La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado la admisión a trámite de los recursos presentados este mismo jueves por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y otros dos ex diputados del Parlament de Cataluña contra los indultos concedidos a los condenados por el ‘procés’ independentista. En las providencias, se reclama al Ministerio de Justicia que remita los expedientes de indulto a la Sala en un «plazo improrrogable» de 20 días.

Este trámite supone la puesta en marcha de la iniciativa legal de los diputados de Ciudadanos tras comprobarse que ésta carece de defectos formales. Se trata de un trámite automático, que no adelanta ninguna decisión sobre el fondo del asunto ni sobre la legitimación para recurrir, asuntos que se resolverán más adelante.

La única consecuencia procesal de este paso es que obligará al Gobierno a entregar al alto tribunal los expedientes de indulto, ya que siempre se reclaman los documentos sobre los actos gubernativos que han sido impugnados para que puedan ser analizados.

Se ha interpuesto un recurso por cada preso por parte de Arrimadas y dos de sus compañeros de partido, el diputado José María Espejo-Saavedra y el líder de Cs de Cataluña, Carlos Carrizosa a título personal, y basan su legitimidad en que eran quienes estaban «en primera fila» –los tres eran diputados en el Parlament en 2017– cuando «a través de procedimientos ilegales se tramitaron las leyes de transitoriedad y la ley de referéndum».

Si bien lo presentado hoy es un primer trámite, un anuncio de interposición de recurso, el portavoz de la formación en el Congreso y abogado del Estado, Edmundo Bal, ya ha avanzado que en los mismos pedirán como medida cautelar que los nueves líderes independentistas condenados por el Supremo regresen a la cárcel mientras resuelve sobre sus alegaciones.

CAUTELARÍSIMAS ANTES DE LEGITIMACIÓN

Según ha explicado Bal, para que la Sala resuelva sobre esas cautelares no es necesario que decida sobre la legitimidad o no de Arrimadas, Espejo y Carrizosa para presentar recurso.

Fuentes del alto tribunal consultadas avalan esta posibilidad, pese a que el orden lógico procesal debería ser al revés, si bien añaden que con carácter general la Sala de lo Contencioso ha tenido casos en los que por razones de urgencia se han visto antes las cautelarísimas -para adoptar o para denegar la medida-.

Preguntado Edmundo Bal si estos recursos tienen más posibilidad de prosperar que los de Vox, ha indicado que la jurisprudencia actual dice que debes tener legitimación en el caso concreto, y esto se analiza por la infracción de tus derechos, por el perjuicio que te causan vinculado con el objeto que recurres.

En este sentido, ha explicado que Vox es acusación popular en el juicio del ‘procés’ «y no es ofendido por el delito, no hay ofensa de bienes personales». «Sólo los que son ofendidos, el caso de Inés, Carrizosa y Espejo, solo esas personas, y no los partidos políticos son los que tienen legitimación», ha añadido.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado que la regulación de los precios del alquiler es un «negocio redondo» y ha insistido en que la futura Ley de Vivienda debe articular mecanismos que permitan bajar rentas en zonas de mercado tensionado, al ser lo que recoge el acuerdo suscrito con el PSOE.

Así se ha pronunciado la también secretaria general de Podemos tras conocerse que la formación morada ve «insuficiente» la propuesta del ministro, José Luis Ábalos, de congelación de precios en dichas zonas para cerrar la negociación sobre la futura normativa. En su lugar, reclama un mecanismo para lograr bajadas de los alquileres.

«El acuerdo es clarísimo, los precios no se tienen únicamente que congelar, tienen que bajar y así lo recoge explícitamente el acuerdo y es en la línea en la que nosotros estamos trabajando», ha desgranado Belarra en declaraciones a TVE.

Al respecto, ha señalado que la Ley catalana de Vivienda, que es un «referente muy claro» para la estatal, ha demostrado su eficacia al lograr bajar los precios y aumentar el número de contratos.

Por tanto, regular los precios es la forma de lograr alquileres asequibles y que ese dinero pueda derivarse a otros gastos domésticos que mejorará el sistema económico. «Creo que es un negocio redundo el regular los precios del alquiler y asegurar que la gente llegue un poco más desahogada a final de mes», ha sentenciado.

LA BAJADA DEL IVA AL 10% DEBERÍA SER PERMANENTE

Por otro lado, ha valorado que el Consejo de Ministros haya aprobado la bajada del IVA del precio de la luz del 21 al 10%, aunque ha dejado claro que Unidas Podemos pidió que fuera una medida «permanente» en lugar de estar «acotada en el tiempo», concretamente hasta final de año.

De esta forma, ha destacado que se trata de una «medida limitada» aunque «imprescindible», como propusieron desde su espacio político, para que los ciudadanos tuvieran un efecto de bajada en su tarifa.

No obstante, Belarra ha insistido en que el mercado eléctrico en España «no va a cambiar» hasta que no se promueva la que entiende como «mejor solución» para bajar la factura de la luz, que es la creación de una empresa pública de energía.

Y es que en el sector, como ha relatado, existe un «oligopolio» con tres empresas que acaparan el 80% del mercado y con » capacidad directa» para influir en el precio que se cobra a los consumidores.

INTERVENIR EN EL MERCADO CON UNA ENERGÉTICA PÚBLICA

Por tanto, se debe pedir en «aras a la responsabilidad social corporativa» que hagan un «esfuerzo» para que el sector contribuya a bajar la factura de la luz. En caso de que no lo hagan, Belarra ha defendido que la «mejor manera de defenderse» ante esa «actitud de funcionamiento oligopólico» es precisamente esa energética pública, que aportaría transparencia y competitividad al sector.

En consecuencia, ha reivindicado que habría que intervenir el mercado eléctrico con dicha compañía pública y, en esta línea, trabajará para «convencer al socio» de que hace falta para proseguir los pasos, como la reducción de los beneficios caídos del cielo a las eléctricas.

La responsable del área de Violencia de Género del Ministerio del Interior, María Jesús Cantos, ha señalado que las denuncias por violencia de género se han incrementado desde el fin del estado de alarma, el 9 mayo de 2021, a pesar de que en su conjunto se mantienen «similares» a las registradas durante 2019.

Así lo ha trasladado Cantos este jueves en rueda de prensa, quien ha indicado que por el momento se desconocen los posibles motivos de este «repunte» de denuncias detectado tras el fin del estado de alarma, que se están estudiando y actualmente basan sus indagaciones en «observaciones», entre las que destaca un aumento de las peticiones de separación o divorcio por parte de las víctimas.

La ponente participa esta semana en el marco del XVI encuentro de la Policía Científica, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander en su programación de los cursos de verano.

Cantos ha apuntado que los casos denunciados por violencia de género disminuyeron durante la pandemia del Covid, en comparación con otros países, si bien las efectuadas por vía telefónica experimentaron «un repunte no excesivo».

«Durante el año 2020 hubo una mayor dificultad a la hora de emitir denuncias debido al confinamiento, ya que antes de su irrupción gran parte de ellas estaban motivadas por un afán de control hacia la pareja», ha explicado Cantos.

En este sentido, ha subrayado que «inmediatamente» después de la declaración del primer estado de alarma, en marzo de 2020, se insistió en hacer una revisión de los casos, incorporar el llamado botón SOS y realizar más llamadas telefónicas de seguimiento.

Asimismo, la agente ha puntualizado que desde su unidad «no echan en falta» ninguna herramienta a nivel legislativo, aunque se está trabajando conjuntamente en labores de coordinación con los cuerpos policiales para ver «qué más» pueden hacer.

En concreto, ha destacado como posible aspecto a mejorar una mayor dotación presupuestaria a la Policía, con mayores recursos humanos y materiales.

Respecto a la rehabilitación de los maltratadores, Cantos ha asegurado que «es difícil, pero no imposible» y ha apuntado que «muchos» de ellos vuelven a agredir tras pasar por prisión.

Por esta razón, ha indicado que aunque los agresores «obviamente tienen que cumplir sus penas», las posibilidades de reinserción pueden «aumentar significativamente» a través de los programas.

SE INCREMENTAN LAS AGRESIONES DE JÓVENES A TRAVÉS DE INTERNET

Por otro lado, la agente ha alertado sobre un incremento de las agresiones por parte de los jóvenes, en gran parte a través de los canales digitales.

Finalmente, Cantos ha explicado el funcionamiento del sistema VioGen, que mide las probabilidades de homicidio basándose en parámetros como riesgo y reincidencia, así como diversos estudios científicos realizados en torno a la tipología de los homicidas.

Faes Farma abonará este viernes, 25 de junio, un dividendo bruto complementario de 0,03 euros por acción con cargo a los resultados de 2020, según ha informado la compañía en un comunicado.

La cantidad se abonará a cada una de las acciones de la empresa en circulación al cierre de la sesión del pasado 22 de junio. La cifra se suma a los 0,167 euros brutos por título correspondientes al dividendo flexible ya adelantados como retribución a aquellos accionistas que en enero optaron por esta fórmula de retribución.

De este modo, Faes Farma abonará un total de 0,197 euros por cada acción, con cargo al beneficio de 2020, a sus accionistas, lo que supone una rentabilidad del 5,9% al cierre de la sesión del 23 de junio, en la que la acción se ubicó en los 3,34 euros.

La cifra supone, además, un crecimiento del 17,2% sobre la cifra abonada a los accionistas en el ejercicio anterior.

En 2020, el grupo registró un beneficio neto consolidado de 73,4 millones de euros en 2020, lo que supuso un aumento del 14,6% respecto al año anterior, gracias a su crecimiento de la actividad en España y en el exterior, así como por la incorporación al perímetro de las ventas procedentes del Grupo BCN Medica.

Por otro lado, la junta general de accionistas de Faes Farma aprobó el pasado 16 de junio una nueva ampliación de capital con cargo a reservas con el objetivo de atender a los accionistas del grupo farmacéutico bajo la fórmula de dividendo flexible con cargo a los resultados de este 2021.

La farmacéutica ha resaltado que este tipo de retribución ha tenido una acogida «muy positiva» en años anteriores. En el caso de 2020, los accionistas titulares de casi el 90% de los derechos de asignación optaron por suscribir títulos de nueva emisión.

Desde el pasado 1 de febrero y durante todo este año, Faes Farma forma parte del Ibex Top Dividendo, índice compuesto por los 25 valores del Ibex 35, Ibex Medium Cap o Ibex Small Cap que ofrecen a sus accionistas una rentabilidad por dividendo más elevada.

«Este hecho es una muestra más del compromiso del grupo farmacéutico con la retribución y el cuidado año tras año a sus accionistas y que se ha convertido en una de las señas de identidad de Faes Farma», ha subrayado la compañía.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que ya esperaban que la salida de la cárcel de los nueve condenados por el procés tras recibir su indulto estuviera rodeada de «simbología independentista» y, de este modo, ha restado importancia a las declaraciones y proclamas que se lanzaron.

«Esas expresiones era de prever que se podían ver durante estos días de forma más aguda», ha afirmado a preguntas de los medios en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este jueves para aprobar el fin de la mascarilla al aire libre y la bajada del IVA de a luz.

Por otra parte, ha criticado los recursos de PP, Ciudadanos y Vox contra los indultos, por tratar de «judicializar» de nuevo la política, y ha defendido el trabajo «riguroso» del Ministerio de Justicia en la motivación de los indultos. De hecho, ha señalado que es la «es la primera vez que un indulto se motiva».

En cuanto a la salda de los presos, la portavoz ha asegurado que «era de esperar» que se produjera ese recibimiento por parte del independentismo, y esas escenas a las afueras de las cárceles, en donde se escucharon lemas como ‘Lo volveremos a hacer’, y donde los indultados posaron con una gran pancarta en la que se leía ‘Freedom for Catalonia’ –libertad para Cataluña, en inglés–.

Eso sí, Montero ha recordado que en la nueva etapa de diálogo que el Gobierno espera entablar con la Generalitat todo el mundo conoce ya «cuáles son los límites» del Ejecutivo para esa negociación, que pasan por el respeto de la Constitución y el ordenamiento legal.

Además, ha querido volver a dejar claro que los presos que ayer fueron liberados tras recibir el indulto fueron condenados no por sus ideas sino por haber quebrantado la legalidad, y por ello, no se les exige que renuncien a esas ideas ni se les prohíbe expresarlas.

En todo caso, ha manifestado que espera que toda esta situación «se reconduzca por el cauce del diálogo y la convivencia, para poner encima de la mesa propuestas que realmente mejoren la vida de los ciudadanos».

LOS RECURSOS, UNA «PATATA CALIENTE A LOS TRIBUNALES»

En este sentido, ha criticado que la derecha vuelva a intentar «judicializar» un conflicto político, con sus recursos ante el Tribunal Supremo contra los indultos a los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, aunque ha confesado que no les «sorprende».

No podemos dirimir la política en sede judicial y pasar una patata caliente a los tribunales de justicia. Debemos respetar que las actuaciones que permiten la política se discutan en el ámbito de la política», ha reclamado.

A este respecto, ha defendido que el indulto es una prerrogativa del Gobierno y una competencia que ejerce desde la perspectiva que considera que mayor contribuye al diálogo y al entendimiento con los catalanes.

Además, ha puesto en valor el trabajo del Ministerio de Justicia por haber ido «más allá de lo que exige la legalidad» en este caso, porque ha trabajado «de forma concienzuda» durante varios días para «sustanciar de manera correcta y rigurosa el por qué y la motivación» de esos indultos. «Es la primera vez que un indulto se motiva», ha defendido.

Por ello, ha manifestado que en el Gobierno están «tranquilos» en relación con esos recursos –que no creen que vayan a prosperar, según afirman fuentes gubernamentales, por falta de legitimación–. No obstante, si ha admitido que les inquieta el hecho de que «haya formaciones» como el PP que, aún habiendo gobernando, «siempre recurran a la judicialización cuando pierden».

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la ratificación de la orden de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2021, que pretendía el cierre perimetral durante siete días de Bailén (Jaén) ante el aumento de contagios por covid-19, por entender que la Junta de Andalucía no justificó la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida ni la inexistencia de otras alternativas.

La Consejería de Salud y Familias acordó por razones de salud pública el confinamiento de la localidad jiennense, conforme a las determinaciones del Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Jaén, por haberse superado los 1.000 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denegó la ratificación al considerar que la medida era inconstitucional por impedir la libre circulación en una parte del territorio español. Es por ello que la Junta de Andalucía recurrió en casación al Supremo, tribunal que ya ha emitido sentencia.

De hecho, el Tribunal Supremo discrepa del criterio del TSJA y recuerda que, conforme a su jurisprudencia, fuera del estado de alarma las autoridades sanitarias ordinarias –en este caso autonómicas– están apoderadas para acordar medidas que impliquen limitación o restricción puntual de derechos fundamentales.

En este caso la Sala deniega la medida de cierre perimetral por otra razón distinta a la del TSJA. En su sentencia explica que la orden de la Junta se basa en los datos sobre la tasa de incidencia acumulada, «lo que es razonable», pero hubiese requerido que la Administración autonómica justificara la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida, así como la inexistencia de otras alternativas.

Si la Administración está normativamente obligada a interesar la autorización judicial para adoptar ese confinamiento, no es porque el control judicial quede ceñido a validar tal dato, sino porque con base en él se pretende aplicar unas medidas de contención que implicarán la restricción de derechos y libertades fundamentales, de ahí que la decisión precise que los tribunales la autoricen como garantes de los derechos y libertades», señala la sentencia del Supremo.

Añade, por tanto, el Supremo que «es carga de la Administración no limitarse a justificar la medida con base en el dato que considera que es eficaz como presupuesto» por ello le corresponde «justificar y razonar también la necesidad del confinamiento, su idoneidad y proporcionalidad respecto del fin perseguido así como la inexistencia de otras alternativas, carga que la Administración ha desatendido».

La decisión de cerrar Bailén se acordó el 2 de junio cuando la tasa de incidencia se encontraba en 1.008,7 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Dos días después, la tasa había bajado a 934,6 por lo que desde la Junta se apuntó que no sería necesario aplicar las restricciones que ya habían sido desestimadas por el TSJA. Actualmente, la tasa de incidencia en Bailén es de 296,3 casos por cada 100.000 habitantes.

El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este jueves en Bruselas el rechazo de su formación a los indultos a los condenados por el ‘procés’ que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y ha avisado de que dar «carta blanca» el independentismo puede convertirse en un «problema» para la Unión Europea.

«El problema en España respecto al independentismo es también un problema europeo. Si se da carta blanca al independentismo en España será un problema para Italia, para Rumanía o para Francia porque la Europa de las regiones es la Europa de los estados unidos y la integridad territorial es la base de toda la legislación internacional, no solo en Europa sino también en Naciones Unidas», ha advertido.

Casado, que ha asistido a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas, ha recalcado que la UE está «con la España unida y constitucional» y ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que le va a costar explicar que «los chicos de la gasolina y de (la cárcel) de Lledoners son estupendos demócratas».

«Si quiere engañar le va a costar explicarlo porque ahí está la sentencia del Tribunal Supremo, que explica muy bien lo que hicieron de forma violenta y en contra de la gran mayoría de catalanes pacíficos que quieren concordia y convivencia de verdad», ha abundado.

ESPAÑA ES «UNA DEMOCRACIA AVANZADA»

Un día después de la salida de la cárcel de los dirigentes independentistas indultados, Casado ha afirmado que en la reunión del PPE «ha dejado claro» que España es «una democracia avanzada» con «un Estado de Derecho absolutamente independiente y una Justicia que dicta sus sentencias en base a la ley y la Constitución».

«Vengo a defender la independencia del Tribunal Supremo en sus resoluciones. Vengo a defender el Estado de Derecho y la Constitución al margen de decisiones políticas para autoindultar a un Gobierno que necesita los votos de los nacionalistas independentistas que prometió nunca tener en cuenta para acuerdos de gobernabilidad», ha manifestado.

El jefe de la oposición ha calificado de «humillación a todos los españoles» lo sucedido este miércoles en la salida de prisión porque los indultados aseguraron que «lo volverán a hacer», que España «ha sido derrotada» y que, pese a estar inhabilitados, «liderarán el secesionismo fuera de la cárcel».

A renglón seguido, se ha preguntado si van a ver a esos dirigentes independentistas «condenados por dar un golpe a la legalidad» en la «mesa de amnistía y autodeterminación» de Moncloa. «Me hago una pregunta: ¿Sánchez piensa que en Europa acepta que en una democracia se hable de amnistía?». A su entender, las amnistías se producen cuando hay una dictadura para «anular resoluciones de Códigos Penales que no son democráticos».

Casado ha vuelto a defender la integridad territorial y ha avisado que «si hay un problema en Cataluña» lo habrá «automáticamente después en multitud de regiones europeas». «Por tanto, que abandonen toda esperanza los independentistas«, ha proclamado.

UNA DECISIÓN PARA «BENEFICIO PROPIO» DEL GOBIERNO

El presidente del PP ha recalcado que «ninguna decisión política para beneficio propio de un Gobierno tiene nada que ver ni con la concordia, ni con la convivencia ni con el reencuentro». A su entender, el reencuentro está en la ley y la Constitución.

Por todo ello, ha explicado que ha informado a sus socios europeos que, ante los pasos que ha dado Pedro Sánchez, ha solicitado la dimisión del presidente del Gobierno y la disolución del Parlamento para convocar de forma «inmediata» elecciones con el objetivo de que los españoles puedan pronunciarse en las urnas sobre los pasos del Ejecutivo.

Al ser preguntado por la moción de censura que plantea Vox tras los indultos, Casado ha señalado que él «no tiene nada que comentar» sobre lo que «digan otros partidos» y se ha reafirmado en su petición de elecciones para que los españoles «puedan decidir con toda la información encima de la mesa y sin mentiras qué Gobierno quieren tener».

«Sánchez fue tremendamente ampuloso, formal y preciso a la hora de decir lo que no iba a hacer y ha mentido en todo», ha apostillado, para insistir en que debería someterse «libremente y sin ningún tipo de miedo» a la voluntad de los españoles en las urnas.

Al ser preguntado si el expresidente José María Aznar también engañó a los españoles cuando indultó a 15 condenados por terrorismo de Terra Lliure, ha señalado que habría qué ver cómo se hizo entonces pero que están hablando de «lo que está pasando ahora» porque Sánchez prometió que no les indultaría «jamás». A su juicio, «cuando se miente, se asumen responsabilidades».

REUNIÓN DEL EQUIPO JURÍDICO DEL PP PARA RECURRIR

El presidente del PP ha avanzado que este mismo viernes se va a reunir el equipo jurídico del partido –con Enrique López, Fernando de Rosa y Luis Santamaría– para «evaluar» cómo van a argumentar la «legitimación» como «parte afectada» para recurrir ante el Supremo los indultos.

«Somos afectados porque un Gobierno discrecionalmente y en contra de la sentencia y de la Fiscalía decida indultar a las personas que fueron condenados por esos actos violentos del 1 de octubre», ha explicado, para añadir que si alguien declara la independencia «a través de algaradas violentas, en cualquier región de Europa se habría actuado igual».

Además, ha destacado que hay «muchas afectadas en Cataluña» por lo que pasó entonces de las que el jefe del Ejecutivo «no está hablando» y que vieron cómo «sus negocios ardían en esas algaradas». También se ha referido a los servidores públicos que «sufrieron la propaganda en las escuelas», «en la atención funcionarial» o en los «hospitales», así como a los que se les «señalaba por ser constitucionalistas».

Asimismo, ha indicado que él «personalmente» también es «afectado» después de conocerse, por un informe de la Guardia Civil, que era objetivo de posible atentado por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR), «a pesar de que el Gobierno lo había ocultado».

Casado ha realizado estas declaraciones a los periodistas en Bruselas tras asistir a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo, donde se ha reunido además con la presidenta de la Comisión Europea, Urusula von der Leyen, entre otras personalidades.

El líder de Vox, Santiago Abascal, acompañado de la plana mayor de su partido y arropado por más de un centenar de personas que portaban banderas de España y pancartas contra los indultos a los condenados por el ‘procés’, ha anunciado este jueves a las puertas del Tribual Supremo toda una serie de acciones jurídicas -que no ha concretado– para responder a lo que ha denominado la «traición y corrupción» del Gobierno de Pedro Sánchez.

Junto a Abascal, que ha sido el único en intervenir, se encontraban otros primeros espadas del partido como Javier Ortega Smith, Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, Marta Castro, Ignacio Garriga, Juan Cremades y Jorge Buxadé.

Fuentes del partido han señalado al término del acto que hacia el mediodía de este jueves se ha presentado el anuncio de recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en contra de la concesión de los indultos. Lo presenta Vox como partido al considerarse legitimado al haber actuado como acusación popular en la causa que se tramitó y juzgó en el alto tribunal contra los líderes independentistas, han señalado las mismas fuentes.

En cuanto a Abascal, arropado por más de un centenar de personas al grito de «viva España» , «viva Cataluña», y «sólo queda Vox», el líder de la formación ha recordado que siempre han estado a la altura de las circunstancias y que ahora volverán a estarlo «frente al mayor acto de corrupción» cometido por el Gobierno en lo que ha calificado de «intento de arrebatarnos nuestra patria».

Ha recordado que Vox también acudió ante la justicia ya en 2014 contra el entonces presidente Mariano Rajoy por su «inacción» frente a Cataluña y que ahora lo hará contra Sánchez, que ha pasado de comprometerse a combatir el «golpe separatista» a engañar a los españoles mediante la «compra de voluntades» de los independentistas para mantenerse en el poder. Lo ocurrido con los indultos, a juicio de Abascal, ha supuesto «un espaldarazo a los separatistas y una puñalada por la espalda a los españoles y a ese puñado de jueces valientes» que actuaron en esta causa, y a los que ahora se ningunea.

Pasar salir de la situación es el único camino que se puede recorrer imperio de la ley», ha añadido, para referirse posteriormente a la «ilegalización de partidos golpistas y la suspensión autonomía hasta que pueda restablecerse el orden constitucional».

Ha añadido que los indultos son gravísimos porque, entre otras cuestiones, «no fueron solicitados, no hubo petición de perdon al pueblo español y no hay propósito de enmienda». «Si ellos dicen que lo volverán a hacer nosotros también lo volveremos a hacer, les sentaremos en el banquillo si vuelven a atacar al orden constitucional», ha concluido

La discusión sobre la constitucionalidad de determinados aspectos del primer decreto de estado de alarma frente a la pandemia por covid mantiene dividido al Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que ha decidido retrasar el debate a la convocatoria que tiene previsto celebrarse en julio sin descartarse incluso que el presidente, Juan José González-Rivas, pueda convocar una sesión extraordinaria para sacarlo adelante antes de las vacaciones estivales.

Así lo han señalado fuentes de este órgano, que han confirmado que en la sesión de este jueves estaba previsto que el magistrado Pedro González-Trevijano, autor de la ponencia favorable a admitir parte del recurso presentado por Vox, respondiera al resto de magistrados que venían desde el martes interviniendo para marcar su postura respecto a este asunto. Finalmente se ha decidido que la continuación del debate se dejará para un futuro Pleno.

El tribunal de garantías debate una ponencia que pone pegas de constitucionalidad a algunas medidas de restricción de movilidad aplicadas por el Gobierno al inicio de la pandemia por covid-19. Entre ellas estaría el confinamiento domiciliario, que el tribunal de garantías podría declarar inconstitucional.

De obtenerse un apoyo mayoritario a este texto se admitirían algunos presupuestos señalados en su recurso por Vox, que fue el primero en acudir al tribunal de garantías contra decretos dictados por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez durante la pandemia de coronavirus.

PEGAS AL CONFINAMIENTO

La ponencia, según fuentes jurídicas consultadas contempla que las medidas más restrictivas del decreto hubieran sido merecedoras de una declaración del estado de excepción en España, por sobrepasar los presupuestos del estado de alarma.

El asunto llega a un Pleno en un momento en el que en el tribunal de garantías prevalece una mayoría de magistrados conservadores, aunque esto no quiere decir que el apoyo a todos los puntos de la ponencia de González-Trevijano sea automática, y de hecho el Pleno se mantiene bastante dividido, según señalan las fuentes de este órgano consultadas. De rechazarse el texto se tendría que nombrar nuevo ponente que redactara el sentir mayoritario del tribunal habría que esperar incluso meses a la resolución final de este asunto.

Otra de las claves del debate pasa por dilucidar si las disposiciones del primer estado de alarma supuso una suspensión total de los derechos -es decir, su abolición-, o una mera limitación de los mismos que sí podría ser amparada por la figura del estado de alarma. De imponerse la visión del ponente la decisión tendrá consecuencias inmediatas , puesto que todas las multas impuestas durante el estado de alarma deberían ser anuladas.

Este tema está pendiente de resolverse en el TC desde mayo de 2020, cuando el asunto fue admitido a trámite en un Pleno que se celebró de manera telemática debido a las propias restricciones por la pandemia.

Los de Abascal entienden que el decreto del 14 de marzo incluía restricciones de ciertas libertades públicas que no estarían contempladas para ese tipo de estado en la Constitución. Sostienen que determinadas suspensiones dictadas por el Ejecutivo sólo cabrían en la fórmula de estado de excepción.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el diputado José María Espejo-Saavedra y el líder de Cs de Cataluña, Carlos Carrizosa, han presentado este jueves recurso ante el Tribunal Supremo contra los indultos a los líderes independentistas catalanes. Interponen uno por cada preso, lo hacen a «título individual», y basan su legitimidad en que eran quienes estaban «en primera fila» –los tres eran diputados en el Parlament en 2017– cuando «a través de procedimientos ilegales se tramitaron las leyes de transitoriedad y la ley de referéndum».

«Se les privó de su derecho de participación política y ellos interpusieron recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y ganaron», ha recordado el portavoz de la formación Edmundo Bal, para luego añadir que si tenían legitimación para acudir a la jurisdicción constitucional, «parece evidente que también tienen legitimación para acudir a lo contencioso-administrativo».

En este sentido, ha indicado que la sentencia de la Sala Segunda del Supremo «cifra la condena del delito de sedición en la tramitación de esas leyes» de septiembre de 2017, y ha apostillado que los tres «vieron violentados sus derechos y el tribunal se lo reconoció», por lo que tienen derecho a opinar sobre los indultos de la sentencia que condenó por esos mismo hechos.

Si bien lo presentado hoy es un primer trámite, un anuncio de interposición de recurso, el portavoz ya ha avanzado que en los mismos pedirán como medida cautelar que los nueves líderes independentistas condenados por el Supremo regresen a la cárcel mientras resuelve sobre sus alegaciones. Según ha explicado Bal, para que la Sala resuelva sobre esas cautelares no es necesario que decida sobre la legitimidad o no de Arrimadas, Espejo y Carrizosa para presentar recurso.

APARIENCIA DE BUEN DERECHO

El portavoz, que de hecho es abogado del Estado, ha explicado que para que las cautelares sean pertinentes deben cumplir con los requisitos de apariencia de buen derecho y el peligro en la tardanza. Sobre lo primero, recuerda que con el criterio de Fiscalía y de la Sala Segunda del Supremo «que dicen que los indultos no proceden», esa apariencia de quién tiene razón juega a su favor.

A esto, ha sumado que existe un peligro «para los intereses generales» en caso de que no reingresen en prisión de forma inmediata, y apunta a dos riesgos: la posibilidad de que se fuguen porque «parece evidente que tienen infraestructura en el extranjero para escaparse», y el riesgo de reiteración delictiva porque «lo volverán a hacer».

«Durante 2017 muchos lo pasamos muy mal, mis compañeros peor que nadie en toda España, (…), con miedo físico por lo que pudiera pasarles. Pero detrás tenían a muchos españoles que trabajabamos por la Constitución y la convivencia de todos. Lo volveremos a hacer, si vuelven a cometer delitos, haremos lo que podamos para que vuelvan a la cárcel, esperamos que estimen el recurso y vuelvan a entrar en prisión», ha concluido Bal.

Por su parte, Arrimadas ha incidido en que el recurso lo han presentado como «personas perjudicadas», como catalanes cuyos derechos fueron pisoteados y como representantes públicos del Parlament que vieron violentados sus derechos. «Somos víctimas del golpe separatista y estamos aquí para defender nuestro derecho. Estos indultos son el resultado de un pacto infame (…) para permanecer en La Moncloa», ha apuntado señalando al presidente del Gobierno.

SÁNCHEZ «NO TIENE PRINCIPIOS»

Al hilo, ha subrayado que si bien «en España no se mete a nadie en la cárcel por sus ideas», sí «se saca a la gente por sus ideas de la cárcel», algo que ha tildado de lamentable. Una vez más, ha atacado a Sánchez apuntando que «no tiene principios ni escrúpulos».

Por último, Bal, preguntado por si estos recursos tienen más posibilidad de prosperar que los de Vox, ha indicado que la jurisprudencia actual dice que debes tener legitimación en el caso concreto, y esto se analiza por la infracción de tus derechos, por el perjuicio que te causan vinculado con el objeto que recurres.

En este sentido, ha explicado que Vox es acusación popular en el juicio del ‘procés’ «y no es ofendido por el delito, no hay ofensa de bienes personales». «Sólo los que son ofendidos, el caso de Inés, Carrizosa y Espejo, solo esas personas, y no los partidos políticos son los que tienen legitimación», ha añadido.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado este jueves durante la sesión plenaria de la Cámara autonómica que Andalucía no permitirá un «trato excepcional en términos financieros a Cataluña».

Así lo ha anunciado en su intervención de respuesta a la pregunta formulada desde las filas de su grupo parlamentario, realizada por su portavoz, José Antonio Nieto, acerca de la colaboración del Gobierno andaluz con las administraciones públicas.

«Empiezan a sonar tambores y peticiones por parte de algunas formaciones políticas y gobiernos, en el caso de Cataluña, en relación con un trato excepcional en términos finacierios y eso no lo vamos a permitir», ha señalado Moreno.

En este sentido, el presidente del Gobierno andaluz ha asegurado que «habrá que estar alerta» a posibles tratos de favor a algunas comunidades. Al respecto, Moreno ha afirmado que «tampoco sería razonable» que Cataluña tuviera activada una mesa bilateral y «no la tuviera Andalucía, como recoge su Estatuto de Autonomía: No podríamos aceptarlo».

«No sería razonable que Cataluña tuviera esa mesa y que la comunidad nosotros no, pero es algo que a nadie debe alertar ni preocupar», ha manifestado el presidente del Gobierno andaluz.

Moreno ha recordado durante su alocución algunos de los temas abordados en la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 17 de junio. Al margen de la citada mesa bilateral, solicitada por el presidente de la Junta, Moreno ha insistido en la necesidad de contar con un nuevo modelo de financiación autonómica y un fondo «transitorio» para ir «nivelando al deuda», así como la solicitud de 4.380 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.

RÉCORD DE VACUNACIÓN

El presidente andaluz ha destacado durante su alocución que este jueves se ha alcanzado un récord de vacunas frente al Covid-19, con 152.000 dosis puestas en un solo día, «más vacunas que las que suministra Grecia a su población en una sola jornada».

Asimismo, Moreno ha subrayado que el 62 por ciento de la población andaluza cuenta con un dosis y que cerca del 40 por ciento ya tiene la pauta completa.

El consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha realizado «nuevamente una llamada a la prudencia» porque según ha dicho, el virus «sigue ahí», y ha solicitado seguir adoptando medidas preventivas, pese a «la buena noticia de que» a partir del sábado «en espacios abiertos se puede prescindir de la mascarilla».

En el marco una rueda de prensa en Bilbao en la que ha dado a conocer los galardonadas con los premios Gure Artea 2021, ha dicho no tener ninguna información sobre los brotes de coronavirus en estudiantes de seis comunidades tras los viajes de estudios a Mallorca, que afecta en San Sebastián a casi medio centenar de jóvenes.

Sin embargo, ha realizado «nuevamente una llamada a la prudencia», que según ha indicado, «sirve para estas personas jóvenes que puedan estas contagiadas», así como para «todas las personas mayores que aún no han finalizado su proceso de vacunación».

Según ha manifestado, la situación de salud en términos generales es «mucho mejor» de la que se ha estado viviendo «este último año, pero no hay que mirar al mundo para ver cuál es la situación, para ver que la transmisión del virus sigue ahí» y que si no se adoptan medidas y «no andamos con cuidado, todos los que no estamos debidamente protegidos podemos contagiarnos».

Respecto a las mascarillas, Zupiria ha indicado que hay que esperar a que el gobierno central «adopte la decisión y se publique en el BOE» (Boletín Oficial del Estado), porque según ha dicho, «al final eso es lo que va a misa».

Según ha informado «será una ley, o una modificación de ley o un Decreto Ley de obligado cumplimiento», por lo que «a todos nos corresponderá cumplir lo que dicte esa norma».

No obstante, ha asegurado que «otra vez vale» la reflexión realizada sobre los estudiantes y ha recordado que «todavía hay muchas personas» que no están «debidamente protegidas contra el virus, bien porque no han accedido todavía a la vacunación o porque no la han completado».

En este sentido, ha indicado, a modo de ejemplo, que todos los que se encuentran en la década entre 60 y 70 años no «verán culminada su vacunación hasta finales del mes de julio».

«NO OLVIDAR LA SITUACIÓN»

Zupiria ha asegurado que eso «obliga a todos a «no olvidar en que situación nos encontramos, a no olvidar que los contactos sin guardar las debidas distancias o sin usar la mascarilla en lugares no aireados suponen un riesgo especial».

Por ello, ha pedido seguir adoptado medidas preventivas «aunque podamos tener la buena noticia de que en espacios abiertos, cuando estemos con gente que vive con nosotros en una burbuja familiar en el exterior podemos prescindir de la mascarilla».

En ese sentido, ha asegurado que es necesario «tener muy presente» que «vamos al verano, que en el verano la vida social es mucho más intensa y que, por lo tanto, vamos a tener que seguir adoptado medidas».

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado este jueves Otura (Granada), donde el Ayuntamiento ha iniciado las obras de reparación de los daños provocados por el temporal de fuertes lluvias registrado en septiembre de 2019, «que originó la rápida actuación del Consejo de Ministros liberando fondos ese mismo mes para atender las necesidades de las zonas afectadas y tendiendo inmediatamente la mano a los ayuntamientos para trabajar por la restauración de la zona», ha afirmado el delegado.

Las provincias andaluzas de Almería, Málaga y Granada, así como Albacete, Alicante, Valencia, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de Illes Balears y la Comunidad de Madrid se vieron afectadas por los graves sucesos causados por una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) los días 12 a 16 de septiembre de 2019, con vientos fuertes y elevadas precipitaciones, que provocaron inundaciones severas y diversos daños.

En la provincia de Granada el temporal dejó inundaciones en viviendas, garajes, sótanos y locales, carreteras cortadas en la zona norte y graves afecciones en municipios como Otura, donde las lluvias torrenciales causaron desperfectos en vías públicas, instalaciones municipales, deportivas, colegios, entre otros, según ha trasladado el alcalde del municipio, Nazario Montes, al delegado durante la visita de las obras.

Para reparar los daños, Pedro Fernández ha anunciado que el Ayuntamiento de Otura «cuenta ya con 250.000 euros aportados por el Gobierno de España para ejecutar las actuaciones necesarias, es decir, el 50% de la inversión total, tal como establece la Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, de medidas urgentes.

PROYECTOS SUBVENCIONADOS

Las actuaciones que el Ayuntamiento de Otura está desarrollando engloban proyectos para el arreglo de caminos rurales, del campo de fútbol, pabellón deportivo, saneamientos, fuentes públicas, colegios, calzadas de urbanizaciones, así como el tejado del Ayuntamiento. En este momento están iniciados cuatro proyectos, otros cuatro se iniciarán este verano, uno tiene fecha de inicio próxima y otro más está previsto para el último cuatrimestre del año, coincidiendo con el final del periodo de riego.

En la provincia de Granada las ayudas por la DANA de septiembre de 2019 ronda los tres millones de euros, lo que la convierten en la provincia andaluza que más subvenciones recibe para la ejecución de 79 proyectos subvencionados. De éstos, 30 están otorgados a la Diputación de Granada, 10 al Ayuntamiento de Villa de Otura, 8 para Las Gabias y 7 para el Ayuntamiento de Castril.

También reciben subvención los ayuntamientos de Orce, Benamanuel, Nivar, Cuevas del Campo, Dúrcal, Pinos Genil, Baza, Huéscar, Iznalloz, Carriles, Ventas de Huelma, Cogollos de la Vega y Játar. Además de la DANA registrada en Andalucía en septiembre de 2019, que afectó principalmente a las provincias de Granada, Almería y Málaga, en agosto de ese mismo año se produjo otro temporal de lluvias torrenciales en las provincias de Málaga y Sevilla.

Para reparar los daños, el Gobierno de España, a través del artículo 9 del Real Decreto Ley 11/2019, dispuso un régimen de ayudas a Entidades Locales, mancomunidades, etc, para la recuperación de las zonas siniestradas, lo que ha permitido subvencionar en Andalucía proyectos de reparación de municipios con un subvención de 8,07 millones de euros.

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado que los obispos españoles están con sus homólogos catalanes «por el diálogo», al ser preguntados sobre los indultos a los políticos condenados por el ‘procés’ y la postura de las diócesis catalanas. La Conferencia Episcopal Tarraconense –que reúne a los obispos catalanes– se ha mostrado, ante el contexto social y político en Cataluña, convencida «de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto».

No obstante, Argüello también ha reconocido que dentro de la CEE hay «opiniones diferentes». «Los indultos ya se han producido. Nosotros hemos querido hacer un ejercicio en la Conferencia Episcopal Española de la que formamos parte obispos con diversas sensibilidades y diversas opiniones sobre cómo podría organizarse la vida política y social. Y nosotros hemos querido profundizar en la nota de los obispos catalanes para desde ella extraer unas consecuencias que seguramente ponen acentos distintos, pero nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo», ha explicado Argüello.

En este sentido, el obispo ha asegurado que todos los prelados españoles defienden «la aplicación de la ley, que se respete la justicia», y ha calificado de «valiosa» la llamada que los obispos catalanes hacen en su nota sobre el «diálogo» y sobre «romper con actitudes inamovibles».

«Ahora que los indultos ya se han producido, que han salido a la calle y se han hecho manifestaciones, tendríamos que subrayar este aspecto de que las actitudes inamovibles no ayudan a construir la sociedad», ha insistido, recogiendo el sentir de los obispos durante la reunión que han mantenido estos días en Madrid y en la que dedicaron una hora y media a debatir sobre los indultos.

A juicio de los obispos españoles, un asunto «cada vez más enquistado no se puede resolver solo desde el sentimiento». Por ello, reconocen el «esfuerzo» que han hecho los prelados catalanes por «discernir» en esta situación «que divide a la sociedad catalana y que también puede causar tensiones fuertes en la sociedad española».

El portavoz de la Conferencia Episcopal Española también ha apelado, citando al beato John Henry Newman, al cultivo de «la humildad y la caridad» para resolver situaciones de dificultad; y ha añadido que para que el «diálogo» no sea «una palabra hueca» debe «incorporar la escucha del otro, nombrar también los aspectos en los que no se está de acuerdo y abordarlos desde un marco compartido».

INSATISFACCIÓN DE UN NUMEROSO GRUPO DE CATALANES

En este sentido, ha invitado a invocar «la razón» y abordar «la verdad sobre una gozosa historia compartida y la verdad también de una insatisfacción que muestra un numeroso grupo de catalanes sobre la situación de Cataluña en su relación con el resto de España».

«Lo importante es ver en qué medida esa insatisfacción responde a argumentos legítimos o si es una insatisfacción interesada, seguramente haya de las dos cosas», ha ahondado.

Según Argüello, en la situación española «se mezclan las dificultades propias vividas a lo largo de la historia de España, del encaje de todas nacionalidades con un momento cultural relativista marcado por la emoción, el sentimiento, en el que se subrayan las identidades, se vive una particular cultura de la cancelación como si lo vivido antes no significase nada, y una propuesta constructivista para lo cual hay que desconstruir.

En todo caso, los obispos españoles consideran que «la Constitución no es un dogma». «No consideramos que sea como las Tablas de la Ley, pero marca un campo de juego para que, incluso su propia modificación sea planteada en los propios términos que la Constitución establece», ha añadido.

Finalmente, al hablar de «medidas penitenciarias de gracia», el portavoz de la CEE ha querido recordar también a «otros miles de internos que habitan las cárceles de España».

El Partido Popular presentará este mismo jueves un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, una norma que precisamente entra en vigor este viernes, según han confirmado fuentes de la dirección nacional del partido.

La ley, que fue aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso con los votos en contra de PP y Vox, establece que ésta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».

El PP prevé presentar ese recurso al TC a última hora de este jueves, un paso que también dio Vox el pasado 16 de junio. El recurso de los ‘populares’ se produce la víspera de la entrada en vigor de la norma este viernes, justo cuando se cumplen tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

CASADO DEFIENDE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

Hace un par de días, en la clausura de la jornada ‘Personas mayores y pacientes vulnerables’ organizada por la Fundación Concordia y Libertad, el líder del PP, Pablo Casado, criticó que el Gobierno impulsara en plena pandemia la Ley de Eutanasia.

Según el líder del PP, con «125.000 fallecidos por coronavirus» no es el «mejor momento de abordar» esa ley y hacerlo además «en la excepcionalidad» del estado de alarma –que estuvo vigente hasta el 9 de mayo–. «Y lo más importante, no se ha dialogado con nadie», se quejó, para defender que se impulsen los cuidados paliativos.

El jefe de la oposición considera que España necesita «un impulso a los cuidados paliativos», ya que, hay un 0,6 de servicios por cada 100.000 habitantes en cuidados paliativos. «Es la misma cifra que en Georgia y Rumania», afirmó, para añadir que España está un 30% por debajo de Portugal e Italia, un 40% por debajo de Francia y un 50% por debajo de Alemania.

En esas mismas jornadas, Casado planteó una modificación del Código Civil para que los hijos tengan «la obligación» de cuidar de sus padres, de la misma manera que los progenitores lo hacen con sus descendientes. A su entender, se trata de una «justa reclamación» y una propuesta «sensata» que debe contar «con los recursos que hagan falta».