El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha solicitado un informe al Ministerio Público sobre si debe confirmar o no el embargo de los 5,7 millones de dólares que ha localizado en Suiza a una fundación que estaría relacionada con el ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo y que las autoridades de la nación helvética tienen bloqueados provisionalmente desde hace dos años.
En una providencia del pasado martes, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 indica que ya ha recibido de la Fiscalía suiza el resultado de la comisión rogatoria que el anterior instructor del llamado caso ‘Morodo’, Santiago Pedraz, cursó en mayo de 2019 para averiguar el patrimonio de la Fundación Ayacucho en dicho país.
En el USB enviado a la Audiencia Nacional, el fiscal suizo Andreas Müller aporta «toda la información» sobre las cuentas bancarias de la fundación y sus movimientos reflejando que, a 31 de diciembre de 2020, tenía un capital de 5.716.497 dólares –1.487.974 en fondos líquidos y 4.228.523 en títulos valores– en la Banca Zarattini.
En su comunicación, del pasado 9 de septiembre, la Fiscalía suiza recuerda al juez Abascal que estos 5,7 millones de dólares están embargados de forma provisional desde hace dos años, para solicitarle que mediante comisión rogatoria indique si desea mantenerlos congelados.
En consecuencia, Abascal ha requerido al Ministerio Público un informe sobre «la expedición de comisión rogatoria y solicitud de bloqueo ordinario del patrimonio que proponen las autoridades suizas».
PRESUNTAS COMISIONES DE PDVSA
El magistrado investiga si Morodo y su entorno, incluido su hijo Alejo, cobraron 4,5 millones de euros de la petrolera venezolana PDVSA entre 2011 y 2015 que carecerían de «justificación real y lógica comercial». La Fiscalía vio en ello posibles delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
El que fuera embajador español en Caracas entre 2004 y 2007 y su hijo comparecieron el pasado 20 de septiembre ante el instructor, pero se negaron a declarar. Abascal también citó ese día a la ex mujer del primero Cristina Cañeque y a la esposa del segundo, Ana Catarina Varandas, que solo contestaron a las preguntas de sus abogados para desvincular su situación económica de los Morodo.
El juez volvió a convocar a los principales imputados, junto a otra veintena de personas –entre investigados y testigos–, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que quería interrogarlos sobre la documentación bancaria obtenida tanto de entidades españolas como extranjeras y sobre los archivos incautados en algunos registros.
En anteriores comisiones rogatorias, Pedraz pidió a Estados Unidos la información que pudiera aportar sobre movimientos en cuentas bancarias de PDVSA y del hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.
