El diputado socialista por Huelva, Mario Jiménez, ha recriminado al Gobierno de Moreno Bonilla su "improvisación permanente, falta de coherencia y de seriedad" tras rectificar su posición, "cuando no han pasado ni 24 horas desde que el comité de expertos determinara la necesidad de utilizar el pasaporte o prueba covid para acceder al interior de los locales de ocio".

"A este Gobierno le falta una vez más rigor, seriedad, seguridad y consistencia", ha aseverado Jiménez, quien ha lamentado que a la Junta le ocurren estas cosas "porque dependen de unos negacionistas y radicales como Vox", según ha informado este partido por medio de una nota.

El propio Gobierno decidió acometer la medida tras la aprobación del comité de expertos, ha relatado Jiménez, pero "solo ha tenido que mediar la intervención de la ultraderecha y su amenaza a Moreno Bonilla, para que como siempre Moreno Bonilla se haya acobardado y haya decidido rectificar, demostrando que en Andalucía los negacionistas de Vox son los que imponen su doctrina y su pensamiento en algo tan delicado como el combate contra el coronavirus y la capacidad de nuestra economía de compatibilizar su actividad con la preservación de la salud de los andaluces y andaluzas".

Mario Jiménez ha trasladado la sorpresa del Grupo Parlamentario Socialista "ante una situación que demuestra una improvisación permanente", sobre todo teniendo en cuenta que "no se pueden someter las decisiones de carácter sanitario y de recuperación económica al capricho de un partido político inconsistente y radical".

Es por ello que ha instado al Gobierno andaluz a "acometer las medidas que sean necesarias, y si el comité de expertos lo ha determinado es una referencia a tener en cuenta".

"Este Gobierno da vergüenza ajena cuando no es capaz de mantener una posición coherente consigo mismo ni siquiera 24 horas", ha criticado.

El dirigente socialista ha lamentado "la actuación errática del Gobierno de la Junta que está perjudicando gravemente tanto la salud de los andaluces y las andaluzas como la actividad económica, en una época tan importante para nuestra comunidad como el verano".

"Se está generando inseguridad jurídica, inseguridad en los procedimientos, y no se está atendiendo a la situación complicada de nuestra comunidad con la seriedad y el rigor que merece", ha apostillado.

LA VACUNACIÓN, UN ÉXITO DE ESPAÑA

Respecto al número de vacunas que recibe Andalucía, el PSOE andaluz ha reclamado a Bendodo que "abandone la actitud cínica y ruín" con este tema, "cuando sabe perfectamente que están llegando las que pactaron las comunidades autónomas con el Gobierno de España. Se produjo un adelanto en el mes de junio y estaba pactado el número que está llegando en julio, agosto y que llegará en septiembre".

Jiménez ha recordado a Bendodo que "no es de buen español no reconocer el esfuerzo que está haciendo nuestro país en la vacunación, que lo sitúa como el primer país entre los grandes del mundo en número de vacunas puestas con pauta completa", por lo que ha apremiado a que "deberíamos todos alegrarnos, reconocer el esfuerzo de la sanidad pública española, aunar nuestras energías -Gobierno y comunidades autónomas- y hacer una lectura positiva en la respuesta de España al reto de la crisis del coronavirus, desde el punto de vista sanitario y de la vacunación, que nos sitúa entre los primeros países del mundo, algo que debería hacernos sentir muy orgullosos a todos los españoles y a los andaluces".

El parlamentario socialista ha reclamado a Bendodo "que abandone el ridículo, el cinismo y la hipocresía, por intentar forzar un titular que no conduce a nada", cuando sería "mucho más edificante para los andaluces y andaluzas escuchar al portavoz de su Gobierno reconocer ese esfuerzo, sentirse partícipe de ese éxito de vacunación en España y abandonar de una vez las posiciones que no conducen a nada".

Ha reivindicado "sentido común, altura de miras y sentido de Estado a la política en Andalucía que, en esa dirección, deja mucho que desear lo que están haciendo Bendodo y Moreno Bonilla".

La Comunitat Valenciana ha comunicado este martes el fallecimiento de nueve personas en los últimos siete días a causa del coronavirus y 1.704 nuevos casos.

La Conselleria de Sanidad Universal informa de que, desde la anterior actualización del lunes, se han sumado 1.704 contagios confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 470.138 personas. Por provincias, 171 en Castellón (48.629 en total); 768 en Alicante (168.283 en total); y 765 en Valencia (253.224 en total). El total de casos no asignados se mantiene en 2.

Además, hay que lamentar nueve muertes en la última semana, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 7.511: 814 en la provincia de Castellón, 2.859 en la de Alicante y 3.838 en la de Valencia.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 28.907 casos activos, lo que supone un 6% del total de positivos.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 682 personas ingresadas, 111 de ellas en la UCI: 79 en la provincia de Castellón, 16 en UCI; 187 en la provincia de Alicante, 27 de ellas en la UCI; y 416 en la provincia de Valencia, 68 de ellas en UCI. Las cifras han bajado ligeramente, ya que el lunes eran 731 ingresados y 113 en UCI.

En cuanto al proceso de vacunación, un total de 3.307.150 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. Además, en estos momentos, cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 2.705.871 personas. Por provincias: 321.006 en Castellón, 972.412 en Alicante y 1.412.453 en Valencia.

ALTAS

Desde la última actualización, se han registrado 2.859 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 445.181 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 46.179 en Castellón, 158.912 en Alicante y 240.031 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 59.

Finalmente, el departamento que dirige Ana Barceló informa hoy de un único brote con más de 10 casos asociados. Se encuentra en Fuente la Reina, presenta 12 casos y su origen es social.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que define la nueva estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte, en la que se sustituye la Secretaría General de Cultura por la Secretaría General de Cultura y Deporte, que estará liderada por Víctor Francos.

Así, de la Secretaría General de Cultura y Deporte dependen la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación y la Dirección General de Bellas Artes.

Se adscriben además los siguientes organismos autónomos: El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música O.A., el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales O.A., el organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.

A la Secretaría General de Cultura y Deporte, bajo la dependencia directa del titular del Ministerio, le corresponde la superior dirección de las competencias atribuidas al Departamento en materia de cultura y la coordinación de las políticas deportivas. También le corresponde la coordinación y asesoramiento en materia de relaciones internacionales dentro del ámbito de la cultura.

En este sentido, la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea dependerá directamente de la Secretaría General.

Por su parte, la Subsecretaría de Cultura y Deporte queda como órgano fundamental en la organización, supervisión y control de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Víctor Francos Díaz es licenciado en Derecho, con título extraordinario de carrera por la Universidad Autónoma de Barcelona, y Postgrado en Estudios Jurídicos Europeos Avanzados (UAB). Desde sus inicios en la vida laboral, ha desempeñado el ejercicio de la abogacía.

También ha ejercido la investigación universitaria (2002-2004), así como tareas directivas, gerenciales y de coordinación de gabinetes y equipos en diferentes ámbitos de la administración pública. Así, fue director de Relaciones parlamentarias de la Presidencia de la Generalitat (2006-2010) y asesor de la Diputación de Barcelona (2015-2016).

También ha sido director del Parque Tecnológico del Vallès (2018-2019) y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (2019-2020). Ha desempeñado el puesto de director del Gabinete del ministro de Sanidad y ha sido secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y de conformidad con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, el nombramiento de Cristóbal Belda Iniesta como nuevo director del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, el nuevo máximo responsable del ISCIII ha mantenido esta tarde una primera reunión con la ministra Darias.

Nacido en 1971, Belda Iniesta es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y, hasta la fecha, desempeñaba el cargo de subdirector general de Evaluación y Fomento de la Investigación del ISCIII.

Especialista en Oncología Médica, ha estado más de 15 años implicado en el estudio de biomarcadores y en la gestión de la I+D+i. Desde que finalizó la residencia en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y obtuvo un contrato de formación en investigación post-MIR (los actuales Río Hortega), su relación con el ISCIII ha sido constante.

Fue director de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) del ISCIII y, antes de llegar a la citada subdirección general del ISCIII, director ejecutivo de la Fundación de Investigación HM Hospitales. A lo largo de su carrera profesional ha participado como panelista y adjunto de las Comisiones Técnicas de Evaluación en cáncer, desarrollo tecnológico y en la Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE). También ha formado parte de diferentes comisiones de evaluación de la calidad científica en organismos regionales, nacionales e internacionales.

Como investigador ha publicado más de 100 artículos internacionales, ha dirigido diferentes tesis doctorales dentro del campo de la Oncología, la Economía de la salud y la Neumología, y diferentes libros orientados hacia la medicina predictiva y la innovación biomédica.

Belda Iniesta releva al frente del Instituto de Salud Carlos III a Raquel Yotti, quien ha sido nombrada por el Consejo de Ministros como nueva secretaria general del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Yotti deja la dirección del ISCIII justo tres años después de llegar al cargo. En este tiempo, además de tener un papel fundamental en la gestión de la pandemia de la COVID-19 en el último año y medio, el Instituto ha publicado su primer Plan Estratégico, que cubrirá el periodo 2021-2025, y ha presentado diversas mejoras y novedades en la Acción Estratégica en Salud (AES), entre otras muchas actuaciones ligadas al fomento de la investigación, la financiación, la formación y la prestación de servicios en el ámbito biomédico y sanitario.

Ciudadanos ha exigido al Gobierno que tome medidas para frenar el "éxodo masivo" de jueces de Cataluña, donde actualmente hay un 10% de plazas sin cubrir, y ha sugerido la posibilidad de aprobar incentivos para favorecer su permanencia en esta comunidad.

La formación naranja se hace así eco de las demandas planteadas en este sentido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que viene alertando de que estas 'fugas' deterioran el funcionamiento de los juzgados en Cataluña.

"El nacionalismo ha desmontado la estructura del Estado en Cataluña durante décadas de inacción de PSOE y PP, como muestra el éxodo masivo de jueces, magistrados y fiscales", argumenta el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, en un tuit.

Según remarca Cs en una iniciativa registrada en el Congreso, el año pasado, siguiendo la tendencia de ejercicios anteriores, un total de 37 jueces y magistrados concursaron para marcharse a otros lugares de España, mientras que solamente siete solicitaron trabajar en Cataluña. El resultado es que, de las 837 plazas existentes en Cataluña, 78 (casi el 10%) permanecen sin cubrir.

"La falta de medios suficientes en cualquier servicio público es ya motivo suficiente de preocupación. Cuando la falta de medios afecta, además, a uno de los tres poderes básicos, nos encontramos ante una situación crítica pues se pone en cuestión la propia definición constitucional de España como Estado social y democrático de Derecho", alertan los de Inés Arrimadas.

INCENTIVOS

Por todo ello han presentado una serie de preguntas al Gobierno en el Congreso, con las que pretenden conocer si el Ejecutivo tiene algún plan para reducir el número plazas sin cubrir de jueces y magistrados en Cataluña.

Así, quieren saber si el Gobierno se plantea aprobar algún tipo de incentivo para favorecer su permanencia en esta comunidad y, en caso de ser así, pregunta en qué consistiría.

Además, Ciudadanos aprovecha para interesarse sobre las medidas que tiene previsto impulsarse desde el Ejecutivo para "asegurar que hay suficiente cobertura de plazas de funcionarios públicos en todo el territorio nacional".

España cuenta con un capital natural único y uno de los mayores niveles de biodiversidad a nivel europeo, que se plasma en la gran variedad de hábitats (el 56% de los tipos identificados en la Directiva Hábitats) y más de 85.000 especies de animales, hongos y plantas, según el primer Informe sexenal sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) al Consejo de Ministros.

Gran parte de las especies se encuentran ya descritas en la base de datos EIDOS de especies silvestres del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Esta base de datos ha supuesto un esfuerzo de sistematización, aunque también ha permitido constatar la falta de información sobre determinados grupos taxonómicos, como invertebrados, briofitos y hongos, así como de muchas especies marinas, según el MITECO.

El informe, coordinado desde la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, analiza las tendencias del patrimonio natural y la biodiversidad tomando como año base el 2009, fecha de implantación del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (IEPNB), y hace una evaluación de los resultados alcanzados por las principales políticas adoptadas en esta materia.

El documento se ha elaborado principalmente a partir de la información disponible, a fecha 31 de diciembre de 2020, en el Banco de Datos de la Naturaleza, identificado como el Sistema Integrado de Información del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Además, al coincidir este informe con la publicación en 2019 de los informes sexenales de las Directivas europeas de Hábitats y Aves, para el período 2013-2018, se incorpora el análisis del estado y evolución de hábitats y especies de interés comunitario que se muestra en los mismos.

Como principales resultados obtenidos, el documento destaca "la importante mejora" registrada en el conocimiento del patrimonio natural y de la biodiversidad durante el último sexenio.

La elaboración de este informe ha servido también de reflexión sobre la necesidad de fortalecer la integración de la información disponible en diferentes centros directivos así como la inclusión de nuevas temáticas, que permitan evaluar de forma integrada los diferentes componentes del patrimonio natural así como sus presiones y amenazas, de tal manera que el IEPNB pueda ir adaptándose a los nuevos retos que se plantean como los vinculados al Pacto Verde Europeo y a la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030.

AUMENTO DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

Una forma de conservar y proteger el patrimonio natural y biodiversidad es la declaración de espacios protegidos, cuyo número y extensión han aumentado notablemente. Si en el año base de 2009 la superficie protegida terrestre era el 31% del total y la superficie marina protegida el 1%, en 2020 han pasado a suponer el 36,2% y el 12,3% del total, respectivamente.

El informe recoge asimismo las numerosas actuaciones de conservación y restauración enmarcadas dentro de los correspondientes planes y estrategias desarrolladas en los últimos años.

Como resultado de todo ello se han conseguido éxitos en la conservación de muchas especies emblemáticas, caso del águila imperial ibérica (con apenas unas decenas de parejas en los años 70 hasta las 520 parejas censadas en 2017); el quebrantahuesos (de 22 parejas en 1982 a 133 en 2018, con reintroducción exitosa en los Picos de Europa y en la Sierra de Cazorla); el oso pardo (de unos 100-120 ejemplares en 1989 a unos 310-350 en 2018); o el lince ibérico, que a finales de 2020 superó el umbral de los 1.100 ejemplares registrados.

A pesar de los esfuerzos de conservación realizados, el Ministerio considera es necesario seguir actuando para reducir las presiones sobre la biodiversidad, que también se han acrecentado en el último sexenio. Los cambios en la ocupación de suelo, la sobreexplotación de especies, la proliferación de especies invasoras y la contaminación son algunas de las principales amenazas a la biodiversidad, sobre las que también incide, directa o indirectamente, el cambio climático.

El informe señala que los incendios forestales constituyen el principal elemento de degradación de los ecosistemas forestales, aunque el aumento en la eficacia de la gestión de incendios ha contrarrestado su impacto. En este sentido, destaca la participación efectiva del MITECO en los medios de prevención y extinción de incendios forestales, prestando apoyo a las comunidades autónomas que lo requieren.

Las Redes de Daños Forestales Nivel I y II también aportan información sobre el estado de salud y vitalidad de los bosques. Los resultados muestran que el estado general del arbolado experimenta un proceso de retroceso, disminuyendo el porcentaje de árboles sanos, siendo daños asociados con causas abióticos los mayoritarios, principalmente los daños atribuidos a sequía.

El informe indica que el porcentaje de superficie forestal que cuenta con un instrumento de ordenación aprobado ha pasado de aproximadamente un 10% en 2009 a casi un 20% en 2019, constituyendo un avance significativo, pero con cifras aún inferiores a las necesarias.

Si bien el informe tiene un ámbito sexenal, recoge los frutos de décadas de trabajo en líneas tan relevantes como los programas de conservación y mejora de recursos genéticos forestales. Cabe destacar el Programa español de conservación y mejora de los recursos genéticos de los olmos ibéricos, y la obtención de individuos resistentes a la grafiosis, iniciado en 1986.

Desde 2014 se han suministrado más de 50.000 olmos para recuperar las olmedas naturales perdidas y para su plantación en el medio urbano, donde el olmo está recuperando el papel de acompañar a sus habitantes proporcionando su sombra y su belleza en plazas y paseos.

ESPAÑA, EL PAÍS DE LA UE CON MAYOR RIESGO DE DESERTIFICACIÓN

Por otra parte, el problema de la desertificación adquiere una enorme relevancia en España, siendo el país de la Unión Europea donde este riesgo es mayor. En España, un 18% del territorio se encuentra bajo riesgo alto o muy alto de desertificación. Los esfuerzos en el seguimiento de los procesos erosivos han culminado en este sexenio con la reciente finalización del Inventario Nacional de Erosión de Suelos.

Canarias ha registrado 671 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado en el archipiélago se eleva a 81.765, mientras que los fallecidos alcanzan los 836 al sumar cinco muertes en el último día, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Los cinco fallecidos registrados en el último día, todos en Tenerife, son tres mujeres de 69, 57 y 56 años, así como dos hombres de 56 y 44 años. Además, el óbito que subió este lunes a la estadística de Gran Canaria y estaba pendiente de validar se corresponde a un hombre, de 76 años.

Así del total de casos, 14.659 están activos (8 menos que hace un día), de los que 91 están ingresados en UCI (+1), 464 permanecen hospitalizados (-15) y 14.104 están en sus domicilios (+6). Además 674 personas han recibido el alta médica en las últimas horas, de tal forma que 66.270 canarios han superado la enfermedad en lo que va de pandemia.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias alcanza ya los 247,06 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días crece hasta 500,06 casos por 100.000 habitantes. Asimismo se han realizado un total de 1.851.331 pruebas PCR en las islas, de las que 106.564 resultaron positivas, lo que supone el 5,76 por ciento.

Por islas, Tenerife suma 346 positivos, acumulando 39.418 casos, de los que 8.518 están activos epidemiológicamente (+29), 473 han fallecido (+5) y 30.427 han superado la enfermedad; Gran Canaria cuenta con 30.847 acumulados (+275), de los que 5.169 son activos (+60), 285 han muerto y 25.393 recibieron el alta médica.

Por su parte, Lanzarote suma 17 positivos, con 6.186 acumulados, de los que 171 son activos (+5), mientras ha registrado 49 óbitos y 5.966 superaron la enfermedad; Fuerteventura tiene 3.538 casos acumulados (+17), de los que 640 están activos (+93), 14 fallecieron y 2.884 recibieron el alta médica; y La Palma suma nueve casos nuevos, por lo que cuenta con 979 acumulados, de los que 109 están activos (-3), 10 han muerto y 860 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro se mantiene en el acumulado de 423 al sumar dos nuevos casos, de los que 11 están activos (+2), cuatro han fallecido y 408 superaron la enfermedad; mientras que La Gomera suma cinco nuevos positivos, por lo que acumula 370 casos, de los que 39 están activos, uno ha muerto y 330 han recibido el alta médica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes los "criterios objetivos" para el reparto de los fondos europeos ante las peticiones de las CCAA para establecer distintos criterios, y ha recordado que ya las ayudas directas nacionales para la recuperación de las empresas tuvo en cuenta a las regiones "más perjudicadas" por la COvid-19.

En rueda de prensa tras despachar durante una hora y cuarto con el Rey Felipe VI en Marivent, Sánchez ha recordado que "el compromiso" del Ejecutivo nacional con las Islas ha sido "inédito y lo continuará siendo".

Preguntado sobre si el reparto de los fondos europeos tendrá en cuenta aquellas comunidades donde ha caído más el PIB por causa de la pandemia como es el caso de Baleares, el dirigente nacional ha recordado que ya las ayudas directas nacionales para la recuperación de las empresas tuvo en cuenta las regiones "más perjudicadas" por la COVID.

Además de ensalzar la gestión realizada por el Govern en torno a estas ayudas estatales, describiéndola como "un extraordinario ejercicio de ejecución", el presidente del Gobierno ha indicado que las empresas de las Islas que se han visto afectadas recibirán ayudas por valor de 855 millones de euros.

Sánchez ha indicado que el Govern balear ya "viene desplegando desde hace años" proyectos vinculados a estos fondos europeos, que están basados en la transición ecológica, la educación, la recualificación de los trabajadores y la digitalización de las pymes.

LAS CCAA MÁS AFECTADAS

En este sentido, el presidente del Gobierno ha aseverado que el reparto de los fondos mantiene "un criterio objetivo" para el conjuntos de las comunidades de España, "pero se ha tenido en cuenta aquellas que más se han visto afectadas por las restricciones como es el caso de Baleares y Canarias".

Es una gran oportunidad de modernizar nuestra economía", ha subrayado, a la vez que ha finalizado su comparecencia solicitando "dejar a un lado la crispación y sumar entre todos para superar la pandemia y aprovechar estos fondos".

Cabe recordar que ésta fue una de las peticiones de la presidenta del Govern, Francina Armengol, durante la XXIV Conferencia de Presidentes Autonómicos. En concreto, la dirigente balear solicitó que la distribución de los fondos europeos tuviera en cuenta las comunidades con una mayor caída del PIB a causa de la pandemia.

UN CAMBIO "A MEJOR"

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo tras estar reunido con el Rey Felipe VI durante más de hora y cuarto, ambos mandatarios han recordado la situación de hace un año, "que ahora es muy distinta". Así, ha remarcado que la situación, desde su última comparecencia en Marivent, es "diferente".

"Entonces el mundo no tenía vacunas y hoy España es el país que está liderando el proceso de vacunación", ha ahondado, a la vez que ha expresado que el Gobierno sigue en su objetivo de tener al 70% de la población vacunada a finales de agosto.

Por ello, ha añadido, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la compra de cuatro millones de vacunas Pfizer, "con una clara vocación de anticipar el logro de tener a la población vacunada antes de que finalice el mes".

Además de resaltar la donación de vacunas por parte de España a países de América Latina, Sánchez ha recordado que hace un año de un PIB "realmente dramático por el confinamiento y las restricciones". Sin embargo, ha defendido que España está "yendo directa a la recuperación económica a lo largo de 2021 y 2022".

Con los últimos datos del paro y del PIB, el presidente del Gobierno ha considerado que España está consolidando "la recuperación" trabajada durante estos últimos meses.

A continuación, el dirigente nacional se ha referido a los acuerdos de Bruselas sobre los fondos Next Generation UE. "Eran una abstracción", ha dicho, para después indicar que el país recibirá más de 19.500 millones, el 55% gestionados de manera directa por las comunidades.

Con todo, Sánchez ha rememorado que hace un año se estaba resistiendo el embate de la COVID-19 y "hoy estamos en un escenario diferente". "No podemos bajar la guardia frente a la COVID, pero entre todos estamos trabajando en la consolidación económica para que nadie quede atrás", ha afirmado.

Sánchez ha llegado en torno a las 13.30 horas al Palacio de Marivent para despachar con el Rey Felipe VI en el tradicional encuentro que el monarca mantiene con los mandatarios gubernamentales durante sus vacaciones estivales en Mallorca.

El Rey ha recibido a Sánchez en las escalinatas de Marivent. Después de posar para los medios de comunicación, ambos se han adentrado en el Palacio para llevar a cabo el encuentro.

Antes de viajar a la Isla, Sánchez ha presidido el Consejo de Ministros. El último encuentro entre Sánchez y el Rey fue en la XXIV Conferencia de Presidentes Autonómicos, que tuvo lugar en Salamanca el pasado viernes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el que se asciende a general auditor a la coronel Begoña Aramendía Rodríguez de Austria, de 55 años, quien se convierte así en la segunda mujer en las Fuerzas Armadas españoles que llega al generalato.

Begoña Aramendía, nacida en Sidi Ifni (Marruecos) el 1 de octubre de 1965, se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1988 e ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar en 1989, en la primera promoción con mujeres.

Desde 1990 fue ocupando destinos de asesoría jurídica en la Armada, en Canarias, en la Escuela Naval Militar y en el Cuartel General de la Armada, compaginándolos con funciones de profesorado. Después ejerció doce años en la Fiscalía de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y desde 2008 ha ocupado distintos cargos en el órgano central del Ministerio de Defensa, el último desde octubre de 2019 como vicesecretaria general técnica.

Procedente de una familia con una larga tradición militar por ambas ramas, Begoña Aramendía ha participado en cuatro operaciones en el exterior: Kosovo (2000), Afganistán (2003), Bosnia-Herzegovina (2006) y Líbano (2008).

Cuenta con 23 condecoraciones, destacando varias cruces al mérito militar del Ejército de Tierra, de la Armada, Aeronáuticas y de la Guardia Civil, así como la Cruz Distinguida de 1ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, muy valorada entre los juristas, y la última, la Medalla Conmemorativa de la operación 'Balmis'.

"Alcanzar el generalato es una satisfacción, supone culminar una carrera y el reconocimiento al esfuerzo de 32 años de servicio --ha señalado la recién ascendida--. Como mujer es un orgullo, soy consciente de que soy un referente para las mujeres de las Fuerzas Armadas que vienen detrás".

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EJÉRCITO

Precisamente uno de los puestos que Begoña Aramendía en el Ministerio fue dirigir entre 2018 y 2019 la División de Igualdad y Apoyo al Personal, desarrollando las políticas de Defensa en este ámbito. A su juicio, este ascenso "también demuestra que hay igualdad de oportunidades en el Ejército".

Begoña Aramendía sigue los pasos de Patricia Ortega, del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, que en julio de 2019 se convirtió en la primera mujer en ascender a general en la historia de España.

Según informa Defensa, el alcenso de Aramendía es un nuevo e importante paso en el proceso de integración de la mujer en el Ejército particularmente en la línea de mando, a la que se van incorporando cada vez más mujeres.

En la actualidad, las mujeres en las Fuerzas Armadas españolas representan el 12,9% del total de los efectivos, dos puntos por encima de la media de los ejércitos de los países de la OTAN.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado 515 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, así como un fallecido, concretamente en Guadalajara.

Por provincias, Toledo ha registrado 228 casos, Ciudad Real 104, Albacete 85, Cuenca 58 y Guadalajara 40, según ha informado la Dirección General de Salud Pública de la Junta en una nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 215.349. Por provincias, Toledo registra 79.667 casos, Ciudad Real 51.193, Albacete 33.682, Guadalajara 29.429 y Cuenca 21.378.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 242. Por provincias, Toledo tiene 96 de estos pacientes (66 en el Hospital de Toledo y 30 en el Hospital de Talavera de la Reina), Ciudad Real 51 (13 en el Hospital Mancha Centro, 12 en el Hospital de Ciudad Real, 8 en el Hospital de Puertollano, 8 en el Hospital de Valdepeñas, 6 en el Hospital de Manzanares y 4 en el Hospital de Tomelloso), Albacete 50 (42 en el Hospital de Albacete, 5 en el Hospital de Villarrobledo y 3 en el Hospital de Hellín), Guadalajara 29 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 16 (todos ingresados en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 28. Por provincias, Toledo tiene 11 de estos pacientes, Albacete 7, Ciudad Real 5, Guadalajara 4 y Cuenca 1.

En las últimas veinticuatro horas se ha registrado un fallecido por COVID-19 en Castilla-La Mancha, en Guadalajara.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.090. Por provincias, Toledo registra 2.293 fallecidos, Ciudad Real 1.734, Albacete 889, Guadalajara 631 y Cuenca 543.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Dieciocho centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De estos 18 centros, ocho están en la provincia de Toledo, cinco en la de Albacete, tres en la de Guadalajara y dos en Ciudad Real. Los residentes con caso confirmado son 65.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.050.

Investigadores de la Universidad de Tubinga (Alemania) y la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel) han rastreado el impacto de la COVID-19 en los fallecimientos en más de 100 países. Según su trabajo, publicado en la revista 'eLife', se ha encontrado un exceso de mortalidad en España del 8 por ciento con respecto a las muertes notificadas oficialmente, es decir, de 87.000 frente a 80.000.

"Esto se debe más que nada al conteo por lo bajo al principio de la pandemia, parecido a lo que pasaba en otras economías avanzadas. En general, desde el 10 de marzo de 2020 hasta el 20 de junio de 2021, España vio un aumento del 20 por ciento en número de muertes por encima de lo esperado. Más que Reino Unido (18%) y Francia (11%) y similar a Italia y menor que Estados Unidos (22%) y la República Checa (30%)", explica uno de los autores del estudio, Ariel Karlinksy, estudiante de posgrado de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Comparar el impacto de COVID-19 entre países o durante un periodo de tiempo determinado es un reto, ya que las cifras de casos y muertes notificadas pueden verse afectadas por la capacidad de las pruebas y la política de notificación.

En cualquier periodo de tiempo, un determinado número de personas muere por muchas razones particulares, como la vejez, la enfermedad, la violencia, los accidentes de tráfico y otras. Los investigadores son capaces de predecir el número de muertes por estas causas en los próximos meses o años, lo que se conoce como muertes esperadas, utilizando la misma información recopilada de los meses y años anteriores. Sin embargo, las pandemias, los conflictos y las catástrofes naturales y provocadas por el hombre causan muertes adicionales a las previstas, que se conocen como "exceso de mortalidad".

"Medir el exceso de muertes nos permite cuantificar, supervisar y hacer un seguimiento de pandemias como la COVID-19 de una forma que va más allá de la capacidad de ensayo y notificación y de la política. Sin embargo, hasta ahora no existía un repositorio global de datos de mortalidad entre países que se actualizara con frecuencia", afirma Karlinsky.

Para dilucidar esta cuestión, los investigadores recopilaron datos de mortalidad semanales, mensuales o trimestrales de 103 países y territorios, que han puesto a disposición en abierto en la base de datos World Mortality Dataset. A continuación, utilizaron los datos para calcular el número de muertes excesivas en cada país durante la pandemia de COVID-19.

Sus análisis mostraron que, en varios de los países más afectados por la COVID-19, a saber Perú, Ecuador, Bolivia y México, el exceso de muertes superaba en más de un 50 por ciento la tasa de mortalidad anual prevista, o superaba las 400 muertes en exceso por cada 100.000 personas, como en Perú, Bulgaria, Macedonia del Norte y Serbia.

Al mismo tiempo, en países como Australia y Nueva Zelanda, la mortalidad durante la pandemia estuvo por debajo del nivel habitual, lo que los autores sugieren que probablemente se deba a que las medidas de distanciamiento social redujeron el número de muertes causadas por otras infecciones además de la COVID-19.

Además, los investigadores descubrieron que, si bien muchos países han notificado con precisión sus tasas de mortalidad por COVID-19, algunos, como Nicaragua, Bielorrusia, Egipto y Uzbekistán, han subestimado estas cifras en más de 10 veces.

En Alemania, según este estudio, el número total de muertes en exceso hasta ahora es de alrededor de 40.000, que es mucho menor que 90.000, el número de muertes por COVID-19 notificado. Con 50 muertes en exceso por cada 100.000 habitantes, Alemania sufrió menos exceso de mortalidad que todos los países europeos vecinos (Países Bajos: 110, Bélgica: 140, Francia: 110, Suiza: 100, Austria: 110, Chequia: 320, Polonia: 310), aparte de Dinamarca, que no registró ningún exceso de mortalidad.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 361 casos positivos de Covid-19 confirmados en la última jornada, en la que se han producido nueve ingresos hospitalarios nuevos y se han dado 13 altas, lo que supone un total de 103 personas hospitalizadas, de las que 11 están en UCI.

Además, en la jornada de este martes no hay que lamentar fallecimientos, por lo que el total de víctimas se mantiene en 1.783 desde el inicio de la pandemia en la región, y se han dado 375 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 82.445 altas.

Con estos datos, la incidencia acumulada baja ligeramente hasta los 604,94 por cada 100.000 habitantes a los 14 días, y a los 277,04 casos a los siete días, según los datos aportados por la Junta de Extremadura.

Además, en la última jornada se han notificado ocho brotes, situados en el Centro de día/pisos tutelados de Pescueza, con 8 casos y 18 contactos; en Badajoz, con 4 casos y 7 contactos; en Valuengo, con 8 casos y 30 contactos; en Pueblonuevo del Guadiana, con 6 casos y 41 contactos; en Navalvillar de Pela, con 16 casos y 26 contactos; en la residencia de mayores de Jaraíz de la Vera, con 8 casos y 36 contactos; en Zafra, con 3 casos y 7 contactos, y en Zalamea de la Serena, con 9 casos y 15 contactos.

Además, se cierran 3 brotes, que son el 425 de Don Benito, el 436 de Coria-Holguera-Torrejoncillo y el 470 de Lácara.

SITUACIÓN POR ÁREAS DE SALUD

En cuanto a los datos por áreas de salud, los datos revelan que el de Badajoz notifica 83 casos positivos y tiene 37 pacientes hospitalizados, 4 de ellos en UCI, mientras que el de Cáceres notifica 68 casos positivos y cuenta con 20 pacientes ingresados, dos de ellos en UCI.

Además, el Área de Salud de Mérida registra 68 casos positivos y tiene 11 pacientes hospitalizados por covid-19, uno de ellos en UCI, y el de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 77 casos positivos y cuenta con 19 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI.

Así, el área de Plasencia registra 34 casos positivos y tiene 5 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, mientras que el de Navalmoral de la Mata notifica 10 casos positivos y tiene 5 pacientes ingresados por covid-19.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 14 casos positivos y cuenta con cinco pacientes ingresados, mientras que el Área de Salud de Coria registra siete casos positivos y tiene un paciente hospitalizado por Covid-19.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Centro Nacional de Educación Ambiental, la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático, y el Ministerio de Educación y Formación Profesional han remitido este martes a Consejo de Ministros el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS), "una herramienta clave para reforzar el papel de la sociedad como agente de cambio en el proceso de transición ecológica".

Así lo ha dado a conocer el departamento que dirige Teresa Ribera tras la última reunión del Consejo de Ministro del curso. El PAEAS contiene las líneas estratégicas de la educación ambiental y sostenible en España para los próximos 5 años, ofreciendo un marco de trabajo coordinado para reforzar, desde los mecanismos de influencia social y cultural --comunicación, educación, capacitación y participación--, aquellas políticas que deben hacer frente a los desafíos climáticos y ambientales.

Según ha explicado el Ministerio, con la elaboración del Plan "se busca reflejar el diagnóstico de la situación actual de la educación ambiental en España e impulsar los ámbitos estratégicos de actuación, así como los objetivos, principales medidas y acciones concretas a desarrollar por las diferentes Administraciones, entidades, organizaciones y agentes implicados".

En relación con los principales objetivos, ha detallado que destacan el impulso a la información, sensibilización y concienciación de la sociedad para aumentar su participación la procesos de toma de decisiones; promover un cambio en nuestra forma de relacionarnos con el entorno, que permita profundizar y acelerar la transición ecológica; y reforzar el papel de la educación ambiental y sostenible como herramienta para la transformación social, cultural y económica que la emergencia climática y ambiental requieren.

Respecto al contenido, el Ministerio ha indicado que el Plan cuenta con seis ejes operativos. El primero hace referencia a la transversalización de la educación ambiental y sostenible en las políticas públicas, el segundo es el relativo a la innovación e investigación, y un tercero se centra en la integración de la sostenibilidad en el sistema educativo y formativo. El cuarto eje hace referencia a la profesionalización y consolidación del sector de la EAS, mientras que el quinto se refiere a los escenarios y espacios específicos de intervención. El último eje aborda la comunicación, divulgación y acción ciudadana.

En este sentido, ha apuntado que los seis ejes aglutinan un total de 61 acciones clave a desarrollar por parte de la Administración General del Estado, distintas entidades del sector público y privado, comunidades autónomas y entidades locales a lo largo de un lustro desde el momento de su aprobación, así como orientaciones de trabajo y propuestas de acción para otros sectores y agentes implicados.

UN NUEVO CONTEXTO SOCIAL Y JURÍDICO

El Ministerio ha subrayado que, con la elaboración del PAEAS, "el Gobierno cumple con el compromiso" recogido en la 'Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental', aprobada por el Consejo de Ministros el 21 enero de 2020.

Por otro lado, ha destacado que la aprobación el pasado mes de diciembre de la nueva ley educativa, la LOMLOE (también conocida como 'Ley Celaá'), incorpora por primera vez referencias explícitas a la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Educación para la Ciudadanía Mundial, reflejadas en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a cuyo cumplimiento se comprometió España en diciembre de 2015.

En este contexto, ha manifestado que "se hace patente la necesidad de impulsar una educación ambiental y sostenible innovadora, orientada a abordar nuevos retos y acompañar la transición ecológica justa, involucrando a la ciudadanía".

"Para su elaboración ha sido fundamental un proceso de aportaciones públicas a través de un cuestionario de valoración del borrador del documento, así como la posibilidad de incluir nuevas acciones al Plan o modificaciones a las planteadas. Tras analizar los comentarios, muy enriquecedores para el plan, se incluyeron cerca del 70% de las propuestas recibidas", ha concluido.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un acuerdo por el que se declara la adjudicación por procedimiento de emergencia para contratar un servicio de coordinación de medios aéreos y análisis y monitorización de incendios forestales.

La contratación del servicio de coordinación tendrá un importe máximo de 1.688.386 euros y ha sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas Eliance Aviation-Heligrafics.

Este dispositivo está formado por cuatro aviones de coordinación y observación (ACO) que actuarán durante toda la campaña de verano. Estas aeronaves son de gran utilidad en la extinción de incendios ya que permiten disponer de información detallada del fuego en todo momento.

Por otro lado, también entrarán en funcionamiento siete Unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP) que permiten mejorar la capacidad de coordinación desde tierra.

Según precisa el MITECO, la contratación de estos medios es "de capital importancia", ya que no disponer de este dispositivo de monitorización supone "un grave peligro" para la seguridad de las operaciones de extinción en las que intervienen un número elevado de aeronaves.

El MITECO cuenta con una flota de 69 medios aéreos para la extinción de incendios --18 aviones anfibios Cl-215T y CL-415, 4 helicópteros de vigilancia, 8 helicópteros bombarderos Kamov, 10 aviones de carga en tierra AT-802, 6 aviones anfibios AT-802FB, 19 helicópteros medios de transporte de brigadas, 4 aviones de coordinación y observación (ACO)-- que se suman a los 190 medios que contratan las Comunidades Autónomas.

Este elevado número de recursos hace necesario garantizar una adecuada coordinación de las actuaciones de extinción, según ha indicado el Ministerio.

Este amplio despliegue, según precisa, responde al régimen de incendios de España, caracterizado por un máximo absoluto de superficie quemada durante los meses de julio y agosto y al máximo relativo durante el mes de marzo.

Además, el MITECO añade que "el cambio climático provoca que se extiendan los periodos de máximo riesgo, algo que se está empezando a constatar en las últimas campañas de verano, en las que se han registrado grandes incendios forestales durante el mes de junio".

Según apunta el Ministerio, tanto las Comunidades Autónomas como la Administración General del Estado (AGE) han detectado en los últimos años la necesidad de mejorar e incrementar la información de la que dispone el Director Técnico de Extinción.

De este modo, se alcanza una mayor seguridad del personal operativo, una mayor eficacia de las operaciones y una mayor eficiencia en la asignación de los recursos, según indica.

Asimismo, destaca la importancia de disponer de la información más detallada posible sobre la evolución de los incendios en los que despliega recursos de apoyo, para realizar una mejor asignación de medios acorde a los principios de solidaridad interterritorial, eficacia y eficiencia.

El MITECO acordó iniciar la tramitación para contratar un servicio de coordinación de medios aéreos y análisis y monitorización de incendios forestales para el periodo 2021-2024 y así continuar prestando el servicio como venía haciendo desde 2017.

Sin embargo, retrasos en la tramitación han hecho inviable disponer de este servicio durante esta campaña de verano. Por ello, han recurrido a la contratación por procedimiento de emergencia del servicio, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contratos.

INCENDIO EN TENERIFE

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado también luz verde al acuerdo por el que se aprueban las actuaciones de emergencia para la recuperación medioambiental del área afectada por el incendio forestal de Arico (Tenerife) por un importe máximo de 300.000 euros.

El pasado 20 de mayo se declaró en la isla de Tenerife un incendio forestal que quemó 3.025 hectáreas en los términos municipales de Arico y la Orotava. Este incendio provocó daños en zonas de cultivo y a masas de pinar canario, un hábitat natural de interés comunitario perteneciente a la Red Natura 2000.

El fuego afectó también a las aves nidificantes, algunas exclusivas del archipiélago como el pinzón azul del Teide (Fringilla teydea teydea) las dos palomas endémicas (Columba bollii y Columba junoniae) y al mosquitero canario (Phylloscopus canariensis).

También se han visto afectadas tres de las cuatro especies de reptiles autóctonas; la lisa (Chalcides v. viridanus), el perenquén (Tarentola d. delalandii) y las dos subespecies del lagarto tizón de Tenerife: Gallotia g. galloti y G. g eisentrauti.

Además, el MITECO recuerda que los incendios afectan a los balances hidrológicos, ya que reducen la infiltración y provocan un aumento de escorrentías superficiales.

Las actuaciones que se declaran de emergencia son: los trabajos de restauración hidrológica; la restitución de señalética e infraestructuras; la mejora de masas forestales evitando escorrentías superficiales; la mejora de las pistas forestales afectadas; la realización de vallados de protección contra la fauna y erradicación de conejos en su interior, y los trabajos de regeneración de especies vegetales afectadas.

Según explica el Ministerio, la restauración de la cubierta arbórea conlleva un aumento de la biodiversidad, una mejor protección del suelo contra la erosión y una regulación del ciclo hidrológico, además de otros beneficios ambientales como el establecimiento de sumideros de carbono, la mejora del entorno paisajístico o el impulso social del monte.

El Gobierno de Cantabria creará, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Red de Centros de Interpretación del Patrimonio Natural de Cantabria.

El objetivo es articular un único programa de interpretación en la comunidad autónoma que cuente con un sistema homogéneo de gestión y de calendarios y horarios de apertura, que permita reforzar el papel "referente" que desempeñan las instalaciones de información, sensibilización y educación ambiental.

Estará integrada por los seis centros de interpretación que están ubicados en el interior de espacios naturales protegidos o en sus inmediaciones: Monte Hijedo, Fontibre, Corconte y los de los parques naturales Saja-Besaya, Collados del Asón y Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, así como los dos vinculados directamente al uso de los recursos naturales: La Piedra en Seco y Los Caminos de La Harina.

Todos ellos son gestionados por el Gobierno, a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) o del programa Naturea de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, si bien hasta ahora se hacía mediante distintas fórmulas de gestión que se unificarán, con el fin de lograr una integración de objetivos y actuaciones, "primando sinergias y evitando solapamientos e ineficiencias".

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, durante la reunión del Consejo Rector del CIMA, en la que ha informado por videoconferencia a sus miembros de la gestión realizada por su departamento en esta legislatura en los centros de interpretación de Cantabria.

También ha dado cuenta de otras actuaciones y medidas llevadas a cabo por el CIMA para "reorientar y optimizar" su trabajo en aras de contar en la región con una herramienta "útil y eficaz" hasta el punto de convertirse -ha dicho- en "un organismo indispensable para la mejora del medio ambiente que promueva la sostenibilidad del presente y el futuro de Cantabria".

Según ha explicado, con el nuevo modelo la atención al público y las labores ordinarias de mantenimiento de los centros dependientes de la Consejería se gestionarán con un único contrato de servicios, cuya licitación pública se realizará en las próximas semanas.

Blanco también ha destacado la apuesta del Gobierno regional por la labor "esencial" del CIMA al llevar a cabo el seguimiento y control de la calidad ambiental de Cantabria y su aportación en materia de prevención y control de la contaminación, autorizaciones ambientales y gestión de la biodiversidad.

"Entendemos que con este paso el CIMA se consolida y se afianza en aquellas competencias y funciones que justificaron su creación", ha subrayado.

El organismo autónomo, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, verá reforzada su integración "aún más" en las actuaciones en materia de desarrollo rural, patrimonio natural, biodiversidad y medio ambiente, especialmente en el impulso de la economía circular, la bioeconomía, la lucha contra el cambio climático y el despoblamiento.

De esta manera, prestará atención específica a campañas en materia de prevención de incendios forestales; lucha contra las especies exóticas invasoras; divulgación de la importancia del sector primario en la lucha contra el despoblamiento; la lucha contra el cambio climático en los ámbitos educativos y domésticos; la bioeconomía; el reciclaje, y el consumo de proximidad, en coordinación con las diferentes direcciones generales de la Consejería y la empresa pública MARE.

Por otro lado, las actividades del CIMA en materia de información ambiental se alinearán con los objetivos prioritarios de la Consejería a través del Programa de Voluntariado y Educación Ambiental (PROVOCA), las actividades del Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental (CEDREAC) y de la Red Local de Sostenibilidad, entre otros.

También apoyarán al nuevo Consejo Asesor de Cambio Climático y Medio Ambiente, que supondrá la refundación del anterior Consejo Asesor de Medio Ambiente con un mayor componente técnico.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, admite que la situación en Atención Primaria en Galicia "es preocupante" por la "falta clara de médicos y enfermeras", por lo que apuesta por "seguir trabajando" para mejorarla.

Así lo ha afirmado este martes en su comparecencia en el Parlamento gallego para informar sobre las medidas para frenar la quinta ola de la Covid-19, la situación de la Atención Primaria y de los servicios de Urxencias, además del funcionamiento del sistema de rastreo de personas positivas.

Comesaña ha avanzado que este miércoles se reunirá el Consello Técnico de Atención Primaria con el fin de realizar una propuesta sobre dotar al personal de enfermería de más capacidades, así como a los farmacéuticos de este nivel asistencial, con el objetivo de "aliviar" a los facultativos de algunas funciones. De este modo, ha resaltado el trabajo para "abordar la gestión de la sobredemanda".

Con todo, el titular de Sanidade ha subrayado que a pesar de la escasez de personal, sobre el 80 por ciento de los cupos de Atención Primaria en Galicia ofrece cita para consulta "en menos de cuatro días" y ha resaltado que la presencialidad ha aumentado "en 12 puntos" desde el pasado mes de mayo.

Sobre el primer nivel asistencial Comesaña ha destacado que hasta julio llevó a cabo casi 1,3 millones de consultas médicas y 1,5 millones hechas por parte del personal de enfermería, en un contexto de pandemia en el que los facultativos hacen seguimiento de los positivos de su cupo.

Al respecto, ha apuntado que "más de 1.800 médicos de Atención Primaria y alguna enfermera" siguen a unos 18.400 casos positivos de Covid en sus domicilios en la actualidad. Por ello, ha afirmado que este nivel asistencial se encuentra en "momento complicado" debido a las ausencias de profesionales por vacaciones y permisos cuando "ven incrementado su trabajo" en el marco de la pandemia.

El titular de Sanidade ha asegurado que "falta personal" y "queda mucho por hacer" para mejorar la Atención Primaria. "No hay médicos ni enfermeras en las listas de contratación", ha insistido, para resaltar que el Sergas "gestiona con los recursos que tiene" y se ha centrado en cubrir las ausencias en los PAC.

"SITUACIÓN LÍMITE"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha censurado previamente, durante la sesión plenaria en la que se ha aprobado el techo de gasto para el ejercicio 2022, que ese límite (fijado en 11.571 millones) no permitirá revertir los años de recortes del PP, entre ellos los que afectan a la sanidad pública.

A ese respecto, ha denunciado que es "indecente y roza la prevaricación" que la Xunta de Galicia "no mueva un dedo" para sacar a la Atención Primaria de la "situación límite" en la que se encuentra actualmente.

Según ha incidido, "es inhumano el maltrato a los profesionales", así como el "deterioro" que esta situación provoca en la salud de toda la ciudadanía, y ha insistido en la necesidad de abordar un "plan de choque" dotado con 200 millones de euros para atender a este servicio.

Al respecto, la parlamentaria del BNG Montse Prado ha manifestado en el marco del debate de la comparecencia del conselleiro que en Galicia "tienen la Atención Primaria bajo mínimos, con los cuadros de personal reducidos a la mínima expresión". De este modo, ha reiterado que llevan "meses" denunciando que está "desbordada y saturada", al tiempo que ha advertido que "está en riesgo la salud física y mental de los trabajadores".

En el marco del debate la diputada del Bloque le ha preguntado al conselleiro si le va a "exigir una rectificación al alcalde de Sanxenxo", de la misma formación política que Comesaña, sobre las críticas al personal sanitario de ese municipio.

Por su parte, el socialista Julio Torrado ha incidido en que existe un "problema estructural". Frente a las críticas de la oposición, la popular Encarnación Amigo ha reivindicado la Ley de Salud gallega y la defensa de la Xunta para que se convoquen más plazas de formación MIR.

Frente a ello, el titular de Sanidade ha insistido en el déficit de personal sanitario para contratar, por lo que primero cubren los Puntos de Atención Continuada y "después si quedan" trabajadores en lista, el resto de centros. "Gestionamos con los recursos que tenemos en Atención Primaria", ha defendido.

FORMACIÓN

En concreto, Comesaña ha hecho hincapié en la necesidad de que el Ministerio de Sanidad aumente las plazas de formación MIR, al tiempo que ha explicado que un 80% de los que se forman en Primaria en la Comunidad gallega "se quedan en Galicia", pero en servicios de Urgencias, 061 o PAC en lugar de en centros de salud.

"Este año la mitad de los facultativos formados en Galicia se quedaron en los servicios de Urgencias", ha afirmado, para apostar por "romper esa inercia" con especialistas en formación con la aprobación por parte del Ministerio de la especialidad de médico de Urgencias, que reivindican comunidades como Galicia. "Algo hay que hacer para formar médicos de familia", ha sostenido.

Al respecto, ha pedido al Gobierno central que "no ceda a ese chantaje" del Ejecutivo de Cataluña para transferirle la formación de los MIR, por ser una competencia estatal para "no partirla en trozos". "Sería un error mayúsculo", ha advertido.

Según ha resaltado el conselleiro, en 2008 había 2.401 médicos de familia en el Sergas y en la actualidad cuenta con 2.515, que suponen, ha matizado, "113 más". Además, ha abundado que en Atención Primaria "trabajan casi 600 personas más que en 2008". "Vamos a seguir trabajando en las reformas", ha sentenciado.

"Vamos a seguir visitando los centros de salud donde podamos aportar", ha defendido Comesaña, quien ha defendido de nuevo la contratación de personal para cubrir los PAC. "¿Con qué los sustituimos?", se ha preguntado en relación a los facultativos de centros de salud ante la falta de personal en lista de contratación.

Al respecto, ha explicado que "la demanda baja en verano", pero este año "no bajó por la pandemia". "Para eso pusimos mecanismos", ha reivindicado para evitar que se acuda a Primaria, con la Central de Contactos y la colaboración de farmacéuticos en la realización de test y en facilitar certificados Covid.

Con todo, admite que "la situación es preocupante" por la "falta clara de médicos de familia y de enfermeras", por lo que apuesta por "aliviar" la carga de trabajo de los facultativos.

La presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, han visitado este martes la ermita de San Zoilo de Cáseda y el yacimiento arqueológico de Santa Criz en Eslava.

Chivite ha puesto en valor el patrimonio de Navarra y lo ha vinculado a un turismo sostenible, que "apueste por el patrimonio y el desarrollo económico de Navarra". De la misma manera, ha confiado en que las obras de restauración de ambos lugares "supongan un valor en la estrategia transversal de cohesión territorial en la lucha contra la despoblación en Navarra".

Según ha informado el Gobierno foral en un comunicado, las obras de restauración del templo de San Zoilo, declarado Bien de Interés Cultural en el año 2001, comenzaron en junio y está previsto que finalicen en siete meses.

El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 615.062,43 euros, y propone una serie de actuaciones en la cubierta y en la fábrica que frenen las afecciones del agua y permitan recuperar unas buenas condiciones constructivas. El principal problema del templo es el desplome de los muros hacia el exterior, más acusado en el lado sur y en la portada, que tiene su origen en los empujes de la estructura, por un error original en el dimensionado del muro oriental de la cabecera y por la construcción de bóvedas sobre unos muros y contrafuertes planteados para otra cubierta menos pesada.

El edificio presenta otros deterioros, como abundantes grietas y filtraciones de agua desde la cubierta hacia el interior. Asimismo, se va a llevar a cabo la intervención en la portada sur.

A estas actuaciones referidas a los problemas principales estructurales y de estanqueidad, se añaden en el proyecto otras para solucionar los asuntos que afectan al interior del edificio. La suciedad presente, acumulada sobre las superficies, la existencia de diversa fauna, debido al entorno natural en el que se encuentra la ermita y las alteraciones producidas por la entrada de agua a través de las bóvedas, son los principales problemas que presenta desde el punto de vista de la conservación de los materiales.

También se están revisando los revestimientos históricos, para conocer qué acabados recibieron los muros y bóvedas, y se están estudiando los morteros de junta y revocos aplicados para intentar ubicar cronológicamente las diferentes intervenciones detectadas.

La construcción de la ermita de San Zoilo se remonta a mediados del siglo XIV, por iniciativa del obispo Arnaldo de Barbazán, aunque se revelan varias fases de edificación. La originalidad del monumento reside sobre todo en su cubierta ondulada y con lajas de piedra, la cual es el motivo principal de las obras de restauración recientemente iniciadas.

YACIMIENTO SANTA CRIZ EN ESLAVA

Previamente, la presidenta ha visitado el yacimiento arqueológico de Santa Criz en Eslava, y la exposición 'Santa Criz de Eslava: Reflejos de Roma en territorio Vascón'.

En el período entre 2017-2020 se realizó una inversión de 330.836 euros entre el Gobierno de Navarra, el ayuntamiento de Eslava, la fundación Caja Navarra, MECNA y Diario de Navarra. De esta cantidad, el año 2020 se destinaron 80.000 euros para contemplar la mejora de la exposición temporal, realizando tareas de conservación en las piezas y una importante labor de inventariado de todas las piezas, especialmente con pintura mural.

En 2021 se ha firmado con el Ayuntamiento de Eslava un convenio por importe de 10.000 euros, cuyas actuaciones tienen por objetivo desarrollar material y contenido museístico inclusivo y accesible para su incorporación al espacio expositivo, como paneles en braille, con alto relieve o maquetas a escala de las piezas más relevantes.

Asimismo, el Plan de Excavaciones 2021 contempla la realización de sondeos en el yacimiento para ahondar en el conocimiento de la zona del Foro.

Santa Criz de Eslava es un yacimiento arqueológico romano ubicado en el término municipal de Eslava, que conserva los restos del que fuera el foro y la necrópolis de la ciudad, floreciente entre los siglos I al V, ofreciendo una extraordinaria aproximación a la esfera pública de las ciudades romanas del ámbito vascón.

La Catedral de Segovia ha recibido durante el mes de julio un total de 25.620 visitantes, la cifra más alta registrada en un mes desde que se reabrió la Catedral al turismo el 26 de junio de 2020.

Julio ha sido un punto firme de recuperación para el turismo, superando el número de visitantes alcanzado el mismo periodo del año pasado, en el que 13.404 personas visitaron la Catedral, aunque lejos de lo alcanzado en julio previo a la pandemia, cuando se contabilizaron 42.919 entradas, según un comunicado del Cabildo de la Catedral segoviana.

Las estadísticas también han mejorado gracias a la ampliación de los aforos permitidos por las autoridades desde el pasado mes de junio.

Las visitas guiadas a la torre han contabilizado 3.793 visitantes, más que en julio de 2020 (3.040) y sensiblemente menos que en el mismo mes de 2019 (5.355).

Las visitas guiadas a la Catedral 'Conoce la Dama de las Catedrales' se han convertido en una opción cada vez más popular para conocer el templo junto con los guías oficiales. En el mes de julio han escogido este tour dentro de la visita cultural un total de 834 personas.

Durante este verano, el Cabildo ha decidido mantener el horario de apertura de la Catedral al turismo de 09.30 a 18.30 horas, y los sábados hasta las 19.30 horas, con un último pase media hora antes del cierre.

Las visitas guiadas a la torre se pueden realizar a las 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 y 16.30 horas, además también se ha programado para las 18.00 horas los sábados con servicio de audioguía incluido en seis idiomas.

Las visitas guiadas a la Catedral tienen lugar de lunes a viernes en horario de 11.00, 12.30 y 17.00.

Durante esta visita, para mantener la distancia de seguridad, se emplea un equipo de radioguías.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado la obligación del uso de marcarilla en desplazamientos y paseos en playas y piscinas, si se guarda una distancia de metro y medio, recogida en el Decreto 35/2021, de 23 de julio, del Lehendakari, de medidas contra la propagación de la pandemia de Covid-19.

De esta forma, el alto tribunal vasco estima en parte el recruso contencioso-administrativo presentado por la asociación de consumidores Agascon. En su auto, los magistrados acuerdan suspender la ejecución de la medida establecida en el decreto del Gobierno Vasco, que señala que, "para los desplazamientos y paseos en playas y piscinas, sí será obligatorio el uso de mascarillas".

En este sentido, precisan que regirá en este ámbito el régimen general de distancia interpersonal de 1,5 metros, debiendo utilizarse mascarilla si no fuera posible el mantenimiento de dicha distancia.

Según indica la resolución, esta regulación para los desplazamientos y paseos en playas y piscinas, establece una obligación no prevista en la Ley del Estado, en la que el uso de mascarilla sólo es obligatorio si no se puede mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros en espacios al aire libre, habiéndose dictado esta norma en base a la atribución que confiere a la Administración central en el artículo 149 de la Constitución, de bases y coordinación general de la sanidad.

En opinión del TSJPV, el perjuicio que se causa a los interesados "no es excesivo, pues se trata de tener que usar mascarilla en sus desplazamientos y paseos en las playas y piscina, aun cuando puede mantenerse distancia de seguridad".

No obstante, apunta que "no deja de ser una carga, cuyo incumplimiento pudiera conllevar incluso la imposición de una sanción, cuando es una situación no prohibida por la norma del Estado y que generaría situaciones de desigualdad entre las obligaciones de los ciudadanos en diversas partes del territorio nacional, regido por la Ley del Estado antes citada".

En este sentido, considera que "no cabe aquí hacer alusiones a la defensa de la salud pública, pues, tanto la Administración autonómica como la del Estado, ha de presumirse que buscan el mismo objetivo en este ámbito". Por ello, suspende esta medida, "rigiendo en estas situaciones de desplazamientos o paseos en playas y piscinas el régimen general de distancia interpersonal respecto al uso de mascarillas".

Esta resolución puede ser impugnada mediante recurso de reposición, por escrito presentado en la misma Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en el plazo de cinco días, contados desde el siguiente a su notificación. No obstante, se llevará a efecto la resolución impugnada.

Un menor de edad de 16 años ha sido rescatado a última hora de la tarde de este lunes cuando se encontraba en como etílico en una cala, la de Centeás, situada en el municipio de Ares (A Coruña).

El acceso a dicha cala está prohibido, tras haberse producido en los últimos meses algunos desprendimientos y que motivaron el cierre del único acceso peatonal existen por tierra.

Según han detallado fuentes, fue un amigo del afectado, que no se encontraba en el lugar, el que puso en conocimiento del 112 Galicia la situación para que este pudiera recibir asistencia.

El incidente se le comunicó a la Guardia Civil que desplazó al lugar a los agentes destinados en Mugardos (A Coruña) y, posteriormente, "superada la media hora", según apuntan agentes de la Policía Local de Ares, a sus efectivos, lo que ha generado un gran malestar en este cuerpo.

Ante la imposibilidad de realizar el rescate por tierra, por los peligros que entrañaban para los efectivos desplazados, se solicitó ayuda al Club Náutico de Ares, que movilizó una lancha tipo zodiac en la que se desplazó personal sanitario, de Guardia Civil y Policía Local.

Una vez en el lugar lograron subir a bordo al joven y trasladarlo hasta la zona del puerto de Ares, sobre las 20,30 horas, en donde aguardaba una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que trasladó al menor ebrio al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

QUEJA FORMAL

La Policía Local de Ares ha mostrado su rechazo a que desde el 112 Galicia "tardaran más de media hora en movilizar" a sus efectivos.

"Somos los que más próximos nos encontrábamos y en situaciones de este tipo muchas veces la rapidez es fundamental", han esgrimido, antes de añadir que elevarán una queja formal para que no se repitan situaciones de este tipo.

Corinna Larsen ha pedido a la justicia londinense que reclame a Juan Carlos I una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que denuncia por parte del rey emérito.

En la demanda presentada en diciembre ante la High Court de Londres, Larsen también ha solicitado ser indemnizada por los gastos a los que dice que tuvo que hacer frente para contratar a su personal de relaciones públicas y comunicación para "mitigar los daños causados" a su reputación en la prensa.

Larsen no ha precisado el monto a requerir al monarca, pero sí ha señalado que espera recibir los intereses correspondientes de conformidad con la ley por el importe y el periodo que el tribunal londinense considere oportuno.

En el marco del escrito en el que deja constancia de su petición, ha subrayado que "ha sufrido gran angustia, ansiedad, privaciones de sueño y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos". Ha insistido, además, en que "ha sido objeto de una continua amenaza de daño físico, intrusión y vigilancia" por parte del rey emérito.

"DAÑOS ECONÓMICOS"

La empresaria ha acusado al monarca de tratar de "destruir" su reputación y sustento "difundiendo comentarios difamatorios" en los medios de comunicación, lo que -según ha señalado-- le ha causado "angustia emocional y psicológica y depresión" y le ha llegado a perder "varios amigos personales cercanos y socios comerciales.

Según ha remarcado, la actuación que atribuye al rey emérito le ha generado "pérdidas y daños económicos" por el gasto que ha tenido que asumir para el "tratamiento médico por su ansiedad y angustia", así como por los pagos relativos a los servicios de seguridad contratados para ella, sus hijos y sus residencias en Londres y Shropshire; de ahí que ahora reclame una indemnización al monarca.

"Se le ha pedido que contrate abogados, asesores de relaciones públicas y medios para mitigar el daño de su reputación, y expertos diplomáticos para acercarse al Gobierno español y su embajada en Londres y a los servicios de inteligencia de Reino Unido", ha remarcado en el escrito.

QUE EL MONARCA NO SE ACERQUE A SUS RESIDENCIAS

Larsen ha pedido la compensación económica en el marco de la demanda --adelantada por el Financial Times-- en la que solicita que el rey emérito no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias.

La empresaria alemana ha denunciado que la Agencia Nacional de Inteligencia de España, o CNI, su entonces titular Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos, la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno "bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores".

Según ha dicho, fue amenazada por el rey emérito, quien supuestamente le dijo que las consecuencias para ella 'no serían buenas' si no hacía lo que se le dijese. Ha asegurado que también recibió amenazas de Sanz Roldán, quien en una reunión en Londres en 2012 le indicó que no podía garantizar su seguridad física ni la de su hijo.

En el marco del juicio celebrado en enero en el Juzgado de lo Penal Número 8 de Madrid contra el ex agente de la Policía José Manuel Villarejo por presuntos delitos de calumnias y denuncia falsa, Sanz Roldán negó de forma taxativa que amenazara a Larsen y a su hijo, si bien rechazó dar cuenta del contenido de dicho encuentro o de si éste tenía como objeto la defensa de la Seguridad del Estado amparándose en la ley.

Según Financial Times, la semana pasada la defensa de Juan Carlos I aún no había respondido a la reclamación, aunque aún debe dirimirse si la justicia inglesa es competente para investigar a un ex jefe del Estado de otra nación que no vive en el Reino Unido.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado este martes que el lunes se volviera a reunir la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat, pero ha advertido de que los traspasos que se consigan en ese espacio "no serán moneda de cambio" para renunciar a la amnistía y a la autodeterminación.

En una rueda de prensa tras el último Consell Executiu del curso político, Aragonès ha hecho balance de los 71 días del gobierno que él preside, ha defendido que en ese plazo se ha recuperado "la fuerza institucional" de la Generalitat y ha recordado la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde se acordaron aspectos como la reunión de la propia bilateral.

En ese sentido, ha diferenciado el espacio de negociación política del que se encarga de las inversiones, traspasos y acuerdos de conflictividad que hay en el Tribunal Constitucional: "No intercambiaremos propuestas. Ayer comenzamos a caminar y se verá en los próximos pasos del Gobierno si quiere profundizar".

"Fui claro con el presidente Sánchez que la bilateral se tenía que reunir antes de agosto porque son dos espacios diferenciados", ha zanjado tras fechar la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat en la semana del 13 de septiembre.

"Hace falta más debate, más acuerdos. Seremos exigentes. Los traspasos se deben efectuar de forma inmediata", ha asegurado el presidente del Govern tras valorar como un primer paso que se haya reunido la Comisión Bilateral y que se haya planificado un calendario para aterrizar, según él, los primeros acuerdos.

ACUERDO NACIONAL POR LA AMNISTÍA Y LA AUTODETERMINACIÓN

Para este encuentro de la mesa de diálogo, Aragonès ha explicado que quiere avanzar en las próximas semanas en el acuerdo nacional por la amnistía y la autodeterminación, con el objetivo de "tejer complejidades" y que este acuerdo se infranqueable, ha dicho textualmente.

Considera que el reto del acuerdo nacional es aglutinar "la máxima fuerza" de cara a la mesa de diálogo y que esto no solo pase por los partidos independentistas y que incluso trascienda las formaciones políticas y sume a los ciudadanos que estén de acuerdo con votar para decidir el futuro de Catalunya, y ha reiterado que en agosto trabajarán para construir las bases del acuerdo.

Ha sostenido que la negociación será "extremadamente difícil" porque no quieren renunciar a nada --en concreto, ha subrayado que irán con una propuesta de referéndum y la amnistía--, por eso ha pedido ir con toda la fuerza para la resolución democrática del conflicto catalán.

LA DELEGACIÓN CATALANA, EN SEPTIEMBRE

Aragonès ha confirmado su presencia en la mesa de diálogo, que cree que se debe retomar "con los máximos representantes", y ha explicado que la Generalitat definirá en septiembre su delegación, y que la intención es que sea institucional, al ser preguntado por si habrá representantes que no formen parte del Ejecutivo catalán.

Preguntado por las palabras de algunos miembros de Junts que pedían que se acortasen los plazos del diálogo con el Gobierno central, el presidente del Govern ha respondido que cuenta con el apoyo de todos los que han firmado el acuerdo de Govern, en alusión a Junts.

Ha subrayado que la mesa de diálogo "no hace renunciar a nadie a otros planteamientos estratégicos", y ha destacado que cualquier formación política o responsable institucional que defienda la amnistía y la autodeterminación contará con su apoyo.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha aprobado este martes el Real Decreto que regula y amplía el Área Marina Protegida y la Zona Especial de Conservación 'El Cachucho'.

En concreto, se ha incrementado en 26.714 hectáreas su área inicial, dejando un total de 261.664 hectáreas protegidas, y se ha actualizado la regulación de usos y actividades de la zona.

El Cachucho es una gran montaña submarina que se eleva desde los más de cuatro mil metros de profundidad de la llanura abisal del golfo de Vizcaya hasta los 425 metros sobre el nivel del mar. Su cumbre se localiza frente a Ribadesella (Asturias), a 65 kilómetros de la costa.

Según ha informado el Gobierno, este espacio marino es un ecosistema de gran importancia en nuestro país, pues alberga una gran variedad de hábitats y especies protegidas por diversas directivas europeas y convenios internacionales, como el Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste (Convenio Ospar). Algunas de las especies que se pueden encontrar en este territorio son la tortuga boba (Caretta caretta) o el delfín mular (Tursiops truncatus).

El Cachucho fue declarado como espacio protegido mediante Real Decreto en 2011, cuando fue aprobado, a su vez, su primer plan de gestión. Este plan recogía las medidas de protección correspondientes tanto para el Área Marina Protegida como para la Zona de Especial Conservación.

El segundo plan de gestión, aprobado este martes, actualiza las medidas de conservación a llevar a cabo en esta zona, teniendo en cuenta el conocimiento científico obtenido durante la década a través del Instituto Español de Oceanografía.

De este modo, la nueva planificación pretende mejorar la actual herramienta de gestión del área protegida para alcanzar una mayor conservación de sus valores naturales, así como regular sus usos y actividades.

Para ello, el plan establece una zona de máxima protección cerrada a todas las pesquerías con artes que estén en contacto con el fondo y una segunda zona, de amortiguación, en la que está permitida la pesquería con palangre de fondo y líneas con anzuelos solo bajo determinadas condiciones.

También se ha ampliado la superficie de espacio protegido con el fin de cubrir las zonas con presencia de arrecifes, un tipo de hábitat protegido por la normativa europea. La ampliación supone un incremento de 26.714 hectáreas y conllevará que el espacio resultante alcance las 261.664 hectáreas.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha autorizado el trasvase de 4,7 hm3 a través de la conducción Júcar-Vinalopó. De esta manera, el organismo "desbloquea" este trasvase y autoriza el envío de recursos para el regadío del Alto y el Medio Vinalopó.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica subrayan que el trasvase autorizado supondrá "un alivio para los acuíferos de la zona, declarados sobreexplotados en 2020, además de permitir mantener el regadío de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó sin secar los pozos de abastecimiento de los municipios del interior".

Con el objeto de "mejorar los niveles piezométricos de los acuíferos, dando una solución a los regadíos de las comarcas del Alto y el Medio Vinalopó y consiguiendo reducir la afección a los pozos de abastecimiento de los municipios del interior", la CHJ ha aprobado este lunes 2 de agosto de 2021 un primer trasvase de 4,7 hm3.

La captación se realizará de aguas superficiales del río Júcar en el azud de La Marquesa situado en Cullera (Valencia), lo que permitirá ser respetuoso con el caudal ecológico el Júcar y con sus ecosistemas asociados, especialmente con la Albufera.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Los beneficiarios directos de este trasvase serán la Comunidad General del Medio Vinalopó (1,33 hm3), la Comunidad de Regantes Hondón de las Nieves (1 hm3) y la Comunidad de Regantes La Romana (2 hm3).

A su vez, tendrán derecho a captar las entidades CR Percamp, CR Aliciri, CR Santa Bárbara de Ubeda, CR Casas Juan Blanco y CR Salinas, todas ellas integrantes de la Comunidad General del Medio Vinalopó.

La conducción Júcar Vinalopó será gestionada por la sociedad mercantil estatal Acuamed, mientras que de la distribución a través del postrasvase hasta los usuarios finales se encargará la Generalitat Valenciana.

La Conducción Júcar-Vinalopó es una infraestructura declarada de interés general del Estado cuyo objetivo principal es la transferencia de caudales sobrantes desde el río Júcar hasta la cabecera de la cuenca del Vinalopó, en las inmediaciones del municipio de Villena (Alicante).

Estos caudales permitirán paliar la grave sobreexplotación de los acuíferos de las comarcas alicantinas del Alto, Medio y Bajo Vinalopó. El trasvase tiene una longitud aproximada de 95 km.

Incluye 2 túneles; grandes tuberías de transporte, con diámetros de 1.800 y 1.900 mm; 4 estaciones de bombeo, con un total de 45 MW de potencia instalada; y 3 balsas intermedias de regulación, con un volumen total de 300.000 m3, entre otras.

El presupuesto total de la Conducción supera los 335 millones de euros, habiendo financiado la Comisión Europea la construcción con 120 millones de euros. Casi 62 millones fueron financiados con créditos bancarios y el resto (algo más de 153 millones) con fondos propios de Acuamed.

Las pruebas de funcionamiento de la globalidad de la infraestructura se llevaron a cabo entre noviembre y diciembre del año 2010.

El compromiso de la CHJ, recalcan desde el Ministerio de Transición Ecológica, es "el de paliar la grave sobreexplotación de determinadas masas de agua subterránea del Sistema Vinalopó-Alacantí, en el ámbito de las cuales quedó constatada una situación de descenso continuado de los niveles piezométricos".

Por ello, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en su reunión de 22 de septiembre de 2020, adoptó, entre otros, el acuerdo de declarar seis masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo.

En octubre de 2021 como fecha máxima, deberá estar aprobado el programa de actuación correspondiente a cada una de las seis masas de agua subterránea declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Dichos programas se encuentran ya en fase de elaboración.

El presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, ha replicado a las críticas de los 'comuns' sobre el acuerdo para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que si creen que pueden mejorar ese pacto lo defiendan en el Consejo de Ministros.

"Nosotros no estamos allí. Ellos sí. Nosotros hemos asumido nuestras responsabilidades, que ellos lo hagan en el Consejo de Ministros si creen que lo pueden mejorar", ha respondido en una rueda de prensa tras el último Consell Executiu del curso político.

Lo ha dicho después de que desde el Ayuntamiento de Barcelona criticaran el lunes que el Govern cerrara un pacto para ampliar la infraestructura sin comunicarlo a la mesa institucional en la que Generalitat y ayuntamientos afectados trabajaban para consensuar una solución a esa obra.

LLAMÓ A COLAU PARA INFORMARLE

El dirigente de ERC ha desvelado que el lunes por la noche, tras hacerse público el acuerdo con el Gobierno, él mismo llamó por teléfono a la alcaldesa de Barcelona para darle a conocer el pacto.

El presidente ha concretado que el acuerdo no recoge de qué manera se ampliará el infraestructura porque eso se hará en el plan director del Aeropuerto y que esos detalles se llevarán a la mesa institucional para trabajarlos conjuntamente con los ayuntamientos.

El presidente también ha replicado a las críticas a la CUP que, como los comuns, se oponen al acuerdo de ampliación, y ha dicho que espera poder convencer a los críticos en la mesa institucional en la que defenderá que la ampliación será "respetuoso con la biodiversidad y el medioambiente" pero sin concretar de qué manera.

De hecho, al preguntársele cómo se respetará el parque natural que está junto al Aeropuerto, el presidente se ha circunscrito a que cumplirán con lo que dictamine la Comisión Europea y que se aplicarán las compensaciones que correspondan.

Ha pedido que no se haga un "uso político" sobre la toma de decisión sobre El Prat, ha reclamado que se debe cuidar que no tenga una afectación ambiental y ha pedido trabajar con todo el rigor.

Ante las criticas de entidades medioambientales, ha expresado que tendrán la oportunidad de presentar las alegaciones que consideren convenientes.

CRITERIOS TÉCNICOS

Aragonès ha resaltado que del acuerdo sobre el Aeropuerto de El Prat es que su concreción pasará a ser de carácter técnico y no en reclamar una adhesión basada en "criterios ideológicos", y ha subrayado que queda mucho trabajo por hacer, por lo que ha pedido literalmente calma.

El presidente de la Generalitat ha subrayado que un eventual aumento de pasajeros en el aeropuerto no sea para incrementar los vuelos 'low cost', sino para vuelos intercontinentales que mejoren el posicionamiento de Barcelona y Cataluña a nivel económico.

Ha subrayado que quiere trabajar por los intereses económicos de Cataluña y la diversidad ambiental, mostrando su confianza en la evaluación ambiental que harán los técnicos y que deberá contar con el aval europeo.

Aragonès ha subrayado que la cuestión de la gestión del Aeropuerto de Barcelona desde Cataluña "seguirá sobre la mesa" y que seguirá siendo insistente en su gestión directa, como del Puerto de Barcelona o del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Asimismo, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica un posicionamiento público y ha recordado que deberá emitir un informe como estipula cualquier afectación a un espacio de la Red Natura 2000.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto a un acusado de abusar de una menor de siete años, hija del hombre al que cuidaba, por falta de pruebas, al considerar que no se ha practicado ninguna que confirme el testimonio de la niña.

El tribunal considera en una sentencia que "existía, al objeto del esclarecimiento de los hechos, una forma sencilla de haber aportado algunos datos relevantes", como es la declaración del padre de la pequeña, que estaba presente en la vivienda cuando supuestamente sucedieron los hechos.

"La falta de tal testifical ha privado de la posibilidad de dotar de un marco de confirmación de la credibilidad de la víctima, corroboración que estaba al alcance de las acusaciones y de cuyo contenido se ha privado al tribunal", señalan los magistrados en el fallo.

Según el relato de hechos, el acusado estuvo trabajando durante un año como cuidador del padre de la menor. Entre las labores que desarrollaba estaba la de ir en coche junto al progenitor al colegio de los niños para recogerles.

Una vez en la vivienda, éstos se cambiaban de ropa y el acusado ponía la mesa y la comida para el padre y sus tres hijos. Para ello, bajaba a la bodega de la vivienda a recoger la comida que previamente había sido preparada, y luego se marchaba.

El tribunal no ha podido dar por acreditada la versión de las acusaciones que, tal y como consta en la denuncia presentada por la madre de la niña, señalaba que el hombre pedía a la menor que le acompañara a la bodega o a alguna de las habitaciones y allí mantenía relaciones sexuales con ella.

DECLARACIÓN DE LA MENOR

La Audiencia señala que el testimonio de la menor "cumple con los requisitos de credibilidad", y destaca "la espontaneidad y la coherencia" de sus manifestaciones.

No obstante, apunta a algunas "contradicciones e incoherencias", como el hecho de que haya referido accesos por vía anal, cuando "no existe indicio alguno de que ello se produjera como se desprende de la pericial forense"; y que existió emisión de semen por parte del acusado, pues ella refiere diferentes versiones en sus distintas declaraciones.

En este punto, alude el tribunal a la dificultad que ha tenido para "acceder con inmediación a la declaración de la menor" pues "no ha podido ver a la misma, tan solo oírla".

En el juicio se proyectó un video en el que se refleja el testimonio de la menor que fue grabado en una sala de vistas donde la niña no estaba físicamente, sino que comparecía a través de una pantalla de televisión en la que, según explica la sentencia, "se ven unas siluetas y la más alejada de ellas es la de la niña".

"La grabación no permite captar ni los rasgos de la menor, ni su gestualidad, ni, en fin, cualquiera de los elementos físicos que acompañan a su declaración. Este problema probablemente no se habría producido si se hubiera grabado e incorporado a la causa la exploración mediante la cámara situada en la sala donde se produjo la misma", consideran los magistrados.

DIFICULTADES

Pero "donde el tribunal encuentra dificultades para completar la verosimilitud" de la versión de la menor es en la necesidad de encontrar elementos que "corroboren" su declaración.

El acusado hizo un relato de los tiempos según el cual desde que llegaban a casa y hasta que él se marchaba apenas pasaban diez minutos. Por su parte, la madre dijo que éste estaría con los niños entre quince y veinte minutos, entre que llegaban, los niños se cambiaban de ropa y el procesado calentaba y servía la comida.

"Ciertamente, conforme a esa secuencia de acontecimientos, resulta difícil concebir que hubiera tiempo para que se produjesen hechos como los sucedidos. Esa relación de horas -continúa- podría haber sido desmentida, o perfilada con mayor exactitud, por la otra persona mayor de edad que allí se encontraba, lo que no se ha hecho".

En este sentido, la Audiencia explica que "como elemento fundamental y decisivo a los efectos de la decisión que se adopta se encuentra una prueba que no se ha practicado" y se refiere al testimonio del padre de la menor, presente en la vivienda junto con los otros dos hijos menores de edad.

INCAPACIDAD Y DISCAPACIDAD DEL PROGENITOR

La acusación particular presentó en el juicio dos resoluciones del ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) en las que consta la incapacidad permanente absoluta y el grado de discapacidad del progenitor.

"Ahora bien ni en uno ni en otro informe se aprecia ningún daño psíquico o mental que le impidiera prestar declaración", apunta el fallo, para remarcar que "no se aprecia ni se justifica que esta situación le impidiese tener conciencia de la dinámica de lo sucedido en las fechas de los hechos ni que afectase a su capacidad para haber prestado declaración en concepto de testigo".

"No se pueden tener por acreditados los hechos contenidos en los escritos de acusación, atendida la ausencia de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para poder dictar sentencia en casos como el presente" al "persistir una duda razonable sobre la verosimilitud de tales hechos", concluye la sentencia de la Audiencia, que no es firme, ya que contra la misma cabe presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del TSJC.

El Gobierno andaluz va a solicitar el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la exigencia del pasaporte Covid para el acceso al interior de locales de ocio nocturno, decisión que supone retrasar la entrada en vigor de la medida que adoptó este lunes tras la reunión del Comité de Expertos sobre el coronavirus y que había previsto el inicio de su vigencia a partir de este jueves, día 5.

El anuncio de esta decisión lo ha hecho público este martes el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Tras explicar que "el comité de expertos se volverá a reunir en agosto", Bendodo ha afirmado que "hoy hemos acordado que para tener mayor certeza jurídica solicitar el aval del TSJA", por lo que ha colegido de inmediato que la medida de la exigencia del pasaporte Covid "entrará en vigor si lo tiene a bien cuando nos conteste".

"A los empresarios del ocio les permite ganar tiempo", ha reconocido Bendodo sobre el tiempo de demora que habrá hasta que se produzca la respuesta del Tribunal Superior de Andalucía.

El consejero de la Presidencia y portavoz ha apelado a "la máxima seguridad jurídica como con los cierres perimetrales" de los municipios con una tasa de incidencia acumulada de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y población superior a los 5.000 habitantes, para los que se reclama el pronunciamiento del TSJA.

Bendodo, que ha calificado de "decisión importante" la exigencia del pasaporte Covid europeo, que entraña estar vacunado o haber superado la enfermedad o exhibir un test de antígenos negativo para acceder a los establecimientos de ocio nocturno, ha explicado que el Gobierno "de entrada plantea al TSJA que convalide la autorización de solicitar el pasaporte Covid europeo", mientras que ha recordado que otras comunidades o países europeos lo exigen para acceder al interior de cualquier establecimiento.

"Se acabará imponiendo", ha afirmado en la rueda de prensa el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno sobre la exigencia del pasaporte Covid, medida que ha justificado por la necesidad de que "estemos todos con garantías" en el interior de los establecimientos, por lo que ha esgrimido que "no tenemos el problema de los Estados Unidos" en referencia a "la concienciación de la vacunación".

EL 5% DE LAS PERSONAS INGRESADAS ESTÁN VACUNADAS

"Aquí no tememos ese problema", ha proseguido aseverando Bendodo, quien ha apuntado que en el caso de Andalucía "el 5% de las personas ingresadas están vacunadas", por lo que ha argumentado que "nadie dijo que la eficacia de la vacunación fuera de un 100%, como mucho de un 90%".

"De entrada, esperar a qué dice el TSJA y a partir de ahí diálogo permanente", ha afirmado Bendodo sobre el alcance de la iniciativa acordada por el Consejo de Gobierno, mientras que ha insistido en la condición de la exigencia del pasaporte Covid como "decisión nueva", que se ha querido reforzar "con una mayor certeza avalada por el TSJA".

"VOX PUEDE HACER LO QUE LE DÉ LA GANA"

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno ha asegurado que "Vox puede hacer lo que le dé la gana", cuando se le ha preguntado en la rueda de prensa por el anuncio de acudir a los tribunales con el argumento de que la exigencia del pasaporte Covid para acceder a locales de ocio nocturno vulnera derechos fundamentales.

"Nosotros vamos a ir al TSJA", se ha reafirmado Bendodo.

"ESTAMOS EN PLENA QUINTA OLA, EL SAS AGUANTA BIEN"

Bendodo ha afirmado en la rueda de prensa que "estamos en plena quinta ola" y pese a lo cual ha apuntado que "el SAS (Servicio Andaluz de Salud) aguanta bien los envites", convencido de que "el sistema sanitario está respondiendo y aguanta bien" tras recordar que son 1.307 las personas ingresadas por Covid en los hospitales andaluces, 230 en UCI.

Tras reconocer "la tendencia al alza", Bendodo ha esgrimido que el nivel de ocupación de las UCI en Andalucía es de un 12% cuando en España es de un 20%.

El consejero de la Presidencia y portavoz ha asegurado que "en Andalucía llegaremos hoy a las 10,3 millones de dosis" de vacunación inyectadas en los andaluces, de los cuales 5,8 millones, el 78% de la población diana mayor de 12 años, cuenta con una dosis y casi 5 millones cuentan con las dos dosis, cifra que supone que el 66% de la población immunizada, por lo que ha augurado que "en unos días en esta semana, al final, se llegará al 70% de la población mayor de 12 años con las dos dosis puestas" y ha concluido que "podremos mirar el futuro con más optimismo".

"Seguimos denunciando la falta de vacunas", ha esgrimido el consejero de la Presidencia y portavoz, quien ha recordado que "estamos al 50%" de la capacidad de vacunación de Andalucía, por cuanto recibe 443.180 y ha recordado que se han llegado a administrar cerca de un millón de dosis semanales.

"Cómo nos piden que paremos al final del camino", se ha preguntado Bendodo, quien ha afirmado que "saludamos el anuncio del Gobierno de comprar 3,4 millones dosis para acelerar la vacunación en agosto", mientras que ha reclamado para Andalucía 680.000 dosis al representar el 17,75% de la población española.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que España "está yendo directo a una recuperación económica importante" a lo largo de 2021 y 2022, tras destacar los "extraordinarios" datos sobre el mercado laboral y de crecimiento económico.

"Hemos pasado de la España de la resistencia a la España de la recuperación económica", ha resaltado el presidente en declaraciones ante los medios de comunicación tras el despacho con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca).

Durante su intervención, Sánchez ha destacado que España se encuentra ahora en una "situación mejor" respecto a la de hace 12 meses debido, sobre todo, al avance en el proceso de vacunación.

"Hace un año teníamos una España resistiendo a la pandemia y ahora estamos en un escenario completamente distinto", ha remarcado Sánchez antes de asegurar que, no obstante, no se puede "bajar la guardia" frente al Covid y se debe mantener la prudencia.

Sánchez ha recordado que hace un año España contaba con unos datos para su Producto Interior Bruto (PIB) "dramáticos" y ha valorado que las últimas cifras arrojen crecimientos del casi el 20% en el segundo trimestre en tasa interanual y del 2,8% en tasa trimestral, valores superiores a las estimaciones más optimistas del Banco de España.

Además, ha destacado los "extraordinarios" datos del mercado laboral, con casi 19,6 millones de ocupados y un tasa de paro que ha bajado en 197.841 personas, lo que corrobora, según Sánchez, que España está recuperando y consolidando el crecimiento económico.

"Esto es una extraordinaria noticia continuar haciendo las cosas como hasta ahora, haciendo las cosas bien", ha remarcado durante su intervención.

De su lado, el presidente del Gobierno ha ensalzado la llegada este año de 19.500 millones de euros procedentes de los fondos europeos 'Next Generation EU', de los que el 55% los gestionarán las comunidades autónomas.

Por todo lo anterior, Sánchez ha invitado a los actores políticos, institucionales y agentes sociales a trabajar "de la mano" para llegar a acuerdos que consoliden la recuperación económica en todos los territorios del país y para que "nadie quede atrás".

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha rechazado este martes la relación diferenciada que ofrece el Gobierno a territorios como Cataluña o País Vasco por cuanto ha asegurado este martes que "si el Gobierno se reúne con Cataluña en una mesa bilateral, Andalucía quiere otro mesa", mientras que ha afirmado que no van a "tolerar ninguna España multinivel que suponga privilegios para las fuerzas que quieren romper España".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo se ha pronunciado a iniciativa propia sobre el encuentro que celebraron este lunes la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Cataluña con la presencia de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

"No vamos a permitir ningún palo en la rueda de la estrategia de crecimiento gracias a la estabilidad de Andalucía", ha sostenido de entrada el consejero de la Presidencia y portavoz, quien ha argumentado sobre el encuentro de Gobierno y Generalitat que "los privilegios los queremos negociar también para Andalucía".

"Si hay una estrategia aeroporturia para Cataluña, en Andalucía, también", ha continuado aseverando Bendodo, quien ha proseguido con la lista de agravios comparativos para proclamar que "si cede la gestión tributos al País Vasco, en Andalucía también puede ser".

Bendodo, quien ha afirmado que "tampoco vamos a permitir chantajes", ha recordado que Andalucía reclama 1.700 millones de la liquidación del IVA y del sistema de financiación, que "es la misma cantidad que el Gobierno destinará al aeropuerto de El Prat".

"El Gobierno tiene que acostumbrarse a pagar y a cumplir con todos", ha sostenido el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, antes de blandir que "vamos a seguir reclamando la deuda histórica de 10.835 millones de euros" de la infrafinanciación que describe a cuenta del modelo de financiación, mientras que ha demandado la creación de un Fondo de Nivelización para Andalucía hasta que se defina "la nueva financiación" y ha señalado la ausencia de un Fondo Covid para financiación de las comunidades en 2022.

Bendodo ha afirmado, a preguntas de los periodistas, que "no descartamos invocar la convocatoria" de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado, con el convencimiento de que "estamos dispuestos a llegar hasta el final para reclamar el trato igualitario a todos los españoles con las herramientas que tengamos".

"Vamos a seguir reclamando el peso de Andalucía en el conjunto de España", ha sostenido el consejero de la Presidencia, quien ha esgrimido "la obligación del Gobierno de tratar a todos los ciudadanos por igual", así como ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lea el artículo 14 de la Constitución Española, que proclama la igualdad de los españoles ante la ley.

"Este artículo tiene que leer el presidente del Gobierno. No vamos a aceptar trato preferente a ningún territorio", ha remachado Bendodo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha específicado que, durante su tradicional despacho de verano con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca) ha trasladado al monarca el cambio "afortunadamente a mejor" que ha experimentado el país en el último año.

Tras estar reunidos durante más de hora y cuarto, el dirigente nacional ha explicado que ambos mandatarios han recordado la situación de hace un año, "que ahora es muy distinta". Así, ha remarcado que la situación, desde su última comparecencia en Marivent, es "diferente".

Sánchez llegó en torno a las 13.30 horas al Palacio de Marivent para despachar con el Rey Felipe VI en el tradicional encuentro que el monarca mantiene con los mandatarios gubernamentales durante sus vacaciones estivales en Mallorca.

El Rey ha recibido a Sánchez en las escalinatas de Marivent, tras su llegada en torno a las 13.30 horas, hora anunciada. Después de posar para los medios de comunicación, ambos se han adentrado en el Palacio para llevar a cabo el encuentro.

Antes de viajar a la Isla, Sánchez ha presidido el Consejo de Ministros. Después del encuentro, el presidente del Gobierno ofrecerá una rueda de prensa en la que detallará algunos de los asuntos tratados con el Rey. El último encuentro entre Sánchez y el Rey fue en la XXIV Conferencia de Presidentes Autonómicos, que tuvo lugar en Salamanca el pasado viernes.

Más tarde, sobre las 16.45 horas, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, recibirá a Pedro Sánchez en el Consolat de Mar, un encuentro en el que tratarán la situación actual de Baleares.

SUPERAR LA PANDEMIA

El jefe del Ejecutivo, que también ha comentado asuntos relacionados con las islas, ha asegurado en su comparecencia ante los medios de comunicación que va a "persistir en su compromiso" hasta que se vea "superada la pandemia" en Baleares.

En este contexto, Sánchez ha recordado que "el compromiso" del Ejecutivo nacional con las Islas ha sido "inédito y lo continuará siendo".

Preguntado sobre si el reparto de los fondos europeos tendrá en cuenta aquellas comunidades donde ha caído más el PIB, el dirigente nacional ha recordado que ya las ayudas directas nacionales para la recuperación de las empresas tuvo en cuenta las regiones "más perjudicadas" por la COVID.

El Partido Popular ha acusado de "mala praxis" al investigador principal de 'Gürtel', el inspector Manuel Morocho, por aportar al juez de la Audiencia Nacional que investiga los famosos 'papeles' del ex tesorero del PP Luis Bárcenas un informe que la formación política considera plagado de "valoraciones subjetivas" sin relación con esta causa, por lo que ha pedido al magistrado Santiago Pedraz que expulse este 'dossier' del procedimiento judicial.

Se trata del informe firmado por Morocho que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entregó el pasado 20 de julio al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 en el marco de las investigaciones para determinar si las donaciones realizadas por empresarios a la presunta 'caja b' del PP tenían como finalidad determinadas adjudicaciones de obra pública.

El documento, que analiza el contenido de las declaraciones realizadas en 2019 y 2020 por Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), por otro asunto, la 'Operación Kitchen', describe una dinámica en tres niveles --partido, poder ejecutivo y estructura policial-- mediante la que se habría consumado el presunto espionaje parapolicial a Bárcenas para robarle la documentación comprometedora que pudiera tener y "desactivar" así el caso 'Gürtel'.

El PP, en un escrito, sostiene que "estamos ante un informe policial que incurre en una manifiesta 'mala praxis' de su autor, quien 'de facto' ha atentado forma palmaria contra los principios rectores que, conforme a nuestra Ley de Ritos Penales, han de regir la elaboración de los atestados policiales".

Y ello porque, según esgrime el PP, el inspector habría enviado este informe a Pedraz sin que el instructor se lo solicitara, lo cual critica como "una "inaudita y censurable proactividad" de Morocho, y sobre un tema que "nada tiene que ver" con los hechos investigados en esta causa, algo que le resulta "aún más reprobable", dado que el agente "conoce sobradamente" lo que se indaga en esta causa porque todos los informes firmados por la UDEF son suyos.

Añade asimismo que "a través de este informe se incorporan valoraciones subjetivas (...) con las que se pretende suplir la labor de valoración exclusiva del juez instructor", atribuyendo a Morocho "un claro sesgo incriminatorio" que le habría empujado a buscar "desesperadamante" indicios ajenos a la investigación dirigida por Pedraz.

"No ha tenido ningún reparo en dilapidar los escasos recursos públicos con los que cuenta la Policía Judicial que, lejos de destinarse a tratar de esclarecer la verdad material de los hechos objeto de investigación en estos autos, se han dedicado a la elaboración de un informe con finalidades espurias", remacha el Partido Popular.

Por eso, reclama al magistrado que, además de expulsar de la causa este último informe, advierta "expresamente" a Morocho "para que, en lo sucesivo, se abstenga de la presentación de informes no solicitados y totalmente ajenos al objeto de la instrucción".

MÁS DE UNA DÉCADA

El PP hace hincapié en que el contenido del informe no es relevante para esta causa, recordando que "durante todo este tiempo" no se ha considerado necesario interrogar a García Castaño, ni como investigado ni como testigo, en este caso, y razonando que, en consecuencia, un documento que analiza sus manifestaciones sobre la 'Operación Kitchen' "adolece de la misma falta de utilidad".

Avisa además de que con este 'dossier', que --insiste-- "no guarda ninguna conexión ni objetiva ni subjetiva" con la investigación sobre las llamadas comisiones finalistas, "'veladamente' se pretende ampliar por parte de la UDEF los hechos a los que se circunscribe esta instrucción", advirtiendo de que hacerlo sería "una decisión desproporcionada e injustificada" que transformaría la causa en "una investigación prospectiva", "totalmente" prohibida en el derecho español.

Al hilo de esto, los 'populares' aprovechan para recalcar que "ha transcurrido más de una década sin que en el seno de esta instrucción se hayan podido detectar indicios que permitan considerar que los hechos objeto de investigación merezcan ser susceptibles de reproche penal".

INSTRUCCIÓN ACABADA

La petición del PP llega después de que Pedraz acordara el pasado 22 de julio no prorrogar las pesquisas sobre los 'papeles' de Bárcenas, dejando así que caducaran días después, el 29, conforme a los nuevos plazos legales.

La investigación sobre las comisiones finalistas comenzó en 2013 con el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que la archivó dos años después al encontrar únicamente indicios de que la reforma de la sede del PP en la madrileña calle Génova se habría pagado con la 'caja b'. Sin embargo, el caso se reabrió tras las revelaciones que hizo el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta.

Posteriormente, Bárcenas, que en ese mismo juicio negó que las donaciones que distintos empresarios hicieron al PP tuvieran carácter finalista, afirmó en un escrito enviado a principio de año a la Fiscalía Anticorrupción que sí perseguían adjudicaciones. Y, en una reciente declaración del pasado 16 de julio, el ex tesorero implicó en estas supuestas corruptelas a todos los ministros de Medio Ambiente y Fomento del PP.