El presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, ha pedido buscar un "punto de equilibrio" entre el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y el derecho de la mujer a que se le practique un aborto, y ha propuesto que, en caso de que se realice un registro sea en positivo, es decir, que en él se apunten los médicos no objetores.

"Regularlo para intentar evitar conflictos, para buscar un punto de equilibrio entre el derecho a una prestación de la mujer y la objeción, la libertad ideológica o religiosa del médico, no me parece mal; pero, si lo que se pretende es limitar la objeción de conciencia, es claramente inconstitucional", ha afirmado Federico de Montalvo, este jueves en declaraciones.

Así lo ha indicado después de las discrepancias mostradas por la ministras de Sanidad, Susana Darias, e Igualdad, Irene Montero. Darias descartó este miércoles regular la objeción de conciencia al aborto pero pidió "compatibilizar y respetar" todos los derechos. Por su parte, Montero ha avanzado este jueves que se regulará el derecho a la objeción de conciencia de los médicos para practicar un aborto, como se hizo con la ley de la eutanasia, y que se hará "un registro y un control".

Para el presidente del Comité de Bioética, hacer un registro de los médicos objetores de conciencia "no tiene sentido" porque "si se quiere garantizar la práctica del aborto habrá que saber quién está dispuesto". "Lo que interesa al Estado es saber quién lo hace, no quién no lo hace", ha precisado De Montalvo.

Además, ha apuntado que no todos los médicos tienen una opinión clara al respecto sino que hay algunos que "tienen dudas". Por todo ello, ha propuesto que se haga "un registro en positivo", es decir, en el que se apunte a los médicos dispuestos a practicar el aborto.

Por otro lado, ha pedido que cuando se elaboren leyes que afectan a los profesionales sanitarios, en las que estos se van a convertir en "los protagonistas", se les consulte y escuche antes de aprobar la norma para llegar a una solución.

En cualquier caso, De Montalvo ha insistido en que hay que "buscar un punto de equilibrio" y "respetar" la objeción de los médicos que no quieran practicar un aborto porque es "una expresión de una de las principales libertades, la libertad ideológica y religiosa".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado al exconsejero delegado de la constructora Copisa Francesc Xavier Tauler --pendiente de juicio por el caso tres per cent-- en 'Pit', la pieza separada número 4 de 'Tándem' que investiga el proyecto del comisario jubilado José Manuel Villarejo por el que habría facturado 7,4 millones de euros a los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura para frenar la extradición del primero a Guatemala.

En un auto adelantado por 'El Periódico de España', el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 pone el foco sobre Tauler por el pago de una comisión de 30 millones de euros para la concesión de un contrato para el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, así como para los directivos de la autoridad local adjudicataria Empresa Portuaria Quetzal-EPQ.

El escrito detalla que lo que se investiga es la adjudicación a la empresa TCQ del proyecto de construcción de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal en Guatemala. Así, y mediante mordidas, se habría buscado "eludir la vigente normativa de contratación de Guatemala, logrando de este modo la sustitución del procedimiento normado de una concesión pública por la obtención sin una previa licitación".

Y en el centro de operación el juez sitúa a Tauler, que en la fecha de los hechos "era el presidente del Consejo de Administración de COPISA". Precisamente, TCQ habría contratado a COPISA Constructora Guatemala en octubre de 2013 mediante un contrato cuyo objeto era la proyección y ejecución material de la terminal de contenedores.

TAULER FIRMÓ LOS NEGOCIOS "ESENCIALES" PARA ARTICULAR EL PAGO

En este sentido, el magistrado señala que de las diligencias practicadas se desprende la relevancia de la intervención de COPISA, ya que se ha constatado la facturación a sociedades instrumentales a través de contratos de obra ficticios por importe de más de 29 millones de quetzales, que a la postre resultarán ser casi 36 millones.

El modus operandi consistiría, según el auto, en el ingreso por parte de COPISA de cantidades en las cuentas bancarias de un grupo de sociedades instrumentales creadas con la única finalidad de canalizar el delito de cohecho cometido y todo ello simulando una actividad contractual ficticia relacionada con aspectos de la construcción que jamás se llegaron a efectuar.

La imputación de Tauler, señala García-Castellón, viene por los indicios de la comisión de un delito de cohecho y de la posible participación en los hechos del empresario, "ya que fue él quien firmó los negocios jurídicos ficticios, esenciales para la articulación del pago ilícito de cantidades cuyos destinatarios finales" eran presidente y vicepresidenta respectivamente.

Por otro lado, Tauler se encuentra a la espera de fecha para el juicio de la conocida causa del 3 per cent, en la que se investiga el pago de comisiones ilegales a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos.

En 2015, el juez José de la Mata imputó a Tauler por los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental, al considerar que pudo satisfacer comisiones y pagos ilegales a Pujol Ferrusola "en contraprestación a gestiones realizadas por el investigado o su entorno más próximo para beneficiar a aquellas empresas".

El Juzgado de lo Social número tres de Sevilla ha desestimado la demanda promovida contra la fundación autonómica Progreso y Salud por el que fuera ministro socialista de Sanidad entre 2007 y 2009 Bernat Soria, por su despido a manos de la misma en 2019 alegando motivos disciplinarios.

El juzgado ve "plenamente justificado el despido", considerando acreditado que Bernat Soria "incumplió de una manera clara y evidente su compromiso de exclusividad" a cuenta de sus "actividades" paralelas a su contrato con la fundación.

En una sentencia emitida este pasado miércoles por dicha instancia judicial, el Juzgado de lo Social número tres aborda la demanda por despido y vulneración de derechos fundamentales por acoso interpuesta por el exministro socialista Bernat Soria, contra la Fundación Progreso y Salud, adscrita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, después de ser resuelta la relación laboral en la primavera de 2019, tras desembarcar el PP y Cs en el Ejecutivo andaluz en relevo del PSOE.

Para acometer dicho despido, la citada fundación esgrimió motivos disciplinarios, atisbando "incumplimientos de las obligaciones laborales y contractuales" por la "relación" de Bernat Soria con la entidad Limerick Strategic Advisors "y también determinados extremos relacionados con las entidades Andalucell, Alirober Consulting y Newbiothecnic". En concreto, atribuía a Soria "intereses directos (o incluso indirectos) en sociedades de igual objeto que la fundación que trabajan en actividades de investigación y que tienen domicilios a escasos kilómetros de la primera".

La fundación avisaba además de que Soria estaba obligado a "evitar el conflicto de intereses y cualquier posición que pudiese comprometer su imparcialidad, amén de tener que informar incluso de cualquier materia o particular que pudiera afectar a la marcha de su contrato".

LA DEMANDA DE BERNAT SORIA

En ese sentido, el Juzgado de lo Social número tres analiza que, en su demanda, Bernat Soria "considera que a lo largo de los últimos años ha sido objeto de una campaña de acoso y desprestigio en forma de amenazas, negativa a publicitar sus méritos y logros profesionales, negativa a reconocer su condición de director de proyectos, exclusión de reuniones, privación de personal, encargo de funciones a sus subordinados u otros trabajadores sin su conocimiento ni autorización y negarle herramientas de trabajo".

Al hilo, el exministro opina que "el despido es la culminación de esta campaña y vendría motivado por su actuación en relación con sus reiteradas peticiones de información y reivindicativas de los derechos económicos de los investigadores a propósito del contrato de licencia suscrito por la fundación y el SAS con Rexegenero".

Al respecto, alegaba que "los hechos estarían prescritos, pues eran de conocimiento público y que los reflejados en la carta de despido no justifican el despido, pues no habría infringido el pacto de exclusividad (de su contrato) puesto que algunas de las sociedades que se reflejan serían meras tenedoras y administradoras de su patrimonio personal". Igualmente, detectaba un incumplimiento de requisitos en su despido, reclamando una indemnización de 2,75 millones de euros.

Sin embargo, el juzgado determina que "la alegación de acoso no es más que un estrategia de defensa ante un despido disciplinario, pues Soria no fue hostigado o humillado en ningún momento ni menos aún se vulneró su derecho a la integridad física y moral ni su derecho al honor ni se atentó contra su dignidad, sin perjuicio de que puntualmente hubiera sido objeto de falta de consideración o de algún desaire, lo que desde luego no constituye acoso (falta el elemento de la reiteración), así como de las tensiones o conflictos inherentes a una relación laboral, que a buen seguro son más fácilmente soportables en la posición y condiciones de un trabajador como el señor Soria".

"TRANGRESIÓN DE LA BUENA FE"

De otro lado, expone que el exministro fue "despedido por transgresión de la buena fe contractual por incumplimiento de la obligación de exclusividad por participar o haber participado en sociedades cuyo objeto coincide con el de la fundación y haber prestado servicios bajo diversas formulas para otras mercantiles con intereses económicos y comerciales incompatibles con su posición en la misma, así como por no haber informado de la realización de actividades en determinadas sociedades aunque fueran compatibles".

Al punto, el juzgado considera que "no ha quedado acreditado en modo alguno que el señor Soria informara a responsables de la fundación de sus actividades privadas". "El engaño o la ocultación, expresión típica de cualquier falsedad, producido en el marco del contrato de trabajo, quiebra la confianza de la empresa en el trabajador, justificándose, de este modo, la decisión extintiva empresarial, por vulneración de la buena fe en estos supuestos", explica el juzgado, considerando que la fundación, con relación al contenido de su carta de despido "cumplió con su carga probatoria".

"INCUMPLIÓ SU COMPROMISO DE EXCLUSIVIDAD"

Bernat Soria, según el juzgado, "incumplió de una manera clara y evidente su compromiso de exclusividad", pues por ejemplo, "estando vigente la relación laboral con la Fundación Progreso y Salud, ha sido administrador único de Andalucell, cuyo objeto es el asesoramiento en terapia celular, diseño, construcción y acreditación ante organismos oficiales y privados de salas destinadas al proceso productivo de viales". "Esta sociedad además declaró ingresos en 2014 y tuvo un trabajador en plantilla y no consta que fuera una mera tenedora del patrimonio personal" del exministro, pone de relieve el juzgado.

Además era "apoderado con amplios poderes de la sociedad Alirober, cuyo objeto social comprendía la consultoría, asesoría y gestión de laboratorios, empresas farmacéuticas y tecnológicas, así como la compraventa de productos sanitarios y tecnológicos y salud electrónica". "Incumplió su deber de exclusividad, pues las actividades indicadas, consistentes en actuar como administrador de hecho y de derecho y apoderado de varias sociedades, con independencia de su actividad y que en ningún caso consta que fueran meras tenedoras o administradoras de su patrimonio personal, implica el ejercicio de actividades comerciales o profesionales por cuenta propia", resuelve el juez.

Además, el juzgado zanja que el exministro "en ningún momento comunicó estas actividades a su empleadora, no la mera tenencia accionarial, por lo que las mantuvo ocultas y, además, a lo largo de un dilatado periodo de tiempo", con lo que su despido estuvo "plenamente justificado". Así, declara procedente el despido, "sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación".

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha presentado este jueves una denuncia en los juzgados de Ronda (Málaga) por el incendio ocurrido hace unas semanas en Sierra Bermeja, que afectó a varios municipios del Valle del Genal, arrasó casi 10.000 hectáreas de terreno y en cuyas tareas de extinción falleció un bombero forestal.

Así lo han informado fuentes judiciales, quienes han indicado que en la denuncia, presentada en concreto ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ronda, se hace constar que se trata de un incendio con peligro para la vida, que está castigado en el Código Penal con pena de hasta 20 años de prisión.

Además, el ministerio público ha pedido la declaración de secreto de las actuaciones, que, según las fuentes, se ha acordado, con el fin de evitar cualquier filtración "que pueda frustrar el buen fin de la investigación a cargo del equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Guardia Civil de Málaga".

El fuego se declaró el día 8 de septiembre y se dio por controlado el martes día 14. La valoración provisional del incendio es que se han quemado 9.640 hectáreas, 54 explotaciones agrícolas y ganaderas se han visto afectadas; la superficie agrícola y ganadera con daños ronda las 160 hectáreas, el 90 por ciento castaños; y 110 kilómetros de cauces de ríos y arroyos se han visto afectados.

La Fiscalía General del Estado ya indicó en un comunicado que la información que le habían trasladado los investigadores era la detección de "varios focos iniciales" del incendio, "originados de forma prácticamente simultánea y cercanos a sendos puntos de una carretera poco transitada, con posibilidad de estacionamiento de vehículos".

Por eso, la Fiscalía ya indicaba que estos elementos "pueden apuntar a una etiología intencional", aunque precisaba que no existían "datos suficientes sobre la posible autoría" del fuego, en cuyas tareas de extinción perdió la vida un bombero forestal y otros dos resultaron heridos.

El ministerio fiscal precisaba que se trata de una zona "de gran riqueza ambiental", afectando en ese momento hasta a tres espacios naturales protegidos --ZEC de la Sierra Bermeja y Real, ZEC del Valle del Río Genal y Paraje Natural de Los Reales de Sierra Bermeja--, ocasionando además el desalojo de sus viviendas de un gran número de ciudadanos de diversas poblaciones.

La reunión entre representantes del sector del ocio nocturno y de la Xunta ha servido para avanzar en la elaboración del protocolo que le permita a esta actividad reabrir de forma generalizada. Encima de la mesa y con aceptación por parte de los empresarios, aunque rebajando sus expectativas iniciales, está una apertura con un 75 por ciento de aforo (frente al 50 ciento actual) y una hora más que actualmente, hasta las 4 de la madrugada.

En declaraciones a los medios tras finalizar el encuentro, que se prolongó algo más de una hora y que fue telemático y presencial, Luis Diz, de Galicia de Noite, ha explicado que todavía falta por perfilar algunas cuestiones que seguirán estudiante durante el fin de semana. Se han emplazado a un nuevo encuentro el lunes que viene, un día antes de la reunión del comité clínico en el que la intención es poder llevar el protocolo para su evaluación.

Otra de las cuestiones pendientes es el uso del certificado covid como requisito. Aunque la Xunta ha recibido el aval del Tribunal Supremo para poder usarlo en determinadas situaciones y contextos epidemiológicos, falta por concretar si se puede emplear como condición para acceder a esta actividad, por lo que todavía no se ha cerrado este aspecto a falta de los informes jurídicos pertinentes.

En general, se trata de un protocolo de transición hasta una situación epidemiológica todavía más favorable que la actual y que el sector entiende que puede facilitar la apertura.

"En la mayoría de las cosas tenemos acuerdos", ha destacado Luis Diz, quien ha explicado que el horario sería hasta las 4 de la madrugada indistintamente para pubs o discotecas, esto es, sin que venga determinado por la licencia. Una vez pasen varias semanas, se volvería a estudiar la ampliación.

La idea es que se cumplan determinados requisitos para poder acceder a los aforos y horario. "Lo ideal es volver a la situación que tenemos por licencia pautada en cada negocio, pero también tenemos que llegar a una entente, como en cualquier negociación, y en este caso es el paso intermedio antes de llegar al 100 por cien, que entendemos que será antes de llegar al mes de diciembre", ha expuesto.

La puesta en marcha del protocolo, ha indicado el representante del sector, va a depender de la decisión del TSXG sobre el uso del certificado covid, ya que el aval del Supremo está condicionado a situaciones concretas. Por lo que podría ser la semana que viene o la siguiente, en función de esta cuestión.

"Cuando nos den la norma, la aplicaremos", ha aseverado Luis Diz, quien ha explicado que se trata de una propuesta de la Xunta que el sector acepta. "Todo lo que sea ampliar aforo es la clave, como sector queremos trasladar a nuestros clientes una seguridad y si la gente que viene a nuestros locales está vacunada, pues es mucho más seguro que si no lo está", ha remarcado.

ES HORA DE ABRIR

En días pasados, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestó la intención del Gobierno gallego de que este protocolo se pueda poner en marcha en el mes de octubre.

"Y volver también a la normalidad en un sector que ha estado especialmente perjudicado, que no ha podido trabajar durante muchos meses y que merece empezar a trabajar cuanto antes", ha afirmó.

Por parte de la Xunta han estado en el encuentro el vicepresidente primero y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. El Gobierno gallego ha confirmado que pedirá autorización al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) antes de poner en marcha el certificado covid.

Tras el encuentro, Rueda ha subrayado que el objetivo es "recuperar la normalidad, echando mano del certificado covid, si la justicia lo autoriza, y de otras medidas sanitarias que se incluirán en el protocolo".

De la misma manera que con la hostelería, el nuevo marco "pretende dar estabilidad al sector", independientemente de la incidencia de la covid, en el lugar en el que opera el establecimiento, de tal manera que cada local optará a un nivel dependiendo de las medidas implatnadas y no supeditado al mapa de incidencia de la pandemia.

Cantabria ha cerrado en las últimas horas seis nuevas aulas de Infantil y Primaria por casos Covid-19 en tres colegios de Santander y uno de Torrelavega, que eleva a 18 el total de las confinadas este jueves.

En concreto, en la capital cántabra se han cerrado dos clases del Cisneros -que ya tenía dos más en cuarentena-, otras dos del María Auxiliadora y una del Dionisio García Barredo, a las que se suma otra del Amós de Escalante de Torrelavega, en todos los casos por positivos de alumnos.

Por contra, han terminado las cuarentenas de los colegios José Arce Bodega de Santander y José Ramón Sánchez de El Astillero, según los datos facilitados por la Consejería de Educación.

De esta manera, la incidencia en esta primera etapa educativa ha subido al 0,66 por ciento -ayer estaba en el 0,51 por ciento- con 18 aulas confinadas -cuatro más que la jornada previa- del total de 2.721 en la región.

Así, las aulas que permanecen en cuarentena corresponden a los colegios Cisneros (4), María Auxiliadora (2), Dionisio García Barredo y Fuente de la Salud, de Santander; Malacoria, de Ibio (Mazcuerras); San Martín de Campijo, de Castro Urdiales; Cristo Rey, de San Vicente de la Barquera; Santiago Galas, de La Iglesia (Ruiloba); Fray Pablo y Pedro del Hoyo, de Colindres; Benedicto Ruiz, de Ajo; y José María Hidalgo, Menéndez Pelayo y Amós de Escalante, de Torrelavega.

Además, tres alumnos del colegio Valle del Nansa (Puentenansa) siguen en cuarentena preventiva por contacto estrecho con un trabajador no docente.

En cuanto a la etapa de ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP), permanecen confinados tres alumnos del instituto Santa Clara y cuatro del Cumbres de Santander, además de uno del Valentín Turienzo de Colindres.

Este curso los datos pueden consultarse en la web de la Consejería de Educación (educantabria.es), en el apartado 'Incidencia COVID ámbito educativo'.

El Gobierno considera que no existe "riesgo real" de que los fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que reciben las ONGD para financiar sus proyectos estén sirviendo en última instancia para respaldar económicamente actividades terroristas.

Así se desprende de una respuesta por escrito del Gobierno a una pregunta parlamentaria de Vox, en la que los de Santiago Abascal se hacen eco de las denuncias realizadas por Israel de que la ONG para la que trabajaba en Cisjordania la española Juana Ruiz, detenida desde el pasado abril, desvió fondos para apoyar al Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), considerado como organización terrorista tanto por la UE como por Estados Unidos.

Vox, que no menciona en ningún momento el caso de Ruiz en su pregunta, se remite al encuentro mantenido el pasado 3 de junio por la mesa y los portavoces de la Comisión de Exteriores del Congreso con el director general de Política del Ministerio de Exteriores israelí, Alon Bar.

En dicha reunión, el que fuera hace unos años embajador israelí en España "aseveró que existe la posibilidad de que fondos de Cooperación españoles hayan podido acabar en manos de terroristas a través de organizaciones tapadera creadas por los mismos", ofreciendo por ello a Exteriores "la creación de un grupo de trabajo en el que poder tratar este asunto y dar a conocer las pruebas" de las que dispone Israel.

Con ello, Bar se refería presumiblemente al caso de Ruiz. La española, que reside desde hace más de tres décadas en Cisjordania, fue detenida el 13 de abril por las fuerzas de seguridad israelíes y permanece en prisión provisional, acusada de un total de cinco cargos, tres en relación con su trabajo en la ONG palestina Health Work Committees (HWC) --ilegal a ojos de Israel--, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones.

Así las cosas, los de Abascal pidieron al Gobierno que aclarara si el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que depende AECID, está investigando esta cuestión y si iba a aceptar la creación del grupo de trabajo propuesto por Israel. Asimismo, preguntaron si iba a "recabar del Estado de Israel las pruebas mencionadas" y, de no hacerlo, si lo haría "algún otro organismo del Estado".

EL GOBIERNO DEFIENDE LOS CONTROLES DE AECID

En su respuesta, el Gobierno no responde a la propuesta de Israel y no menciona en ningún momento tampoco las acusaciones realizadas por este país y el caso de Juana Ruiz, que Exteriores ha asegurado seguir de cerca desde el momento en que se produjo el arresto.

Así, el Ejecutivo se limita a explicar las distintas leyes y normas que establecen "las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo". "A partir de la recepción de los fondos por parte de las entidades adjudicatarias (...) se pone en marcha un exhaustivo mecanismo de verificación y control de la utilización de la financiación concedida".

En este sentido, "se realiza un seguimiento de las actividades subvencionadas para supervisar que la ejecución" cumple con la ley, que estipula que los receptores de la subvenciones "deben someterse a las actuaciones de comprobación de la AECID y de las empresas contratadas por la misma, así como de la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas".

Las ONG para el desarrollo que reciben los fondos de AECID "están obligadas a presentar a la unidad gestora, a través del Departamento de ONGD, en los plazos y formatos establecidos, los preceptivos informes anuales de seguimiento y finales que contendrán la información y justificación económica relevante del periodo informado", recuerda el Gobierno. Además, podrán ser objeto de "auditorías como forma de justificación".

"El incumplimiento de las obligaciones de las entidades beneficiarias en la convocatoria, así como la no realización de los objetivos previstos o la deficiente justificación del gasto de la subvención concedida puede suponer el inicio de un procedimiento de reintegro de la subvención", subraya el Gobierno.

Puesto que "la AECID comprueba sistemáticamente que la entidad receptora no está incluida en el régimen de sanciones establecido por la UE y por Naciones Unidas", el Gobierno entiende que "ninguno de los proyectos de la AECID tiene riesgo real de verse afectado por las informaciones mencionadas en la pregunta".

Ciudadanos defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición no de ley para que el Ejecutivo impida nuevos homenajes a terroristas de ETA condenados judicialmente y para que se cese a los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra en el caso de que no prohíban estos actos.

En concreto, los de Inés Arrimadas emplazan al Ejecutivo a "asegurar, a través de las delegaciones del Gobierno en el País Vasco y Navarra, que no se vuelven a producir los denominados 'ongi etorri' que homenajean a terroristas condenados en firme por la Justicia".

Además, aboga por "cesar a los delegados del Gobierno" en esas comunidades en el caso de que "no actuaren para impedir la celebración de estos homenajes claramente contrarios a nuestra democracia liberal y a la memoria de las víctimas del terrorismo".

Precisamente, este miércoles el PSOE votó en contra de una moción impulsada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) que instaba al Gobierno a condenar "los actos de apoyo a los miembros y colaboradores de la banda terrorista ETA". Un voto con el que Cs considera que los socialistas persiguen el apoyo de Bildu a sus Presupuestos para 2022.

SE ENALTECEN LOS CRÍMENES Y SE REESCRIBE LA HISTORIA

En la propuesta que elevarán el martes al Pleno, los 'naranjas' sostienen que los recibimientos que se hacen a los presos etarras que vuelven a casa tras salir de la cárcel no son simplemente celebraciones de familiares y amigos que muestran su alivio por el retorno.

"Son eventos con un fuerte componente político, que enaltecen los actos que condujeron a esa persona a la cárcel", incluidos asesinatos, y suponen no solo "una humillación a las víctimas", sino también "una peligrosa manera de reescribir la historia y borrar el daño y la condición de terroristas de quienes tuvieron a nuestro país amenazado durante décadas y sembraron el miedo en el País Vasco y en toda España", afirman.

Para Cs, normalizar estos actos implica admitir "una visión del pasado fundada en un relato falso de lo ocurrido", "situando como defensores de la democracia a aquellos que intentaron acabar con ella y olvidando la defensa de sus principios por parte de todas las víctimas asesinadas".

Con el fin de que esto no ocurra y que no se trate a los terroristas como "héroes", como cree que hacen formaciones políticas como Bildu, apuesta por "confinar estas celebraciones, en todo caso, al ámbito privado de sus hogares, pues las acciones de los asesinos solo deben provocar vergüenza".

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley del Defensor del Pueblo, para modificar el sistema de elección del alto comisionado de las Cortes Generales, y propone que no pueda ser elegido quien haya desempeñado cargos políticos en los ocho años anteriores, con el objetivo de garantizar su "independencia e imparcialidad".

"A pesar de que la Constitución Española defiende la necesidad de que las Administraciones Públicas sirvan con objetividad a los intereses generales, los procedimientos de elección de los miembros de los órganos constitucionales han acabado facilitando un sistema de cuotas a través del cual los grupos parlamentarios designan a personas cuya independencia e imparcialidad se encuentra en entredicho", señala el texto de la proposición de ley.

A su vez, añade que el "filtro previo" que realizan los grupos parlamentarios en estos procedimientos supone "un menoscabo al derecho de la mayoría de ciudadanos a la hora de participar en los asuntos públicos y a optar a cualquier cargo público en condiciones de igualdad".

En la reforma de la ley que propone Ciudadanos, se modifica el actual sistema de elección del Defensor del Pueblo estableciendo el concurso de méritos como procedimiento para la elección del alto comisionado las Cortes Generales.

Así, se crea un sistema de designación "donde se garantiza una evaluación de idoneidad previa de los aspirantes y la concurrencia en condiciones de igualdad de cualquier ciudadano que cumpla los requisitos para ser nombrado Defensor del Pueblo".

Asimismo, se modifican las mayorías necesarias para ser designado alto comisionado de las Cortes Generales, fijando una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y del Senado en todo caso, y se introduce una cláusula de desbloqueo, para garantizar la renovación de este órgano constitucional y "evitar interinidades prolongadas que comprometan el cometido de este órgano constitucional ante la incapacidad de las Cámaras de alcanzar las mayorías previstas".

Además, se introducen nuevas causas de inelegibilidad para desempeñar el cargo, relacionadas con el desempeño previo de cargos de carácter político "con el objetivo de garantizar su independencia frente a posibles presiones o intereses durante el desempeño de las funciones del Defensor del Pueblo".

"Será inelegible quien, dentro de los ocho años anteriores a la fecha de la convocatoria del concurso de méritos, hubiese desempeñado un mandato representativo, un alto cargo o cargos asimilados a este, un cargo de elección o designación política en las Administraciones Públicas o en los organismos y entidades dependientes de las mismas, o un puesto de trabajo, un cargo orgánico u otros con funciones directivas en sindicatos y partidos políticos, federaciones, coaliciones de los mismos", reza el texto.

Igualmente, Ciudadanos propone una modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la que se introducen como causas de inelegibilidad para ser miembro del Gobierno de España el hecho de haber sido nombrado para formar parte de cualquiera de los órganos constitucionales o de una autoridad administrativa independiente "para eliminar cualquier incentivo de orientar sus actuaciones en beneficio del Gobierno de España o cualquier grupo parlamentario en perspectiva de ser nombrado alto cargo del Gobierno una vez espire el mandato del puesto para el que fue designado".

La columna eruptiva en la isla de La Palma, donde el volcán de Cumbre Vieja comenzó a emanar lava el pasado domingo, alcanza los 3.000 metros de altitud y los vientos dirigirán estos gases hacia el sur, en dirección a las islas de El Hierro y de La Gomera, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que los gases de se ven alterados por el propio calor de la erupción volcánica y esto provoca una corriente de vientos permanente que se dirige desde las inmediaciones hacia la zona de la erupción, por encima de esta zona superficial y hasta en los 2.000 metros de altitud.

De momento, los vientos siguen soplando del nordeste mientras que a unos 3.000 a 5.000 metros de altitud, la dirección del viento predominante será la suroeste, que sopla a una velocidad de unos 40 o 50 kilómetros por hora y girará al noroeste a 5.000 metros de altitud a últimas horas del viernes.

Así, pronostica que las emisiones del volcán durante la jornada del jueves y la del viernes se dirigirán hacia el sur y alcanzarán en superficie a zonas de El Hierro, La Gomera y Tenerife.

En concreto, ha destacado que las mayores concentraciones de gases como dióxido de azufre están en las proximidades de La Palma y en altitudes mayores en las que habitualmente se encuentra la población. De hecho, añade que a unos 1.500 metros de altitud las emisiones se pueden dispersar por el resto de las islas del archipiélago, aunque "obviamente" en concentraciones muy inferiores a las del entorno del foco del último.

Hasta el momento, Del Campo insiste en que a nivel de la superficie, donde vive la población y según la información de la Red de Control de Calidad del aire de Canarias, "no se ha visto alterada la calidad del aire con la erupción volcánica". Tampoco en la Península, donde el modelo de dispersión de contaminantes utilizado por la Agencia Estatal de Meteorología y que se llama 'Mocage' "no observa una llegada significativa".

Por tanto, el portavoz asegura que "queda descartada la ocurrencia de lluvia ácida en el entorno de la península y Baleares" y en cuanto a la predicción en el archipiélago solo prevé precipitaciones en el norte y en el este de las islas más montañosas. En todo caso, serán lluvias débiles y procedentes de nubes bajas. Del Campo admite que es "complejo" integrar en los modelos de predicción meteorológica las concentraciones de dióxido de azufre existentes en los distintos niveles atmosféricos, pero afirma que con la información disponible, en estos momentos puede decir que "es muy poco probable que se pueda producir algún episodio de lluvia ácida en el archipiélago canario.

En cualquier caso, agrega que en caso de producirse algún episodio de lluvia ácida, sería "un episodio puntual" y recuerda que los aspectos nocivos de este fenómeno "suelen presentarse a largo plazo y no en un episodio puntual".

Los datos de evolución de la pandemia por coronavirus indican este jueves un aumento de los casos activos de la enfermedad, con cinco más que ayer, hasta 131, aunque siguen bajando otros indicadores, como la Incidencia Acumulada a 14 días, que queda en 61,27 casos por cada 100.000 habitantes (unos tres puntos menos que ayer), o la presión hospitalaria, con cuatro ingresados menos.

Además, nuestra comunidad autónoma ha sumado 19 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia, un total de 39.398 personas han padecido la enfermedad en nuestra región.

Eso, en un día en el que, de nuevo, no se han producido fallecimientos por Covid-19 en la región. De este modo, desde que comenzó la pandemia, un total de 822 personas han fallecido por la enfermedad, 324 de ellos residentes de centros de mayores en la comunidad autónoma.

En cuanto a la presión asistencial, baja de forma considerable, en cuatro personas, con 11 pacientes ingresados en los diferentes centros hospitalarios. Así, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con 5 personas ingresadas en planta (tres menos que ayer), sin ningún ingreso y tres altas. Por su parte, en la UCI hay 5 pacientes Covid (igual que hace 24 horas).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el Hospital San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-COVID (15 a día de hoy, tres más que ayer), la UCI riojana tiene 20 pacientes y se encuentra al 46,51 por ciento (unos siete puntos más que ayer).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra, a día de hoy, contabiliza un solo paciente con coronavirus, uno menos que ayer, de modo que en las últimas 24 horas no se han registrado ingresos pero sí un alta en este centro hospitalario.

Por lo demás, en cuanto a la Incidencia Acumulada, ha bajado a 14 días de los 64,70 casos por cada 100.000 habitantes de ayer a los 61,27 de hoy (unos tres puntos menos).

Del mismo modo, baja la IA a siete días, de los 26,88 casos por cada 100.000 habitantes de hace 24 horas a los 24,38 de hoy (en torno a dos puntos de descenso). Por su parte, la tasa de positividad también baja, desde el 3,67 por ciento anterior de este miércoles a los 3,43 de la jornada de hoy.

Finalmente, no se tiene actualización a día de hoy de las personas en cuarentena, con el último dato del pasado viernes, cuando eran 8.098 personas frente a las 8.191 del jueves. Los centros de mayores, por último, continúan sin registrar ningún contagio entre sus residentes.

El nuevo administrador provisional de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Antonio Sánchez, ha sido ratificado este jueves por el Pleno de la Asamblea de Madrid gracias al apoyo decisivo de Vox tras haber llegado a un acuerdo con el PP.

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha detallado que ha negociado directamente con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, un documento que recoge que han dado sus votos a cambio de "una reducción sustancial del Presupuesto" del ente público "de un 10%", que se reflejará en el contrato programa y también en las próximas cuentas autonómicas.

El acuerdo, según ha explicado ante los medios de comunicación, establece mecanismos para "garantizar la transparencia en la contratación y subcontratación de empresas productoras que realicen trabajos para Telemadrid". Esto tendrá que publicarse de forma trimestral, para que sea "público y accesible".

"Vamos a velar no solo por la austeridad, por cuidar los recursos de los madrileños, que ahora mismo lo están pasando mal, sino porque haya neutralidad ideológica en una televisión que tiene que ser para todos los madrileños", ha recalcado.

El pasado jueves en Pleno José Antonio Sánchez no consiguió el respaldo de la Cámara regional, debido al voto en contra de los partidos de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) y la abstención de Vox, por lo que se ha tenido que volver a votar en el Pleno de este jueves.

Hoy ya sí ha salido ratificado por mayoría absoluta porque la suma de PP y Vox alcanza los 76 diputados frente a los 69 que necesitan. Todo ello, después de que esta mañana PP haya aceptado las tres condiciones que les imponía Vox para darles su apoyo.

DEBATE PARLAMENTARIO

En el debate parlamentario tras la votación, el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha hecho hincapié en que el PP ha tardado unos meses pero "al final se han enterado que los madrileños han elegido que los votos de Vox sean los decisivos".

Así, ha calificado el acuerdo de "oportunidad" para los 'populares' para demostrar que "no son el PP de Murcia, que no son el PP de Andalucía, que no son el PP de Ceuta y que no son el PP del Ayuntamiento de Madrid". "Todos ellos nos han traicionado. Esperamos mucho más de ustedes, que este acuerdo se cumpla y que sea el principio de otro acuerdo esta legislatura", ha zanjado.

La diputada de Unidas Podemos Vanessa Lillo ha criticado la "chapuza" de la ley y "el asalto" que supone a la televisión pública. Además, ha solicitado informes jurídicos para estudiar si es posible que propusieran al administrador provisional sin cumplirse los plazos y pidieran al Consejo de Administrador de RTVM que planteara un suplente por si José Antonio Sánchez no salía ratificado.

A continuación, la diputada del PSOE Isabel Aymerich ha indicado que después de la "semana del cortejo" entre PP y Vox entiende que se ha producido un acuerdo "muy opaco" para todos los grupos. "Este acuerdo va a tener un precio contra los profesionales de la casa y la calidad informativa", ha vaticinado.

Por su parte, el parlamentario Hugo Martínez Abarca ha criticado que el PP haya conseguido su objetivo de "trincar Telemadrid" y ha censurado que desde el primer día quisieran modificar la ley que regula el ente público con el objetivo de "asaltarla y hacer una purga". Lo ha calificado de "ejercicio de autoritarismo liberal, de caciquismo y de demostración de que la Comunidad es para ellos un "chiringuito que les pertenece".

La diputada del PP Almudena Negro ha dado las gracias a Vox por querer, como los 'populares', una televisión pública "transparente, austera, estable y despolitizada" en la que todos los madrileños se sientan representados. "José Antonio es idóneo no solo por su trayectoria, sino porque es gran conocedor de la gestión de medios públicos. Esto es un triunfo para la democracia porque lo llevamos al parlamento su ratificación no como RTVE", ha zanjado.

El Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud planteada por la Abogacía del Estado y no cerrará uno de los procesos del denominado 'Juicio por el clima' al considerar que el Gobierno no ha cumplido con el compromiso alcanzado en el Acuerdo de Paris de Cambio Climático, que tiene como objetivo la reducción de gases de efecto invernadero.

Se trata de la segunda negativa que el Alto Tribunal traslada a la Abogacía después de que el pasado 14 de junio rechazase la petición de dar carpetazo al recurso presentado por Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón. Las tres organizaciones insistían en que la aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) el pasado mes de marzo no satisfacía las obligaciones comprometidas por España.

Ahora, el Supremo deja claro en un auto con fecha 14 de septiembre que "no ha dejado de subsistir el interés legítimo de obtener tutela judicial por las organizaciones demandantes". Según ha señalado Greenpeace, todavía "persiste la inactividad de la Administración al no haber cumplido íntegramente el compromiso adquirido, que tiene su origen en un tratado internacional ratificado por el Estado Español y por la Unión Europea".

En concreto, las organizaciones se opusieron al cierre del litigio al considerar que no bastaba con la aprobación de cualquier PNIEC, sino que debía ser un plan lo suficientemente ambicioso como para limitar el incremento de la temperatura global en 1,5°C. "Para cumplir ese objetivo de acuerdo con la ciencia las emisiones de CO2 deberían reducirse un 55% en 2030 en todo el planeta. Esta cifra está muy lejos del 23% de reducción de emisiones para 2030 planeado por el Gobierno en su PNIEC", recuerdan desde Greenpeace.

Ese fue precisamente el criterio al que aludió el Tribunal Supremo en su auto del 14 de junio, que venía a responder a la primera petición por parte de la Abogacía del Estado para se cerrase el proceso. "Subsiste la pretensión de que se condene al Gobierno del Estado Español a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1. a) del Acuerdo de Paris de Cambio Climático, cumpla el objetivo de reducción de las gases de efecto invernadero en ningún caso inferiores al 55% en 2030 respecto a 1990", apuntaba el escrito.

LAS ASOCIACIONES CELEBRAN EL FALLO

Para la abogada de Greenpeace Lorena Ruiz-Huerta el último pronunciamiento del Alto Tribunal supone "una victoria muy importante". Por otro lado, ha calificado de "lamentable que la Abogacía del Estado se comporte como defensora de la actuación del Gobierno, en lugar de defender los intereses generales de la ciudadanía, vinculados con la protección del medio ambiente y el clima".

Por su parte, coordinador de clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha sostenido que "el fallo del Tribunal Supremo avala muchas de las demandas escuchadas en las calles durante los últimos años, en las que se ha mostrado" que todavía se está "lejos de enfrentar la emergencia climática".

Por último, la responsable de clima y resiliencia de Oxfam Intermón, Lourdes Benavides, ha exigido al Ejecutivo "compromisos ambiciosos y urgentes" y que cumpla con su "responsabilidad". Además, ha instado a los jueces que escuchen sus "argumentos, avalados por numerosos estudios y evidencias científicas".

La Ciudad Autónoma de Melilla ha comenzado este jueves a suministrar la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 a personas mayores, en principio tanto a los que viven en residencias como en pisos tutelados, después de haberlo hecho con la mayoría de los inmunodeprimidos censados en la ciudad española del norte de África.

Según ha informado en rueda de prensa la consejera de Salud Pública, Francisca Maeso (PSOE), han inyectado este jueves la tercera dosis de refuerzas a 190 personas, usuarias usuarios de la Residencia del Imserso y de la Gota de Leche.

Maeso, que ha estado acompañada por la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, y el director territorial de Imserso, José Ramón Moya, ha detallado además que "la semana próxima continuaremos la vacunación a los mayores de los pisos tutelados".

La socialista ha señalado que han iniciado la inoculación de este colectivo después de hacerlo con inmunodeprimidos de Melilla que fueron citados desde la pasada semana para inyectarse la tercera vacuna, si bien no ha podido cuantificar cuántas personas podrían quedar por recibirla, dado que la asistencia es voluntaria.

"Todos los que han querido vacunarse lo han hecho y los que faltan son por razones personales o por indicación médica", ha admitido la titular de Salud Pública, para añadir también los casos en los que han podido vacunarse en la Península y no lo hayan comunicado a las autoridades sanitarias melillenses.

"Todos los trasplantados que han querido están vacunados y la próxima semana empezaremos también con los inmunodeprimidos y los que sufren de insuficiencia renal crónica en diálisis", ha asegurado Maeso.

La consejera y la propia delegada del Gobierno han destacado la colaboración entre las distintas administraciones, concretamente la autonómica y la central, "para hacer realidad esta tercera dosis", y ha destacado el trabajo realizado por el personal del Imserso y de Sanidad, así como la comprensión de las familias de pacientes y mayores para hacer realizar esta tercera inoculación a ciertos colectivos como los mayores.

El Rey Felipe VI ha trasladado "su solidaridad, cariño y afecto" a los miles de afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma y les ha prometido que "no van a faltar ayudas" para que puedan recuperar sus vidas y la normalidad en la isla.

En unas declaraciones al término de la visita que ha realizado junto a la Reina Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Don Felipe se ha mostrado convencido de que "los palmeros saldrán adelante" ya que para ello contarán con el apoyo de todas las administraciones.

"Os quedáis con casi nada, de golpe, sin casas, sin enseres, sin ropa, sin recursos, sin trabajo, pero sí con la vida y la ayuda y la solidaridad de los demás", ha resaltado el Rey.

Por ello, ha defendido la necesidad de "hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacar adelante a estas familias, preservar su seguridad, garantizar su mañana y reconstruir en La Palma todo lo que la naturaleza se ha llevado, no quizá en el mismo lugar", al tiempo que ha reconocido que "habrá cosas que no se podrán recuperar".

"No van a faltar ayudas", les ha asegurado al Rey a los afectados, resaltando el "compromiso claro" de todas las administraciones pero también de muchos ciudadanos, "tanto canarios como peninsulares que están haciendo lo posible para echar una mano".

LA 'ISLA BONITA' SEGUIRÁ SIÉNDOLO

"Esta 'isla bonita', que es una joya, va a seguir siéndolo y seguro que los palmeros saldrán adelante", ha confiado el monarca, que ha reconocido que se trata de "una tragedia" que no va a olvidar y que no es fácil ponerse en la piel de quienes han perdido todo en los últimos días. Pero, ha insistido, "todas estas familias van a tener un futuro porque entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas, les tenemos que ayudar".

"Hoy no es fácil dar consuelo pero queremos con todo cariño dar esperanza, esperanza en que, paso a paso, con la ayuda de todos, van a poder reconstruir sus vidas", ha remachado Don Felipe.

También la Reina Letizia ha reconocido que le ha impactado "la tristeza de las familias" y el dolor que le han trasmitido sus interlocutores, que han coincidido en un mensaje: "No nos olvidéis".

Por otra parte, Don Felipe ha tenido palabras de elogio hacia el "trabajo incansable" que han realizado los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como Protección Civil y los voluntarios que, entre otros, están ayudando a los afectados, quienes han dado una lección de "capacidad y de humanidad".

Además, ha mostrado su "particular orgullo" por la ciencia canaria y por el "trabajo importantísimo" que han realizado los científicos en esta tragedia, defendiendo la necesidad de "seguir apoyándolos y apoyando a la ciencia".

ENCUENTRO CON LOS EVACUADOS

Don Felipe y Doña Letizia han iniciado su visita cerca de las 12.00, hora local, en el Acuartelamiento de El Fuerte, en Breña Baja, donde han podido conversar con algunas de las personas que permanecen alojadas en estas instalaciones tras haber sido evacuadas e interesarse por sus casos particulares.

Los Reyes se han acercado a algunos de ellos, principalmente personas de edad avanzada y con movilidad reducida, a quienes han saludado y han dado muestras de cercanía y apoyo ante las circunstancias que les ha tocado vivir, además de interesarse por su situación.

Uno de ellos, un anciano, no ha reconocido inicialmente al monarca, que se ha retirado un breve momento la mascarilla para que pudiera ver que era el Rey y que quien le acompañaba era la Reina Letizia. Otra de ellas le ha recitado una poesía.

A continuación, han aprovechado para saludar y conversar con representantes de los distintos cuerpos de seguridad y servicios que están participando en las labores de emergencia y evacuación, como el Ejército, la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, los Bomberos así como el Servicio Canario de Salud o la Cruz Roja.

A todos ellos les han trasladado su agradecimiento por la labor que están realizando de forma conjunta y en colaboración. "Gracias por el esfuerzo", les ha dicho la Reina Letizia. "Ánimo, porque esto todavía va a durar", ha subrayado Don Felipe.

ACOMPAÑADOS POR SÁNCHEZ Y TORRES

Durante toda su visita, los Reyes han estado acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, quienes también han aprovechado para departir tanto con los afectados como con los distintos efectivos.

Desde el acuartelamiento, se han trasladado a la sede del Cabildo, en la capital, para presidir la reunión diaria del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA). También han mantenido un encuentro con miembros de su Comité Científico.

Aquí, les han informado sobre la evolución de la erupción y los daños ocasionados por la misma, así como las distintas medidas que se están adoptando para mitigar en la medida de lo posible los estragos que está ocasionando la lava.

Posteriormente se han desplazado al puesto de mando avanzado, situado en el Centro Interpretación Caldera de Taburiente, para conocer la última hora sobre la erupción de los profesionales que la monitorizan al minuto.

SEGUNDO ENCUENTRO CON LOS AFECTADOS

Por último, los Reyes han acudido a Los Llanos de Aridane, donde han tenido ocasión de nuevo de hacer llegar su solaridad y su apoyo a familias que han perdido sus viviendas así como a agricultores que han perdido sus cultivos.

Como durante la mañana, Don Felipe y Doña Letizia se han detenido a conversar con varios de ellos, algunos visiblemente emocionados y afectados, preguntándoles por su situación personal, escuchando con mucha atención sus explicaciones y trasladándoles mensajes de ánimo y apoyo.

La visita de los Reyes se ha prolongado más de lo que estaba previsto inicialmente, ya que sus majestades han querido dedicar más tiempo a estar con los damnificados y también a conocer todos los detalles de lo que está sucedienco en La Palma, donde hay 6.000 evacuados y más de 350 viviendas destruidas.

Los Reyes han estado pendientes en todo momento de la evolución de los acontecimientos en La Palma desde que se inició la erupción del Cumbre Vieja a primera hora de la tarde del domingo. Ese mismo día, Felipe VI habló tanto con el presidente del Gobierno como con el presidente canario. El lunes, durante un acto oficial, el Rey trasladó su "ánimo" a los palmeros.

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado este jueves ante los empresarios valencianos una "nueva etapa de apertura progresiva" a partir del lunes, puesto que en los próximos días se habrá alcanzado la vacunación del 90 por ciento de la población con pauta completa.

Así lo ha señalado en Elche (Alicante), donde ha asistido a la reunión conjunta del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valenciana, en la que ha participado junto al presidente de CEV, Salvador Navarro.

En su intervención, ha asegurado a los empresarios que "se ha abierto la puerta de la esperanza". "Estamos en condiciones de empezar una apertura progresiva que nos lleve a la normalización de la socieddad. La mejor aportación a la economía será la normalización", ha expresado.

El 'president' ha valorado que la "corresponsabilidad" de la caiudadanía que ha contribuido a situar la Comunitat Valenciana como una de las regiones con mayor índice de vacunación del mundo, ha avanza la flexibilización de horarios y aforos, y ha apostado por el uso del certificado de vacunación para "dar seguridad y garantizar derechos".

Además, ha señalado que actualmente la incidencia acumulada se sitúa alrededor de 50 contagios por cada 100.000 habitantes, y que la cifra de personas hospitalizadas se sitúa por debajo de 200. Con estos datos, el 'president' ha vuelto a mostrar su esperanza de llegar al 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, con la "máxima normalidad posible".

Acerca de la flexibilización de las medidas para frenar la pandemia a partir de la próxima semana, Puig ha indicado que se modificarán horarios de apertura, aforos, y se abrirá un diálogo con los sectores afectados para tratar de que "la normalización sea lo más efectiva". Asimismo, se ha referido al uso del certificado de vacunación para acceder a determinados espacios, sobre el que ha dicho "dará seguridad a los ciudadanos" y "garantizará derechos".

Puig, que ha recalcado la importancia de la "vertebración de la sociedad", ha señalado que la Comunitat Valenciana está en condiciones "inmejorables" para recuperarse y avanzar.

En declaraciones a los medios, ha alabado el trabajo de Salvador Navarro y del presidente de la patronal alicantina, Perfecto Palacio, que "ha sido extraordinariamente positivo para unir a los empresarios y empresarias valencianas en la defensa de sus intereses, lógicamente, pero también del interés general".

"En eso hemos estado trabajando juntos en estos más de 18 meses de pandemia, en una situación de grandísima dificultad, pero si hoy estamos mejor de lo que cabía esperar, mejor que otros territorios, es precisamente por la unión, por la capacidad de trabajar juntos desde las distintas miradas", ha indicado.

Por ello, ha querido trasladar a los empresarios valencianos que se ha abierto "ya la puerta a la esperanza" y a punto de empezar "una apertura progresiva que nos lleve a la normalización de la sociedad". "Para eso aún faltan unos cuantos días, tenemos que consolidar esta situación pero lo que es cierto es que la mejor aportación a la economía será sin duda será la normalización", ha añadido.

Un total de cinco carreteras de la provincia se mantienen cortadas debido al temporal de lluvias que azota Huelva, según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales.

De este modo, actualmente se encuentran cortadas a la circulación la A-5052 en el kilómetro 2 y el kilómetro 111 de la N-431, ambas en el término municipal de Cartaya, mientras en La Redondela se encuentran cortadas la HU-3300 entre los kilómetros 0-4,3 y la A-5054 entre los kilómetros 4 y 7. Además, se encuentra afectada la A-5077 en el término municipal de Aljaraque.

Asimismo, desde el 112 han informado de que a las 16,30 horas ha comenzado una reunión de coordinación para evaluar la situación derivada del temporal en los municipios de la costa y que se está llevando a cabo en la sede de Policía Local de Lepe con los alcaldes de los municipios afectados. La misma está encabezada por el viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, y el director general de Emergencias y Protección Civil, Agustín Muñoz Martín.

Caber recordar que la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha activado a las 11,23 horas de este jueves la Situación 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), en su fase provincial, debido a las intensas precipitaciones que se están registrando desde primera hora de la mañana, principalmente en varios municipios de la costa.

Las localidades más afectadas han sido Isla Cristina, Lepe y Ayamonte, y en menor medida también se han registrado incidentes en Cartaya, Gibraleón, Aljaraque, Aroche, Rosal de la Frontera y Punta Umbría.

Asimismo, el Teléfono del 112 ha gestionado entre las 9,00 y las 12,00 horas de hoy más de 600 incidencias a causa de las anegaciones de viviendas, comercios, instalaciones públicas, garajes, sótanos, oficinas y edificios por las fuertes lluvias caídas, principalmente, en los municipios del litoral de Huelva.

Desde esta mañana, el 112 ha atendido la llamada de alerta por el derrumbe del muro del patio de un colegio en Aroche; también se ha caído el muro de una casa en la calle Santa María de Isla Cristina. Entre los incidentes más destacados, la entrada de agua en un colegio de Isla Cristina en la avenida Federico Silva Muñoz y de una guardería en la calle Cervantes del mismo municipio. También se han registrado complicaciones a causa de la lluvia en una residencia de mayores en la avenida Gran Vía de Isla Cristina.

En Lepe, la planta baja de un colegio está afectada por la subida del agua y dos guarderías han solicitado ayuda de los servicios de emergencias ante las anegaciones de sus respectivos locales. El agua también ha entrado en el centro de salud de La Antilla, en Lepe, y en la Escuela de Hostelería. Varios hoteles de la costa también han reportado problemas por la entrada de agua en sus instalaciones.

Asimismo, han sido recurrentes las llamadas por problemas en el viario público, con calles y plazas anegadas, e incluso han provocado que algunos vehículos quedaran atascados por la acumulación de agua en las calzadas.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso naranja por lluvias para toda la provincia en Huelva hasta las 21,00 horas de este jueves. Según las estimaciones de la Aemet, se esperan precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

El PP valenciano denuncia el retraso de la Generalitat en aplicar medidas contra la trata de mujeres y la explotación sexual en el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, su portavoz de Igualdad en Les Corts, Marisa Mezquita, y la responsable del área de Mujer e Igualdad del partido, Paz Carceller, han analizado este jueves el cumplimiento de la iniciativa que los 'populares' llevaron a comisión y que fue aprobada el pasado 15 de abril.

En esta iniciativa se solicitaba desarrollar, en toda su extensión, la totalidad de medidas relativas a la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual contempladas en el pacto.

También se pedía coordinar, junto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y en colaboración con las administraciones, la elaboración de un protocolo marco de intervención con víctimas de trata para la explotación sexual en la Comunitat al que pudieran adherirse todos los municipios que lo desearan.

"La aprobación de la iniciativa fue una satisfacción, pero lamentablemente vemos cómo han pasado los meses y se ha quedado en una propuesta sobre el papel, ya que no ha habido avances ni han hecho nada", afirma Mezquita en un comunicado.

Otra de las propuestas de resolución que incluía la iniciativa era instar al Gobierno a elaborar un nuevo plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas, con el fin de que este incorporara las observaciones y recomendaciones resultado del 'Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas (2015-2018)'. Pero, denuncia, tampoco se sabe si el Consell ha realizado los contactos necesarios y ha trasladado este mandato de Les Corts al Gobierno.

Para el PP, es una cuestión que requiere de la implicación de todos como sociedad, ya que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una forma más de violencia contra la mujer en una de sus expresiones más crueles y denigrantes, además de suponer una violación de los Derechos Humanos.

La reunión entre representantes del sector del ocio nocturno y de la Xunta ha servido para avanzar en la elaboración del protocolo que le permita a esta actividad reabrir de forma generalizada. Encima de la mesa y con aceptación por parte de los empresarios, aunque rebajando sus expectativas iniciales, está una apertura con un 75 por ciento de aforo y una hora más que actualmente, hasta las 4 de la madrugada.

En declaraciones a los medios tras finalizar el encuentro, que se prolongó algo más de una hora y que fue telemático y presencial, Luis Diz, de Galicia de Noite, ha explicado que todavía falta por perfilar algunas cuestiones que seguirán estudiante durante el fin de semana. Se han emplazado a un nuevo encuentro el lunes que viene, un día antes de la reunión del comité clínico en el que la intención es poder llevar el protocolo para su evaluación.

Otra de las cuestiones pendientes es el uso del certificado covid como requisito. Aunque la Xunta ha recibido el aval del Tribunal Supremo para poder usarlo en determinadas situaciones y contextos epidemiológicos, falta por concretar si se puede emplear como condición para acceder a esta actividad, por lo que todavía no se ha cerrado este aspecto a falta de los informes jurídicos pertinentes.

En general, se trata de un protocolo de transición hasta una situación epidemiológica todavía más favorable que la actual y que el sector entiende que puede facilitar la apertura.

"En la mayoría de las cosas tenemos acuerdos", ha destacado Luis Diz, quien ha explicado que el horario sería hasta las 4 de la madrugada indistintamente para pubs o discotecas, esto es, sin que venga determinado por la licencia. Una vez pasen varias semanas, se volvería a estudiar la ampliación.

La idea es que se cumplan determinados requisitos para poder acceder a los aforos y horario. "Lo ideal es volver a la situación que tenemos por licencia pautada en cada negocio, pero también tenemos que llegar a una entente, como en cualquier negociación, y en este caso es el paso intermedio antes de llegar al 100 por cien, que entendemos que será antes de llegar al mes de diciembre", ha expuesto.

La puesta en marcha del protocolo, ha indicado el representante del sector, va a depender de la decisión del TSXG sobre el uso del certificado covid, ya que el aval del Supremo está condicionado a situaciones concretas. Por lo que podría ser la semana que viene o la siguiente, en función de esta cuestión.

"Cuando nos den la norma, la aplicaremos", ha aseverado Luis Diz, quien ha explicado que se trata de una propuesta de la Xunta que el sector acepta. "Todo lo que sea ampliar aforo es la clave, como sector queremos trasladar a nuestros clientes una seguridad y si la gente que viene a nuestros locales está vacunada, pues es mucho más seguro que si no lo está", ha remarcado.

ES HORA DE ABRIR

En días pasados, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestó la intención del Gobierno gallego de que este protocolo se pueda poner en marcha en el mes de octubre. "Y volver también a la normalidad en un sector que ha estado especialmente perjudicado, que no ha podido trabajar durante muchos meses y que merece empezar a trabajar cuanto antes", ha afirmó.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha anunciado este jueves en su primera comparecencia en el Congreso la contratación de más de 2.500 doctores en los próximos 3 años.

"Queremos crear oportunidades y mejorar las condiciones laborales de nuestros científicos. Queremos garantizar a las mujeres investigadoras una carrera en igualdad real. Queremos conseguir que la ciencia mejore cada vez más la vida de las personas. Y queremos llevar la ciencia a todas las casas y territorios de España", ha señalado la ministra como objetivos de su departamento.

En su primera intervención ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades para informar de las líneas generales de la política de su Departamento, Morant ha dicho que "atraer y retener talento es un objetivo prioritario de este país". Así, ha comentado que el 'Plan por el talento en ciencia e innovación' será su principal proyecto.

"Queremos subsanar más de una década de fuga de cerebros constante, ese éxodo de talento investigador e innovador que tuvo que marcharse porque su país le dio la espalda o porque en España solo encontraba trabajo muy mal pagado y para el que estaba sobrecualificado", ha manifestado, para después añadir que el plan pasa por mejorar sus condiciones laborales y retributivas.

En concreto, la ministra ha afirmado que van a aumentar un 80% el número de contratos de la Agencia Estatal de Investigación para el programa Juan de la Cierva para jóvenes doctores, subirán los salarios de esos contratos en un 14%, y potenciarán la movilidad "entre centros de investigación punteros de todo el mundo".

Respecto al programa Juan de la Cierva Incorporación para post doctorales en fase de consolidación, ha anunciado que "pasará de 278 contratos en 2020 a 400 en 2021, y que el salario mínimo que establece el programa subirá un 21% este año". Por otro lado, se reforzará el Programa Ramón y Cajal. "Todos estos programas en marcha del Ministerio de Ciencia e Innovación que les he detallado supondrán la contratación de más de 2.500 doctores en los próximos 3 años", ha subrayado.

VISUALIZAR JÓVENES CARRERAS "BRILLANTES"

También ha adelantado la creación de los Premios Nacionales de Investigación dirigidos exclusivamente a jóvenes, para "visualizar las carreras científicas también brillantes, pero todavía jóvenes, ydotarlas de una financiación inicial extra".

Para facilitar la incorporación de la figura del doctor dentro de las empresas, Morant ha señalado que la Agencia Estatal de Investigación, por medio de su convocatoria de colaboración público-privada de 150 millones de euros, financiará la contratación de doctores en el sector privado.

En segundo lugar, ha apuntado que la Agencia reforzará el programa Torres Quevedo, que favorece la incorporación de doctores en empresa, con la novedad de que se ha aumentado un 26% el salario mínimo exigido por el Ministerio. Y, por otro lado, a través del CDTI, se darán 100.000 euros adicionales a las empresas que contraten a un doctor.

Respecto a las mujeres en la ciencia, "con las que la historia y el mundo entero está en deuda", la ministra ha declarado que, para atraer a más mujeres a vocaciones científicas, especialmente a las áreas STEM, hay que ofrecer a niñas y jóvenes "un espejo donde mirarse, referentes de mujeres que inspiren sus pasos", así como seguir acercando la ciencia a las aulas, poniendo en valor su utilidad social. En este punto, ha anunciado la creación de un programa de mentorazgo específico para jóvenes investigadoras, "una red de apoyo que les permita progresar al mismo ritmo que sus compañeros".

Y una vez que ya son investigadoras, queremos facilitar el pleno desarrollo profesional de las mujeres, y lo haremos también a través de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la que reforzaremos la perspectiva de género", ha dicho, para después añadir que fomentarán el emprendimiento tecnológico de las mujeres con la convocatoria de 5 millones de euros para financiar proyectos de innovación empresarial tecnológica encabezados por mujeres.

Diana Morant ha argumentado la necesidad de estas medidas a través de "la historia real de una niña ficticia" que llamada, Matilda. "Una historia que dibuja con rigor científico la carrera de obstáculos que viven las mujeres en el ámbito de la investigación y la innovación", ha remarcado.

MANTENER UNA INVERSIÓN "CONSTANTE Y CRECIENTE"

Por otra parte, la responsable del departamento de Ciencia ha indicado que el próximo presupuesto de su Ministerio será "aun mayor" que el actual y ha destacado algunas acciones en las que está invirtiendo el Ministerio para afrontar los retos del siglo XXI. "Somos más conscientes que nunca de la necesidad de mantener una inversión constante y creciente en ciencia e innovación", ha enfatizado.

Así, ha dicho que la Agencia Estatal de Investigación lanzará en noviembre una convocatoria específica relativa a la transición energética y la transformación digital con una dotación presupuestaria de 296 millones de euros; y el Ministerio de Ciencia e Innovación lanzará un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que financiará actividades de I+D+I centradas en la creación de capacidades tecnológicas competitivas en las industria aeroespacial y aeronáutica española.

Respecto al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ha avanzado que próximamente invertirá también en la fase de creación de empresas de base tecnológica. "Esta iniciativa tiene una dimensión de 80 millones de euros, entre recursos públicos y privados, y será una realidad a finales de año. Esta es una política progresista en la que el Estado emprende y genera riqueza", ha manifestado.

Con estas medidas esperamos incorporar la cultura de la innovación en nuestro tejido productivo para mejorar el posicionamiento de España dentro de los rankings internacionales de innovación, que está muy por debajo del lugar que le correspondería por su peso geopolítico y económico", ha declarado.

Morant también ha asegurado reforzará centros nacionales de investigación e infraestructuras científicas singulares con una inyección extra, no incluida en las aportaciones ordinarias, de 70 millones de euros entre 2021 y 2022 para "mejorarlas".

Además, ha dicho que seguirá la cooperación con las comunidades autónomas a través de la firma de acuerdos y que se va a fortalecer la Red Innpulso, la alianza de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, con medidas concretas como facilitar la incorporación de agentes de innovación en sus ayuntamientos. Este proyecto piloto estará dotado con 10 millones de euros entre 2021 y 2022, según ha concretado.

"Dijo Margarita Salas que los investigadores en España no hacen ciencia, hacen milagros. El objetivo es que dejemos los milagros y para ello hay que invertir en ciencia, porque invertir en ciencia es invertir en vida y no hay nada más patriótico que la bandera de la ciencia y la innovación", ha explicado.

Ha confirmado que sigue trabajando la Ley de la Ciencia, que "se abre a una nueva etapa de búsqueda de mayores consensos para que el texto final, alimentado por todos los actores, entre en el Congreso de los Diputados a finales de año".

La ministra también ha tenido palabras para los ciudadanos de La Palma. "Permítanme que exprese todo mi afecto, solidaridad y apoyo a la población canaria, que está sufriendo las demoledoras consecuencias de la erupción volcánica en La Palma. Toda España está con vosotros. Todas las administraciones, codo con codo y minuto a minuto, seguiremos atendiendo vuestras necesidades. Y nuestros esenciales, la comunidad científica, seguirá volcada y generando conocimiento para proteger a las personas", ha comentado.

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha criticado al Gobierno de España por ser "incapaz de ordenar el debate" sobre el modelo de financiación entre las autonomías y ha asegurado que "esto va a ser una guerra" si no hay "un árbitro sensato". "Obviamente cada uno va a querer arrimar el ascua a su sardina", ha aseverado.

Mazón se ha pronunciado en estos términos en una entrevista, donde ha señalado que "la financiación no es un sudoku ni un juego de esgrima entre los presidentes autonómicos", pero ha insistido en que hay una "falta de responsabilidad y de capacidad de gestión del Gobierno en ordenar, preparar y organizar un debate que es clave para el futuro de España".

"Cuando el árbitro no está, cuando el coordinador desaparece y lo único que tiene son preferencias bilaterales para Cataluña, es normal que cada uno, según su situación, vaya tomando posiciones", ha indicado.

En concreto, el líder de los 'populares' valencianos ha indicado que "se van produciendo posicionamientos estratégicos" que son "normales, muy razonables y muy esperables". "Es normal que Murcia, Andalucía, Comunitat Valenciana y Cataluña puedan tener intereses comunes", ha señalado al ser preguntado por las reuniones del 'president' Ximo Puig con estos presidentes.

Al respecto, ha criticado a Puig por acercarse a "su comunidad favorita" --en alusión al reciente encuentro con el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés-- para que "al final, el presidente independentista de Cataluña le haya dicho que no iba a hacer un frente común" con la Comunitat Valenciana en financiación. Además, le ha reprochado que no se reúna con el dirigente murciano, Fernando López Miras, para sellar un frente común por el agua y la financiación.

Por otra parte, ha valorado que Puig y Moreno coincidieran en el fondo de compensación, y ha asegurado que el líder andaluz le llamó antes de entrevistarse con el valenciano para adelantarle la propuesta.

ACUSA A MONTERO DE "MENTIR" SOBRE AYUSO

Por otra parte, ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "mentir" sobre la oposición de la Comunidad de Madrid al fondo compensatorio de la financiación autonómica que propusieron este martes los presidentes andaluz y valenciano, Juanma Moreno y Ximo Puig.

De hecho, ha criticado el "deporte" del Gobierno de "mentir y buscar un enemigo artificial en Isabel Díaz Ayuso, y en menor medida, en otros presidentes del Partido Popular".

Mazón ha insistido en que Montero "lleva dos años sin presentar una propuesta" y que el PP lleva dos años esperando el borrador. "No se puede acusar al Partido Popular de retrasar una propuesta que no se ha hecho", ha agregado.

Además, ha incidido en que "precisamente ha sido el Partido Popular quien ha pedido en reiteradas ocasiones al PSOE que traiga una propuesta" para "empezar a hablar". En este sentido, ha asegurado que los 'populares' tienen una postura "armonizada y coordinada".

No obstante, ha indicado que el asunto es "muy técnico" y que se puede hablar de "elementos poblacionales, de despoblación o elementos correctores y de inversión. Aun así, ha asegurado que no tienen "problemas de coordinación internos a grandes rasgos en los principios de la financiación autonómica".

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un total de 53 casos positivos de COVID-19 confirmados, siete más que este pasado miércoles.

En los hospitales extremeños se han producido siete ingresos nuevos y se han dado cinco altas hospitalarias, lo que supone un total de 49 personas hospitalizadas, de las que nueve están en UCI.

En esta jornada han fallecido dos personas, que elevan la cifra total de víctimas desde el inicio de la pandemia hasta las 1.930. Se trata de una mujer de 92 años y de un varón de 91, ambos vacunados y de la residencia del Grupo Ciudad Jardín en Cáceres.

Además, se han dado 249 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 97.983 altas. La incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa en 67,72,65 casos, y a los 7 días en 28,10 casos, frente a los 68,65 y 29,13, respectivamente, del miércoles.

En cuanto a los brotes, se notifica uno en Moraleja, con 4 casos y 20 contactos, mientras que se cierran cinco, uno en Navalmoral de la Mata, en Azuaga y en Almendralejo, y dos en Torremayor.

ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, la de Badajoz notifica 13 casos positivos. Tiene tres pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Registra 327 fallecidos y ha dado 26.835 altas; mientras Cáceres notifica 10 casos positivos. Tiene 22 pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Acumula 530 fallecidos y ha dado 15.933 altas.

A su vez, Mérida registra nueve casos positivos. Tiene 6 pacientes hospitalizados por COVID-19, dos de ellos en UCI. Acumula 244 fallecidos y ha dado 16.994 altas; y Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 10 casos positivos. Tiene 6 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 262 víctimas mortales y ha dado 13.603 altas.

Por su parte, Plasencia registra cuatro casos positivos. Tiene nueve pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI. Ha registrado un total de 227 fallecidos y ha dado 8.794 altas; mientras el Área de Salud de Navalmoral de la Mata no notifica casos positivos. No tiene pacientes ingresados por COVID-19 y ha registrado 113 fallecidos. Ha dado 4.739 altas.

Finalmente, Llerena-Zafra registra cuatro casos positivos. Tiene un paciente ingresado. Ha registrado un total de 132 fallecidos y ha dado 7.955 altas; mientras que Coria registra tres casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados por COVID-19. Registra un total de 95 personas fallecidas y se han dado 3.130 altas.