El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado suspender de forma cautelar la fianza requerida por el Tribunal de Cuentas a la exinterventora de la Generalitat de Cataluña Mireia Vidal en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

Fuentes jurídicas han confirmado que los letrados de Vidal presentaron esta semana un recurso de amparo ante Estrasburgo y que la autoridad judicial lo ha recibido y ha dado respuesta a la petición relativa a la medida cautelar.

Según el acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador reclama a 34 ex cargos del Govern cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos. En el caso de Vidal la suma supera los 3 millones de euros. Todos, sin embargo, deberán responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

Vidal solicitó al TEDH suspender de forma cautelar el pago de su fianza al considerar que no tiene la responsabilidad de los líderes independentistas que en esos momentos ocupaban cargos superiores. El Tribunal de Cuentas requiere también el pago de caución, entre otros, a los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, y al exvicepresidente Oriol Junqueras.

PLAZO HASTA EL 21 DE JULIO

En el escrito presentado, la defensa de la exinterventora aseguró que su situación le ha afectado su salud y su integridad mental y que ha puesto en «riesgo» su vida como consecuencia de una «actuación oficial calificable de trato degradante».

La instructora del Tribunal de Cuentas dio un plazo de 15 días hábiles -que vence este 21 de julio– a Vidal y al resto de defensas para depositar la fianza, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes.

Tres centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han obtenido las distinciones Severo Ochoa y María de Maeztu de excelencia, un reconocimiento a los centros y unidades que realizan investigación de frontera altamente competitivos y que se encuentran entre los mejores del mundo en sus respectivas áreas científicas.

En concreto, han sido distinguidos el Instituto de Física Teórica (IFT), centro mixto con la Universidad Autónoma de Madrid, que ha recibido la acreditación Severo Ochoa; y el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE), de Barcelona, y el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), en Sevilla, que reciben la distinción María de Maeztu.

Según ha informado en un comunicado el CSIC, el IFT recibirá cuatro millones de euros en cuatro años; el ICE, 2 millones, el CABD, 1,8 millones. Además, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), en Mallorca, recibirá 200.000 euros.

Asimismo, ha explicado que la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha resuelto provisionalmente la convocatoria del programa de Centros y Unidades de Excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu.

Estos reconocimientos tienen como objetivo financiar y acreditar los centros y unidades de investigación, en cualquier área científica, que demuestran impacto y liderazgo científico a nivel internacional y que colaboran activamente con su entorno social y empresarial», ha manifestado el CSIC.

También ha señalado que los requisitos, niveles de exigencia, criterios y procedimientos de evaluación y selección referidos a la excelencia científica no establecen diferencias entre centros y unidades, que han sido seleccionados por sus resultados científicos y sus programas estratégicos tras una rigurosa evaluación en la que han participado científicos internacionales de prestigio.

El Instituto de Física Teórica, centro mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid, es el único centro español dedicado íntegramente a la investigación en física teórica. Sus investigadores trabajan en la frontera de la física de partículas elementales, astropartículas y cosmología, con el objetivo de entender las claves fundamentales de la naturaleza y del universo. Además, el centro realiza una intensa tarea de formación y de transferencia del conocimiento a la sociedad mediante actividades de divulgación.

El Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC-, la Universidad Pablo de Olavide y la Junta de Andalucía) fue el primero de España que se especializó en el estudio de la biología del desarrollo, cuenta con grupos de investigación en dos áreas de trabajo: la regulación génica y morfogénesis, y la biología celular y biotecnología. Además, en 2017, el Departamento de Regulación Génica y Morfogénesis recibió la acreditación de Unidad de Excelencia María de Maeztu.

El Instituto de Ciencias del Espacio, centro propio del CSIC, abarca la investigación en cosmología y gravitación, galaxias, física estelar, astrofísica molecular y medio interestelar, astrofísica de altas anergías, instrumentación espacial y terrestre, y observación de La Tierra. El ICE articula la participación del CSIC en la confederación de institutos independientes afiliados al Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), que incluye la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Finalmente, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, centro mixto del CSIC y la Universitat de les Illes Balears, investiga en el área de recursos naturales, haciendo especial énfasis en la investigación interdisciplinar en el área mediterránea. Investiga las causas, mecanismos e impactos antropogénicos y de cambio global que amenazan a los ambientes marinos, costeros e insulares, a la vez que recaba conocimiento activo, integrado y adaptable en apoyo de la prevención y mitigación de estos impactos.

El consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, y su homólogo en Andalucía, Juan Bravo, han mantenido este viernes una reunión de trabajo para preparar la cumbre bilateral entre ambos Ejecutivos y en la que pretenden buscar un frente común junto a Murcia y a Castilla-La Mancha para plantear una propuesta al Ministerio de Hacienda de reforma del modelo de financiación autonómica.

«Con esta reunión pretendemos ser capaces de tener un posicionamiento común para intentar ir al Ministerio con el talante del consenso y el diálogo, en base a una propuesta que, tanto en la Comunidad Valenciana, como en Andalucía, Murcia o Castilla la Mancha, refleje las necesidades de financiación que nos permitirían, en estos momentos tan delicados que todos estamos pasando por la pandemia, no solamente cubrir los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, sino también la recuperación económica», ha señalado Bravo.

El conseller Soler, por su parte, ha señalado: «Nuestra propuesta de reforma parte de la base de que todas las comunidades autónomas deben verse beneficiadas y estamos convencidos de que desde el diálogo y el consenso podremos sumar los apoyos necesarios para lograr una reforma que es inaplazable y más perentoria que nunca».

Esta ha sido la postura común mostrada por ambos tras la reunión que han mantenido en Valencia preparatoria de la cumbre bilateral que los presidentes Ximo Puig y Juan Manuel Moreno Bonilla mantendrán en Sevilla el próximo mes de septiembre.

Como han explicado los consejeros Bravo y Soler, «esta primera toma de contacto sirve para reafirmarnos en unos principios fundamentales compartidos por Andalucía y Comunitat Valenciana y fácilmente asumibles también por el resto de comunidades autónomas, como son la evidencia de la infrafinanciación de algunos territorios y la necesidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su lugar de residencia, tengan las mismas oportunidades para encarar la recuperación post-pandemia».

En este sentido, ambos han incidido en que «con el encuentro mantenido este viernes hemos evidenciado la posibilidad de hablar de la reforma del sistema tejiendo complicidades y logrando consensos, puesto que este no es en ningún caso un debate partidista».

Según ambos responsables, es «mucho más lo que nos une que los que nos separa, pero no sólo a las autonomías infrafinanciadas, sino también al conjunto de la administración autonómica». «El único debate posible es el del derecho de todos los ciudadanos, con independencia de donde residan, a disponer de los mismos servicios fundamentales», han agregado.

TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA

Por todo ello, Juan Bravo y Vicent Soler han coincidido en solicitar al Gobierno que una parte de la transferencia extraordinaria del Gobierno de 13.486 millones de euros para las autonomías en el año 2021 -y cuyo reparto se decidirá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera- se destine a eliminar las diferencias de financiación por habitante ajustado de las regiones infrafinanciadas, igualando su financiación a la media de las comunidades autónomas. Una vez asignada esta partida, el resto debería distribuirse en proporción a la población ajustada.

Al respecto Vicent Soler ha puesto el valor el apoyo dado por el Gobierno central a las comunidades autónomas, a través del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsable, «algo sin precedentes en nuestra historia». «Este apoyo ha sido clave para que podamos afrontar con garantías la emergencia sanitaria, pero ahora las diferencias de recursos de hasta 30 puntos por habitante ajustado impide que afrontemos la recuperación con las mismas oportunidades, puesto que nuestras capacidades financieras son muy dispares», han apuntado Soler y Bravo

«La propuesta que realizamos ahora es que, en la nueva transferencia que se recibirá en 2021, una parte se destine a corregir de forma transitoria las desigualdades que genera el modelo de financiación autonómica, de forma que se pueda igualar a la financiación homogénea media por habitante ajustado los recursos de las comunidades autónomas que se sitúan por debajo», han señalado los consellers, quien eso sí han incidido en que «este mecanismo transitorio no debe aplazar una reforma que debe contemplar la suficiencia global del sistema, la incorporación de solidaridad de las comunidades Forales y la compensación de la deuda vinculada con la infrafinanciación».

En este sentido, Soler ha señalado que «las autonomías peor financiadas debemos tener la oportunidad de encarar con los recursos necesarios la recuperación, pero si no se adoptan soluciones transitorias y se avanza en la reforma del modelo de financiación la reconstrucción tras la pandemia se producirá a varias velocidades y de forma insolidaria».

«Si los territorios como la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia o Castilla la Mancha no disponemos de los recursos necesarios ni siquiera para financiar nuestros servicios públicos fundamentales, no tendremos opción de impulsar las políticas industriales, de fomento de la ocupación, de impulso de la inversión, tan necesarias en estos momentos», ha lamentado Soler tras reiterar la necesidad de que el Gobierno atienda la propuesta valenciana de incluir en el reparto del fondo Covid 2021 un tramo destinado a compensar la infrafinanciación.

AUMENTAR LA SUFICIENCIA

Además, los titulares de Hacienda han explicado que la evolución de los ingresos del modelo de financiación se sitúa permanentemente por debajo del gasto calculado en base a la evolución de las necesidades de los territorios, lo que implica que se haya consolidado una insuficiencia global del sistema que, el documento de los expertos de 2017 cifró en 16.000 millones de euros

«Esto se traduce en que el conjunto de las autonomías no podemos mantener las coberturas de los niveles reales de prestación de los servicios y esa situación debe ser corregida en el nuevo modelo», ha apuntado Soler, quien ha recordado que «los recursos son de los ciudadanos y ciudadanas que los aportan a través de sus impuestos para disponer de unos servicios fundamentales de calidad y, por tanto, deben ir dirigidos hacia las administraciones que los presten, en este caso las CCAA».

Asimismo, tanto Vicent Soler como Juan Bravo ha apostado por sistema que no sea discriminatorio y que se base en la sencillez y la transparencia que tenga como principal criterio de reparto el de la población ajustada.

«Debemos avanzar hacia un sistema más proporcional que no genere tantas diferencias entre territorios y que se base principalmente en la población con los ajustes que sean necesarios y proporcionados en base a algunas variables demográficas que deberemos consensuar, debatir y calibrar entre todos», ha explicado el conseller de Hacienda.

Iberdrola ha presentado un recurso de apelación donde pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que mantenga viva la querella presentada contra el ex director de Control de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo, al considerar que la decisión del juez de archivar este asunto se ha producido con una «flagrante» vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, en el marco de las pesquisas sobre los presuntos encargos de la empresa energética al comisario José Manuel Villarejo.

Iberdrola se querelló contra Del Olmo en 2020 en un juzgado de instrucción de Bilbao, aunque el asunto fue absorbido por la Audiencia Nacional, acusándole de elaborar y difundir un informe falso donde el ex directivo –que defiende la veracidad del contenido del mismo– reflejaría una presunta práctica por la cual el ex director de Seguridad Antonio Asenjo pagaría a un tercero, que podría ser Villarejo, a través de una sociedad intermediaria. Además, apuntaría a la existencia de una denuncia interna que no se habría investigado.

En un auto del pasado 9 de julio, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, decidió archivar la querella sin entrar en el fondo del asunto al entender que los hechos denunciados ya habrían prescrito. Además, en esa misma resolución tomó otra decisión: imputar a Iberdrola Renovables por el proyecto ‘Wind’ –uno de los supuestos encargos a Villarejo– por estimar que se hizo en nombre y beneficio de la empresa.

En un escrito, Iberdrola ha solicitado a la Sala de lo Penal que revoque este auto centrando todo su alegato en que ha sufrido una «flagrante» vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva porque el juez ha acordado archivar sin responder a las peticiones realizadas hasta ahora por la mercantil, recriminándole que no le haya comunicado sus resoluciones en tiempo y forma, y argumentando que, en todo caso, los delitos no han caducado.

«Nuestra mandante no ha sido en ningún caso notificada ni informada de ninguna resolución judicial relacionada con la denuncia y/o querella interpuesta», se han quejado el letrado y procurador de Iberdrola en el recurso.

«Ante la pasividad del Juzgado Central de Instrucción Número 6, durante diez meses», ha subrayado la empresa, el pasado 27 de mayo solicitó al instructor que le comunicase las resoluciones pendientes, así como que ampliase la querella a un delito de uso de documento falso.

«Sin embargo, estas peticiones han tenido como única respuesta el silencio judicial», razón por la cual –ha expuesto– el 29 de junio Iberdrola pidió la nulidad de las actuaciones, algo sobre lo que tampoco ha obtenido respuesta, según expone.

Iberdrola ha acusado a García-Castellón de mantener una actitud «pertinaz» al seguir sin resolver las cuestiones planteadas, pese a lo cual –ha criticado-– «no ha tenido reparos» en pronunciarse para dar carpetazo al asunto.

Por todo ello, la empresa energética entiende que ha sufrido «indefensión» y cree que el «único remedio» posible a estas alturas del procedimiento judicial es revocar el auto del 9 de julio.

HECHOS NO PRESCRITOS

Por otro lado, ha defendido que, en contra de lo que interpreta García-Castellón, los hechos denunciados en la querella no están prescritos y, para ello, tiene en cuenta no solo el delito de falsedad en documento privado sino también el imputable por usar ese material falsificado.

El juez solo tuvo en cuenta el único delito señalado en la querella original, el de falsedad en documento privado, concluyendo que la eventual responsabilidad penal habría expirado porque este ilícito solo es perseguible durante cinco años y el informe de Del Olmo está fechado el 1 de diciembre de 2004.

Iberdrola replica que, dado que el ‘dossier’ estuvo guardado 15 años en una notaría, donde habría permanecido «oculto e inaccesible» a terceros, el plazo de prescripción debería empezar a contarse desde que salió a la luz.

Y, en este sentido, se ha referido al segundo delito por el que interesó ampliar la querella, el que pena el uso del documento falso, recordando que el informe de Del Olmo se filtró a la prensa en 2019.

Este asunto se enmarca en una investigación mucho más amplia donde García-Castellón indaga en los encargos ilícitos que Iberdrola habría hecho a Villarejo a lo largo de los años. El presidente de la mercantil, Ignacio Sánchez Galán, está imputado por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

El obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar, ha firmado distintos nombramientos, con los correspondientes traslados de parroquias y de misiones pastorales, de sacerdotes de la diócesis para el curso 2021-2022.

Las Unidades de Acción Pastoral (UAP), algunas creadas y otras remodeladas, ayudan para un trabajo pastoral más coordinado entre distintas parroquias, según ha informado la Diócesis en nota de prensa.

Luis Eduardo Molina ha sido nombrado vicario episcopal de Pastoral de la Diócesis; Rafael Melgar, párroco in solidum –se encarga de la comunidad de manera solidaria– de la Unidad de Acción Pastoral de Santiago de Ciudad Real, encargándole preferentemente, como moderador, de la cura pastoral de la parroquia de Santiago, apóstol, de Ciudad Real.

Antonio Ruiz, ha sido nombrado párroco in solidum de la Unidad de Acción Pastoral de Santiago de Ciudad Real, encargándole preferentemente de la cura pastoral de la parroquia de Santiago, apóstol, de Ciudad Real; mientras que José Luis Jiménez, párroco in solidum y moderador del equipo sacerdotal de la Unidad de Acción Pastoral de Los Montes, encargándole preferentemente de la cura pastoral de las parroquias de San Sebastián, de Porzuna; San José, de Las Peralosas; Cristo Rey, de El trincheto, y La Asunción de Arroba de los Montes.

Miguel Ángel Jiménez, ha sido nombrado párroco de la parroquia de San Andrés apóstol, de Moral de Calatrava; Miguel Ángel Moñino Velas, párroco de las parroquias de La Asunción de Alcolea de Calatrava y de la Visitación de Nuestra Señora de Los Pozuelos de Calatrava, promotor de Justicia y defensor del vínculo del Tribunal Eclesiástico de Ciudad Real, y Vicente Fernández-Espartero, párroco de las parroquias de San Sebastián mártir, de Montiel, y de Santa María, de Almedina.

Pedro Antonio Rodríguez ha recibido el nombramiento como párroco in solidum y moderador de la Unidad de Acción Pastoral de San José y Santa Bárbara, de Puertollano, encargándole preferentemente de la cura pastoral de la parroquia de San José, de Puertollano; y José Manuel Vellón como párroco in solidum de la Unidad de Acción Pastoral de San José y Santa Bárbara, de Puertollano, encargándole preferentemente de la cura pastoral de la parroquia de Santa Bárbara, de Puertollano.

Carlos Ferrero será desde ahora párroco in solidum de la Unidad de Acción Pastoral de Almadén, encargándole preferentemente de la cura pastoral de las parroquias de San Benito abad, de Agudo; San Juan Bautista, de Puebla de Don Rodrigo; Nuestra Señora del Valle, de Valdemanco de Esteras, y San Sebastián y Santa María de la Estrella, de Almadén.

Evaristo Moya ha sido nombrado párroco de la parroquia de El Salvador, de Picón; Miguel Francisco Moraleda, párroco de la parroquia de Santa Quiteria, de Fuente el Fresno; Manuel Infante Téllez, párroco in solidum de la Unidad de Acción Pastoral de Manzanares, encargándole preferentemente de la cura pastoral del Hospital Virgen de Altagracia, además de aquellas actividades que se le asignen en la parroquia de La Asunción de Nuestra Señora, de Manzanares, y también atenderá como párroco la parroquia de Nuestra Señora de los Llanos, de Llanos del Caudillo.

Óscar Martín ha sido nombrado juez diocesano del Tribunal Eclesiástico de Ciudad Real. Además, en el Seminario Diocesano, Manuel Pérez Tendero, será rector y formador de las etapas disciplinar y teologal del Seminario Diocesano Mayor; Vicente Díaz-Pintado , director espiritual de todos los alumnos del Seminario Diocesano Mayor y Menor; Jesús Córdoba, formador del Curso Propedéutico del Seminario Diocesano Mayor y Óscar Miguel Casas, formador de todos los alumnos del Seminario Diocesano Menor.

Juan Serna Cruz será responsable de la coordinación de la fase diocesana del Sínodo de Obispos; Felicien Harindintwari, sacerdote de la Diócesis de Nyundo (Ruanda), será párroco in solidum de la Unidad de Acción Pastoral del Valle de Alcudia, encargándole preferentemente de la cura pastoral de la parroquia de San Esteban protomártir, de Mestanza.

Amós Damián Rodríguez de Tembleque Serrano de la Cruz, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, renueva el convenio establecido entre el Arzobispado de Toledo y el obispo de Ciudad Real, para su servicio pastoral en la Diócesis de Ciudad Real y su nombramiento actual, por un tiempo de tres años, como párroco in solidum de la Unidad de Acción Pastoral de Malagón, encargado preferentemente de la cura pastoral de la parroquia de Santa Teresa de Jesús, de Malagón.

La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha aclarado este viernes en rueda de prensa que, si bien todavía no es definitiva la decisión, la habilitación del centro de atención temporal a extranjeros en la zona de s’Aranjassa es «la opción más viable».

En respuesta a las críticas suscitadas por la elección de esta zona, Calvo ha explicado que «todo lo que se ha descartado no ha sido por capricho, sino porque era de imposible utilización» para un operativo de este carácter.

Además, ha añadido que «la posibilidad de ocupar un solar del Ayuntamiento de Palma ha sido la última de las opciones, después de explorar muchas otras». De hecho, ha pedido a las instituciones que, «si tienen otra opción factible para este verano, será más que bienvenida».

Calvo ha lanzado también un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y vecinos, ya que el centro no supone «ninguna construcción», sino que estará formado por una serie de módulos desplegables –de carácter temporal– que servirán para atender a las personas migrantes en caso de que llegue una oleada considerable de pateras a las Islas.

De hecho, ha recordado que, durante todo el año pasado, la estación marítima de Palma se habilitó para esta misma tarea y nunca ha habido «ningún tipo de problema ni incidentes».

Por todo ello, lo que se está haciendo ahora es buscar un espacio donde atender a estas personas «de la misma manera que se ha hecho en la estación marítima», ahora descartada por la llegada de cruceros y el crecimiento de la actividad portuaria.

Actualmente, ha aclarado, la tramitación «no está iniciada», ni tampoco hay «un papel de registro de la solicitud». Por el momento, «todo han sido conversaciones y análisis y, a partir de ahora, se valorará lo que se tenga que hacer».

Por último, Calvo ha destacado la «colaboración ejemplar» llevada a cabo entre administraciones y ha agradecido «el gesto de generosidad» del Ayuntamiento de Palma por ofrecer este solar disponible.

LA FUNCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL A MIGRANTES

La habilitación de este centro temporal servirá a modo preventivo en caso de que llegue una oleada de personas superior a lo que pueden absorber las dependencias policiales.

«Ni siquiera se sabe si se llegará a utilizar; no se puede prever cuántas personas ni cuándo van a llegar», ha insistido la delegada.

En cualquier caso, nunca estarían más de 72 horas en el centro, que es el tiempo máximo establecido de detención policial para la tramitación de los expedientes de extranjería, «aunque normalmente es menos».

Por su parte, el jefe superior de Policía, Gonzalo Espino, ha aclarado que, «aunque es evidente que la cifra de inmigrantes ha subido», la situación de Palma no es comparable con la de, por ejemplo, Canarias o la costa de Levante. «No tenemos constancia de que haya una ruta fija», ha añadido.

LAS MULTAS DEL ESTADO DE ALARMA EN BALEARES

Sobre la resolución del TC de declarar inconstitucional el primer estado de alarma, Calvo no ha ocultado su «sorpresa», ya que «pone en tela de juicio la acción del Gobierno de Pedro Sánchez y también la decisión amparada por la soberanía del Parlamento».

Por el momento, ha aclarado, se están analizando las consecuencias jurídicas de la decisión respecto a las sanciones y multas –«hay unas 800 pagadas y más de 3.000 en tramitación»– que se interpusieron durante ese periodo en Baleares.

«En cualquier caso, no es una gran noticia y cuestiona una decisión que el Gobierno de España podría tomar en cualquier otro momento, ya que se trata de salvar vidas y es un instrumento que permitía el control de la movilidad», ha concluido.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha manifestado este viernes que «el país de Cuba vive una situación excepcional» y ha reivindicado que se levante el embargo económico sobre la isla.

En rueda de prensa tras la firma de un convenio en Pamplona, Belarra ha evitado posicionarse sobre si Cuba es una dictadura y ha señalado que «en el Gobierno estamos de acuerdo en cuál sería la manera de ayudar al pueblo de Cuba, que es levantando el embargo económico; así lo hemos solicitado y ha recibido además un acuerdo de los grupos muy mayoritario muchas veces en el Congreso de los Diputados».

La ministra ha añadido que «lo hemos hecho también en el marco de Naciones Unidas, hasta 148 países han pedido en la última Asamblea General que se levante el embargo económico sobre Cuba para resolver una situación que todos compartimos que es absolutamente excepcional y no se puede medir por los parámetros europeos».

Preguntada sobre si considera que Cuba tiene o no una dictadura, ha indicado que «el país de Cuba vive una situación absolutamente excepcional, y si de verdad nos preocupa el pueblo cubano, y tengo serias dudas de que a algunas de las personas que están haciendo manifestaciones tan exaltadas les preocupe verdaderamente cómo viven los cubanos y las cubanas, se tiene que poder levantar ese embargo para que un país que ha generado dos vacunas que funcionan pero no dispone de las jeringuillas, fíjese si es excepcional la situación, -pueda administrar dichas vacunas-«.

Ha insistido la ministra en que se levante el embargo sobre Cuba y pueda «volver a retomar la senda de las reformas que todos compartimos que se tienen que producir».

Preguntada por este mismo asunto, la presidenta del Gobierno, María Chivite, ha respondido que se remite «al posicionamiento de la ministra».

El Papa ha limitado la celebración de misas en latín por el rito antiguo preconciliar -la conocida como misa tridentina-, al imponer que para celebrar la eucaristía según este rito se necesita el permiso del obispo y prohibir que se realice en las parroquias.

Así lo ha decidido a través de la publicación del motu proprio ‘Summorum Pontificum’ este viernes 16 de julio. El rito de la misa tridentina -celebrada según el rito romano de la Iglesia católica como señalan las prescripciones y rúbricas de las sucesivas ediciones del misal romano promulgadas entre 1570 y 1962- se celebra en latín eclesiástico y fue la forma litúrgica dominante en el catolicismo durante cuatro siglos.

Según detalla Vatican News, a partir de ahora, las misas por el rito antiguo ya no se celebrarán en las iglesias parroquiales; el obispo determinará la iglesia y los días de celebración; las lecturas serán «en lengua vernácula» utilizando las traducciones aprobadas por las Conferencias Episcopales; el celebrante será un sacerdote delegado por el obispo.

El obispo también será responsable de verificar si es oportuno o no mantener las celebraciones según el antiguo misal, comprobando su «utilidad efectiva para el crecimiento espiritual». De hecho, será necesario que el sacerdote encargado tenga en mente no sólo la celebración digna de la liturgia, sino también la atención pastoral y espiritual de los fieles. El obispo «se preocupará de no autorizar la creación de nuevos grupos».

Además, los sacerdotes ordenados después de la publicación del motu proprio que pretendan utilizar el misal preconciliar «deberán presentar una solicitud formal al obispo diocesano, que consultará a la Sede Apostólica antes de conceder la autorización», mientras que los que ya lo hacen, deberán pedir permiso al obispo diocesano para seguir utilizándolo.

Los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, «en su momento erigidos por la Comisión Pontificia Ecclesia Dei», pasarán a depender de la Congregación para los Religiosos. Los dicasterios de Culto y de la Vida Religiosa velarán por el cumplimiento de estas nuevas disposiciones.

En una carta que acompaña al motu proprio, Francisco explica que las concesiones establecidas por sus predecesores para el uso del misal antiguo fueron motivadas sobre todo «por el deseo de favorecer la recomposición del cisma con el movimiento liderado por el arzobispo Lefebvre».

Según señala en la misiva, la petición, dirigida a los obispos, de acoger generosamente las «justas aspiraciones» de los fieles que pedían el uso de ese misal, «tenía, por tanto, una razón eclesial para recomponer la unidad de la Iglesia». Esa facultad, según observa Francisco, «fue interpretada por muchos dentro de la Iglesia como la posibilidad de utilizar libremente el Misal Romano promulgado por San Pío V, determinando un uso paralelo al Misal Romano promulgado por San Pablo VI».

El Papa recuerda que la decisión de Benedicto XVI con el motu proprio ‘Summorum Pontificum’ (2007) se apoyó en «la convicción de que tal medida no pondría en duda una de las decisiones esenciales del Concilio Vaticano II, socavando así su autoridad». Según Vatican News, hace catorce años, el Papa Ratzinger declaró infundados los temores de escisión en las comunidades parroquiales, porque, según escribió, «las dos formas de uso del Rito Romano pueden enriquecerse mutuamente».

Pero una encuesta promovida recientemente por la Congregación para la Doctrina de la Fe entre los obispos aportó respuestas que revelan, según escribe Francisco, una situación que le apena y le preocupa, confirmándole en la necesidad de intervenir», cuando el deseo de unidad ha sido «gravemente despreciado», y las concesiones ofrecidas con magnanimidad han sido utilizadas «para aumentar las distancias, endurecer las diferencias, construir oposiciones que hieren a la Iglesia y obstaculizan su camino, exponiéndola al riesgo de la división.»

El Papa se ha mostrado apenado por los abusos en las celebraciones litúrgicas «de un lado y de otro», pero también por «un uso instrumental del ‘Missale Romanum’ de 1962, cada vez más caracterizado por un creciente rechazo no sólo de la reforma litúrgica, sino del Concilio Vaticano II, con la afirmación infundada e insostenible de que traicionaba la Tradición y la ‘verdadera Iglesia'».

«Dudar del Concilio –explica Francisco– significa dudar de las intenciones mismas de los Padres, que ejercieron solemnemente su potestad colegial cum Petro et sub Petro en el concilio ecuménico, y, en definitiva, dudar del mismo Espíritu Santo que guía a la Iglesia».

Además, añade que «es cada vez más evidente en las palabras y actitudes de muchas personas que existe una estrecha relación entre la elección de las celebraciones según los libros litúrgicos anteriores al Concilio Vaticano II y el rechazo de la Iglesia y sus instituciones en nombre de lo que juzgan como la ‘verdadera Iglesia’.

«Es un comportamiento que contradice la comunión, alimentando ese impulso hacia la división… contra el que el apóstol Pablo reaccionó con firmeza. Es con el fin de defender la unidad del Cuerpo de Cristo que me veo obligado a revocar la facultad concedida por mis predecesores», concluye.

La comisaria de los Mossos d’Esquadra Marta Fernández, ha explicado este jueves que han recibido desde el inicio de 2021 un 22% más de denuncias por delitos sexuales en Barcelona respecto a 2019, «aunque el hecho de que se tengan más denuncias no quiere decir que haya más hechos, ya que los delitos sexuales son hechos que se denuncian en diferido».

Lo ha dicho en una rueda de prensa tras la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Barcelona, presidida por la alcaldesa Ada Colau, y a la que ha asistido el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; y representantes policiales, entre otros.

Ha explicado que durante este año se han denunciado 1.327 hechos de violencia contra las mujeres, y para dar respuesta en 2020 se puso en marcha el Plan de mejora de atención a la víctima para hacer frente a esta «lacra».

El secretario general de la Conselleria de Interior, Oriol Amorós, ha explicado que desde el momento en que las víctimas de violencia machista entran a una comisaría para denunciar son atendidas por el mismo agente que seguirá todo el proceso, ya que «es muy importante generar confianza a la víctima».

Han reforzado los grupos de atención a la víctima, han abierto nuevas herramientas tecnológicas para denunciar –como un canal de WhatsApp– y han aumentado el número de agentes en las Unidades de Atención a la Víctima, concretamente 13 agentes más en la ciudad de Barcelona.

También han lamentado que los maltratos en el ámbito del hogar han aumentado en un 40,3% durante este mismo periodo, y Amorós ha destacado la voluntad de «incrementar el trabajo contra la violencia machista, la gente mayor que vive sola y también con los menores cuando son víctimas de acoso».

HECHOS DELICTIVOS

Han explicado que también se ha registrado una reducción del 44,4% de los hechos delictivos respecto 2019 durante el primer semestre, con 63.163 hechos delictivos, 8.670 detenciones y se ha investigado a 18.793 personas.

También se han denunciado 24.432 hurtos –una reducción del 63,5%–, y se ha registrado una disminución del 38% de robos violentos e intimidación en la vía pública y/o al transporte público.

Han manifestado que en la lucha contra la multirreincidencia se han detectado 134 delincuentes con una intensa carga delincuencial, de los cuales han detenido a 111 con 4.475 antecedentes.

El intendente Pedro Velázquez ha insistido en que es muy importante la coordinación entre la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra, que por primera vez han firmado un documento para la gestión de los detenidos; a partir del 1 de julio, las personas detenidas por la Guardia Urbana pasarán directamente al Área Central de Detenidos de los Mossos d’Esquadra, sin ir a ninguna comisaría de la policía local.

«Se ha consolidado una unidad conjunta, un hito histórico, es un ahorro de tiempo y de seguridad física y jurídica para los agentes», ha añadido.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, confía en que los jueces sean «razonables» y avalen hoy el toque de queda para 53 municipios de 01.00 a 06.00 horas porque «en una pandemia quien tiene que decidir estas cosas es Sanidad».

«Yo tengo la confianza en que todos tenemos que ser un poco razonables, y me permito decirlo, también del estamento judicial, cuya sentencia siempre he respetado, pero esto es un tema distinto, es un tema sanitario, y ante la sanidad creo que tenemos todos que confiar en quienes saben y proponen medidas», ha valorado Revilla este viernes a preguntas de la prensa.

El presidente cántabro ha señalado que en esos momentos desconoce la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) respecto al toque de queda solicitado por la Consejería de Sanidad, pero espera que hoy salga publicada la resolución.

En este sentido, ha señalado que tiene la «intuición» y la «confianza» de que «todos seamos racionales», aunque «respeta» la decisión de los jueces.

Así, ha insistido en que es «de sentido común» que en una pandemia sean los expertos, que en Cantabria son «extraordinarios», quienes digan «qué hay que hacer».

«Los jueces están ahora en un debate sobre los derechos fundamentales», ha opinado el presidente regional que, aunque ha reconocido que es «muy delicado» restringir movimientos, ha apuntado que cuando los jueces van al Hospital Valdecilla, donde «no llevan toga y van de pacientes», al igual que él se hace «lo que dicen los médicos».

«Yo pediría que se tenga en cuenta que estamos en una pandemia y las resoluciones que se toman son por el interés público de preservar la vida y la salud, no hay otra», ha afirmado Revilla, que ha apuntado que «respeta» las decisiones judiciales pero hay algunas que le «cuesta entenderlas», sobre todo por la «disparidad» de criterios de unos lugares a otros.

En este sentido, ha señalado que le «cuesta entender» que de los once magistrados del Tribunal «seis digan una cosa y cinco otra», en relación a que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma.

En este sentido, ha explicado que entre los que han dicho que el estado de alarma «estaba bien» se encuentra el presidente del TC.

«Es un tema complicado, pero en estos momentos estamos en un brote muy preocupante que afecta a la juventud», ha aseverado Revilla, aunque ha reconocido que «no es lo mismo de grave» que cuando afectaba a las personas mayores que acababan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Asimismo, ha apuntado que se están dado casos de abuelos y padres que están siendo «infectados» por sus nietos e hijos porque «el grado de inmunidad no llega al cien por cien de la vacuna». «Nos estamos encontrando con gente ya en los hospitales y en las UCIs con las dos vacunas», ha dicho Revilla, que ha pedido tener «un poco de cuidado».

De esta forma, el presidente autonómico ha abogado por mantener la economía «en unos niveles razonables para que esto no se pare», pero, al mismo tiempo, manteniendo unas medidas restrictivas porque, ha advertido, este brote si no llega a ocurrir con el 50 por ciento de la gente vacunada y hubiese sucedido hace un año «hubiera sido una catástrofe hospitalaria.

Revilla ha hecho estas declaraciones en la ermita de la Virgen del Carmen de Revilla de Camargo, previamente a asistir a la misa con motivo de dicha festividad que se celebra el 16 de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado hoy desde Soria que se puede discrepar y disentir del fallo del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del primer estado de alarma, porque es algo propio del estado de derecho. Asimismo, ha negando que se estén produciendo ataques desde el Gobierno al alto tribunal.

Grande-Marlaska, que este viernes ha inaugurado la nueva cárcel de Soria, se ha referido así a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que definió como «elucubraciones doctrinales» el fallo del TC que declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma.

«No hay ataques al poder judicial sino «valoraciones dentro de lo que es un Estado de Derecho de separación de poderes y acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional», ha aseverado Grande-Marlaska.

En este sentido, el ministro del Interior ha explicado que se puede «discrepar de la sentencia de una forma razonable, adecuada y desde un punto de vista jurídico» y el fallo «se acata». «Pero se puede disentir» ya que «eso es propio de un estado de derecho».

«El Gobierno actuó en la forma que legalmente se veía que estaba recogida el Estado de Alarma en la Ley Orgánica 4/1981, el confinamiento fue una medida que nadie discutió y en una resolución del propio Tribunal Constitucional de abril de 2020 confirmó», ha explicado el ministro de Interior.

Asimismo, Grande-Marlaska ha subrayado que, en abril de 2020, la medida «no recibió ningún atisbo de que no fuera adecuada» por lo que ha pedido «hacer una mínima reflexión sobre el motivo por el que se ha tardado tanto en dictar una resolución que se ha dado a conocer recientemente».

Grande-Marlaska ha hecho hincapié en que el objetivo del Gobierno «era salvar vidas y eso nadie lo ha discutido» ya que «se salvaron vidas, se evitaron contagios y era la medida adecuada y ni el Tribunal Constitucional en abril dudó de su necesidad»

El magistrado progresista del Tribunal Constitucional (TC) Cándido Conde-Pumpido, uno de los discrepantes con la mayoría de este órgano que declaró el pasado miércoles inconstitucionales algunos aspectos de la primera declaración de estado de alarma por covid, considera que la sentencia «no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma».

Así lo señala en su voto particular, en el que insiste que la resolución no responde a verdaderos criterios jurídicos, «pues utiliza un mero atajo argumental (calificar como suspensión una restricción intensa de un derecho fundamental con una argumentación muy pobre) para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político – en referencia a Vox- que previamente había apoyado expresamente en el debate y votación parlamentaria de la prórroga»

A su juicio esta construcción, «con la falta de certeza que se deriva de la misma, aboca a los poderes públicos a la utilización futura de una herramienta, el estado de excepción, que, sin embargo, conlleva (..) una evidente disminución de las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales».

El argumento de que se suspendieron los derechos de los ciudadanos más que limitarse es para Conde-Pumpido «más propia de un lego que del máximo interprete de la Constitución» y ello «aboca a la arbitrariedad en su aplicación».

En este punto, el magistrado señala que las excepciones al confinamiento eran numerosas, según la propia sentencia, en el caso de la libertad de empresa o escasas en el caso de la libre circulación.

GRANOS DE ARENA EN UN MONTÓN

Así, la construcción de la Sentencia de la que discrepa no da certeza alguna, pues se funda en «la*paradoja de sorites atribuida a Eubulides de Mileto», según cita Conde-Pumido, que demostró la dificultad de determinar cuantos granos de arena hacen un montón.

«Únicamente parece ser instrumental para permitir que este Tribunal tenga una mayor discrecionalidad para considerar que algunas de las medidas en su día adoptadas, si bien pudieron ser correctas para hacer frente a la pandemia, fueron inconstitucionales por el hecho de que el numero de excepciones no fue suficiente para evitar catalogar la restricción como una suspensión que se adoptó sin haber utilizado la herramienta correcta», lamenta en su voto particular.

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha pedido este viernes a los países europeos que expresen una posición «muy clara y firme» en contra del Gobierno del presidente del país, Nicolás Maduro, y, concretamente, a España que lidere «de manera constructiva» el proceso para la «liberación y democratización» de Venezuela, con medidas como la paralización de la extradición ordenada en su contra por las autoridades venezolanas para impedir cualquier gesto de legitimación hacia el mandatario.

En un discurso de marcado cariz internacionalista, López ha denunciado una «nueva ola de persecuciones» del Gobierno venezolano contra la disidencia, traducidas en lo que describió como el «intento de secuestro» ocurrido esta semana contra el líder opositor venezolano Juan Guaidó y la detención del diputado, también miembro de la oposición, Freddy Guevara.

Ambos episodios, a su entender, que se extienden «tanto a los opositores como a sus familias», ponen de manifiesto la necesidad de que la comunidad internacional exhiba un frente unido para respaldar a la disidencia en su camino para garantizar la celebración de unas elecciones «justas, libres y verificables». En particular cuando, según apuntó, en el momento de los hechos se encontraba de visita en Venezuela una misión electoral de la Unión Europea.

«Esperamos que la Unión Europea pueda tomar una posición sobre lo que ocurre porque no se puede ser indiferente a lo que ocurre en Venezuela porque lo que ocurre iba a afectar la seguridad del continente americano», ha explicado López. «Europa tiene una inmensa responsabilidad porque mientras ocurrieron todos estos hechos había una comisión sobre el terreno el país y que se entrevistó con Guaidó y Guevara», ha añadido. «Me parece positivo que lo hayan visto de primera mano», apostilló.

Para el líder opositor, la adopción de una posición sobre Venezuela «ya no es una cuestión de solidaridad sino de responsabilidad», dado que la crisis se ha extendido más allá de los países de la región por la «migración forzosa, corrupción, narcotráfico, grupos criminales y la estructura criminal que sustenta la estructura de Maduro», para convertirse en un caso «que tiene incidencia incluso sobre países fuera del continente».

PIDE A ESPAÑA UN «LIDERAZGO CONSTRUCTIVO»

En lo que respecta a España, López ha dado la bienvenida al nuevo ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares, de quien espera un comportamiento «proactivo» a la hora de desbloquear la crisis al tiempo que ha pedido al Gobierno español que rechace la solicitud de extradición en su contra por incitar, según Caracas, a la violencia en las revueltas de la oposición contra Maduro en el año 2014.

«Conocemos su compromiso con Venezuela, sabemos que conoce muy bien lo que ocurre en nuestro país y esperamos que asuma que España tenga una responsabilidad de liderar de forma constructiva el proceso de liberación y democratización de Venezuela», ha declarado el dirigente opositor.

En términos generales, López ha pedido a España que «lidere de forma constructiva» un proceso que debería culminar en la celebración de «unas elecciones libres, justas y verificables». «Esperamos que España esté en el lado correcto de la historia y creemos que se abre una nueva oportunidad con este nuevo canciller (ministro)», ha añadido.

Al insistir sobre la orden en su contra, López ha avisado de que «el destino de cualquier extraditado es la tortura, el encarcelamiento y quizás la muerte pero, además de eso, sería un regalo al dictador Nicolás Maduro al concederle un ápice de legitimidad», todavía más grave al tratarse de una solicitud «totalmente política» y sin motivo jurídico. Una vez más, López se ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional porque «no hay nada que esconder» y ha apuntado que en ningún momento ha tramitado una solicitud de asilo político a las autoridades españolas.

Por último, López vinculó los acontecimientos en Venezuela con las recientes protestas en Cuba contra las autoridades de la isla, y aprovechó lamentar ciertas y «sorprendentes» declaraciones formuladas por la diputada de Unidas Podemos en el Congreso Aina Vidal, quien rechazaba la existencia de una dictadura cubana. «Cuando se dice que Cuba no es una dictadura, se está relativizando lo que debe ser una democracia. La socialdemocracia tiene un gran desafío: evitar que la extrema izquierda les quite su vocación democrática», ha apostillado.

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado los recurso que Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra presentaron contra las resoluciones de la Administración central por las que se acordó, por un periodo de 60 años, la prorroga a la concesión de Ence.

En concreto, la prórroga, otorgada por el Gobierno del popular Mariano Rajoy, era para la ocupación de una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a esta fábrica de pasta de celulosa Kraft en la franja entre Pontevedra y Marín, en los terrenos de Lourizán.

En la sentencia, con fecha de 15 de julio, la sala considera que la resolución de 20 de enero de 2016 de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la ministra, no justifica, como exige la Ley de Costas, que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación.

Antes de pronunciarse sobre el fondo, la Audiencia da validez al allanamiento de la Abogacía del Estado formalizado en el año 2019.

En cuanto al fondo del asunto, el tribunal explica que en virtud del artículo 32.1 de la Ley de Costas se debe justificar que las instalaciones cuya prorroga se acuerda por su naturaleza no pueden tener otra ubicación.

En el caso concreto, la Audiencia indica que de acuerdo con la prueba pericial practicada se desprende que el agua dulce, en un determinado volumen, es un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo de las plantas de pasta de papel Kraft con blanqueo, como la de Ence Pontevedra, así como la proximidad a recursos hídricos (agua salada o dulce) para la evacuación del vertido, «pero no que dichas plantas por su naturaleza o configuración, tengan que ubicarse en el dominio público marítimo terrestre, que es lo que exige el artículo 32.1 de la Ley de Costas».

Por tanto, añade, pueden situarse en las proximidades, pero fuera de dicho demanio costero, en las proximidades de los ríos o de grandes masas de agua.

CITA OTROS CASOS

La sala cita otros casos como las fábricas de celulosa BHK, como las Torraspapel S.A en Zaragoza y Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A., que se sitúan junto a ríos en los que evacuan el efluente, y también con la fábrica de Ence en Navia, que según los peritos es equiparable con la de Pontevedra, que se sitúa próxima, pero fuera del demanio costero, como se ha acreditado en este procedimiento.

Para el tribunal resulta significativo que Ence «no ha podido aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero, sino solamente la resolución de 21 de marzo de 2013 de otorgamiento de concesión para ocupación del demanio en la margen derecha de la ría de Navia, con destino a vivero de plantas (excluyendo la plantación de Eucaliptos Nitens), no para ocupación de las instalaciones de la fábrica».

La sentencia recuerda que «la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre debe perseguir, ex artículo 2 de la Ley de Costas, entre otros fines el de asegurar su integridad y debida conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias, así como las de garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas, que en el caso de autos, la Orden impugnada ni ha esgrimido ni justificado».