falsa y en ese sentido vamos a votarlo», ha comentado.

TODO EL TRÁMITE PARLAMENTARIO, A PUERTA CERRADA

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

El último suplicatorio concedido, el pasado mes de junio, fue el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).

En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.

Sin embargo, en el caso anterior, el suplicatorio para procesar al que fue portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia, los ahora socios de gobierno se dividieron: el PSOE votó a favor de concederlo y Podemos, en contra.

32 SUPLICATORIOS APROBADOS

En años precedentes se ha autorizado a la Justicia para actuar contra tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante; y el también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Y en las legislaturas de finales del siglo XX destacan los suplicatorios del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.

El exalcalde de Brunete Borja Gutiérrez negará mañana en su declaración en el juicio en el que se sienta en el banquillo de los acusados haber intentado sobornar en julio de 2014 a la entonces concejal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Isabel Cortina para lograr mayoría absoluta del PP.

La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado esta mañana la segunda sesión de la vista oral por la presunta comisión de un delito de cohecho, hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de tres años y medio de cárcel. La acusación particular eleva a seis años de prisión la petición de pena.

Estaba previsto que el exregidor ofreciera esta mañana su versión, pero finalmente lo hará mañana. En la exposición previa de las partes, el abogado defensor ha negado que existiera el delito de cohecho afirmando que su cliente solo hablaba sobre «temas políticos» y que en concreto esas conversaciones se encuadraban dentro de «la actividad política».

La Fiscalía de Madrid le acusa de ofrecer supuestamente prebendas personales y profesionales a la citada edil. El representante del Ministerio Público imputa tanto al acusado como a S. C. T., un cabo de la Policía Municipal de Brunete, un delito de cohecho.

El proceso tiene su origen en una denuncia interpuesta por la formación magenta y la propia concejala. La instructora del caso apreció «indicios suficientes» de que el entonces alcalde y una cabo de Policía Local «trataron de influir» en Cotrina tras las elecciones municipales en mayo de 2011.

Según la juez, pretendían que se ausentara de las sesiones en que se iban a votar determinados puntos que interesaban al alcalde o abandonara UPyD para formar parte de la Junta de Gobierno local y obtener la mayoría absoluta que tenían a tan solo un concejal de distancia. A cambio, el alcalde presuntamente le ofreció favores «personales, políticos y profesionales».

Con esto pretendían supuestamente aprobar los presupuestos municipales; que se aprobara la propuesta de convenio entre el Ayuntamiento, la Comunidad y el Canal de Isabel II para la incorporación del municipio al nuevo modelo de gestión del Canal; y que saliera adelante la propuesta de mancomunar la gestión de infraestructuras deportivas de Brunete, Sevilla la Nueva y Quijorna, como el campo de golf, pádel o piscinas.

Para probar estas acusaciones, Cortina adjuntó varias grabaciones de conversaciones mantenidas tanto con el alcalde como con la cabo de Policía Local. Entre ellas, una en noviembre de 2012 en la que la cabo investigada presuntamente le propuso un puesto para su hija minusválida en el hospital privado Los Madroños de Brunete.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que la Casa Real tiene «todos los elementos» para pronunciarse, «si lo tiene a bien», sobre las distintas polémicas que afectan al Rey emérito por sus presuntas irregularidades fiscales y su paradero, después de que le preguntaran si creía que Felipe VI debía posicionarse no sobre este asunto, sino sobre las cartas de los militares retirados cargando contra el Ejecutivo.

En cuanto a la declaración que ha presentado Juan Carlos I ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal, Montero no ha querido ofrecer detalles sobre ningún proceso que afecte a un «contribuyente» concreto, pero sí ha deslizado que todo el mundo debe cumplir con sus obligaciones fiscales, «mucho más aquellas personas» que por su «presencia pública» y «proyección» tienen que ser «ejemplares» en este sentido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha sido preguntada en varias ocasiones por la situación fiscal del Rey emérito. Sin embargo, ha sido ella misma la que aprovechando otra pregunta sobre los carta de los militares retirados y si Felipe VI debería pronunciarse sobre la misma, la que ha comentado la conveniencia de que sea la Casa Real y no el Gobierno quien se pronuncie sobre el Rey Emérito y sus problemas con Hacienda.

«Creemos que la Casa Real cuenta con todos los elementos y tiene todos los argumentos para hacerlo, si quiere hacerlo, en el momento que estime más oportuno, pero en ningún momento va a estar influenciado por la opinión que pueda tener el Consejo de Ministros, que no ha abordado esta materia», ha insistido, sobre las «informaciones judiciales» que afectan al Rey emérito, o su «permanencia en un sitio u otro».

En la primera pregunta que le han planteado sobre las cartas de los militares y la postura que debería tomar el Rey en su discurso de Navidad, Montero ha comenzado respondiendo que desde el Ejecutivo no van a dar su opinión «sobre lo que le corresponde hacer a la Casa Real».

«LE CORRESPONDE A LA CASA REAL PRONUNCIARSE, SI QUIERE»

«Y le corresponde a la Casa Real pronunciarse en las materias que tienen que ver con el Rey emérito o cuestiones que tienen que ver con investigaciones que se pudieran estar haciendo en el entorno de personas vinculadas a la familia real», ha apostillado, introduciendo el asunto.

A continuación, ha añadido que el Gobierno va a colaborar con todas las actuaciones judiciales que se están produciendo y que respetan «lo que tenga que decir la Casa Real sobre esta cuestión». «Si lo tiene a bien, lo dirá, o el Rey lo planteará si lo tiene a bien cuando lo considere conveniente, si es que así lo ha decidido», ha ahondado.

«Pero el Gobierno ni va a invitar ni va a disuadir para que se haga o se deje de hacer ninguna cuestión que está directamente implicada con un miembro de la familia real, y mucho más cuando se trata del Rey emérito», ha insistido.

Posteriormente, al ser repreguntada por la respuesta que había dado a la pregunta sobre las cartas de los militares, Montero ha defendido que se le había entendido perfectamente. En este sentido insistió en que es a la Casa Real a la que le corresponde hablar de las cuestiones que afectan a Juan Carlos I, porque es la que tiene «todos los elementos» y «argumentos».

Sobre el proceso de regularización fiscal del monarca retirado, Montero se ha negado a hablar «de ningún contribuyente» ni «del momento de los expedientes» que hay abiertos, ni de si hay o no «investigación a ninguna persona o empresa concreta».

«El Gobierno respeta todas las investigaciones que se puedan estar produciendo en el marco de la fiscalía o de la propia autoridad judicial. Vamos a seguir colaborando con los tribunales de justicia desde la Agencia Tributaria y todos los departamentos para que esa actuación pueda ser efectiva», ha afirmado.

También ha dejado claro que el Ejecutivo seguirá trabajando «para que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, procedan de donde procedan, vivan donde vivan», combatiendo «cualquier forma de elusión o fraude fiscal», pero también «dando asistencia técnica a todas aquellas personas que quieran cumplir de forma regular con sus obligaciones tributarias».

RECUERDA QUE EL IMPUESTO DE DONACIONES ES COMPETENCIA AUTONÓMICA

Posteriormente, preguntada sobre el motivo de que no se haya hecho una inspección, antes de que Juan Carlos I procediera a pedir la regularización, Montero ha insistido en no dar detalles de «ningún contribuyente» ni de los trabajos que se «pudieran estar haciendo por parte de la Fiscalía o la Agencia Tributaria».

Eso sí, en este punto ha querido recordar que esta «materia en concreto» tiene que ver con «figuras fiscales que radican en el marco de Comunidades Autónomas, no en el marco de la Administración General del Estado», específicamente con el impuesto de donaciones.

«Pero estoy convencida de que ninguna Comunidad Autónoma va a proporcionar información que tiene que ser secreta y reservada para mejor garantía de todos los contribuyentes, de algo que le compete a alguien en particular que pueda ser identificatorio», ha añadido.

Por último, al ser preguntada sobre la implicación que podrían tener los nietos del Juan Carlos I, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, en estas presuntas irregularidades fiscales, la portavoz ha insistido en que el Gobierno va a hacer «ningún tipo de valoración sobre ninguna conducta que pudiera ser irregular, ni de ninguna persona en concreto».

«Aunque creo que podrán imaginarse cuál es la opinión de la ministra de Hacienda con la obligación, que no tiene ningún tipo de exclusiones, de todos y cada uno de los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales, mucho más aquellas personas que por nuestra proyección tenemos que ser ejemplares en el cumplimiento de las obligaciones tributarias», ha zanjado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 13 años de cárcel impuesta por la Audiencia de Málaga a un hombre por abusar sexualmente de una menor y propiciar que se dedicara a la prostitución. Así, se desestima el recurso presentado por la defensa del acusado.

Según se declaró probado, y ahora ha ratificado el alto Tribunal andaluz en su sentencia, en agosto de 2018, la menor, que no llegaba a los 16 años, abandonó su domicilio familiar y conoció a otro menor, que le propuso, y ella aceptó, que se le alojara en la casa del acusado.

Así, según se precisa en la resolución, previamente, el acusado ya había hablado de explotar sexualmente a la menor y un día, estando en su vivienda, mantuvo relaciones con ella «con la finalidad de probar a la chica» y para «satisfacer sus deseos libidinosos», sabiendo la edad que tenía.

Asimismo, con el teléfono del procesado, le hicieron fotos semidesnuda «y en actitud sugerente» a la menor, con el fin de «enviarlas a través del móvil a posibles clientes que desearan contratar encuentros de índole sexual con dicha menor a cambio de dinero».

La pareja del acusado le compró ropa y le prestó su maquillaje, pero no se ha determinado si sabía que las fotos que ella pudiera haberle hecho iban a ser utilizadas para exhibirlas a clientes o al maquillarla lo era para acudir a la cita que se concertó con un cliente que finalmente no acudió.

Por estos hechos, se condena al hombre por un delito de abuso sexual a persona menor de 16 años a una pena de ocho años de prisión y el mismo tiempo de libertad vigilada, y por otro de prostitución de menores a cinco años de cárcel; además del pago de una indemnización de 8.000 euros a la joven. La pareja fue absuelta.

Para el TSJA, la declaración mantenida por la víctima ha sido considerada «creíble y convincente» y «no se atisba la presencia de razones oscuras o motivos espurios que pudieran llevar a la joven a falsear la realidad». Además, este testimonio «es claramente corroborado por el resultado de la intervención telefónica».

En este sentido, se indica que a través de esas escuchas «queda de manifiesto el proyecto que iba desarrollando el acusado para aprovecharse económicamente de la menor, gestionando y promoviendo su dedicación a la prostitución, con alusión a clientes concretos, formas de contacto íntimo, precios a obtener a cambio y otros detalles cuyo contenido no deja lugar a dudas».

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha atribuido a un «error» el hecho de que en los datos publicados sobre los ingresos de enfermos de covid-19 en las plantas de los hospitales de Euskadi no se haya incluido, en las dos últimas semanas, a las personas diagnosticadas en test de antígenos. Además, ha asegurado que este fallo no ha tenido ningún efecto en la gestión de la pandemia por parte de Osakidetza.

Sagardui ha reconocido este fallo en su comparecencia semanal ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, después de que el Gobierno Vasco anunciara este pasado martes que había «corregido» los datos de las dos últimas semanas sobre el número de ingresos en planta hospitalaria.

La revisión de estos datos ha supuesto un incremento cercano al 50% respecto a las cifras publicadas hasta este pasado domingo sobre el número de pacientes con covid hospitalizados en Euskadi.

La consejera ha precisado que este «error» solo ha afectado a los boletines que publica Osakidetza como instrumento de «comunicación«, y que no ha tenido ningún efecto en la «gestión» del Servicio Vasco de Salud.

Esto –según ha dicho– se debe a que los sistemas internos de cada centro hospitalario no se han visto afectados por el fallo, dado que en dichos sistemas sí se ha contabilizado en todo momento tanto a las personas diagnosticadas de coronavirus en test PCR, como a las que se les ha detectado la enfermedad en los test de antígenos.

En el caso del boletín diario que se difunde por parte de Osakidetza, el error ha estado motivado por el sistema que agrega los datos de forma «automatizada», que –hasta que el error fue detectado este pasado martes– no incorporaba las cifras correspondientes a las personas ingresadas en planta hospitalaria que habían sido diagnosticadas a través de test de antígenos.

Sagardui ha reiterado que este fallo –que se ha venido produciendo entre el 16 de noviembre y el 8 de diciembre– no ha «interferido» en la gestión de la pandemia y ha destacado que, en el caso de los datos sobre la situación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), estos se han publicado de forma «correcta».

Frente a las dudas que han expresado varios representantes de los grupos de la oposición ante estas explicaciones, Sagardui se ha preguntado «qué interés» podría tener el Gobierno Vasco en «ocultar» parte de los ingresos hospitalarios de afectados por el coronavirus. «Pero si no hacemos otras cosa que invocar ante la sociedad la presión hospitalaria y sanitaria para mantener la prevención», ha manifestado.

«TRANSPARENCIA»

Sagardui ha asegurado que el Departamento de Salud y Osakidetza han actuado de forma «transparente» en todo momento, y que en cuanto tuvieron constancia de este problema lo corrigieron y actualizaron la serie de datos sobre ingresos en planta hospitalaria. «Deslizar que fue algo intencionado es un error», ha insistido.

Por otra parte, y pese a la petición que le ha planteado algún grupo en este sentido, la consejera no ha dado detalle alguno sobre cuáles son las decisiones que podrían adoptarse en la reunión de esta tarde del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (Labi), el órgano encargado de determinar las medidas preventivas frente al coronavirus en Euskadi.

Sagardui, no obstante, ha advertido de que es necesario permanecer «alerta», puesto que la tendencia a la baja que viene experimentando la pandemia en las últimas semanas se ha «ralentizado».

Además, y pese a que la tendencia sea ahora la contraria a la de entonces, ha recordado que la actual tasa de incidencia del coronavirus es de 327 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la del 17 de octubre –día en el que el LABI decretó un primer paquete de restricciones que luego fueron endurecidas– era de 323 casos.

«Es cierto que en aquel momento la curva (de la pandemia) era creciente y que ahora está en descenso, pero al margen de la tendencia, es bueno recordar que la fotografía es similar», ha manifestado.

NAVIDADES

La consejera también se ha referido al acuerdo de bases alcanzado la semana pasada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en torno a las medidas preventivas frente a la covid-19 para las navidades.

Sagardui, que este miércoles participará en un nuevo encuentro de este foro, ha subrayado que aquel acuerdo es «positivo», aunque ha reiterado que se trataba de una propuesta «de máximos» y que, en el caso de Euskadi, es el Consejo Asesor del LABI el que determinará cuáles son las medidas concretas que se establecen para las fechas navideñas. «Todo lo dicho y escrito no pasan de ser propuestas o meras especulaciones, en muchos casos», ha manifestado.

VACUNAS

Respecto al inicio de la vacunación frente al coronavirus, ha recordado que tras la dispensación de las primeras vacunas en Reino Unido, ese momento «llegará también a Euskadi», aunque ha pedido «paciencia» a los ciudadanos.

En este sentido, ha afirmado que los comentarios que se puedan escuchar en estos momentos sobre las fechas o las cantidades de vacunas que llegarán al País Vasco no pasan de ser «simples propuestas de trabajo o especulaciones interesadas».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado el ‘Programa Misiones’ del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Entidad Pública Empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ya que permitirá «mejorar el futuro de todos y todas».

El ‘Programa Misiones’ es un programa de ayudas a empresas para el desarrollo de proyectos basados en cinco temáticas específicas (a las que se ha denominado «misiones»), similar al llevado a cabo por el nuevo programa de investigación e innovación de la UE para 2021-2027, Horizonte Europa, también enfocado a misiones. La primera convocatoria de este novedoso programa en España está a punto de finalizar.

«Tener este gran proyecto de país nos va a permitir estar más capacitados para participar en las grandes misiones europeas», ha destacado el presidente en un acto este miércoles desde el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) de Alcobendas (Madrid) para presentar el programa.

El programa está basado en cinco ámbitos de actuación: energía limpia; salud y envejecimiento; agroalimentación sostenible; nueva industria; y movilidad inteligente. «Nuestro país necesita todas estas revoluciones, transformaciones», ha expresado Sánchez.

La primera convocatoria de este «único y singular» ‘Programa Misiones’ se celebró el año pasado con un presupuesto de 95 millones. Se trata del «programa de I+D+I empresarial lanzado con mayor intensidad hasta nunca», ha destacado el presidente.

El programa permitirá atender los retos y necesidades de la sociedad española, pero a la vez, abordar «problemas endémicos», como son la colaboración público-privada o la suficiente capacidad tractora de grandes empresas españolas.

A «pocos días» de que se resuelva esta primera convocatoria del Programa, Sánchez ha celebrado su «acogida extraordinaria»: se han solicitado más de 400 millones de euros, han participado más de 600 empresas y unos 200 organismos y universidades, y se han presentado 28 consorcios. «El éxito de la convocatoria es muy rotunda», ha manifestado.

PARA QUÉ SIRVE EL PROGRAMA

Según Sánchez, el enfoque de misiones en España va a facilitar: el acceso a otra financiación europea; la modernización y la reforma «de una vez por todas» de la Administración Pública; la implicación, que tiene que ser «activa», de la ciudadanía en torno a los grandes retos de la política pública; multiplicar el impacto en la sociedad y en el medio ambiente del esfuerzo en ciencia e innovación; la creación de espacios de convergencia y de colaboración público-privada social; y «la construcción de una visión de proyecto de país que tiene que ser positiva, compartida, tangible».

Si bien, el presidente del Ejecutivo ha manifestado que en los próximos tres años, el Gobierno va a centrarse en la «verdadera misión de misiones», que consistirá en «promover confianza, estabilidad y unidad para mejorar España». «Queremos sumar voluntades, queremos que nuestra vida social sea mucho más constructiva, mucho más amable», ha dicho Sánchez, que reconoce que queda «trabajo por delante».

Asimismo, tal y como ha anunciado, el Gobierno va a extender el enfoque de las misiones, en las que participarán cada vez más Ministerios, con más instrumentos de compra pública. «Así, nuestro ecosistema innovador tendrá experiencia en la definición de objetivos de mejora en la colaboración de grandes proyectos multidisciplinares orientados», ha señalado.

INSPIRADAS EN LA MISIÓN APOLO XI

Durante el acto también ha intervenido el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quién ha recordado cómo las convocatorias enfocadas por misiones están inspiradas en la misión Apolo XI de la NASA, que permitió al ser humano pisar la Luna por primera vez en 1969.

Por eso, Sánchez confía en que estas convocatorias por misiones del CDTI, «van a sacar lo mejor de nuestra sociedad, van a desplegar todo nuestro talento para poder llegar a buen puerto», pues España «también tiene objetivos que alcanzar». De hecho, recuerda que «cada vez más países están adoptando los enfoques en torno a misiones» y un ejemplo de ello es la UE.

CaixaBank y Microsoft han reconocido a las mejores estudiantes de grados universitarios técnicos de España con los Premios WONNOW, que incluyen un premio de 10.000 euros a la alumna con mejor expediente académico y diez becas remuneradas para trabajar en CaixaBank, así como el acceso a un programa de ‘mentoring’ de Microsoft.

Los premios han sido entregados por el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y la presidenta de Microsoft España, Pilar López, en una ceremonia telemática, han informado en un comunicado este miércoles.

Con estos galardones, han querido resaltar la excelencia femenina en grados universitarios técnicos, animando a otras jóvenes a cursar estudios STEM –Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas–, fomentando la diversidad en un sector «con enormes oportunidades laborales y escasa presencia femenina».

Gortázar ha destacado que «es necesario impulsar la diversidad en el mundo académico y empresarial, y apoyar el desarrollo de las mujeres en profesiones clave en nuestra sociedad en el ámbito de las ciencias para hacer más inclusiva la transformación digital».

Por otro lado, la presidenta de Microsoft ha destacado que «la digitalización está dinamizando la economía, representa una enorme oportunidad y hace que la formación en STEM sea una prioridad en la que no tienen cabida las distinciones de género».

Y es que según datos de la red social LinkedIn, en los próximos cinco años se podrían crear en España más de dos millones de empleos relacionados con la tecnología, mientras que en España el porcentaje de graduados en estudios STEM se sitúa en el puesto 12 de toda la Unión Europea, con una diferencia de 17 puntos entre sexos.

PARTICIPAN 348 ALUMNAS

En esta edición, han participado 348 alumnas de 61 universidades de toda España, estudiantes de los últimos cursos de grados universitarios STEM, y se ha valorado su expediente académico, su currículum y sus méritos personales.

María Dolores Ardura, que ha estudiado el doble grado en Ingeniería Biomédica e Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación en la Universidad CEU San Pablo, ha logrado el premio al mejor expediente académico, dotado con 10.000 euros, y tendrá acceso a un programa de mentoring impartido por Microsoft España.

Entre las galardonadas destaca una estudiante de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): Helena Xicoy, que ha estudiado el grado en Ingeniería Informática en la UOC, otro en Biología Humana en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y un máster en Moléculas en la Universidad Radboud de Nijmegen.

La estudiante ha sido reconocida con una de las becas remuneradas para trabajar en CaixaBank y poder acceder al programa de ‘mentoring’ de Microsoft.

El Gobierno confía en que los gobernantes de la UE logren encontrar en el Consejo Europeo de este jueves y viernes una fórmula para que Polonia y Hungría desbloqueen la puesta en marcha del fondo europeo de recuperación post-Covid.

La fórmula en cuestión, en la que trabaja la presidencia alemana de la UE, giraría en torno a una declaración interpretativa, bien en un documento aparte o bien en las conclusiones del Consejo, para garantizar a los dos países que el reglamento que condiciona las ayudas al respeto del Estado de Derecho se va a «aplicar la manera más objetiva posible y no va a haber ningún tipo de sesgo», ha explicado el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba.

Según este responsable, las declaraciones que hizo este martes el primer ministro húngaro, Viktor Orban –afirmando que el acuerdo estaba «a un centímetro» de distancia– «dan sensación de que hay aproximación» y de que los líderes puedan alcanzar el acuerdo.

A ello se han sumado, este miércoles, unas declaraciones del viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, hablando ya de un acuerdo. González-Barba, que ha recibido esa información durante su comparecencia, ha dicho que aún estaba sin confirmar por la presidencia alemana y que si se confirmase sería una buena noticia para retirar los últimos escollos.

El objetivo es que Varsovia y Budapest voten a favor del marco financiero plurianual (MFF) y de la decisión de elevar los recursos propios para que la Comisión Europea pueda endeudarse en los mercados para recabar los fondos que se entregarán a los Estados. Ambos asuntos requieren unanimidad de los Estados miembros, no así el reglamento sobre Estado de Derecho en cuestión, que está aprobado por mayoría cualificada y está descartado que Polonia y Hungría vayan a apoyarlo.

González-Barba ha señalado que estos países siempre pueden optar por interponer recurso de anulación. También ha dejado claro que no preocupa en absoluto que la condicionalidad se pueda imponer a otros países: «en absoluto hay miedo, es una cosa que hacemos todos porque queremos todos un control suplementario del mantenimiento de Estado de Derecho».

El responsable español ha explicado que él mismo ha viajado en las últimas semanas tanto a Polonia como a Hungría para transmitir el mensaje de que el reglamento no se puede modificar, una iniciativa que el Gobierno adoptó porque ha estado muy implicado en lo relativo a este fondo y «no podía permanecer ajena a los últimos coletazos».

Según ha dicho, en todo momento ha estado informando a la presidencia alemana de la UE porque la intención es que quedase muy claro que «el Consejo no flaquea en absoluto» en su empeño de no «sacrificar» la defensa de los valores europeos por el interés del fondo.

A su modo de ver, el veto de Hungría y Polonia ha llevado a todos, ellos incluidos, a un «callejón sin salida», porque ambos países se beneficiarán del fondo y también son dos de los más beneficiados por los presupuestos ordinarios de la UE, que no pueden aprobarse sin su visto bueno.

NEGOCIACIONES PARA EL BREXIT

González-Barba también ha dicho mantener la «esperanza» de que haya un acuerdo entre Bruselas y Londres sobre la relación de ambos después del 31 de diciembre, aunque aún no hay acuerdo en tres ámbitos: los derechos pesqueros, las condiciones de competencia (lo que se conoce como ‘level playing field’) y la gobernanza del acuerdo. En concreto, ha confiado en una «solución razonable» para los pescadores que dependen de los caladeros británicos.

En este caso, ha mencionado como «señal positiva» hacia un acuerdo que este martes, en el Comité conjunto que supervisa el periodo de transición, Reino Unido se comprometió a eliminar tres cláusulas polémicas de su Ley de Mercado interior (las número 44, 45 y 47).

El Consejo Europeo tendrá sobre la mesa otros asuntos, entre ellos la lucha contra el cambio climático, la cooperación contra el terrorismo y la renovación de las prioridades de la agenda trasatlántica con vistas a la Administración Biden.

En este punto, el diputado de Vox José María Sánchez le ha afeado que, especialmente siendo diplomático, dé por hecha la victoria de Biden cuando aún está pendiente de recursos judiciales. El secretario de Estado le ha respondido que así lo han reconocido también todos los gobiernos europeos.

TURQUÍA

También estará sobre la mesa la relacion con Turquía, algo que, ha dicho, «no es una buena noticia», porque si es así es porque ha seguido habiendo «actos unilaterales» de delimitación marítima y de prospecciones gasísticas en áreas en disputa.

España, ha dicho, parte de la solidaridad con los socios europeos Grecia y Chipre y la exigencia de que se respeten sus aguas territoriales pero es partidario del diálogo tanto sobre la delimitación marítima como sobre la reunificación de Chipre. Eso, sin embargo, exige que cesen las actuaciones unilaterales turcas y las «descalificaciones personales» a líderes europeos.

A preguntas de distintos grupos sobre la posición de Turquía en el Mediterráneo y en el conflicto de Nagorno-Karabaj (Junts, Bildu, PNV), González-Barba, que fue él mismo embajador en Ankara hasta hace menos de un año, ha explicado los pormenores de la relación de la UE con este país, un «socio capital» para los europeos, con una numerosa comunidad de binacionales y numerosos vínculos económicos.

Por un lado, ha pedido distinguir la relación entre Estados de la «afinidad ideológica» que pueda exisitir entre gobiernos. Por otro, ha detallado que si la UE está valorando imponer sanciones a Turquía es exclusivamente por sus acciones en el Mediterráneo Oriental y no por su actitud en otros escenarios como el Cáucaso o Libia. En ellos, ha dicho, también intervienen otros actores y no se está planteando imponer sanciones.

Lo mismo sucede con lo que los diputados han llamado «deriva iliberal» de la autoridades turcas. Así, ha señalado que sobre este asunto la UE reaccionó congelando la candidatura turca a la UE en 2018.

El Juzgado de lo Penal 4 de Granada ha acogido este miércoles el juicio contra un hombre acusado de abandonar el año pasado a su perro atado con una cuerda en la calle a pleno sol y sin ningún tipo de comida ni agua, hechos por los que finalmente ha aceptado una pena de seis meses de prisión por un delito de maltrato animal y tres años de inhabilitación para la tenencia de animales.

El proceso ha sido promovido por la Asociación Animalista Peludísimos Granada, a raíz de que el perro, de raza Bull Terrier, fuera localizado el 6 de junio de 2019 atado a una baranda en la zona de Cartuja, según ha relatado a Europa Press el abogado del colectivo animalista, Aritz Toribio, del despacho Abogados Toribio.

El animal se encontraba atado con una cuerda sin protección de las inclemencias climáticas, sin ningún tipo de alimento ni agua. Presentaba una situación bastante crítica y ante su evidente abandono una de las personas que pasaba por allí informó a las autoridades y a la Residencia Canina Delagos, situada en Ventas de Huelma (Granada) para que se hiciesen cargo de él.

Sus heridas y cicatrices hacían pensar que podía haber sido maltratado y que no había recibido los cuidados básicos que un animal necesita. El colectivo puso los hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y, dado el estado físico del animal, pidió que se realizaran las actuaciones pertinentes para averiguar por qué se encontraba abandonado en ese lugar y en ese estado, ya que no se sabían cuánto tiempo llevaba allí.

El informe del veterinario que atendió al animal, de entre 4 y 6 años, concluyó que el perro se encontraba en un «estado lamentable de abandono, con problemas de desnutrición, y abandono sanitario», ya que no estaba al corriente de las vacunas ni de las desparasitaciones. De hecho, tenía heridas por una «infestación masiva de garrapatas», además de sufrir caída del pelo, tener la frecuencia cardiaca alterada y lesiones compatibles con mordidas.

La Fiscalía había solicitado para el dueño siete meses de prisión por un delito de maltrato animal que la Asociación Animalista Peludísimos Granada elevó a doce meses. Finalmente las partes han alcanzado un acuerdo por el que el acusado ha aceptado una pena de seis meses de cárcel y tres años de inhabilitación para la tenencia de animales, profesión, comercio u oficio relacionado con ellos.