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Fiscalía no ve delito en que el Govern catalán no acuse a manifestantes si no hay lesiones a mossos

La Fiscalía Superior de Cataluña no ve indicios de prevaricación en que la Generalitat no se persone como acusación particular en causas por delitos de atentado a agentes de Mossos d’Esquadra si estos no resultaron heridos en el incidente.

En este sentido, el fiscal superior, Francisco Bañeres, ha archivado una demanda de los representantes de Cs Carlos Carrizosa y Mari Luz Guilarte, quienes denunciaron que la Conselleria de Interior, por orden de los servicios jurídicos de la Generalitat, se apartara de una causa por desórdenes y atentado en la que ningún agente resultó herido.

La denuncia también recogía las declaraciones del conseller Miquel Sàmper ante el Parlament en noviembre de 2020, en las que expuso que en varias causas la acusación no se ha centrado en el delito de lesiones «sino en el que tiene más carga punitiva y penal y privativa de libertad, que es el delito de atentado y el delito de desobediencia», lo que tachó de poco coherente.

En esa intervención, Sàmper recordó que los funcionarios heridos durante su función tienen garantizada la asistencia jurídica de la Generalitat, y señaló que este criterio debería aplicarse a manifestantes de cualquier ideología.

Sàmper dijo que el Govern trabajaba para acordar un criterio claro y anunciarlo en una o dos semanas, aunque la Generalitat ha mantenido la acusación por presuntas lesiones en juicios celebrados este año, como en el caso del manifestante que se enfrenta a hasta cinco años y medio de prisión por supuestamente lesionar la muñeca de un policía durante la protesta ‘Holi’ contra Jusapol en 2018.

Cs consideró en su denuncia que se trataba de «una arbitrariedad jurídica» contraria a los derechos de los agentes, y acusó al Govern de hacer un uso partidista de los servicios jurídicos, dado que la mayoría de causas por desórdenes y atentado de los últimos meses han afectado a manifestantes independentistas.

CRITERIOS «EXCLUSIVAMENTE POLÍTICOS»

El fiscal archiva la denuncia en la misma resolución en la que la da por recibida, al considerar que las decisiones de la Generalitat modificó el criterio en sus actuaciones jurídicas al retirarse de la causa «sin que las mismas infrinjan la legislación».

Al no haber ningún agente lesionado, remarca que es potestad del Govern decidir si mantiene o no la acusación, y la decisión «no puede ser calificada como prevaricadora o contraria al ordenamiento jurídico».

Además, señala que no se conoce una orden de Sàmper al respecto sino solo sus declaraciones en el Parlament, y si la hubiese tampoco sería delito porque se basa en «criterios exclusivamente políticos en el marco de la acción de gobierno»