La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un hombre a 15 años de cárcel por matar a su hijo con un cuchillo de cocina durante una discusión que se inició porque su madre debía dormir en el sofá y no en la cama junto a su esposo.

Así se desprende de la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que el tribunal condena al hombre por un delito de homicidio con las circunstancias agravantes de parentesco y abuso de superioridad. La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, impone al hombre el pago de una indemnización de 90.000 euros para la madre de la víctima.

El homicidio tuvo lugar sobre las 23.45 horas del 1 de septiembre de 2019 en la casa de Paterna (Valencia) en la que vivía la familia. La víctima regresó entonces a la vivienda y vio que su madre estaba durmiendo en el sofá del comedor porque el condenado no la dejaba dormir en su habitación.

Este hecho desencadenó una discusión entre el padre y el hijo que fue subiendo de tono, con gritos y forcejeos. En un momento de la pelea, el progenitor cogió un cuchillo de cocina que estaba en la mesa del comedor y se lo clavó en el pecho al perjudicado, que tenía 39 años.

El cuchillo le perforó el ventrículo izquierdo del corazón y le generó una hemorragia masiva que le provocó la muerte. Según advierte la resolución, en el momento del homicidio, la víctima tenía reducida su capacidad de defensa debido a la elevada tasa de alcohol hallada en su sangre, circunstancia que había sido advertida por el penado, «sabedor de la inclinación al consumo de su hijo».

Por otra parte, la sentencia rechaza la petición de la defensa para que se apreciara la atenuante de confesión en la conducta del condenado, pues, pese a que mostró su arrepentimiento por lo sucedido, no ha confesado a autoría a la autoridad ni antes ni después del procedimiento y ha basado su defensa sobre la «falaz versión de que el pinchazo en el corazón fue en legítima defensa y accidental».

De acuerdo con la resolución, tras los hechos, el condenado intentó evitar que acudiesen los agentes negando el origen de las heridas y no atendió al herido mortal y guardó silencio absoluto cuando se personó la Policía.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 22 años de prisión y 10 de libertad vigilada para un acusado de asesinar de 25 puñaladas a su yerno, del que su hija se estaba divorciando, porque no quería que su nieto de 2 años, hijo de la pareja, pasara con él el fin de semana, tal y como había establecido el Juzgado en el proceso de separación.

El escrito de acusación provisional del Fiscal ya ha sido presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Mieres, encargado de la instrucción del procedimiento.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado decidió terminar con la vida de su yerno con el que su hija se encontraba en trámites de divorcio y a sabiendas de la mala relación que existía entre ambos. El acusado tomó esta determinación con el propósito de intentar impedir a toda costa que la víctima pasara el fin de semana con el hijo de la pareja, de 2 años, su nieto.

Ante la idea de que la víctima pudiera hacer uso de este derecho de visitas por primera vez ese mismo fin de semana, el acusado decidió matarlo. Así, minutos antes de las ocho de la mañana del 12 de noviembre de 2019, el acusado se dirigió al domicilio de la víctima, en Mieres, y picó al telefonillo. La víctima le abrió la puerta y, ya en la vivienda, le invitó a charlar en la cocina. En ese momento, de forma absolutamente sorpresiva, sin que mediara palabra alguna y sin que el yerno pudiera imaginarse en ningún momento el ataque, el acusado sacó de entre su ropa un arma blanca, tipo cuchillo o machete, con una hoja de gran tamaño, y se lo clavó en el abdomen con gran violencia y, a continuación, brutalmente, en la muñeca.

La víctima intentó defenderse sin éxito durante los pocos segundos que consiguió mantenerse en pie y cayó tendido en el suelo. Entonces, el acusado, valiéndose del mismo cuchillo y aprovechando que su yerno ya no podía repeler sus ataques, le propinó numerosos cortes tanto en la cabeza como en el cuello, utilizando el arma no solo para acuchillarlo, sino también para cortarlo y golpearlo. Llegó a propinarle hasta 25 puñaladas.

Tras la brutal agresión, el acusado salió de la casa, llevándose consigo el arma homicida, que ocultó y que nunca fue localizada por la Policía.

Como consecuencia del ataque, el hombre falleció sobre las ocho de la mañana del 12 de noviembre de 2019. Sobre las nueve menos veinticinco de la mañana, el acusado acudió a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Mieres y allí reconoció que «creía» que acababa de matar a su yerno, «pinchándolo en la barriga». El acusado se encuentra en prisión provisional sin fianza por esta causa desde el 14 de noviembre de 2019.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato de los artículos 139.1.1º y 3º y 139.2 del Código Penal. Concurre la atenuante analógica de confesión. Y solicita que se condene al acusado a 22 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como a libertad vigilada durante 10 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al hijo del fallecido con 200.000 euros y a cada uno de sus diez hermanos, con 25.000 euros.

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha reclamado este miércoles que el anteproyecto de la Ley General de Comunicación Audiovisual (APL) incluya la participación de las autoridades reguladoras autonómicas en la supervisión de los nuevos servicios de comunicación audiovisual, como las plataformas de intercambios de vídeos, las redes sociales y las emisiones de los influencers.

El CAA ha presentado así nuevas alegaciones al APL, que ha sido sometido a un segundo trámite de audiencia e información pública por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, según ha explicado la Junta en un comunicado.

El consejo ha señalado que la futura norma, que sustituirá a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGA), supone la transposición de la Directiva Europea 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que presenta como principal novedad la regulación de los servicios de intercambios de vídeos generados por los usuarios a través de plataformas y de las redes sociales.

En este sentido, el CAA ha considerado que la supervisión y control de estos contenidos, así como la protección de los menores antes estos nuevos servicios audiovisuales, «no debe corresponder exclusivamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como se recoge en el artículo 92 del anteproyecto».

De este modo, el CAA ha subrayado que al resto de autoridades reguladoras como este órgano andaluz «deben reconocerse estas facultades de inspección sobre los contenidos que se reciben en cada comunidad autónoma, y prever mecanismos de colaboración».

El consejo ha asegurado que, independientemente de la tecnología, cuando los servicios audiovisuales se presten desde Andalucía y estén destinados voluntaria y deliberadamente para el público andaluz, «deben quedar bajo el control de la autoridad audiovisual autonómica. «El hecho de que el acceso a internet sea posible desde cualquier territorio, no constituye razón suficiente para desplazar la competencia al Estado», ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que el artículo 69.4 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, relativo a los Medios de Comunicación Social y Servicios de Contenido Audiovisual, «otorga la competencia compartida a la comunidad autónoma sobre ordenación y regulación y el control de los servicios de comunicación audiovisual que utilicen cualquiera de los soportes y tecnologías disponibles dirigidos al público de Andalucía, así como sobre las ofertas de comunicación audiovisual si se distribuyen en el territorio andaluz».

«MÁS REGULACIÓN»

El CAA ha apuntado que, como ya se expuso en las alegaciones efectuadas durante el primer trámite de audiencia, «es necesario introducir un mínimo marco obligacional establecido legalmente en temas como la protección de los derechos de los menores, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables, y no dejarlo sólo en manos de la autorregulación de los prestadores como promueve el anteproyecto».

El consejo ha mantenido su alegación respecto a que «se regulen ciertas materias que podrían menoscabar las competencias autonómicas de desarrollo legislativo» o, incluso, «las exclusivas en materia de organización de los servicios públicos de comunicación audiovisual». Del mismo modo, ha incidido en «que la regulación propuesta va más allá de establecer un mínimo común denominador y limita el desarrollo normativo que compete a las comunidades».

No obstante, el CAA ha valorado «positivamente» las modificaciones introducidas en el texto normativo tras su primera consulta pública, varias de ellas aportadas por este organismo, entre las que destaca el restablecimiento de las franjas horarias de protección reforzadas para los menores; el fortalecimiento y concreción de las medidas de alfabetización mediática; el incremento de los porcentajes de los contenidos accesibles para personas con discapacidad o el reconocimiento explícito y promoción del respeto a la igualdad y la no discriminación por razón de género, así como el fomento de la producción de obras audiovisuales realizadas por mujeres.

En materia de promoción de la obra audiovisual europea, el CAA ha estimado «adecuada» la adaptación de las obligaciones según las características del prestador, con la posibilidad de no exigirse a aquellos con bajo volumen de negocios o audiencia reducida. También ha considerado «positivo» el ajuste de la cuantía de las sanciones y multas dependiendo de los ingresos devengados por el prestador conforme a su cuenta de explotación, aunque ha apuntado que «estas imposiciones se deberían especificar para los casos de operadores públicos o sin ánimo de lucro».

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que este mismo miércoles el Ejecutivo autonómico y el central han llegado a un acuerdo que da pie a que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez retire el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la ley gallega de salud.

Este paso llega después de que el TC acordase la semana pasada levantar la suspensión (en el ámbito de las medidas cautelares) de todos los preceptos que habían sido recurridos por el Ejecutivo central a excepción del apartado relativo a la vacunación. La Xunta siempre defendió que la redacción de su ley no implicaba hacerla «obligatoria», pero el Gobierno tenía dudas sobre la constitucionalidad de este punto.

En una rueda de prensa en Salvaterra de Miño (Pontevedra), Feijóo ha reivindicado este miércoles la retirada del recurso de inconstitucionalidad como «un triunfo de la razón y de la política». De la «razón», ha interpretado el presidente gallego, porque el TC «acaba de decir que Galicia tenía razón y la ley es constitucional».

Y «de la política», ha añadido, porque el Gobierno acepta que «lo lógico», cuando una comunidad «tiene razón», es «dársela» y no estar sometidos «a una litigiosidad política, que no jurídica» como –ha dicho– se estaba «hasta ahora».

DISPOSICIÓN ADICIONAL

«La ley gallega de pandemias recobra su vigor», ha celebrado, antes de concretar que lo que, a cambio, pide el Gobierno es lo que la Xunta «ya ofreció hace meses: acreditar en una disposición adicional que la vacuna solo se puede dispensar en el ámbito de la voluntariedad de los ciudadanos mientras que no se modifique la ley orgánica estatal».

En este punto, el presidente gallego ha recordado que esta «ley gallega de pandemias» permite sanciones «directas» a quienes vulneren medidas sanitarias y, por ejemplo, se salten una cuarentena dictaminada a raíz de la pandemia. Con todo, aquellas decisiones que afecten a derechos fundamentales –como limitar reuniones– requerirán de autorización judicial previa.

En su intervención, Feijóo también ha destacado que se «acredita» que la norma gallega «siempre fue legal» y que «una ley de pandemias sería muy necesaria en España».

Uno de cada dos españoles manifiestan su preocupación por que intenten robar en su casa durante su ausencia en vacaciones, según revela un estudio del Instituto Sonde para Securitas Direct.

Por este motivo, más del 76% asegura que toma medidas de seguridad en su vivienda principal, como el uso de puertas blindadas (46,29%), rejas (26,22%) o alarma (17,66%). Un 35% se plantea instalar alguna medida de seguridad este verano, siendo la alarma con conexión a central receptora la medida más popular.

En este sentido, expertos de Securitas Direct ofrecen una serie de consejos básicos para afrontar con cautela la salida del hogar.

En primer lugar, recomienda asegurar la iluminación de exteriores durante la noche, ya que contar con algún punto de luz externa reduce el riesgo de robo.

También insta a revisar el estado de las cerraduras, pues tanto las de las ventanas como las de las puertas suelen deteriorarse con el tiempo. Así pues, realizar una revisión de las mismas reforzará la seguridad del hogar durante la ausencia estival. En este mismo punto, aconsejan cerrar la puerta con vuelta de llave para evitar una intrusión por el sistema del resbalón.

En tercer lugar, los expertos recomiendan no dejar las ventanas abiertas, pues hay que comprobar que todos los accesos de la vivienda están completamente cerrados antes de salir de viaje.

Tampoco habría que dejar objetos de valor a la vista desde el exterior de la casa, ya que un artículo de alto coste visible desde fuera de la vivienda puede aumentar la tentación, según los expertos.

Asimismo, recomiendan dejar un aspecto de vivienda habitada durante la ausencia, como alguna persiana subida o pedir a un vecino que recoja el correo del buzón. En este punto, sería ideal incluir algún automatismo que, por ejemplo, encienda o apague las luces durante el día y la noche. También es importante desviar las llamadas al móvil, pues un teléfono que no deja de sonar es sinónimo de que no hay nadie en la vivienda.

Los expertos también ponen el foco en la importancia de no publicar información sobre las vacaciones en redes sociales, ya que así se evitará dar pistas sobre desplazamientos y ausencias a los posibles ladrones. También consideran importante desactivar la geolocalización de los dispositivos y aplicaciones móviles.

Por último, piden no olvidarse de conectar el sistema de alarma o videovigilancia durante las vacaciones si se cuenta con uno, o pedir a un familiar o amigo que visite la vivienda para comprobar que todo está en orden.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, está investigando la apertura de expedientes de expulsión a extranjeros en situación irregular que habían solicitado la escolarización de sus hijos e hijas en Melilla tras realizar trámites en dependencias policiales.

En la tramitación de una queja por el inicio de estos expedientes de expulsión a familias que viven en Melilla desde hace muchos años, la institución informa que ha recibido un escrito de la Jefatura Superior de la Policía de la Ciudad Autónoma que reconoce esta práctica y la justifica en la aplicación de la normativa de la Ley de Extranjería.

El Defensor señala que se da la circunstancia de que algunos de los procedimientos de expulsión se han incoado a personas que estaban realizando los trámites necesarios para poder escolarizar a sus hijos el curso que viene tras haber sido aceptadas por parte del Ministerio de Educación varias resoluciones del Defensor del Pueblo.

En opinión de Fernández Marugán, el cumplimiento riguroso de la norma provoca situaciones «injustas o perjudiciales» para estas personas que llevan años residiendo en la citada ciudad autónoma.

Por este motivo, ha pedido a la Delegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de Melilla que revisen esta práctica de incoar expedientes sancionadores a los ciudadanos extranjeros cuando acuden a una Comisaría de Policía para realizar los trámites necesarios para ejercer el derecho a la educación de sus hijos o el acceso a la sanidad; también en los casos en los que acudan a denunciar un delito, para que lo puedan hacer sin temor a ser expulsados.

Aunque el de Melilla es uno de los últimos casos detectados, el Defensor asegura que lleva recibiendo quejas sobre este asunto desde hace varios años y desde diversos puntos de la geografía nacional, como Navarra, Valencia o Andalucía.

Así, la Institución mantiene abierta otra actuación con la Dirección General de la Policía tras conocer, a través de una asociación, la situación de tres mujeres extranjeras madres de menores españoles, a las que se incoó un expediente de expulsión tras acudir a la comisaría de Paterna para expedir o renovar el DNI de sus hijos.

Para la institución, esta práctica tiene «un claro efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, supone una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica y vulnera el Estatuto de la víctima».

En 2004, el Defensor dirigió una recomendación para proteger el denominado ‘safe reporting’, esto es, que haber sido testigo o víctima de un delito pueda ser denunciado con seguridad, independientemente de la situación administrativa del denunciante.

Si bien, esta recomendación fue parcialmente aceptada en 2009 solo para las denuncias formuladas por mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.

Por ello, el Defensor volvió a dirigir en 2019 una recomendación para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular puedan formular denuncia, sin que se les derive por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional, una resolución que fue rechazada, según recuerda la institución.

El pleno del Parlament votará este jueves por la tarde la convalidación del decreto de la Generalitat para crear un fondo que cubra las fianzas que el Tribunal de Cuentas pide a 34 excargos del Govern por su acción exterior entre los años 2011 y 2017, han informado fuentes parlamentarias.

Tras la celebración de la Mesa y la Junta de Portavoces este miércoles, se ha acordado convocar un pleno el jueves en el que se convalidarán cuatro decretos del Govern: tres por la mañana y el del fondo del Tribunal de Cuentas por la tarde.

Esto es así porque los grupos parlamentarios están a la espera de conocer el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que debe pronunciarse como tarde este jueves, sobre el decreto de la Generalitat del fondo para las fianzas del Tribunal de Cuentas y el aval del Institut Català de Finances (ICF).

El pleno comenzará a las 10.00 horas con la votación de la petición de los comuns de comparecencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la situación actual de la pandemia en Cataluña.

Esta comparecencia tiene un margen de un mes para sustanciarse después de que se apruebe, y teniendo en cuenta que hay 15 días inhábiles en agosto, este periodo podría alargarse hasta el 15 de septiembre.

El pleno también votará la convalidación de un decreto sobre apuestas, otro sobre deyecciones ganaderas y otro para garantizar las pagas de los funcionarios; en este último ha habido acuerdo unánime de los grupos para votarlo el jueves y no tener que convocar la diputación permanente durante el periodo inhábil.

Además, la Mesa ha admitido a trámite la petición de CUP y comuns de celebrar un pleno sobre alimentación sostenible, que no es obligatorio que se celebre y deberá obtener el apoyo mayoritario en la Junta para sustanciarse.

También ha acordado constituir un grupo de trabajo para abordar el plan de usos del Palau del Parlament, que reflexionará sobre el uso de los espacios y cómo reorganizarlos debido al incremento de grupos parlamentarios en esta legislatura, con la incorporación de Vox, y acorde con las medidas contra la Covid-19.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en España, Isabel Rodríguez, ha resaltado la larga trayectoria del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y lo ha puesto como ejemplo «en pequeño» de lo que el Gobierno de España pretende con los fondos europeos para la recuperación: modernizar la economía hacia un modelo circular y verde, aprovechar los recursos endógenos –patrimonio cultural y turístico– para generar empleo, mejorar las infraestructuras de la comunicaciones y los equipamientos del territorio.

En definitiva, se trata de hacer un país «mucho más desarrollado», ha puntualizado la ministra. Rodríguez ha visitado este miércoles la capital turolense para firmar junto al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el convenio del FITE 2021, un fondo «que hemos conseguido actualizar» gracias a la participación de los sindicatos, empresarios y la Diputación Provincial de Teruel, que «nos han acompañado en la definición de los objetivos», ha apostillado.

«Creo que hemos hecho un esfuerzo por darle una mayor continuidad», ya que el hecho de «hacerlo de manera bilateral, le da tranquilidad a los proyectos» y les permite «ser más amplios», ha esgrimido Rodríguez.

Ha resaltado lo siguiente. «Es un día feliz para mí como ministra, porque es el primer convenio que firmo, y hacerlo en Aragón, que es un territorio parecido a mi comunidad autónoma, Castilla La Mancha, es una gran noticia».

También ha reconocido que le apetecía «mucho» que esta fuera su primera firma como componente del Ejecutivo nacional, ya que este convenio «pone de manifiesto» una cuestión «muy importante» para el Gobierno de España que es la «cercanía» con los territorios y el compromiso de responder a las expectativas de los territorios. Este acuerdo es «en pequeño» lo que ahora «hemos hecho en grande con los fondos europeos», ha resaltado Rodríguez.

En esta línea, la ministra ha considerado que es un «gran» día para los gobiernos de España y Aragón porque este convenio supone una inversión de 60 millones de euros para una tierra que «merece una atención preferente en el marco constitucional de solidaridad», que imprime esa necesidad de «estar atento a aquellos lugares donde existen más dificultades. El objetivo final es «hacer un esfuerzo» entre comunidades y el Estado para «cohesionarnos social y territorialmente», ha opinado.

RECUPERACIÓN DEL PAÍS

Rodríguez, asimismo, ha subrayado que para «salir fortalecidos» de la crisis provocada por la COVID-19 «necesitamos a todas las administraciones, agentes sociales, económicos y a la iniciativa empresarial», porque «aquí no sobra nadie», ha sentenciado.

Además, ha celebrado que este martes en Consejo de Ministro recibían datos macroeconómico «esperanzadores» para todos los españoles, «fundamentalmente en lo que se refiere al crecimiento del PIB, a la recuperación a la afiliación de la seguridad social y a la contención de la tasa de desempleo».

También ha mencionado la puesta en marcha de los trabajos para unos nuevos presupuestos generales del estado, que «precisamente vienen a contemplar esa indicación macroeconómica del mantenimiento del techo de gasto en índices históricos, con una perspectiva de incorporar en ellos los fondos europeos».

En esta crisis, a diferencia de las anteriores, ha declarado Rodríguez «hemos estado preparados, tenemos proyectos, las reformas, la financiación y nos sentimos acompañados» por las distintas administraciones y un sector económico y empresarial que están dispuestos de transformar sus negocios «para generar empleo y riqueza».

Por último, no ha querido dejar de agradecer la labor realizada por las autonomías en la gestión de la pandemia, de manera especial, en las campañas de vacunación ya que «es algo de lo que sentirnos orgullosos como país». En este sentido, también ha tenido unas palabras para las entidades locales.

El Boletín Oficial de Defensa publica este miércoles la concesión de la medalla conmemorativa de la operación Balmis a los jefes del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, además de varios altos cargos militares del Ministerio. Mientras, las asociaciones denuncian que este reconocimiento le está siendo negado a muchos efectivos que participaron directamente en la misión de lucha contra el coronavirus.

Se trata de la medalla creada por el Ministerio de Defensa para reconocer la labor de todos los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en la lucha contra el Covid-19 durante los tres meses del primer estado de alarma.

El Boletín de Defensa publica este viernes la orden firmada por la ministra, Margarita Robles, por la que reciben esta condecoración el actual JEMAD y Jefe de la Armada durante la operación Balmis, el almirante Teodoro López Calderón; el jefe del Ejército de Tierra, el general Francisco Javier Varela; y el del Ejército del Aire, el general Javier Salto.

Pero además, una segunda orden concede la condecoración a una serie de altos mandos militares del Ministerio: el secretario general de Política de Defensa, almirante Francisco Martínez Ñúñez; el director de gabinete técnico de la ministra, el secretario general técnico, el director general de Enseñanza y Reclutamiento militar, el asesor jurídico general, el director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas, el del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el subdirector de Reclutamiento, el director de gabinete de la subsecretaria, el subdirector general de Personal Militar y la vicesecretaria general técnica.

Desde la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) califican estas órdenes como «una vergüenza» y denuncian que, mientras, muchos militares que estuvieron directamente implicados en la operación Balmis no están recibiendo la medalla. Según aseguran, es el caso de efectivos que estuvieron en las delegaciones de defensa realizando llamadas a militares ya retirados o de estudiantes de medicina que realizaban sus prácticas en hospitales públicos.

La orden que regula la concesión de la medalla establece una serie de requisitos para recibir esta condecoración, como haber participado un mínimo de días en labores de desinfección, traslado de enfermos o fallecidos, patrullas, refuerzo de fronteras, vigilancia de infraestructuras, cometidos de apoyo directo a la operación o apoyo sanitario, entre otras.

Pero además, apunta se podrá conceder la medalla conmemorativa de la ‘Operación Balmis’, con carácter extraordinario y excepcional, al personal militar y civil adscrito al Ministerio de Defensa, no incluido en el ámbito de aplicación de la Orden Ministerial, que haya participado o colaborado en ‘Balmis’.

Se trata de la mayor misión de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. En total, los militares participaron en 20.002 intervenciones, más de la mitad en desinfecciones en residencias, hospitales o infraestructuras, con un despliegue de casi 190.000 militares en un total de 2.302 poblaciones de la geografía española.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha exigido este miércoles al Partido Popular que sea «leal» con la Constitución y las leyes para renovar ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en diciembre cumplirá tres años caducado, indicando que el debate sobre la necesidad de cambiar el sistema de elección de sus vocales, que el PP quiere revisar ahora, es «sano» pero debe producirse después de poner en pie el nuevo CGPJ.

«Lo que el Gobierno pide es que el PP hubiera sido ya leal hace tres años, pero que sea leal ahora también con la Constitución y se proceda a la inmediata renovación del órgano de gobierno de jueces y juezas», ha dicho Llop, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en El Escorial.

La nueva ministra ha considerado que «se pueden analizar diferentes modelos», apuntando que «es muy sano abrir el debate para elegir el mejor modelo que se pueda acoplar a nuestro sistema institucional», si bien ha recalcado que «el modelo que tenemos hoy por hoy es el modelo constitucional» y, por tanto, «un modelo perfectamente válido».

«Lo que pide el Gobierno es que se proceda ya a la renovación», ha insistido, para recordar que es una obligación constitucional de cuyo incumplimiento se ha dado cuenta en el informe sobre el Estado de Derecho que ha elaborado la Comisión Europea, que «apela a España a que proceda inmediatamente a la renovación del órgano de gobierno de jueces y juezas», así como a la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

REUNIÓN ENTRE JJPD y PP

Por otro lado, se le ha preguntado sobre la reunión que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), asociación judicial a la que pertenece, y el responsable de Justicia del PP, Enrique López, mantendrán esta tarde sobre la renovación del CGPJ, a lo que ha contestado que, aunque «no sabía que iba a tener lugar», «es importante que desde los distinto sectores jurídicos se hable» porque «el diálogo es imprescindible para resolver cualquier escollo».

En este sentido, ha querido dejar claro que «no es el Gobierno el que tiene que proceder a la renovación del órgano de gobierno de jueces y juezas, es el Poder Legislativo, son los grupos parlamentarios representantes de la ciudadanía (…) quienes tienen que hacer ese proceso».

JUSTICIA 2030

Llop ha aprovechado además para poner en valor los «grandes proyectos» en los que trabaja el Ministerio de Justicia, «y que van a empezar a desarrollarse y a implantarse ya muy pronto, ya después del verano».

Así, ha destacado el plan 2030 para modernizar la administración de justicia por cuanto «afecta a la cohesión social y al sistema de justicia» en sí mismo, con el objetivo de ofrecer «una justicia de calidad, moderna y transformadora» a la ciudadanía. Que los tribunales de justicia sean vistos como motores de desarrollo social, no como obstáculos», ha señalado.

Ha querido resaltar igualmente que se trata de «un proyecto en cogobernanza» con las comunidad autónomas, con otras instituciones, con el CGPJ y con los distintos operadores jurídicos, desde jueces a procuradores.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha anunciado este miércoles que conmemorarán el 1-O con actos del 1 al 3 de octubre, que incluirán marchas con urnas y actos políticos, y que para todo ello contarán con la colaboración de Òmnium y Ami.

En rueda de prensa en la plaza Cataluña de Barcelona, ha detallado que las movilizaciones arrancarán el viernes 1 de octubre con varios actos políticos y con el principal en la «Cataluña norte», de donde partirá una marcha de vehículos encabezada por uno con urnas del 1-O hacia Figueres (Girona), donde se celebrará un concierto.

Paluzie, que no ha detallado la población de la que partirá la marcha pero ha asegurado que está vinculada al 1-O, ha defendido el papel de este territorio en el almacenamiento y distribución de las urnas: «Sin los catalanes del norte no hubiera sido posible el 1-O».

Convocan para el sábado 2 de octubre tres marchas a pie simultáneas que terminarán con actos políticos, y el domingo celebrarán un acto en Barcelona con la Plataforma 3 d’Octubre, en unas movilizaciones que compartirán lema con la Diada: ‘Lluitem i Guanyem la Independència’ (‘Luchemos y ganemos la independencia’).

La coordinadora de acciones territoriales de la ANC, Esther Güell, ha detallado que una de las marchas empezará en Sant Julià de Ramis (Girona) –donde tenía previsto votar el 1-O el expresidente del Govern Carles Puigdemont– y pasará por el centro de Girona hasta llegar a Aiguaviva (Girona), lo que sumará unos 20 kilómetros, unas cinco horas de ruta.

Las otras dos marchas, de una duración similar, saldrán de la Franja de Aragón hacia un municipio catalán todavía por determinar, y de Vinarós (Castellón) hasta Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), en una convocatoria que contará con el apoyo de entidades valencianas, ha asegurado Paluzie.

REACTIVAR LA MOVILIZACIÓN

La miembro de la Junta Directiva de Òmnium Blanca de Llobet ha defendido la importancia de movilizarse y ha sostenido que el 1-O fue el acto de desobediencia civil y de «ejercicio del derecho de autodeterminación más importante de Europa de los últimos 30 años».

El presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, ha resaltado el papel del ámbito local en la movilización y ha animado a los ciudadanos a sumarse a las marchas del sábado: «Una de las piezas que nunca fallará en nuestro país es el mundo local, porque es la gente del país organizada», ha garantizado.

Paluzie ha apostado por que la movilización popular se reactive para la Diada del 11 de Septiembre y continúe en octubre, y ha destacado que no sólo quieren recordar «a quienes aguantaron una fuerte violencia, sino también a los que con creatividad e imaginación sortearon los ataques de las fuerzas policiales» el 1-O.

«MENSAJE POLÍTICO»

«Entendemos que en un momento en que el 1-O se quiere enterrar y que parece que los objetivos hayan cambiado y mutado, poner en valor y hacer grande el 1-O ya de por sí es un mensaje político a las instituciones y a los partidos», ha resaltado Paluzie, que ha asegurado que respetarán las medidas sanitarias por el coronavirus que se apliquen en cada momento.

Ha destacado que la ANC ha elaborado un manifiesto para el 11 de septiembre abierto al apoyo de personas y entidades y centrado en la «lucha para conseguir la independencia», poner en valor el 1-O y defender reactivar la movilización popular en las calles para arrastrar a las instituciones, ha dicho.

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha cuestionado que la venta libre de test de autodiagnóstico en farmacias ayude a controlar la pandemia, señalando que es una medida que «no posibilita un correcto y eficaz control y seguimiento» del coronavirus y que, además, puede «perjudicar» a las personas al llevar a situaciones de «falsa seguridad o intranquilidad» si no se hace e interpreta de manera correcta, provocando «incertidumbre, inseguridad e inestabilidad» personal, laboral y familiar.

Así, el sindicato ha rechazado la decisión del Gobierno de descargar en el ciudadano la «importante responsabilidad» que conlleva, no solo la realización e interpretación de este tipo de pruebas diagnósticas, sino su pertinente comunicación al centro sanitario correspondiente en el caso de que entienda que su resultado es positivo, así como al centro de trabajo y a posibles contactos estrechos para su seguimiento, vigilancia y, si procede, aislamiento preventivo.

En este sentido, Satse ha recordado que la eficacia y fiabilidad de este tipo de pruebas diagnósticas es menor y, además, en función de cómo se realiza la recogida de la muestra, puede arrojar resultados «inexactos» que lleven a confundir la interpretación de los mismos, pudiendo provocar falsos positivos y falsos negativos.

«La falta de experiencia y de los conocimientos necesarios puede afectar a la precisión de las pruebas, y, con ello, el aumento de falsos negativos y falsos positivos. La toma de las muestras y la interpretación de la información no es un acto banal ni sencillo y, mucho menos, para una persona que no es un profesional sanitario», ha detallado la organización sindical.

Por ello, y de cara a garantizar un correcto seguimiento y control de la pandemia, Satse ha reiterado que estas pruebas diagnósticas deben ser realizadas en los centros y con los recursos que forman parte de los dispositivos de salud pública existentes en cada comunidad autónoma y por parte de los profesionales sanitarios cualificados y competentes, como es el caso de las enfermeras y enfermeros, en lugar de descargar toda la responsabilidad en el propio ciudadano.

De igual manera, señala, los resultados obtenidos tienen que estar integrados en el sistema de vigilancia epidemiológica de la sanidad pública para poder actuar en consecuencia en cada caso y adoptar en todo momento las decisiones pertinentes para controlar la propagación del virus.

Al respecto, Satse ha apuntado apunta que, «en ningún caso», debe hacerse mediante registros clínicos o de datos personales en las oficinas privadas de farmacia. Asimismo, y ante el argumento de que esta medida logrará reducir la presión asistencial en los centros, considera que provocará «justo lo contrario», ya que la «incertidumbre e inquietud» que generará en los ciudadanos la autorrealización de estas pruebas diagnósticas llevará a los afectados, en muchas ocasiones, a contactar o acudir a los centros con el consiguiente incremento de la actividad de en los mismos.

De otro lado, y en relación a la buena acogida que ha tenido este medida en el sector privado farmacéutico, la organización sindical entiende que dicho sector privado la valore como muy positiva, pues «indudablemente» supone una «clara y fácil» oportunidad de negocio que contribuirá a incrementar su volumen de beneficios, al ingresar entre 8 y 10 euros por cada test que vendan en su establecimiento comercial.

En cuanto a su ofrecimiento de coordinar el registro y notificación de los datos que resulten de los test de autodiagnóstico, Satse ha criticado firmemente la insistente intención de las oficinas privadas de farmacia de confundir a la opinión pública al hablar como si éstas fuesen un centro sanitario público cuando son establecimientos comerciales privados en los que mayoritariamente se venden medicamentos y todo tipo de productos de higiene, estética o aseo personal.

Al respecto, Satse ha pedido a la administración sanitaria que no baje la guardia ante el permanente intento de las farmacias de crecer en su margen de negocio intentando mimetizarse y confundir a la opinión pública como si fuesen centros sanitarios, porque no lo son de ninguna manera.

Cinco innovadoras contribuciones españolas de alto impacto internacional han sido reconocidas con los Premios Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO)-Fundación BBVA 2021. Se trata de la segunda edición de unos galardones que nacieron en 2020 para reconocer las aportaciones más innovadoras en dos disciplinas, la Estadística y la Investigación Operativa.

El objetivo de los premios, como se afirma en sus bases, es no solo «incentivar a los investigadores españoles en Estadística e Investigación Operativa», sino también, a través del reconocimiento a la excelencia en estas dos disciplinas, «impulsar su proyección al conjunto de la sociedad».

En esta segunda edición se han premiado cinco trabajos, todos ellos por ser «aportaciones pioneras e influyentes a la investigación en Estadística e Investigación Operativa». Cada uno de los premios tiene una dotación de 6.000 euros. Sus autores son investigadores en universidades y centros de investigación de Madrid, Navarra, el País Vasco, A Coruña, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Se trata de contribuciones publicadas en revistas de alto impacto, y que están recibiendo ya un alto número de citas. Abarcan una gran diversidad de áreas y pueden tener múltiples aplicaciones en bioinformática, investigación médica, ciencia espacial y producción industrial.

Los premios se conceden principalmente por artículos científicos publicados en los últimos cinco años. Sus autores deben ser investigadores de nacionalidad española, o de otra nacionalidad, que hayan realizado su trabajo de investigación en una universidad o centro científico de España. Pueden ser concedidos también a investigadores de cualquier nacionalidad por contribuciones desarrolladas en colaboración con uno o más investigadores españoles.

PREMIADOS

Ana López, Ricardo Cao Abad, María Amalia Jácome Pumar e Ingrid Van Keilegom han obtenido el premio por su trabajo ‘Nonparametric incidence estimation and bootstrap bandwidth selection in mixture cure models’, que propone un enfoque alternativo para crear modelos de supervivencia de pacientes de cáncer, según señala el acta del jurado, utilizando unas técnicas conocidas en estadística como análisis de supervivencia. A estos investigadores se les ha reconocido en la modalidad de ‘Mejor contribución metodológica en Estadística’.

Por la ‘Mejor contribución metodológica en Investigación Operativa’, se ha concedido el premio al equipo coordinado por Christian Blum, investigador científico del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial-CSIC, y en el que han participado Pedro Pinacho Davidson, Manuel López-Ibáñez y José A. Lozano, todos ellos autores del artículo ‘Construct, merge, solve & adapt: a new general algorithm for combinatorial optimization’, publicado en ‘Computers & Operations Research’.

Con la investigación premiada, publicada en ‘European Journal of Operational Research’, Francisco Parreño Torres y María Teresa Alonso Martínez (ambos de la Universidad de Castilla-La Mancha) y Ramón Álvarez-Valdés Olaguíbel (Universidad de Valencia) respondieron a un reto internacional planteado por Saint-Gobain Glass Francia en el que participaron más de 60 equipos de todo el mundo. La solución publicada por este equipo fue la más eficiente de todas. Por ello, se les ha concedido el premio a la ‘Mejor contribución aplicada en Investigación Operativa’.

A la ‘Mejor contribución aplicada en Estadística’, se les ha concedido el premio a María Dolores Ugarte, Gonzalo Vicente, Tomás Goica y Paloma Fernández Rasines (Universidad Pública de Navarra), quienes han llevado a cabo, señala el acta del jurado, «un estudio innovador que, mediante métodos estadísticos, proporciona una mejor comprensión de lo que la Organización Mundial de la Salud considera un problema social de proporciones epidémicas, con aspectos particularmente complejos en la India»: la violencia contra las mujeres.

Andrés M. Alonso Fernández y Daniel Peña Sánchez de Rivera (Universidad Carlos III de Madrid) han desarrollado un método que, por primera vez, permite clasificar series temporales de datos por su dependencia. Esta «metodología innovadora», en palabras del acta, ha sido publicada en ‘Statistics and Computing’ bajo el título ‘Clustering time series by linear dependency’. El trabajo ha sido reconocido como la ‘Mejor contribución en Estadística e Investigación Operativa aplicada a la Ciencia de Datos y el Big Data’.

La portavoz de Adelante Andalucía y parlamentaria autonómica no adscrita Teresa Rodríguez ha realizado este miércoles balance del curso político en la comunidad autónoma criticando al que ha definido como «Gobierno de los ricos», en referencia al que conforman PP y Ciudadanos (Cs), que «sirve de comercial de las grandes fortunas, de los grandes fondos de inversión».

Así lo ha sentenciado Teresa Rodríguez en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha agregado que dichos fondos de inversión a los que, en su opinión, sirve la Junta, «no están pensando para nada en el desarrollo de esta tierra, sino en aprovecharse al máximo de nuestros recursos naturales y de nuestros recursos humanos, en explotar hasta el límite nuestra tierra y nuestra gente para sacar el máximo nivel de beneficios posibles».

«Los comerciales, los testaferros, los portavoces de esos intereses privados tienen su mejor expresión en el gobierno de las derechas del PP y de Juanma Moreno», ha aseverado Teresa Rodríguez, que en su rueda de prensa ha repasado la gestión de la Junta en relación a asuntos como los servicios públicos, la política de empleo o de impuestos.

Así, ha criticado la fiscalidad «injusta y regresiva» que, a su juicio, promueve el Gobierno andaluz, y ha alertado de que la Atención Primaria, «tal como la conocíamos, ha muerto en Andalucía», y «no existe una digna de ese nombre», ya que carece de la capacidad de prestar una atención «cercana, rápida, cotidiana, que es la que tiene la Atención Primaria».

Teresa Rodríguez ha denunciado el «drama» de que hay municipios andaluces «donde no hay un médico más de una o dos horas al día», y ha subrayado que eso constituye «situaciones de discriminación directa sobre las poblaciones rurales y quienes viven» en esas localidades.

POLÍTICA DE «PRECARIEDAD» EN LAS CONTRATACIONES DE LA JUNTA

Ha señalado que, en muchos casos, estas situaciones se dan «por falta de profesionales» sanitarios suficientes, pero ha sostenido que eso es así porque la Junta «apuesta cada vez más por mecanismos precarios de contratación, y por eso los profesionales se van fuera en busca de estabilidad que no tienen en Andalucía».

En relación a la educación, ha subrayado que Andalucía cuenta con «ratios por encima de la ley», así como que «la Ley de Bioclimatización no termina de ejecutarse», y la Junta «apuesta por la inversión privada. Además, ha alertado de «discriminación» hacia el colectivo de «alumnos con necesidades educativas especiales», y ha reclamado comedores escolares «dignos, de gestión pública, con cocinas propias o de gestión a través de las asociaciones de madres y padres de alumnos (ampas)», así como un «plan especial de inversión en infraestructuras para garantizar que no se pasa calor ni frío en las aulas».

En materia de vivienda, Teresa Rodríguez ha acusado a la Junta de «favorecer la construcción de vivienda privada» y de no estar haciendo «nada en garantizar el acceso a la vivienda en Andalucía», y en relación al empleo ha insistido en que la «apuesta» del Gobierno andaluz es «por la precariedad, la temporalidad», y ha subrayado que existe «un grave problema de contrataciones fraudulentas, en fraude de ley».

Teresa Rodríguez también ha alertado de que «el peso del sector industrial sobre el PIB en Andalucía sigue bajando», así como de la «saturación de los servicios sociales municipales», y ha subrayado que en una situación de crisis como ésta «no es admisible que haya hasta 18 meses de demora para tramitar la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía».

Tras subrayar que ahora «es más importante que nunca que la Administración ponga como prioridad» el pago de ayudas al alquiler, a los autónomos, o el de la Renta Mínima, la portavoz de Adelante también ha criticado que por parte de la Junta se «eliminan líneas de subvención a entidades que se dedican» a la lucha contra la violencia de género y, en cambio, «se subvenciona a asociaciones antiabortistas, que atentan contra derechos sexuales y reproductivos de las mujeres». «Esto también es violencia de género», ha sentenciado Teresa Rodríguez.

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en la localidad valenciana de Carcaixent a un hombre de 60 años como presunto autor del asesinato de Florina Gogos, la joven de 19 años que desapareció cuando ejercía la prostitución en Albal.

El arrestado trabajaba como comercial en la zona donde la víctima fue vista por última vez y, según alertaron compañeras de la joven, consumía con regularidad servicios sexuales.

La investigación arrancó el pasado 10 de enero, cuando una amiga de la víctima denunció su desaparición. Al parecer, ningún conocido de la chica sabía de su paradero desde el 8 de enero. La última vez que vieron a Florina con vida fue en la Pista de Silla.

Los agentes recabaron varios datos y se percataron de que la víctima había denunciado a dos proxenetas cuando residía en Alemania. Sin embargo, esta línea de investigación se descartó cuando se comprobó que no existía relación alguna con la desaparición de la chica.

Transcurridos unos días, el 30 de enero, fue hallado el cuerpo de Florina Gogos en un canal de riego conocido como el Camino de la Fuente de Mariano, perteneciente al término municipal de Silla (Valencia).

El canal reseñado está muy próximo a la zona donde se vio por última vez con vida a la joven. La autopsia reveló que la víctima había sido estrangulada y, posteriormente, arrojada al canal.

Finalmente, la Guardia Civil ha detenido hoy a un hombre como presunto autor de un delito de asesinato. El supuesto autor del crimen trabajaba como comercial en la zona donde Florina Gogos fue vista por última vez.

Varias de las chicas que ejercían la prostitución, en la Pista de Silla, hicieron saber a los investigadores que el presunto autor consumía con regularidad servicios sexuales en la zona. El detenido no tenía antecedentes policiales ni judiciales. Además, se han practicado varios registros domiciliarios en el municipio de Carcaixent.

La detención del hombre, de nacionalidad española, ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Unidad Orgánica de la Policía judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carlet (Valencia).

DESCARTADO ASESINO EN SERIE

A lo largo de este año se han hallado los cuerpos sin vida de otras víctimas y, a priori, con similares causas de la muerte. La Guardia Civil ha descartado, con toda seguridad, la posibilidad de que un asesino en serie se encuentre operando en la Comunitat Valenciana, pues se ha podido corroborar que nunca ha existido relación entre los casos.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha indicado este miércoles que la Abogacía del Estado elaborará «cuanto antes» el informe que le ha solicitado el Tribunal de Cuentas para determinar si el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) puede avalar la fianza de 5,4 millones de euros exigida a 34 ex altos cargos de la Generalitat por los gastos para las denominadas ‘embajadas’ catalanas en el exterior.

Interrogada sobre la opinión del Ejecutivo acerca de la legalidad de los avales presentados por el ICF, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en El Escorial, Llop ha señalado que, dado que se trata de un asunto en trámite, «el Gobierno no puede interferir de ninguna manera».

«Lo que sí le puedo decir es que se ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado del Tribunal de Cuentas y que se elaborará cuanto antes, se está estudiando por los Servicios Jurídicos» del Estado, ha indicado.

Ante las dudas «sobre suficiencia y legalidad» que la instructora Esperanza García ve en los avales presentados por el ICF, fuentes del órgano contable informaron el martes de que se ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.

En cualquier caso, Llop ha defendido que «es un tema que hay que analizar con toda la normalidad», al ser preguntada sobre si este asunto podría entorpecer la nueva etapa de diálogo entre Moncloa y el Govern.

«Es un tema que tiene sus consecuencias jurídicas y eso es lo que tenemos que analizar, lógicamente», ha enfatizado la nueva ministra sobre la causa en el Tribunal de Cuentas.

5,4 MILLONES POR RESPONSABILIDAD CONTABLE

Según el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex dirigentes catalanes cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern, si bien todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras –también beneficiado por la medida de gracia– figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, asistirá finalmente a la Conferencia de Presidentes autonómicos tras lograr que se convoque para mañana una comisión mixta del Concierto Económico con el fin de concertar ciertos impuestos con la Administración vasca.

Urkullu ha apelado, además, al presidente Pedro Sánchez y a sus nuevos ministros a trabajar de «forma diferente la bilateralidad» con Euskadi, y espera que se reactive el traspaso de transferencias para completar el Estatuto de Gernika.

El Lehendakari, que ha participado en la constitución del Centro Vasco de Inteligencia Artificial en el Parque Tecnológico de Álava, en Vitoria-Gasteiz, ha anunciado su decisión de estar presente en la cumbre de Salamanca, una vez convocada la comisión mixta y teniendo en cuenta los temas «importantes» que se tratarán en el encuentro, que afectan también a Euskadi, como la situación de la pandemia de la covid-19, el proceso de vacunación, los fondos europeos o el reto demográfico.

De esta forma, se repite el episodio ocurrido el año pasado, cuando Iñigo Urkullu decidió a última hora participar en la Conferencia de Presidentes de San Millán de la Cogolla (La Rioja) organizada para el 31 de julio tras cerrarse un acuerdo entre los Ejecutivos central y vasco sobre la senda de déficit de la Comunidad Autónoma.

Urkullu ha realizado una reflexión sobre la oportunidad de acudir al encuentro del próximo viernes y ha decidido hacerlo, tras lograr arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez la convocatoria del Concierto Económico, sin olvidar también cuestiones relevantes como la pandemia o los fondos Next Generation, que centrarán la cumbre.

Estas son cuestiones a tratar en un diálogo multilateral, que, según ha explicado Urkullu, «redundan en beneficio» de la ciudadanía vasca, pero ha precisado que «todo ello en un marco también bilateral con el Gobierno español, que es el que hoy se acaba de sustanciar, alcanzando un acuerdo para la celebración de la comisión mixta del Concierto».

RESPETO AL AUTOGOBIERNO

«Eso es lo que significa el respeto a un autogobierno reconocido, a un autogobierno que contempla también la vida diaria de los ciudadanos vascos», ha insistido.

En la reunión de la comisión mixta del Concierto acordada, se tratará, según ha explicado, «la concertación de tributos que figuraban como transaciones digitales u otras figuras impositivas que el Gobierno español había adoptado como consecuencia de figuras europeas».

«En este caso, en orden al Concierto Económico, era absolutamente necesario que se concertaran con la Administración vasca, sea con el Gobierno Vasco o con las diputaciones, que son las que tienen representación en esta comisión», ha apuntado.

A su juicio, la adopción a última hora de la decisión de acudir a la Conferencia de Presidentes al alcanzar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez un acuerdo de última hora, tal como ocurrió el año pasado con la cumbre de presidentes que se celebró en San Millán de la Cogolla, «no es la forma adecuada» de comunicarse entre los dos Gobiernos.

BILATERALIDAD

«Hemos vivido una situación parecida a la del año pasado por esta mismas fechas ante una celebración de una Conferencia de Presidentes», ha admitido, para apelar al «nuevo Gobierno, conformado con los nuevos ministros y ministras», y también al presidente «a que esa interpretación de la bilateralidad sea trabajada de otra forma diferente».

Tras lamentar la forma en la que se ha trabajado esta ‘bilateralidad’ «desde el año pasado hasta hoy», ha pedido que se modifique esa forma de actuar. Por ello, ha puesto en valor «el respeto al Concierto Económico», con el acuerdo para celebrar la comisión mixta, y ha recordado que está pendiente «el cumplimiento del Estatuto de Gernika».

Por ello, espera que los traspasos de materias pendientes «se reactiven nuevamente» con la ministra de Política territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que un médico adscrito a la sede judicial realice un examen forense a Ahmed Tarouzi para acreditar de esta forma las torturas que asegura haber sufrido a manos del Frente Polisario en los campamentos de Tinduf (Argelia).

En un escrito, ASADEDH propone a Pedraz que Tarouzi «sea reconocido por el médico forense adscrito a este juzgado» para «acreditar las lesiones causadas como consecuencia de las torturas de las que fue objeto».

La petición obedece a la declaración que Tarouzi prestó el martes como testigo de las violaciones de los Derechos Humanos que el Frente Polisario y agentes argelinos habrían cometido desde los años 70 en los asentamientos de refugiados saharauis, en el marco de la querella presentada por ASADEDH contra 24 responsables de la organización política, incluido su líder, Brahim Ghali, y cuatro miembros de la Inteligencia argelina.

Según fuentes jurídicas, Tarouzi contó al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que estuvo apresado entre 1982 y 1995 en una cárcel clandestina de Tinduf donde miembros del Frente Polisario y de la seguridad argelina solían torturar a los allí detenidos, incluido él.

En su caso, relató que le arrancaron varios dientes y muelas, le quemaban con cigarrillos y hierros candentes, le ataban de pies y manos, y le vendaban los ojos, prácticas que le habrían dejado cicatrices por todo el cuerpo y que la acusación de ASADEDH pretende probar con dicho examen forense.

También afirmó que presenció torturas a otros reclusos. Así, detalló que a uno le cortaron las manos y murió desangrado. Otra de las prácticas habituales sería colgarles del techo. A lo que se añade, indicó, que les tenían días enteros dentro de celdas tan pequeñas que solo podían estar doblados.

Tarouzi sostuvo que en esa cárcel vio varias veces a Ghali dando órdenes. Interrogado sobre quién torturaba, contestó que presenció acciones de diversos miembros del Frente Polisario y tres generales argelinos.

SEGUNDA QUERELLA

El activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica ofreció un relato similar a Pedraz el pasado 29 de junio, al ratificar los hechos denunciados en la querella presentada contra Ghali por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.

De acuerdo con esta segunda querella, al llegar allí agentes del Frente Polisario amenazaron a Breica para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

La querella formulada por Breica, que inicialmente fue archivada por el juez José de la Mata –ahora en Eurojust–, fue reactivada por Pedraz el pasado mes de enero, aunque acotando que lo hechos denunciados no encajarían en el delito de lesa humanidad al no haber indicios de un ataque generalizado a la población civil.

Poco después, el juez admitió la querella firmada por ASADEDH por el maltrato al que el Frente Polisario habría sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, «especialmente» a los de origen español.

EL PASO DE GHALI POR ESPAÑA

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se reanudaron cuando se supo que se encontraba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Su traslado desde Argelia, que el Gobierno español tildó de cuestión humanitaria, estuvo en el trasfondo de la crisis diplomática desatada con Marruecos, que se tradujo en un aluvión de llegadas de migrantes, sobre todo menores de edad, a Ceuta.

Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, tras lo cual el juez acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada del 2 de junio, el líder del Polisario regresaba a Argelia en un avión medicalizado.