Esquerra Republicana (ERC) ha impulsado en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa una declaración contra la detención en Italia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en la que se critica la actuación del Tribunal Supremo y se pide a España la retirada de la euroorden contra el eurodiputado independentista.
La iniciativa ha sido promovida por la senadora Laura Castel, que ha recabado el apoyo de otros 20 miembros más de la Asamblea Parlamentaria entre los que también está la senadora del PNV Nerea Ahedo.
El texto, reclama el fin de lo que llaman «acoso contra los líderes políticos independentistas catalanes y los partidarios de la indepedencia».
«REPRESIÓN»
Los firmantes aseguran estar «profundamente preocupados por la represión en curso desde 2017 contra los partidarios de la independencia» y mencionan expresamente la detención de Puigdemont el pasado 23 de septiembre en Cerdeña.
«La estrategia judicial del Tribunal Supremo de España pone en riesgo los principios de solidaridad entre miembros de la UE y es contraria a los derechos humanos fundamentales», denuncian, advirtiendo de que «ha fallado en Alemania, Bélgica, Escocia y, esperemos, Italia».
Asimismo, se remiten a la controvertida resolución resolución presentada por el diputado letón Boriss Cilevics y aprobada el pasado junio por la APCE en la que se invita al Gobierno a reformar los delitos de sedición y de rebelión, se plantea el indulto de los presos del ‘procés’ e incluso se pide ir más allá y retirar la solicitud de extradición contra Puigdemont.
En su opinión, se debería «proteger y promover el discurso no violento, por muy perturbador que pueda ser, ya que la criminalización solo exacerba la herida existente en detrimento de nuestros valores». Por ello, consideran que las instituciones europeas «no deberían demorar más este debate, incluida la autodeterminación, y deberían usar los medios disponibles para garantizar la representación parlamentaria».
AMNISTÍA Y AUTODETERMINACIÓN
Por ello, instan «a las autoridades españolas a que retiren inmediatamente las órdenes de arresto europeas y las órdenes de extradición contra todos los políticos catalanes en el exilio».
También reclaman «una amnistía para todos aquellos que están siendo acosados judicialmente y la celebración de negociaciones activas, en las que se encuentre una solución segura que cumpla con las aspiraciones de los catalanes, en línea con las recomendaciones formuladas en junio por la Asamblea».
