La acusación que representa al mayor número de víctimas de los atentados del 17A en La Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona) ha pedido, en un recurso de apelación, que la Audiencia Nacional condene a Mohamed Houli Chemlal y a Driss Oukabir como autores de los asesinatos, además de pertenencia a organización terrorista y otros delitos.

El recurso, pide al tribunal que rehaga su sentencia y les condene por los "asesinatos terroristas consumados y los delitos de lesiones terroristas".

La Audiencia Nacional impuso una pena de 53 años y medio de cárcel a Chemlal y de 46 a Oukabir por pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito así como fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista; y estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave.

Con este recurso, la representación de las víctimas pide a la sala de apelación de la Audiencia Nacional que anule una parte de la argumentación jurídica de la sentencia, manteniendo los hechos que el tribunal declaró probados, y condene a Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal como partícipes de los ataques.

También reclama ajustar las indemnizaciones a las víctimas y concreta a tres afectados, para quienes pide reconocer 271, 90 y 249 días de estabilización después de los ataques.

PROCESADOS POR COLABORACIÓN

Reprochan que el tribunal consideró no planteada la acusación por delitos de asesinatos y lesiones terroristas contra Chemlal y Oukabir, pero sí decidió absolver a Said Ben Iazza "de delitos que no estaban incluidos en el auto de procesamiento donde sólo se hablaba de colaboración con organización terrorista".

Afirman que el juez instructor no argumentó por qué rechazó procesar a Chemlal y Oukabir por estos delitos, lo que sí había pedido la representación de las víctimas, y afean una "flagrante contradicción" entre la sentencia y su escrito de acusación.

La acusación cree que se ha "omitido" la parte de su escrito de acusación que atribuía a Chemlal y Oukabir los delitos de asesinato y lesiones terroristas.

La Casa Real y el Gobierno, por medio de la vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, han lamentado el fallecimiento este lunes de Manuel Clavero Arévalo, exministro de la UCD e Hijo Predilecto de Andalucía, a los 95 años de edad.

"Con gran tristeza conocemos en Sevilla el fallecimiento de Manuel Clavero Arévalo, figura clave de la reciente historia de la Andalucía moderna", ha sido el mensaje de la Casa Real en la cuenta de Twitter de la institución.

Por el mismo cauce se ha manifestado Calvo, que tilda igualmente a Clavero de "figura clave de la Transición, artífice del Estado de las Autonomías y padre de la Andalucía moderna". "Su firmeza fue clave para que hoy podamos reivindicar el 28F. Adiós profesor", agrega.

Nacido en Sevilla en abril de 1926, ha sido un prestigioso abogado y catedrático de Derecho Administrativo en Salamanca y Sevilla, universidad esta última de la que fue rector por elección entre 1971 y 1975.

Distinguido con el título de Hijo Predilecto de Andalucía en 1999, Clavero Arévalo tuvo como catedrático en Salamanca y Sevilla entre sus alumnos a dos futuros presidentes de gobiernos de la democracia, como fueron Adolfo Suárez y Felipe González.

Además, Clavero Arévalo da nombre desde el pasado año 2020 a una de las medallas de Andalucía que, por el 28 de febrero, concede anualmente el Consejo de Gobierno de la Junta en virtud de una iniciativa del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que hasta ahora han recibido el expresidente andaluz Rafael Escuredo, en 2020, y el Parlamento andaluz en este 2021.

Medalla de oro del Instituto de Academias de Andalucía y miembro de las Reales Academias de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba; de las Buenas Letras de Sevilla y de Jurisprudencia y Legislación de Sevilla, Manuel Clavero ha sido igualmente profesor en la Facultad de Derecho Comparado de Estrasburgo y ha publicado numerosos libros y trabajos sobre diversos aspectos del mundo del Derecho.

En el ámbito de la política, Manuel Clavero Arévalo desempeñó un papel clave en la configuración de la nueva España de las Autonomías, según destacó la Junta cuando le concedió en 1999 el título de Hijo Predilecto de Andalucía. Fundador en 1976 del Partido Social Liberal Andaluz, integrándose posteriormente en la Unión de Centro Democrático.

Diputado al Congreso por Sevilla entre 1977 y 1982, en la transición a la democracia en España ocupó el primer Ministerio para las Regiones (1977-1979), y durante la primera legislatura constitucional se hizo cargo del Ministerio de Cultura. Desde la Junta se subrayó en 1999 que su rechazo al intento gubernamental de privar a Andalucía de un régimen autonómico pleno le llevó a presentar la dimisión como ministro de Cultura, participando activamente en la campaña por el 'sí' en el referéndum autonómico del 28 de febrero de 1980.

Ha recibido, entre otros galardones, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran Cruz de Carlos III, y ha sido miembro de la Orden del Mérito Constitucional.

La exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha decidido dejar su puesto de socia en el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo de forma temporal tras haber solicitado una excedencia voluntaria, según ha confirmado el despacho.

El pasado día 7 de junio, Cospedal solicitó, al amparo del Acuerdo de Socios, una excedencia voluntaria en el bufete que ha sido acordada por la junta de socios en su reunión de la semana pasada.

Esto implica que, mientras dure su excedencia, la exministra de Defensa no ejercerá las funciones de Consejero, ni de miembro de las demás Comisiones del Despacho al que se incorporó en enero de 2020 para realizar funciones de coordinación de un equipo multidisciplinar integrado por 27 abogados.

La expresidenta de Castilla La Mancha también renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados en 2018 tras la polémica por las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo, una semana después de que dejará su puesto dentro del Comité Ejecutivo Nacional de la formación 'popular'.

Ahora su decisión se conoce después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citara como investigados a la Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el espionaje parapolicial que se habría montado desde el Ministerio de Interior contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia a través de la 'Operación Kitchen'.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional atribuye al matrimonio presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con dicho operativo, llamándoles a declarar a las 10.00 horas del 29 de junio, en el caso de Cospedal, y a la misma hora del 30 de junio para su marido.

El auto de imputación se conoció el pasado 2 de junio justo cuando López del Hierro estaba compareciendo ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la 'Operación Kitchen'. A las 15.30 horas era el turno de su mujer, pero finalmente fue suspendida tras conocerse la imputación de la misma en la presunta trama de espionaje a Bárcenas.

Así, la Mesa de la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre la 'operación Kitchen' solicitó una prórroga del mandato de la comisión, que inicialmente estaba previsto que finalizara el 30 de junio.

Sobre la situación judicial de Cospedal, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, pidió que se respete la presunción de inocencia, al tiempo que aseguraba que su formación no está "preocupada" ni "ocupada" en este asunto. Según destacó, el PP tiene una "nueva dirección" que lidera Pablo Casado, que sigue el "principio básico" de "tolerancia cero con cualquier forma de corrupción".

En este sentido, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular acordó no abrir expediente informativo a Cospedal tras su imputación al argumentar que la presunta conducta no resulta del "ejercicio de un cargo público o representativo".

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado la decisión del Ejecutivo de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley catalana de vivienda y ha remarcado que precisamente fue "investido para regular el precio del alquiler".

Así lo ha indicado en Twitter ante la decisión del Ejecutivo de interponer este recurso ante esta normativa que habilita a poner límites a los precios del alquiler, si bien el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha señalado que no pedirá su suspensión como "gesto" a la Generalitat.

"Este Gobierno fue investido para regular el precio de los alquileres y acabar con la crisis habitacional, no para recurrir las leyes que consiguen ponerle freno", ha apuntado en su comentario en redes con la etiqueta '#LaRegulaciónNoSeToca'.

CACEROLADA DEL SINDICATO DE INQUILINOS

De esta forma, hacía referencia al 'hashtag' promovido por el Sindicato de Inquilinos, que precisamente este lunes ha convocado una cacerolada ante la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, para protestar contra su decisión de llevar al TC la ley catalana.

En un vídeo difundido en redes sociales, Gil ha subrayado que el PSOE se había comprometido a aprobar a nivel estatal una ley que regulara los precios del alquiler y, de momento, no lo ha hecho.

Además, ha remarcado que la normativa catalana está "funcionando" y el precio ha habado en los municipios en los municipios que disponen de dicha regulación del alquiler mientras ha subido en aquellas localidades que no cuentan con ella.

"El PSOE no tiene que atacar esta ley, el PSOE tiene que extender esta ley al resto de comunidades como anunció en el acuerdo de gobierno", ha insistido el representante del Sindicato de Inquilinos para sugerir que si no lo está haciendo, es porque recibe "presiones" de "fondos buitre, bancos y grandes inmobiliarias".

La semana pasada desplegaron una concentración a las puertas del Congreso, a la que se sumó Unidas Podemos, Esquerra Republicana, EH-Bildu, Junts, la CUP, Más País-Equo y Compromís.

Por su parte, En Comú Podem ha celebrado que el PSOE haya accedido a no solicitar la suspensión cautelar de la ley de vivienda catalana que regula el alquiler en el recurso que se interpondrá en el Tribunal Constitucional, tal y como habían demandado desde la formación en los últimos días a través de diversos contactos con el socio de coalición.

La OTAN ha acordado una posición "unida y clara" sobre la necesidad de abordar el auge internacional de China en la esfera internacional y sus acciones agresivas contra los aliados, pese a los lazos comerciales que mantienen los países de la OTAN con Pekín.

En rueda de prensa tras el encuentro, el secretario general, Jens Stoltenberg, ha valorado que por primera vez los socios trasatlánticos han acordado vigilar de manera conjunta a China, desligando esto de las relaciones económicas de cada miembro de la organización militar con el gigante asiático.

"Las ambiciones declaradas y el comportamiento asertivo de China presentan desafíos sistémicos para el orden internacional basado en reglas y para las áreas relevantes para la seguridad de la Alianza. Nos preocupan esas políticas coercitivas que contrastan con los valores fundamentales consagrados en el Tratado de Washington", han recogido las conclusiones pactadas por los líderes aliados en la cumbre de Bruselas.

Se trata del documento más crítico hasta la fecha de la OTAN y coincide con la primera cumbre del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En él se critica también su falta de transparencia y sus ejercicios conjuntos con Rusia.

ACTUAR EN CASA

A juicio de Stoltenberg, no se trata de "no actuar y comerciar o no actuar y poder comerciar". "El mundo no es tan simple. Lo importante es que individualmente los aliados de la OTAN han evaluado las oportunidades y retos y hoy acordamos hacerlo juntos como Alianza", ha expuesto el político noruego sobre la discusión entre aliados.

En este sentido, ha hecho hincapié en que todo empieza por responder a nivel nacional a las actividades de China. "Responder a los desafíos que supone China a nuestra seguridad no es mover la OTAN a Asia, sino lo que hacemos en casa, sobre nuestra resiliencia y ciberdefensa porque China está viniendo a nosotros", ha asegurado el secretario general.

Sobre las relaciones con China, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha llamado a "no dispersarse" y recordar que la relación con el gigante asiático es muy amplia, con divergencias pero también con una agenda común en cuestiones globales como la lucha contra el cambio climático o la financiación al desarrollo.

"Es también un competidor, en el plano económico, del que esperamos que respete las reglas", ha añadido Macron, que también ha señalado los "desacuerdos en materia de valores" que existen entre la Unión Europea y China en cuestiones como el respeto de los Derechos Humanos.

Por su lado, el primer ministro belga, Alexander de Croo, ha considerado que el tono de los aliados sobre China no es "hostil" sino de claridad a la hora de señalar las prioridades de los países de la OTAN y dejar claro su compromiso con el respeto de los Derechos Humanos y la democracia.

"En el plano económico, el mensaje también es claro: Estamos abiertos a los negocios con China, pero si hay reciprocidad", ha expresado De Croo, quien ha afirmado que en lo que a las relaciones con el gigante asiático "existe convergencia" entre la UE y Estados Unidos.

De su lado, la canciller alemana, Angela Merkel ha apuntado que el gigante asiático es "un rival en muchos aspectos", pero "a la vez un socio en otros aspectos".

AGENDA DE MODERNIZACIÓN

Durante la reunión, los líderes aliados han acordado la propuesta de Stoltenberg para actualizar la OTAN gracias a la agenda de modernización con la que fomentar mayor ambición en materia de seguridad y defensa, promover la consulta política dentro la Alianza, reforzar la defensa colectiva, además de fortalecer su posición militar.

Stoltenberg ya ha avisado que la nueva 'hoja de ruta' conllevará un aumento de la financiación de la OTAN en sus distintos aspectos para alcanzar el nivel de ambición.

La decisión adoptada significa incrementar y fortalecer el presupuesto civil, el militar y el de inversiones", ha subrayado, siguiendo su intención de reforzar las partidas de inversión común que dan cobertura a misiones como los batallones del Báltico.

Daniel Ventura, hasta ahora jefe de Producto y Desarrollo, asumirá la Dirección de 'El HuffPost' y relevará en el cargo a Guillermo Rodríguez, que se ha incorporado a la Cadena SER como director de informativos. Asimismo, Laura Riestra, hasta ahora responsable de 'hard news', será subdirectora.

"Empezamos esta nueva etapa con mucha ilusión y con las ganas de mantener el estilo único de El HuffPost", ha subrayado Ventura en un comunicado que ha sido remitido por el citado medio en el que ha destacado que el espíritu con el que nació el medio en 2012 seguirá siendo la piedra angular del trabajo de todo el equipo.

En esta clave, Riestra ha añadido que el objetivo que comparten es el de "seguir haciendo un periodismo riguroso y sin complejos, que sirva a una sociedad cada vez más diversa en estos tiempos tan convulsos".

Ventura es un periodista nativo digital con 14 años de experiencia en el sector y trabaja desde 2016 en El HuffPost. Desde 2018, es jefe de Producto y Desarrollo, puesto desde el que ha trabajado directamente con el hasta ahora director en las decisiones editoriales, en la gestión del equipo y en nuevas estrategias de crecimiento.

En cuanto a su formación académica, es licenciado en Historia y máster en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense. También cursó el máster en Periodismo Digital por la Universidad Europea y es, asimismo, profesor de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.

Laura Riestra, la nueva subdirectora, es desde 2018 redactora jefa de hard news. Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III y proveniente de RTVE.es y ABC.es, lleva seis años en El HuffPost, donde empezó como responsable de información internacional.

Han explicado que la labor que ha desarrollado como coordinadora del equipo de Actualidad y Política ha sido "clave" en la consolidación del medio como un periódico influyente en el ámbito de la información política, social e internacional.

"Daniel Ventura y Laura Riestra, que han trabajado codo con codo con él desde que se unieron al equipo, afrontarán los retos de esta nueva etapa con responsabilidad, ilusión y también la tranquilidad que les da saber que podrán contar con su consejo", han asegurado desde el medio digital.

"ENORME CALIDAD HUMANA"

Por otra parte, han trasladado que todo el equipo de El HuffPost quiere transmitir a Guillermo Rodríguez su "reconocimiento y máximo agradecimiento" por el trabajo que ha llevado a cabo durante estos años. Han deslizado que su labor al frente del equipo ha hecho posible que el medio "alcance el prestigio del que goza en la actualidad y su contagiosa pasión ha sido siempre una fuente de inspiración para todos".

Han puesto de relieve también su "enorme calidad humana" que ha convertido a la redacción en un grupo "muy unido", en torno a una idea común del periodismo y la información en internet.

El HuffPost cerró el pasado mayo con más de 14 millones de usuarios únicos y se mantiene como quinto nativo digital de España y el décimo entre los medios generalistas.

"El HuffPost cuenta con el respaldo de todos los medios que forman el Grupo PRISA en España y con las ediciones que HuffPost tiene en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Grecia y Japón", ha explicado el nuevo director del medio.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes, tras el breve encuentro del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha "hundido" a España "en la irrelevancia internacional" y ha añadido que si su partido llega a Moncloa devolverá el país "al lugar que se merece".

Así se ha pronunciado después de que Biden y Sánchez se hayan saludado y conversado brevemente este lunes en un pasillo de la sede de la OTAN, una charla cuyo contenido por ahora se desconoce y que ha durado menos de un minuto. El contacto se ha producido tras la foto de familia de los líderes aliados, instante en el que Sánchez se ha acercado a saludar a Biden como han podido captar las cámaras.

Sánchez nos ha hundido en la irrelevancia internacional. Devolveremos a España al lugar que se merece", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

EL PP PEDIRÁ EXPLICACIONES EN EL CONGRESO

Por su parte, el portavoz adjunto de Exteriores del Grupo Popular, Pablo Hispán, ha recalcado que "el acontecimiento planetario" que anunció Moncloa fue al final "un largo paseo de 20 segundos que a Biden se le hizo eterno". "Se demuestra el ridículo de la política exterior española", ha enfatizado.

En declaraciones, Hispán ha indicado que, aunque ver las imágenes "pueda producir hilaridad", lo ocurrido "realmente produce profunda tristeza" porque España "es la cuarta economía del euro y tiene "numerosos intereses compartidos con Estados Unidos en América Latina" y en este momento "una profunda crisis con Marruecos.

"En mitad de estas circunstancias, que el presidente del Gobierno no consiga absolutamente nada, más que acompañar durante 20 segundos al presidente de Estados Unidos, pues está entre la tristeza, la preocupación y el bochorno", ha lamentado.

Dicho esto, Hispán ha avanzado que el Grupo Popular presentará preguntas en el Parlamento para que el Gobierno aclare los pormenores y cómo se ha gestionado este encuentro. "Queremos saber quiénes han sido los responsables de este ridículo y de este bochorno que nos avergüenza a todos los españoles", ha manifestado.

También la responsable de Internacional del PP, Valentina Martínez, ha hecho hincapié en que este hecho muestra la "irrelevancia internacional" del jefe del Ejecutivo. "Hay gente que trata a Sánchez como merece: vean la reunión de alto nivel conseguida por Moncloa con Biden siete meses después sin ni siquiera llamar", ha afirmado, para exclamar: "¡Qué vergüenza!".

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado que el Rey Felipe VI no es "cómplice de nada" sino que la culpa de que tenga que firmar los indultos a los presos independentistas la tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha expresado en declaraciones a la prensa, en la Asamblea de Madrid, tras la polémica surgida por sus declaraciones este domingo en la manifestación de Colón. "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?", señaló la dirigente autonómica.

Ayuso ha reiterado que su preocupación es que los indultos lleguen "a la mesa del jefe del Estado" cuando el Rey fue "la esperanza de todos los españoles el 3 de octubre". "Me duele, esto es una opinión personal, profundamente el compromiso al que le van a someter", ha declarado.

La presidenta autonómica ha incidido en que el monarca "no es cómplice de nada" y ha aseverado que "toda la culpa recae en el presidente del Gobierno", que está "deteriorando todas las instituciones del Estado en su propio beneficio y la imagen internacional de España".

En este punto, ha señalado que, "frente a los que de manera torticera llevan años diciendo barbaridades sobre la monarquía o intentando eclipsar la autoridad del Rey", su Gobierno actual y el futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid "siempre van a defender la igualdad de todos los españoles ante la ley, su soberanía, la Constitución, las instituciones, la concordia y, por supuesto, la figura del Rey de España".

Para Ayuso, lo que Sánchez está haciendo con los indultos "es indigno y es una humillación para todos los españoles". Se trata, a su juicio, de "una decisión contra el Estado de Derecho, el Tribunal Supremo y el tribunal sentenciador" al premiar "el delito".

Antes de concluir, la 'popular' ha indicado que con estas declaraciones ya ha hablado "más tiempo del que ha durado la cumbre bileteral de Sánchez" con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Según la presidenta, esta cumbre será conocida como la "de los 26 pasos".

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han trasladado a la presidenta de la Cámara regional, Eugenia Carballedo, que no apoyarán en la investidura a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mientras que Vox ha reiterado que el PP contará con sus votos a favor.

Así lo han trasladado estos partidos en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de reunirse con la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, a la que le han hecho saber su orientación en los próximos plenos de investidura.

La primera reunión ha comenzado a las 16 horas con la portavoz de Unidas Podemos-IU, Carolina Alonso, que ha trasladado a Carballedo que no van a negar "la legitimidad que las urnas han dado a Ayuso" pero que no por ello va a poder hacer "lo que quiera".

"Vamos a hacer una oposición clara, dándole especial importancia al empleo, al rescate de la juventud, a colectivos vulnerables, y los fondos de reconstrucción que ya hemos visto que Ayuso quiere gestionar a través de una empresa privada y me gustaría preguntarle si va a privatizar también la gestión del gobierno, que es lo único que le falta privatizar", ha criticado.

A continuación, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, se ha reunido con Caraballedo, a la que le ha reiterado su apoyo a la dirigente autonómica en funciones como ya se comprometió el pasado 4 de mayo.

Ha insistido en que no piden "nada a cambio" y que no hay pacto de investidura, ya que irán analizando "ley a ley e iniciativa a iniciativa" si quieren los votos de Vox para sacarlas adelante.

La portavoz del PSOE, Hana Jalloul, ha trasladado que votarán 'no' a la candidatura de Ayuso porque en estos momentos piensan que su modelo fomenta la "desigualdad". Ante eso, ha dicho, los socialistas harán "una oposición firme" desde la "lealtad institucional".

Así, se preocuparán por llevar a cabo iniciativas para que se invierta en Sanidad, en las plantillas de sanitarios, la educación y la movilidad con las infraestructuras en Madrid.

Por último, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha indicado que la presidenta en funciones "no está en disposición de afrontar los retos que necesita la Comunidad y los derivados de la pandemia, de la crisis económica y de la gestión de los servicios públicos".

"Nos tememos que Ayuso vaya a estar más preocupada por sus intereses personales que por los intereses de los madrileños. No ha hecho ninguna propuesta desde que ha ganado las elecciones", ha lamentado García.

Además, espera que la presidenta de la Asamblea se rija por los principios del "diálogo y escucha" y que haya un debate político real, evitando "la tentación de actuar de manera partidista y de romper ese papel neutral". Así, le ha pedido que en los plenos se garantice minutos de silencio cuando haya asesinatos de violencia machista.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza separada 'Kitchen' ha citado para el 14 de julio al perito ingeniero Javier Rubio Alamillo, a propuesta de la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. En su declaración quiere que ratifique y aclare su dictamen de noviembre en el que afirmó que los mensajes que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez protocolarizó ante notario están "manipulados".

En una providencia, confecha de 10 de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, resuelve sobre varias diligencias, y en concreto sobre la propuesta por la defensa de Fernández Díaz, en el marco de esta línea de investigación en la que se indaga en la operación policial orquestada para sustraer documentación sensible para el PP y que estaba en poder de su extesorero Luis Bárcenas, con el objetivo de que no llegara al juzgado que investigaba la Gürtel.

La defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz había solicitado en noviembre de 2020 al juez que citara a este perito para que se ratificara en su pericia, informe que fue presentado después del careo que el magistrado celebró entre el exministro y el que fuera su 'número dos'.

Dicho informe de parte sostiene que los mensajes que el exsecretario de Estado registró ante notario, en los que supuestamente el exministro le pediría que se informara sobre el operativo parapolicial creado en 2013 para espiar a Bárcenas, presentan "notables irregularidades" y por tanto adolecen "de una alta probabilidad de manipulación".

ANÁLISIS DE LAS DOS ACTAS NOTARIALES

El perito analizó las dos actas notariales levantadas sobre dichos mensajes de texto y concluye que la elaborada en junio de 2019 por el notario de Mahón (Menorca) Alberto Vela Navarro-Rubio "toma las suficientes precauciones como para no afirmar que los mensajes que van a ser protocolizados proceden de Fernández Díaz, sino que afirma que es el requirente el que se lo manifiesta o se lo indica".

Además, el informe pericial resalta que el propio notario "mutila" los mensajes, "reconociendo que desecha los de la conversación que no son objeto del requerimiento, cercenando la integridad que debe revestir cualquier conversación mantenida a través de mensajería instantánea".

Sobre los dos pantallazos de los que elevó acta el perito destaca que en ninguno de ellos se aprecian "elementos adyacentes como la hora o la señal de la cobertura" propias de las pantallas de los móviles, y sólo se ven los mensajes propiamente dichos, "lo cual es francamente extraño, porque en cualquier aplicación de mensajería, se puede observar al menos el nombre del remitente del mensaje".

Este acta notarial estaría relacionada con dos mensajes que habrían sido enviados en el verano de 2013: en el primero, Fernández Díaz habría encargado a Martínez que averiguara si el chófer del extesorero era un confidente policial; y en el otro, sería el exsecretario de Estado el que conmina al ministro a hablar después de que éste "tenga el contacto Cecilio", que es como se denomina al CNI en el argot policial.

MENSAJE SOBRE EL "ÉXITO" DE LA OPERACIÓN

La segunda acta notarial, que levantó el notario Enrique A. Franch Quiralte, estaría relacionada con un mensaje en el que se informaría de que "la operación se hizo con éxito", en referencia al volcado de la información que contenían "2 iphones y 1 Ipad" que serían del extesorero del PP.

El perito de parte pone el foco en que este segundo notario deja por escrito que no es él quien manifiesta que el ex 'número dos' de Interior reciba los mensajes de Fernández Díaz, "sino que es el propio requirente el que lo hace y el notario así lo refleja".

Asimismo, sobre el pantallazo que se aporta con el mensaje, dice que si bien parece provenir de "un tal Jorge", el nombre no va unido a un número de teléfono concreto "por lo que puede ser perfectamente un mensaje recibido de cualquier número al que el requirente hubiera almacenado en la agenda como 'Jorge', ya que el número no puede verse y los nombres de la agenda de un móvil pueden modificarse a placer".

Pero va más allá y apunta que ese mensaje incluso podría haber sido creado "mediante una aplicación falsa" de tal manera que el notario, "que no es un experto", no sería capaz de discernir entre un mensaje SMS auténtico y la aplicación falsa o 'fake'. Así, el perito destaca que para determinar la autenticidad e integridad de los mensajes, "sería necesario realizar un análisis forense del terminal que, en este caso, obviamente no se ha producido".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a la brevedad de la conversación que ha mantenido con el presidente estadounidense, Joe Biden, durante la cumbre de líderes de la OTAN, defendiendo que era una primera toma de contacto y que han acordado "seguir en contacto". Pero sí ha precisado que el encuentro ha durado mása de los 20 segundos que ha dicho la prensa, aunque ha ironizado asegurando que no tiene un cronómetro para medir la duración.

El encuentro adelantado por Moncloa entre los dos presidentes, que hasta el momento no habían hablado por teléfono, había generado mucha expectación, pero finalmente se ha limitado a una breve conversación entre ambos, de menos de un minuto, mientras caminaban desde el lugar donde se ha hecho la foto de familia a la sala donde se iban a reunir los líderes.

"Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos pero le puedo garantizar que ha sido unos segundos más de los que hace referencia", ha respondido al ser inquirido por la brevedad del encuentro por un periodista, que ha hablado de 20 segundos.

En este sentido, ha explicado que han mantenido una "breve conversación y posteriormente un breve paseo" ya que los servicios de la OTAN les han pedido que se trasladaran. "Más allá de lo que haya podido conversar" con Biden, "lo que sí que es evidente es que era una primera toma de contacto", se ha defendido.

Según Sánchez, el encuentro ha "dado de sí" puesto que han podido hablar de "reforzar los lazos" en materia militar, ya que el acuerdo bilateral de defensa existente es de 1988 y el Gobierno es partidario de actualizarlo. Dicho convenio, que regula las bases estadounidenses en Rota y Morón, fue prorrogado un año mas el pasado noviembre, ya que expiraba este mes de mayo, ante la llegada de Biden a la Casa Blanca.

También han hablado sobre la "situación de Latinoamérica", tras la gira efectuada por el presidente del Gobierno la semana pasada a Argentina y Costa Rica, donde mantuvo una cumbre con los presidentes centroamericanos con motivo del 30 aniversario del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

Respecto a este asunto, ha precisado que ha trasladado a Biden su "preocupación por la situación migratoria y económica en la región como consecuencia de la pandemia".

Por otra parte, Sánchez ha dicho que ha felicitado a Biden por "la agenda progresista que ha puesto en marcha" y por su vuelta "a los grandes consensos multilaterales", como la vuelta al Acuerdo de París.

Por último, ha insistido en que el presidente estadounidense, "como líder progresista" ha inspirado a muchos, entre los que se ha incluido y "los primeros pasos que ha tomado certifican esa inspiración progresista", citando la vuelta al Acuerdo de París o algunas cuestiones de política social.

PRIMERA TOMA DE CONTACTO

"Después de esta primera toma de contacto, hemos quedado en continuar colaborando, trabajando y seguir en contacto", ha rematado. Por lo pronto, ya es seguro que Biden visitará el próximo año España, ya que los líderes de la OTAN han acordado que Madrid sea la sede de la cumbre de 2022.

La breve charla mantenida entre los dos presidentes ha sido su primer contacto toda vez que Biden no había llamado hasta ahora a Sánchez, como sí ha hecho a otras decenas de mandatarios internacionales tras su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, y el presidente del Gobierno no fue de los líderes que llamaron al demócrata tras su victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos.

También desde Moncloa se ha restado importancia a la ocurrido. Así, fuentes gubernamentales han sostenido que "siempre se ha hablado de encuentro, nunca se ha empleado la palabra reunión ni la idea de encuentro bilateral, que tiene otras implicaciones diplomáticas".

El objetivo no era otro que "saludarse, conocerse y dar una imagen de sintonía que pudiera verse reflejada gráficamente, como así ha sido", han subrayado, asegurando que la elección de España como próxima sede de la cumbre de líderes de la OTAN en 2022, coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión, hacen de esta "una jornada muy provechosa y positiva".

Lo informal del encuentro ha hecho que este no figurara ni en la agenda de Sánchez ni en la de Biden, en la que sin embargo la Casa Blanca sí ha incluido una reunión conjunta con los mandatarios de Estonia, Kaja Kallas, Letonia, Egils Levits, y Lituania, Gitanas Nauseda, así como otra con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esta última conocida desde la semana pasada.

Al margen de este 'encuentro' con Biden, Sánchez se ha reunido con el primer ministro británico, Boris Johnson, y con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y según Moncloa también hay previsto un contacto con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Los países de la Unión Europea han adoptado este lunes la Garantía Infantil Europea, en la que se comprometen a luchar contra la pobreza infantil y la exclusión social de los menores más necesitados, así como facilitar su acceso a un conjunto de servicios "clave" como la educación y la sanidad, a una alimentación "sana" y a una vivienda adecuada.

La estrategia, que tiene el carácter de recomendación, ha sido aprobada en el marco de la reunión de ministros de Asuntos Sociales y Empleo de la UE que tiene lugar en Luxemburgo. En ella, se insta a los Estados miembros a crear "un marco de actuación integrado y facilitador para abordar la exclusión social de los niños" europeos.

En la actualidad hay cerca de 18 millones de menores de edad que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, aunque existen "diferencias significativas" entre los Estados miembros, según recoge el texto adoptado por los Veintisiete.

Para perseguir los objetivo marcados, los socios comunitarios deberán nombrar "coordinadores nacionales de la Garantía Infantil", que se encargará de coordinar y supervisar "de manera efectiva" la ejecución todas las recomendaciones incluidas en la estrategia.

Los países, además, tendrán que remitir a la Comisión Europea en el plazo de nuve meses un plan de acción que detalle la aplicación de las medidas acordadas que cubra todo el periodo hasta 2030 y que "tenga en cuenta las circunstancias nacionales, regionales y locales".

En este contexto, el documento llama a los países a "garantizar que sus políticas sociales, educativas, sanitarias, de alimentación y de vivienda a escala nacional, regional y local sean coherentes".

En el plano educativo, la estrategia pide a los países que detecten y aborden obstáculos "económicos y de otro tipo" para la participación en la educación infantil y la atención primaria, que adopten medidas para reducir el abandono escolar prematuro y que presten apoyo pedagógico a los niños con dificultades de aprendizaje.

También recomienda que se proporcione como mínimo una comida sana cada día de escuela, que se garantice el suministro de materiales educativos, así como que se facilite el transporte a los centros educativos cuando sea necesario y la participación en actividades escolares deportivas, recreativas y culturales.

Con respecto a la asistencia sanitaria, el texto aboga por facilitar la detección y tratamiento precoces de enfermedades y problemas de desarrollo, el acceso a revisiones médicas periódicas, que se proporcionen servicios de rehabilitación para niños con discapacidad y que se pongan en marcha programas accesibles de promoción de la salud.

En relación al fomento de una alimentación sana, la estrategia pide medidas para acceder a ella también en los días que no haya escuela, garantizar que las normas de alimentación en centros educativos contemplen posibles necesidades alimentarias específicas, limitar la publicidad de alimentos con alto contenido en grasas, sal y azúcar en centros educativos y proporcionar a las familias información adecuada sobre la correcta alimentación de menores.

Otro capítulo está dedicado a medidas para garantizar el acceso a una vivienda adecuada, y en este sentido se pide a los Estados miembros una evaluación de las políticas nacionales, regionales y locales en materia de vivienda, que se facilite un acceso "prioritario y oportuno" a viviendas sociales o a ayudas para vivienda a niños necesitados y sus familias y tener en cuenta "el interés superior del menor" a la hora de que sean acogidos en un centro o en un hogar de acogida.

Organizaciones de mayores y patronal de la Dependencia han reclamado un "buen trato" a las personas mayores, con motivo de la celebración este martes 15 de junio del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.

En concreto, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) denuncia que "la indefensión y vejación que sufren muchos mayores en silencio es una realidad que permanece oculta a los ojos de los demás".

Por ello, CEOMA solicita la aprobación de una Ley contra el abuso, maltrato, vulneración de la integridad física y moral de las personas mayores, así como la creación de un número de teléfono de denuncia gratuito y fácil de memorizar para este tipo de situaciones.

Además, pide a las Administraciones Públicas implantar un sistema educativo en el que "se contemple y favorezca la imagen de las personas mayores".

"El abuso y maltrato sigue siendo uno de los problemas más importantes para CEOMA y sus organizaciones confederadas, la Comisión de Derechos, Deberes y Buen trato está comprometida con la protección de las personas mayores. Trabajamos uniendo fuerzas, defendiendo la dignidad y los derechos humanos, remitiendo nuestra preocupación a grupos políticos y entidades públicas y privadas para que la sociedad tome conciencia", ha indicado el presidente de CEOMA, Juan Manuel Martínez.

En caso de estar sufriendo abuso y maltrato o conocer a alguien que esté en esta situación, CEOMA insta a ponerse en contacto con la Confederación Estatal de Mayores Activos en el teléfono gratuito 900 65 65 66.

Por su parte, la patronal de Dependencia Círculo de Atención a Personas (CEAPs) lanzará este martes una campaña en redes bajo el lema 'Por el buen trato', con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.

INDICADORES DE CALIDAD

La presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, ha propuesto "trabajar en cada centro con indicadores de calidad y con la colaboración esencial de la familia". "La necesitamos cerca y la queremos cerca", ha subrayado.

Pascual pide que la atención a las personas mayores sea "una prioridad" y que se cumpla la ley de la Dependencia, para que una persona mayor no tenga que esperar "438 días" para recibir el servicio de ayuda que le corresponde.

También reclama "un precio justo que cubra todas las necesidades de los usuarios". Según precisa, "el Estado invierte del 0,58 al 0,75 del PIB" mientras otros países del entorno invierten "un 2%".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha citado este martes, 15 de junio, a representantes de los cinco grupos parlamentarios en el Palacio de San Telmo en el marco de una ronda de contactos previa a la cita que el jefe del Ejecutivo autonómico tiene el próximo jueves, 17 de junio, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

Fuentes del Gobierno andaluz han explicado que la ronda de reuniones del presidente de la Junta comenzará a las 16,30 horas, y la previsión es que cada encuentro con el portavoz parlamentario correspondiente se prolongue por un tiempo aproximado de 50 minutos.

Moreno recibirá a los grupos en orden de mayor a menor representación con la que cuentan en el Parlamento, de forma que la ronda de encuentros comenzará con el PSOE-A a las 16,30 horas, y a esa cita seguirán las reuniones con PP-A, Ciudadanos (Cs), Vox y Adelante Andalucía.

Fuentes socialistas han confirmado este lunes que será el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, quien acudirá a este encuentro con el presidente de la Junta, al que inicialmente, la semana pasado, había anunciado que acudiría la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz.

Esta cita entre el presidente de la Junta y el portavoz parlamentario del PSOE-A llegará solo dos días después de la jornada de votación de las primarias que los socialistas andaluces han celebrado para elegir a su próximo cabeza de cartel en las siguientes elecciones autonómicas, y de la que ha salido vencedor el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que ha concentrado un 55% de los votos de los militantes, por encima del 38,7% de respaldo logrado por Susana Díaz y el 5,3% de los sufragios que se fueron a la candidatura de Luis Ángel Hierro.

La semana pasada se anunció desde la Junta que sería este martes cuando se llevaría a cabo esta serie de encuentros que, un día antes, anunció el presidente en el Pleno del Parlamento que iba a llevar a cabo para buscar una posición común de cara a la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno dos días después en el Palacio de La Moncloa.

"Quiero llevar a Madrid no solo las propuestas de este Gobierno, que pueden ser legítimas y razonables, sino también las propuestas del conjunto de esta Cámara que representa a ocho millones y medio de andaluces. Creo que es oportuno y correcto escucharles con mucha atención y poder trasladar al presidente del Gobierno esas iniciativas en beneficio de todos los andaluces", dijo Moreno ante la Cámara al anunciar estos encuentros con los grupos parlamentarios.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha concluido que las convocatorias de oposición deben cumplir la normativa ya sean telemáticas o presenciales y que, por ende, las Administraciones deben permitir a los opositores subsanar errores en sus solicitudes electrónicas como si se realizaran por el "sistema tradicional"

En una sentencia de 31 de mayo, los magistrados han dado la razón a una opositora y han establecido que la previsión legal que permite subsanar la omisión de firma en las solicitudes de oposición también es aplicable a las peticiones presentadas por vía electrónica.

"Esta Sala no alberga ninguna duda sobre la respuesta", han asegurado los jueces y han insistido en que está "expresamente previsto" por la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el deber de dar un plazo de diez días para la enmienda de las solicitudes que hayan omitido la 'firma del solicitante o acreditación de autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio'.

En este sentido, los magistrados han acordado que la Junta de Andalucía debe dar un plazo de diez días a una opositora "para subsanar la falta de firma electrónica y registro de su solicitud para participar en el proceso selectivo".

SOLICITUD "CURSADA CON ÉXITO"

La mujer, que presentó recurso ante el Supremo tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, intentó participar en 2017 --a través de la web habilitada por la Consejería de Educación-- en la convocatoria de proceso selectivo de ingreso en los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas.

Según consta en la sentencia, la recurrente abonó la tasa y completó el formulario correspondiente, grabó la solicitud y obtuvo del sistema un documento con un código de barras cuyo texto aseguraba que su petición se había "cursado con éxito", lo que "la llevó al convencimiento de que había finalizado todo el proceso".

La Junta de Andalucía alegó que la mujer no había realizado la solicitud de acuerdo con las opciones establecidas en la base tercera de la convocatoria --es decir, que no había incluido la firma electrónica--, por lo que acordó su exclusión del proceso selectivo.

Los jueces han desestimado el argumento de la Administración y han insistido en que está acreditado que la recurrente siguió todos los pasos salvo el último --el de la firma--, que está contemplado en la ley y que "da lugar al deber de emplazamiento por diez días para subsanación".

"GARANTÍAS LEGALES"

El Supremo ha subrayado que "sería sumamente difícil -por no decir imposible-- argumentar que la previsión legal del carácter subsanable de la omisión de firma en las solicitudes no es aplicable a las solicitudes presentadas por vía electrónica".

Los jueces han recordado que aunque la ley "fue elaborada en un contexto histórico y cultural diferente, aún apegado a los modos tradicionales de comunicación", hay que tener en cuenta la "realidad social" actual, tal y como exige el artículo 3 del Código Civil.

En la sentencia, además, han advertido que "la Administración no puede escudarse en el modo en que ha sido diseñado el correspondiente programa informático para eludir el cumplimiento de sus deberes frente a los particulares ni para erosionar las garantías del procedimiento administrativo".

Ante el argumento de la Junta de Andalucía de que la opositora podía haber presentado su solicitud mediante "el sistema tradicional", el Supremo ha asegurado que el hecho de que existiera una alternativa a la vía electrónica "no justifica que en esta dejen de aplicarse las garantías legales".

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha denunciado este lunes en el Senado la "discriminación" de la mujer con discapacidad víctima de violencia de género tanto en la ley como en la justicia ya que, ha explicado, ninguna de ellas recoge en sus textos las especificidades que sufren por su situación.

Peláez ha explicado ante la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra esta lacra en la Cámara Alta que "una de cada cinco mujeres vive con una discapacidad", pero esto no significa que todas ellas tengan un certificado de la misma. Esta situación, advierte, es relevante porque esta falta de certificación es, ha señalado, "una barrera fundamental" para que "puedan ser atendidas específicamente en los pocos programas existentes" para ellas.

En su intervención ha hablado de violencias a través de la fuerza física, la intimidación, la manipulación psicológica, el engaño, el abuso sexual o la desinformación, entre otras, algunas de las cuales, indica, "no se toman en cuenta" en la legislación sobre violencia contra la mujer, del mismo modo que no se "atiende", ni la "situación específica" ni "su mayor disposición a sufrir esta violencia".

Lo mismo ocurre con la justicia. Según ha indicado, muchas mujeres no denuncian por "falta de acceso a la información" o porque "dependen vitalmente de sus agresores para vivir". Pero, además, Peláez denuncia que "el propio sistema de justicia es injusto contra estas mujeres y niñas con discapacidad" y, en este sentido, critica sentencias llenas de "estereotipos negativos" hacia las víctimas o situaciones de falta de recursos.

En este sentido, ha explicado el caso de una mujer sordociega a la que no se le dio un servicio de guía-intérprete, porque solo había disponibles intérpretes en lengua de signos; o la desestimación de una denuncia al considerar que no se entendía bien a la denunciante. "Y así, sima y sigue", ha lamentado la dirigente de CERMI Mujeres.

LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Sobre la situación durante la pandemia, ha indicado que se ha "agravado", como ha ocurrido con el resto de mujeres víctimas de esta lacra, pero ha puesto el foco en la "limitación de derechos sexuales y reproductivos" que han sufrido mujeres y adolescentes a las que se les realiza un control de su menstruación y, por tanto, los delitos de abuso que se realizan en la intimidad no se pueden probar con, por ejemplo, un embarazo.

No se les han dado tampoco acceso a los servicios ginecológicos y de obstetricia que tenían antes de la crisis sanitaria y la compareciente ha señalado que en la certificación de las discapacidades "hay una brecha importante con respecto a las enfermedades que provienen de sus salud sexual y reproductiva".

"Algunas mujeres con discapacidad son incluso víctimas de explotación sexual, especialmente en este tiempo de pandemia", ha denunciado Peláez, quien ha anunciado que la Fundación está realizando un estudio en este sentido, que terminarán a finales de año, debido a "los indicios" que CERMI Mujeres ha recibido en este tiempo.

MODIFICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO

La vicepresidenta ejecutiva de la Fundación también ha reprochado a las administraciones que no se hayan puesto en marcha muchos puntos del Pacto de Estado de violencia de género y la falta de "diversidad" que existe en la propia formulación del texto, en el que se refiere en muchos casos a alguna discapacidad especifica --auditiva o visual-- pero no recoge, a su juicio, la realidad de todo colectivo.

Así, ha llamado a los legisladores ha hacer, no solo un seguimiento del cumplimiento del Pacto, sino también "una mejora" de las medidas acordadas en su día con respecto a las víctimas con discapacidad. "No solo son insuficientes, sino que algunas están discriminando a otras mujeres con discapacidad".

Peláez ha reconocido que no es fácil que una mujer con sordoceguera o parálisis cerebral pueda explicar la violencia que sufre, pero ha señalado la necesidad de que se busquen las fórmulas para que todas las mujeres puedan tener los mismos derechos que el resto para denunciar y para hacerlo en un espacio seguro.

Esta situación, ha indicado, es consecuencia de que los pocos estudios que se realizan sobre la realidad del colectivo "no lo representa". Es por eso que pide una macroencuesta específica en la que se incluya a aquellas mujeres y niñas con discapacidad percibida y no solo la certificada y en la que entren las que están institucionalizadas e incapacitadas legalmente, porque el diagnóstico, ha indicado, debe recoge qué está sucediendo en entornos cerrados a estas víctimas, como familias e instituciones.

Del mismo modo, llama a impulsar protocolos específicos para el colectivo en la lucha contra esta lacra, garantizar el acceso universal de todos los centros de atención y de los servicios especializados para atenderlas y urge a la implantación del asistente personal a las víctimas que ya recoge el Pacto.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha mantenido este lunes un encuentro con los integrantes de una delegación del Servicio de la Inspección General de Justicia del gobierno francés, con el objeto de informarles de las medidas desarrolladas en España en la lucha contra esta lacra.

Tal y como ha informado el órgano del CGPJ, en este encuentro también ha participado el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, quien ha centrado su intervención en explicar la formación que se imparte a los miembros de la Carrera Judicial, y los técnicos de estadística, estudios e informes.

Todos ellos han explicado a los integrantes de la delegación francesa las competencias y funciones del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género; así como la importancia de los estudios y las estadísticas para la mejor comprensión de este tipo de violencia y para favorecer la implantación de las medidas de prevención y protección más adecuadas.

Del mismo modo, han destacado el esfuerzo realizado en la formación de los jueces y juezas en perspectiva de género desde el inicio de su carrera profesional, además de la creación de una especialidad en violencia de género. Los avances legislativos y jurisprudenciales o la implantación de medidas de prevención y protección para las víctimas, también se han tratado durante la jornada.

El Observatorio ha explicado que el objeto de la visita es la elaboración de un informe para el ministro de Justicia del país vecino sobre la experiencia española en la materia.

Además de la jornada en el Observatorio, los miembros de la delegación francesa han mantenido encuentros con representantes de otras instituciones como el Ministerio de Justicia, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la Fiscalía General del Estado o distintas dependencias judiciales y policiales.

EH Bildu ha instado al Gobierno central a "abandonar la vía judicial" y apostar "firmemente" por la vía política, para que las desavenencias se solucionen "mediante el diálogo y el acuerdo bilateral", así como a que "abandone la posición recentralizadora y renuncie a imponer más recursos" contra las leyes vascas.

El Congreso debatirá en la sesión plenaria de este martes, 15 de junio, la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario EH Bildu en relación a los recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por los Parlamentos vascos y navarro. La iniciativa que defenderá la portavoz soberanista, Mertxe Aizpurua, pide al Gobierno que "abandone la posición recentralizadora y renuncie a imponer más recursos".

La política debe abrirse paso ante los tribunales tras 40 años soportando recursos de manera sistemática. 40 años en los que se le han negado a la sociedad vasca avanzar en derechos sociales, económicos, políticos, culturales o lingüísticos. Avances frustrados tanto por gobiernos del PP como del PSOE", ha denunciado Aizpurua.

Del mismo modo, EH Bildu insta al Gobierno a retirar los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional contra leyes vascas que actualmente se encuentren en procedimiento judicial. Según ha recordado, en la última década el Estado ha recurrido más de 30 leyes de "marcado carácter social y económico aprobadas de manera mayoritaria".

Frente a esa realidad, la formación soberanista vasca urge a "respetar el autogobierno como el derecho, la capacidad y la voluntad que históricamente tiene y manifiesta la ciudadanía vasca para que las decisiones que afectan a su vida no se tomen prescindiendo de su voluntad", sino como "garantía de la protección del bienestar y del progreso de la ciudadanía a la que representa".

DIÁLOGO Y ACUERDO BILATERAL, "SIN TUTELAS"

EH Bildu considera imprescindible que el Gobierno renuncie a la vía judicial y apueste "firmemente por la vía política, para que las desavenencias se solucionen mediante el diálogo y el acuerdo bilateral".

"Es hora de abrir un ciclo democrático que dé soluciones políticas. Es el momento de abandonar la negación e imposición que durante años se ha practicado contra nuestras decisiones y transitar hacia una nueva relación bilateral real basada en el reconocimiento mutuo y respeto hacia nuestras instituciones, nuestro autogobierno y nuestra capacidad de decisión", ha asegurado la portavoz de EH Bildu.

El objetivo, ha precisado, es forjar "una nueva relación de igual a igual sin imposiciones ni tutelas, que termine de una vez por todas con los agravios hacia la ciudadanía vasca, hacia sus parlamentos y gobiernos".

"Es decir, abandonar las injerencias a las facultades que las Cámaras de Hego Euskal Herria tienen atribuidas, utilizando únicamente la vía política de respeto, negociación bilateral real y acuerdo para dirimir las posibles diferencias en materia competencial. Respetando siempre las decisiones que en el ejercicio de sus funciones adopten el Parlamentos y los Gobiernos que de ellos emanan", concluye la iniciativa.