El secretario de Estado de la Unión Europea, Juan González-Barba, ha saludado este martes en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea a la propuesta de la Comisión Europea de un Reglamento para el establecimiento de un certificado digital que favorezca el restablecimiento de la movilidad y ha abogado por avanzar en las negociaciones para hacer realidad esta iniciativa en el mes de junio, antes de la llegada del verano.

Durante su participación por videoconferencia en la reunión del Consejo, se ha felicitado por el inicio inmediato de los trabajos tanto jurídicos como logísticos para la puesta en marcha de esta iniciativa y ha subrayado la importancia de que las negociaciones avancen de la manera más ágil posible para que el certificado esté operativo en junio, antes de la campaña turística de verano.

La reunión ha servido para intercambiar puntos de vista sobre las medidas de coordinación para la lucha contra la pandemia y para el restablecimiento de la movilidad de cara al verano, así como para abordar la exportación de vacunas fuera de la UE y la donación de vacunas a países en desarrollo.

En este sentido, González Barba ha afirmado que España defiende todas las medidas que puedan ayudar a recuperar la movilidad y a la vez proteger la salud de los ciudadanos.

Los ministros de Asuntos Europeos han coincidido en que la gravedad de la situación exige una intensificación de los esfuerzos de producción, entrega y despliegue de las vacunas y la pertinencia de las actuales restricciones de viaje.

En el marco de la preparación de la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, los ministros también han abordado el funcionamiento del Mercado Interior y la importancia de la revisión de la política industrial de la UE, que la Comisión Europea presentará el próximo mes de abril, así como la transformación digital y la economía de datos y los esfuerzos en el marco europeo e internacional en materia de fiscalidad digital.

En este contexto, el secretario de Estado español ha insistido en la necesidad de identificar aquellas áreas relevantes para mejorar la autonomía estratégica de la UE.

Así, González-Barba ha subrayado que la transición digital no debe dejar a nadie atrás y ha recordado la importancia de desarrollar el Pilar Social de la UE, destacando la relevancia de la Cumbre Social de la UE que tendrá lugar en Oporto el próximo mes de mayo.

De cara la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa, ha recordado que ésta debe ser ante todo una Conferencia que aborde cuestiones de interés para la ciudadanía europea. Y, ha pedido también a las instituciones que se facilite al máximo la participación en las lenguas cooficiales de España en la plataforma digital multilingüe de la Conferencia.

Por último, junto con otros Estados miembros, ha lamentado la retirada de Turquía del Convenio de Estambul sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, lo que ha calificado como una mala noticia para la promoción y protección de los derechos de las mujeres tanto en Turquía como en el resto del mundo.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha criticado duramente la «decisión política» y «unilateral» del alcalde socialista de Palma de Mallorca, José Hila, de cambiar el nombre de calles de la ciudad alegando una simbología franquista, entre ellas la calle Toledo. Tras asegurar que es un paso «desafortunado e inoportuno», ha exigido explicaciones al regidor, al que ha acusado de «hurtar» un debate de este calado en el Pleno municipal.

El Ayuntamiento de Palma ha comenzado a ejecutar este martes el cambio de placas de calles y plazas para eliminar alusiones franquistas, empezando por la avenida Joan March, que pasa a llamarse ‘Avinguda del Gran i General Consell’, en recuerdo del máximo órgano del Reino de Mallorca.

Esta decisión supone además retirar las calles de tres almirantes del siglo XIX por «franquistas». En el caso de la calle Toledo se ha justificado el cambio argumentando que hace referencia a la batalla de la Guerra Civil en el asedio al Alcázar de Toledo.

«EN CRISIS EL PAÍS NO ESTÁ PARA GASTARSE 40.000 EUROS»

«Este cambio de calles es inoportuno y desafortunado. En un momento de crisis económica no está el país para gastarse más de 40.000 euros como parece que se van a gastar con el cambio de nomenclatura de calles».

Además, el dirigente del PP ha subrayado que, aparte del gasto para las entidades públicas, ocasionará un «perjuicio a los comercios y a los residentes en esas calles si tienen locales comerciales», que les obligaría a «cambiar tarjetas, logotipos y páginas web». «Eso supone un gasto adicional para comercios y para propietarios», ha enfatizado, para aludir también a que eso afectará también al catastro o al pago de tributos.

Terol ha criticado especialmente que se decida cambiar el nombre de la calle Toledo, que ha sido «capital de este país durante muchos siglos y forma parte del patrimonio histórico de la humanidad según la Unesco». «Es un retraso cambiar de nombre esta calle», ha resaltado.

Aunque ha dicho que «parece» que se ha «rectificado a última hora» con esa calle, el dirigente del PP ha asegurado que esta «decisión política» afecta «gravemente al honor y al prestigio de una ciudad tan relevante en la historia como es Toledo».

SE HA «HURTADO» EL DEBATE

El responsable de Política Territorial del PP ha denunciado que se haya «hurtado» ese debate al Pleno del Ayuntamiento porque, según ha asegurado, ha sido una «decisión unilateral» del alcalde, «que lo ha hecho vía decreto».

«Un debate tan serio, como el cambio de la nomenclatura de calles que va a afectar a miles de vecinos en Palma, al final es una decisión que debe tomarse con la anuencia y el debate del Pleno municipal y se ha tomado unilateralmente por parte del alcalde socialista de la ciudad de Palma», ha resaltado.

Por eso, Terol ha solicitado al alcalde que ofrezca «explicaciones públicas y que someta el debate al Pleno», de forma que se posicionen los ciudadanos y los concejales elegidos por ellos ante una decisión que el PP considera «desafortunada e inoportuna».

La declaración del que fuera jefe de la Sección Operativa en la Comisaría General de Información (CGI) Constancio Riaño prevista para este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’, en el marco de la pieza separada en la que se investigan los encargos del BBVA al comisario José Manuel Villarejo, ha quedado suspendida sin fecha.

El ex inspector de la Comisaría General de Información había sido citado este miércoles en calidad de investigado por un presunto delito de revelación de secretos. También estaban citados como imputados otros dos policías, José María Serrano Ydigoras y Manuel Novoa Martínez.

Riaño ya confirmó en 2019 en la Audiencia Nacional que proporcionaba datos privados de terceros al ‘clan’ del comisario Villarejo por orden del entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el también investigado en la causa Enrique García Castaño. En concreto declaró por esas búsquedas en bases policiales al margen del cauce oficial y para el encargo del bufete de abogados Herrero y Asociados –pieza número 2 de la macrocausa denominada ‘Iron’–.

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción solicita para este ex inspector de Policía Nacional 50 años de prisión por su implicación en ‘Iron’. Así, será juzgado junto a Villarejo y otros encausados a partir del 13 de octubre en la vista oral que acumula tres piezas separadas (Iron, Land y Pintor).

LOS POLICÍAS NO SABÍAN QUE TRABAJABAN PARA VILLAREJO

Cabe recordar que el pasado 11 de marzo declararon hasta cuatro mandos policiales ya, investigados también por su supuesta participación en hechos constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y delitos de cohecho. Todos coincidieron en afirmar que no sabían que la información que extraían de programas policiales iba destinada al comisario Villarejo.

Según fuentes jurídicas presentes en su declaración, sostuvieron que ellos sólo extraían información que les demandaban sus superiores por escrito, y que esas órdenes no eran verbales. Apuntaron que pensaban que se trataba de asuntos normales de la Policía.

En un auto con fecha de 22 de febrero el magistrado que investiga los contratos del BBVA con el comisario jubilado imputaba a estos policías, un inspector jefe, un subinspector y dos oficiales. A la par, ordenaba a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que aportara la identificación de la persona que desde una concreta dirección IP ubicada en la Comisaría General de Información (CGI) en marzo de 2015 realizó una consulta sobre personas de interés policial con el dato ‘Smolnikov’ en los ficheros y aplicaciones Argos, Atlas Sidenpol y Objetos.

El magistrado recordaba que en los encargos realizados por el comisario se llevaron a cabo injerencias en los derechos fundamentales de determinadas personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos o acceso a cuentas bancarias. Subrayaba que los informes que entregó Villarejo a BBVA incorporaban «una ingente cantidad de datos personales relativos a las personas objeto de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de las diferentes ficheros y aplicaciones policiales».

Ciudadanos, ERC, Junts per Catalunya y Compromís en el Senado han tachado de «paripé» y de «falaz» el proceso llevado a cabo para la renovación del Consejo de Administración de RTVE tras la publicación de los miembros pactados por el Gobierno y el PP antes de su votación en la Cámara Alta.

El pasado 25 de febrero, el PSOE y el PP anunciaron que habían cerrado un acuerdo para renovar el Consejo de RTVE. Este anuncio se producía antes de que el Congreso y el Senado votasen a los vocales que les corresponde designar.

La Cámara Baja eligió a José Manuel Pérez Tornero, Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, Carmen Sastre, Jenaro Castro y Juan José Baños Loinaz, cuyos nombres habían sido pactados por el PSOE, Unidas Podemos, el PP y el PNV.

La votación de mañana en la Cámara Alta es también un mero formalismo ya que el Gobierno y el PP ya tienen seleccionados a los cuatro nombres que van a apoyar y que ya fueron publicados: Ramón Colom, Concepción Carmen Cascajosa, Roberto Lakidaín y Consuelo Aparicio Avendaño. En la votación, los candidatos necesitan contar con un apoyo de dos tercios de la Cámara (175 senadores).

En este escenario, el portavoz de ERC, Bernat Picornell, ha asegurado que su grupo apostó por el proceso de renovación «decididamente desde el principio» porque entiende que RTVE «debería responder más a criterios de profesionalidad que no a criterios políticos».

«Al final, lo que nos hemos encontrado es que los partidos de siempre –PP, PSOE, PNV y Unidas Podemos– se han repartido otra vez las sillas a la vieja usanza», ha manifestado, para después añadir que, aunque es «legítimo», el «espíritu del proceso no era acabar así».

EL CONCURSO PÚBLICO, «PERVERTIDO»

Por su parte, el senador de Ciudadanos en el Senado, Tomás Marcos, ha anunciado que su grupo no participará en la votación para la elección de los miembros del Consejo de Administración, como ya hizo en el Congreso, porque «otra vez se ha perdido una oportunidad.

«Tanto el PP, como el PSOE y Unidas Podemos han pervertido el sentido el concurso público para la elección de los máximos responsables de la Corporación», ha criticado Marcos, para después añadir que «varios de los consejeros que formarán parte del Consejo de Administración serán nombrados por su cercanía a determinadas posiciones políticas y no por sus méritos y capacidades, tal como demuestra la evaluación realizada por el Comité de Expertos» que llevó a cabo una primera selección de 20 nombres.

Desde Junts per Catalunya, su portavoz en el Senado, Josep Lluís Cleries, también ha adelantado que no votarán mañana ya que había una Comisión de Nombramientos para elegir a los vocales o proponer los miembros a ser elegidos, «pero en cambio en los periódicos» ya se sabía el resultado, lo que ha calificado de «paripé».

A su juicio, los pactos políticos para la elección de miembros son «legítimos», pero no considera «de recibo que, a través de los medios de comunicación«, ya se conozca «el resultado de un debate, de una votación de unas pruebas de idoneidad».

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha calificado el proceso de elección «totalmente falaz, donde las palabras nunca han acompañado a los hechos», que comenzó con la constitución de un comité de expertos que «fueron elegidos a dedo por algunos de los partidos políticos, expertos que carecían, en muchos casos, de las competencias profesionales necesarias para evaluar a los candidatos de una empresa pública altamente especializada».

Según ha señalado Mulet, «partiendo de esa base, la pregunta es qué podía salir mal. «Pues salió prácticamente todo mal, porque lo que comenzó en el ámbito de la política ha terminado también en el ámbito de la política, que era lo que se tenía que haber evitado y no se ha querido evitar», ha subrayado.

EL PP CRITICA LA GESTIÓN DE MATEO

El senador ‘popular’ Javier Lacalle ha reconocido que el proceso «se ha prolongado mucho más en el tiempo» de lo deseado y ha insistido en la postura del PP sobre la gestión realizada por la administradora única provisional, Rosa María Mateo.

«Ha sido un desastre, ha sido calamitoso, el resultado de la gestión de Televisión Española durante este tiempo con Rosa María Mateo al frente. Los datos hablan por si mismos», ha declarado, al tiempo que ha asegurado que el PP quiere dar «carpetazo, que se pueda proceder a terminar con esa provisionalidad» y que «algo pueda cambiar en el futuro con el nuevo Consejo».

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Miguel Ángel Vázquez ha recriminado al parlamentario del PP que haya defendido «con poca convicción» el acuerdo «necesario». «Le recomiendo que acompasen sus discursos a sus hechos para que sean creíbles como opción política con visión de Estado», ha replicado.

Vázquez ha apuntado que «el periodo de interinidad se ha extendido durante demasiado» por «un calendario electoral intenso», por la «complejidad» del propio sistema de elección y por el «bloqueo de algunos grupos políticos, entre ellos el Partido Popular, a la renovación de los órganos constitucionales o entre ellos el Consejo de RTVE». Además, ha agregado que la herencia de Mateo fue «envenenada» y le ha agradecido «su trabajo, su compromiso y su vocación» por RTVE.

El broche a este proceso de renovación iniciado en 2018 se pondrá el este jueves 25 de marzo en el Pleno del Congreso, según el orden del día aprobado por la Junta de Portavoces. Ese día se elegirá al presidente de entre los diez consejeros elegidos en las Cortes.

El candidato, conforme a lo pactado hace semanas, es José Manuel Pérez Tornero, periodista y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, que fue el quinto mejor puntuado en el concurso público para RTVE.

El PP volverá a intentar que el Congreso debate su propuesta de crear una comisión de investigación sobre casos de abusos a menores bajo tutela pública en centros de acogida, tanto en las Islas Baleares como en la Comunidad Valenciana. La decisión se ha tomado tras conocerse que la Audiencia de Valencia ha condenado a cinco años de prisión, por abusos continuados, al exmarido de Mónica Oltra, la líder de Compromís y vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana.

Así lo ha adelantado la portavoz de Igualdad del PP, Marga Prohens, quien considera «muy grave» esa sentencia y denuncia la «doble vara de medir» de los partidos del Gobierno de coalición, con víctimas «de primera y de segunda».

«SILENCIO ATRONADOR» DE LA IZQUIERDA

«Hay silencios que son atronadores –ha señalado– ¿Qué hizo Mónica Oltra para investigar estos hechos? ¿Por qué no ha hablado Iglesias, que es responsable nacional de políticas de Infancia? ¿Por qué está callando la ministra de Igualdad, Irene Montero?».

Así las cosas el PP piensa reactivar esa comisión de investigación que hace un año pidió junto con Ciudadanos para depurar las responsabilidades, «tanto por acción como por omisión», que la Administración General del Estado y las citadas comunidades pudieran tener en estos presuntos abusos a menores tuteladas.

En el texto registrado, que no llegó a debatirse en el Pleno, ambos partidos defendían la presentación de esta iniciativa en el Congreso ante el rechazo a la creación de comisiones de investigación en los parlamentos de dichas comunidades, donde gobiernan el PSOE con Unidas Podemos.

En su exposición de motivos, recogían los casos de agresión sexual sufridas por más de quince menores bajo tutela de un centro dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno balear, y la condena al educador Luis Eduardo Ramírez Icardi por abuso sexual de una menor en un centro de acogida.

En la solicitud, explicaban que comisión de investigación tendrá por finalidad investigar en un plazo de tres meses –que podría ser prorrogado– la gestión de los centros de menores tutelados ubicados en Balares y la Comunidad Valenciana, y formular las recomendaciones oportunas para evitar en el futuro situaciones similares.

El actual jefe de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha y ex jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de este cuerpo, Félix Antolín, ha negado absolutamente las acusaciones de acoso laboral por parte de un funcionario del cuerpo en el juicio iniciado este martes en la Audiencia Provincial de Guadalajara y que proseguirá a primera hora del próximo viernes.

Ese día continuará la vista en la Audiencia Provincial de Guadalajara contra el ex jefe de este cuerpo de élite ubicado en Guadalajara por parte del subinspector del GEO, B.G.M., cuya acusación pide para el jefe de la Policía en Castilla-La Mancha dos años de cárcel, petición que, tienen previsto mantener en sus conclusiones finales.

En su declaración en la vista, el querellante ha mantenido que hubo acoso, atribuyéndolo a través de su defensa a que los acusados entendieron que eso «era su cortijo y hacían lo que querían en él porque en vez de valorar los méritos se valoraba la fe ciega», han señalado. «Pensaban que estaban por encima del bien y del mal, que eso era su cortijo», han insistido.

La querella de B.G.M., funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, se formuló el 25 de mazo de 2015 por un delito de acoso laboral contra el que fuera comisario del GEO, pero también contra el inspector jefe y jefe operativo de este cuerpo de élite, A.C.A. –que sigue en el cargo–, entendiendo el querellante que, por orden de ambos, se le había apartado de todas y cada una de sus funciones desde el 24 de mayo de 2014 «sufriendo una situación humillante y discriminatoria», según el escrito de calificación.

No obstante, la Fiscalía entiende que procede la libre absolución de ambos querellados por considerar que los hechos que motivaron la querella no son constitutivos de ninguna infracción penal.

Lo que sí se ha visto en la sala en base a la declaración de diferentes testigos es que en el año 2014 el ambiente en el GEO no era el óptimo y ello motivó que, en varias ocasiones, se celebraran reuniones asamblearias en las que se llegó a pedir el relevo del jefe operativo de este grupo de élite.

A juicio de B.G.M., serían estas asambleas y las medallas que supuestamente solicitó un inspector que fue cesado en su momento lo que tomarían los querellados «como defensa para tapar su mala gestión», ha indicado, tras asegurar que si a él no le cesaron fue porque no podían porque tiene una plaza en concurso específico de méritos de la Administración.

Así, la querella presentada por B.G.M. es por «supuestas discrepancias de B.G.M. y otros compañeros con sus superiores, por una disconformidad con las propuestas realizadas por los superiores en relación a unas condecoraciones policiales», unos hechos que, según el escrito, llevaron a que entre B.G.M y los ahora querellados se perdiera la confianza mutua.

El hecho de que se celebre este juicio en la Audiencia Provincial de Guadalajara en vez de en los juzgados está motivado por la ley 2/86 de la Policía, que dice que al tratarse de unos mandos policiales en el ejercicio de sus funciones debe ser sustanciado en la Audiencia.

El PSOE ha aceptado tramitar en el Congreso la propuesta del PNV de reformar las sanciones por incumplir sentencias del Tribunal Constitucional y derogar la inhabilitación de cargos públicos contemplada en la ley que impulsó el Gobierno del PP en 2015. Pero la iniciativa del PNV incluye también derogar el recurso previo de inconstitucionalidad para reformas estatutarias, y esa parte los socialistas ya avisan que no van a asumirla.

De hecho, en el debate en el Pleno del Congreso el socialista Odón Elorza ha reprochado al PNV que dé «lecciones de constitucionalismo» cuando «no aman» la Carta Magna, mientras que el PP ha pedido al PSOE no caer «en la trampa del independentismo».

UNA REFORMA DE DOBLE FILO

El portavoz de Justicia e Interior del PNV, Mikel Legarda, ha sido el encargado de defender la proposición de ley con la que su partido busca derogar dos cambios introducidos en 2015 en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): el recurso previo contra las reformas estatutarias, aprobado por la entonces mayoría del PP con el apoyo del PSOE, y las potestades ejecutorias que permiten inhabilitar a los cargos públicos que incumplen las decisiones del TC, aprobada en solitario por el PP.

Legarda sostiene que ambos cambios suponen «una desnaturalización del modelo de justicia constitucional con negativas consecuencias al atribuir al TC unas responsabilidades que no le son propias». Según el parlamentario vasco, le arrogaron una «carga política» que desdibujó la función de «árbitro» que le otorga la Norma Fundamental como su máximo intérprete.

En el caso del recurso previo, que permite controlar la constitucionalidad de los proyectos de reforma de los estatutos autonómicos antes de que entren en vigor, Legarda ha denunciado que provoca tal «distorsión» en el sistema de relaciones entre los poderes del Estado que convierte al TC en una especie de «tercera cámara parlamentaria».

Y todo ello, ha recriminado, para posibilitar que «los responsables públicos puedan hacer dejación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el pacto los problemas políticos de fondo, permitiendo delegarlos en el alto tribunal», en un «solapamiento inadmisible» con el artículo 155 de la Constitución Española (CE), que encarga la solución de conflictos políticos a instancias políticas.

No obstante, Legarda ha reconocido que han presentado esta proposición de ley «con el ánimo de abrir un debate» sobre las reformas operadas en 2015 para «lograr un reequilibrio de los elementos en juego del modelo de justicia constitucional más acorde con una interpretación conjunta de la CE».

SIN «VETO» A LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA

La respuesta del PSOE la ha dado el diputado Odón Elorza, que ha expresado su apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley pero aclarando que los socialistas están «profundamente» en contra de derogar el recurso previo de constitucionalidad, si bien que están dispuestos a «recorrer el camino» para reformular la LOTC «en aquella parte en la que el PP se extralimitó dando poderes innecesarios» a la corte de garantías.

Elorza se ha mostrado muy crítico con los planteamientos del PNV, acusando a Legarda de dar «una lección de derecho constitucional dirigida a nacionalistas», «una lección interesada de la CE», y echándole en cara la contradicción que –a su juicio– supone que quieran eliminar el recurso previo pero mantener el control ‘a posteriori’ cuando es lo que provocó el «desaguisado tremendo» del ‘procès’.

«Mucho cuidado con dar lecciones de constitucionalismo», le ha dicho, afeando al PNV que «no aman la CE, no la defienden y no la han votado». A este respecto, ha preguntado a Legarda dónde estaban el 27 de octubre de 2017, cuando había una buena oportunidad de «defender la legalidad constitucional», para responder él mismo que «estaban votando en contra del 155».

Además, ha deslizado que la propuesta de derogación del recurso previo podría estar relacionada «con un referéndum del futuro quizá nuevo estatuto de autonomía para Euskadi», recordando en este sentido que en su momento el PNV acordó con Bildu celebrar «una consulta popular habilitante» entre la aprobación del mismo y su remisión a las Cortes Generales para «meter presión» a las cámaras, al TC o «a todos».

Sobre esto, Elorza ha querido enfatizar que el PSOE no interpreta el recurso previo como un «atajo» o un «veto» a la negociación política y, en consecuencia, no dejará de «dialogar» con País Vasco y otras comunidades autónomas sobre «el avance de su proceso de autogobierno dentro de los límites de la CE».

«Nosotros jugamos en la liga de la defensa de la democracia, la Constitución y del autogobierno de un país plural en el que, ojalá, podamos abordar una reforma constitucional en una línea federal o federalizante», ha sostenido, al tiempo que ha urgido al PNV a dejar claro que no juegan en la misma liga que Bildu o ERC.

Desde Unidas Podemos, la diputada Martina Velarde se ha mostrado en contra de las reformas de 2015 que, en su opinión, «situaron a España en el siglo pasado» con el objetivo de que el PP lograra el «control total» del Tribunal Constitucional para «utilizarlo contra los parlamentos autonómicos y criminalizar a los independentistas». Sin embargo, ha ironizado, el Partido Popular es el que más ha hecho por la causa independentista: «Con ustedes es cuando más cerca estuvimos de romperse España».

Desde las filas nacionalistas e independentistas, Junts, ERC, CUP, BNG y Bildu han apoyado la iniciativa legislativa y, en el caso de la diputada Merxte Aizpurua (Bildu), ha reiterado su invitación al PNV para que, ante la perspectiva de que «los tribunales puedan cepillarse un estatuto aprobado por la mayoría de los ciudadanos vascos», emprendan juntos «el camino democrático para escuchar lo que quieren en su futuro, para respetarlo y para hacerlo realidad».

PP, VOX Y CIUDADANOS, EN CONTRA

En el extremo contrario, el diputado ‘popular’ Jaime de Olano ha rechazado la proposición de ley esgrimiendo que «el sistema constitucional del 78 está hoy igual de amenazado que en 2015». «Poco han cambiado las cosas desde aquel otoño de 2015 hasta ahora, más al contrario, el devenir del tiempo y la actuación de algunos en Cataluña han demostrado la certeza de aquellas reformas», ha defendido.

De Olano ha advertido al PSOE en contra de caer en la «trampa del independentismo», reivindicando que las reformas de 2015 otorgan una «seguridad jurídica» que «incomoda» a quienes pretenden «mantener el enfrentamiento político porque viven de esa victimización que tanto necesitan para no dejar al descubierto sus mentiras (…): la entelequia de la independencia de una parte del territorio nacional».

En la misma línea, Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha explicado que el recurso previo trata de evitar un «choque de legitimidades» entre los poderes del Estado que es el que explotaría la «propaganda independentista con una idea falaz», señalando igualmente a la «mentira» de que «la soberanía no corresponde al pueblo español en su totalidad sino a un territorio». Frente a ello, ha recalcado, está la «garantía» del TC.

El diputado de Vox José María Sánchez también ha entendido que la propuesta del PNV es «contraria a la unidad nacional» y ha aprovechado para defender una propuesta anterior de Vox para extender el recurso previo a todas las leyes orgánicas, no solo a los estatutos de autonomía.

La directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, el coordinador autonómico de Podemos en la región, Jesús Santos, y la coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra, o el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) Julio Rodríguez acompañarán al vicepresidente Pablo Iglesias en su candidatura para las elecciones en la Comunidad de Madrid.

Estos son algunos de los nombres que figuran en la candidatura del líder de Podemos para las primarias internas para estos comicios, según ha adelantado ‘eldiario.es’. Hoy a las 23.59, una vez estén avalados sus integrantes, los representantes de cada lista deberán registrar la misma en el formulario que publicará el partido.

Mañana se publicarán las candidaturas, abriendo también en plazo de campaña para que los aspirantes expongan su proyecto. Los días 26 y 27 tendrán lugar las votaciones telemáticas y el 28 de este mes se publicarán los resultados.

El nombre de Serra figuraba en todas las quinielas para acompañar a Iglesias y cuya situación judicial, pendiente del recurso del Supremo a la condena de inhabilitación distada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que participó en unos altercados durante un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014, desencadenó el paso adelante del paso adelante del vicepresidente como candidato.

En el caso de Gimeno ya fue diputada en la Asamblea de Madrid antes de dar el salto a este órgano adscrito al Ministerio de Igualdad, con lo que ahora se perfila para regresar a la política madrileña.

Mientras, Santos es concejal en el Ayuntamiento de Alcorcón y hombre de total confianza de Iglesias en la región. De hecho, compartió con él y Serra sus planes para dejar el Ejecutivo y concurrir como candidato para potenciar las posibilidades electorales de Podemos de cara a estos comicios.

Respecto a Rodríguez, que actualmente forma parte del gabinete de Iglesias en la Vicepresidencia, ya intentó su paso a la política municipal de Madrid al presentarse a liderar Podemos en la capital y formar parte de la candidatura al Ayuntamiento en las pasadas elecciones.

Sin embargo, la ruptura con la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que fraguó una alianza con Más Madrid de la mano del ahora diputado Íñigo Errejón, desencadenó que Podemos no concurriera a las elecciones municipales de la capital en 2019.

ALEJANDRA JACINTO

Además, hoy ha transcendido que la abogada y activista por el Derecho a la Vivienda, Alejandra Jacinto, concurrirá en un puesto destacado como candidata independiente en la lista de Unidas podemos a las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, que liderará el aún vicepresidente segundo Pablo Iglesias.

Una vez que finalice el proceso de primarias interno en Podemos e IU, la lista conjunta reservará un puesto también, que será alto, para Jacinto como representante de la sociedad civil, en este caso de colectivos en favor de mejorar el derecho a la vivienda.

El aún vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que se presentará a las elecciones para la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha criticado, durante su última intervención en el Senado, a quienes «pisotean las leyes para destruir servicios públicos y machacar a las personas dependientes».

«En mi experiencia de Gobierno podría decir que todas las CCAA menos una han sido leales al asumir el desafío de la pandemia, todas menos la Comunidad de Madrid, y esto no es un problema solo de los madrileños sino del conjunto de ciudadanos del Estado. Y creo que en una cámara de representación territorial como el Senado tenemos que hacer esta reflexión: No se puede consentir que algunos piensen que se pueden pisotear las leyes para destruir los servicios públicos, los derechos sociales y para machacar a las personas dependientes», ha subrayado Iglesias.

Durante su intervención, Iglesias ha afirmado que el Plan de Choque en Dependencia aprobado por el Gobierno con las CCAA y firmado con patronales y sindicatos, ha ido «todo lo lejos» que han podido conseguir y ha añadido que con él, pretenden llegar a todos los ciudadanos porque «la dependencia es un problema del que se puede hablar en euskera, castellano, gallego o catalán».

«Se trata de solventar con colaboración institucional, voluntad política y fondos públicos, un problema que sufren diariamente ciudadanos que se expresan y sienten en lenguas diferentes, porque la Dependencia es un problema del que se puede hablar en euskera, en castellano, en catalán, en gallego, y que se puede declinar con muchas tonalidades distintas pero que requiere que todas las administraciones nos pongamos de acuerdo incluso aunque haya diferencias sobre cómo se tienen que organizar las competencias», ha explicado.

Así lo ha indicado en respuesta a la interpelación de la senadora del PNV Nerea Ahedo, que le ha preguntado sobre «si el Gobierno considera que el Plan de Choque en Dependencia presentado por el Ministerio es un instrumento suficiente para dar cumplimiento a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia».

Ahedo considera que el Plan es «necesario» pero lo ha calificado de «parche» y ha advertido de que es «una clara invasión competencial» por el nivel de detalle al que llega al hablar de objetivos, medios o indicadores.

«Dan la solución de siempre: café para todos, cuando la situación de partida es diferente. Hablan de un plan de reducción de listas de espera, pero es que hay CCAA donde la lista de espera es de 120 días y otras de 900, de tener que esperar cuatro meses a tres años, sobre todo en una situación de dependencia, creo que las soluciones no pueden ser las mismas», ha precisado Ahedo.

También le preocupa a su grupo que, al igual que ocurrió hace 14 años con la ley de dependencia, se generen expectativas con este plan de choque y luego «no se cumplan».

«Esta ley se merece un impulso mayor que solo este plan, se le debe a las personas con el derecho reconocido. Me habría gustado que, aprovechando su paso por el Ministerio, hubiera sido un poquito más ambicioso», ha apelado Ahedo.

Iglesias ha comenzado su respuesta recordando que esta es su última intervención en el Senado y se ha despedido dando «las gracias a todos» los senadores, «también a las bancadas que abuchean». «Ha sido un honor debatir con ustedes», ha asegurado.

Iglesias se ha mostrado de acuerdo con la senadora del PNV en que el «café para todos cuando hay realidades diferentes, no siempre es lo más eficaz» pero ha puesto de relieve que el «apoyo» que han recibido de «territorios de diferente signo político, expresa el alcance del plan».

«Es un cambio de paradigma que me gustaría que fuera más lejos pero va todo lo lejos que hemos podido conseguir», ha subrayado el aún vicepresidente segundo del Gobierno.

El punto de partida del plan es, según ha precisado, «revertir en un solo presupuesto los recortes» con un aumento de 600 millones de euros en los Presupuestos Generales de 2021, con incrementos hasta 2023. Además, ha enumerado los principales objetivos: reducir las listas de espera de la Dependencia, asegurar unas condiciones laborales adecuadas que acaben con «los niveles de precariedad absolutamente escandalosos» e implementar mejoras en los servicios y prestaciones.

El plan prevé asimismo que a finales de 2022 todas las personas dependientes que estén en su domicilio reciban teleasistencia y además, este año se va a regular la figura del asistente personal que está «poco y desigualmente desarrollada».

Para Iglesias, la firma de este plan supone haber «cumplido uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno, en una situación tan complicada» como la que atraviesa el país debido a la pandemia de la Covid-19.

«Creo que hemos logrado –y las cosas son siempre mejorables–, ofrecer certezas a la ciudadanía de que cumplimos lo que acordamos. Aquí, no me canso de decirlo, quedan más cosas por cumplir, también tendremos que cumplir lo que firmamos el presidente del Gobierno y yo en lo que se refiere a la vivienda y creernos de una vez el artículo 47 de la Constitución», ha insistido.

El Pleno del Senado dará luz verde este miércoles a la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos para impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato, con lo que quedará aprobada definitivamente, restando solo su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que los cambios surtan efecto.

Se espera que el Pleno mantenga las posiciones manifestadas el lunes en la Comisión de Justicia, que confirmó el texto procedente del Congreso de los Diputados al rechazar los vetos de PP y Vox y las enmiendas de los ‘populares’.

La propuesta de los socios de Gobierno comenzó su andadura el pasado mes de diciembre y, tras una tramitación urgente en ambas cámaras, podría estar plenamente operativa en apenas unos días con su publicación en el BOE.

Durante la Comisión de Justicia, el senador socialista José María Oleaga volvió a defender que la reforma «trae causa de un problema que ha generado el PP» por no pactar la renovación del actual CGPJ, que lleva pendiente más de dos años, acusando a los ‘populares’ de plantear «un desafío legal y constitucional» que ha provocado «una distorsión en el funcionamiento de la administración de justicia».

Por su parte, el senador del PP Fernando de Rosa reiteró que esta proposición de ley es un ataque a la independencia judicial. «Asistimos a un asalto al CGPJ que no tiene justificación en un Estado de Derecho pleno», dijo, expresando una posición que comparten Vox y Ciudadanos.

LLENAR UNA «LAGUNA JURÍDICA»

El objetivo de la reforma, según el texto de la iniciativa legislativa, es «establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación».

Para Podemos y PSOE, el hecho de que la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no regule las funciones de un CGPJ caducado es una «laguna jurídica» que «constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido».

En concreto, proponen que un CGPJ vencido no pueda nombrar presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, entre otros cargos de la cúpula judicial. En cambio, plantean que conserve «aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante» para evitar la «parálisis» de la Justicia.

El PSOE y Unidas Podemos presentaron esta reforma, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaban reducir a mayoría absoluta los 3/5 que exige la ley vigente para renovar el CGPJ, todo ello como alternativa a la negativa del PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

SIN ACUERDO PARA LA RENOVACIÓN

En febrero, PSOE y PP retomaron las negociaciones para elegir a los nuevos vocales del CGPJ, pero naufragaron, esta vez, por el veto de los ‘populares’ a los dos candidatos impulsados por Unidas Podemos, los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada. Desde entonces, no se han conocido progresos.

En estos más de dos años de interinidad, el CGPJ ha seguido adelante con las designaciones de jueces y magistrados, si bien en el orden del día de su Pleno del jueves no incluirá los cuatro nombramientos en el Tribunal Supremo que quedaron pendientes tras el extraordinario del pasado 4 de marzo, entre otras razones, debido a la inminente aprobación de la reforma, según han señalado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Europa Press.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, decidió inicialmente no incluir la designación de vacantes en el Pleno ordinario de este mes, dadas las noticias que auguraban un acuerdo entre socialistas y ‘populares’ para renovar el órgano constitucional. Las fuentes consultadas han indicado que no parece que esto pueda volver a repetirse, tanto por la reforma de la LOPJ como por la situación política con la cita electoral en la Comunidad de Madrid, que parecen alejar aún más el acuerdo.

El vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Unidas Podemos en las autonómicas de Madrid, Pablo Iglesias, dejará el Ejecutivo la semana que viene –antes de lo que tenía previsto– y participará en su último Consejo de Ministros el próximo martes, para cumplir con la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid, que considera «ineligibles» a los candidatos que sean miembros del Gobierno estatal una vez que se presenten las listas electorales.

Él mismo ha reconocido, a su salida de del Pleno del Senado, que el del martes será «probablemente» su último Consejo de Ministros, al ser preguntado por los periodistas sobre el contenido de la citada norma. Según esta ley, para poder ser candidato, Iglesias debe dejar el Gobierno un día antes de que se registren las candidaturas; plazo que expira el próximo miércoles 31 de marzo.

La dimisión del líder de Podemos la próxima semana precipitará a su vez la segunda remodelación del Gobierno que debe acometer el presidente, Pedro Sánchez, desde que se conformó la coalición en enero del año pasado. El traspaso de carteras se producirá ese mismo martes o, más tardar, el miércoles.

En esta ocasión, los cambios consistirán en que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasará a ser vicepresidenta, convirtiéndose en la principal interlocutora de Unidas Podemos dentro del Gobierno. No obstante, ya no ocupará la vicepresidencia segunda, como Iglesias, sino la tercera, para no quedar por encima de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ahora será la segunda vicepresidenta.

Además, está previsto que entre en el Gobierno, como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la actual secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, una de las principales dirigentes de Unidas Podemos, y de las más críticas con las reticencias del PSOE a aceptar las propuestas de los ‘morados’ y, en concreto, con la ministra de Defensa, Margarita Robles.

IGLESIAS QUERÍA SEGUIR HASTA MEDIADOS DE ABRIL

El contenido de la ley electoral madrileña norma alterar los planes que en un principio tenía Iglesias de seguir en el Gobierno un mes más y dejar su cargo de vicepresidente a mediados de abril, justo antes de que arrancara la campaña electoral.

En una entrevista en Telecinco, Iglesias comentó que dejaría el escaño en un momento simbólico, si bien no concretó cuándo tenía pensado hacerlo. «Cada cosa a su tiempo», apuntó cuando se le preguntó si barajaba hacerlo el 14 de abril, que es el aniversario de la proclamación de la II República de 1931.

Iglesias ha aprovechado su intervención en el Pleno del Senado de este martes, en respuesta a una interpelación del PNV, para señalar que era su «última intervención» en esta cámara, y para dar las gracias a todos, también a la bancada que le «abuchea», tras lo cual ha recibido el aplauso de parte del hemiciclo. «Ha sido un honor debatir con ustedes, tanto desde la bancada del Gobierno como compareciendo en comisión. He aprendido de todos ustedes», ha apostillado.

El vicepresidente, que anunció justo hace una semana su decisión de dejar el Gobierno y saltar a la política madrileña, se había marcado como objetivo que su último mes en el Ejecutivo sirviera para dejar encarrillad la ley de vivienda, la ley trans o algunos aspectos de la derogación de la reforma laboral; cuestiones todas con las que Unidas Podemos mantiene importantes discrepancias con el PSOE.

En concreto, el artículo tercero de la normativa electoral madrileña establece que la calificación de «ineligible» para los comicios procederá en una serie de supuestos. En el apartado segundo, figura específicamente que esa condición rige para «el presidente y los miembros del Gobierno de la nación», así como sus «secretarios de Estado».

Desde el sector socialista del Gobierno han evitado entrar a comentar los tiempos que manejaba Iglesias para dar este paso, y han asegurado que el hecho de que la salida del líder ‘morado’ se produzca antes o después no va a influir en la acción del Ejecutivo, según las fuentes consultadas.

A este respecto, estas fuentes han explicado que Iglesias no participa directamente en las negociaciones sobre los temas concretos y que creen que va a seguir teniendo la última palabra sobre la postura que adopten los ‘morados’ aunque ya no esté en el Gobierno, por lo que el resultado será el mismo.

Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han exigido este martes al Gobierno central la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el Real Decreto sobre medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19.

En un comunicado conjunto, los consejeros de Hacienda de cinco gobiernos regionales y de la Ciudad Autónoma de Ceuta han reclamado la reunión «con la máxima urgencia» del CPFF, en el que están representados el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas, para abordar una modificación de este decreto y la situación de la lucha contra los efectos de la pandemia en las empresas y autónomos.

Los responsables de Hacienda de Galicia, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Ceuta han denunciado el «menosprecio» hacia los gobiernos regionales por parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, al que acusan de actuar de manera «unilateral» y con «deslealtad institucional».

En este sentido, reprochan al Ejecutivo que haya encomendado a las Comunidades Autónomas la gestión de buena parte del Fondo de Ayudas directas a empresas «sin consensuar previamente» con ellas y sin darles «la opción de decidir conjuntamente los criterios de reparto», además de censurar que se hayan enterado de ello por el Boletín Oficial del Estados (BOE).

«Unos criterios impuestos sin diálogo, que benefician a los de siempre, y que entendemos resultan poco razonables, puesto que se aplican sin tener en cuenta el número y las circunstancias de las empresas a apoyar en cada territorio», lamentan los seis consejeros, que critican que se imponga a las Comunidades Autónomas la obligación de gestionar «ayudas que entrañan una gran complejidad y deja muchas incógnitas sobre la mesa y actividades productivas sin atender».

En la misma línea, han subrayado que se trata de un «nuevo episodio de deslealtad institucional del Gobierno» al «dejar de lado» a los gobiernos regionales «en las decisiones más trascendentes». El Ejecutivo, han señalado, demuestras así «que su concepto de co-gobernanza es un diálogo de sordos, en el que se adoptan las decisiones por parte del Estado de forma unilateral».

Los consejeros del PP han abundado en las críticas por esta «decisión desleal y sin consenso» que se suma a la falta de transparencia y diálogo en la gestión de los fondos de Recuperación, la falta de claridad sobre la ejecución de Next Generation o la ausencia de información sobre el Fondo COVID 2021.

La economía española se desangra como consecuencia de la crisis por la COVID y de la desacertada política que está imponiendo el Gobierno de España, dejando sistemáticamente a los gobiernos autonómicos fuera de cualquier coordinación. El PIB del primer trimestre, tal y como apuntan los análisis presentados por la AIREF y otros organismos, no solo no recogerá una mejora de la producción sino que se situará en terreno negativo», han argumentado.

Por todo ello y ante las condiciones «impuestas» y que no han sido explicadas sobre la gestión del fondo de ayudas directas a las empresas, los consejeros han exigido «que se haga un uso democrático de las instituciones» y se convoque el Consejo de Política Fiscal yFinanciera.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha recordado la figura de Francisco Largo Caballero, «un líder verdadero» que tuvo «la conexión con los trabajadores», y al que se le debe «seguir honrando su memoria y hacer frente a quienes intentan denostarla».

Calvo ha señalado el coste que supuso el compromiso político y social del líder sindical y ex presidente del Gobierno en la II República entre 1936 y 1937. «Lo pagó tan caro como el exilio, la represión, el campo de concentración y el sinfín de sufrimientos que compartió con tantos compatriotas que tuvieron que huir de una dictadura que les negó, incluso, la nacionalidad», ha dicho la número dos del Ejecutivo.

La vicepresidenta primera ha destacado que «la figura de Largo Caballero es una con la que nos podemos seguir identificando». Su defensa de la clase trabajadora, ha resaltado, es «la mejor manera de estar y de participar en un país en ebullición, llegando incluso a la Presidencia del Gobierno», un compromiso con el que «acertaba en lo que luego ha sido la construcción del S.XX y S.XXI».

«Por eso le debemos honrar y le debemos agradecer todas y cada una de las piezas maestras que pudo dejar puestas desde su condición de sindicalista y en los puestos en la administración pública en los cargos que ejerció», ha subrayado Calvo.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha intervenido en un vídeo en el homenaje a Francisco Largo Caballero en el 75 aniversario de su fallecimiento en el exilio, «por lo que significa para la memoria democrática de nuestro país».

En el homenaje del que fue secretario general de la UGT y presidente del Gobierno en la II República –organizado por la Fundación Francisco largo Caballero y la UGT– han intervenido también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez; la senadora y presidenta del PSOE, Cristina Narbona; así como la historiadora Manuela Aroca; el presidente de la Fundación Francisco Largo Caballero, Sebastián Pacheco, y Sonia Largo, nieta de Largo Caballero.

Carmen Calvo ha subrayado la importancia de «recuperar las figuras que nos han traído hasta esta democracia absolutamente vinculada con el Estado del Bienestar, con los derechos y con la igualdad». «Es muy difícil entender a estos personajes tan inmensos de nuestra historia con los criterios el presente», ha dicho sobre Largo Caballero.

«Pero Francisco, Largo Caballero lo resiste muy bien. Cuando habla de la revolución de cada día, está acertando plenamente», ha asegurado Calvo, cuando se refiere a «seguir avanzando en reformas que no pueden dejar de pisar la realidad».

«La historia está llena de revoluciones fallidas, pero la historia no tiene ni un solo fallo en quienes apostaron de manera certera en transformar la realidad con la ponderación e inteligencia con lo que lo hizo Francisco Largo Caballero», ha concluido Carmen Calvo.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha admitido este martes que ahora no hay las condiciones necesarias para cerrar un acuerdo político de legislatura con ERC suficientemente sólido, pero ha confiado en que pueda producirse durante «los próximos días o semanas».

«Estamos convencidos de que no hay nada que impida un acuerdo de legislatura durante los próximos días o semanas. Se necesita voluntad política y generosidad al conjunto del independentismo, también en Junts, para hacer este acuerdo de legislatura posible», ha sostenido en la conferencia que ha pronunciado bajo el título de ‘Un Govern para hacer, un Govern para ser’, a la que ha asistido el vicepresidente en funciones y candidato de ERC, Pere Aragonès.

Esta conferencia se ha producido horas después de que ERC y la CUP hayan publicado su preacuerdo, que da dos años de margen a la mesa de diálogo, subordina el Consell per la República a una mesa de coordinación de la estrategia independentista, e incluye medidas económicas y sociales como una banca pública, una energética pública y un plan piloto de una renta básica universal, entre otras cuestiones.

Según Sànchez, le gustaría asegurar que hay un acuerdo político con los republicanos para encarar la reactivación económica y social de Cataluña, y para aprovechar que el hecho de que el independentismo superara el 50% de los votos se derive en actuaciones políticas para resolver el conflicto catalán: «Me gustaría decir que sí existe, pero ahora esto no es posible».

Sin embargo, ve posible revertir este posicionamiento para «no volver a caer en experiencias ya vividas de desencuentros, delealtades y tensiones permanentes que debiliten la mayoría electoral, la autoridad del Govern y su presidente, que decepcione y desoriente al electorado, y afecte a la gestión del Govern y, en consecuencia, el Parlament».

«Nada nos gustará más que seas presidente, sea en unos días o en unas semanas», ha asegurado dirigiéndose a Aragonès, y ha dejado claro que Junts no especulará con la posibilidad de celebrar nuevas elecciones, tampoco propondrá un candidato ni condicionará quién debe ser el candidato de ERC.

El objetivo de Junts, ha afirmado, es que Cataluña disponga de un Govern «fuerte, con capacidad de liderazgo» y determinado a afrontar la crisis económica y social así como a resolver el conflicto político a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación.

ACUERDO DE LEGISLATURA

Tras advertir de que el independentismo no puede desaprovechar esta legislatura, ha defendido la necesidad de cerrar un acuerdo de legislatura y no sólo de investidura en pro de la estabilidad y del liderazgo que, a su juicio, se necesita: «La gravedad del momento requiere acuerdos de fondo, sólidos, de gobernabilidad efectiva, no compromisos vacíos de contenido, ni menos aún avales a ciegas. Un Govern de coalición requiere de confianza entre los socios desde el primer hasta el último día»

«Si nos comprometemos, será para toda la legislatura, para los próximos cuatro años», ha recalcado Sànchez, que ha asegurado que todos han aprendido de los errores cometidos, y ha recordado las tensiones que sufrió Pasqual Maragall durante el primer tripartito, al que se compara con el ‘Dragon Khan’.

«No queremos que el próximo Govern sea un Vietnam», ha apostillado el secretario general de Junts, y ha advertido de que avanzar en la autodeterminación sólo será posible desde la unidad estratégica de los actores políticos y sociales del independentismo, algo que están intentando.

En este sentido, ha defendido que el Consell per la República (CxRep), que preside el expresidente Carles Puigdemont, debe liderar el nuevo «embate» contra el Estado porque, en su opinión, es imprescindible el impulso de una dirección política compartida para generar consensos entre el independentismo y para definir la estrategia a seguir en todos los ámbitos.

CRÍTICAS AL PSOE

Pese a todo, se ha mostrado dispuesto a dar «una oportunidad, sincera y leal, a la actual mesa de diálogo» que defiende ERC con la voluntad de sumar, pero ha insistido en mostrar su escepticismo al respecto, y más después de que este mismo martes el PSOE haya rechazado poder debatir la ley de amnistía impulsada por las fuerzas independentistas.

«Pese a admitir la existencia de un conflicto político, el PSOE no ha hecho ninguna propuesta para resolverlo, se ha mantenido de forma persistente en el no a todo», ha lamentado Sànchez, que ha evitado hablar del papel de Podemos y los comuns, socios del PSOE en el Gobierno central.

Así, Sànchez ha asegurado a ERC que serán «sinceramente leales» en la voluntad de ganar un espacio de negociación con el Estado, aunque ha advertido de que no son ingenuos y que la credibilidad de la mesa de diálogo no puede ser eterna, por lo que proponen establecer criterios para evaluar los posibles avances que pueda haber.

OTROS ÁMBITOS

También ha criticado que haya quien acuse a Junts de no preocuparse por las urgencias sociales y económicas de Cataluña, y ha explicado algunas de las iniciativas que quieren impulsar como un plan de reapertura segura que refuerce la prevención, un pacto nacional por la industria, y la necesidad de que el Govern lidere la gestión de los fondos europeos.

En el ámbito lingüístico, quieren garantizar que se pueda vivir plenamente y normalmente en catalán, y también impulsarán el consenso para aprobar una ley del tercer sector así como afrontar crisis como el paro juvenil y la necesidad de regular el mercado del alquiler «defendiendo la actuación legislativa del Parlament en esta materia».

El PSOE, Unidas Podemos y los partidos que apoyan al Gobierno han recriminado este martes al PP que quiera que el Pleno del Congreso condene el comunismo, pero no la dictadura franquista, y le han avisado del riesgo que supone «banalizar el nazismo».

El debate ha tenido lugar en el hemiciclo a raíz de una proposición no de ley del PP, que se votará este jueves, y que busca que la Cámara inste al Gobierno a condenar el «totalitarismo comunista», poniéndolo al mismo nivel que el «totalitarismo nazi», un texto que ya fue rechazado el pasado mes de noviembre en la Comisión Constitucional, pero que los ‘populares’ han decidido resucitar para el Pleno al albur de la precampaña electoral madrileña.

En este contexto, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha planteado la iniciativa como una «segunda oportunidad» para que PSOE, Podemos, ERC, PNV, Bildu y el Grupo Plural se «retracten» y muestren una «repulsa unánime del totalitarismo y los regímenes autoritarios de toda calaña», incluidos los que, a su juicio, «torturan y mortifican» aún hoy, por ejemplo, al pueblo venezolano.

Así, les ha instado a dar la espalda «la polarización de los extremos» y a «recuperar el espíritu de la Transición sin revisionismos ni tergiversaciones» y ha cargado contra la «permisividad moral» con el totalitarismo comunista que, a su juicio, practica «la progresía sin fronteras».

En su réplica, el secretario general del PCE y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha asegurado que la iniciativa del PP queda «desautorizada» cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que «el fascismo es el lado bueno de la historia» y ha añadido que «al banalizar el mal y los crímenes contra la humanidad del nazifascimo», los de Pablo Casado se convierten en sus «cómplices».

POLÍTICA DEL ODIO

Además, ha reivindicado la lucha del PCE contra la dictadura. «Mientras Fraga firmaba la condena a muerte de Julián Grimau, nosotros impulsamos el pacto constitucional y dimos apoyo a esa Constitución que tanto les costó aceptar», ha restregado a Gamarra.»Que les hayamos perdonado no les da ninguna autoridad moral para descalificar lo que ha representado y representa el PCE, no vuelvan a hacer política con el odio y el enfrentamiento», ha reclamado Santiago.

El líder del PCE y el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Simancas, se han preguntado si el siguiente paso del PP será pedir la «ilegalización» no sólo de los partidos independentistas sino también del PCE y de los socialistas. «¿Qué quieren, quedarse solos en el Parlamento para no tener que molestarse en comprar tránsfugas?», ha inquirido Simancas, quien ha defendido la legitimidad del Gobierno de coalición de «socialistas y comunistas».

«Estamos orgullosos de defender el interés general y la necesidad de plantarles cara a ustedes antes, ahora y siempre porque socialismo es libertad», ha proclamado. Además, ha destacado que el PP decidió llevar este asunto al Pleno el mismo día que se anunciaba la posibilidad de que España tenga una «vicepresidenta comunista y de Comisiones Obreras», en referencia a Yolanda Díaz.

«¿Quieren equiparar a la ministra de trabajo con Adolf Hitler y al Gobierno con el régimen que asesinó a millones de personas?», ha apostillado, a la vez que ha afeado a Gamarra que haya obviado en su iniciativa la condena de otros regímenes totalitarios, como el franquismo, que incluía también la resolución de la Eurocámara. «Venga ya, señora Gamarra», ha añadido.

El mismo reproche ha llegado por boca del diputado del PNV Joseba Agirretxea, quien ha defendido una enmienda precisamente para incluir incluya también una condena del franquismo. Desde Bildu, Oskar Matute ha mentado la colaboración de Franco con los nazis a través de la División Azul, ha recordado cómo el Ejército Rojo liberó Auswitch y ha acusado al PP de presentar esta iniciativa para «limpiar su mala conciencia» y que se «olvide» el origen franquista del fundador de su partido, Manuel Fraga.

«Dejen de excusarse en el comunismo y empiecen a limpiar sus propias casas», les ha dicho, tras homenajear diciendo sus nombres a varios militantes comunistas represaliados por la dictadura y mencionar también a Eugenio Espinosa de los Monteros, embajador en Alemania con Franco y pariente lejano del actual portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

«MI PADRE LUCHÓ POR SU LIBERTAD»

Después en un turno que le ha sido concedido por alusiones, el dirigente de Vox ha elogiado la figura del abuelo de unos primos segundos de su padre por ser, ha dicho, una «figura clave para evitar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial».

El diputado de ERC, Joan Josep Nuet, ha contado la historia de su padre, miliciano de las Juventudes Socialistas Unificadas, luchó en el bando republicano y estuvo seis años en campos de concentración. «Pasó por eso para que usted se pueda levantar de su escaño y decir aquí lo que piensa sin temer ningún tipo de represalia. Mi padre luchó por su libertad, por mi libertad y por nuestra libertad», le ha soltado a Gamarra.

Albert Botrán, de la CUP, ha reconocido que hubo dictaduras comunistas que cometieron crímenes, pero también ha señalado al comunismo como origen del actual Estado del bienestar y de la conquista de muchos derechos. Por eso ha rechazado el «discurso del bando vencedor de la guerra fría» que, a su juicio, ha resucitado el PP con su texto. «Viva el comunismo y la libertad», ha concluido.

VOX AL PP, ROMPAN CON LOS COMUNISTAS CHINOS

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha denunciado que «igualar fascismo y comunismo» es «una ignominia» que equivale a equiparar «dictadores asesinos con luchadores por la libertad». «Si quieren condenar empiecen por condenar el franquismo», les ha espetado, rechazando la «sucia campaña electoral» que, a su juicio, hace el PP «desde la bajeza moral de la manipulación histórica».

Por su parte, Genís Boadella, del PDeCAT, ha avanzado su apoyo al texto del PP, pese a acusarle de «machacar» con este tema por interés electoral. También Vox ha adelantado su ‘sí’ a través de Francisco José Contreras quien, no obstante, ha pedido al PP que, en coherencia con la misma, rompa el acuerdo de colaboración que María Dolores de Cospedal firmó en 2013 con el Partido Comunista Chino.

Guillermo Díaz, de Ciudadanos, por su parte, se ha negado a «separar en dos bloques el dolor y la muerte» porque «quien asesina es un asesino, no el portador de una idea», ha dicho, antes de advertir: «Cuidado con banalizar con el nazismo o el comunismo y mucho cuidado con utilizarlo para una campaña electoral».

Pablo Cambronero, el diputado que dejó Ciudadanos con destino al Grupo Mixto del Congreso, percibirá una subvención institucional de 1.700 euros al mes además de su sueldo. Y ello pese a que sus compañeros del Mixto le relegarán a una comisión parlamentaria de segundo nivel y sin opción a intervenir en el Pleno ni a realizar preguntas orales al Gobierno en la sesión de control.

Cambronero, policía de profesión y que ejercía como portavoz de Interior de Ciudadanos, anunció la semana pasada su baja del partido ante lo que considera «deriva sanchista» de la dirección de Inés Arrimadas. Si bien, a diferencia de su excompañera Marta Martin, no renunció al escaño, sino que comunicó su ingreso en el Grupo Mixto.

Con su entrada, el Mixto pasará a estar formado por diez diputados, más incluso que Ciudadanos, que se ha quedado con nueve. En esta formación heterogénea se dan cita siete formaciones diferentes: la CUP (dos diputados), UPN (otros dos), Coalición Canaria (una), Nueva Canarias (uno), Foro Asturias (uno), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (uno), y Teruel Existe (uno), además de Cambronero.

ARRIBA DEL HEMICICLO, CON UPN

Según informaron fuentes parlamentarias, Cambronero se sentará en la parte alta del hemiciclo, con sus nuevos compañeros del Mixto y junto a los diputados de UPN.

Pero en el Mixto ya le han comunicado que tendrá limitadas algunas de sus funciones parlamentarias porque será tratado como un ‘diputado no adscrito’, una figura que existe en corporaciones locales y asambleas autonómicas pero que el Congreso aún no ha regulado en su Reglamento.

Y es que Cambronero recala en el Mixto no por pertenecer a un partido minoritario, sino tras haber abandonado el grupo parlamentario con el que fue electo. Hay precedentes en años anteriores con diputados apartados del PP y del PSOE, y a ellos se atendrán.

SERÁ PORTAVOZ DE LA COMISIÓN DE PETICIONES

Según se le ha comunicado, no podrá entrar en el reparto de tiempos de intervención, presencia en comisiones y cupos de iniciativas en igualdad de condiciones, ya que supondría restar a los demás. De hecho, no podrá intervenir en el Pleno ni en comisión, ni presentar iniciativas, y sólo podrá presentar preguntas escritas al Gobierno, por ser éste un derecho individual de cada diputado, y optar a una portavocía menor. En concreto, el Mixto le cederá su presencia en la Comisión de Peticiones, hasta ahora en manos del diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón.

Cambronero seguirá cobrando mensualmente 3.050,62 euros de salario base como diputado, a lo que sumará los 1.959,62 euros que reciben todos los parlamentarios de fuera de Madrid en concepto de dietas, además un complemento de 1.134,40 euros por ostentar la Portavocía de la Comisión de Peticiones.

Y a ello sumará la subvención de algo más de 1.700 euros mensuales, que era la que el Congreso abonaba a Ciudadanos por cada uno de sus escaños y que ahora se le ingresará en su cuenta. La Cámara da a los grupos una ayuda mensual en función del número de su diputados para cubrir los gastos de funcionamiento ordinario.

Lo que no varía es la subvención fija que otorga la Cámara para cada grupo parlamentarios, que es de casi 30.000 euros mensuales, y que tanto Ciudadanos como el resto del Grupo Mixto seguirán percibiendo en igualdad de condiciones.

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha negado este martes en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ que existiera en el partido una contabilidad paralela. «Sería de la persona que fue tesorero, no del PP», ha dicho en alusión a Luis Bárcenas.

Cospedal, que ha declarado como testigo en la vista oral por videoconferencia, ha afirmado que no tiene ninguna «animadversión» hacia Bárcenas, en cualquier caso sería «desprecio», pero ha evitado mencionar su nombre durante su intervención que ha durado alrededor de hora y media. Tan sólo le ha nomrbado en tres ocasiones y se ha referido a él por el cargo que ocupó en el partido.

La ex secretaria general ha sido preguntada directamente por la afirmación que hizo el extesorero del PP sobre que algunos altos cargos del partido cobraron sobresueldos, entre los que la incluyó al igual que al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Sobre esto Cospedal ha dicho que es «falso» y que no tiene conocimiento de que existiera este «sistema» de pago.

En este sentido, ha negado rotundamente los dos apuntes de 7.500 euros que aparecen en los denominados ‘papeles de Bárcenas’ bajo su nombre. «No es que no lo recuerde, es que no lo recibí», ha destacado.

Tampoco ha reconocido que Bárcenas le entregara a ella o a Rajoy el remanenente de esa supuesta caja ‘b’ una vez que éste dejó de ser tesorero en 2009. «Desde febrero o marzo de 2009 no tuve relación prácticamente con esta persona, pero además es falso», ha dicho al respecto.

De este modo, Cospedal ha negado alguna irregularidad en el partido, por lo que en varias ocasiones ha afirmado que «la contabilidad paralela o la caja b no existe. Sería de la persona que la hizo pero no del PP». Y así lo ha repetido en referencia a los apuntes de Bárcenas, sobre los que ha dicho que «no son reales. Sería la contabilidad b del que fue gerente o tesorero del partido».

Con todo ello, la también ex minsitra de Defensa también ha dado credibilidad a la versión de Bárcenas sobre cómo el partido recibía donaciones. De hecho, ha añadido que no tiene ningún conocimiento de que algún empresario acudiera a la sede del PP en la calle Génova para aportar donaciones anónimas en metálico.

Cospedal ha asegurado al respecto que «las donaciones eran conforme a la legislación vigente y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas», recordando que a partir de 2007 la ley establece que estas aportaciones dinerarias tienen que ser nominativas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este martes la neutralidad política de las Fuerzas Armadas. Pero a la vez, ha garantizado «tolerancia cero» con cualquier comportamiento antidemocrático y ha respondido a las acusaciones de «franquismo» de Junts reprobando su «nostalgia del pasado».

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el senador de Junts Josep María Cervera ha reprochado a Robles la existencia de militares «antidemocráticos y fascistas» y le ha acusado de falta de contundencia para erradicarlos de las Fuerzas Armadas.

«Usted parece que contra Franco vivía mejor, póngase al día», ha recomendado Robles al senador catalán recordando la labor de los militares durante el último año luchando contra la pandemia o combatiendo los efectos de la borrasca Filomena.

La ministra ha asegurado que el Ministerio de Defensa está plenamente comprometido en la lucha contra cualquier comportamiento que vulnere el ordenamiento jurídico y ha recordado que no le ha «temblado el pulso» si ha tenido que remitir algún asunto a la Fiscalía, en referencia al chat de militares retirados en el que hablaban del fusilamiento de personas o golpes de estado; aunque después la Fiscalía archivó el asunto.

Robles ha puesto también como ejemplo la sanción impuesta por el Tribunal Supremo a un teniente coronel en la reserva por escribir sobre una solución armada en Cataluña; pero ha rechazado que se quieran hacer investigaciones basadas en el «a ver qué pesco».

«A nadie se le puede preguntar por su ideología», ha recordado acusando a Junts de querer «sembrar una duda» sobre el conjunto de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el senador de Junts ha recordado algunos vídeos de militares entonando cánticos franquistas o ha denunciado que instalaciones militares conservan el nombre de dirigentes franquistas. «Y a su sombra algunos oficiales se encuentran como pez en el agua abonando el terreno para perpetuar la ultraderecha franquista en las Fuerzas Armadas», ha avisado.

«Póngase al día, visite los cuarteles, vea su trabajo en las residencias de ancianos, con los más vulnerables –ha respondido Robles–. Esas son nuestras Fuerzas Armadas, entérense bien».

El PP ha pedido este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no convoque reunión de la Junta de Portavoces el próximo 4 de mayo para no interferir en las elecciones autonómicas convocadas ese mismo día en la Comunidad de Madrid.

La celebración de elecciones regionales en un martes laborable ya ha ocasionado efectos en la Comunidad de Madrid, pues ya se ha decidido que ese día pase a ser no lectivo y que los escolares se queden con sus familias, pero también puede provocar consecuencias en la agenda política del día.

Los martes es el día habitual de reunión del Consejo de Ministros, según decidió el Gobierno de coalición nada más llegar a la Moncloa, y también de la reunión semanal de la Mesa y de la Junta de Portavoces, y todo ello va seguido de ruedas de prensa tanto por parte del Ejecutivo como los grupos parlamentarios.

BATET TOMA NOTA

Pero el 4 de mayo, esas comparecencias públicas del Gobierno y de los partidos en Madrid coinciden con una jornada electoral en la que de insta a los poderes públicos a guardar la neutralidad.

De entrada, y según informaron fuentes parlamentarias, el PP ha aprovechado la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso para pedir a Batet que el 4 de mayo no convoque esa reunión para preservar la neutralidad y no interferir en el desarrollo de la jornada electoral.

En el Congreso ya se decidió que no habría sesión plenaria en la última semana de campaña de Madrid, ni en la semana del 4 de mayo. Y lo que pretende el PP es que también se desplace la reunión semanal de la Junta de Portavoces, al menos al día siguiente de los comicios.

La presidenta del Congreso ha tomado nota y se ha reservado la decisión para más adelante, teniendo en cuenta que aún quedan varias semanas.

MEJOR, QUE YA SEA FESTIVO

La petición del PP llega precisamente cuando Más País, para evitar ese tipo de colisiones, ha propuesto declarar festivo en Madrid el día de las elecciones, lo que ya impediría la celebración del Consejo de Ministros y de la Junta de Portavoces del Congreso coincidiendo con la jornada de votación.

Esa propuesta de Íñigo Errejón ha sido apoyada por otros grupos del Congreso como Unidas Podemos y Esquerra (ERC), e incluso Vox a dicho que no la ve «imprudente».

La Guardia Civil ha aprobado este martes la creación de una Comisión Permanente de Igualdad y Diversidad dentro de una serie de normas de «gran importancia», entre ellas el Real Decreto que autoriza a los agentes lucir tatuajes vistiendo el uniforme. También se ha confirmado que este miércoles se reanuda el plan de vacunación contra la Covid, ampliándose al personal de hasta 65 años, después de paralizarse por las dudas con un lote de AstraZeneca cuando se había inyectado a 50.000 agentes sobre una plantilla de 77.000 efectivos.

La directora general, María Gámez, ha presidido esta mañana el Pleno Ordinario del Consejo de la Guardia Civil tras el cual el Instituto Armado ha puesto en valor la labor de las asociaciones profesionales para «acercar posturas con el mayor consenso posible».

En concreto, han abordado siete normas «de gran importancia», cinco de ellos proyectos de Reales Decretos, entre los que se encuentran la regulación de la Uniformidad, el Código de Conducta, Derechos de las Asociaciones Profesionales, Funcionamiento del Consejo y Quejas y Sugerencias.

«En materia de igualdad de género y diversidad, todo avance que se quiera implementar es poco, nunca hay tiempo que perder, y sí mucho que ganar si creamos ya desde hoy esta Comisión en este Consejo», ha dicho María Gámez sobre la Comisión Permanente de Igualdad y Género.

TATUAJES, ASPECTO NOVEDOSO

Sobre el Real Decreto de Uniformidad, la Guardia Civil ha destacado que regula el uso de la vestimenta tanto del agente en activo como en reserva con destino, pero también el del personal que se encuentra en otras situaciones administrativas como alumnado de los centros docentes, personal retirado o personal de las Fuerzas Armadas que presta servicio en la Guardia Civil. También se prevé el uso por personas ajenas al Cuerpo con arreglo a unas condiciones y previa autorización.

«Como uno de los aspectos más novedosos se regulan las condiciones en las que sí podrán exhibirse determinados tatuajes que sean visibles vistiendo el uniforme de la Guardia Civil, siempre que cumplan unas determinadas características, algo que hasta ahora no estaba contemplado», ha recordado el instituto armado. También se recoge la inclusión de uniformes especialmente adaptados para las mujeres guardias civiles en estado de gestación.

La Guardia Civil trabajó con las asociaciones en torno a un texto que recibió algunas críticas internas. La propuesta permite a los agentes lucir tatuajes, siempre que no comprometan la neutralidad política o sindical ni contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales o que reflejen motivos obscenos e inciten al odio.

PROCESO DE VACUNACIÓN REANUDADO

Además de los proyectos de reales decretos, todos ellos anunciados en la reciente comparecencia de María Gámez en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el Pleno ha abordado el proceso de vacunación del personal de la Guardia Civil, del que también dio detalles la directora general.

Hasta el día en que se interrumpió el proceso por las dudas con un lote con AstraZeneca, se habían vacunado casi 50.000 efectivos. «A partir de mañana miércoles se va a reanudar el proceso, según vayan avisando las comunidades autónomas con la particularidad de que se amplía hasta el personal de 65 años», ha señalado el instituto armado.

El pleno del Consejo ha tratado la Orden por la que se regulan los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para la Guardia Civil, «de necesaria actualización desde la entrada en vigor de la norma específica de la Guardia Civil en 2011».

También ha sido objeto de este pleno la aprobación de la Orden General por la que se modifica la número 2/2019, de 28 de marzo, por la que se determina la composición y funcionamiento de los órganos de evaluación y se desarrollan los procesos de evaluación.

«La experiencia adquirida desde la entrada en vigor de la de 2019 aconsejaba la conveniencia de modificar determinados artículos de la misma, en lo referente a las juntas que se convocan tanto para determinar la insuficiencia de facultades profesionales como de condiciones psicofísicas del personal del Cuerpo», según ha explicado el cuerpo.

El Gobierno ha saludado este martes la propuesta de Arabia Saudí de un alto al fuego en Yemen y ha animado a las partes enfrentadas en el conflicto del que se cumplen ahora seis años a que busquen una solución política.

«El Gobierno de España saluda la propuesta de Arabia Saudí de declarar un alto el fuego nacional y tomar una serie de medidas con vistas a concluir un acuerdo político que ponga fin al conflicto en Yemen», ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Asimismo, ha animado «a las partes a negociar sin más dilación una solución política bajo los auspicios de la ONU» y expresado su apoyo en este sentido a «los esfuerzos del enviado especial, Martin Griffiths».

Este lunes, el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, propuso un alto el fuego supervisado por Naciones Unidas en Yemen, así como la reapertura del aeropuerto de la capital, Saná. Asimismo, planteó la creación de una «iniciativa» para poner fin al conflicto y «alcanzar una solución política integral» aunque dejó claro que el reino se reserva «su pleno derecho» a defender su territorio de los ataques de los huthis.

Estos, a su vez, han rechazado la propuesta. Su portavoz, Mohamed Abdul Salam, dijo que será rechazada puesto que «cualquier iniciativa que no advierta de que Yemen ha sido objeto de agresión y bloqueo durante seis años y separe el lado humanitario de cualquier pacto militar o político no es seria ni nueva». «Los países agresores deben poner fin a sus ataques de manera integral y levantar el asedio por completo», sostuvo en Twitter.

Por contra, el Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha aplaudido este martes la propuesta saudí, al tiempo que acusado a los huthis de «prolongar la crisis humanitaria» en el país.

La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi y apoyado por una coalición internacional liderada por Arabia Saudí, y a los huthis, respaldados por Irán.

Los rebeldes controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país. El conflicto ha sufrido un recrudecimiento en varios frentes durante los últimos meses, pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido que los retrasos en la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia son «inasumibles» y ha apostado por un modelo de acceso a la nacionalidad «consensuado, sensato, ágil y justo».

«Partimos de un hecho incontestable», ha respondido el ministro de Justicia al ser preguntado este martes en el Pleno del Senado por el senador del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana- EH Bildu Robert Masih Nahar por la gestión del Gobierno de los retrasos en las solicitudes de nacionalidad española por residencia.

El ministro ha explicado que el área de la gestión que lleva la tramitación de estos expedientes en el ministerio son 38 funcionarios y que hay una entrada anual de entre 85.000 y 100.000 expedientes para alcanzar la nacionalidad por residencia.

No obstante, ha asegurado que con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se ha puesto en marcha un plan con un objetivo «muy claro», gestionar 300.000 expedientes, con una valoración presupuestaria de 1,8 millones de euros.

«Tenemos el diagnóstico y esperemos que las conclusiones nos lleven al resultado deseado. Ofrezco un reto, que es rendir cuentas, formúleme en diciembre o enero una evaluación. Este Gobierno cuando propone algo lo hace», ha sentenciado.

Este plan de choque puesto en marcha tras la aprobación de los Presupuestos tiene, según ha explicado Campo, el objetivo de «remover estos obstáculos». «En menos de dos meses se ha puesto en marcha un auténtico plan de choque que va a intentar remover toda la tramitación, aligerarla y poder resolver estos expedientes que se acumulan a cientos de miles», ha insistido.

Durante su intervención, el senador del GPERB ha afirmado que hay expediente sin resolver «desde 2013», a los que no les falta ningún documento más para acreditar el derecho de residencia, sino que, a su juicio, «le falta la voluntad del Gobierno para resolver sus solicitudes y reconocer los derechos que tienen».

«No es posible conocer las fechas por las que se van resolviendo los expedientes de nacionalidad. Queda patente que no existe el orden de presentación como criterio para su resolución», ha criticado el senador.

En este punto, ha advertido de que el Ejecutivo «ya no puede culpar al Partido Popular» porque han tenido «suficiente tiempo para corregir los errores». «¿Hay algún departamento del Gobierno que esté funcionando bien?», ha preguntado.

La Ley Electoral de la Comunidad de Madrid va a condicionar el momento concreto en que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, deba dejar su cargo para concurrir a las elecciones regionales, dado que una de sus disposiciones considera «ineligibles» a los candidatos que sean miembros del Gobierno estatal una vez que se presenten las listas electorales.

Y es que la norma marca que ese precepto el mismo día de la presentación de su candidatura o en «cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones».

Según el artículo tercero de la normativa electoral madrileña, la calificación de «ineligible» para los comicios procederá en una serie de supuestos. En el apartado segundo, figura específicamente que esa condición rige para «el presidente y los miembros del Gobierno de la nación», así como sus «secretarios de Estado».

También se pauta para senadores, salvo los designados por la Comunidad de Madrid, tanto en elección directa como en aplicación del artículo 14.12 del Estatuto de Autonomía, el director general del Ente Público Radio Televisión Madrid o parlamentarios y miembros de consejos de gobiernos de otras comunidades autónomas.

En el siguiente artículo, el cuarto, establece que la calificación de inelegible se aplicará respecto de «quienes incurran en alguna de las causas mencionadas en el artículo anterior el mismo día de la presentación de su candidatura, o en cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones». El calendario electoral en Madrid establece que las candidaturas deben proclamarse como fecha límite el 31 de marzo.

Esta disposición esta siendo analizada ahora por el equipo del vicepesidente segundo para determinar su alcance.

PODEMOS ESTÁ INMERSO EN PRIMARIAS

Actualmente, Podemos está inmerso en un proceso de primarias internas que concluirá formalmente el 28 de marzo, para luego consensuar los puestos de la coalición con IU para la lista de Unidas Podemos, que ya ha confirmado además que la activista antidesahucios Alejandra Jacinto será candidata independiente.

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, manifestó que su intención es dejar su cargo para ser candidato en la Comunidad de Madrid antes de que comience la campaña electoral, si bien no ha precisado aún la fecha en la que se formalizará su renuncia.

Situación distinta es la condición de diputado en el Congreso de los Diputados, que se puede ostentar por la normativa electoral hasta que tome posesión de su acta en la Asamblea de Madrid.

En una entrevista en Telecinco, Iglesias comentó que dejaría el escaño en un momento simbólico, si bien no concretó cuándo tenía pensado hacerlo. «Cada cosa a su tiempo», apuntó cuando se le preguntó si barajaba hacerlo el 14 de abril, que es el aniversario de la proclamación de la II República de 1931.

El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ celebrará este miércoles su décima sesión después de un martes maratoniano con más de ocho horas de testificales. Ahora es el turno de los testigos más esperados, los ex presidentes del Gobierno y ex líderes de la formación política José María Aznar y Mariano Rajoy, que comparecen por videoconferencia para evitar riesgo de contagios por Covid-19.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó hace unos días la petición realizada por Aznar, Rajoy, y del exministro José María Michavila, entre otros, para que no testifiquen de forma presencial.

Todos ellos han seguido los pasos del ex secretario general del PP y exministro Ángel Acebes, primer ex alto cargo del partido que ha testificado en esta vista oral, y han invocado el artículo 14.1 de la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que señala que hasta el 20 de junio de 2021, «los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática».

CALENDARIO DE TESTIGOS

Tras las declaraciones de este martes, en las que se ha podido escuchar a los ex secretarios generales del partido María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, este miércoles el calendario de sesiones fija no solo para los dos expresidentes, sino también para el exministro de Justicia José María Michavila, para el exsenador Carlos Cuevas Villoslada, la exgerente del PP de La Rioja Ana Elvira Martínez, el arquitecto Claudio Montero Santos y la ex trabajadora de Unifica Noelia Fernández Muñoz.

También se ha citado al ex director general para la Modernización de la Administración de Justicia Alberto Dorrego y al abogado Borja García-Nieto Portabella, que aparece en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ en relación a la compra de acciones de Libertad Digital.

El jueves será cuando comparezcan los exministros Rodrigo Rato y Federico Trillo; el director del diario ‘El País’ Javier Moreno Barber; el exdiputado Carlos Mantilla Rodríguez; Jaime Colomar Porcel; el ex secretario de Organización del PP de Galicia y ‘números dos’ de la trama Gürtel, Pablo Crespo –en prisión por la red corrupta–, el empresario Alfonso García Pozuelo y el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir.

EXPECTACIÓN TRAS LA ‘CONFESIÓN’ DE BÁRCENAS

La expectación de las declaraciones de muchos de estos testigos ha aumentado después de que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión, incluyera en la lista de personas que cobraron supuestamente «complementos salariales» procedentes de la caja ‘b’ a Rajoy, Cospedal, Arenas, Álvarez Cascos, Acebes, Trillo, Rato, García-Escudero y Del Burgo.

Además, Bárcenas aseguró que el expresidente conocía perfectamente la existencia de una contabilidad paralela en el partido y que le grabó en una reunión en la que Rajoy le espetó que cómo podía seguir conservando anotaciones sobre esa caja, mientras introducía dichos papeles en una máquina trituradora.

A todo ello se suman las acusaciones de Bárcenas de que la operación ‘Kitchen’, que le robó la documentación comprometedora para el PP que guardaba, fue orquestada por el Gobierno.

LA PRIMERA CITA DE AZNAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Será la primera vez que Aznar –cuya declaración la solicitó la acusación popular ejercida por Asociación Abogados Demócratas por Europa (Adade)– comparezca en la Audiencia Nacional para explicar qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de los ‘populares.

Fue en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, cuando aseguró que «no existe ninguna caja b» en su partido y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos «ilegales» a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

En cuanto a Rajoy, su testifical ha sido interesada por la misma acusación popular y por la de Izquierda Unida (IU). Fue precisamente Adade quien consiguió que este ex jefe del Ejecutivo compareciera ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.

En aquella ocasión, en la que aún era presidente del Gobierno, afirmó que «jamás» supo nada de la presunta caja ‘B’ del PP porque su responsabilidad en el partido eran «políticas», no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad de su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que provocó la moción de censura contra el Gobierno que lideraba.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’ ha citado para este miércoles a las 9.45 horas en calidad de investigado al abogado Juan Vila-coro al que le imputa haber participado en delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos por contratar los servicios, supuestamente ilícitos, del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Su comparecencia llega en el marco de la pieza separada número 29 y se produce después de la de Antonio Chávarri, quien fuera su socio de bufete. Chávarri a principios de marzo indicó ante el juez Manuel García-Castellón que fichó a Villarejo porque el detective privado al que solía recurrir no le funcionaba bien y que se lo presentó su socio de despacho Vila-Coro.

Además, Chávarri comentó que decidió prescindir de Villarejo al ver que no hacía nada productivo respecto al ‘encargo’ que le había encomendado. El comisario había sido contratado para que espiara al conocido empresario del deporte Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedores.

GRASS: MOLPECERES Y EL CONCURSO DE ACREEDORES

En el auto de imputación de ambos abogados, de 23 de noviembre de 2020, se detalla que en esta pieza se investigan los proyectos ‘Grass’ y ‘Hacha’ del entramado empresarial y profesional creado por Villarejo en torno al Grupo Cenyt.

Los servicios de Villarejo, según auto, fueron contratados en octubre de 2012, y se desarrollaron y abonaron a los largo tanto de ese año como de 2013 por lo que en esas fechas el comisario aun estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

El objetivo del encargo era salvaguardar los intereses de ‘K’ –así denominaba el comisario a su cliente– y todo arranca con la separación del abogado Antonio Chávarri de su esposa Sonia Molpeceres, hija del empresario Joaquín Molpeceres.

Con la ruptura matrimonial se inicia un «conflicto» entre Chávarri y Molpeceres, que compartían negocios inmobiliarios. El abogado, en un momento dado, entra en situación de insolvencia por años de malas inversiones en negocios inmobiliarios poco fructíferos y acaba presentando un concurso de acreedores, siendo uno de los principales acreedores su exsuegro.

En esa ecuación es en la que entra Villarejo. Chávarri teme que el concurso derive en su inhabilitación o que su patrimonio y el de sus hijas pueda verse afectado por una supuesta alianza de Molpeceres y el administrador del concurso, el ya fallecido Luis Pérez Gil.

Por eso contrata los servicios de Cenyt a través de Stuart&McKenzie –también firma de Villarejo– «para conseguir la máxima información personal, patrimonial e incluso averiguar la posible comisión de antiguos hechos delictivos por parte de Molpeceres y Pérez Gil y así poder conseguir el cese de los supuestos ataques que vendría sufriendo hasta ese momento».

Entre la diversa documentación intervenida en los registros en el domicilio y en el despacho de Villarejo destacan tres archivos de audio y varios documentos en los que se identifica a los intervinientes, el contenido de los servicios contratados en el ‘Proyecto Grass’, que hubo acceso al tráfico de llamadas del investigado Pérez Gil y hasta los precios pactados para su abono de forma opaca.

Por este encargo, Villarejo emitió hasta diez facturas desde su mercantil Stuart&McKenzie a Chávarri y Muñoz Abogados SL por importe total de 363.000 euros. Y otras dos facturas por un total de 108.900 a Vara Gestión de Activos SL, vinculada también al abogado.

El auto del magistrado añade que por lo que respecta a los pagos recibidos por Cenyt relacionados con este proyecto constan abonos de nueve transferencias ordenadas por Chávarri y Muñoz Abogados SL porpor un importe total de 411.400 euros.

EL PROYECTO ‘HACHA’

De los registros en el domicilio del socio de Villarejo, Rafael Redondo, y de la documentación intervenida en la oficina de Cenyt en Torre Picasso, se tiene constancia de un segundo proyecto, denominado ‘Hacha’, que data de 2014, y cuyo cliente también es ese despacho de abogados.

En este caso, el encargo se hace debido a los diversos problemas internos surgidos con los otros dos socios minoritarios de la citada mercantil, Santiago Muñoz Martín y Juan Vila-Coro. A pesar de que Antonio Chávarri es el presidente y propietario del despacho con el 70 por ciento de las participaciones los otros dos «le habrían despojado tanto de sus derechos políticos, como de la gestión de la citada sociedad».

Villarejo debe en este caso realizar acciones de análisis jurídico y legal, asesoramiento, consejo y negociación que, de manera directa o indirecta, ayude al cliente, Antonio Chávarri, a recuperar la gestión de la empresa.

En el caso de ‘Hacha’, los honorarios estaban condicionados al éxito de los objetivos, así, dependiendo de los resultados la cuantía oscilaría entre los 75.000 euros y los 125.000 euros, más IVA. Sobre los pagos vinculados a este proyecto se han localizado un borrador de factura de 25.000 euros más IVA (30.250 euros). Se da la coincidencia de que hay un abono en la cuenta de la mercantil de Villarejo por ese valor desde el despacho de abogados en enero de 2015.

Tras analizar todo esto, el magistrado decidió que procedía tomar declaración como investigados no sólo a Chávarri y a su socio minoritario Vila-Coro sino también a Redondo y por supuesto a Villarejo.

LAS EMPRESAS DE VILLAREJO

Además requirió a la Unidad de Asuntos Internos para que por medio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía se certificara si alguna de las mercantiles identificadas en la investigación como integrantes del Grupo Cenyt estaba autorizada para la prestación de servicios como detectives privados conforme a la ley de Seguridad Privada (tanto la de 1992 como la vigente de 2014).

Sobre este extremo el juez ya tuvo respuesta de la Policía, y es que recibió un informe de esa unidad en el que se certificaba que «ninguna de las mercantiles» que integraban el Grupo CENYT, cuyo titular real era el comisario José Manuel Villarejo, estaba autorizada para la prestación de servicios de detectives privados.

Un perito antropométrico ha acreditado que la joven italiana que está en prisión no es la mujer que prendió fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona durante unas protestas por Pablo Hasél en Barcelona, según ha explicado el abogado de la joven, José Manuel del Río.

Tras el ingreso en prisión de ocho personas por un presunto homicidio en grado de tentativa y pertenencia a grupo criminal, entre otros delitos, el letrado de la joven observó «que había unas diferencias claras entre la persona que lanza el líquido al furgón con la persona que luego es detenida».

«En las imágenes se puede ver que la persona va arremangada con los brazos al descubierto con tatuajes», y del Río asegura que la joven italiana no tiene tatuajes.

ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO

Con la ayuda de un perito antropométrico realizan un estudio de las fotografías y de imágenes hechas por la prensa de los momentos del incidente, «de cuando se rocía el furgón con líquido y se prende, y luego de cuando la detienen a ella, que es en la calle Rambla Cataluña con la calle Córcega, que no tiene nada que ver con la detención de las otras personas, que son detenidas a 1,5km y media hora antes».

Ha explicado que el perito visionó las imágenes y determinó de forma científica que no son las mismas personas, «la diferencia de ropa es evidente y a nivel fisionómico también: la otra persona es unos 10 centímetros más alta, más joven y más delgada, y tiene tatuajes».

El letrado hizo un recurso de reforma y durante la tarde de este lunes se enteró de que «el Ministerio Fiscal apoyaba el recurso y pidió que la joven quedara en libertad. Así ha sido cómo ha quedado en libertad una persona que es inocente».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que la Comunidad de Madrid «no es una comunidad segura para las mujeres» y la senadora del Grupo Parlamentario Popular, Ana Camins, le ha recriminado que Isabel Díaz Ayuso «ha conseguido ser presidenta por sus propios méritos y no por ser la mujer de absolutamente nadie».

«El problema es que su corrupción, sus recortes y sus privatizaciones son violencia económica contra las mujeres y por eso Madrid no es una comunidad segura para las mujeres», ha afirmado este martes Montero durante su intervención en el Pleno del Senado, al ser preguntada por Camins sobre la valoración del Gobierno de la situación actual de la igualdad de oportunidades.

En concreto, la ministra ha hecho referencia a que en la Comunidad de Madrid han «destruido» la red de atención a víctimas de violencia de género y que no se han gastado «ni un euro» del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

«Eso es violencia contra las mujeres. Si a ti te violan en la Comunidad de Madrid solamente hay un hospital de referencia al que se pueda acudir en toda la comunidad. Si eres víctima de violencia de género mayor de 65 años te mandan a una residencia, no tienes derecho a pedir plaza en casa de acogida», ha criticado.

En este punto, Montero ha advertido de la «insistencia planificada» del Partido Popular para «vilipendiar, humillar y cuestionar» a las mujeres feministas que hacen política, algo que, a su juicio, «es violencia contra las mujeres».

Así, ha destacado que la «corrupción» del PP hizo que una mayoría de españoles y parlamentar «les echase de España» y que «su machismo va a hacer que muy prontito se les eche del gobierno de la Comunidad de Madrid».

Por su parte, la senadora popular le ha dicho a Montero que «como buenos comunistas» tiene una ideología de igualdad «que es absolutamente imposible», donde el esfuerzo o la capacidad «importan absolutamente nada», por lo que están «consiguiendo empobrecer a toda la sociedad».

Para la senadora del GPP, hay «más igualdad pero en las listas del paro, en las colas del hambre». «No hay ni un solo dato bueno que avale su gestión y no ha alentado ninguna manifestación para protestar por esto. No le hablo de violencia de género porque es una vileza culpar a cualquier gobierno de lo que hacen unos asesinos, eso se lo dejamos a ustedes», ha apuntado.

«Dígale a Iglesias que en Madrid le estamos esperando ansiosos en las urnas, que cada insulto que le dedique a Ayuso nos lo vamos a colocar en la solapa como una medalla», ha concluido Camins.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, modificará la dirección de IU cuando se oficialice su reelección en la XII Asamblea Federal para situar como áreas centrales de la estrategia política de la organización el ecologismo, feminismo y el republicanismo.

Además, se marca como objetivo seguir fortalecer la coalición con Unidas Podemos dado que la confluencia con la formación morada es «inevitable» y no se puede limitar solo a lo electoral. No obstante, ese trabajo se desplegará desde una mirada «crítica» dado que este espacio político debe aspirar a conformar mayorías.

En esta nueva ejecutiva la eurodiputada Sira Rego se mantiene como portavoz de la dirección colegiada y desarrollará la estrategia de Acción Exterior de IU mientras que se designará a la exdiputada Eva García Sempere como responsable del área de Ecologismo. A su vez, la dirigente de IU Clara Alonso liderará el área de Igualdad mientras que la parcela de Republicanismo recae en Elena Torres, que procede de Jóvenes de IU y es estudiante.

Mientras, Ismael González repetirá como responsable de Organización y Finanzas de IU, el área de política Institucional estará dirigida por la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, y la parcela de Estrategia y Elaboración Política tendrá al frente a Ángel de la Cruz. Finalmente el responsable de Modelo de Estado, Justicia e Interior de IU tendrá como titular al diputado en el Congreso y secretario general del PCE, Enrique Santiago.

Estos son los nombres y parcelas que ya están definidas en la futura dirección de IU aunque la Comisión Colegiada se ampliará posteriormente y se definirán de forma concreta el resto de áreas directivas vinculadas a estos departamentos más centrales

En un encuentro con medios de comunicación después de que más del 76% de la militancia le ha apoyado para que siga como coordinador federal, Garzón ha destacado el desarrollo de la XII Asamblea Federal, que concluye este fin de semana, tras más de 750 debates territoriales y más de 2.300 enmiendas presentadas a los documentos, que revelan un nivel de participación positiva.

«LA TRADICIÓN OBRERA DEBE TENIRSE DE VERDE Y MORADO»

El también ministro de Consumo ha destacado que desde que fue elegido al frente de IU, la organización ha pasado de vivir una situación «delicada» a estar presente en el Ejecutivo de coalición e incrementar su «influencia política.

Para esta nueva etapa, Garzón quiere «acentuar» el programa ecologista y feminista en IU para responder a la «crisis ecosocial» que se ha disgnosticado en los últimos años, basada en tres elementos: «cabio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad».

Por tanto, estas áreas no quieren que sean solo un elemento discursivo sino que tiene que erigirse como claves de la acción política. «La tadición obrera tiene que venir tenida de verda y morado», ha enfatizado para destacar también la aspiración republicada que defiende IU para el país.