Unidas Podemos ha subrayado que el principio de acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones, en virtud del cual se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC, «no es perfecto» pero es «bueno y necesario».

Así lo ha desplegado la portavoz de En Comú Podem y diputada de la formación en el Congreso, Aina Vidal, para subrayar también que «está claro que la presión de Unidas Podemos durante estos últimos meses y años ha logrado modificar la posición inicial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en aspectos clave del acuerdo».

En redes sociales, Vidal ha destacado como principal conquista que los pensionistas «no van a perder poder adquisitivo» al recuperarse el IPC como «única referencia» sin «fórmulas raras y sin sorpresas».

«Las pensiones van a crecer al ritmo del incremento del coste de la vida», ha desgranado para subrayar que se deroga el factor de sostenibilidad, «clasista» y «empobrecedor» que vinculaba la cuantía de las pensiones a la «esperanza de vida» y cuestionaba «fuertemente las pensiones futuras».

ATENTOS PARA QUE NO HAYA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE CÁLCULO DE PENSIONES

También ha valorado que desaparezca cualquier referencia a la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión, una posibilidad que era muy criticada por Unidas Podemos al entender que incumplía el pacto de coalición.

No obstante, ha advertido de que esa referencia sí aparece en el plan de recuperación presentado en la UE y, por tanto, seguirán atentos porque «no quieren ningún gol por la escuadra».

Eso sí, Vidal ha ensalzado que este principio de acuerdo es un «cambio de paradigma» al garantizar el crecimiento de las pensiones frente a las reformas anteriores, que «descansaban en ajustes, recortes y empobrecimiento».

También ha valorado que se acometa el traspaso de los gastos impropios de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado y que la reducción de la brecha de género en materia de pensiones se aborda «con la mejora del acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho y el ya aprobado complemento de reducción de la brecha de género (que sustituye al de maternidad)».

Sobre la modificación de los coeficientes reductores, ha explicado que se penaliza la jubilación anticipada voluntaria pero en un «periodo breve y acotado en el tiempo», dado que se endurecerán los coeficientes reductores a quienes se jubilen 23 o 24 meses antes de la edad de jubilación.

«En la jubilación anticipada voluntaria entre 6 y 22 meses antes de su edad ordinaria, no solo no hay penalización, sino que mejoran los coeficientes correctores actuales», ha apuntado para destacar que se podrá reducir «significativamente la penalización si se retrasa dos meses la jubilación».

También enumera otras medidas positivas como cambios en el régimen de trabajadores autónomos para que coticen de acuerdo a sus ingresos reales y se fija un plazo de tres meses para el desarrollo reglamentario de la cotización de becarios.

AVANCE PARA CUMPLIR EL ACUERDO DE COALICIÓN

Por tanto, ha concluido que este acuerdo supone un avance en el cumplimiento del acuerdo de coalición con el PSOE, concretando los cambios que habíamos logrado introducir en las Recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en octubre de 2020.

Además, ha loado el «trabajo», «presión» y la «propia posición de los sindicatos en la Mesa de Diálogo Social, así como la «fuerza» de los diferentes movimientos y organizaciones de pensionistas, fundamentales para terminar con la reforma del PP.

Sin embargo, la diputada de Unidas Podemos admite que no todo es perfecto y que el Ministerio ha querido incorporar el compromiso de crear un nuevo mecanismo negociado con los agentes sociales, el denominado «factor de equidad intergeneracional» del que no conocen propuesta al respecto.

De esta forma, Vidal ha anticipado que estarán atentos desde Unidas Podemos «para evitar cualquier tentación de recorte de las prestaciones futuras».

«Tengámoslo claro: cualquier mecanismo que se ponga en marcha debe pasar por la incorporación de nuevos ingresos a la caja de la Seguridad Social, no por ajustes por el lado de los gastos», ha enfatizado.

A su vez, detecta que queda pendiente la «integración de lagunas» a efectos del cálculo de la base reguladora, que tiene «un gran impacto en materia de género» y no se aborda el desarrollo del sistema de previsión social complementaria.

PREOCUPANTE QUE NO SE HABLE DE MEJORA DE PENSIONES MÍNIMAS

También ha apreciado como «preocupante» que no se haga mención «en ningún momento» a la mejora de las pensiones mínimas ni de las pensiones no contributivas, algo que será «claramente materia para el segundo acuerdo».

Por tanto, ha reivindicado que hoy existen «más garantías que ayer» para los trabajadores y el sistema público, pero admite que «queda mucho por mejorar y conquistar».

La secretaria de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, ha mostrado el apoyo desde España hacia la transformación digital de África, a través de los objetivos recogidos en el ‘Tercer Plan África’ y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Según ha recogido en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Gallach ha enfatizado en la reunión que ha presidido este lunes que la transformación digital «ha de estar vinculada» al desarrollo inclusivo y sostenible, la lucha contra el cambio climático, el empoderamiento de las mujeres africanas y la creación de empleo para la juventud, entre otros planes incluidos en los ODS de la Agenda 2030.

Además, la secretaria de Asuntos Exteriores ha añadido que estos objetivos «guardan estrecha relación» con las prioridades establecidas por el Foco África 2023, presentado en marzo pasado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el que España se compromete a asociarse con los planes de la Agenda 2063 de la Unión Africana y de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, perteneciendo este programa de acción al ‘Tercer Plan África’.

El encuentro, en el que ha participado el director general de Smart Africa, Lacina Koné, y algunos representantes de la plataforma creada por el Gobierno para la coordinación e intercambio con actores relacionados con el continente africano, Mesa África, se han abordado los retos y las oportunidades que acompañan el proceso de transformación digital en África.

En concreto, Lacina Koné ha explicado que la transformación digital «es una prioridad de la Agenda 2063 de la Unión Africana». Además, ha asegurado que «tiene en cuenta» a las empresas y a las entidades públicas y privadas españolas para que España «acompañe» a los actores africanos en la superación de los desafíos del proceso ‘Tercer Plan África’ y «las oportunidades que abre» este programa.

En el encuentro, celebrado en la galería de arte africano Gazzambo, en Madrid, también se ha presentado el «Fashion Art Africa», un proyecto de arte y moda sostenible del diseñador Manuel Fernández con artistas africanos, que cuenta ya con la participación de dos artistas de Zimbabwe, Lovemore y Evans.

Además, los maniquíes expuestos portaban complementos confeccionados por mujeres africanas víctimas de la trata, gracias a un taller con la APRAMP, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. También la catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, Nuria Lloret, interactuó con la exposición a través de una intervención de música, sonido, luz y realidad virtual, con participación de la cantante Ana María Anguesomo Nzang desde Los Ángeles.

El magistrado titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, Luis Carlos Martín Osante, ha ordenado este lunes, 28 de junio, al Ayuntamiento de la capital aragonesa que retire la «bandera-pancarta» LGTB y Trans colocada esta mañana en el balcón de la Casa Consistorial.

El juez ha dictado esta medida cautelarísima a través de un auto, después de que la Asociación de Abogados Cristianos presentara este mismo lunes un recurso solicitando su retirada, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en una nota de prensa.

El magistrado ha fundamentado su decisión en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, con fecha 26 de mayo de 2020, en la que se dice que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas «la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».

El pasado 25 de mayo, este mismo juez, dictó una sentencia en la que expresó que la colocación de la bandera LGTB en el edificio consistorial de Zaragoza era contraria a Derecho. Dicha sentencia se refería a la actuación municipal llevada a cabo el 26 de junio del año pasado, día en el que, igualmente, se colocó la bandera LGTB.

Aunque la diferencia estriba en que este año el Ayuntamiento haincorporado un texto –‘Zaragoza es Diversidad’– sobre la bandera-pancarta LGTB y Trans, el juez ha considerado que el hecho de añadir un texto a una determinada «bandera», no hace que deje de ser una «bandera» para convertirse en una mera «pancarta».

BANDERA-PANCARTA

El juzgador ha utilizado en el auto la calificación de «bandera-pancarta» y lo ejemplifica en sentido de que cuando se coloca el escudo de Aragón en la bandera de la comunidad autónoma no deja de ser una bandera para convertirse en un escudo, sino que sigue siendo una bandera.

El requerimiento que se formula en el auto no impide que sepuedan colocar textos, siempre y cuando estos no se incluyan en lasbanderas no oficiales.

Aunque el pasado año denegó a la Asociación de Abogados Cristianos la adopción de una medida cautelarísima similar, el magistrado ha explicado este lunes en su auto que este año ha tenido «muy en cuenta» que, una vez dictada sentencia sobre el fondo del asunto, «existe una notoria apariencia de buen derecho de que no es procedente la colocación de banderas no oficiales».

Ahora, y tras decretar la medida cautelarísima, abre un plazo de tres días para que el Ayuntamiento de Zaragoza haga sus alegaciones y poder así analizar finalmente la cuestión de la medida cautelar.

El activista saharaui Fadel Breica comparecerá este martes ante el juez Santiago Pedraz para declarar acerca de las torturas que habría sufrido a manos del Frente Polisario, en el marco de la investigación desarrollada por la Audiencia Nacional sobre su líder, Brahim Ghali, por presuntas violaciones de los Derechos Humanos.

Pedraz citó a Breica y tres testigos –su mujer y otras dos personas que habrían sido detenidas y liberadas a la vez que el activista saharaui y habrían presenciado los abusos denunciados– para que prestarán declaración a partir de las 10.00 horas del 29 de junio, accediendo así a la solicitud formulada por los abogados del querellante, que pedían escucharlo.

Sin embargo, uno de los testigos citados para este martes finalmente no podrá acudir, debido a problemas con la obtención del visado para venir a España, por lo que su declaración se ha pospuesto hasta el 27 de julio, según han informado fuentes jurídicas.

El activista, de nacionalidad española, acusa a Ghali de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia). Según cuenta, al llegar allí agentes del Polisario lo amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

Inicialmente, la querella cayó en manos del juez José De la Mata –ahora en Eurojust–, que decidió archivarla. Pedraz la reactivó el pasado mes de enero acotando que los hechos denunciados podían constituir delitos de detención ilegal y torturas, pero que no encajarían en el de lesa humanidad dado que no se aportaba elemento que supusiera una ataque generalizado a la población civil.

Poco después, el juez de la Audiencia Nacional admitió una segunda querella, firmada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, «especialmente» a los de origen español.

EN PUNTO MUERTO

Estas declaraciones servirán para dar un impulso procesal a la causa, prácticamente paralizada desde que el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) abandonó España en un avión medicalizado rumbo a Argelia horas después de comparecer ante Pedraz por estas querellas.

En su comparecencia del pasado 1 de junio, Ghali negó cualquier implicación en las violaciones de los Derechos Humanos de las que le culpan. Su defensa argumenta que, como ministro de Defensa de la RASD, estuvo dedicado «en exclusiva» a la guerra contra Marruecos, por lo que «era ajeno a cualquier centro de detención», donde habrían ocurrido las torturas.

Además, la defensa de Ghali denuncia que la finalidad de estas querellas es «política», reprochando a las acusaciones que «están utilizando el proceso penal para fines espurios y ajenos a la acción de la Justicia, (…) para evidenciar la oposición frontal del régimen marroquí contra el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática», mediante un ataque «feroz» a su líder.

Ese mismo día, Pedraz rechazó las medidas cautelares solicitadas por los querellantes –prisión provisional y retirada de pasaporte– al considerar que no había indicios de que Ghali hubiera cometido delito alguno. Esa madrugada partió hacia Argelia.

HOSPITALIZADO EN ESPAÑA

Las acusaciones contra el líder del Frente Polisario se reanudaron cuando se supo que Ghali se encontraba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Su traslado desde Argelia, que el Gobierno español tildó de cuestión humanitaria, estuvo en el trasfondo de la crisis diplomática desatada con Marruecos, que se tradujo en un aluvión de llegadas de migrantes, sobre todo menores de edad, a Ceuta.

Por otro lado, un juzgado de instrucción de Logroño ha incoado diligencias contra Ghali tras recibir una denuncia que apunta a que pudo haberse registrado con una identidad falsa a su llegada el 18 de abril. Otro juzgado de la capital riojana ha dado traslado al Ministerio Fiscal de una causa por un presunto delito de terrorismo genérico contra el presidente de la RASD para que informe sobre la posible inhibición a la Audiencia Nacional.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este lunes que «la independencia es más que nunca un deber» con la sociedad catalana, ya que considera que es la única manera de lograr la libertad plena.

Lo ha dicho en su discurso en el Consell Nacional extraordinario de ERC, que se ha celebrado en el Auditori Axa de Barcelona y en el que ha participado por primera vez desde que fue indultado, en el que también han intervenido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la secretaria general, Marta Rovira, desde Ginebra (Suiza), y han asistido los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

«Ahora más que nunca, ante la represión que hemos sufrido y la represión que sufrimos, la independencia es más que nunca un deber, un deber que tenemos con el conjunto de la sociedad porque es la única garantía que tenemos para hacernos definitivamente y veritablemente libres, para construir una sociedad verdadedaderamente justa», ha afirmado.

Junqueras, que ha llegado al Consell Nacional junto a Romeva, Bassa, Forcadell, Aragonès y Vilalta, ha sido recibido con una larga ovación, gritos de ‘Independencia’, se ha ido abrazando y saludando con algunos de los asistentes, y al comenzar su intervención ha dicho que es «un momento largamente esperado durante épocas oscuras».

Ha asegurado que está contento de poder estar fuera de la cárcel pero que es consciente de que falta todavía gente, haciendo especial referencia a Rovira, y ha avisado de que la «represión» todavía no ha terminado.

En este sentido, ha aludido a la causa en el Tribunal de Cuentas, que este martes comunicará a él y decenas de cargos y excargos de la Generalitat fianzas millonarias: «Pero la represión no solo es una decisión concreta, no es solo una cuantía concreta, no es solo una cifra económica, también se debe medir con el sufrimiento que genera en personas que no tienen nada que ver».

«Mañana o en los próximos días, cuando nos embarguen nuestras casas no estarán embargando nuestra casa, estarán embargando la casa de nuestros hijos, donde viven nuestros hijos y ninguna democracia del mundo debería permitirse el lujo de represaliar a los hijos, a aquellos que no tienen ninguna responsabilidad política», ha alertado en referencia a estas fianzas que ordenará el Tribunal de Cuentas.

Además, ha insistido en que «queda mucho camino por recorrer» y que están preparados para hacerlo, por lo que ha subrayado que no dejarán de trabajar para lograr la independencia.

MARTA ROVIRA

En un vídeo grabado desde Ginebra, Marta Rovira ha reiterado que la amnistía es la única solución para resolver el conflicto político porque considera que el Estado «decidió cruzar la línea roja de la represión política y esto difícilmente tiene un paso atrás».

Considera que ahora el independentismo es más fuerte habiendo superado parte de esta «represión» y ha criticado que la causa en el Tribunal de Cuentas hará peligrar el patrimonio familiar y comprometerá el futuro de muchas personas menores de edad.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, el ministro adjunto para Asuntos Europeos de Alemania, Michael Roth, han garantizado este lunes el éxito de la campaña turística en Baleares durante un encuentro que han mantenido en Palma de Mallorca y en el que han asegurado que los turistas alemanes «juegan un papel clave».

Durante el encuentro, han centrado la reunión en la situación balear y han ensalzado su «claro éxito», debido a que es uno de los «escasos» destinos turísticos abiertos del Mediterráneo, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Es por ello que, tanto el responsable alemán como el español, han garantizado el turismo en las islas agradeciendo la colaboración entre las distintas administraciones, tanto europea como nacional y de la «propia sociedad balear a lo largo de los últimos meses».

Asimismo, han hecho referencia al Certificado Digital de la Unión Europea como elemento para recuperar la movilidad junto » a los resultados de la solidaridad europea», una vez «se han asentado» las bases de la campaña de vacunación y los Planes de Recuperación.

Además, sobre las medidas sanitarias de cara al turismo, la cartera que dirige Arancha González Laya ha anunciado «el refuerzo de la seguridad», de manera que ha demandado «pauta completa de vacunación» o «PCR negativa» a los turistas británicos.

Entre otros asuntos, González-Barba y Roth, también han abordado el estado de las negociaciones del Pacto Migración y Asilo europeo, la situación de la Vecindad Sur, la ratificación del acuerdo comercial UE-Mercosur, las relaciones con el Reino Unido y la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En esta línea, han remarcado el «dinamismo» de la relación bilateral entre ambos países y las Islas Baleares, tanto a nivel político como económico.

Durante la estancia en Palma, ambos responsables de asuntos Europeos, también han mantenido una reunión con la presidenta balear, Francina Armengol, y con la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez Grau, en un encuentro en el que han abordado la evolución de la pandemia, tanto en el plano sanitario como económico.

Han hecho especial mención al impacto sobre el sector turístico, «especialmente relevante para las islas», y la «prioridad» que constituye para el Gobierno de Baleares «la promoción de un turismo sostenible y seguro», según recoge el Ministerio. Además, el Govern de les Illes Balears ha expuesto al ministro adjunto su estrategia de islas para la UE, «basada en un dictamen del Comité de las Regiones».

Finalmente, la visita ha concluido con un encuentro con el alcalde de Palma, José Hila, en el que el equipo municipal ha expuesto, ante los responsables de asuntos europeos, los proyectos financiados con fondos europeos que la ciudad está llevando a cabo para afrontar la doble transición ecológica y digital.

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal declarará este martes en calidad de imputada ante el juez que investiga la ‘Operación Kitchen’ para esclarecer si –como sospecha– ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, tuvieron una participación «decisiva» a la hora de captar al chofer de Luis Bárcenas para que espiara al ex tesorero del Partido Popular.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón imputa a Cospedal y su marido presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con el dispositivo parapolicial costeado con fondos reservados que se habría montado en 2013 desde el Ministerio de Interior para espiar a Bárcenas y su familia y evitar que la información comprometedora que tuvieran sobre el PP y sus dirigentes cayera en manos de la Justicia.

El instructor cree que la intervención del matrimonio, a través del que fuera jefe de seguridad de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, pudo ser «decisiva» para que el chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos –también investigado–, accediera a espiar a la familia. Según declaró él mismo en el marco de la pieza secreta vinculada a ‘Kitchen’, aceptó el encargo porque venía de su «admirado» Gómez Gordo, conocido como ‘Andy’ en la trama.

Para el juez, el detonante para la imputación de la pareja han sido las agendas incautadas al ex comisario José Manuel Villarejo en octubre, con notas referidas a los años 2012 y 2014 en las que figuran como MD y COSPE y como ILH. Estos cuadernillos sitúan el nacimiento de la ‘Kitchen’ el 11 de julio de 2013 mediante un apunte relativo a CHISCO –Francisco Martínez– que dice: «Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo».

«Es en este momento cuando se detecta una cadena de anotaciones que permiten interferir la participación de Cospedal y López del Hierro en la captación de Ríos», explicó García Castellón en el auto de imputación. El día 18 de ese mes, junto a las siglas ILH, Villarejo escribió: «Aviso contacto Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo». Y añadió sobre Cospedal: «Varios contactos y posible cita». Meses después, en septiembre, hizo un apunte revelador sobre COSPE: «Control LB».

A esa nota siguen otras en las que se describe a Gómez Gordo como su canal de comunicación con Cospedal. A este respecto, el juez subrayó que el inspector jefe era «una persona cuya trayectoria profesional se había desarrollado en gran medida junto a Cospedal» tanto en Madrid como en Castilla La Mancha. Villarejo plasmó en sus agendas registros como «Aviso copia dada al Andi. Agradeció mensaje, lo transmitirá a COSPE» o «Andi muy contento por los datos que le di para la COSPE».

No obstante, el magistrado observó también cierto «recelo» de Villarejo hacia Gómez Gordo por su «cercanía» a Cospedal. «Aunque COSP le ha dicho que se fíe de mi, como su jefe de seg., le puede decir que está equivocada», reflexiona el comisario. En concreto, al instructor le resultó «sorprendente» un escrito del agente retirado: «Espera recibir instrucción. Para recoger discos y grabaciones. Y todo lo demás».

JOSÉ LUIS ORTIZ

El juez también ha citado por los mismos delitos a López del Hierro y a José Luis Ortiz, ex jefe de Gabinete de Cospedal, que declararán el 30 de junio. Este último deberá aclarar si, como mano derecha de la también ex ministra de Defensa, «recibió alguna copia de manos de Gómez Gordo y, en su caso, si se la facilitó» a su superior, a la que también quiere preguntar sobre este extremo.

Dado que las agendas recogen un periodo temporal amplio, se han encontrado apuntes relativos a la etapa previa al espionaje a Bárcenas, cuando el objetivo era ayudarle. En abril de 2012, constan varias entradas donde junto a ILH se habla de contactos para «salvar al tesorero»: «Charla breve, MD agradeció aviso BARC» o «Alfredo Prada interlocutor de Bárcenas con Interior. Cosp habló con Cosidó (…) del tema», son algunas de las destacadas por García-Castellón.

Y es en esa primera etapa donde la figura de Ortiz se erige como la de un enlace entre Villarejo y el matrimonio Cospedal-López del Hierro. «Aviso de que todo va según lo previsto. Se encarga de transmitirlo a COSPE», comenta el ex comisario citando a ‘Orti’. Esta «dación de cuenta» del policía al jefe de Gabinete de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, valoró García-Castellón en su auto, «carece de toda lógica».

EL ‘PROYECTO SMP’

No obstante, el instructor sigue sin ver nexos entre Cospedal y López del Hierro y el ‘Proyecto SMP’, encomendado a Villarejo como «un proyecto de estrategia jurídica con el objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del SG», sumario ‘Gürtel’. Si en su momento no se apreció «sustrato indiciario suficiente» para hacer tal conexión, las diligencias practicadas desde entonces tampoco han permitido vincular este proyecto al matrimonio, expuso.

Sobre esto, el magistrado comentó que resulta «significativa» la declaración realizada por Bárcenas del pasado 21 de diciembre, en la que, al ser interrogado sobre dicho proyecto, respondió que desconocía la existencia de nexo alguno entre el mismo y el PP.

La ronda de nuevas declaraciones la cerrarán el viernes el comisario Villarejo y el 12 de julio el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Estas dos comparecencias estaban previstas para el 1 de julio, pero finalmente han sido pospuestas por problemas de agenda y por petición expresa de la defensa del ex ‘número dos’ del Ministerio de Interior.

Esta tanda de interrogatorios, cuyo plato fuerte es Cospedal, ha arrancado este lunes con la declaración como investigado del ex jefe de la UDEF José Luis Olivera, que ha desmentido lo indicado semanas antes como testigo por el inspector principal de ‘Gürtel’, Manuel Morocho, además de negar cualquier conocimiento o implicación en ‘Kitchen’.

Así, según las fuentes consultadas, Olivera ha negado que el ministro de Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, le llamara por teléfono para saber si Morocho había aceptado alguno de los puestos que le ofrecían para que dejara de investigar la trama de corrupción, negando igualmente que las continuas revisiones de los informes sobre ‘Gürtel’ que firmaba el inspector fueran presiones a su autor.

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha solicitado a la Comisión Europea que vigile el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) con el que el PNV busca eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad e impedir que el tribunal inhabilite a los cargos públicos que incumplan sus sentencias.

Según Pagazaurtundua, se trata de «un nuevo intento de debilitar el poder judicial» que se suma a la reforma que impide al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos mientras se encuentre en funciones, aprobada el pasado marzo.

Por ello, ha dirigido un escrito al comisario de Justicia, Didier Reynders, en el que le pide que siga de cerca esta proposición de ley –cuya tramitación fue aprobada por el Congreso en marzo y ahora se encuentra en plazo de enmiendas– y la incluya en el informe anual que está preparando sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea.

«CONCESIONES POLÍTICAS INJUSTIFICABLES» A PARTIDOS NACIONALISTAS

La vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo explica a Reynders que esta reforma oculta «concesiones políticas injustificables a algunos partidos minoritarios que en el ámbito subestatal han incumplido reiteradamente sentencias del Tribunal Constitucional».

Lo que plantea el PNV en su proposición de ley es la derogación de dos cambios introducidos en 2015 en la LOTC: el recurso previo de inconstitucionalidad contra las reformas de los Estatutos de Autonomía, aprobado por la entonces mayoría del PP con el apoyo del PSOE, y las potestades ejecutorias que permiten inhabilitar a los cargos públicos que desobedezcan las decisiones del Tribunal Constitucional, aprobado en solitario por el PP.

Cuando la iniciativa promovida por el PNV se debatió en el Congreso el pasado 23 de marzo, los partidos nacionalistas e independentistas la apoyaron y el PP, Vox y Cs se pronunciaron en contra. El PSOE, por su parte, votó a favor de su admisión a trámite y aceptó la idea de reformar las sanciones a cargos públicos por incumplir sentencias, pero se negó a derogar el recurso previo de inconstitucionalidad para reformas estatutarias.

UN PODER JUDICIAL SIN INSTRUMENTOS FRENTE A «ARBITRARIEDADES»

En su carta al comisario de Justicia europeo, Pagazaurtundua indica que la Generalitat de Cataluña ha desobedecido numerosas sentencias sobre el bilingüismo y otras cuestiones y, entre los casos más graves, menciona la sentencia de 2015 contra la resolución del Parlament de ese mismo año que abrió todo el proceso secesionista.

«Deben, pues, existir mecanismos que permitan que aquellos que optan por no atender las decisiones» del Tribunal Constitucional «se vean forzados a cumplirlas», argumenta.

En cuanto al recurso previo de inconstitucionalidad, la eurodiputada lo ve necesario para evaluar si una norma se ajusta a la Constitución antes de que se apruebe y apunta que en Alemania o Francia existen mecanismos similares.

Ante la posibilidad de que el Congreso acabe eliminando ambas cuestiones en la LOTC, expresa su «inquietud», pues cree que España «se puede estar convirtiendo en un mal ejemplo de descapitalización de instrumentos del poder judicial frente a eventuales arbitrariedades del poder ejecutivo».

En los últimos meses se ha incrementado el número de empresas españolas que apuestan por la contratación de personas con discapacidad visual, según un estudio presentado por Jorge Torres, director del Observatorio del Conocimiento de UNIR, en el World Blindness Summit 2021.

Este encuentro internacional está organizado por el Grupo Social ONCE e incluye la Asamblea General de UMC (Unión Mundial de Ciegos) e ICEVI (Consejo Internacional de Educadores de Personas con Discapacidad Visual). Reúne, hasta el 30 de junio, a expertos y organismos mundiales relacionados con la discapacidad visual de 190 países para debatir acerca de los retos para la inclusión plena y la participación activa en la sociedad de las personas ciegas y con baja visión, en especial tras el impacto de la pandemia.

Torres ha intervenido en la sesión ‘Futuro del trabajo, el nuevo entorno laboral post COVID-19’, donde ha podido exponer los resultados del estudio de la evolución de la inclusión en empleabilidad de las personas con discapacidad en España, México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Singapur, entre septiembre de 2019 y mayo de 2021.

En el estudio se han analizado cerca de 48 millones de ofertas de empleo publicadas en portales como Linkedin, Infojobs, OCC o Infoempleo. La revisión de esta base de datos con técnicas de big data ha permitido conocer más a fondo la evolución de la demanda de empleo en relación con la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El análisis del contenido de esas ofertas muestra dónde está más desarrollada la inclusión laboral y qué perfiles profesionales ofrecen mayores oportunidades para personas con discapacidad.

Se ha observado una tendencia creciente en la oferta de empleo para personas con discapacidad en España, así como también en México, Colombia y Perú.

En España puede destacarse el área de tecnologías de la información como la que más demanda personas con discapacidad. En concreto perfiles como ingenieros de software, gestores de proyectos, desarrolladores de software, atención al cliente, ingenieros y analistas de datos y product owners.

Otra área donde las ofertas de empleo son particularmente inclusivas con las personas con discapacidad es la de ventas: perfiles como directores de cuentas, directores de venta, desarrolladores de negocio, directores de marketing, ejecutivos de cuentas, analistas de negocio, brand leads y success managers.

El área de la ingeniería es otra en la que las ofertas de empleo son más inclusivas, especialmente para perfiles como ingenieros de sistemas, arquitectos de soluciones, ingenieros de servicios, ingenieros de automatización, diseñadores, ingenieros mecánicos, eléctricos y site reliability engineers.

Estos análisis, además de ofrecer una información importante para la sociedad, son una de las bases sobre las que se diseñan los estudios en UNIR. «La Universidad Internacional de La Rioja se interesa por conocer las claves de la empleabilidad para poder ajustar su oferta de títulos, así como el diseño de las competencias de los planes de estudios, a las demandas del mercado laboral, de forma que sea posible mejorar las condiciones de empleabilidad de todos sus estudiantes, también de aquellos con discapacidad», afirma Jorge Torres, director del Observatorio del Conocimiento de UNIR.

Para realizar este estudio se ha empleado Inteligencia Artificial y técnicas de análisis de datos masivos, que han permitido identificar los perfiles y las habilidades más demandadas por el mercado laboral, además de aspectos más concretos como el impacto de la pandemia en estas tendencias y qué empleos son más propicios al teletrabajo.

Más de 3.500 personas ciegas y con discapacidad visual grave procedentes de 190 países participarán en el World Blindness Summit Madrid 2021 para compartir las experiencias y practicas desarrolladas durante estos últimos cinco años, y, especialmente, las puestas en marcha durante la pandemia. En este sentido, se analizarán las oportunidades para que las personas ciegas y con baja visión no se queden atrás en la revolución digital, acentuada en estos meses, y que estas personas puedan participar plenamente en cualquier aspecto del desarrollo vital.

SOBRE UNIR

UNIR es una Universidad cien por cien en línea que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad. Imparte 25 grados oficiales, más de 100 postgrados y 3 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 50.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más de 100 países, especialmente en España y Latinoamérica.

Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso.

El Patronato de la Alhambra y Generalife invierte 500.000 euros en la recuperación del Albercón del Moro o de Cartuja, según ha informado este lunes en una nota la Universidad de Granada (UGR) tras una visita de la rectora, Pilar Aranda, con la directora del organismo que gestiona el monumento nazarí, Rocío Díaz, a las obras del espacio patrimonial universitario.

La rectora de la UGR, Pilar Aranda, y la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rocía Díaz, han hecho esta visita junto al delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Granada, Antonio Granados, conociendo así el proceso de rehabilitación, que tendrá varias fases en función de las investigaciones y descubrimientos que se realicen.

Las obras de esta primera fase comenzaron el pasado 11 de junio y durarán varios meses. Los trabajos, en todas las etapas que se vayan desarrollando en el futuro, son posibles gracias a un convenio de colaboración firmado entre la UGR y el Patronato de la Alhambra y el Generalife por la que éste, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, realiza una inversión de 500.000 euros. La institución académica también ha firmado otro convenio con Emasagra, que realiza una inversión de 240.000 euros.

Durante la visita a las obras, que se extenderán varios meses, Pilar Aranda ha explicado que este es «un proyecto ambicioso de ciudad» que cumple dos funciones, en primer lugar, rehabilitar un espacio patrimonial que lo necesita y que así se da a conocer a la ciudadanía y, en segundo, contribuir a situar a la UGR «como una institución aún más abierta» a la capital y la provincia.

Es un «proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión porque, en este caso, recuperar este patrimonio nos permite conectar zonas de la ciudad que parece que pudieran quedar más alejadas de otras redes ciudadanas», y «cuya importancia aún puede crecer mucho según nos apuntan los investigadores».

Por su parte, Rocío Díaz ha explicado que «la Alhambra cumple así con el compromiso adquirido con laUuniversidad granadina para invertir en esta intervención que permitirá recuperar un espacio de gran valor patrimonial y convertirlo en un área abierta para la ciudadanía». La directora ha insistido en que «hacemos posible que la riqueza que genera» el monumento «mire a Granada y los granadinos para invertirse en la ciudad, en proyectos concretos mediante convenios con otras instituciones».

Para Díaz, «este proyecto es, además, una oportunidad única de poner el foco en la salvaguarda de nuestro patrimonio, ya que pretende recuperar un elemento prioritario, por su singular interés, dentro del proyecto integral para la puesta en valor del Campus de Cartuja, un espacio periurbano con un alto contenido histórico y paisajístico que la Universidad de Granada desea poner al servicio de la ciudad».

Según explica Guillermo García Contreras, profesor e investigador de la UGR y responsable de las excavaciones arqueológicas que se realizan en el albercón, un espacio que en la época nazarí –quizá antes según los últimos descubrimientos– formó parte de una almunia, un palacio a las afueras de la ciudad destinado al ocio. Por la literatura existente, y coincidente con lo que se ha descubierto, esta es la más que posible localización de lo que en el siglo XIV fue un palacio de Ibn al Jatid, visir de Mohamad V. Posteriormente, en el XVI, los cartujos se quedaron con el recinto, para construir un monasterio. Más adelante, con las desamortizaciones del siglo XIX, los jesuitas compraron el lugar para construir una zona de recreo que, ya en el siglo XX, fue un espacio de recreo. El albercón en concreto ha tenido uso desde hace siglos como reservorio de agua.

Las obras de rehabilitación tienen como objetivo no solo el albercón sino también un templete que se construyó posteriormente y el entorno en general, con el objetivo de acercarlo a la ciudadanía para que pueda conocerlo y hacer uso de aquel espacio situado en un lugar privilegiado de la ciudad. Emasagra, por su parte, además de su contribución económica asume el traslado del depósito de agua que hay en el lugar a una nueva localización.

La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, ha reclamado este lunes que la negociación con el Estado sobre el conflicto catalán se traduzca «en un diálogo franco, donde los límites no lo marque la Constitución y sí la democracia».

Así lo ha expresado en su intervención en el acto organizado en homenaje a los indultados por el 1-O en la Cámara, en el que todos ellos han sido recibidos con aplausos por parte de miembros del Govern, dirigentes y diputados de Junts, ERC, la CUP y comuns.

«En política, los gestos y las palabras cuentan, pero lo que vale son los hechos. El Gobierno debe demostrar que aprobó los indultos por convicción, no por obligación», ha destacado Borràs, que poco antes los ha recibido a todos en el despacho de audiencias, acompañada de los expresidentes del Parlament Joan Rigol y Ernest Benach y por los miembros de la Mesa Alba Vergés (ERC) y Pau Juvillà (CUP).

Según Borràs, hay que emplazar al Estado a que los indultos no sean un hecho aislado porque, a su juicio, el fin del encarcelamiento de los presos del 1-O «no significa el fin del a represión, que es la vía que ha elegido el Estado para no resolver el conflicto político, y lo ha convertido en un problema europeo».

Así, ha constatado que el Consejo de Europa ya advirtió al Estado de que circula «por el carril equivocado de la historia dado que, en pleno siglo XXI, la represión no puede ser nunca la solución y es un grave problema para los países que quieren cumplir con los standards democráticos».

«Vuestra libertad no es el punto de llegada, es el punto de partida para empezar a tejer una solución que pasa por la amnistía y la independencia. Este fue el sentido del 1-O, que os llevó a la prisión», ha añadido Borràs, tras defender que los indultos deben ser el prólogo de una solución al conflicto.

Además de reivindicar que no se puede disolver la voluntad del pueblo catalán de decidir su futuro en las urnas, ha constatado que, pese a la excarcelación de los presos del 1-O, faltan compañeros «que están en el exilio», en referencia explícita al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, y a otras personas que fueron diputadas.

«Es una imagen incompleta, porque faltan también los más de 3.300 represaliados», ha lamentado Borràs, que ha defendido que es en el Parlament y en el Palau de la Generalitat, y no en prisiones o en tribunales, donde hay que resolver los conflictos políticos.

REIVINDICA A FORCADELL

También ha querido reivindicar la figura de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a quien ha dado la bienvenida a lo que ha definido como su casa: «Fue condenada por permitir el debate en la casa de la palabra. Mi voluntad es seguir el trabajo donde tú lo dejaste. Ningún tribunal ha conseguido que renunciéis a vuestras ideas, y ningún tribunal conseguirá hacernos renunciar a nuestro trabajo».

Además de Borràs, ha hablado también Forcadell, que ha coincidido en asegurar que viven días de felicidad y de «una alegría que no es completa» porque hay personas que no pueden volver, en referencia a los que viven fuera de España.

Por ello, ha reclamado la amnistía para que «todo los represaliados puedan volver a casa, y todos los represaliados económicos puedan vivir en paz y tranquilidad», y ha garantizado que tiene el compromiso de trabajar para conseguir que todos los afectados por decisiones del Estado puedan vivir en libertad.

Aunque cree que estar en libertad es una victoria, ha añadido que no es la victoria que hubieran querido, y en consecuencia considera que «es un paso más hacia el fin de la represión, hacia la autodeterminación y hacia la república catalana».

PARLAMENT, «CASA DE LA PALABRA»

Forcadell también ha reivindicado el Parlament como «la casa de la palabra, donde se debe poder defender y hablar de todo, la palabra debe ser libre y no se puede permitir que entre la censura».

«El único límite a la libertad de expresión debe ser el respeto por los derechos humanos. Del resto, hay que poder hablar de todo. La libertad de expresión es la esencia de la democracia», ha sostenido la expresidenta del Parlament, que ha animado a los diputados a trabajar por el bienestar de los ciudadanos, por su felicidad y a defender sus convicciones con firmeza, pero con respeto y dignidad.

El secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, ha reprochado este lunes a Vox su «error» de llamar «invasores» a los migrantes que llegan a España. A su juicio, es «un desprecio a los compatriotas» que «a lo largo de la historia» han ido a «labrarse un futuro» a otros países.

Santiago ha comparecido en el Congreso ante la Comisión Mixta de seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, en donde ha hecho un repaso de los diferentes ejes que seguirá el Ejecutivo para cumplir en materia de igualdad entre mujeres y hombres, contra la precariedad laboral, contra el cambio climático o la pobreza, entre otros temas.

En la sesión, la portavoz de Vox en este órgano, Magdalena Nevado, ha criticado que el Ejecutivo sólo avance hacia «lo que dice el foro económico mundial» que, a su juicio, es un 2030 «deshumanizado»: «No tendremos propiedades, no podremos viajar en avión, mil millones de personas tendrán que emigrar y les llamarán refugiados climáticos, porque suena bastante mejor que invasores, y tendremos que comer el pienso que Bill Gates le venderá a los estados, por que la carne solo será para ellos, para las élites», ha señalado.

Durante su turno de respuestas, el secretario de Estado ha señalado lo que, a su juicio, es un «error», y que es «llamar a los emigrantes invasores» y le ha recordado a Nevado que han sido «millones» los compatriotas que se marcharon del país «a trabajar» y, en la mayoría de sus los casos «sin posibilidad de retornar».

PROBLEMA DE POBLACIÓN

«Y esas personas no eran invasoras, legales o ilegales», ha apuntado, antes de insistir en que muchas salieron de España en «barcos» a distintos países de sudamérica o a «fábricas de Alemania» para trabajar «sin permisos».

Santiago ha indicado, en este sentido, que el «problema de población en España» es una realidad y que el Estado de Bienestar con el que cuenta el país se basa en la «transferencia generacional», por lo que, ha explicado, no e puede mantener «si no hay más gente trabajando que la que no trabaja».

El secretario de Estado se ha dirigido a la diputada de Vox para señalar que, a lo mejor la formación de Abascal conseguiría «corregir» el problema de natalidad «en 15 o 20 años», pero mientras, ha señalado, «hace falta que venga gente para cotizar y pagar» las pensiones de jubilación.

En el segundo turno de réplica, otra representante de Vox, Patricia Rueda, ha indicado que su partido «está en contra de la inmigración ilegal» pero no contra «aquellos que entran como deben».

La Nacional (AN) analizará el miércoles el recurso presentado por el ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, contra su procesamiento por el atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, que dejó once muertos, incluidos seis niños.

La vista se celebrará a las 10.00 horas del 30 de junio, según han informado fuentes jurídicas. Se espera que tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y la acusación particular de algunas víctimas, se opongan al recurso de apelación.

Las acusaciones rebatirán el argumento de Urrutikoetxea de que no hay indicios suficientes en su contra, enfatizando que el auto de procesamiento no es más que un acto de mera probabilidad para vincular a la persona a la causa y permitirle su defensa. En este sentido, recalcarán que será en el juicio oral donde se establezca su culpabilidad o inocencia.

En este punto la AEGC también resaltará que, en contra de lo aducido por ‘Josu Ternera’, no ha existido indefensión porque la defensa conocía los cargos y las actuaciones mucho tiempo antes de que el ex jefe de ETA prestara declaración, achacando las posibles demoras en la causa a la fuga y la estrategua procesal del propio Urrutikoetxea.

Además, las acusaciones defenderán la imparcialidad de la Guardia Civil en los informes que ha elaborado para esta causa, negando así que el hecho de que el atentado se perpetrara contra una casa cuartel de la Benemérita reste neutralidad a los expertos del cuerpo de seguridad encargados de estas pruebas periciales.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ya rechazó el recurso de reforma formulado por ‘Josu Ternera’, contestando que el auto de procesamiento contiene una exposición «detallada y concretísima» de los hechos que se imputan al ex dirigente etarra, así como de las diligencias practicadas para llegar a esta conclusión.

Moreno subrayó entonces que, en todo caso, será en el juicio oral cuando «el fiscal habrá de probar los hechos y exponer los fundamentos doctrinales y legales de la calificación definitiva que se presente» y que competerá al tribunal valorar los indicios de criminalidad expuestos.

La AEGC ha sostenido que seguirá trabajando «sin descanso» para abortar las continuas «argucias» legales de Urrutikoetxea, conseguir que se siente en el banquillo por dar la orden de atentar contra la casa cuartel de Zaragoza, y tratar de hacer justicia a las víctimas, que llevan demasiado tiempo esperando.

AÚN EN FRANCIA

El procesamiento del histórico etarra por parte de la justicia española llegó después de que la Corte de Casación de París autorizara en noviembre de 2020 su entrega definitiva a España por este atentado. El tribunal galo rechazó así otro recurso presentado por la defensa de ‘Josu Tenera’ contra un fallo de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París que ordenaba repatriarlo.

La Corte de Casación también ha acordado la entrega definitiva de Urrutikoetxea a España por la causa sobre la financiación de la organización terrorista a través de las ‘herriko tabernas’, mientras que el Tribunal de Apelaciones ha dado luz verde a su extradición por el asesinato del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria.

La Audiencia Nacional también reclamaba a ‘Josu Ternera’ por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes de la organización terrorista, pero en este caso las autoridades francesas denegaron la devolución a España.

Urrutikoetxea, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le requiere por varias causas.