Ecologistas en Acción ha insistido este jueves en la propuesta de que se lleve a cabo la renaturalización, rescate y recuperación hídrica de Doñana aprovechando los recursos financieros de los fondos europeos disponibles.

En un comunicado, han indicado que «para que haya agua en Doñana es necesario permitir que funcione el ciclo del agua, establecer límites a las enormes balsas que se están construyendo, a los caños de desecación y al consumo agrícola sin exigencia de control aunque se haga cumpliendo la legalidad».

Así, en la reunión de la Comisión de Trabajo de Aguas del Espacio Natural Doñana de este jueves, dada la falta de agua en las marismas de Doñana evidenciada en los informes que se han realizado, Ecologistas en Acción insiste en la propuesta de que se lleve a cabo la renaturalización, rescate y recuperación hídrica de Doñana aprovechando los recursos financieros de los fondos europeos disponibles.

Para que haya agua en Doñana, es necesario permitir que funcione el ciclo del agua y que cuando llueva se recargue el acuífero, por lo que urge establecer límites a las enormes balsas que se están construyendo, a los caños de desecación y al consumo agrícola «sin exigencia de control y recuperación del agua utilizada, pues, aunque el agua se consuma cumpliendo la legalidad, es ésta la que no está adaptada a la situación de emergencia por el cambio climático.

En concreto, más de 105 hectómetros cúbicos de agua, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, salen del acuífero para el mantenimiento del regadío en Doñana. Esto supone «una bajada de los niveles freáticos preocupante» con una tendencia a la baja que ya se ha extendido hasta los sistemas litorales. De las cinco masas en las que se ha dividido el acuífero, tres siguen en mal estado cuantitativo.

Y el futuro, en tanto se mantenga la demanda actual de consumo de agua o incluso se pretenda incrementar, puede poner «muy difícil y restrictivo el uso del agua», por lo cual es «necesario iniciar medidas con la suficiente antelación», para que en pocos años no se llegue «a un punto de no retorno de la disminución o desaparición de la agricultura por inexistencia de agua, ni en el acuífero, ni en las balsas, ni en los aportes naturales».

La propuesta de Ecologistas en Acción de renaturalización, rescate y recuperación hídrica de Doñana aprovechando los recursos financieros que suponen los fondos europeos disponibles incide especialmente en tres actuaciones «urgentes y prioritarias».

Se trata de «la recuperación del Caño Guadiamar, amputado en las marismas hace 70 años y recuperación del Brazo de la Torre con las actuaciones programadas en Doñana 2005, declaradas de interés general y no ejecutadas, y que de haber sido ejecutadas, Doñana no estaría en la situación límite de colapsar en que se encuentra; así como la recuperación de las cuencas, vertientes, en cantidad y calidad y del estuario del Río Guadalquivir».

Por otro lado, en la reunión se ha acordado realizar unas jornadas técnicas tras el verano para abordar esta situación y buscar propuestas científicas consensuadas, para incorporarlas a ser posible, en el tercer ciclo de la Planificación Hidrológica del Guadalquivir, para «lo que hoy se ha abierto un plazo de información pública de seis meses».

Una mujer peruana sufrió en la noche de San Juan, 23 de junio, una agresión xenófoba en Santiago de Compostela por parte de un padre y sus dos hijos.

De ello ha informado este jueves, en declaraciones a la prensa, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien reprueba este incidente xenófobo «bastante grave», que realizaron presuntamente tres individuos contra una persona de nacionalidad peruana residente en Santiago.

Ahora, se seguirá un procedimiento judicial por unos hechos que ocurrieron en el barrio de Conxo. El regidor explica que será el juez el que determine las responsabilidades que corresponden, si bien hay «hay indicios de una actuación xenófoba» porque «hay frases que se dijeron hacia esa persona».

Precisamente, esta semana una muestra sobre refugiados en la Alameda compostelana sufrió ataques vandálicos. Por todos estos hechos, el alcalde se muestra «preocupado» e «indignado», mientras pide que cualquier persona en Santiago sea «respetada».

DETENCIÓN DE MENOR EN PORTA FAXEIRA

Por otra parte, el Foro Galego de Inmigración denunció «violencia racial» por parte de agentes de la Policía Nacional a un menor en una detención en Santiago de Compostela ocurrida en la tarde del 22 de junio en Porta Faxeira.

A preguntas de los medios sobre esta cuestión, el regidor señala que los partes policiales apuntan a que un coche de la Policía Nacional pasaba por Porta Faxeira cuando alguien le tiró «algo», supuestamente un bote, por lo que los agentes pararon para identificar al autor.

Allí, una persona que estaba sentada en la terraza fue el que señaló al autor del lanzamiento. Según relata Sánchez Bugallo, cuando fueron a identificarlo «se produjo algún tipo de protesta» del joven, que fue identificado y llevado a comisaría.

Subraya que el presunto autor del lanzamiento del objeto al coche de la Policía «ya había sido detenido una semana antes por otro incidente».

Cuestionado sobre la actuación policial en este caso, el alcalde ha asegurado «no tener constancia» de que hubiese un procedimiento violento hacia el joven. «No tengo más información», ha zanjado.

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes ha expresado ante la sociedad española y ante sus representantes políticos su «más absoluta condena y repulsa» ante los «delitos de odio y episodios racistas» acaecidos en los últimos días en la Región de Murcia y otros territorios y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.

«Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia los vecinos y vecinas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos», tal y como ha señalado el Foro en un comunicado.

A su juicio, es trata de «mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón, por el mero hecho de ser inmigrante, o la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos».

Las palabras que han acompañado estos delitos, como «no quiero moros aquí», o «qué haces sentada con estos moros de mierda» o «nos estáis quitando la comida», ponen de relieve según el Foro que «algunos mensajes falsos basados en generalizaciones, prejuicios y estereotipos están calando en la sociedad».

«Es necesario que nos activemos desde todos los ámbitos y a todos los niveles para condenarlos, cuestionarlos y rebatirlos», según el Foro. Frente a estos hechos, cree que «no vale el silencio, ni mirar hacia otro lado».

A su juicio, «no se trata de coexistir, sino de convivir y la convivencia no se improvisa, se planifica y se impulsa con comportamientos, estrategias y políticas de integración decididas y avaladas por todo el espectro político y social».

«Nos equivocamos si consideramos estos actos como hechos puntuales y aislados o fruto de comportamientos de personas enfermas, sin darnos cuenta de que son un claro reflejo de esa tendencia al incremento del racismo, la xenofobia, la discriminación y los delitos de odio que se está produciendo en toda Europa y en España», ha aseverado.

Así lo refleja el informe de la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mostrando preocupación por el incremento del discurso de odio en países como España.

Asimismo, también apunta en esta dirección la investigación sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas, impulsada por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica; o el último Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, del Ministerio del Interior, que muestra un claro incremento de los delitos ocasionados por el racismo y la xenofobia.

Ante estos hechos, el Foro quiere poner de manifiesto que combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación por origen racial o étnico «exige cumplir y hacer cumplir la legislación internacional y nacional antidiscriminatoria existente y ampliarla».

«Debemos apostar por respuestas políticas y sociales claras, concretas y precisas, recuperando la prioridad de las políticas de integración, con la inmediata aprobación de una estrategia nacional de ciudadanía e integración que apueste por la convivencia intercultural en nuestras ciudades y barrios, a la vez que por la gestión positiva de la diversidad», ha aseverado.

En su opinión, es «inaplazable» que la sociedad española en su conjunto «denuncie con todas las herramientas que nos facilita nuestro marco normativo y el estado de derecho, a quienes, desde posicionamientos políticos y sociales de corte racista y xenófobo, están alimentando el odio y generando contextos propicios para que se den hechos tan lamentables como los que estamos denunciando».

El Gobierno español ha reiterado su preocupación por la grave situación que se vive en Nicaragua, donde en las últimas semanas se ha detenido a varios precandidatos presidenciales opositores, al tiempo que está sopesando con sus socios de la UE una posible respuesta ante la ausencia de voluntad de diálogo por parte del presidente Daniel Ortega.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha indicado este jueves que ha venido buscando en las últimas semanas «un diálogo con las autoridades nicaragüenses» de forma «discreta» para revertir la situación, pero ha reconocido que por el momento no ve «progreso en esa dirección».

El Gobierno español seguido de cerca en las últimas semanas la evolución de la situación en Nicaragua, expresando su preocupación por los Derechos Humanos y la campaña de detenciones y hostigamiento contra actores políticos y sociales de la oposición, incluido el arresto de cinco precandidatos a las presidenciales del próximo noviembre, cuya liberación inmediata ha pedido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo importante, ha sostenido González Laya en rueda de prensa con su homóloga de Panamá, Erika Mouynes, es que el Gobierno de Nicaragua «cumpla con los compromisos que ha adquirido con sus propios ciudadanos» incluidos estándares democráticos y respeto de los Derechos Humanos.

Así pues, «de lo que se trata aquí no es de que España le diga a Nicaragua lo que tiene que hacer sino que respete los compromisos que ha adquirido con sus propios ciudadanos», ha recalcado, explicando que en sus esfuerzos de las últimas semanas ha tratado de que «ser reviertan una serie de medidas que atentan» contra los derechos de los nicaragüenses y su capacidad de ser actores políticos.

Por ello, ha añadido, «España junto con el resto de estados miembro de la UE está considerando cuáles tienen que ser los próximos pasos» porque «nos preocupa la ciudadanía nicaragüense y se estén pisoteando sus derechos». De ahí el que en las próximas semanas se puedan «adoptar medidas que nos ayuden a defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas nicaragüenses», ha adelantado.

NICARAGUA MERECE ELECCIONES LIBRES

Por su parte, la ministra panameña ha defendido que «el pueblo nicaragüense se merece elecciones libres, justas, creíbles, transparentes y toda la comunidad internacional tiene que estar siguiendo de cerca, involucrándose, para ayudarles a salir.

En este sentido, ha advertido de que lo que está pasando en Nicaragua lo que hace es «poner a prueba una vez más a la comunidad internacional«. «Nos pasó con Venezuela y ahora nos está pasando con Nicaragua», ha incidido Mouynes. «Depende ahora de todos nosotros que podamos responder a la altura y buscar una solución real y efectiva en el corto plazo».

Esta misma semana, los gobiernos de México, Costa Rica y Argentina han decidido llamar a consultas a sus embajadores en Nicaragua ante el deterioro de la situación en el país, donde en 2018 ya se vivieron manifestaciones contra el Gobierno que fueron duramente reprimidas y se saldaron con más de 300 muertos y miles de detenidos. Sin embargo, ninguna de las dos ministras ha querido pronunciarse sobre si España y Panamá podrían seguir los pasos de estos países.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha aclarado que la Santa Sede «de ningún modo» ha pedido que se «bloquee» la ley del Gobierno italiano contra la homofobia y transfobia, y que lo que pretendían con la nota verbal entregada ante la embajada de Italia era advertir sobre la «vaguedad» del concepto «discriminación» en el texto legislativo.

«De ningún modo se ha pedido que se bloquee la ley. Estamos en contra de cualquier actitud o gesto de intolerancia u odio hacia las personas por su orientación sexual, así como por su etnia o sus creencias. Nuestra preocupación concierne a los problemas interpretativos que podrían surgir si se adoptara un texto con contenidos vagos e inciertos, lo que terminaría en la definición de qué es delito y qué no lo es», ha explicado Parolin en una entrevista con el portal de noticias del Vaticano Vatican News.

Según precisa Parolin, «el concepto de discriminación sigue siendo de contenido demasiado vago» y, a falta de una especificación adecuada, consideran que se corre el riesgo de «hacer punible cualquier posible distinción entre hombre y mujer, con consecuencias que pueden resultar paradójicas».

Por ello, con la entrega de la nota verbal, Parolin explica que quisieron hacer una «intervención preventiva» para «presentar los problemas antes de que sea demasiado tarde». «Una intervención posterior, es decir, una vez aprobada la ley, habría sido tardía. La Santa Sede podría haber sido acusada de silencio culpable», advierte.

En todo caso, Parolin se defiende de las críticas y asegura que «no fue una intromisión» ya que el Estado italiano es laico y la nota verbal es «el medio adecuado de diálogo en las relaciones internacionales».

«Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Draghi sobre el carácter secular del Estado y sobre la soberanía del Parlamento italiano. Por ello, se eligió el instrumento de la Nota Verbal», precisa Parolin.

Asimismo, aprecia el llamamiento hecho por el primer ministro italiano a respetar los principios constitucionales y los compromisos internacionales. En este contexto, le recuerda que «hay un principio fundamental: ‘Pacta sunt servanda’ (lo pactado obliga)».

«Con la Nota Verbal nos limitamos a recordar el texto de las principales disposiciones del Acuerdo con el Estado italiano, que podrían verse afectadas. Lo hicimos en una relación de colaboración leal y me atrevería a decir de la amistad que ha caracterizado y caracteriza nuestras relaciones», afirma el secretario de Estado del Vaticano.

Preguntado por el motivo por el cual intervino la Santa Sede y no la Conferencia Episcopal Italiana, Parolin señala que los obispos italianos han hecho «todo lo posible para plantear objeciones al proyecto de ley» y que el Vaticano se ha sumado con su nota verbal a la petición de cambios en el texto. «Discutir siempre es lícito», zanja.

El papa Francisco ha recibido la medalla del Centenario de la Agrupación de Cofradías en el Vaticano con motivo de una visita privada para la organización y divulgación del Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que se celebrará en septiembre en Málaga.

La directora del comité científico del congreso, Paloma Saborido, ha viajado hasta Roma para trabajar en diversos aspectos organizativos y técnicos del congreso. Durante la audiencia general del Santo Padre, Saborido ha podido entregar una reproducción al óleo del cartel conmemorativo del Centenario, un dossier informativo sobre el congreso sobre la religiosidad popular y la medalla conmemorativa de los cien años de la Agrupación de Cofradías.

Según la Agrupación de Cofradías, el papa Francisco ha preguntado sobre el congreso, sus fechas y ponentes, recibiendo algunas peticiones al respecto del mismo que seguro serán atendidas. Seguidamente recibió la reproducción del cartel conmemorativo del Centenario, interesándose por su autor, Raúl Berzosa, destacando «Figura central de Cristo Resucitado y su madre; no hay mejor imagen para celebrar cien años».

Llegar a los frutos espirituales que tenemos como objetivo para el Congreso Internacional ha sido por lo que el Papa Francisco ha bendecido el cuadro, los presentes y a la propia Paloma Saborido para trasladarlo al resto de organizadores del mismo», han precisado.

También se comprometió a leer e informarse al respecto de esta iniciativa que es el congreso «y que con tan buena acogida se ha recibido por parte del obispo de Roma».

Esta entrega es la segunda en la que la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga entrega al Papa la medalla de oro conmemorativo por el aniversario de la Agrupación como sucediera el 14 de septiembre de 1987 de la mano del que fuera presidente de la Agrupación, Francisco Toledo; y el entonces obispo de la Diócesis, Ramón Buxarrais.

EL CONGRESO EN EL VATICANO

El viaje a la Santa Sede ha servido, además, para trabajar en la preparación del IV Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre en Málaga.

La directora científica del congreso se ha entrevistado con el subsecretario del Pontificio Consejo de Cultura del Vaticano, monseñor Melchor Sánchez de Toca; que será ponente durante el congreso y ha incidido de la especial trascendencia del movimiento cofrade a nivel cultural y social.

Estos fueron los motivos por los cuales la institución ha patrocinado en todo momento el congreso al ser «de un alto nivel intelectual». Sánchez de Toca hizo hincapié en el «necesario respaldo que actualmente deben tener movimientos como los cofrades».

Saborido posteriormente asistió al Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización en el Vaticano; institución responsable de la misión evangelizadora de las Hermandades y Cofradías. Recibida en audiencia privada por su presidente, Monseñor Rino Fisichella, el arzobispo y teólogo ha confirmado su asistencia al Congreso Internacional para su inauguración, así como a la jornada siguiente.

«En palabras de Fisichella, el de los cofrades en uno de los movimientos más grandes dentro de la Iglesia Católica en el mundo y ha reconocido la importancia de realizar actividades como la del congreso para realzar los movimientos de religiosidad popular», han añadido desde la Agrupación.

El presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización ha recibido la medalla conmemorativa del Centenario y ha felicitado a los organizadores del Congreso por la altura de los ponentes y le temática de la programación que se tratará.

Saborido ha realizado un circuito entrevistándose con diversas instituciones clave en el desarrollo del congreso y ha percibido «el gran interés que ha despertado en la Santa Sede», de hecho, ha sido entrevistada por Vatican News, el medio oficial del Vaticano, donde ha desarrollado informativamente las claves de este congreso que se celebrará en Málaga.

Esta jornada de trabajo ha contado con la gestión, participación y ayuda inestimable del Oficial de la Santa Sede en el Dicasterio de Liturgia y ponente en el Congreso Internacional, el sacerdote rondeño Salvador Aguilera.

El Gobierno español no baraja por el momento modificar su decisión de permitir que ciudadanos de Reino Unido puedan realizar viajes no esenciales a España pese a que otros países europeos mantienen en vigor restricciones debido a la propagación en este país de la variante delta de la COVID-19.

Así lo ha señalado este jueves la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya. «Nosotros de momento mantenemos nuestras medidas que permiten a los ciudadanos británicos entrar en nuestro territorio», ha señalado en rueda de prensa junto a su homóloga de Panamá, Erika Mouynes.

No obstante, ha aclarado que el Gobierno continuará «monitorizando la situación, como lo hacemos con cada país de la Unión Europea o países terceros a medida que evoluciona la pandemia».

Desde el pasado 24 de mayo, España permite los viajes no esenciales de los ciudadanos de un conjunto de países que se considera seguros por la baja incidencia de la COVID-19 en sus territorios y lo avanzado de su campaña de vacunación.

Precisamente ese listado ha sido actualizado este mismo jueves tras su publicación en el BOE. Así, son ya quince los países beneficiarios –Albania, Australia, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Ruanda, Serbia, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos y China–, además de Hong Kong, Macao y Taiwán.

Por otra parte, González Laya ha recalcado que «corresponde al Gobierno británico decir cuáles son las reglas para sus ciudadanos», después de que Londres decidiera hace dos semanas mantener a España en ‘ámbar’ en su particular semáforo, lo que obliga a quienes viajen a territorio español a guardar cuarentena a su regreso.

En este sentido, ha indicado que al igual que se ha venido haciendo en los últimos meses el Gobierno seguirá «compartiendo con las autoridades británicas información relativa a la incidencia del virus y a las variantes presentes» con vistas a «facilitarles una decisión».

Desde el Ejecutivo, y también desde algunas comunidades autónomas como Canarias o Baleares, se ha venido reclamando al Gobierno británico que se distinga por regiones y no se use la media de incidencia del virus a nivel nacional a la hora de revisar las medidas que se adoptan respecto a la movilidad de los ciudadanos británicos.

Por otra parte, fuentes oficiales estadounidenses han señalado este jueves que por el momento la Administración de Joe Biden no prevé permitir la entrada en Estados Unidos de españoles que hayan sido vacunados.

Aunque las fuentes han celebrado que a los estadounidenses con la pauta completa se les permita viajar a España, han descartado que pueda haber una medida de reciprocidad, al menos en las próximas semanas.

L’Oréal ha anunciado la producción del primer envase de plástico para cosmética totalmente reciclado gracias a la tecnología de reciclaje enzimático de la empresa Carbios, que estará disponible para su comercialización en 2025, de manos de Biotherm, pionera en la cosmética eco-responsable.

La marca se convertirá así en la primera del Grupo en comercializar un producto con esta innovadora tecnología cuya ventaja reside en que permite procesar todo tipo de plástico PET –opaco, translúcido, oscuro, tintado, multicapa– y reciclarlo hasta el infinito, como alternativa al reciclaje mecánico, como señala en un comunicado.

L’Oréal lleva desde 2017 trabajando con Carbios, pionera en el desarrollo de procesos biotecnológicos para el reciclaje de plásticos PET, para lograr este desarrollo. Para ello, L’Oréal creó un consorcio la empresa para industrializar su tecnología, al que se unieron Nestlé Waters, PepsiCo y Suntory Beverage & Food Europe. Desde 2019, L’Oréal ha tomado una participación en Carbios a través de su fondo de capital privado BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development.

«Nos entusiasma poder crear, con nuestros socios, el envase del futuro. Se trata de una innovación prometedora para el futuro que ilustra nuestro compromiso de llevar al mercado envases más respetuosos con el planeta y que forma parte de un enfoque de circularidad en el que llevamos trabajando más de 15 años», ha afirmado Jacques Playe, director de envasado y desarrollo de L’Oréal.

Por su parte Giulio Bergamaschi, director general internacional de Biotherm, ha destacado que la marca «es pionera en la cosmética eco-responsable que ha puesto tanto el packaging sostenible como el desperdicio del agua en el centro de su estrategia. Estamos muy satisfechos de ser la primera marca de belleza en producir una botella totalmente reciclada gracias a la tecnología innovadora de Carbios».

La iniciativa se enmarca en ‘L’Oréal For The Future’, el programa de sostenibilidad del Grupo para 2030, que da paso a una profunda transformación de sus actividades para lograr nuevos y ambiciosos objetivos.

Así, contempla que para 2025, el 100% de los envases de plástico serán rellenables, reutilizables, reciclables o transformables en compost; para 2030, el 100% de plásticos utilizados en sus envases procederán de fuentes recicladas o de base biológica (llegando al 50% en 2025) y para 2030, el 100% de ingredientes de base biológica para fórmulas y materiales de envasado serán trazables y procederán de fuentes sostenibles, y ninguno de ellos estará vinculado a la deforestación.

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha trasladado este jueves al presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, la voluntad de «colaboración» de los socialistas con los ‘populares’, que son el primer y el segundo partido con más representación en el Parlamento regional, en torno a asuntos como la gestión de los fondos europeos de recuperación, la financiación autonómica y local y la nueva Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que el Gobierno andaluz ha remitido al Parlamento por segunda vez para su toma en consideración.

Así lo ha explicado el candidato socialista en una rueda de prensa en el Parlamento para informar del resultado de su reunión con Juanma Moreno, la primera que mantiene con el presidente de la Junta tras su victoria en las primarias del PSOE-A del pasado 13 de junio, y que el representante socialista ha calificado de «cordial» y que ha agradecido al presidente por la celeridad con la que se la ha concedido.

Juan Espadas ha comentado que en dicho encuentro han estado hablando de «la coyuntura política en relación a dos cuestiones» que le «preocupan» a él y cree que también a Moreno, y en los que entiende que PSOE-A y PP-A deben «colaborar» desde el punto de vista de «la mayor estabilidad institucional y capacidad de gobierno para la recuperación económica que necesita Andalucía», y teniendo presentes los «indicadores económicos que estamos conociendo y que prevén una evolución positiva del PIB».

Así, ha aludido, por un lado, a la gestión de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia que van a llegar «de manera inmediata», y sobre los que Espadas ha insistido en su idea de que las entidades locales «deben colaborar y participar de manera estrecha» y tener «un papel protagonista», al igual que las comunidades autónomas, algo en lo que, según ha abundado, coincide con Moreno y con el presidente del Comité Europeo de las Regiones, que estuvo este pasado miércoles en Sevilla.

Espadas ha subrayado que «queda un trabajo arduo para definir prioridades» sobre dichos fondos europeos que, según ha defendido, son una «gran oportunidad para avanzar en la segunda descentralización, la local».

En este sentido, ha avanzado que en los próximos días trasladará al presidente andaluz una hoja de ruta para «articular esa colaboración junto con ayuntamientos y diputaciones, para que tengan voz y puedan decidir en comisiones técnicas de trabajo» junto con la Junta, según ha continuado Espadas, que ha destacado que, en digitalización, «cómo repartir los fondos puede ser fundamental por ejemplo para evitar la despoblación».

De igual modo, Espadas ha trasladado a Moreno que su reivindicación respecto la financiación autonómica «debe llevar aparejada la de la financiación local», y que «Andalucía tiene una oportunidad que espero que seamos capaces de aprovechar para que PSOE y PP seamos capaces de dar un ejemplo de acuerdo a nivel regional sobre cómo integrar la voluntad de un gobierno autonómico con la de la administración local para la mayor eficacia de la recuperación económica, la gestión de la financiación europea y el avance para resolver las asignaturas pendientes en la financiación autonómica y local».

NUEVA LEY DEL SUELO

Sobre la nueva Ley del Suelo en la que trabaja el Gobierno andaluz, Espadas ha trasladado al presidente de la Junta la «disponibilidad» del Grupo Socialista «para sentarnos a ver si en el proyecto de ley pudiéramos estar de acuerdo».

«El PSOE se va a sentar a buscar acuerdos cuando vea voluntad de diálogo», ha precisado Espadas, que ha apostillado que «el escenario que estamos viviendo hasta ahora es que el PP se ha apoyado en Vox para alcanzar sus acuerdos».

Espadas ha insistido en señalar que está a favor de la «agilización y simplificación de trámites» urbanísticos que se hacen «eternos», si bien el Grupo Socialista analizará en profundidad lo que afecta a cuestiones como la sostenibilidad o los suelos protegidos.

«O ACORDAR CON VOX O DIALOGAR CON EL PSOE-A»

El candidato socialista ha anunciado que si el Gobierno de la Junta «me comunica su disposición a sentarnos no presentaremos una enmienda a la totalidad» de dicho proyecto de ley, por lo que ha señalado que el Ejecutivo de Moreno «tiene que decidir si acordar con Vox o abrir un diálogo con el PSOE».

«Mi objetivo e interlocución es con el PP, porque es un texto del Gobierno, y si hay disposición a acordar» por parte de la Junta «es porque no hay acuerdo con Vox», ha razonado Espadas, que ha apostado por comenzar una «etapa nueva donde hay espacios y voluntad política para el acuerdo», sobre todo teniendo en cuenta que «lo que interesa a Andalucía es dar ejemplo de acuerdo en beneficio de los andaluces, más allá del corto plazo que es la tónica de este Parlamento», según ha argumentado el socialista.

Juan Espadas, a preguntas de los periodistas, ha comentado que, en lo que va de legislatura, lo que ha venido observando desde fuera de la Cámara es que «no había interés por parte del Gobierno andaluz en buscar espacios de diálogo con el PSOE», y ha defendido que, por ejemplo, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, trasladó a la Junta la «disposición» del Grupo Socialista a «sentarse a negociar el Presupuesto» andaluz de 2021, pero «el PP eligió pactar con Vox».

En todo caso, Espadas ha señalado que ahora «empezamos de cero» porque él es «una persona distinta» que abre una nueva etapa, y ha defendido que «el diálogo, para que sea sincero y constructivo, debe empezar sin condiciones». En esa línea, ha expresado su deseo de que «los interlocutores que se sienten» próximamente entre PSOE-A y PP-A «lo hagan con la misma voluntad» con la que el presidente de la Junta y él se han sentado este jueves.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha afirmado este jueves que no retirará la polémica ley que discrimina al colectivo LGTBIQ y ha invitado a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE críticos con la medida a leerse el texto porque «no va sobre homosexuales» sino sobre «los derechos de los niños y sus padres».

En declaraciones antes de participar en la cumbre de líderes europeos en Bruselas, el primer ministro húngaro se ha descrito como un «luchador por la libertad» y ha enfatizado que la ley da a los padres la capacidad de «decidir cómo educar sexualmente» a sus hijos y no discrimina a ningún colectivo.

«Soy un luchador por los derechos, fui un luchador por la libertad en el régimen comunista, en el que la homosexualidad fue castigada», ha reivindicado. «Defiendo los derechos de los homosexuales, pero esta ley no es sobre esto, va sobre los derechos de los niños y sus padres», ha añadido.

Preguntado por si retirará dicha normativa, Orban ha contestado que está «anunciada y publicada», dando a entender que no contempla la posibilidad de derogarla. Además, ha acusado a quienes la critican de no haberse leído el texto.

«Siempre es mejor leer primero y reaccionar después, es el orden correcto», ha sentenciado el primer ministro de Hungría, quien ha asegurado que su gobierno ya respondió «inmediatamente» a las criticas y eso incluye la carta en la que 17 jefes de Estado y de Gobierno de la UE llaman a combatir la discriminación hacia el colectivo LGTBIQ, aunque sin mencionar a Hungría.

La controvertida ley fue anunciada como una reforma para reforzar la protección del menor frente a delitos de pedofilia pero incluye medidas que discriminan y estigmatizan al colectivo LQTBIQ, por ejemplo prohibiendo charlas sobre homosexualidad en las escuelas o vetando la difusión en televisión de contenidos que aborden la situación del colectivo LGTBIQ.

La Unión Europea mostró cierta tibieza durante la tramitación de la norma pero el tono fue elevándose desde las capitales cuando el Parlamento húngaro dio luz verde a la reforma –con un solo voto en contra– la semana pasada.

Con la promulgación de la ley por el presidente del país el miércoles, la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, calificó de «vergüenza» esta violación de derechos fundamentales en la UE y anunció que empleará «todos los poderes de la Comisión» Europea para proteger a los europeos, «sean quienes sean y vivan donde vivan».

En este contexto, y a pesar de que el asunto no forma parte de la agenda formal, la preocupación por la deriva autoritaria de Hungría formará parte de las discusiones de los líderes cuando acabe la cena que han previsto para discutir sobre política exterior.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha augurado un debate «franco y firme» entre líderes y ha confiado en que tras la discusión a Veintisiete las instituciones de la UE «pongan en marcha los procedimientos en este caso», sin aclarar si espera que el Ejecutivo comunitario expediente a Hungría o que el Consejo avance en el procedimiento sobre Estado de derecho.

Preguntado por si espera que Orban retire la norma, como han pedido varias delegaciones, Macron ha pedido «prudencia» para no interferir en la soberanía de cada Estado, pero ha dejado claro que considera que la ley tal y como está sobre la mesa no es conforme a los principios de la UE y espera que el Gobierno húngaro decida por sí mismo modificarla.

«Hemos de ser intolerantes con la intolerancia», ha afirmado el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, en declaraciones a la prensa previas a la cumbre en Bruselas. El político liberal, abiertamente homosexual, ha recalcado que para un joven aceptar su condición sexual es «una de las cosas más difíciles» y por ello es «inaceptable» querer censurar la información sobre el colectivo o pretender ligarlo a delitos de pedofilia o pornografía.

El primer ministro de Irlanda, Michael Martin, por su parte, ha considerado que Budapest está «transgrediendo un valor fundamental» de la UE y se ha comprometido a exponer «con firmeza» su opinión ante Orban y reclamar que la UE defienda con rotundidad los derechos de la comunidad LGTBIQ.

«La tolerancia es un valor europeo fundamental. Creo que la tolerancia debe ser expresada a todos los niveles en todos los países», ha apuntado el primer ministro de Letonia, Krisjanis Karins.

También el portugués Antonio Costa ha asegurado que su país tiene una posición clara a favor de la defensa de los derechos fundamentales de todos los europeos y contra la discriminación de los LGTBIQ, si bien ha explicado que no ha firmado la carta de protesta porque debe permanecer neutral mientras ejerza la presidencia de turno de la UE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado mencionar de manera expresa a Hungría siguiendo la línea de la carta de líderes y, en una declaración sin preguntas, ha «reafirmado» el compromiso del Gobierno con «la integración de todas las diversidades y realidades» de la sociedad.

«Vamos a defender siempre en todas las instituciones en las que estemos representados la diversidad no como un freno o un demérito, sino como la fortaleza de una sociedad democrática, libre y en plenitud», ha afirmado.

La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Rusia de Sergei Tarasov, reclamado por un delito de estafa, al considerar que existe un «temor racional y fundado» a que su derecho a un juicio justo sea vulnerado a causa de las «presiones políticas» que podrían sufrir los jueces de su caso debido a «las relaciones de poder» existentes en su país.

Tarasov fue detenido en diciembre de 2020 en Barcelona en virtud de una orden internacional de captura emitida por un juzgado moscovita como presunto miembro de un grupo criminal que entre octubre y noviembre de 2013 falsificó documentos mercantiles para lograr fraudulentamente el control de determinadas sociedades y hacerse con un importante patrimonio inmobiliario.

En la vista de extradición celebrada el pasado 10 de junio en la Audiencia Nacional, Tarasov explicó que su caso adquirió connotaciones políticas cuando se vio implicado Georgi Shuppe, yerno del empresario y opositor ruso Boris Berezovski, el cual fue hallado muerto en 2013 en su casa de Londres, donde vivía asilado. Según contó, tenía miedo a la mafia porque su jefe y su compañero fueron asesinados y él recibió una paliza con un bate de béisbol y fue atacado con un arma de fuego.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha apreciado esta vertiente política de la causa al tener en cuenta dos resoluciones adoptadas por jueces de Reino Unidos e Italia que denegaron también la extradición a Rusia de dos hombres por hechos similares a los atribuidos a Tarasov, uno de ellos Shuppe, cuya entrega fue rechazada por el Tribunal de Magistrados de Westminster.

La Sala, han indicado los magistrados españoles, no puede obviar «la situación de peligro que se crea para el respeto de los derechos fundamentales de la persona reclamada, derivado tanto de las relaciones de poder existentes entre determinados miembros y grupos de poder de Rusia, como de la vulnerabilidad a las posibles presiones políticas de los jueces que hubieran de decidir en el caso, cuestiones ambas que ponen en tensión el derecho a un juicio con todas las garantías».

Los jueces han relacionado este contexto general con las declaraciones realizadas por Tarasov en la vista oral sobre las irregularidades que han rodeado el proceso judicial en Rusia y sobre su situación particular en el seno del mismo, destacando en concreto que expresó su temor a sufrir represalias si regresaba a Rusia.

En este sentido, la defensa denunció que algunos investigados en ese caso una vez en Moscú pasaron a ser testigos protegidos mediante una confesión forzosa. «Existen indicios racionales de que pueda haber sometimiento a torturas con la finalidad de conseguir lo que se pretende», dijo el abogado de Tarasov.

Todo ello –las resoluciones judiciales, la declaración de Tarasov, las «incongruencias procesales» y «la existencia de relaciones que desbordan el marco procesal»– sustentaría «ese temor racional y fundado de vulneración de derechos fundamentales del reclamado en caso de entrega», ha razonado la Sección Tercera.

RECHAZA EL ARGUMENTO DE LA FISCALÍA

De esta forma, se ha desmarcado del criterio de la Fiscalía, que abogaba por enviar a Tarasov a Rusia argumentando que los motivos esgrimidos por los tribunales británico e italiano no son aplicables a este caso porque, «a diferencia de los anteriores, el aquí reclamado ostenta una posición subordinada en el grupo criminal, lo que hace que un presunto interés político en su persona quede difuminado».

La Sala, en cambio, cree que el Ministerio Público no ha valorado «la cuestión que resulta esencial en el fundamento de la denegación de la extradición solicitada de los copartícipes en los hechos, que es la de la tensión que se considera inaceptable por ambos tribunales del derecho fundamental del acusado a un juicio justo».

Este derecho, ha sostenido la Audiencia Nacional, no solo es fundamental en el derecho europeo sino también en el español, recodando en esta línea que «son múltiples los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia extradicional respecto de la obligación de garantía de los tribunales españoles ante eventuales situaciones de riesgo para tales derechos».

INMUEBLES POR 99 MILLONES DE EUROS

De acuerdo con la tesis rusa, el grupo empresarial para el que trabajaría Tarasov se apoderó irregularmente de mercantiles que ostentaban la propiedad de hasta 21 inmuebles valorados en 9.000 millones de rublos, 99 millones de euros al cambio.

Según el escrito de acusación, esto habría sido posible gracias a la intervención de Tarasov, que como empleado del grupo empresarial dirigido por Mineyev A.A. tenía acceso a la documentación de las compañías que lo integraban.

En un proceso de ampliación de las sociedades que poseían dichos inmuebles, se cambió al director general de cada una, con lo que Mineyev A.A. acabó perdiendo su patrimonio inmobiliario. Cuando éste se dio cuenta y quiso emprender acciones legales fue asesinado en enero de 2014.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido finalmente el juicio que tenía fijado para este jueves, contra una persona acusada de maltrato y amenazas continuadas sobre su expareja sentimental, cuya vivienda habría incendiado además provocando daños tasados en 35.820 euros en la misma, extremos por los cuales la Fiscalía reclama 20 años de cárcel para esta persona.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el juicio está previsto contra José Manuel M.E., «también conocido como Rosaura», quien mantuvo una relación durante tres años con Francisco Javier Z.C., siendo vecinos ambos de la misma calle del barrio hispalense de San Jerónimo.

En un contexto en el que la relación entre ambos se había «ido deteriorando», según la Fiscalía, el 6 de agosto de 2018 ambos habrían discutido en la vivienda de Francisco Javier Z.C., donde José Manuel M.E. habría golpeado al primero «con un tubo de PVC en la cabeza», hasta causarle un «traumatismo craneoencefálico con pérdida moderada de conciencia».

MENSAJES «AMENAZANTES»

Igualmente, la Fiscalía expone que entre el 7 de junio y el 21 de agosto de 2018, José Manuel M.E. habría enviado numerosos mensajes de texto y voz vía WhatsApp a Francisco Javier Z.C. y la hermana de este con un contenido presuntamente «amenazante», trasladando por ejemplo la idea de «descoyuntar o decapitar» a Francisco Javier, «meter fuego y derribarlo todo», «acabar» con la vida de uno de ellos o el aviso de que podía «salir ardiendo» la vivienda de Francisco Javier, extremo que causó «miedo y desasosiego» en ambas personas.

«Vas a parecer una antorcha como te prenda fuego. Te van a arder los pelos», habría avisado José Manuel M.E. a Francisco Javier Z.C. por vía WhatsApp.

INCENDIO EN LA VIVIENDA

Finalmente, el 21 de agosto de 2018, José Manuel M.E. habría despistado a Francisco Javier Z.C. para acceder a su vivienda mediante una llave que tenía de la misma. Una vez dentro del piso, según la Fiscalía, «entró en la primera habitación a la izquierda, echó gasolina sobre la ropa de cama y demás efectos y prendió fuego a la habitación», tras lo cual «el incendio estuvo a punto de propagarse a las viviendas colindantes», extremo no sucedido gracias a la intervención de los bomberos.

Las llamas, en cualquier caso, causaron daños en la vivienda tasados en 35.820 euros, apreciando la Fiscalía un presunto delito de maltrato, dos delitos continuados de amenazas y un delito de incendio, con la agravante de parentesco respecto a los delitos de incendio y amenazas, ante lo cual reclama para José Manuel M.E. un total de 20 años de cárcel.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de indultar a los presos del procés para mantenerse en el poder y ha advertido que «los únicos que no han mentido» son, precisamente, los independentistas encarcelados, por lo que se ha mostrado convencido de que «volverán a delinquir» y a tratar de «romper» España.

Al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, preguntado sobre esta decisión y la intención de su partido de recurrirla, el presidente gallego ha advertido que esta ha sido «una mala semana» para el Estado de Derecho, para la democracia española y también para la Constitución.

«No hay grandeza cuando se trata de romper la ley, no hay reconciliación en la rendición del Estado, y no hay ni puede haber perdón en la humillación de las instituciones», ha sentenciado, antes de añadir que, «en todo este carnaval», los «únicos que siempre han contado la verdad son los presos».

«Siempre dijeron lo mismo, que no aceptaban la condena, que no pedirían los indultos, que volverían a delinquir y que seguirían rompiendo la unidad de nuestra nación. Son los únicos que no han mentido, yo les creo, reconozco su credibilidad», ha esgrimido Feijóo, quien ha situado a Sánchez en el otro extremo.

De hecho, ha reprobado que se presentó «dos veces» a las elecciones «mintiendo» al asegurar que «nunca indultaría» a presos sentenciados por el Tribunal Supremo. «Es curioso que en un país sean los presos los que dicen la verdad y el Gobierno el que miente», ha censurado.

«LOS INDULTOS TIENEN QUE VALER PARA ALGO»

En su intervención, en la que no se ha pronunciado expresamente sobre el recurso anunciado por su partido, ha precisado que él no está en contra de los indultos «con carácter general», pero ha advertido que, bajo su punto de vista, tienen que «valer para algo».

Y en el caso catalán, ha remarcado que «para que se reponga la convivencia» tendría que haber «una convivencia de los independentistas con la ley», igual que para que haya «concordia» las dos partes tendrían que estar de acuerdo.

«Nadie está planteando que los independentistas dejen de serlo, solo mantener su ideología y comprometerse a cumplir la ley», ha señalado, pero también ha llamado, al tiempo, a no ser «ingenuos», y ha remarcado que el Ejecutivo de Sánchez no hace «un favor» a los independentistas, sino que impulsa «un autoindulto» con un «clarísimo conflicto de intereses».

En opinión del dirigente gallego, Sánchez «autoindulta su legislatura» usando a los independentistas catalanes «como coartada».

SE INDULTA A POLÍTICOS «CORRUPTOS»

Feijóo ha recalcado que él «cree» a los presos independentistas, porque son «los únicos que no han mentido», convencido de que volverán a delinquir porque «no admiten la legitimidad de los tribunales.

Y ha considerado «especialmente grave» que no se indulten solo «delitos de sedición», sino también de «corrupción y malversación». «Se indulta a unos políticos corruptos sentenciados por el Supremo. Nos hemos equivocado y estos indultos no van a solucionar la convivencia de los catalanes», ha concluido.

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha revelado este jueves que él mismo pidió a Susana Díaz tras las primarias del pasado 13 de junio que «ni renunciara ni dimitiera» de su cargo de secretaria general de la federación socialista andaluza tras su derrota en dicha consulta a la militancia para evitar que se creara una gestora al frente del partido en Andalucía.

Así lo ha indicado el ganador de dichas primarias para elegir el cabeza de cartel del PSOE-A a las próximas elecciones autonómicas, Juan Espadas, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz tras reunirse con el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno.

Juan Espadas ha querido dejar claro que Susana Díaz ha mostrado su «disponibilidad absoluta» tras las primarias para «colaborar» con él en un proceso de transición «ágil» en el PSOE-A, así como que «no hay ningún tipo de bloqueo ni empecinamiento personal en absoluto por parte de la secretaria general, y sí un dialogo fluido, desde la confianza personal y el conocimiento que tenemos ambos desde hace muchos años, para que esto salga muy bien y demos un ejemplo al conjunto de la militancia y la organización».

Al hilo, ha subrayado que, «como tantas veces hemos dicho», al día siguiente de la votación del 13 de junio, y tras conocer el resultado, «cualquier responsable del partido», y de manera especial el ganador de la consulta entre la militancia, «lo que quiere es que la organización vuelva a cohesionarse en torno a un nuevo liderazgo, y que éste sea respaldado si es posible de forma unánime».

NIEGA «INJERENCIAS» DE FERRAZ

El candidato socialista también ha afirmado que «en ningún momento hemos forzado la situación ni ha habido injerencias ni ningún tipo de presión por parte de la Ejecutiva Federal» del PSOE.

«Le pedí a Susana Díaz desde el principio que ni renunciara ni dimitiera de su puesto de secretaria general», porque «creía que era posible que acordáramos una solución a este proceso de transición» y que «no tuviera que constituirse ninguna gestora» que Espadas entendía que «no es la mejor solución para la organización, porque tampoco se justifica si somos capaces, como lo vamos a ser, de llegar a un acuerdo mas satisfactorio para el PSOE de Andalucía», ha añadido el candidato.

Ha apuntado que Susana Díaz «aceptó que así fuese», y «por eso estamos tomándonos unos días, y por eso el proceso en que el que queremos concluir con un acuerdo entre la secretaria general y el candidato en un proceso en el que la decisión se tomará en Andalucía y desde el PSOE-A, y que concluirá con lo mejor para la organización», ha sentenciado Espadas.

Ha insistido en que «la solución y la búsqueda de acuerdo es el objetivo que nos estamos tomando la secretaria general y el candidato, y lo vamos a concluir» con un resultado que «será bueno para el PSOE de Andalucía» y que será «el que se llevará a cabo», según ha subrayado antes de pedir a los medios de comunicación que esperen que «la decisión» la anuncien Susana Díaz y él, y «no ninguna otra fuente no autorizada, ni en otro escenario o marco que no sea el PSOE de Andalucía».

COMUNICADO

Minutos después de su rueda de prensa, y tal como ha avanzado en la misma, se ha difundido un comunicado con el que el propio Espadas ha querido aclarar que «el diálogo con la secretaria general, Susana Díaz, para la adaptación de las estructuras del grupo parlamentario o aquellas cuestiones que afectan a la dirección regional del partido está siendo absolutamente fluido y colaborativo».

Espadas asegura que, «desde el primer día, la secretaria general ha estado a disposición del candidato para todo lo que fuera necesario y en ningún caso se ha producido discrepancia o bloqueo alguno por su parte».

Al mismo tiempo, el candidato socialista subraya en el comunicado que «tampoco ha habido presión alguna por parte de la estructura federal del partido en esta situación».

Espadas reitera además que «él mismo pidió a la secretaria general que no dimitiera de su responsabilidad para evitar la constitución de una gestora que introduciría, a su juicio, una situación que no está justificada en ningún caso ni beneficia a la organización para llevar a cabo el proceso de normalización necesario después de unas primarias».

El candidato socialista insiste en que, «en los próximos días, la secretaria general y él darán cuenta de las decisiones acordadas en este proceso desde la autonomía absoluta de la federación andaluza, y pensando siempre en lo mejor para la organización y para agilizar todo aquello que contribuya a que el resultado de las primarias del 13J se refleje en el día a día de la nueva etapa de dirección política que se abrió para el PSOE-A», concluye el comunicado.