El ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro del PP Francisco Álvarez Cascos ha negado este martes la mayor durante el juicio por la presunta caja B del PP en la Audiencia Nacional, señalando que nunca le fueron entregadas ni entregó las cantidades que se vinculan con su nombre en los denominados ‘papeles de Bárcenas’. «Esos apuntes no tienen nada que ver conmigo», ha asegurado.

De este modo, Álvarez Cascos se ha alineado con otros de los testigos ex cargos del PP que han comparecido en la sesión del juicio de este martes, como Javier Arenas, negando el cobro de sobresueldos.

En su declaración en este juicio, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas -para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión en este procedimiento– situó a Álvarez Cascos en el origen de la caja ‘b’, pues según dijo ante el tribunal, la contabilidad paralela comenzó a realizarse cuando el también tesorero del partido Álvaro Lapuerta recibió la «instrucción» del entonces secretario general de la formación política.

El testigo ha negado este extremos, señalando que desempeñó las funciones de tesorero desde el cese de Ronsendo Nasseiro en 1991 y hasta el noMbramiento de Álvaro Lapuerta, predecesor de Bárcenas ya fallecido. «Jamás tuve conocimiento, ni antes, ni durante ni después», ha respondido de forma taxativa.

Sobre los papeles de Bárcenas, el vicepresidente del Gobierno ha insistido a lo largo del interrogatorio al que le han sometido varias acusaciones populares que sólo los conocía por lo que habían publicado los medios de comunicación y para él no tienen «ninguna significación.

También dijo ignorar quien es Ángel Piñeiro, ex gerente del PP gallego y quien según el sumario aparece como responsable de la canalización de gran parte de las donaciones de empresarios al PP.

En cuanto a sus retribuciones, ha insistido una y otra vez que todas ellas las recibió a través de cheques nominativos y de forma transparente, calificando de falso que esté detrás de ninguno de los pagos que aparecen en los papeles, que según le ha recordado la abogada de Adade habrían ascendido a 421.000 euros actuales siendo vicepresidente más otros 250.000 euros siendo ministro.

«NADIE ENTRA A COMPRAR FRUTA EN UNA FERRETERIA»

Igualmente ha negado los ingresos que según los apuntes de Bárcenas habría aportado a la caja b tras recibir dichas cantidades de empresarios, por valor de 10 millones de pesetas en 1994 y de otros 4 millones de pesetas en 1995. «Ni si quiera he recibido un cita para eso, nadie entra a comprar fruta a una ferretería», ha señalado al respecto.

Tras negar conocimiento sobre otros puntos de la trama, como las ayudas al ex secretario del PP navarro Calixto Ayesa en los años en el que él era responsable del partido, Cascos ha mostrado su «perplejidad» por lo ocurrido con este procedimiento por entender que el Gobierno del que él formó parte «dio solución y abordó de una manera definitiva una situación heredada, la que había en España entre 1991 y 1996», relacionada con las donaciones a los partidos.

En este punto ha mostrado una portada de el diario El País de 1991 que reza: «Borrell insta a los magnates de la construcción que no paguen comisiones a los partidos».

Ha añadido que en 2000, cuando fue nombrado ministro de Fomento, se comprometió a aprobar un nuevo reglamento para desarrollar la Ley de contratos con las administraciones públicas para introducir clausulas que introdujeran transparencia y concurrencia de la administración pública, y que así lo hicieron, lo que haría imposible un sistema como el descrito por Bárcenas.

PIO GARCÍA-ESCUDERO

Por su parte, el que fuera coordinador de Organización del PP y actual senador Pío García Escudero ha relatado durante su declaración que siempre ha recibido su retribución y también los gastos de representación por transferencia bancaria, con la retención fiscal pertinente.

Así, ha negado apuntes como el de 6.000 que aparece anotado en los papeles de Bárcenas el 8 de julio de 2003, y únicamente ha reconocido a una entrega en diciembre de 2001 relacionada con los gastos en su vivienda necesarias por los daños que sufrió en un atentado.

«A la ahora de analizar daños e indemnizaciones podíamos pedir al Consorcio Seguros pero había que presentar primero las facturas de gastos de reposición, había que comprar nuevo mobiliario de cocina, dormitorios, unos gastos muy grandes en muy poco tiempo, por lo que decidí solicitar un préstamo al partido».

Se le trasfirieron 4 millones de pesetas que devolvió en cuatro plazos, mediante otros tantos talones, sin formalizar documento alguno «por la relación de confianza» que existía, quedando reflejado en la contabilidad del partido», ha explicado García-Escudero señalando que su interlocutor para la obtención de esta ayuda fue Javier Arenas, nunca Bárcenas, por lo que desconoce por qué estaban anotados en sus papeles del ex tesorero.

La Princesa de Asturias presidirá este miércoles su primer acto en solitario algo más de dos años después de que pronunciara sus primeras palabras en público y lo hará en el mismo marco que entonces, la sede del Instituto Cervantes en Madrid.

Felipe VI ha encargado a la Princesa Leonor que presida el acto con motivo del 30 aniversario del Instituto Cervantes donde la heredera del trono habló por primera vez en público el 31 de octubre de 2018, día de su décimotercer cumpleaños, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución.

En esta ocasión, la Princesa de Asturias depositará en la Caja de las Letras el ejemplar de la Constitución que leyó precisamente en 2018 así como el ejemplar de ‘El Quijote’ cuya lectura compartió el 23 de abril de 2020 con la Infanta Sofía en un acto organizado con motivo del Día de las Letras, estuvo dedicado a todo el personal sanitario y colectivos de servicios esenciales por su esfuerzo en la lucha contra la COVID-19.

Durante su visita al Instituto Cervantes, la Princesa Leonor estará acompañada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y por el director de la institución, Luis García Montero. Además, la secretaria general del Cervantes, Carmen Noguero, le explicará las nuevas herramientas tecnológicas y digitales del Instituto, así como las actividades académicas y culturales en línea y un avance de la nueva página web que se presentará próximamente.

Por último, la Princesa de Asturias tendrá ocasión de recorrer una pequeña exposición de libros del fondo bibliográfico del Instituto Cervantes en las lenguas cooficiales de España, según ha explicado el organismo en un comunicado. La visita se cerrará con un saludo a los miembros del equipo directivo y una foto de familia.

TRAS LOS PASOS DE SU PADRE

La Princesa de Asturias sigue así los pasos de su padre. Al igual que este, pronunció sus primeras palabras en público con 13 años, aunque en el caso de Don Felipe fue durante la entrega de los Premios Príncipe de Asturias en 1981 y su hija lo hizo para leer el Artículo 1 de la Constitución en un acto organizado con motivo de su 40 aniversario.

Ahora, con 15 años, la heredera al trono iniciará su agenda en solitario, igual que el Rey. En el caso de Felipe VI, esa fue la edad en la que arrancó sus actos en solitario pero él lo hizo para viajar a Colombia en representación de su padre, Juan Carlos I, con motivo del 450 aniversario de la ciudad de Cartagena de Indias. En aquel viaje, estuvo acompañado por el entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

La Princesa de Asturias debuta en solitario tan solo unos meses antes de abandonar España para continuar sus estudios en Reino Unido. La Princesa Leonor cursará su bachillerato en el UWC Atlantic College, un centro con alumnos de todo el mundo situado en un castillo del siglo XII de Gales y por el que ya han pasado el actual rey de Holanda, Guillermo Alejandro, y la princesa Isabel, heredera del trono belga.

Está previsto que la hija mayor de los Reyes se traslade a Gales a finales de verano y desde Casa Real ya se indicó que se espera que compatibilice sus estudios «con el progresivo desarrollo de sus compromisos institucionales en España».

La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha condenado a cinco años de prisión a un educador social por abusos sexuales a una menor, tutelada por la Generalitat Valenciana y acogida en un centro de Valencia, entre los años 2016 y 2017, cuando la adolescente tenía 14 años, en el interior del propio centro.

El condenado, exmarido de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella por un tiempo de diez años, y se ha acordado también su inhabilitación especial para profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante 10 años.

Igualmente se le impone la medida de libertad vigilada por tiempo de cinco años, con obligación de participar en cursos formativos de educación sexual. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la menor con 6.000 euros. La sala ha considerado que en este caso concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño dado que el acusado consignó la cantidad solicitada por el fiscal en concepto de responsabilidad civil antes de la celebración del segundo juicio.

Se trata de la segunda ocasión en la que se celebra el juicio, tras una primera en la que en noviembre de 2019 el mismo tribunal impuso esta condena al educador social, aunque posteriormente, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia aceptó el recurso del condenado, declaró la nulidad del juicio y ordenó repetirlo para la práctica de una serie de pruebas. La vista se repitió en febrero de este mismo año. En el juicio, el fiscal añadió una circunstancia agravante de prevalimiento.

La sala ha considerado probado que la menor, nacida en mayo de 2002 y en situación de desamparo, estaba acogida en un centro de Valencia donde trabajaba como educador el acusado quien, cuando estaba en turno de noche, acudió a la habitación de la adolescente en los momentos en que estaba castigada por mal comportamiento y le daba masajes en el cuello para que pudiera dormirse. En entre dos y diez ocasiones, y pensando que estaba dormida, le cogió la mano y se masturbó con ella.

LIBERTAD DE CRITERIO

En relación a que este mismo tribunal ya habría perdido su imparcialidad al haber celebrado la primera vista, la sala se remite a la sentencia del TSJCV en la que se ordenó repetir el juicio, que le vincula a este mandato, por una parte, pero también les deja libertad de criterio para valorar la nueva prueba practicada.

En cuanto a los fundamentos para justificar su decisión, la sala hace referencia a las pruebas del primer juicio y reitera que el testimonio de la menor resultó «verosímil, no sólo por resultar coherente sino, además, por ir reforzado por determinadas corroboraciones periféricas» como la declaración de los agentes de la Policía Nacional, la del novio de la menor, la de la que fuera su amiga en el centro, la del otro cuidador, las conclusiones del informe pericial y, en algunos aspectos, incluso por la declaración del acusado, que admitió haberle dado masajes y cuya nueva declaración no difiere a la primera.

Además, no ve «interés espurio» en la denuncia de la menor para obtener una ventaja para abandonar el centro. En cuanto a que la niña no rechazara abiertamente los abusos, lo explica por «las circunstancias de vulnerabilidad» en las que se encontraba, «por la buena relación que mantenía con el acusado, el hecho de que el mismo tenía relación con personas importantes y, finalmente, por su desconfianza en que sus manifestaciones fueran a ser creídas».

Al tribunal le llama la atención «el marcado sesgo de que adolece» el informe examinado en este segundo juicio –del centro Espill– y afirma que no le «pasa desapercibido el que solo las personas ajenas al ámbito de la Conselleria dotan de credibilidad el relato de la menor, en tanto que todas las testificales del personal del Centro de Menores y la Conselleria» que la trataron «se la niegan».

Además, señala que el valor que se dio al informe del Instituto Médico Legal se ajustaba «perfectamente» a lo que dice el Tribunal Supremo que debe ser el valor de una prueba de esta naturaleza y subraya que la condena «no se basó en el informe del IML, pero sí auxilió al tribunal a la hora de expresar su convicción».

Así, tras la práctica de la pericial conjunta entre ambos informes, la sala considera que el informe del Instituto de Medicina Legal debe prevalecer en cuanto a sus conclusiones frente al del centro Espill por la «seguridad» de la primera perito frente a los titubeos de la segunda en la ratificación en el plenario, y por las «dudas» en relación con el método empleado por el otro centro.

«INTERÉS DE EXCULPAR»

De hecho, la sala sostiene que frente a la «absoluta imparcialidad predicable» de la pericia del IML, el «informe reservado» y el informe pericial del Centro Espill «podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la Conselleria por un educador, habiéndose hecho patente como consecuencia de la prueba esa relación de dependencia entre las autoras del informe y la Administración que les hace la encomienda».

Tanto es así, subraya, que el ministerio fiscal interesó que se hiciera expresa reserva de acciones civiles frente a la Generalitat.»Frente a esa hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla, llama la atención cómo se ocultan los apellidos del acusado en la información reservada, o cómo se permite a este confeccionar un ‘protocolo’ ad hoc y con una finalidad claramente defensiva que incluso remite a la directora del centro para que le sugiera cómo mejorarlo», añade la sala.

En este punto, en cuanto a la reserva de acciones civiles que pide el fiscal en relación a una eventual responsabilidad de la Conselleria, «ningún pronunciamiento es necesario sobre este extremo en esta sentencia, sin perjuicio de las iniciativas que puedan tomar el ministerio fiscal o la propia perjudicada».

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, ha respaldado este martes la propuesta de reservar el 5 por ciento de las vacunas del mecanismo COVAX a la población más vulnerable en contextos de crisis humanitaria y a refugiados.

Moreno ha participado en la quinta reunión del Consejo deFacilitación de la iniciativa multilateral Acelerador para elAcceso a Instrumentos contra la Covid-19 (ACT-A), cuyo objetivo es elrápido desarrollo y despliegue de vacunas, diagnósticos y tratamientoscontra la pandemia y que tiene en COVAX uno de sus pilares.

España, que forma parte de dicho consejo, ha comprometido a ACT-A 125 millones de euros, además de la contribución que realiza a través de la Unión Europea, que recientemente se ha duplicado hasta alcanzar 1.000 millones de euros, según ha explicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Durante el encuentro, copresidido por el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la comisaria europea de Salud, Constantine Kyriakakis, se ha resaltado el logro histórico de COVAX, que el pasado 24 de febrero logró repartir las primeras dosis a países de ingresos bajos y de renta media en África, América Latina y Oriente Próximo.

Hasta el momento COVAX ha suministrado más de 30 millones de vacunas a 54 países y el objetivo es alcanzar 140 países en las próximas semanas y 2.010 millones de dosis este año, gracias a acuerdos con diversas farmacéuticas.

En este sentido, durante su intervención en el debate interactivo sobre los retos y acciones concretas en los que enfocarse para acelerar el suministro de vacunas, Moreno ha defendido que la distribución devacunas se realice según criterios objetivos basados en la situaciónepidemiológica de los países destinatarios.

Asimismo, según Exteriores, ha trasladado el apoyo de España a la creación de un reservorio de hasta el 5 por ciento de las dosis de COVAX para poblaciones de alto riesgo en contextos humanitarios y grupos de población refugiada.

El ACT-A se lanzó en abril de 2020 como alianza que agrupa a lasprincipales agencias de salud del mundo y, además de lograr que la vacunación en los países en desarrollo comience tres meses más tarde que en los de altos ingresos, ha validado pruebas de diagnóstico rápido y nuevos medicamentos orales de bajo costo para los países con menos recursos, ha resaltado el Ministerio.

Además, ha apoyado la investigación de la primera terapia curativa contra la COVID-19, la dexametasona, garantizando 2,9 millones de estos tratamientos con un valor de 500 millones de dólares.

Sin embargo, a pesar de las buenas perspectivas, el Consejo de Facilitación ha constatado la brecha financiera existente para el cumplimiento de los objetivos fijados en 2021, puesto que la OMS advierte de que se necesitan 22.100 millones de dólares adicionales.

La Fiscalía especial contra la corrupción solicita 12 años de prisión para la exdirectora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho. El ministerio público considera que la que fuera durante una década responsable de la institución cultural «aprovechó» su posición para promocionar de forma irregular la carrera artística de su hijo.

En concreto, en su escrito de calificación, adelantado por Las Provincias, la fiscal pide para Consuelo Císcar una pena de seis años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, y otros seis por el de cohecho, además de una inhabilitación de diez años por prevaricación administrativa.

Anticorrupción también pide penas de cárcel para otros dos encausados: el ex director económico administrativo del IVAM, Juan Carlos Lledó, y el responsable de la empresa Logística del Arte SL, Enrique Martínez. Para el primero pide cuatro años y seis meses de prisión por malversación, mientras que para el empresario solicita cinco años y seis meses por malversación, seis años por cohecho y otros dos por falsificación de documento mercantil.

Asimismo, los acusados deberían indemnizar, conjunta y solidariamente, al IVAM en 26.920,13 euros, de los que 8.884,3 le corresponderían a Juan Carlos Lledó.

El ministerio fiscal pide en su escrito la apertura de juicio oral contra estos tres acusados por su participación en la supuesta promoción irregular del hijo de la exdirectora. Según recuerda, Consuelo Ciscar tiene un hijo artista, Rafael Blasco Císcar ‘Rablaci’ –hijo también del exconseller ‘popular’ Rafael Blasco condenado por el desvío de las ayudas a la cooperación–, que comenzó su carrera como escultor y fotógrafo en el año 2007.

Desde ese momento, la acusada, consciente de las dificultades que existen para alcanzar el éxito en este sector de la cultura, aprovechando sus conocimientos, sus contactos y su posición al frente de una de los museos más importantes de la Comunidad Valenciana, se erigió en la coordinadora del proyecto profesional de su hijo, organizándole exposiciones por distintos países, haciéndolas coincidir con las exposiciones que ella misma proyectaba en el IVAM, a fin de costear, en algunos casos, su asistencia a las inauguraciones de las muestras de su hijo con los fondos públicos del museo», mantiene.

El escrito da cuenta de exhibiciones de obras de ‘Rablaci’ en ciudades de Portugal, China, Japón, Cuba, Guatemala, Ecuador, Chile, Uruguay, México y Francia.

Esta «coincidencia espacio-temporal», añade fiscalía, «también le permitió, tras pactarlo así con el acusado Enrique B. Martínez, que las empresas contratadas para realizar los servicios de transporte, montaje y desmontaje de las exposiciones del museo valenciano, se ocupasen simultáneamente del montaje y desmontaje de las exposiciones de su hijo, ahorrándose así el coste de estos servicios que satisfacía el proveedor del IVAM a modo de agradecimiento a las contrataciones públicas que la propia acusada le adjudicaba».

«EN SU PROPIO BENEFICIO»

Asimismo, considera que, «en su propio beneficio, Císcar utilizó a sus colaboradores más estrechos dentro del personal del museo público, encomendándoles todas las tareas dirigidas a la organización de las exposiciones de Rablaci».

La fiscal apunta que ninguno de los empleados del museo público se cuestionó la legalidad de las instrucciones recibidas, ya que derivaban de la máxima responsable de la institución de la que dependían jerárquicamente, y puntualiza que Rablaci «siempre se mantuvo al margen de todas las decisiones que iba tomando su madre respecto a su carrera profesional».

Vicente Castillo, miembro del Consejo General de Ciudadanos y asesor del grupo de Cs en la Diputación de Alicante, ha anunciado este martes que deja el partido porque, según ha afirmado, le habían comunicado que iban a dejar de contar con él. Además, se ha mostrado muy crítico con la estrategia de la actual presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas.

Así lo ha explicado en una carta publicada en su cuenta de Twitter en la que recuerda sus inicios en Ciudadanos hace quince años en Cataluña junto al expresidente Albert Rivera y a otras figuras que ocupan o ocuparon cargos destacados en Cs como José Manuel Villegas, Fran Hervías, Juan Carlos Girauta, Jordi Cañas y Manuel García Bofill.

Castillo también señala que estuvo en la Ejecutiva nacional del partido durante seis años y que ha sido miembro del Consejo General desde 2010 y se muestra orgulloso de su etapa como subsecretario de Implantación Nacional en el periodo de «máximo crecimiento» de Ciudadanos.

«Conseguimos llegar hasta el último rincón de España y rozamos la Moncloa», dice para después criticar la gestión de la actual dirección del partido, encabezada por Inés Arrimadas. Considera que «quienes han recibido la herencia de años de duro trabajo, esfuerzo y dedicación de muchas personas» han «acabado con todo de un plumazo por sus malas artes y decisiones».

VE A Cs «EN LA IRRELEVANCIA Y A LA DERIVA»

Entre los errores que atribuye a la cúpula de Cs, menciona la sustitución de Lorena Roldán por Carlos Carrizosa tras ser escogida por los afiliados como candidata a la Presidencia de la Generalitat en las últimas elecciones catalanas, el «apoyo» al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, la moción de censura presentada en Murcia contra el PP y «la persecución interna contra aquellos que no les aplauden sus decisiones». Cree que todo esto «ha dejado al partido en la irrelevancia y a la deriva».

Castillo, que trabajaba como asesor de Ciudadanos en la Diputación de Alicante desde que comenzó la legislatura en 2019, ha sido una figura cercana al exsecretario de Organización Fran Hervías, que recientemente abandonó la formación naranja, renunció a su escaño en el Senado y ahora trabaja para el PP, y al senador Emilio Argüeso, que también ha dejado el partido después de que se le abriera un procedimiento de expulsión por haber ofrecido «prebendas a cargos y afiliados» para que dejaran Cs y se convirtieran en «tránsfugas».

Sobre su situación personal, Castillo dice en la carta: «Después de quince años de servicios a mi único partido, muchos kilómetros a la espalda y horas de trabajo», Jesús Gimeno –secretario de Acción Institucional de Cs en la Comunidad Valenciana y diputado provincial– «me traslada que la dirección nacional no cuenta conmigo y que le dé ‘las gracias a Hervías'», y «también la secretaria general, Marina Bravo, me comunicó que mis críticas internas y no aplaudir sus decisiones eran motivo para arrinconarme y apartarme en el partido».

«Aquellos que se arrimaban a los que empezamos el proyecto y construimos desde la nada un partido político, lo más gris, cobarde y mediocre, ejercen hoy mano de hierro en un partido que era de valientes», lamenta antes de informar de que pone fin a su compromiso con Ciudadanos, se da de baja como afiliado y dimite como consejero general. «No puedo seguir en un proyecto que no respeta nuestra memoria ni muestra lealtad a nuestros inicios», añade.

APOYO DE GIRAUTA

Uno de los que ha expresado su apoyo a Castillo tras leer su carta es Juan Carlos Girauta, exportavoz en el Congreso que dejó la política tras el fracaso en las elecciones generales de noviembre de 2019. «Vicente Castillo, a quien tantos le deben tanto, tampoco aguanta ahí dentro. Siempre contigo», ha escrito en Twitter.

Igualmente, Cristina Gabarda, diputada de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, ha expresado su «tristeza» y «decepción» y ha dado las gracias a Castillo, mientras que Jesús Galiano, expresidente de la Comisión de Garantías del partido, ha resaltado «lo mucho y bueno» que hizo para el proyecto político y ha augurado que Cs «se va a quedar muy pequeño» tras su marcha.

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad ha aprobado este martes por unanimidad una proposición no de ley de Unidas Podemos por la que insta al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para mejorar el acceso de las personas con discapacidad visual a «una Internet sin barreras».

La PNL, que se ha votado con una transaccional entre Unidas Podemos, PSOE, PP y Vox, ha sido aprobada por unanimidad este martes 23 de marzo en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso.

También se insta al Ejecutivo a introducir las modificaciones técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de la accesibilidad de las personas con discapacidad visual a las webs dependientes de los Servicios de Transporte Públicos, como por ejemplo las del grupo RENFE.

El diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés ha indicado que hoy en día existen sistemas de dictado de voz o líneas de braille táctiles para permitir a las personas con ceguera parcial o completa acceder a Internet pero ha precisado que para llegar a una «Internet sin barreras» aún queda «camino por recorrer».

La diputada del PSOE Fuensanta Lima ha calificado de «muy justa y necesaria» esta PNL porque las nuevas tecnologías permiten a las personas con discapacidad no solo acceder a la información sino también «sentirse igual al resto de las personas» y esto, a su juicio, «no puede significar una forma de exclusión».

En este sentido, la diputada del PP Teresa Angulo ha advertido de que las tecnologías «cuando no son accesibles para todos se convierten en una forma de exclusión» y ha aprovechado para «celebrar» la marcha del vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias del Ministerio de Derechos Sociales para quien, a su juicio, «las personas con discapacidad han sido invisibles».

La diputada de Vox Reyes Romero también ha mostrado su apoyo a la PNL de Unidas Podemos porque, según ha dicho, no son «un grupo sectario» y porque consideran que es «una injusticia dejar atrás» a las personas con discapacidad visual.

Por su parte, el diputado de Junts Per Catalunya Genís Boadella se ha mostrado de acuerdo con el fondo de la PNL pero ha advertido de que desde el Gobierno se «tolera» que empresas públicas no tengan webs completamente accesibles y ha criticado que se tengan «parados en un cajón proyectos de ley» que podrían solucionar el problema de la accesibilidad.

El todavía vicepresidente segundo y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha vaticinado este martes la desaparición de Ciudadanos, al que le ha reprochado que su legado sea «haber sostenido al partido más corrupto de Europa y haberle abierto las puertas de las instituciones a la ultraderecha».

Así ha contestado Iglesias al portavoz de Cs en el Senado, Tomás Marcos, durante la sesión de control que se está celebrando en la Cámara Alta. Aquí, el parlamentario de la formación de Inés Arrimadas ha cuestionado al todavía vicepresidente por el Tercer Sector, si bien ha aprovechado su pregunta para asegurar que no le gustan los extremos y recriminarle que se haya centrado en su candidatura madrileña.

En este contexto, Iglesias ha enumerado a Marcos el gasto que ha destinado el Ejecutivo en el Tercer Sector y ha cargado contra la formación ‘naranja’ por asegurar que no le gustan los extremos. «Quizá tendría que haber pensado esto antes de formar el trío de Colón con la derecha y la ultraderecha», ha subrayado Iglesias.

Ha continuado el secretario general de Unidas Podemos criticando que «sus aliados de Vox» llaman «chiringuitos» a las ONGs y «mafiosos» a los voluntarios de la Cruz Roja. Es aquí cuando Iglesias ha aprovechado para volver a cargar contra Cs asegurando que «fueron mimados por los poderes económicos y sus brazos mediáticos para ser el partido bisagra».

«Pero cometieron un error en Colón y ahora la ultraderecha les ha acabado devorando y cuando han intentado rectificar se han visto que ahora son una fuera política en descomposición plagada de tránsfugas dispuestos a dejarse comprar por los billetes del PP», ha sentenciado Iglesias.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido este martes a la Comisión Europea que investigue si la ley educativa en España, conocida como ley Celaá, vulnera el pluralismo educativo y de derechos de libertad educativa.

Tras discutir cinco peticiones ciudadanas sobre la reforma educativa en España, la presidenta de Peticiones, Dolors Montserrat, ha pedido un dictamen sobre las cuestiones discutidas en la Eurocámara y que se investigue si existe vulneración de derechos. Igualmente, ha reclamado al Ministerio de Educación que certifique que la nueva ley no incurre en vulneraciones de derechos.

El asunto se mantendrá en el Parlamento Europeo, pues Montserrat ha decidido derivar a la subcomisión de Libertades Civiles las demandas ciudadanas, al entender que las denuncias afectan a derechos fundamentales en la UE.

La ley Celaá ha llegado a la Eurocámara de mano de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), ‘Más Plurales’, la Asociación de Familias Numerosas, la Asociación Católica de Propagandistas y de ‘Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN’, que han criticado distintos aspectos de la reforma, entendiendo que conculca derechos fundamentales.

El PP ha apoyado las peticiones, alegando que la ley española conculca la carta de derechos fundamentales de la UE y daña el pluralismo, tratando de «imponer un modelo basado en la monopolización», según ha dicho la eurodiputada y exministra de Educación, Pilar del Castillo. Mientras que Isabel Benjumea, también del PP, ha criticado que la Comisión Europea se «lave las manos» ante una vulneración de derechos y libertades.

Maite Pagazurtundúa, de Ciudadanos, ha criticado que la ley se ha tramitado «de forma deficiente», sin escuchar a los actores sociales y ha criticado el papel que da a la educación especial. Por ello, se ha manifestado a favor de que la petición siga viva en la Eurocámara.

Vox también ha respaldado la petición, con fuertes críticas de su eurodiputado Jorge Buxadé a una ley que, a su juicio, consolida un modelo que es «un callejón sin salida» y que «genera fracaso y obediencia a la ideología del sistema». Y por eso ha defendido la libertad de los padres a elegir centro frente a una ley que promueve la «igualdad en la miseria intelectual».

En contra se ha expresado la izquierda, con duras críticas desde el PSOE por lo que ha llamado el uso de la Comisión de Peticiones como «cámara de tercera lectura» de las leyes españolas. La socialista Cristina Maestre ha señalado que es «falso» que la ley vaya a acabar con la concertada, vaya a cerrar centros de educación especial y elimine la religión.

De su lado, la eurodiputada de Podemos, Eugenia Rodríguez Palop, ha acusado a PP, Ciudadanos y Vox de hacer una «performance» en la Eurocámara y de enmascarar un «interés de clase» en un debate sobre la libertad de enseñanza.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) celebrará a partir de este miércoles el juicio al diputado de ERC Joan Josep Nuet por un presunto delito de desobediencia por su actuación como miembro de la Mesa del Parlament de Cataluña en relación al ‘procés’ independentista catalán del 1-O de 2017.

El tribunal puso fecha a esta vista oral un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le remitiera una exposición razonada para que se hiciera cargo del enjuiciamiento de Nuet, elegido diputado nacional en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, por lo que adquirió la condición de aforado.

El Supremo había acordado enviar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la investigación y posterior enjuiciamiento de los miembros de la Mesa del Parlament que votaron a favor de la tramitación de diversas iniciativas parlamentarias relacionadas con el proceso independentista en Cataluña, exceptuando a la que fuera presidenta de la cámara parlamentaria Carme Forcadell, ya condenada a 11 años y medio de prisión por sedición–. Tras adquirir Nuet de nuevo la condición de aforado, el pasado mes de marzo asumió la competencia para juzgarle.

Con el objetivo de arropar al diputado a la entrada del TS, una delegación de ERC se acercará hasta la Plaza de la Villa de París a las 9.30 horas. Así, acompañarán a Nuet –que tiene previsto realizar declaraciones a los medios antes de acceder al Supremo– las diputadas de ERC Carolina Telechea y Montse Bassa, y los senadores de la formación independentista Mirella Cortés y Bernat Picornell, además de otros cargos electos del partido.

PRESIDIRÁ MARTÍNEZ ARRIETA

El tribunal que juzgará a Nuet no será el mismo, en parte, que el que juzgó a los 12 líderes independentistas el pasado año. El principal cambio está en la presidencia que pasará a estar en manos de Andrés Martínez Arrieta –que además será el ponente de la sentencia– en sustitución del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena.

Martínez Arrieta es el magistrado con más antigüedad en la Sala. Juzgó el ‘procés’ junto a los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, quienes también estarán en la vista oral contra el diputado de ERC. En el tribunal del ‘procés’ también estaba el magistrado Luciano Varela, quien se jubiló hace unos meses.

Así, para completar el número de siete magistrados que integran el tribunal se incorporan a él la magistrada Susana Polo y Eduardo de Porres –este último, instructor de la causa en la que se investiga a la portavoz en el Congreso de JxCat y candidata a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Laura Borràs–.

La Sala, una vez conocida la prueba propuesta por la Fiscalía, Abogacía del Estado y la defensa para su práctica en el juicio, dictó un auto el pasado 10 de diciembre declarándolas pertinentes y dando traslado a la letrada de la Administración de Justicia para que señalara día y hora para la celebración del juicio oral.

TRAMITACIÓN DE LAS ‘LEYES DE DESCONEXIÓN’

La Fiscalía acusa a Nuet de haber votado, como secretario tercero de la Mesa del Parlament de Cataluña en la XI Legislatura, en la que era diputado de SíQueEsPot, a favor de la tramitación de las denominadas ‘leyes de desconexión’ contrarias al orden constitucional.

Todo ello a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional para que se abstuviera de hacerlo y de los informes desfavorables de los Servicios Jurídicos de la Cámara autonómica, recuerda el Ministerio Público.

Por ello, solicita una pena de multa de 10 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por el presunto delito de desobediencia grave.

El TSJC condenó el pasado mes de octubre a otros cuatro ex miembros de la Mesa del Parlament, Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), por tramitar dichas iniciativas parlamentarias, mientras que absolvió a la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha participado este martes en el evento ‘Del ‘no es no’, al ‘sí es sí’: normas y políticas públicas para erradicar las violencias sexuales’, en donde ha señalado que espera que la Ley Integral de Garantías de la Libertad Sexual se apruebe «en los próximos meses».

En si intervención, Montero se ha referido a la «obligación» y «responsabilidad» de las instituciones para poner en marcha «normas y políticas públicas» feministas. «No podemos esperar más. Es el momento», ha indicado, antes de señalar sus esperanzas sobre el avance en la tramitación de la norma conocida como Ley del ‘solo sí es sí’.

Según ha explicado, «las mujeres no aceptan seguir conviviendo de forma normalizada con la violencia sexual» y es por ello que la conocida como ‘cuarta ola’ del feminismo está «mirando de frente» a los responsables políticos. En concreto, ha explicado, está reclamando «cambio profundos» y no «parches» en este sentido.

En su intervención también ha alertado de la actitud de la «extrema derecha» y de los «fundamentalismos» que, según ha señalado, «siguen presionando sin tregua» en la UE y en los estados, para que «las mujeres no tengan derechos» y, en este sentido, ha lamentado la decisión del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de abandonar el Convenio de Estambul sobre la violencia de género.

EL CONSEJO DE EUROPA DEFIENDE EL SÍ ES SÍ

El acto ha estado dirigido por la delegada de Gobierno contra esta lacra, Victoria Rosell, que también se ha referido a la «obligación» de los ejecutivos en «avanzar» hacia un marco de derechos humanos y de elaboración de normas que «afronten los elementos centrales para prevenir y erradicar la violencia sexual».

Al respecto, ha criticado la «honda raíz patriarcal» del ‘no es no’, por la que «el hombre tiene el derecho al cuerpo de la mujer y es ella la que pone el veto»; y ha defendido el ‘solo sí es sí’ que recoge que ambas personas implicadas en la relación sexual «con libertad y desde la igualdad» deciden sobre sus actos.

Precisamente en el consentimiento se ha centrado la intervención en el evento de la presidenta del GREVIO del Consejo de Europa, Marceline Naudi, quien ha criticado que la violación se tipifique según la violencia usada por el agresor que, precisa, «no siempre es física», y según el comportamiento de la mujer que, ha declarado, «no se siempre se va a defender», porque hay quien se queda paralizada o quien intenta huir u otro comportamiento.

«Lo que pide el Convenio de Estambul es un enfoque contextualizado que se centre en las victimas y en la tipificación como delito de todas las formas de violencia sexual sin consentimiento», ha declarado, antes de defender la visión del ‘solo sí es sí’.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía Rodrigo Rato por supuestamente defraudar más de 8,5 millones de euros, acusándole de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, entre otros, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

El Ministerio Público ha acusado a Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; otro de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

Según fuentes fiscales, los once delitos fiscales computarían 53 años, por lo que sumados a los otros cargos arrojarían 70 años de cárcel, a los que hay que añadir las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la administración tributaria.

De acuerdo con las tesis fiscales, de las que ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.

Anticorrupción calcula que las cuotas defraudadas suman 7.470.163,96 euros, a los que hay que añadir las cantidades dimanantes de la tributación de los servicios profesionales prestados por Rato a través de sus sociedades, aprovechando las bases imponibles negativas que las mismas arrastraban, que sería el caso de los trabajos a Telefónica o la celebración de conferencias después de regresar a España tras dejar el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional.

UN ENJAMBRE SOCIETARIO

La Fiscalía menciona como especialmente relevante la participación en tal operativa de Santiago Alarcó, ex cuñado de Rato que habría manejado sus cuentas en el extranjero y gestionado las estructuras societarias, y del asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, como administrador de la empresa española Kradonara –filial de la británica Vivaway– y organizando la repatriación del dinero blanqueado a través del ‘trust’ gibraltareño Finsbury.

Conforme al escrito de acusación, Rato también ha titulado cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza desconocidas para la Hacienda Pública, que ha operado a través de otras cuentas en la Isla de Man, Curaçao o Kuwait, y se ha servido de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de ‘trust’ y sociedades opacas.

El Ministerio Público ha detectado hasta ocho mecanismos de blanqueo de capitales de los que se habría beneficiado el ex vicepresidente del Gobierno, entre ellos el llamado ‘crédito lombardo’, que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores; las propias inversiones de las sociedades de Rato en la mercantil alemana Bagerpleta Gmbh; o las millonarias ampliaciones de capital en Kradonara y Vivaway.

LA AMNISTÍA FISCAL

Destacan, siguiendo el relato de la Fiscalía Anticorrupción, las declaraciones tributarias bajo los modelos 750 (Declaración Tributaria Especial) y 720 (Declaraciones de bienes y derechos en el extranjero) para limpiar el origen ilícito de los bienes que Rato intentó reintegrar a la actividad mercantil lícita.

Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal declarando ser el propietario de Red Rose Finantial, pero omitiendo cualquier referencia a otras sociedades suyas, con lo que reconoció un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros por el que pagó a Hacienda 11.533,35 euros.

A juicio del Ministerio Fiscal, «lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente (…), utilizó en realidad la DTE como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior».

COMISIONES POR LA PUBLICIDAD DE BANKIA

La Fiscalía ha recordado que durante la instrucción han aflorado asimismo indicios de que Rato cobró comisiones indebidas por los contratos de publicidad firmados por Bankia con las empresas Publicis y Zenith de cara a la salida a bolsa de la entidad bancaria cuando él era su presidente.

Las comisiones se habrían canalizado desde la sociedad interpuesta Albisa, propiedad del también acusado Alberto Portuondo, que además habría sido contratado como asesor de Bankia. Albisa habría cobrado el dinero y enviado parte del mismo a Kradonara –una de las empresas de Rato– con la cobertura de un supuesto contrato de asesoría a la otra mercantil.

A Kradonara llegaron 835.059,97 euros entre 2011 y 2012 procedentes de dichas comisiones y desde ahí fueron transferidos por el propio Rato a cuentas bancarias de otras dos sociedades –Bagerpleta Gmbh y Arada–, logrando así difuminar el origen del dinero, de igual modo que hizo con las cuotas defraudadas, de acuerdo con Anticorrupción.

LA FIANZA DE LAS ‘BLACK’

Por otro lado, el Ministerio Público ha detallado que la fianza de tres millones de euros que la Audiencia Nacional impuso a Rato por el caso de las ‘tarjetas black’, que fue avalada por la sociedad Ership –vinculada a un familiar suyo–, conllevó que el ex jefe del FMI entregara en prenda al dueño de la mercantil las 2.349 participaciones que constituían el accionariado de Vivaway, valoradas en 6.485.389,23 euros.

La Fiscalía ha indicado que actualmente se desconoce si las participaciones entregadas volvieron a manos de Rato o si se despatrimonializó definitivamente Vivaway a causa de dicha operación de prenda, que puso ese patrimonio fuera de todo control judicial, pese a tener causas penales abiertas.

Asimismo, ha señalado que el 14 de abril de 2015, dos días antes de las entradas y registros efectuados, Rato vendió valores de Donald Inversiones por 380.276,60 euros y, el mismo día de las entradas y registros, transfirió 487.032,24 euros desde su empresa Cor Comunicación sin que se haya podido determinar el destino.

SEIS AÑOS DE INVESTIGACIÓN

Anticorrupción ha presentado sus conclusiones provisionales después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, pusiera fin en febrero a la investigación sobre el presunto origen ilícito del patrimonio de Rato, tras casi seis años de pesquisas.

El juez ha propuesto procesar a Rato, a Miguel Ángel Montero –administrador de varias empresas del ex vicepresidente del Gobierno– y al abogado Domingo Plazas Ruiz y su despacho, Plazas Abogados, por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.

Además, por corrupción en los negocios ha apuntado a la que fuera secretaria de Presidencia en Caja Madrid y directora de coordinación de la Presidencia en Bankia, María Teresa Arellano; a Alberto Portuondo, uno de los ‘hombres’ de Montero; a las empresas Publicis y Zenith y a siete personas relacionadas con ellas.

En cuanto al blanqueo de capitales, ha señalado igualmente a Santiago Alarcó, mientras que también ha achacado el delito fiscal a Ramiro Sánchez de Lerín, quien fuera secretario general y del Consejo de Administración de Telefónica.