El presidente de Airbus en España, Alberto Gutiérrez, ha señalado este jueves que las negociaciones con el comité de empresa de la planta de Puerto Real (Cádiz) están «desafortunadamente estancadas y bloqueadas», por lo que ha indicado que, «si no hay un acuerdo antes del final de junio», la compañía «se verá obligada a tomar una decisión» que tendrá «mayor impacto social que la propuesta que tenemos delante».

Gutiérrez se ha referido a la propuesta que las federaciones de industria de CC.OO. y UGT, con la mediación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, presentaron a la empresa el pasado mes de mayo y que fue evaluada «de manera positiva y constructiva» por la compañía.

El directivo ha añadido que esta oferta es «una alternativa socialmente responsable» que, «a pesar de ofrecer menores ventajas económicas para la compañía», pone «las bases de un futuro industrial consolidado». La propuesta, entre otras medidas, recoge la creación de un centro aeronáutico industrial 4.0 en la Bahía de Cádiz bajo el liderazgo del Gobierno español.

No obstante, Gutiérrez ha lamentado que las negociaciones se estén estancando y ha pedido «encarecidamente» a la parte social que se llegue a un acuerdo que proteja el empelo en Cádiz. En ese sentido, ha resaltado que el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) tiene validez hasta final de junio y ha añadido que habrá que «actuar si no hay acuerdo».

El presidente de Airbus ha vuelto a explicar que la planta de Puerto Real se vio «seriamente afectada» por el fin de la producción del Airbus 380, lo que generó una «situación grave de falta de trabajo en la zona» y falta de «competitividad debido a los elevados costes estructurales generados por el tamaños de las instalaciones».

Asimismo, con la pandemia, que ha supuesto «la mayor crisis en la historia de Airbus», la compañía se vio «obligada» a reducir la cadencia de producción hasta el 40%, sobre todo en aviones de largo recorrido, que representan la mayor parte de la operación en Puerto Real. Así, ha resaltado que la planta sufrió una caída del 50% en la carga de trabajo, por lo que se convirtió en una planta «infrautilizada e inviable».

En el caso de no alcanzar acuerdo en los próximos días, Gutiérrez ha señalado que «no quedará más remedio que buscar una solución alternativa» que proteja «la carga de trabajo en España y los intereses globales de la compañía». Antes de la propuesta de los sindicatos, la compañía barajaba otras opciones como la venta o cierre de estas instalaciones y el traslado de la carga de trabajo a otros centros productivos.

Las compañías de tamaño mediano que atraviesen dificultades de carácter temporal a consecuencia de la Covid-19, pero que sean viables en el medio y largo plazo, podrán empezar a solicitar financiación del fondo de recapitalización gestionado por Cofides a partir del próximo lunes, 28 de junio.

Las solicitudes se podrán enviar a través del correo electrónico fondorecapitalizacion@cofides.es. Cofides habilitará, además, una plataforma para facilitar la presentación de documentación de manera telemática.

Cofides ha presentado este jueves este fondo en la Cámara de Comercio de España, en la que ha sido la primera de una serie de reuniones que tendrán lugar entre la gestora del fondo y entidades comprometidas con las empresas españolas, con el objetivo de explicar el funcionamiento de este fondo de solvencia.

Durante el encuentro, el presidente de Cofides, José Luis Curbelo, y el director general, Rodrigo Madrazo, han explicado el funcionamiento del fondo, que permitirá a las empresas de tamaño medio que se han visto afectadas por la pandemia acceder a financiación con la que volver a la senda de la rentabilidad.

El objetivo del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la Covid-19, dotado con 1.000 millones de euros de origen público, es evitar la destrucción de empleo y del tejido productivo a nivel nacional y regional.

Las empresas seleccionadas podrán acceder a financiación entre los 3 y los 25 millones de euros (entre 3 millones y 15 millones pymes; entre 4 y 25 millones no pymes), que se materializarán a través de inversiones de carácter temporal en forma de participaciones en el capital social, préstamos participativos y otros instrumentos financieros.

En cuanto a la duración media de la financiación, rondará los ocho años, si bien el espíritu del Fondo busca una rápida amortización de las inversiones (alrededor de cinco años) y cada caso será analizado de manera individual.

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha subrayado durante el encuentro que la oportunidad de este fondo en un momento en el que «el objetivo principal debe ser preservar al máximo a las empresas viables para evitar que los problemas financieros, derivados de la reducción de la actividad durante la pandemia, terminen comprometiendo su solvencia».

La Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual (ASEPAL) considera que el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores a partir del próximo sábado hará disminuir la demanda de estos productos, lo que supondrá la desaparición de muchas empresas «oportunistas» que entraron durante la pandemia en este sector, que facturó 900 millones de euros anuales en España en 2019.

El presidente de ASEPAL, Javier Muñoz, recuerda que, a principios del año pasado, el incremento de demanda en los Equipos de Protección Individual (EPI) fue «exponencial» y, solamente en China, aparecieron más de 30.000 fábricas nuevas, la mayoría con orígenes «muy alejados de la seguridad y la protección». En España también aparecieron muchas fábricas «sin ninguna trayectoria, conocimiento o experiencia en el ámbito de la seguridad y la protección».

Desde la patronal (que representa al 90% de las empresas de fabricación y distribución de EPI) consideran que el pico de demanda que hubo a principios del año pasado «no es sostenible» y que con el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores «el nivel de pedidos va a bajar». Además, en la actualidad existe un exceso de oferta.

«Un número muy elevado de empresas entraron en el sector de las mascarillas de manera oportunista, con cierto nivel de intrusismo y ausencia de un mínimo nivel técnico. En varios casos lo hicieron con buena intención, aportando un granito de arena durante el momento de desabastecimiento. Pero muchas de estas nuevas empresas pensaban que entraban en un negocio que era una gallina de los huevos de oro, y que el nivel de precios y el nivel de demanda iba a mantenerse en el tiempo. Ahora, la gran mayoría saldrá de manera rápida del sector», sostiene Muñoz.

A juicio de la ASEPAL, la demanda se irá «poco a poco» aproximando a la que existía en 2019, aunque no llegará a alcanzar ese nivel. El principal demandante de mascarillas quirúrgicas volverá a ser el sector sanitario, mientras que el industrial será el principal sector comprador de mascarillas autofiltrantes (FFP2 y FFP3). Sin embargo, seguirá existiendo un consumo a nivel particular de mascarillas durante los próximos años.

«En lugares cerrados, como aviones o trenes, los ciudadanos seguirán usando mascarillas durante un tiempo», apunta Muñoz. Por ello, la supervivencia de las empresas del sector estará principalmente condicionada «por su conocimiento, experiencia, fiabilidad, trayectoria y capacidad de aportar valor con las máximas garantías». Así, matiza que «solamente las mejores podrán sobrevivir».

El subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz, ha apuntado este jueves que el acuerdo de pensiones que el Gobierno pretende cerrar próximamente garantiza la suficiencia de las pensiones, pero que «quizás pone en riesgo la sostenibilidad» del sistema.

Así lo ha señalado durante la presentación del estudio socieconómico ‘El futuro de las pensiones en España’ que forma parte de la colección de estudios socioeconómicos de Cajamar.

Para Conde-Ruiz, el acuerdo garantiza la suficiencia de las pensiones, ya que se dice que las pensiones no pueden perder poder adquisitivo. «Como punto de partida, me parece bien que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, pero una vez que haces esto tienes que buscar un mecanismo que compense lo que va a implicar esta medida», ha alertado.

De hecho, ha resaltado que vincular las pensiones al IPC va a suponer un aumento del déficit estructural de la Seguridad Social de entre 3 y 5 puntos del PIB, es decir, entre 30.000 y 50.000 millones.

Desde su punto de vista, «es insostenible hacer una reforma de este calado sin un gran pacto por las pensiones». «Ningún Gobierno es capaz de abordar este problema tan gigantesco que tenemos por delante y esperamos que este gran pacto sea una realidad», ha añadido.

El subdirector de Fedea ha dejado claro que la reforma que se debería hacer del sistema debería ser global y que espera que lo de hacer la reforma en dos fases salga bien, aunque ha señalado que «no le ve la lógica». Para él, la reforma debería pasar por garantizar el poder adquisitivo de los pensiones hasta cierto punto, poniendo un límite de pérdidas, e introduciendo un sistema de cuentas nocionales, que es «mucho más transparente y limpio».

Por su parte, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha afirmado que probablemente será necesaria una política «más cauta» que ponga «mayor énfasis» en el control del crecimiento del gasto en pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar sobrecargar a los jóvenes con demasiados impuestos y cotizaciones.

De hecho, considera que un sistema de pensiones como el español depende de cuántas personas pagan cada pensión, ya que «cuantos más trabajadores haya por jubilado, más fácil será mantener el sistema», ha dicho, tras incidir también en la importancia que tiene la evolución de la productividad.

«Vamos a tener una circunstancia cada vez más difícil, porque se van a ir jubilando las cohortes grandes de la generación del ‘baby boom’ y los que vienen después van a tener que soportar los costes de las pensiones, por lo que sería aconsejable cierta prudencia», ha remarcado.

De la Fuente considera que el problema del sistema de pensiones español se eliminaría «con un milagro de productividad» o con un flujo muy fuerte de inmigrantes que hablen español y estén bien formados, «pero no hay ningún indicio de que esto vaya a ser así».

Por otro lado, ha destacado que las bonificaciones a la contratación sí que pueden ser gastos impropios, pero que el resto de gastos del sistema «no tienen nada de impropio».

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido «medidas urgentes» para «atajar los problemas» de acceso a los servicios bancarios para «una gran parte de la población».

En un comunicado, la organización ha considerado que los servicios bancarios son «esenciales» y ha expuesto algunos de los resultados de una encuesta realizada en la que se recogen «las dificultades reales a las que se enfrentan los usuarios».

Concretamente, el 58% de los encuestados indica que presta ayuda a algún familiar, amigo o conocido mayor para realizar operaciones bancarias online porque está persona no es capaz de hacerlo, según indica OCU. En este sentido, hay dos variables que influyen: la edad, y el nivel educativo, es decir, los menores de 60 y quienes tienen mayor nivel educativo son quienes más ayudarían.

Sobre los problemas habituales que más han experimentado la mayoría de los usuarios, se encuentra el no poder realizar una gestión presencial –como pagar recibos–, con un 59% de los casos, porque «en ese día o en ese horario no se ofrecía atención en ventanilla para esa gestión».

Otro de los problemas que destacan los usuarios en la encuesta de OCU es el de tener que pagar por realizar una gestión bancaria de manera presencial que anteriormente era gratuita, lo que le ha ocurrido al 40% de los usuarios.

Por otro lado, el 35% de los encuestados ha tenido que acudir a una oficina más lejana de lo que solía ser habitual dentro de su propia localidad. OCU destaca, sin embargo, que uno de cada diez usuarios ha tenido que desplazarse a otras localidades para llevar a cabo gestiones financieras. «Esta situación afecta principalmente a quienes residen en áreas rurales», con una proporción de uno de cada cuatro usuarios afectados, según los datos destacados por la organización.

Por ello, OCU considera que los servicios financieros «son servicios esenciales y todos los ciudadanos tienen derecho a ellos en condiciones de calidad, con independencia de su lugar de residencia, o conocimientos informáticos».

Así, ha instado al Gobierno a trabajar en un marco legislativo que ayude «a acabar con la exclusión financiera de las personas más vulnerables».

La compañía de cruceros Norwegian Cruise Line, que opera las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises, ha anunciado la creación de una estrategia de acción climática a largo plazo.

Su objetivo es alcanzar la neutralidad de carbono mediante la reducción de la intensidad de carbono, la identificación y la inversión en tecnología, incluyendo la exploración de combustibles alternativos, y la aplicación de un programa voluntario de compensación de carbono.

Además de las iniciativas en curso para reducir su tasa de emisiones, la empresa se ha comprometido a compensar tres millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (MTCO2e) durante un período de tres años a partir de 2021 para superar la brecha en sus esfuerzos de descarbonización hasta que nueva tecnología esté disponible.

La compañía ha firmado el compromiso histórico de la Asociación Internacional de Compañías de Cruceros (CLIA) de reducir la tasa de emisiones de carbono en toda la industria en un 40% para el año 2030 respecto a 2008.

ESTRATEGIA DE ACCION CLIMÁTICA A LARGO PLAZO.

Las tres áreas de interés de la estrategia de acción climática a largo plazo de la empresa incluyen reducir la intensidad de carbono, invertir en tecnología y explorar combustibles alternativos, así como la aplicación de un programa de compensación de emisiones de carbono.

La compañía se ha asociado con la CLIA, los gobiernos nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) para contribuir a los esfuerzos mundiales de lucha contra el cambio climático.

Entre las iniciativas clave se incluye la participación de la empresa en el compromiso de la CLIA de reducir el índice de emisiones de carbono de todo el sector en un 40% para 2030, que se creó como primer paso para contribuir a la visión de la Organización Marítima Internacional (OMI) de un sector marítimo libre de carbono.

La compañía también cumple con las normativas, cuantifica y comunica sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y busca nuevas formas rentables de reducir o minimizar su huella.

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES DE CARBONO.

Como parte de su estrategia de acción climática a largo plazo, la compañía ha lanzado un programa de compensación de emisiones de carbono en colaboración con World Kinect Energy Services, la división de sostenibilidad de World Fuel Services. La empresa se ha comprometido a compensar voluntariamente al menos tres millones de toneladas de CO2 hasta 2023.

La empresa planea aumentar gradualmente las compras voluntarias de compensaciones en los próximos años para alcanzar su objetivo de neutralidad de carbono sobre la base de las emisiones de Alcance 1, que normalmente representan el 95% de su huella. Esta iniciativa permite a la compañía tomar medidas de forma inmediata y ayudar a superar la brecha en los esfuerzos de descarbonización hasta la llegada de nuevas tecnologías.

Una compensación de carbono representa una tonelada de emisiones de gases de efecto invernadero que se ha evitado o reducido en la atmósfera. La compra de compensaciones de carbono permite a las empresas compensar su huella de carbono residual apoyando proyectos en todo el mundo que reducen las emisiones de carbono.

A través de World Kinect, la empresa invierte en compensaciones de carbono fiables y de alta calidad, que han sido verificadas de forma independiente y cumplen las normas internacionales más exigentes, como el Gold Standard o el Verified Carbon Standard (VCS).

Las compensaciones proceden de una variedad de proyectos que incluyen energías renovables, silvicultura, eficiencia energética y proyectos de conversión de residuos en energía.

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y Hallon, empresa tecnológica especializada en inteligencia de medios, han alcanzado un acuerdo para incluir los artículos digitales que se publican bajo muro de pago en los resúmenes de prensa que comercializa esta empresa de seguimiento.

Ambas organizaciones han mostrado su satisfacción por este acuerdo puesto que, según han destacado, «viene a dar una solución a miles de empresas que carecen de la autorización para incluir en sus resúmenes de prensa los artículos que los periódicos publican bajo suscripción».

En este sentido, consideran que «el seguimiento de medios es una de las grandes herramientas de trabajo con la que cuentan los directores de comunicación (dircoms) y de marketing (dirmarks) y queremos garantizar su máximo estándar de calidad, responsabilidad con la propiedad intelectual y compromiso con el periodismo de calidad».

«Este acuerdo implica contar con la autorización de los editores de prensa para que los press-clipping que comercializa Hallon incluyan los artículos completos bajo muro de pago y, además, fija el precio de estos contenidos digitales para este uso concreto», ha declarado Jorge Corrales, director general de CEDRO.

Corrales ha asegurado que «Hallon accederá a los contenidos a través de una plataforma digital cerrada» que han desarrollado «para que el flujo de acceso a estos artículos respete de forma escrupulosa los derechos de propiedad intelectual de los editores de prensa».

«Nos gustaría que el resto de las empresas del sector se unan a este modelo que garantiza a sus clientes el acceso legal a los artículos bajo suscripción, más si cabe ahora que se va a incorporar próximamente a la legislación nacional el artículo 15 de la directiva sobre derechos de autor, que regula el uso de noticias por parte de las empresas de servicios de la sociedad de la información», ha añadido.

Para Bernardo Posada, consejero delegado de Hallon Intelligence, este acuerdo es «clave» para que sus clientes «puedan acceder al contenido editorial necesario para realizar su trabajo con normalidad». «Hemos escuchado estos últimos meses la petición permanente de nuestros clientes para acceder a estos contenidos y hoy podemos decir que es una realidad», ha concluido Posada.

Tutorizar a un estudiante en prácticas supone tiempo, esfuerzo y habilidad como formadores, por lo que las empresas no siempre dedican el tiempo y los recursos suficientes a formar a los becarios que reciben.

Así lo asegura Silvia Molinero, psicóloga y experta en gestión de talento de Fundación Universidad-Universidad (FUE) y una de las integrantes del equipo multidisciplinar de Tutorama, programa de FUE nacido en 2012 para reivindicar la figura del tutor empresarial y que ofrece seguimiento, formación, mentoring y sesiones para alumnos y empresas durante el periodo de prácticas.

«Hemos detectado la necesidad de los tutores de un reconocimiento a su labor –explica–. En muchos casos formar a un becario supone añadir funciones a su ya ajetreado día a día». Por eso, «muchos tutores empresariales desearían haber tenido más tiempo para dedicar al alumno en prácticas», señaña.

Según Molinero, es positivo que las empresas tengan en cuenta la figura del tutor empresarial y les doten de recursos para llevarla a cabo. «Un buen tutor debe proporcionar tareas al alumno que le permitan desarrollarse, teniendo siempre en cuenta que es un periodo de aprendizaje, por lo que las funciones del tutor como dar un feedback detallado, resolver dudas y fijar nuevos objetivos, son muy importantes», explica la experta en gestión de talento de FUE.

ERRORES MÁS COMUNES

En palabras de la psicóloga, las empresas en ocasiones dan por hecho que el alumno sabe cosas que no sabe. Los alumnos viven por primera vez un ambiente profesional y tienen que adquirir rutinas y comprender la cultura corporativa: es bonito acompañarles en ese proceso», admite Molinero.

Otro de los errores más comunes es calibrar mal la carga de trabajo. «A veces hay una sobrecarga, pero también es frecuente que los alumnos no tengan suficientes tareas», reconoce. Por eso, la experta recomienda que las tareas que las empresas destinan a los estudiantes en prácticas evolucionen a lo largo de la beca. Para ello, considera fundamental crear un buen proyecto formativo que incluya tareas y objetivos de aprendizaje.

«El objetivo debería ser proporcionar al becario la oportunidad de aplicar de forma práctica los conocimientos que ha adquirido durante la carrera, de adquirir otros nuevos y de tener un contacto real con el mundo profesional», incide.

Sin embargo, para la experta, uno de los errores más habituales es penalizar en exceso las equivocaciones. «Por supuesto hay que corregir los fallos, pero los alumnos que tienen miedo a equivocarse limitan mucho su iniciativa», lamenta la psicóloga. Por ello recomienda un feedback constructivo y animar a participar.

CONSEJOS PARA BECARIOS: PROACTIVIDAD Y MOTIVACIÓN

Por su parte, la directora de Operaciones de Fundación Universidad-Empresa, Carmen Palomino, aconseja a los becarios ser proactivos, tener iniciativa, preguntar y sugerir. «La proactividad deben expresarla de forma asertiva, nunca imponiendo ideas o necesidades, y entendiendo siempre que su rol es de aprendizaje», asegura.

Al mismo tiempo, recuerda que una beca es un «gran proceso de selección para las empresas» pero que, en ningún caso, debe vivirse como un fracaso el hecho de no quedarse en la empresa de prácticas. «A veces, los alumnos vuelven a su empresa de prácticas meses, o años, después de terminar sus prácticas, y a veces desarrollan sus carreras en otras empresas», señala.

Por ello, la directora de Operaciones de FUE comenta que al principio de las becas las empresas piden al alumno con mejores conocimientos académicos, «pero al finalizar las prácticas lo que más valoran es que haya estado activo, la aportación de ideas nuevas, iniciativa e ilusión». «La motivación es fundamental», reconoce.

QUÉ ES TUTORAMA

El programa Tutorama nació en 2012 para reconocer la figura del tutor empresarial y ofrecer herramientas y servicios tanto a empresas como a los alumnos para que el periodo formativo en la empresa sea beneficioso para ambos. Disciplinas como la psicología y la pedagogía son esenciales en el programa, ya que entienden el aprendizaje como un proceso.

«Tutorama adquiere su identidad durante el confinamiento», reconoce Palomino. «Hubo mucha confusión sobre el nuevo escenario, las prácticas en remoto, la normativa…, así que tuvimos que reinventarnos y una de las ideas fue organizar webinars semanales para atender a todas las dudas que llegaban de alumnos y empresas», admite Palomino.

En ese sentido, durante el último año han trabajado con 286 empresas y más de 3.800 alumnos. Desde el equipo de expertos iban respondiendo a las necesidades que iban surgiendo: cómo hacer seguimiento en remoto a los alumnos, con qué herramientas digitales contar, cómo seguir favoreciendo la cercanía y la comunicación con los alumnos. «En cada webinar que hicimos durante el confinamiento surgían ideas para el de la semana siguiente. Fue una experiencia muy exigente, pero muy interesante», finaliza Palomino.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado la nulidad de una hipoteca multidivisa comercializada por Bankinter, según la sentencia.

En concreto, el juzgado ha estimado la nulidad parcial del préstamo hipotecario suscrito con el demandante en noviembre de 2003, una nulidad que se aplica a «todos los contenidos relativos a la opción multidivisa».

Además, sentencia que el efecto de la nulidad parcial «conlleva la consideración de que la cantidad adeudada por el demandante es el saldo vivo de la hipoteca referenciado a euros».

Asimismo, ha condenado a la entidad a reintegrar en metálico el exceso en el caso de que el demandante haya abonado una cantidad superior en concepto de capital e intereses a la que habría pagado de haber operado desde el principio en euros.

Por último, condena a Bankinter a eliminar las cláusulas multidivisas y al pago de las costas procesales.

Desde Lex Legis explican que el préstamo sobre el que deriva la sentencia trata del año 2003 por el cual el demandante se endeudó por un importe principal de 289.993,53 euros –455.010,00 francos suizos–.

Este despacho de abogados explica que, en la escritura, «no se advierte con claridad que se recalcula constantemente el capital prestado en función del tipo de cambio».

Así, considera que «no basta con referencias genéricas al riesgo de fluctuación de la moneda», por lo que la firma asegura que «la advertencia sobre el alza del capital pendiente deberían haberse hecho constar en bloque, conjuntamente y de forma clara en la escritura».

Para la letrada que ha llevado la defensa del demandante, Magdalena Rico Palao, «el banco debería haber informado con total claridad de las consecuencias del préstamo y de sus condiciones financieras para evitar estos riesgos en un perfil totalmente alejado del mundo financiero».

Por su parte, Bankinter ha indicado que recurrirá esta sentencia en primera instancia «a la espera de la valoración de la instancia superior, la Audiencia Provincial», según han afirmado fuentes de la entidad.

El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, ha solicitado al Gobierno central, que preside Pedro Sánchez, que las comunidades autónomas participen de manera activa en el reparto de fondos europeos.

Así lo ha expresado tras realizar una visita al Hospital Enfermera Isabel Zendal, junto a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien previamente le ha concedido la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Tzitzikostas ha incidido en que la cuestión clave ahora es «la recuperación económica» en las que «las ciudades y regiones necesitan un acceso directo a los fondos de la Unión Europea».

«El Comité Europeo de las Regiones ha defendido firmemente ante la Comisión Europea y los Estados miembros implicar a los gobiernos regionales en el diseño de los planes nacionales de recuperación. La Comisión Europea siguió nuestras recomendaciones y aconsejó a los Estados miembros que lo hicieran», ha declarado.

Sin embargo, según ha expuesto, «en toda Europa ha habido una falta de participación de las ciudades y los gobiernos regionales en la fase de preparación de los planes nacionales de recuperación». «Y España no es una excepción», ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez «no haya consultado a las regiones españolas para el diseño del plan nacional de recuperación y resiliencia de España».

Ha solicitado al Ejecutivo central «que se siente junto con las regiones españolas a aplicar el plan de recuperación y resiliencia en auténtica colaboración y codecidir sobre las inversiones prioritarias y los proyectos concretos que benefician a las comunidades locales».

«Es evidente que ha habido un exceso de centralización en la definición de las inversiones prioritarias por parte de los estados miembros. En nuestra opinión, la centralización sólo puede frenar la recuperación», ha declarado.

Por ello, ha insistido en que «aumentar la cooperación entre los gobiernos nacionales, locales y regionales es necesario en toda la Unión Europea y aquí en España».

«Ahora es el momento de ofrecer soluciones a nuestros ciudadanos. Para reiniciar la economía, para ayudar a las empresas a recuperarse, para conseguir nuevos empleos para los jóvenes, para que la recuperación sea un éxito en todos los rincones de España y de la Unión Europea», ha declarado.

FELICITA A AYUSO

Por otra parte, el presidente del Comité Europeo de las Regiones ha agradecido de manera afectuosa la invitación, hospitalidad y activa cooperación de la presidenta madrileña con el Comité Europeo de las Regiones.

Además, ha expresado su gratitud por la Medalla Internacional de la Comunidad que le concedió esta misma mañana en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y de la que se siente «especialmente orgulloso».

Tzitzikostas ha dado, asimismo, la enhorabuena a la presidenta regional por su reelección y nuevo mandato y ha defendido que, a su parecer, «la Comunidad de Madrid no podría estar en mejores manos».

«En el último año y medio, hemos vivido la peor crisis económica y social desde hace décadas. El turismo lleva 15 meses parado. Las tiendas han estado cerradas durante semanas y semanas. Las economías locales y regionales se han visto gravemente perjudicadas. La prosperidad de miles de empresas se ha visto dañada, algunas de forma irreparable. La riqueza y el bienestar de muchas familias siguen estando en juego», ha expresado a continuación.

En ese contexto, ha hecho hincapié en que hay «muy pocos líderes en Europa» que hayan tenido «el valor político de adoptar medidas socioeconómicas que realmente beneficiaran a las pequeñas y medianas empresas» así como que han sido muy pocos los que «han reaccionado con determinación y visión para hacer frente a la emergencia sanitaria, social y económica creada por la pandemia» pero sí lo hizo la presidenta Ayuso.

En este punto, ha puesto en valor la construcción de este hospital en tan solo cien días, ante el que ha quedado «impresionado» durante la visita que han realizado.

Se trata, tal y como ha expuesto, de un hospital «modular, adaptable y avanzado» que está diseñado específicamente para las pandemias, que cuenta con «la más avanzada tecnología y tratamientos de atención integral», que «proporciona un beneficio inestimable a los madrileños y es ya una referencia en Europa.

«El Hospital Isabel Zendal, construido bajo su liderazgo, es el ejemplo perfecto de cómo afrontar la emergencia sanitaria creada por la pandemia. Este hospital es un ejemplo para todas las ciudades y regiones de Europa. Si queremos que los ciudadanos ganen esta y futuras pandemias esto no es sólo una necesidad. Es nuestro deber», ha defendido.

En cuanto al ámbito económico y social, ha señalado que Ayuso ha tenido «el valor de dar la oportunidad para abrir negocios y tiendas cuando nadie lo hacía» lo que ha permitido «a muchas pequeñas empresas y familias sobrevivir y ver la luz al final del túnel de esta pandemia».

IE University anima a las empresas a diseñar entornos laborales intergeneracionales y a evitar la segmentación de equipos por edad en su III Informe del Observatorio de Demografía y Diversidad, presentado este jueves por Concepción Galdón, la coordinadora del estudio.

El informe ha contado con la colaboración de expertos investigadores como Rafael Puyol, con el apoyo de la Fundación IE de IE University, Correos, Fundación Banco Santander y Fundación Mapfre.

El estudio recuerda que el peso de los trabajadores seniors dentro de la población activa española ha crecido durante los últimos años, pasando de representar el 11% de la población activa en 2008 al 17% en 2019, mientras que los junior (menores de 34 años), que suponían el 38% de la población activa en 2008, representan ahora el 26,5%.

Esta transformación demográfica va a suponer un profundo cambio sociocultural que afectará de forma muy directa a las empresas en su relación con sus empleados, con sus clientes y en cuanto a la conceptualización de sus productos, servicios y modelos de negocio.

El informe destaca, entre sus conclusiones, la necesidad de aprovechar la colaboración intergeneracional con un enfoque de innovación social entre las diferentes generaciones y las empresas para extraer todo el potencial de los trabajadores, y de las personas en un sentido más amplio.

El estudio confirma que gestionar la diversidad intergeneracional dentro de la empresa es un reto que hay que afrontar sin demora. En este sentido, las empresas deben diseñar entornos que permitan a los empleados aprender unos de otros y evitar la segmentación de sus plantillas por edades, ya que en ausencia de intervenciones pueden encontrarse con un contexto en que los empleados se vinculan únicamente con colegas que tienen un estatus o trayectoria similar.

En este sentido, destaca el informe, la mentoría es el enfoque principal que las empresas están adoptando para fomentar el intercambio de conocimientos entre las diferentes generaciones de una institución, aunque no debería ser la única.

Otras iniciativas de innovación social que se están desarrollando con este objetivo, y que han sido recogidas en el informe en base al estudio de 11 iniciativas en España, Colombia e Irlanda, son el desarrollo de estilos de vida inclusivo, la creación de entornos físicos que permitan la colaboración entre generaciones y el impulso a proyectos de innovación social holísticos y en red, que permitan aprovechar todo el potencial conocimiento tanto de seniors como de junior.

«La conceptualización de estrategias intergeneracionales genera oportunidades de potenciar el valor de todos los profesionales en un contexto social en el que ya conviven seis generaciones diferentes. La visión de los innovadores sociales sobre la colaboración intergeneracional ofrece a las empresas una mirada nueva y más enriquecedora», señala Concepción Galdón, coordinadora del estudio.

La presidenta de la patronal Unespa, Pilar González de Frutos, ha asegurado este jueves en Santander que no cree que el fondo de pensiones de empresa planteado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, vaya a suponer «un especial impulso» a este sector, y ha señalado la conveniencia de acompañarlo con cambios en la regulación laboral y financiera.

Así, durante su intervención en las jornadas organizadas por la APIE dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander (Cantabria), González de Frutos ha apuntado que el sistema británico, en el que a su juicio se inspira este fondo, funcionó porque anteriormente se basó en reformas de este tipo.

«El desarrollo de fondos de pensiones de promoción pública y gestión privada pueden ser magníficos instrumentos, estupendos vehículos, pero no son el impulso al segundo pilar», ha señalado, apostillando que ello «exige otras cosas».

En todo caso, ha celebrado su llegada como «esencial» para el desarrollo de este segundo pilar, «el menos dinamizado» de todo el sistema de pensiones en España –«no tenemos segundo pilar prácticamente»– si bien cree que, sin reformas, pueda suponer un «especial impulso» al mismo. «De entrada, bienvenido sea», ha dicho.

Durante su intervención, ha anticipado un recorte de las pensiones públicas y, en consecuencia, ha llamado a desarrollar y potenciar los sistemas complementarios. Es más, considera que «la solución lógica» es su complemento con pensiones privadas, pese a lo cual, ha lamentado, España ha dirigido sus reformas «en la dirección contraria».

«Si queremos que los jubilados del futuro tengan los niveles de ingresos suficientes, necesariamente tendrán que complementar con pensiones complementarias privadas», ha subrayado.

La presidenta de la patronal de las aseguradoras ha incidido en la importancia de la colaboración público privada, y no sólo en materia de pensiones, sino que también ha hecho alusión a ello a la hora de prepararse para retos como la posibilidad de que se desarrollen nuevas pandemias, ya que cree que la solución para afrontar estas pérdidas será «apoyarse en modelos de colaboración público-privada».

A la hora de mutualizar riesgos, ha reflexionado que esta «es imposible de mantener» cuando «todos» los agentes sufren daños «todos a la vez», como es una pandemia. Respecto a la gestión en esta última, ha reivindicado el «enorme esfuerzo» del sector asegurador español para asumir sus consecuencias, sosteniendo que «no se ha rechazado a nadie».

Aena pondrá en servicio las terminales T2 y T3 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a partir del próximo 1 de julio, adaptando así sus instalaciones a la situación operativa actual y a todas las medidas implantadas para facilitar la seguridad sanitaria de sus pasajeros.

Con esta reapertura a partir del próximo 1 de julio, el aeropuerto tendrá abiertas de nuevo todas sus terminales (T123, T4 y T4S). De esta forma, la T123 recupera la operativa con la que contaba antes de la pandemia con todas las medidas que garantizan la seguridad sanitaria.

Aena recomienda a los pasajeros que tengan previsto viajar en los próximos días que consulten con su compañía aérea porque si su vuelo de retorno es en el mismo día 1 de julio o en fecha posterior, la terminal de llegada podría ser diferente a la utilizada en el vuelo de ida.

El acceso a las terminales se tiene que realizar por los accesos señalizados y sólo se permite la entrada a empleados y a pasajeros que dispongan de billete o tarjeta de embarque válidos y a los acompañantes de pasajeros que requieran asistencia especial, menores de edad o con causa debidamente justificada.

Reabrirán también sus puertas las salas Vip Plaza Mayor (T2) y Cibeles (T1). Ambas contarán con todas las medidas frente al Covid que están funcionando en las salas Vip de T4 y T4S: reducción de aforo al 50%, uso obligatorio de mascarillas, distancia de seguridad, servicio asistido de catering, servicio de bienvenida, disponibilidad de gel hidroalcohólico.

Para el estacionamiento de vehículos, se pondrán en servicio los módulos A, B y C del P2, así como el parking express de superficie.

En cuanto al servicio de autobús de tránsito entre terminales, a partir del 1 de julio realizará parada también en la Terminal T3, manteniendo su frecuencia de paso cada 10 minutos en las horas de mayor demanda.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha recibido la certificación del programa Airport Health Accreditation del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), un programa que evalúa el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por ACI, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la EASA, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante el tiempo que las terminales T2 y T3 han permanecido inoperativas, Aena ha continuado con sus trabajos de mejora y modernización de las instalaciones.

Entre las principales actuaciones realizadas se han llevado a cabo trabajos de renovación en los solados de las terminales, en las puertas de embarque, en los mostradores de facturación, se han instalado nuevas pasarelas de embarque a las aeronaves y se ha trabajado en la ampliación de algunas zonas de embarque y filtros de seguridad.

Leroy Merlin, promotora de la nueva zona comercial en Tenerife Sur, invierte más de 187 millones de euros para el desarrollo del nuevo parque comercial en Adeje construido sobre una parcela de 100.000 metros cuadrados en el barranco de Las Torres.

El nuevo parque comercial se llevará a cabo en dos fases. La primera fase, en construcción, cuenta con 30.000 metros cuadrados de superficie comercial y 1.150 plazas de aparcamiento.

Esta primera parte del proyecto supone una inversión de más de 67 millones de euros y prevé generar más de 850 empleos directos y 140 indirectos, lo que generará un importante impulso para la economía local.

La segunda fase del proyecto, cuya apertura está prevista para 2024, añadirá al parque comercial 33.000 metros cuadrados, llegando a una superficie total de 63.000 metros cuadrados construidos, contará con una inversión de 122 millones de euros y generará alrededor de 2.300 empleos.

Actualmente, Leroy Merlin es promotora de diversas superficies comerciales en Finestrat, con 23.500 metros cuadrados de superficie comercial, en Lliça D’amunt, con 26.300 metros cuadrados, en Sant Cugat, con 16 000 metros cuadrados y en Badajoz, con otros 40 000 metros cuadrados.

El parque comercial de Adeje incluye además la construcción de una nueva tienda de Leroy Merlin de tal manera que la compañía no solo abre un nuevo punto de venta para sus clientes, sino que también promueve la actuación comercial de la zona en la que se ubica la nueva tienda.

En palabras de Juan Sevillano, director de Desarrollo de Leroy Merlin España, «la nueva tienda de Adeje se enmarca en una potente zona comercial de la que nos sentimos orgullosos de ser promotores, este tipo de proyectos de gran envergadura suponen un reto para la estrategia de expansión de la compañía».

QUINTA TIENDA EN CANARIAS

En concreto, Leroy Merlin Adeje tiene prevista su apertura después del verano, contará con 150 colaboradores y generará 50 empleos indirectos.

La nueva tienda tendrá una superficie comercial de 11.800 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 24 millones de euros.

La nueva tienda en Adeje se sumará a los 4 puntos de venta que la compañía tiene actualmente en Canarias. Además, Leroy Merlin y el ayuntamiento de Adeje han firmado un convenio de colaboración para la gestión de los procesos de contratación.

Las energías renovables cerraron 2020 con una cuota del 44% del total de generación y en 2021 siguen creciendo, con más de la mitad de la electricidad producida hasta el 23 de junio de origen renovable (51,5%), según los datos del informe ‘Las energías renovables en el sistema eléctrico español 2020’, publicado por Red Eléctrica de España.

Según el informe, el parque de generación con fuentes de energíarenovable en España cerró 2020 con 59.860 megavatios (MW), un 8,7% más que en el año anterior. Así, con un aumento de 4.782 MW, las renovables representaron el 54% del total.

El crecimiento de la potencia instalada, principalmente eólica y solar, junto con el aumento de la producción hidráulica el pasado año, permitió que el 44% del total de la energía generada en España en 2020 fuera verde, con 110.566 gigavatios hora (GWh), un 12,9% más que en el año anterior, marcando así una participación histórica.

Este empuje de las renovables el año pasado hizo que España se colocara en cuarta posición en volumen de generación renovable, con respecto al resto de países europeos. Además, en cuanto a la cuota derenovables respecto a la generación total del país, España se mantiene por encima de la media de los países de su entorno.

Además, este incremento de generación renovable es una tendencia que se mantiene en 2021, donde más de la mitad de la producción nacional se ha realizado con estas tecnologías hasta la fecha actual.

UN 19,5% MÁS DE GENERACIÓN RENOVABLE.

Así, a 23 de junio, el 51,5% de la generación fue de origen renovable, un 19,5% más que en el año anterior. Además, en estos primeros meses del año, las energías verdes han seguido superando marcas.

En mayo, la solar fotovoltaica registró un máximo de producción mensual con 2.377 GWh, y una cuota del 11,6% sobre el conjunto de la generación nacional.

Destacan también registros de máximos diarios, como el 23 de enero, cuando la eólica cubrió el 49,6% del mix, o el 6 de mayo, donde la fotovoltaica, con 91 GWh, aportaba el 13,2%.

En 2017, el grupo Guinot, líder en institutos de belleza en Francia y con centros en muchos países, denunció a L’Oréal. Tras años de pleitos, la batalla judicial se ha inclinado hacia Guinot dejando al descubierto las malas prácticas y el espionaje de L’Oréal, tal y como ha publicado la web MERCA2.

Según la condena, se ha demostrado que la empresa de cosmética francesa había espiado al grupo de institutos de belleza para obtener conocimientos de sus habilidades para captar clientes.

El inicio de la batalla en 2017 fue cuando se denunció por parte de Guinot a L’Oréal por enviar investigadores internos a centros del grupo con el objetivo de conseguir información acerca de su atención y el know-how de los institutos. De esta forma, obstaculizaba su desarrollo y lo hacían sin especificar de dónde venían esos investigadores.

Las investigaciones que han sido llevadas a cabo por las autoridades policiales y judiciales han sido cruciales para que el Tribunal Comercial de París haya sentenciado a L’Oréal por la apropiación de elementos del saber de Guinot. Además, el propio Tribunal, recogido por MERCA2, señala que «L’Oréal utilizó medios desleales para apropiarse de información de un competidor directo».

“L’Oréal ha tomado nota de esta sorprendente sentencia del Tribunal de Comercio de París y revisará la decisión para entender cómo se ha considerado que 8 entrevistas realizadas por un proveedor de servicios externo con esteticistas, habrían permitido a L’Oréal captar el know-how de Guinot”, ha sido el comunicado que la empresa ha emitido. Para ellos, “el tribunal ha considerado que Guinot no ha demostrado su perjuicio y por ello ha rechazado la mayoría de sus alegaciones. Estas, que L’Oréal niega formalmente, forman parte de una multiplicidad de litigios comerciales entre L’Oréal y Guinot”.

En cuanto a la condena, MERCA2 ha podido saber que esta está muy por debajo de lo reclamado por Guinot. Según la sentencia, L’Oréal tiene que pagar a Guinot 370.000 euros, y no los 13,5 millones de euros que había estimado Guinot por daños y perjuicios. Sin embargo, la peor condena es para su prestigio, el cual se ha visto resentido. Además, permite abrir nuevas investigaciones acerca de las malas prácticas de la mayor firma de cosméticos gala.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE ENFRENTA A CAUSAS JUDICIALES

La resolución del caso con Guinot no es la única vez que L’Oréal ha tenido que enfrentarse a causas judiciales. Desde hace un tiempo ha tenido que enfrentarse a procesos en los que ha sido denunciada por espionaje industrial, deudas fiscales o prácticas de cártel, que se han saldado con más de 430 millones en multas.

Tiene multas millonarias en China, Estados Unidos, Francia y España. Las últimas han sido de China, en junio, agosto y septiembre, por vulnerar la ley de publicidad del país. Sus cuantías ascienden a 25.000 euros la primera, la segunda de 26.230 y la tercera de 169.620 euros. Por parte de las autoridades chinas se vio probado que L’Oréal hizo «anuncios engañosos» con respecto a su nueva esencia, al especificar que era posible “mejorar el brillo de la piel en un 38%”.

En el caso de España, L’Oreal tuvo que pagar una multa de 23,2 millones de euros por una investigación al sector de la peluquería profesional iniciada en 2008 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. De hecho, no estuvo sola. La CNMC determinó en 2011 una sanción para siete empresas: L’Oreal España, Productos Cosméticos (Wella), The Colomer Group Spain, Eugen Perma España, Cosmética Cosbar (Montibello), Cosmética Técnica (Lendan) y DSP Haircare Products; y a la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. El total de la multa de la CNMC ascendía a 51 millones de los que casi la mitad, 23,2 correspondían a L’Oreal.

Tras recurrir y llegar al Tribunal Supremo, este sentenció que la multa fuera del 10% de todos los ingresos de la compañía, lo que significaba un montante mucho mayor que los 23,2 millones. Finalmente, esta multa fue pagada 7 años después, en junio de 2018.