El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, confía en que los jueces sean «razonables» y avalen hoy el toque de queda para 53 municipios de 01.00 a 06.00 horas porque «en una pandemia quien tiene que decidir estas cosas es Sanidad».

«Yo tengo la confianza en que todos tenemos que ser un poco razonables, y me permito decirlo, también del estamento judicial, cuya sentencia siempre he respetado, pero esto es un tema distinto, es un tema sanitario, y ante la sanidad creo que tenemos todos que confiar en quienes saben y proponen medidas», ha valorado Revilla este viernes a preguntas de la prensa.

El presidente cántabro ha señalado que en esos momentos desconoce la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) respecto al toque de queda solicitado por la Consejería de Sanidad, pero espera que hoy salga publicada la resolución.

En este sentido, ha señalado que tiene la «intuición» y la «confianza» de que «todos seamos racionales», aunque «respeta» la decisión de los jueces.

Así, ha insistido en que es «de sentido común» que en una pandemia sean los expertos, que en Cantabria son «extraordinarios», quienes digan «qué hay que hacer».

«Los jueces están ahora en un debate sobre los derechos fundamentales», ha opinado el presidente regional que, aunque ha reconocido que es «muy delicado» restringir movimientos, ha apuntado que cuando los jueces van al Hospital Valdecilla, donde «no llevan toga y van de pacientes», al igual que él se hace «lo que dicen los médicos».

«Yo pediría que se tenga en cuenta que estamos en una pandemia y las resoluciones que se toman son por el interés público de preservar la vida y la salud, no hay otra», ha afirmado Revilla, que ha apuntado que «respeta» las decisiones judiciales pero hay algunas que le «cuesta entenderlas», sobre todo por la «disparidad» de criterios de unos lugares a otros.

En este sentido, ha señalado que le «cuesta entender» que de los once magistrados del Tribunal «seis digan una cosa y cinco otra», en relación a que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma.

En este sentido, ha explicado que entre los que han dicho que el estado de alarma «estaba bien» se encuentra el presidente del TC.

«Es un tema complicado, pero en estos momentos estamos en un brote muy preocupante que afecta a la juventud», ha aseverado Revilla, aunque ha reconocido que «no es lo mismo de grave» que cuando afectaba a las personas mayores que acababan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Asimismo, ha apuntado que se están dado casos de abuelos y padres que están siendo «infectados» por sus nietos e hijos porque «el grado de inmunidad no llega al cien por cien de la vacuna». «Nos estamos encontrando con gente ya en los hospitales y en las UCIs con las dos vacunas», ha dicho Revilla, que ha pedido tener «un poco de cuidado».

De esta forma, el presidente autonómico ha abogado por mantener la economía «en unos niveles razonables para que esto no se pare», pero, al mismo tiempo, manteniendo unas medidas restrictivas porque, ha advertido, este brote si no llega a ocurrir con el 50 por ciento de la gente vacunada y hubiese sucedido hace un año «hubiera sido una catástrofe hospitalaria.

Revilla ha hecho estas declaraciones en la ermita de la Virgen del Carmen de Revilla de Camargo, previamente a asistir a la misa con motivo de dicha festividad que se celebra el 16 de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado hoy desde Soria que se puede discrepar y disentir del fallo del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del primer estado de alarma, porque es algo propio del estado de derecho. Asimismo, ha negando que se estén produciendo ataques desde el Gobierno al alto tribunal.

Grande-Marlaska, que este viernes ha inaugurado la nueva cárcel de Soria, se ha referido así a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que definió como «elucubraciones doctrinales» el fallo del TC que declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma.

«No hay ataques al poder judicial sino «valoraciones dentro de lo que es un Estado de Derecho de separación de poderes y acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional», ha aseverado Grande-Marlaska.

En este sentido, el ministro del Interior ha explicado que se puede «discrepar de la sentencia de una forma razonable, adecuada y desde un punto de vista jurídico» y el fallo «se acata». «Pero se puede disentir» ya que «eso es propio de un estado de derecho».

«El Gobierno actuó en la forma que legalmente se veía que estaba recogida el Estado de Alarma en la Ley Orgánica 4/1981, el confinamiento fue una medida que nadie discutió y en una resolución del propio Tribunal Constitucional de abril de 2020 confirmó», ha explicado el ministro de Interior.

Asimismo, Grande-Marlaska ha subrayado que, en abril de 2020, la medida «no recibió ningún atisbo de que no fuera adecuada» por lo que ha pedido «hacer una mínima reflexión sobre el motivo por el que se ha tardado tanto en dictar una resolución que se ha dado a conocer recientemente».

Grande-Marlaska ha hecho hincapié en que el objetivo del Gobierno «era salvar vidas y eso nadie lo ha discutido» ya que «se salvaron vidas, se evitaron contagios y era la medida adecuada y ni el Tribunal Constitucional en abril dudó de su necesidad»

El magistrado progresista del Tribunal Constitucional (TC) Cándido Conde-Pumpido, uno de los discrepantes con la mayoría de este órgano que declaró el pasado miércoles inconstitucionales algunos aspectos de la primera declaración de estado de alarma por covid, considera que la sentencia «no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma».

Así lo señala en su voto particular, en el que insiste que la resolución no responde a verdaderos criterios jurídicos, «pues utiliza un mero atajo argumental (calificar como suspensión una restricción intensa de un derecho fundamental con una argumentación muy pobre) para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político – en referencia a Vox- que previamente había apoyado expresamente en el debate y votación parlamentaria de la prórroga»

A su juicio esta construcción, «con la falta de certeza que se deriva de la misma, aboca a los poderes públicos a la utilización futura de una herramienta, el estado de excepción, que, sin embargo, conlleva (..) una evidente disminución de las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales».

El argumento de que se suspendieron los derechos de los ciudadanos más que limitarse es para Conde-Pumpido «más propia de un lego que del máximo interprete de la Constitución» y ello «aboca a la arbitrariedad en su aplicación».

En este punto, el magistrado señala que las excepciones al confinamiento eran numerosas, según la propia sentencia, en el caso de la libertad de empresa o escasas en el caso de la libre circulación.

GRANOS DE ARENA EN UN MONTÓN

Así, la construcción de la Sentencia de la que discrepa no da certeza alguna, pues se funda en «la*paradoja de sorites atribuida a Eubulides de Mileto», según cita Conde-Pumido, que demostró la dificultad de determinar cuantos granos de arena hacen un montón.

«Únicamente parece ser instrumental para permitir que este Tribunal tenga una mayor discrecionalidad para considerar que algunas de las medidas en su día adoptadas, si bien pudieron ser correctas para hacer frente a la pandemia, fueron inconstitucionales por el hecho de que el numero de excepciones no fue suficiente para evitar catalogar la restricción como una suspensión que se adoptó sin haber utilizado la herramienta correcta», lamenta en su voto particular.

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha pedido este viernes a los países europeos que expresen una posición «muy clara y firme» en contra del Gobierno del presidente del país, Nicolás Maduro, y, concretamente, a España que lidere «de manera constructiva» el proceso para la «liberación y democratización» de Venezuela, con medidas como la paralización de la extradición ordenada en su contra por las autoridades venezolanas para impedir cualquier gesto de legitimación hacia el mandatario.

En un discurso de marcado cariz internacionalista, López ha denunciado una «nueva ola de persecuciones» del Gobierno venezolano contra la disidencia, traducidas en lo que describió como el «intento de secuestro» ocurrido esta semana contra el líder opositor venezolano Juan Guaidó y la detención del diputado, también miembro de la oposición, Freddy Guevara.

Ambos episodios, a su entender, que se extienden «tanto a los opositores como a sus familias», ponen de manifiesto la necesidad de que la comunidad internacional exhiba un frente unido para respaldar a la disidencia en su camino para garantizar la celebración de unas elecciones «justas, libres y verificables». En particular cuando, según apuntó, en el momento de los hechos se encontraba de visita en Venezuela una misión electoral de la Unión Europea.

«Esperamos que la Unión Europea pueda tomar una posición sobre lo que ocurre porque no se puede ser indiferente a lo que ocurre en Venezuela porque lo que ocurre iba a afectar la seguridad del continente americano», ha explicado López. «Europa tiene una inmensa responsabilidad porque mientras ocurrieron todos estos hechos había una comisión sobre el terreno el país y que se entrevistó con Guaidó y Guevara», ha añadido. «Me parece positivo que lo hayan visto de primera mano», apostilló.

Para el líder opositor, la adopción de una posición sobre Venezuela «ya no es una cuestión de solidaridad sino de responsabilidad», dado que la crisis se ha extendido más allá de los países de la región por la «migración forzosa, corrupción, narcotráfico, grupos criminales y la estructura criminal que sustenta la estructura de Maduro», para convertirse en un caso «que tiene incidencia incluso sobre países fuera del continente».

PIDE A ESPAÑA UN «LIDERAZGO CONSTRUCTIVO»

En lo que respecta a España, López ha dado la bienvenida al nuevo ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares, de quien espera un comportamiento «proactivo» a la hora de desbloquear la crisis al tiempo que ha pedido al Gobierno español que rechace la solicitud de extradición en su contra por incitar, según Caracas, a la violencia en las revueltas de la oposición contra Maduro en el año 2014.

«Conocemos su compromiso con Venezuela, sabemos que conoce muy bien lo que ocurre en nuestro país y esperamos que asuma que España tenga una responsabilidad de liderar de forma constructiva el proceso de liberación y democratización de Venezuela», ha declarado el dirigente opositor.

En términos generales, López ha pedido a España que «lidere de forma constructiva» un proceso que debería culminar en la celebración de «unas elecciones libres, justas y verificables». «Esperamos que España esté en el lado correcto de la historia y creemos que se abre una nueva oportunidad con este nuevo canciller (ministro)», ha añadido.

Al insistir sobre la orden en su contra, López ha avisado de que «el destino de cualquier extraditado es la tortura, el encarcelamiento y quizás la muerte pero, además de eso, sería un regalo al dictador Nicolás Maduro al concederle un ápice de legitimidad», todavía más grave al tratarse de una solicitud «totalmente política» y sin motivo jurídico. Una vez más, López se ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional porque «no hay nada que esconder» y ha apuntado que en ningún momento ha tramitado una solicitud de asilo político a las autoridades españolas.

Por último, López vinculó los acontecimientos en Venezuela con las recientes protestas en Cuba contra las autoridades de la isla, y aprovechó lamentar ciertas y «sorprendentes» declaraciones formuladas por la diputada de Unidas Podemos en el Congreso Aina Vidal, quien rechazaba la existencia de una dictadura cubana. «Cuando se dice que Cuba no es una dictadura, se está relativizando lo que debe ser una democracia. La socialdemocracia tiene un gran desafío: evitar que la extrema izquierda les quite su vocación democrática», ha apostillado.

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado los recurso que Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra presentaron contra las resoluciones de la Administración central por las que se acordó, por un periodo de 60 años, la prorroga a la concesión de Ence.

En concreto, la prórroga, otorgada por el Gobierno del popular Mariano Rajoy, era para la ocupación de una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a esta fábrica de pasta de celulosa Kraft en la franja entre Pontevedra y Marín, en los terrenos de Lourizán.

En la sentencia, con fecha de 15 de julio, la sala considera que la resolución de 20 de enero de 2016 de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la ministra, no justifica, como exige la Ley de Costas, que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación.

Antes de pronunciarse sobre el fondo, la Audiencia da validez al allanamiento de la Abogacía del Estado formalizado en el año 2019.

En cuanto al fondo del asunto, el tribunal explica que en virtud del artículo 32.1 de la Ley de Costas se debe justificar que las instalaciones cuya prorroga se acuerda por su naturaleza no pueden tener otra ubicación.

En el caso concreto, la Audiencia indica que de acuerdo con la prueba pericial practicada se desprende que el agua dulce, en un determinado volumen, es un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo de las plantas de pasta de papel Kraft con blanqueo, como la de Ence Pontevedra, así como la proximidad a recursos hídricos (agua salada o dulce) para la evacuación del vertido, «pero no que dichas plantas por su naturaleza o configuración, tengan que ubicarse en el dominio público marítimo terrestre, que es lo que exige el artículo 32.1 de la Ley de Costas».

Por tanto, añade, pueden situarse en las proximidades, pero fuera de dicho demanio costero, en las proximidades de los ríos o de grandes masas de agua.

CITA OTROS CASOS

La sala cita otros casos como las fábricas de celulosa BHK, como las Torraspapel S.A en Zaragoza y Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A., que se sitúan junto a ríos en los que evacuan el efluente, y también con la fábrica de Ence en Navia, que según los peritos es equiparable con la de Pontevedra, que se sitúa próxima, pero fuera del demanio costero, como se ha acreditado en este procedimiento.

Para el tribunal resulta significativo que Ence «no ha podido aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero, sino solamente la resolución de 21 de marzo de 2013 de otorgamiento de concesión para ocupación del demanio en la margen derecha de la ría de Navia, con destino a vivero de plantas (excluyendo la plantación de Eucaliptos Nitens), no para ocupación de las instalaciones de la fábrica».

La sentencia recuerda que «la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre debe perseguir, ex artículo 2 de la Ley de Costas, entre otros fines el de asegurar su integridad y debida conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias, así como las de garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas, que en el caso de autos, la Orden impugnada ni ha esgrimido ni justificado».

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha avisado a Vox que la zona de bajas emisiones «no es negociable», aunque la condicionen a apoyar la modificación de la ordenanza de Movilidad Sostenible para que salga adelante, y les ha espetado que «a estas alturas no se puede ser negacionista».

«Nosotros estamos en la posición de negociar. Hay cosas que son negociables y cosas que no son negociables. ¿Qué no es negociable? Madrid vo va a ser la primera ciudad de Europa en echar atrás una zona de bajas emisiones», ha sido rotunda Villacís desde la entrega de diplomas del taller dirigido a mujeres víctimas de trata.

Villacís ha recordado que Cs llevaba en el programa electoral de 2019 «no echar atrás la zona de bajas emisiones, mantenerla y mejorarla». El pacto con el PP recoge «muy claro que es mejorarla, no eliminarla».

Incluso ha remarcado que «en el pacto PP-Vox no está siquiera eliminarla» porque hubiese ido contra el firmado con Cs. Tras insistir que no hay vuelta atrás para la zona de bajas emisiones, Villacís ha destacado que, si así ocurriera, sería Madrid «la primera ciudad de Europa» en dar ese paso.

«ABIERTOS A TODOS LOS APOYOS»

La vicealcaldesa es partidaria de hablar con otras formaciones «como Recupera Madrid, Más Madrid y el PSOE» porque los ‘naranja’ se abren «a buscar todos los apoyos» porque «es una ordenanza de Movilidad buena».

«Hemos sido siempre un equipo de Gobierno que se ha caracterizado por abrirse a pactar, no tenemos ningún problema, pero la zona de bajas emisiones no se puede echar atrás», ha reiterado, después de apostillar que las «mejoras introducidas tienen que ver con los comerciantes para que tengan la condición de vecinos y puedan seguir trabajando», algo que ha asegurado «que no tendrá una incidencia significativa» en un mensaje dirigido a Vox.

«NO PODEMOS SER NEGACIONISTAS»

«A estas alturas no podemos ser negacionistas. Estamos viendo las inundaciones en Alemania, ‘Filomena’, suficientes desastres naturales como para que alguien se ponga a cuestionar hoy la evidencia del cambio climático, que es algo superado», ha lanzado Villacís.

Para ella, «no merece la pena volver 20 años atrás y reabrir debates totalmente superados, científica y socialmente». «Este gobierno no es negacionistas y hay cuestiones que no se van a volver a cuestionar. Estamos comprometidos con cuidar el medio ambiente y la salud de los madrileños», ha afirmado.

También ha puntualizado que la zona de bajas emisiones prevista en Plaza Elíptica «tampoco se toca», para recordar que Cs, todavía en la oposición, criticaba al Gobierno de Ahora Madrid «que sólo hablara del centro».

Aún así, el Gobierno municipal quiere sacar la ordenanza en un Pleno extraordinario en julio. «Para eso vamos a poner todos los medios. Siempre hemos destacado por tener capacidad negociadora, como tiene en sí mismo un gobierno de coalición. Si no quedase más remedio sería en septiembre», ha contestado a la prensa.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha defendido este viernes la conveniencia de recorrer el camino de la cohesión territorial de España pese a las «curvas» y el empeño del presidente del PP, Pablo Casado, de «dividir» y «enfrentar a los españoles».

Durante su discurso de clausura del curso de verano Fundación Pablo Iglesias en El Escorial, Lastra ha evidenciado su apoyo a la decisión del Gobierno de conceder los indultos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña, con los que «se abre una nueva etapa de cohesión social y territorial» que, a su juicio, no podrá alcanzarse enfrentando a unos españoles contra otros.

La dirigente socialista ha admitido que «hace semanas» se inició un camino que «no es sencillo», en el que seguramente habrá «muchas curvas» y que será «largo», pero ha apuntado que es «un camino que merece la pena recorrer» y, además, «es el único para llegar al objetivo».

DIÁLOGO Y COOPERACIÓN VS DIVISIÓN Y CONFRONTCIÓN

Lastra ha subrayado que el PSOE apuesta por la política, el diálogo, el acuerdo, la colaboración y la cooperación entre territorios frente a una derecha que sólo propone la «bronca, la «confrontación» y la «división» entre españoles o, lo que es lo mismo, que trabaja «contra» la recuperación de España y a la que no le importa «destrozar» el país.

De hecho, ha denunciado que el PP lleva medio año intentando «boicotear» la acción del Gobierno tratando de que no salgan adelante medidas para atajar la pandemia o de que no lleguen a España los fondos europeos para la recuperación.

En este punto, la también portavoz de los socialistas en el Congreso ha avisado singularmente al presidente del PP, Pablo Casado, de que no se puede construir el futuro de España «dedicando cada minuto» a «sembrar desasosiego y esperanza» y a «boicotear» al Ejecutivo.

OPOSICIÓN SIN SENTIDO Y SIN PROYECTO

Lastra ha subrayado que «la buena política» debe plantearse como un horizonte «compartido», como una herramienta con la que cambiar la realidad que nos rodea, para lamentar que España cuente con una oposición «sin horizonte, sin objetivo, sin sentido y sin proyecto para España».

«Llevamos demasiados años escuchando un discurso antipolítico, neoliberal que casi reduce la política a un lastre, los derechos de los trabajadores a inconveniente y la democracia a un detalle», ha señalado Lastra para añadir que ese discurso «ha caído con la pandemia».

«Porque ¿qué habría sido de los españoles sin el personal de la sanidad pública, sin los profesores de la educación pública, sin los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sin investigadores, sin equipos municipales o sin una ciudadanía consciente como comunidad responsable y unida?», ha planteado.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) relaciona las inundaciones en Alemania y Bélgica, que han causado más de un centenar de muertos, con la situación de cambio climático, y avisa de que las lluvias torrenciales serán cada vez más frecuentes.

«Lo sucedido se alinea con lo previsto en una situación en la que estamos inmersos de cambio climático, en la que fenómenos adversos como lluvias torrenciales serán cada vez más frecuentes e intensos», ha explicado la portavoz de la AEMET, Bea Hervella, tras las inundaciones en Alemania y Bélgica, que han dejado al menos 125 fallecidos y 1.300 personas desaparecidas.

En todo caso, la portavoz de la AEMET ha precisado que «será un estudio de atribución específico de este fenómeno el que determine exactamente qué tanto por cien de ocurrencia del evento se le puede asignar al cambio climático originado por causas antropocéntricas, es decir, por la acción humana».

LA DANA PASÓ POR ESPAÑA Y DESPLOMÓ LAS TEMPERATURAS

Por otro lado, Hervella ha señalado que la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que ha provocado las inundaciones, antes de situarse en el centro de Europa, ya pasó por España hace cinco días y fue la que originó el desplome de las temperaturas.

«Esta DANA, antes de situarse en el centro de Europa, ya nos afectó previamente a nosotros, ayudando a romper el episodio de altas temperaturas en España, empujando la masa de aire cálida africana hacia el Mediterráneo y ocasionando el desplome generalizado de las temperaturas con caídas medias de 10 grados entre las máximas de días consecutivos, hace aproximadamente cinco días», ha detallado la portavoz de la AEMET.

Según ha puntualizado Hervella, lo sucedido en la noche de este pasado 15 de julio en Alemania es debido a una DANA que ha generado «precipitaciones de carácter puntualmente torrencial, acompañadas de abundante aparato eléctrico, traduciéndose en escorrentía, crecidas de ríos y finalmente inundaciones con graves consecuencias, como pérdida de vidas humanas».

El radio de actuación de la DANA, según ha precisado, se ha extendido a Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza, con consecuencias similares.

Además, ha añadido que uno de los factores «significativos» de este evento es el carácter «casi estacionario» de la DANA. «Le ha costado circular, se ha movido muy lentamente por verse estrangulada por dos potentes dorsales que ofrecían resistencia, complicando la situación en las áreas donde llovía sobre mojado», ha explicado.

El secretario regional de organización de Podemos, Ángel Luis Hernández, ha exigido al presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, que los 45 millones que el Gobierno de España envía para educación «se destinen a la contratación de docentes», según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

En este sentido, ha denunciado que, en lugar de centrarse en reducir la ratio para aumentar la seguridad sanitaria de personal y alumnado, la consejera de Educación, Mabel Campuzano, «busca como sortear la ley para financiar centros religiosos que segregan por sexos».

Podemos ha reclamado al ejecutivo regional que «haga algo tan sencillo como destinar el dinero que envían desde el Estado para educación pública a mejorar la educación pública». Hernández, ha considerado que resulta «alarmante» que en la Región de Murcia «se sucedan los anuncios de recortes en la educación pública».

Además, tal y como denuncia Hernández, estos anuncios se están solapando con otros que «buscan sortear la ley para financiar centros privados que segregan por sexos, como es el caso del Nelva y el Monteagudo», que reciben más de cinco millones de dinero público a pesar de que dar dinero público a este tipo de centros está terminantemente prohibido por la LOMLOE.

El secretario de organización de Podemos ha denunciado que «mientras los centros públicos ven cómo deben comenzar el curso con los niños y niñas hacinados con más de 30 alumnos por clase, sin profesorado covid y sin medida de seguridad alguna», la labor de Campuzano está «enfocada hacia imponer un modelo ilegal, de centros religiosos que separan a niños de niñas, vetos parentales, y cheques escolares para pagar la educación privada de los que más tienen con fondos públicos».

Hernández ha reclamado un giro «de 180 grados» que corrija el rumbo antes del inicio de curso, «de forma que se implementen las contrataciones necesarias».

Para el responsable orgánico de Podemos, «la dejadez del Gobierno Regional contrasta también con los esfuerzos que están haciendo otras comunidades». Hernández ha situado como ejemplo a seguir las medidas tomadas por la Comunidad Valenciana, que acaba de anunciar la contratación de 668 nuevos docentes y comenzará el curso con más de 5.000 profesores adicionales, mientras que en la Región de Murcia «se anuncia el despido fulminante de hasta 1.500 docentes, que fueron contratados como refuerzo».

La explicación a tan llamativa diferencia de criterio a la hora de abordar el inicio de curso hay que buscarla, según Hernández, en «la diferencia entre un gobierno progresista con Podemos centrado en reforzar los servicios públicos y un gobierno cuya única prioridad es repartirse los sillones».

Además, el secretario de organización regional de Podemos ha recordado que estos nuevos recortes se suman a una situación lamentable de la educación pública murciana, que fue junto con sanidad la que asumió la mayor parte de los recortes de la crisis de 2012, recortes que nunca se revirtieron, y que ahora se ven agravados, a pesar de una situación sanitaria que recomienda ir por el camino contrario.

«López Miras y Mabel Campuzano aún están a tiempo de rectificar, de dejar de hacer oposición al Gobierno de España y pensar en la educación pública de la Región de Murcia. Deben buscar las medidas e invertir el dinero del Gobierno central para que haya menos alumnos por clase y se contraten más profesores» ha concluido Hernández.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes que el asesinato de una mujer en Roquetas de Mar (Almería), que se produjo a principios de junio, es un nuevo caso de violencia de género, por lo que las víctimas mortales de esta lacra se elevan a 26 en lo que va de 2021.

Esta confirmación se produce el mismo día en el que el presunto asesino de la mujer ha sido detenido por la Policía. Este hombres propinó, según explicaron varios testigos, fuertes golpes a la mujer en la cabeza con una piedra hasta acabar con su vida.

Fuentes de la investigación han informado de que el supuesto homicida mantenía una «relación afectiva» con la víctima y que se trata de un crimen de violencia de género.

De ahí que, ahora, casi dos meses después del suceso, Igualdad haya incluido a esta mujer en las estadísticas sobre esta lacra y que ya suma a 1.104 mujeres asesinadas desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar.

El departamento que dirige Irene Montero ha informado, además, de que existían denuncias previas por violencia de género contra el supuesto agresor de esta mujer, que no tenía hijos menores de edad.

SERVICIOS DISPONIBLES A VÍCTIMAS

Tanto Montero, como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su más absoluta condena y rechazo a este asesinato machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

La ministra y la delegada, han pedido, además, todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

Del mismo modo, han recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016, funcionan con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana y que en el 016 se puede pedir asesoramiento jurídico de 08.00 a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

También señalan que, en una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, en caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha lamentado que «no hay nada que nos indique» que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se vaya a sentar a negociar una ley de pandemias, tal y como propuso el líder del PP, Pablo Casado.

«Porque Pedro Sánchez lleva 16 meses eludiendo su responsabilidad» y «si no lo ha hecho en 16 meses, nada nos indica que lo va a hacer ahora», según López Miras, quien cree que esto «no se puede permitir».

Ha recordado que algunas comunidades plantearon ya hace dos semanas, en el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, que «debíamos tomar decisiones coordinadas para toda España». En cambio, lamenta que la minsitra de Sanidad, «en mitad de una pandemia» dijo que «el Gobierno central no iba a tomar ninguna decisión y que acompañaría las decisiones que tomen las comunidades».

Y claro, las comunidades estamos tomando las decisiones que nos recomiendan nuestros expertos epidemiológicos, y lo que estaos viendo es que estamos al albur de las interpretaciones que hagan los tribunales superiores de justicia en cada comunidad, lo que no es útil, lógico ni es cogobernanaza.

A su juicio, el Gobierno de España «tiene que ejercer una mínima coordinación y establecer un marco normativo que haga que las comunidades solo nos preocupemos por tomar decisiones para frenar los contagios y de contener la pandemia, y no de qué decisiones se van a poder ratificar por la Justicia».

CONGRESO DEL PP DE GALICIA

Al ser preguntado por el congreso autonómico del PP de Galicia, que tiene lugar en Santiago de Compostela, López Miras ha mostrado su esperanza en que «se continúe un proyecto de liderazgo, fuerte, de libertad y de gestión autonómica para hacer más fuerte a España del presidente Alberto Núñez Feijóo, que es un referente, por supuesto, para todos los presidentes autonómicos».

Asimismo, espera que este congreso «marque también otro hito en el fortalecimiento de la estructura del partido y una reorganización que está liderando el secretario general, Teodoro García Egea, y en el que estamos avanzando de los congresos provinciales a los regionales y a las candidaturas de las alcaldías».

Todo ello, ello, para que el PP tenga «la máquina a punto en el momento en el que lleguen esas elecciones, que tienen que hacer que Pablo Casado sea presidente del Gobierno, porque España lo necesita, porque a los españoles les urge y porque estamos en una situación en la que no podemos permitirnos estar más tiempo parados y tener más piedras en la recuperación sanitaria, económica y social».

A su juicio, «la solución se llama Pablo Casado y PP». López Miras cree que este fin de semana se va a ver también «un reflejo del proyecto de Pablo Casado y ese reflejo del proyecto que lidera el presidente nacional del PP de la nueva reunificación del centro-derecha, del cambio de ciclo y de la tendencia imparable que se inició en marzo en Murcia, que pasó el 4 de mayo por Madrid y que terminará con Casado en la Moncloa».

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha afirmado este viernes que, tras el fallo del Tribunal Constitucional por el que declara ilegal el confinamiento impuesto por el Gobierno en la primavera de 2020 para frenar el avance de la covid-19, «sería más difícil todavía» autorizar un toque de queda nocturno en Euskadi en estos momentos, si así se solicitase.

El TC dictaminó este pasado miércoles que el confinamiento domiciliario del estado de alarma impuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para frenar la pandemia del coronavirus fue inconstitucional porque no supuso solo una limitación de derechos fundamentales, sino su suspensión, algo que solo podría realizarse en el marco de un estado de excepción.

En declaraciones, Uriarte ha señalado que la repercusión que puede tener en Euskadi la sentencia, que se está redactando y de la que se dio a conocer el fallo, es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tendría ahora «más difícil todavía» poder conceder un toque de queda nocturno, si el Gobierno Vasco lo reclamara.

En todo caso, el Ejecutivo vasco, para atajar la ola juvenil de la covid-19, está recurriendo a las restricciones que considera que tienen seguridad jurídica. De hecho, cuando en otras comunidades se establecen y piden toques de queda nocturnos, en Euskadi se ha optado, de momento, por cerrar el acceso a parques, jardines o lugares de titularidad municipal desde la medianoche hasta las seis de la mañana con el fin de evitar aglomeraciones y botellones.

MULTAS ILEGALES

El juez decano de Bilbao ha recordado, además, que la decisión del Tribunal Constitucional también implica que las multas impuestas por saltarse el confinamiento domiciliario son «ilegales» y, por lo tanto, las que no se han cobrado hasta el momento, no deberán abonarse.

Aner Uriarte ha precisado que, teniendo en cuenta que las multas «parten de la base de una norma ilegal y no se pueden cobrar», tampoco se pueden seguir tramitando procedimientos para su recaudación.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos ‘populares’, entre los que ha mencionado a Francisco Álvarez Cascos, trataban con donantes de la ‘caja b’ sobre adjudicaciones públicas.

Bárcenas, que ha acudido por su propio pie a la Audiencia Nacional porque en estos días se encuentra disfrutando de un permiso que le mantiene fuera de la madrileña cárcel de Soto del Real, ha comparecido esta vez ante el juez que investiga si las inyecciones de dinero que se hacían a la ‘caja b’ tenían como objetivo lograr adjudicaciones concretas.

Según fuentes jurídicas, el otrora responsable de las finanzas ‘populares’ ha ratificado lo que ya expuso en su última confesión, plasmada en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero, donde dijo que algunas donaciones eran finalistas.

Si bien en esta comparecencia, de apenas una hora, ha ido un paso más allá al asegurar que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos del Partido Popular trataban con empresarios donantes sobre dichas licitaciones.

En concreto, ha recordado un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.

Ese supuesto desencuentro entre Álvarez Cascos y Lapuerta habría sido el punto de inflexión. De acuerdo con Bárcenas, a partir de ese momento todas las gestiones relativas a esa cartera pasaron directamente por el que fuera titular de Fomento entre los años 2000 y 2004.

UNA ESPECIE DE «LOBBY»

El ex tesorero ha manifestado que los pagos a la contabilidad oficiosa tendrían en realidad como principal objetivo tener acceso a los responsables de las administraciones licitadoras.

Ha descrito una dinámica que tendría como primer eslabón a los donantes y a los tesoreros, que se encargarían de recabar el dinero y las pretensiones. Bárcenas se ha referido a este entramado como una suerte de ‘lobby’ en el que tanto él como Lapuerta harían de relaciones públicas. En el siguiente escalón, la maquinaría funcionaría con los ministros de Fomento y Medio Ambiente y con sus secretarios de Estado.

Además, ha diferenciado dos estructuras: una nacional, de la que formarían parte los ministros y las empresas que contactaban con Génova con miras a obtener adjudicaciones estatales, y otra autonómica donde estarían implicados los presidentes de las distintas comunidades.

A este respeto, Bárcenas ha explicado que en el PP habría surgido una disputa intestina entre el partido de Madrid y el nacional por las obras de una carretera ubicada en la zona norte de la región. Lapuerta habría estado, en sus palabras, muy encima de este tema, hablando con María Dolores de Cospedal y otros dirigentes de la formación.

SIN PRUEBAS POR LA ‘KITCHEN’

Interrogado al detalle por las partes –todas menos el PP, a cuyo abogado no ha querido contestar–, Bárcenas no ha sabido precisar quién habría pagado para qué adjudicación. El ex tesorero ha justificado que esos datos estaban en la documentación que le habría robado la ‘Operación Kitchen’.

Esta vez ha culpado al comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo jefe de seguridad de Cospedal, de la desaparición de estas supuestas pruebas sobre la ‘caja b’ a causa del espionaje parapolicial que se habría montado en 2013 en el Ministerio de Interior para encontrar esa documentación comprometedora y evitar así que cayera en manos de la Justicia.

No obstante, sí ha sido capaz de recordar algunas cosas. De este modo, ha declarado que el ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir tenía una relación privilegiada con Lapuerta, a quien entregaría directamente el dinero donado. En cambio, de ACS ha indicado que no fue donante en ningún momento.

Sobre el dueño de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, uno de los condenados por la primera época de ‘Gürtel’, ha aseverado que era un pagador importante con mucho interés por la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Bárcenas ha querido aclarar asimismo que su disposición a colaborar con la Justicia sigue en pie. Otro juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ya le llamó para materializar su ofrecimiento en lo relativo a algunos de los asuntos que investiga: ‘Púnica’ y ‘Kitchen’.

El ex tesorero del PP, ya condenado a 29 años de cárcel por ‘Gürtel’, dio a conocer este relato escrito el mismo día que el juicio por el uso que se le habría dado a la ‘caja b’ del PP para pagar la reforma de la sede ‘popular’ de Génova quedó visto para sentencia. La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión para Bárcenas por este asunto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha inaugurado este viernes el nuevo centro penitenciario de Soria, ubicado en el barrio de las Casas, a siete kilómetros de la ciudad, y que pretende ser una «pequeña ciudad» con una capacidad para 1.300 internos y con unas instalaciones creadas para la reinserción de los presos.

El centro ha contado con una inversión cercana a los cien millones de euros, 91 para construcción, alrededor de cuatro para equipamiento general y 4,5 para otras inversiones.

El traslado de la actual prisión, ubicada en la ciudad y con una capacidad de 271 internos, no tiene fecha concreta ya que se irá realizando de forma progresiva, formando a los funcionarios en las nuevas instalaciones, más mecanizadas que las actuales.

El ministro ha estado acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, la presidenta de Siepse, Mercedes Gallizo, y la nueva responsable de la prisión, Concha Zurdo.

Grande-Marlaska ha señalado que la apertura de la prisión era una «prioridad» por la responsabilidad de «gestionar los recursos de forma eficiente» y porque es un «poderoso instrumento para mejora la calidad de vida y de las personas privadas de libertad».

Además, ha indicado que era «una deuda con Soria», al hilo de lo cual ha destacado la «persistencia» por parte del alcalde de Soria, Carlos Martínez; de la anterior delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y del actual delegado, Javier Izquierdo.

Asimismo, ha lamentado el retraso en la puesta en marcha de la cárcel, pues ya en 2014 se contaban con «estas modernas instalaciones» pensadas «para un presente de dignidad y un futuro de oportunidades» que bebe de la filosofía de los Centros Tipo «pensados hace 26 años para facilitar la transformación penitenciaria con el objetivo de la reinserción».

El centro permite desarrollar el trabajo necesario para devolver a la sociedad mejores personas de lo que eran cuando ingresaron, con un tratamiento que le ayude a recorrer el camino de la reinserción y estos centros está pensado para que se aborden programas de acceso a la educación, cultura, deporte, formación profesional, frente arcaicos modelos», ha explicado el ministro.

Grande-Marlaska ha definido la nueva cárcel de Soria como un «espacio sostenible, respetuoso con el medio ambiente, con un diseño arquitectónico que compagina con un diseño no agresivo con el respeto a los derechos de los internos, nuevos espacios, modernas tecnologías y servicios actualizados».

MÁS DEL 70% DE LOS INTERNOS CON TRABAJO

En este sentido, ha apuntado que estos programas «facilitan el acceso al trabajo productivo en prisión» por lo que a día de hoy 12.000 internos tienen un empleo mientras cumplen condena, de los cerca de 47.000.

En el caso de Soria, en la actual prisión, más del 70 por ciento de la población penada cuenta con un salario mientras que en la nueva prisión se espera que crezca dicha tasa gracias a los talleres y a la colaboración empresarial.

El número de presos llegó en 2011 a su tope con 70.000 internos, pero la reforma del código penal, la expulsión de extranjeros y la bajada de población ha influido en el descenso del número de presos. De ellos, tan solo el 7,4 por ciento son mujeres.

La presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), Mercedes Gallizo, ha señalado que es un día para «cumplir con el compromiso» adquirido hace 13 años cuando se inició el proceso.

«Ha pasado mucho tiempo desde 2008 con muchos avatares, no es momento de reproches sino de alegrarnos de que tenga un final positivo», ha señalado Gallizo, que ha destacado el esfuerzo inversor del Gobierno desde los años 90 en la modernización de las infraestructuras penitenciarias.

El secretario general Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha pedido «dejar atrás el viejo modelo penitenciario y dar la bienvenida a las modernas instalaciones que van a hacer más sencillo el mandato de la reinserción».

Ortiz ha tenido un recuerdo para los profesionales que han prestado servicio en al actual centro en un año difícil, de crisis, en una infraestructura obsoleta y que ahora comenzarán a trasladarse a las nuevas instalaciones, lo que supondrá una «mejora en sus condiciones» y ha destacado la «constancia y perseverancia» del PSOE de Soria «hasta su inauguración».

«Se culmina en España construcción de 26 Centros Tipo, la tercera infraestructura que se abre en los últimos tres años lo que dignifica el trabajo penitenciario y la vida de las personas privadas de libertad», ha matizado el secretario general.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRISIÓN

La prisión cuenta con ocho módulos residenciales, con 72 celdas dobles por módulo, y tres módulos polivalentes, (36 celdas por módulo). En total hay 684 celdas residenciales, y 152 plazas complementarias (32 del módulo de régimen cerrado, 56 de ingresos, salidas y tránsito y 64 de enfermería). La apertura se realizará con dos módulos y en principio no se compartirán celdas.

El nuevo centro penitenciario conserva el esquema urbano organizado por una avenida central alrededor de la cual se desarrollan las actividades de los edificios de oficinas, comunicaciones, enfermería, pabellón deportivo y cultural, cocina, panadería, lavandería y talleres.

Las calles secundarias, transversales a la avenida principal, llevan hacia los ocho módulos de residencia, que son idénticos y cada uno de ellos cuenta con su propio comedor, peluquería y cancha deportiva, y a los tres polivalentes. Cada celda es de 13 metros cuadrados.

El nuevo centro incluye las modificaciones incorporadas a los Centros Tipo como la supresión de la torre de vigilancia, además de caldera de biomasa, centro de formación para funcionarios y más talleres y aulas de formación.

El centro penitenciario cuenta además con 28 locutorios, módulo de enfermería (gimnasio de rehabilitación, odontología, radiología, ginecología, consultas, oftalmología, puesto de observación y sala de curas), cocina, con zona de panadería, lavandería, pabellón deportivo y módulo cultural (sala de exposición, aula de informática, fotografía y audiovisuales, sala de lectura y biblioteca).

Los internos trabajarán en cocina, lavandería, jardinería y hasta realizarán su propio pan. En cuanto al personal, contará con 118 nuevas plazas de funcionarios que se suman a las 133 actuales.

El líder del PP, Pablo Casado, ha rechazado este viernes presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez como planteó Vox tras los indultos a los condenados del ‘procés’ alegando que esa iniciativa solo contribuiría a «aglutinar la mayoría frankenstein» de Pedro Sánchez. Además, ha afeado al partido de Santiago Abascal que llame «cobarde» a su partido por oponerse a esa moción.

«Sobre el tema de la moción de censura, yo lo único que reivindico es que no se puede llamar cobarde a un partido que tiene 24 víctimas del terrorismo por ser del partido», ha proclamado Casado ante las manifestaciones de Vox en una entrevista en esRadio.

Al ser preguntado si el PP va a intentar restaurar lazos con Vox tras la ruptura que se visualizó en octubre del año pasado en el Congreso, Casado ha señalado que él ha escuchado al propio Santiago Abascal decir que «lo de menos es qué pasa entre dos partidos sino cómo conseguir hacer una alternativa ganadora frente al PSOE, que es el peor gobierno de la historia democrática».

AVISA QUE LA FRAGMENTACIÓN «DA MÁS OPORTUNIDADES» A SÁNCHEZ

Tras recalcar que la fragmentación en el espacio electoral del centro-derecha da «más oportunidades» a Sánchez «como se ha visto» hasta ahora, ha asegurado que PP y Vox están «coincidiendo», sin ningún tipo de acuerdo previo, en temas relacionados con la unidad nacional, en la lucha contra la dictadura castrista o cuestiones de política sanitaria.

«Nosotros lo que tenemos que hacer es ganar a Sánchez y para ganarle hay que plantear una alternativa ganadora», ha aseverado, para añadir que eso pasa por «desestrañar» los pasos «lesivos» que está dando este Gobierno.

El jefe del primer partido de la oposición ha insistido en que «hay que ganar» al Gobierno de Sánchez y ha destacado que en Andalucía las encuestas ya sitúan al PP «cerca de la mayoría absoluta» y en Madrid Isabel Díaz Ayuso «sacó más escaños que toda la izquierda junta».

A su entender, «lo importante» es que cuando haya generales tengan un resultado electoral que les permita llegar a Moncloa y «gobernar para un programa que será muy duro» ante la «ruina económica» que, a su juicio, está dejando el Gobierno de Sánchez con «dos millones de familias en las colas del hambre y cinco millones de desempleados».

«CADA UNO TIENE SU ESTRATEGIA»

«Tenemos que estar a lo importante, que es sacar a este Gobierno cuanto antes y ganarle en las urnas. No nos vamos a poner a hacer maniobras parlamentarias que sería aglutinar otra vez su mayoría Frankenstein», ha aseverado, descartando así la moción de censura que plantea Vox.

Casado ha afirmado que «no es una cuestión personal» con Abascal sino que son dos partidos con un objetivo en el que «sí están de acuerdo»: «intentar que este Gobierno dure lo menos posible». «Cada uno tiene su estrategia. Yo no puedo juzgar lo que hace Vox y Vox tampoco juzga en lo que hace el PP», ha indicado.

Además, ha presumido de equipo y ha asegurado que el Gobierno «en la sombra» del PP es el de ciudades como Madrid o Zaragoza y los gobiernos autonómicos. «Hay una nueva generación en el PP que reivindica lo bueno de Aznar y Rajoy, pero también sabe gestionar como ya se está haciendo», ha subrayado.

Casadoo ha indicado que si llega a Moncloa será «cogerá el toro por los cuernos» y hará reformas porque, a su entender, se encontrará con un país «fracturado en lo económico, en los territorial y a nivel generacional».

En este punto, el líder del PP ha señalado que el partido está trabajando con más de 400 personas de la sociedad civil para preparar la Convención Nacional que celebrarán en octubre en Valencia y en la que presentarán su alternativa.

La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión a un hacker ruso que estafó más de cuatro millones de euros a bancos mediante la utilización de un programa con el que infectó los ordenadores de entidades bancarias en Taiwán, Bielorrusia o Azerbaiyán desde su casa de Alicante.

En una sentencia, la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha fijado para Denis Tokarenco, de 39 años, los delitos continuados de estafa informática con la atenuante muy cualificada de confesión, integración en grupo criminal, falsedad en documento público y blanqueo de capitales. Adicionalmente, Tokarenco tendrá que abonar una multa de seis millones de euros tras el fallo y no podrá ejercer su derecho al voto mientras se alargue la condena.

De igual forma, el tribunal ha condenado a su mujer, Yuliia Hlushenkova, a seis meses de cárcel y una multa de 300.000 euros como autora de un delito de blanqueo de capitales. Además, sobre ella han recaído cincuenta días de responsabilidad penal subsidiaria en caso del impago y la inhabilitación especial para el sufragio durante la pena.

El origen de este procedimiento, como señala el alto tribunal en la sentencia, es una comunicación por parte de las autoridades de Bélgica, que alertaron sobre la existencia de una organización dedicada a la extracción fraudulenta de dinero en entidades bancarias en distintos países.

La Sala considera acreditado que el ciudadano ruso, que se hacía llamar Denis Katana en su pasaporte falso, era el principal artífice de un sistema, denominado Cobalt, que consistía en el envío de malwares –programas informáticos maliciosos– a los trabajadores de los bancos. Tokarenco habría actuado desde España y colaboraba con otras tres personas que se encontraban fuera del país, pero cuya verdadera identidad no se ha podido determinar.

CONTROLABAN LOS CAJEROS PARA QUE EXPULSARAN DINERO A SU ANTOJO

De esta forma, y simulando que los correos electrónicos procedían de empresas legales con las que las entidades trabajaban, los integrantes de la organización conseguían acceder al sistema informático de los bancos toda vez los empleados abrían el correo.

Una vez dentro, el programa les confería el control total de las cuentas bancarias y de los cajeros automáticos de forma remota, modificando el límite de disponibilidad de algunas cuentas y pudiendo extraer dinero con un procedimiento muy concreto.

Los hackers enviaban órdenes a determinados cajeros para que estos expulsasen el dinero a una hora que ellos mismos fijaban. Eran las ‘mulas’ las que se encargaban de su recogida utilizando tarjetas asociadas a los bancos en cuestión. Una vez se hacían con el montante total, éste era repartido en las cantidades que previamente habían convenido.

El primer golpe de Tokarenco con este procedimiento llegó en Taiwan. El informático ruso, junto con otras personas, logró acceder al Banco First Commercial Bank del país asiático. En tan solo dos días, el 9 y el 10 de julio de 2016, consiguieron extraer hasta 2.275.425,94 de euros, una cantidad que las autoridades consiguieron recuperar prácticamente por completo tras la detención de dos de los responsables.

Una semana más tarde, Tokarenco repitió la operación y consiguió acceder al sistema del Unibank Commercial Bank de Azerbaiyán. Así, y tras dos ataques a la entidad –uno entre el 16 y 18 de julio de 2016, y otro, entre el 1 y el 11 de agosto– logró extraer 732.141 euros.

DOS ATAQUES INFORMÁTICOS FALLIDOS AL SANTANDER Y EL SABADELL

Con el sistema Cobalt en funcionamiento, Tokarenco continuó con sus intervenciones con buenos resultados: obtendría 496.375 euros de la entidad bielorrusa CJSC Alpha Bank, cerca de 800.000 euros del Raiffesisen Bank de Rumanía, 278.285 euros del Nurbbank de Kazakajistán y 25.800 euros más del ATF Bank del mismo país.

Sin embargo, en su ronda por distintas entidades bancarias en todo el mundo, Tokarenco fracasaría en España. Dos de sus ataques informáticos fueron fallidos, concretamente dirigidos al Banco Santander y al Banco Sabadell.

Las ganancias del hacker, generalmente en dinero en efectivo, fueron transformadas principalmente a criptodivisas que luego volvía a transformar en dinero de curso legal, con las que adquirió varias propiedades que puso a nombre de su pareja.

Asimismo, entre los bienes adquiridos por Tokarenco la sentencia enumera un Audi A5, dos BMW X6, otro BMW X5, una moto de agua Yamaha y joyas por valor de 40.071 euros. El importe de los bienes adquiridos por Yuliia con ganancias de las actividad ilícita ascienden a 265.296 euros, mientras que Tokarenco movió en diferentes plataformas de intercambio de criptomonedas más de 2,8 millones de dólares americanos y 567`7814 bitcoins, según la Audiencia.

El juzgado número 8 de A Coruña ha ratificado este viernes la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los tres jóvenes encarcelados la pasada semana por su implicación en el caso Samuel.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado que la jueza titular del número 8, de guardia el sábado 3 de julio, el día que Samuel Luiz murió tras recibir una paliza, ha ratificado las medidas establecidas el pasado viernes por el juzgado número 1, de guardia el citado día en que los detenidos pasaron a disposición judicial.

Los tres encarcelados han llegado al juzgado en un autobús policial pasadas las 9.30 de la mañana de este viernes y, a partir de las 10.30 han comparecido ante la jueza por separado. A la pregunta de la magistrada de si tenían algo que declarar además de lo ya recogido, dos no han querido añadir nada, mientras que uno sí ha agregado algunas palabras a su declaración. Los comentarios realizados durante la vista están también bajo secreto de sumario.

Tras el acto judicial, la magistrada entiende que conviene la ratificación de las medidas ya que «existe riesgo de fuga y posibilidad de alteración o destrucción de pruebas».

Por su parte, Ramón Sierra, abogado de uno de los investigados, ha reiterado la «inocencia» de su defendido, sobre el que pesa, además del delito de homicidio o asesinato aún por determinar, una acusación de apropiación indebida por llevarse, supuestamente, el teléfono del joven que murió golpeado.

«INOCENTE»

El propio joven ha insistido en su inocencia al abandonar las dependencias judiciales. Antes de subir al autobús de la Guardia Civil que los devuelve a prisión, el investigado –acompañado por agentes de policía, esposado y a cara descubierta, al contrario que los otros dos, tapados con una sudadera con capucha–, ha respondido «inocente» a la pregunta de cómo se declaraba lanzada por los medios de comunicación.

Alrededor de las 12,15 horas de la mañana, el autobús policial ha abandonado el juzgado de intrucción número 8 entre una gran expectación mediática y social –jóvenes han grabado la salida para sus redes sociales– y entre gritos de ‘asesinos’ y ‘enseñad la cara’, proferidos por varias mujeres congregadas a las puertas del tribunal.

SUMARIO

Sobre el secreto de sumario y el recurso presentado por la Fiscalía para impedir su levantamiento, Ramón Sierra ha señalado que es «necesario» que se hagan públicas las diligencias para poder «defender a los detenidos con todas las armas».

«Las comparecencias de hoy (por este viernes) estaban para que los detenidos fuesen interrogados, pero si no se levanta el secreto de sumario, es perder el tiempo. No podemos defendernos si no sabemos de lo que se nos acusa», ha indicado el letrado, que ha lamentado además que se pierda el tiempo «tanto para demostrar la inocencia de los inocentes como la culpabilidad de los que sean culpables».

Este viernes tan solo han sido llamados al juzgado los tres hombres detenidos mayores de edad. La cuarta detenida, una mujer de entre 20 y 25 años, que también pasó a disposición judicial el pasado viernes, fue puesta en libertad condicionada a comparecencias regulares en el juzgado. Los otros dos detenidos, menores –uno de ellos con antecedentes penales–, fueron internados en un centro de menores.