Rodrigo Sorogoyen y Borja Soler, directores de la serie de Movistar+ ‘Antidistubios’, y ‘Palomares’, último trabajo del periodista David Beriain, asesinado este mes de abril en Burkina Faso junto a su compañero mientras estaban grabando un documental, han sido algunos de los galardonados este 2021 con el Premio Iris que concede cada año la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España.

El comité profesional encargado de la deliberación de los Premios Iris del Jurado 2021 ha estado compuesto por los Premios Talento de la Academia (Blanca Vives, Ricardo Vaca Berdayes y Lary León) y los miembros de la Junta Directiva de la Academia (Beatriz Maesso, Jota Abril y Joana Carrión). El comité ha fallado los Premios este jueves en su reunión en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE, en Madrid.

En concreto, este jurado ha decidido reconocer con el ‘Premio a Mejor Dirección de Ficción Antonio Mercero’ a Rodrigo Sorogoyen y Borja Soler por ‘Antidistubios’ de Movistar+ «por su magistral trabajo de dirección en la construcción del relato en una serie que atrapa al espectador desde la primera secuencia».

En esta edición, el jurado también ha galardonado con un Premio Iris a ‘Palomares’, de Movistar+, el último trabajo del periodista David Beriain, por «la exhaustiva y rigurosa investigación de la docuserie que aporta material inédito a una recreación sin censuras del suceso». «Por ser un formato innovador que incorpora a la historia las claves narrativas del thriller», subraya el comité.

‘Seguridad Vital’, de La 1 de TVE también ha sido reconocido, en su caso, por ser un programa de divulgación, entretenimiento y claro servicio público que ha logrado consolidarse en la parrilla contribuyendo a mejorar la educación vial de los telespectadores, según destaca el jurado.

También ha sido premiado el programa ‘Eso que tú me das’ de laSexta. El comité reconoce en su caso la calidad, tanto profesional y humana, del documental y su naturaleza, ya que «partiendo de la inminencia de la muerte acaba convirtiéndose en un sentido canto a la vida».

Asimismo, se ha galardonado a Lucas Vidal por su destacado y reconocido trabajo como compositor de cine y, especialmente, de televisión, añadiendo «emoción en postproducción a series de éxito como ‘Élite’ (Netflix), ‘Dime quién soy’ (Movistar+) o ‘Los Favoritos de Midas’ (Netflix)».

Del mismo modo, recibirá un Premio Iris ‘¿A dónde va mi dinero?’, de Televisión Canaria, por fomentar la educación cívico-tributaria desde la televisión autonómica y contar a los ciudadanos de forma comprensible y amena qué se hace con su dinero, según indica el jurado.

Igualmente, se ha premiado a ‘Jardines con Historia’, de La 2 de TVE, «por su cuidada estética, por concienciar al espectador sobre el patrimonio paisajístico y por su claro compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad a través del conocimiento de la historia de nuestro país», reconoce el jurado.

Los Premios Iris del Jurado nacieron en 2016 con la reforma del reglamento de los premios de la Academia con el objetivo de reconocer, entre los diferentes oficios de la televisión, a programas y profesionales que han destacado en la temporada televisiva.

El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, ha afeado a su homólogo francés, Clément Baune, sus comentarios desaconsejando viajar a España ante el incremento de los casos de COVID-19, defendiendo que es momento de coordinarse y no de «despertar alarmas».

«Considero que es el momento de actuar con prudencia y coordinación a nivel europeo, no de despertar alarmas», ha sostenido el secretario de Estado en un mensaje publicado en su Twitter. «Todos debemos redoblar esfuerzos en el proceso de vacunación», ha defendido.

Beaune ha desaconsejado este jueves a los ciudadanos franceses que viajen a España y Portugal en vacaciones por el repunte de los contagios de coronavirus y ha planteado la posibilidad de tomar nuevas medidas si la situación epidemiológica se recrudece.

«Hay que ser prudente», ha resumido Beaune en una entrevista a la cadena France 2 en la que ha apuntado que «la pandemia no ha terminado» y ha señalado de forma particular a la península Ibérica, donde la incidencia de la COVID-19 ha aumentado de en estas últimas semanas.

«Seguimos especialmente la situación de países donde el aumento es muy rápido. Portugal, España, Cataluña en particular, adonde se dirigen numerosos franceses para las vacaciones», ha alertado Beaune, que ha recomendado expresamente evitar estos destinos a «los que todavía no han reservado las vacaciones».

El Ejecutivo galo no descarta incluso tomar medidas específicas, si bien el secretario de Estado no ha entrado en detalles. «Vamos a decidirlo en los próximos días, pero podríamos tener medidas reforzadas», ha explicado.

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha confirmado este jueves que ha ofrecido a la todavía secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ser propuesta para senadora por designación autonómica, con un puesto de «responsabilidad especial» en el Grupo Socialista en la Cámara alta, y está esperando que ella decida si acepta o no esa propuesta, «sin presiones» por su parte.

Así lo ha indicado el también alcalde de Sevilla en una atención a los medios este jueves en la que Juan Espadas ha explicado que también ha informado de ese ofrecimiento a Susana Díaz «a la dirección del grupo parlamentario» del PSOE «en el Senado».

Espadas ha indicado que, si finalmente la dirigente socialista que perdió frente a él las primarias del 13 de junio acepta esa propuesta, se iniciará el procedimiento para que «en el próximo Pleno» del Parlamento, previsto para dentro de dos semanas, se pudiese aprobar su designación como senadora.

En todo caso, el candidato socialista ha querido dejar claro que «la decisión no la tomo yo; la decisión la toma ella, si quiere continuar en el Parlamento de Andalucía o quiere tener la opción de ocupar el puesto de senadora autonómica con una responsabilidad especial en el grupo parlamentario en el Senado».

«Esa opción y ofrecimiento lo tiene por mi parte, y ella considerará lo que crea más conveniente para sí misma», ha añadido Juan Espadas, que ha apuntado que ese ofrecimiento «está más que comunicado desde hace días», y la decisión «la tomará» Susana Díaz «cuando lo considere oportuno».

En esa línea, el candidato del PSOE-A ha indicado que «nadie está presionando a nadie», y ha justificado su ofrecimiento a Susana Díaz al considerar que era su «obligación». «Me parecía un ofrecimiento de justicia, creo que es una encomienda noble y un lugar donde, en otras ocasiones, otros presidentes autonómicos han tenido su responsabilidad de trabajo allí», ha continuado Espadas.

Ha agregado que el Senado es «una cámara territorial», y Susana Díaz, «como expresidenta» de la Junta, «sin duda podría tener una función muy importante en decisiones que va a tener España en los próximos meses desde el punto de vista de las comunidades autónomas y de gestión que nos afectan a nivel territorial».

Juan Espadas ha concluido que, «sin ningún tipo de presión», la secretaria general del PSOE-A «decidirá lo que considere más conveniente». «La oferta y la propuesta la tiene, lo que sea será», ha añadido antes de apostillar que «no hay por qué trasladar esto a ningún tipo de polémica», porque «cada uno decide lo que considere en cada momento», y «la propuesta está encima de la mesa, con una responsabilidad importante en el grupo parlamentario» del PSOE en el Senado, ha reiterado el candidato socialista.

La Fiscalía ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, José María Escribano, que impute al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y a la gerente de la formación ‘morada’, Rocío Esther Val, en el denominado ‘caso de la niñera’, en el que se investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, uso a una empleada de Podemos -ahora asesora del Ministerio– como cuidadora de su hija durante la campaña electoral de 2019.

En un escrito de 25 de junio, la fiscal Lorena Álvarez Taboada ha pedido que se cite a ambos trabajadores de Podemos en calidad de investigados, «dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal» los dos fueron los que «ordenaron el pago» y, por tanto, «en su garantía deben ser oídos como investigados».

El Ministerio Público ha pedido que se fije la declaración de ambos trabajadores de Podemos para el próximo 14 de julio, fecha prevista para el interrogatorio de Teresa Arévalo, asesora del Ministerio de Igualdad investigada en la causa por un presunto delito de administración desleal a raíz del relato de la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, quien sostiene que la ministra Irene Montero habría usado a Arévalo -entonces empleada de Podemos– como cuidadora de su hija durante la campaña de 2019.

En el mismo escrito, la fiscal ha mostrado su oposición a que se cite como investigado al exlíder de la formación ‘morada’ y pareja de la ministra de Igualdad Pablo Iglesias. «No podemos sino oponernos», ha precisado al considerar que de los hechos relatados en el escrito remitido por Carmona «no existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación de Pablo Iglesias en hecho delictivo alguno, por mucho que la hija de Irene Montero sea, a su vez hija».

LOS HECHOS INVESTIGADOS

Desde el pasado 27 de abril el juez Escribano dirige diligencias previas contra Montero y Arévalo, aunque solo citó como investigada a la asesora, ya que la ministra está aforada ante el Tribunal Supremo.

El caso parte de los hechos que la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona expuso ante el magistrado que instruye del caso ‘Neurona’, donde se investiga si la relación entre Podemos y la consultora mexicana que da nombre a la causa se basó o no en un contrato simulado en el marco de los presuntos trabajos realizados para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

La ex jefa de ‘compliance’ contó en un escrito al juez de ‘Neurona’ que Montero habría usado a Arévalo –entonces empleada del partido que ahora ejerce de asesora en Igualdad– como cuidadora de su hija durante la mencionada campaña electoral.

Carmona aseguró que Arévalo acompañó a la entonces candidata y su hija en un viaje que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 a la ciudad de Alicante para participar en un acto electoral y que Montero dejó a la niña al cuidado de la asesora mientras intervenía en el evento.

PRÓXIMAS CITACIONES

En el marco de la investigación estaba previsto que el 19 de julio acudieran a sede judicial en calidad de testigos la gerente de Podemos, el tesorero y el responsable de seguridad del partido. Ahora, tras la petición de la Fiscalía, el juez deberá determinar si en el caso de Val y De Frutos mantiene sus citaciones como testigos o como investigados.

Queda pendiente también que el magistrado llame para tomar testifical a Carmona y a otra antigua empleada de la formación, Elena González, toda vez que pidió a la Policía Nacional que localizara «a la mayor brevedad» sus domicilios para que también fueran citadas como testigos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado al PP por bloquear la renovación de los órganos constitucionales y por haber convertido la política en un «debate estéril continuo» una actitud que ha contrastado con la de los agentes sociales, que a su juicio han sido «los mejores interlocutores» en lo que va de legislatura.

En los Desayunos Informativos, la vicepresidenta ha hecho un balance de los tres años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, primero tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y desde 2020 gobernando en coalición con Unidas Podemos.

ACUSACIONES DE GOBIERNO ILEGAL E ILEGÍTIMO

Según ha explicado, tras la moción de censura el Gobierno del PSOE se vio «sorprendido» con la «insólita respuesta» del PP de cuestionar la legalidad y legitimidad del instrumento de ese mecanismo constitucional, y acusando al Ejecutivo de «ilegítimo e ilegal». «Fue una sorpresa para el PSOE y de alguna manera apuntaba cómo se iba a comportar el primer partido de la oposición», ha comentado.

Y tras dos elecciones generales ganadas por el PSOE, ha continuado explicando, Pedro Sánchez «solo tenía un camino», que era «asumir la responsabilidad y tirar adelante» con un Gobierno de coalición, una fórmula que ya se había experimentado en numerosos municipios y comunidades autónomas.

A su juicio, en estos años España se ha enfrentado a «un discurso extremo que se dirige más al poder que a la política» que ha desembocado en «una suerte de combate continuo de la oposición contra el Gobierno», y con la oposición en «debates continuos sobre escaños buenos y escaños malos», y por tanto «entre españoles buenos y malos», en función de sus acuerdos del Gobierno.

A todo ello se unió la pandemia, que el Gobierno acometió con un estado de alarma porque, según ha precisado, no era un problema de orden público que sí habría requerido el estado de excepción, sino una emergencia sanitaria.

«POCA O NINGUNA AYUDA»

Carmen Calvo ha defendido la labor del Gobierno combatiendo la pandemia «a cada paso y cada día», aprobando leyes «con poca o ninguna ayuda», y poniendo en marcha un sistema de protección social con miles de millones de euros dedicados a avales, ERTEs y ayudas, lo que ha evidentemente elevó la deuda del país.

Y enfrente, ha insistido, una oposición que recurre cotidianamente ante el Tribunal Constitucional y que, al mismo tiempo, impide cumplir la Constitución bloqueando la renovación de órganos: «Nos encontramos con una suerte de absurdo paradójico de quienes reivindicaban la Constitución al mismo tiempo que la incumplen, incluso adjudicándose una suerte de veto que no existe para renovar los órganos», se ha lamentado.

De ese clima adverso exime a los agentes sociales, la patronal y los sindicatos, que en su opinión han sido «los mejores interlocutores» del Gobierno para llevar a cabo medidas frente a la crisis.

Aún con todo, la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las cortes y Memoria Democrática ha dicho que el Gobierno no sólo «no puede tirar la toalla» sino que tiene la «obligación compartida» de cumplir con la Constitución.

«No vamos a tirar la toalla, no podemos», ha dicho, y como prueba de ello ha recordado que el PSOE y Unidas Podemos ya promovieron una ley para regular las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha defendido este jueves que no es «imprescindible» consensuar el cambio del modelo de financiación autonómica con el PP, ya que «ha dejado claro que es parte del problema» puesto que su líder, Pablo Casado, «quiere una reforma que perjudica a los valencianos».

Así se ha pronunciado en la sesión de control al ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, en Les Corts, en relación al compromiso que lanzó Casado este fin de semana en el Congreso del PPCV de reformar la financiación apuntando al modelo de 2002 cuando gobernaba su partido.

«La otra parte del problema está en la Moncloa. Tenemos que plantarnos», ha aseverado, y ha criticado que la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, les «dijo a la cara que no solo no quería incumplir el acuerdo con Compromís, sino que también quería incumplir la fecha fijada por el Congreso». «No podemos quedarnos de brazos cruzados», ha remarcado.

De hecho, Ferri ha instado a la movilización por la financiación, de cara al cuarto aniversario de la gran manifestación de noviembre de 2017, y ha asegurado: «Si no la convoca nadie, no sufran, que desde Compromís la convocaremos».

En su respuesta, Puig ha remarcado que «es conocido y cierto que es necesaria una mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y sobre todo, en el Congreso». «No se puede romper el consenso en el seno de la sociedad valenciana, y ha costado mucho ir tejiéndolo, hasta ahora que incluso el partido mayoritario de la derecha está pensando entrar», ha reivindicado.

El también líder del PSPV ha sostenido que la situación de la Comunitat Valenciana es «intolerable» desde hace «mucho tiempo». Además, ha incidido que «la visión de las Españas es fundamental que se cimiente y atienda a las periferias, otras situaciones más allá de la M-30».

Para ello, es necesaria una «tarea de convencimiento entre todos y todas y tejer complicidades». «De eso fue la cumbre con las Islas Baleares», ha remarcado el president, que también tratará de «tejer alianzas» con Andalucía en septiembre para llevar a cabo un «cambio de opinión en el PP».

En esta línea, ha pedido «persistir» y «ser consistentes» sin «descartar en absoluto nada, ni movilizaciones ni todo lo que se pueda hacer teniendo en cuenta la eficacia de las acciones». También ha matizado que «no es lo mismo el tratamiento del gobierno actual, que el del anterior» aunque «en absoluto estamos contentos con la situación actual».

EL PP RECHAZA EL DOCUMENTO COMUNITAT-BALEARES POR LA FINANCIACIÓN

Entre la oposición, la síndica del PP, Eva Ortiz, ha vuelto a urgir a Puig que exija al Gobierno que convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) monográfico sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y sin «priorizar a unas comunidades sobre otras».

Ha criticado al líder del PSPV por «huir dos días a Mallorca», esta semana en la primera cumbre valenciano-balear, y acordar con el Govern de les Illes un documento común para exigir la financiación cuando «ese trabajo está hecho por los expertos y presentado desde 2018 en el Ministerio de Hacienda».

«Deje de tomarnos el pelo», ha reclamado acusando a Puig de ser «el único que no ha cumplido con su obligación» por no pedir el CPFF. También ha denunciado que lleva «tiempo sin oírle hablar de la deuda histórica de 16.000 millones de euros, que tampoco exige a Pedro Sánchez», y ha exigido que lo tenga en cuenta el nuevo modelo de financiación, así como el criterio de población, «faltaría más».

Lidl y la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada vuelven a unirse en una nueva iniciativa creativa y solidaria con el objetivo de recaudar fondos para colaborar con Save the Children. Se trata del lanzamiento de una colección de bolsas de tela de diseños exclusivos creados por un grupo de niñas y niños de la ONG en colaboración con la creadora.

La diseñadora impartió una masterclass, donde pudieron trabajar juntos algunos de los estampados de la colección de bolsas solidarias, que se pondrán a la venta en las más de 630 tiendas de Lidl en España a partir de noviembre.

La iniciativa pretende contribuir a financiar el programa de lucha contra la pobreza de Save the Children y está enfocada a favorecer la creatividad en los más pequeños. De todos los dibujos, Agatha Ruiz de la Prada hizo una preselección de diez y en los próximos días, serán los empleados de Lidl quienes se encarguen de elegir los diseños que finalmente se plasmarán en las bolsas.

«Tras el éxito logrado con las mascarillas solidarias, estoy encantada de volver a formar parte de este proyecto solidario, especialmente por la vinculación con los niños y niñas de la ONG que han demostrado una creatividad increíble durante el taller que les pude impartir»,ha indicado la diseñadora.

Se trata de su segunda colaboración con la compañía, tras crear durante el año pasado los diseños de las mascarillas solidarias que Lidl puso a la venta y con la que llegó a recaudar hasta 250.000 euros para el proyecto ‘A tu lado’, desarrollado por Save the Children para ayudar a las familias más vulnerables y afectadas por la pandemia.

Para Michaela Reischl, responsable de RSC de Lidl en España «este no es un proyecto más, ya que aunque Lidl colabora con Save the Children desde hace años, esta vez hemos buscado hacer aún más protagonistas a los niños y niñas, convirtiéndoles en diseñadores por un día, al mismo tiempo que ayudamos a la ONG.»

Lidl y su compromiso con la sociedad

Desde hace más de 15 años, Lidl colabora con diferentes entidades que ayudan a los colectivos más vulnerables, entre las cuales se encuentra Save the Children. Las acciones llevadas a cabo durante este tiempo han permitido a la cadena recoger miles de toneladas de productos y recaudar cientos de miles de euros para bancos de alimentos y todo tipo de proyectos sociales, como becas de comedor y actividades extraescolares, construcción de escuelas, planes de formación y talleres de habilidades para el empleo.

Para Michaela Reischl «las acciones solidarias que impulsamos desde Lidl buscan siempre favorecer la igualdad de oportunidades, ayudar a personas desfavorecidas o impulsar proyectos educativos que ayuden a los más pequeños a desarrollar habilidades de cara a un futuro. De ahí, que estemos encantados de colaborar, una vez más, con Save the Children».

Andrés Conde, director de Save the Children en España, ha resaltado que «el apoyo que recibimos por parte de empresas como Lidl es fundamental para ayudar cada año a más de 2.000 familias en riesgo de vulnerabilidad y de exclusión social. Esta colaboración es indispensable para afrontar nuestra misión como entidad».

Además, aunque el compromiso social de Lidl viene de lejos, precisamente en un año completamente excepcional, la compañía intensificó sus colaboraciones con entidades sociales para contribuir a paliar los efectos de la crisis sanitaria en la población en general y en las personas más necesitadas en particular, habiendo impulsado de la mano de sus clientes, múltiples proyectos solidarios junto a varias organizaciones, entre ellas Cruz Roja, bancos de alimentos y centros sanitarios o Save the Children.

El Papa ya camina por sí solo y los resultados de las pruebas médicas demuestran que la evolución es positiva si bien tuvo unos líneas de fiebre este miércoles, tal y como ha informado este jueves el Vaticano tras la operación de colón del Pontífice, que permanece ingresado desde el domingo en el hospital Policlínico Gemelli de Roma.

«Su Santidad el Papa Francisco ha pasado un día tranquilo, alimentándose y moviéndose de forma autónoma», ha revelado el Vaticano en el comunicado diario con el que actualiza el estado de salud de Francisco.

Aunque desde la Santa Sede se ha precisado que a última hora de la tarde tuvo unas décimas de fiebre, ha añadido que las pruebas rutinarias a las que ha sido sometido esta mañana, pruebas microbiológicas y a una tomografía computarizada de tórax y abdomen, han dado un resultado satifactorio.

Además, este miércoles por la tarde el Papa mandó un mensaje al Departamento de Oncología Pediátrica y Neurocirugía Infantil del hospital para mostrar «su cercanía paternal a los pequeños pacientes», según ha revelado el Vaticano.

Francisco continúa con los tratamientos programados y la alimentación por vía bucal. Además, el Vaticano ha especificado que en este momento concreto el Santo Padre «dirige su mirada a todos los que sufren, expresando su cercanía a los enfermos, es pecialmente a los más necesitados de cuidados».

Francisco ha pasado su cuarta noche en una habitación de la décima planta del hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde ingresó el pasado domingo a las 13:00 horas para someterse a una intervención quirúrgica que ya estaba programada con anterioridad. Se encuentra ingresado en la misma planta donde estuvo Juan Pablo II tras sufrir un atentado en 1981. La operación de Francisco duró tres horas y le fue aplicada anestesia general.

Su agenda para los próximos días se verá reducida. Durante el mes de julio, como es habitual, se han suspendido las audiencias generales de los miércoles. El próximo viaje internacional del Pontífice está programado del 12 al 15 de septiembre a Eslovaquia, según anunció él mismo.

Desde que empezó su papado, Francisco sólo había sido operado de cataratas en diciembre de 2019. En aquella ocasión se trató de una simple intervención en la vista, de rutina, realizada con láser, que no hizo que el Papa tuviera que ser ingresado más allá de unas pocas horas que no influyó en su agenda.

El propio Pontífice lo avisó durante una visita a la cárcel romana de Regina Coeli. «Hace bien una renovación porque a mi edad, por ejemplo, vienen las cataratas y no se ve bien la realidad: el año que viene tendré que operarme», había comentado él mismo mientras conversaba con los detenidos de la prisión de Roma.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) contribuirá a la integración de los migrantes y refugiados venezonalos llegados a la ciudad colombiana de Barranquilla mediante préstamos por valor de 50 millones de euros.

Este fue el acuerdo alcanzado durante la reunión mantenida por el director de AECID, con el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata Paéz, y con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, de visita en España.

Esta ciudad del norte de Colombia ha acogido a más de 140.000 venezolanos que han huido de la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa su país y que representan actualmente el 9 por ciento de su población.

Según ha explicado AECID en un comunicado, ante la pujanza económica de Barranquilla, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) va a conceder a la localidad colombiana su primer préstamo a un municipio.

En el caso de España, participará con 50 millones de euros en préstamos, de los que 45 millones serán en cooperación financiera reembolsable a través del FONPRODE (Fondo para la Promoción del Desarrollo) y con una garantía soberana de Colombia.

AECID ha resaltado que «se trata de la primera operación de esta naturaleza» por lo que «todas las partes tienen puestas grandes esperanzas». Además, ha añadido, «es una muestra más de la amplia cooperación bilateral entre España y Colombia, que sigue en expansión».

Por su parte, Pumarejo ha explicado en su Twitter que con esos fondos la ciudada acometerá «un gran proceso de transformación social e infraestructura» y ha celebrado que sea la primera vez que se lleva a cabo una iniciativa de este tipo.

El alcalde de Barranquilla ha resaltado que el apoyo que brindará AECID permitirá seguir atendiendo a los migrantes y refugiados venezolanos, «darles una solución, sacarlos de la trampa de la pobreza y ojalá insertarlos a la vida formal pero sin deteriorar nuestras finanzas, que las necesitamos para otras muchas cosas».

El Grupo XVI de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Madrid y el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Madrid están investigando ya el presunto fallo de seguridad detectado en servidores del plan Covid de la Consejería de Sanidad de Madrid, que habrían dejado al descubierto datos personales de miles de madrileños, entre ellos el Rey Felipe VI o el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Los agentes especializados se han puesto en marcha tras la denuncia presentada anoche en la comisaría de la Policía Nacional en Telemadrid, medio que ha desvelado la brecha digital a raíz de una denuncia anónima. Así, ya han rastreando los enlaces, web y pantallazos proporcionados y comprobando si algunos ciudadanos han podido acceder a datos sensibles de muchos madrileños, han confirmado fuentes de ambos Cuerpos de Seguridad.

Según las informaciones, la brecha de seguridad permitía a cualquier usuario introducir un DNI y obtener así toda la información de la persona asociada a dicho número. Si se introducían cifras aleatorias y resultaban corresponderse con el documento de identidad de algún ciudadano, podían obtenerse igualmente sus datos personales. También funcionaba con el Número de Identificación de Extranjeros (NIE).

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha subrayado hoy el fallo de seguridad en el portal ciudadano para la obtención del certificado Covid-19 de la Comunidad «es un tema menor» y ha hablado de una «información sesgada». «Es una cuestión técnica, informática y menor y es totalmente falso que se pudiera conocer y acceder a los datos de cualquier ciudadano», ha apuntado.

Es falso que cualquier ciudadano pueda meterse en páginas web de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para obtener el certificado Covid y que se pueda acceder a información confidencial como datos clínicos del Rey, del presidente del Gobierno o de otros expresidentes», han aclarado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Las mismas fuentes han informado de que esta incidencia se ha ocasionado por la subida de una actualización que pasó los protocolos de pruebas y que en el proceso de puesta en marcha generó una brecha que ha quedado solventada en horas tras ser detectada por los servicios de calidad.

En cualquier caso, han precisado que la incidencia no afectaba a datos clínicos y «por supuesto no comprometía la alteración alguna de información en las bases de datos». Además, han explicado que para acceder a esa información se necesitaría el DNI de la persona en cuestión y han insistido en que «se ha bloqueado el acceso generado indebidamente».

DENUNCIA ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Además de esta denuncia, Facua Madrid ha presentado otra contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) «por la difusión de datos personales de miles de ciudadanos a través de su portal web para la obtención del certificado Covid».

La asociación de consumidores señala que lo ocurrido incurriría en una vulneración del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

En el apartado primero, letra a del citado artículo, se indica que «el tratamiento solo será lícito» si «el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos».

De igual forma, el artículo 5 del RGPD recoge que los datos personales deben ser «tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas (integridad y confidencialidad)».

Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), señala en su artículo 72 como infracciones «muy graves» aquellas que supongan «el tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6» del RGPD.

Facua Madrid recuerda que esta es la tercera ocasión en menos de un año en la que denuncia la filtración de datos personales por parte de la Comunidad de Madrid.

Anteriormente, la asociación ya denunció a la Consejería de Sanidad porque la web de autocita para la vacunación contra la Covid-19 también revelaba datos de los usuarios a cualquiera que introdujera el Código de Identificación Personal de la Comunidad de Madrid (CIPA). Dicho código está en la tarjeta sanitaria personal y no es un dato público.

Además, en septiembre de 2020, presentó una denuncia contra la Consejería de Educación y Juventud por exponer los datos personales de casi 17.000 trabajadores de los centros educativos de la región.

La AEPD informó de que había apreciado «indicios racionales de una posible vulneración de la normativa en materia de protección de datos», pero finalmente, pese a confirmar esta irregularidad cometida por la Comunidad de Madrid, ha resuelto archivar el procedimiento porque su actuación «fue proporcionada» y tomó «las medidas adecuadas para evitar que se vuelva a producir».

Teniendo en cuenta que la normativa de protección de datos no contempla multas económicas a administraciones públicas, sino un mero apercibimiento, Facua Madrid ha considerado «inconcebible» que la Agencia haya decidido resolver el asunto sin tan siquiera aplicar esa medida a la Consejería de Juventud y Educación.

El secretario general del PP en la Región de Murcia, José Miguel Luengo, ha anunciado este jueves que su partido se personará en la causa por el presunto acceso al expediente clínico de un familiar del secretario general, Teodoro García Egea, para su supuesto uso político. «Estas prácticas mafiosas tienen que parar por higiene democrática», ha dicho.

Luengo se ha referido al escrito de la Fiscalía en el que se pone de manifiesto que no existió trato de favor por parte de García Egea y el presidente murciano, Fernando López Miras, con el fin de ‘colar’ a un familiar del primero para ser intervenido.

El dirigente del PP ha querido dejar claro que tras esta situación se encuentran PSOE y Podemos, a quienes ha acusado de «cometer un delito» por «incitar» a un delegado sindical de UGT a acceder al expediente clínico de un paciente para «urdir una trama», con el objetivo de «manchar el honor del secretario general y también del presidente, Fernando López Miras».

«Se ha demostrado que no hubo trato de favor al familiar de García Egea; que se le trató exactamente como a cualquier otro paciente en sus mismas circunstancias y también que hay alguien que ha cometido un delito accediendo de manera ilícita a un expediente de un enfermo», ha apuntado.

Luengo ha indicado que, según reza el expediente de la instrucción de la Fiscalía, las acusaciones de trato de favor son «rotundamente falsas» y obedecen a «uno de los complots políticos más maquiavélicos que se recuerdan en la Región de Murcia».

A su juicio, se demuestra así que sendos partidos «han estado tejiendo una red de noticias falsas» contra López Miras y García Egea, todo ello «manipulando a los representantes sindicales para hacerles cómplices, urdir una trama y manchar la reputación de la sanidad pública y también del PP».

Se trata, ha añadido, de «un delito a intromisión ilegítima accediendo de manera supuestamente ilegal a lo más sagrado que tiene un ciudadano: los datos personales de su historia clínica», un hecho «muy grave» ante el que el Partido Popular llegará hasta «el final», porque «esto tiene que tener todas las consecuencias».

En este punto, Luengo ha criticado al ministro de ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por acusar «falsamente» de estos hechos a través de las redes sociales, y al líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, de quien ha dicho que, «en su afán de llegar a toda costa al Gobierno de la Región, sigue sumando patinazos, uno detrás de otro».

«Ya no es solo que haya hecho un ridículo nacional sin precedentes, tanto él como haber provocado el ridículo del PSOE a nivel nacional, y que haya fracasado con la moción de censura, sino que ahora también se dedica a conspirar sin escrúpulos enviando espías para sonsacar información», ha precisado el secretario general del PP en la Región de Murcia.

En referencia al delegado sindical de UGT, se ha mostrado convencido de que tiene relación con el PSOE de la Región y que «ha ido de redacción en redacción con esta noticia». «También tiene un vínculo directo como excandidato de IU y con Podemos, quienes denunciaron además a López Miras hace unas semanas por este asunto», ha apostillado.

Para Luengo, «tanto PSOE como Podemos y sus satélites siguen sangrando por la herida de la fallida moción de censura de Murcia, y para ellos todo vale».

Al hilo, ha puntualizado que el liberado sindical «ha reconocido al instructor que había accedido al expediente del paciente por encargo de un superior del sindicato y sin tener ninguna responsabilidad en el cuidado del paciente».

Ante estos hechos, «el hospital, a instancias de la Inspección de Servicios Sanitarios, envió el caso a la Fiscalía para su investigación por un posible comisión de un delito tipificado en el Código Penal».

«¿Qué pueden esperar los ciudadanos de la Región de Murcia de PSOE y Podemos, quienes son capaces de incitar a cometer un delito para rédito económico difundiendo noticias falsas?. Estamos ante uno de los hechos más graves de los últimos tiempos», ha censurado Luengo, tras asegurar que se trata de «comportamientos mafiosos más propios de delincuentes que de políticos».

«QUE PIDAN PERDÓN»

En este contexto, el dirigente ‘popular’ ha reclamado a PSOE y Podemos que, en primer lugar, «pidan perdón a la persona a la que vulneraron sus derechos porque si han sido capaces de hacer esto, son capaces de hacerlo con cualquier otro ciudadano».

También les ha exigido que pidan disculpas a García Egea y a López Miras, «a los que trataron de deshonrar con este tema», así como a la ciudadanía murciana, por «este espectáculo bochornoso».

Además, ha pedido a sendas formaciones que «se atengan a las consecuencias legales porque nadie puede saltarse la ley». «Si ellos no tienen límites, nosotros estamos dispuestos a ponérselos. Esta izquierda radicalizada no nos va a amedrentar a nadie del PP, ni a ningún familiar de ningún cargo», ha manifestado.

Un 63% de españoles asegura que hay muchas cosas de la formación del conductor que es imposible aprenderlas adecuadamente de forma online, según pone de manifiesto un estudio de la Universitat de Valencia (UV) que concluye que prefieren la formación presencial a la hora de obtener el permiso de conducir.

Los resultados del estudio se han dado a conocer este jueves en el Foro Seguridad Vial 2021-2030, en el que han participado la directora general de la Asociación Española de Lesionados Medulares (AESLEME), Mar Cogollos; el Catedrático de Seguridad Vial de la UV, Luis Montoro; y el investigador en Seguridad Vial de la UV, Ignacio Lijarcio.

Según los datos del estudio, basado en las respuestas de 1.200 personas de entre 18 a 65 años y de 152 profesionales de la formación vial, la mayoría prefiere la formación presencial porque, según afirman los participantes, se sienten más seguros con un profesor en el aula para aprender el manejo de vehículos, conocer primeros auxilios, conducir bien y con seguridad, además de para eliminar falsos mitos y creencias sobre seguridad vial y para estar más atentos y motivados respecto de lo que explica el profesor.

Asimismo, los ciudadanos han afirmado que prefieren clases presenciales para trabajar la percepción de riesgos, la sensibilización y valores aplicados al tráfico, entre otros, y un 63% se muestra convencido de que hay muchas cosas de la formación del conductor que es imposible aprenderlas de manera adecuada con el sistema online.

Las ventajas que perciben los españoles y los profesionales de la formación, referente a los sistemas de formación online están básicamente relacionados con aspectos más formales y de gestión como el confort, la autonomía y la flexibilidad, los horarios, el hecho de no necesitar desplazamientos, más comodidad o menor esfuerzo.

Sin embargo, no se destacan ventajas o dimensiones relevantes para el aprendizaje, como una mayor calidad de la formación, una mayor concienciación un aprendizaje más consistente o más ágil, o la posibilidad de alcanzar una formación más extensa y duradera.

ACEPTACIÓN EN TEMAS DE NORMATIVA-REGLAMENTACIÓN

Para la encuesta, se ha preguntado a los participantes por una serie de cuestiones que tenían que calificar del 1 al 5, siendo 1 «Mucho más adecuada Online» la formación y un 5 «Mucho más adecuada Presencial».

Con puntuaciones superiores al 4 (preferencia alta de presencialidad), los encuestados apuestan por aprender a manejar los mandos de un vehículo, aprender a practicar una reanimación cardiopulmonar, aprender a conducir bien y con seguridad un vehículo.

Con una preferencia alta, pero algo más moderada (entre 3,36 y 3,72 puntos), se prefiere la presencialidad en la formación para todo aquello que está relacionado con la sensibilización y la concienciación, la percepción de riesgos y valores sociales viales, para la adquisición y la consolidación de conocimientos o en el tema de recuperación de puntos.

Después, aparece con una preferencia más leve (con puntuaciones de entre 3,07 y 3,30) la formación presencial para aprender normas básicas como: la obligatoriedad del uso de cinturón, normas sobre el uso de móvil o la circulación en rotondas.

En conclusión, los investigadores que han realizado el estudio aseguran que se podría afirmar que, en este tercer ámbito, más relacionado con temas de normativa-reglamentación-, es donde parece que pudiera tener más aceptación la formación online.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo llevará a la mesa de diálogo sobre Cataluña que el Ejecutivo central y la Generalitat activarán en septiembre las «40» medidas que en su día el presidente Pedro Sánchez planteó al entonces mandatario catalán, Quim Torra.

Así lo ha puesto de manifiesto en los Desayunos Informativos, donde ha estado acompañada por varios ministros del Gobierno, entre ellos Miquel Iceta (Política Territorial), Juan Carlos Campo (Justicia), Pedro Duque (Ciencia) y María Jesús Montero (Hacienda).

En concreto, ese documento llamado «Agenda para el reencuentro» contenía 44 medidas que Sánchez llevó a Torra en su reunión de febrero de 2020 y que recogían algunos de los puntos presentados por Artur Mas y Carles Puigdemont al expresidente Mariano Rajoy.

En dicho documento, el Gobierno proponía una mesa de diálogo sobre el futuro de Cataluña, evitar la judicialización de la política, impulsar de regeneración democrática, un compromiso con la memoria histórica, la reforma del sistema de financiación autonómica, la mejora de los objetivos de déficit, el cumplimiento de los compromisos de inversiones del Estado, entre otros.

Y ese será el documento que el Ejecutivo pondrá encima de la mesa en ese foro, al que sólo acudirán miembros de los gobiernos de uno y otro lado, según ha dicho Calvo, desechando así la posibilidad de que en el mismo participe el líder de ERC, Oriol Junqueras, ya en libertad tras ser indultado por el Gobierno.

Ese documento cuenta con medidas que, según ha apuntado Calvo, el Gobierno tiene trabajadas desde hace «mucho tiempo» y que podrían ser posibles soluciones a las cuestiones que afectan a Cataluña en todos los ámbitos.

HAY QUE GOBERNAR PARA TODOS

En este punto, ha recordado las palabras pronunciadas este mismo miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien remarcó a los partidos independentistas que en las instituciones se está «para gobernar a todos», también para los no secesionistas.

«Eso es lo que el presidente señala todos los días para la normalidad constitucional de Cataluña», ha insistido la vicepresidenta, quien ha puesto de relieve los «muchos estragos» que ha provocado el deterioro de una década en la que esa comunidad ha estado sostenida con diferentes gobiernos que han estado en el proyecto y no en su gobernabilidad.

Es decir, en atender los problemas reales de los catalanes, que en estos momentos están centrados en las repercusiones que la crisis del Covid está teniendo en los hospitales de la comunidad, en los datos económicos y en la situación de los servicios públicos o las empresas que residen en Cataluña.

Para Calvo, el independentismo ha hecho un intento «frustradísimo» de separar a Cataluña de España y la prueba más evidente de que se va reconduciendo la situación es que han vuelto unas urnas «normales», que el Gobierno ha indultado a los presos del procés y que pasan los días «y la legalidad no se vulnera».

Una situación que ha contrastado con el Gobierno anterior del PP, con el que en Cataluña se pusieron urnas que no eran legales y se vivieron situaciones frente a las que el propio Sánchez, entonces líder de la oposición, se ofreció de manera «voluntaria» para ayudar al entonces presidente, Mariano Rajoy, con el artículo 155.

«Cuando Sánchez es presidente, la legalidad no se vulnera, ni ahora ni en el futuro», ha abundado la ministra de la Presidencia, incidiendo en que en España «ni se puede romper la unidad del Estado ni se puede impedir tampoco la autonomía política a la que tienen derechos los territorios». «Ambas cosas son España», ha dicho.

¿REFERÉNDUM SÍ O NO? NO LO ACLARA

Preguntada sobre si cree que la mesa de diálogo debe concluir con la celebración de un referéndum sobre el autogobierno y la financiación catalanas, como señaló recientemente el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, Calvo ha evitado pronunciarse a este respecto.

Eso si, ha defendido «la altura de miras» del Gobierno para afrontar la crisis política con Cataluña, donde está tratando que la situación no vuelva «al tirabuzón anterior» con «mucha prudencia» pero también con «fortaleza».

En este punto, ha destacado la decisión del Ejecutivo de indultar a los condenados por el proceso independentista catalán como una medida para tratar de buscar una salida para Cataluña teniendo en cuenta la década atravesada para que la situación «avance, evolucione y mejore». Y es que, a su juicio, no se podía no hacer nada.

«El Gobierno se ha colocado en el carril del medio para empezar a pacificar el debate buscándole un futuro, que tiene que ser una salida de diálogo y de recuperación de muchos espacios de cordura que se han perdido», ha concluido.

El exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia ha asegurado este jueves que Europa tiene un «problema» de gobiernos de coalición «frágiles y débiles», destacando que España también lo tiene.

«Es un problema que tenemos en Europa. No solo en la Unión Europea, también lo tenemos en España. Lo vemos todos los días.», ha afirmado Almunia en el curso de verano que organiza la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), bajo el título ‘Tendencias geopolíticas’.

Así, Almunia ha expresado que cuando los políticos no están «dispuestos a llegar un acuerdo» hacen gobiernos de coalición «frágiles y débiles», indicando que este escenario traslada «incertidumbre» a los ciudadanos al tiempo que pierde «eficacia» en los resultados de sus decisiones.

«Esa pérdida de eficacia en los resultados, que se obtiene gracias a la acción política, genera a su vez más desconfianza y es una especie de círculo vicioso que hay que corregir con ideas y visión política, capacidad de explicar y capacidad de llegar a acuerdos cuando los ciudadanos eligen parlamentos fragmentados y no mayorías absolutas», ha apostillado.

En este sentido, el exvicepresidente de la Comisión Europea ha señalado que «la paradoja de la democracia» es que los ciudadanos voten a sus representantes sin pensar en el «acuerdo legal» de Gobierno porque, a su juicio, ese es la «responsabilidad» de los políticos.

A pesar de ello, Almunia explicado que Europa ha visto una aparición de nuevas formas políticas que son muy «difíciles de clasificar e integrar en coalición», pero que son muy «necesarias» para tomar decisiones.

Por último, ha argumentado que la crisis en las democracias viene derivada la «falta de confianza ciudadana» en los representantes políticos y de la tendencia a que «cada uno se busca la solución» sin tener en cuenta «las consecuencias de sus actos».