El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha visitado este miércoles las unidades centrales de la Policía Nacional y la Guardia Civil especializadas en la investigación y persecución de las infracciones penales en el ámbito de la violencia de género, doméstica y sexual, a cuyos integrantes ha felicitado por su trabajo, pero también ha pedido que redoblen sus esfuerzos para acabar con esta lacra.

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior ha informado de que esta visita se ha producido con motivo de la celebración, este jueves 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En esta iniciativa, el ministro ha visitado las dependencias de la Unidad Central de Atención a Familia y Mujer (UFAM) dependiente de la Comisaría General de Policía Judicial de Policía Nacional. Grande-Marlaska ha recorrido las instalaciones acompañado por el director adjunto operativo del cuerpo, comisario principal José Ángel González, y los máximos responsables de la unidad.

La Policía Nacional cuenta con un total de 173 unidades especializadas, distribuidas en todo el territorio, con competencias en investigación y persecución de los delitos que se cometen en el ámbito de la violencia de género, doméstica y sexual, según ha explicado Interior. En este sentido, apunta que, en total, son 1.426 los policías destinados con dedicación específica y exclusiva en las UFAM tanto territoriales como en la unidad central.

En cuanto a su visita a la Guardia Civil, el ministro lo ha hecho, concretamente, a la sede del Equipo Mujer-Menor (EMUME) que, en este caso, ha recorrido acompañado por la directora general del cuerpo, María Gámez, y los máximos responsables de la unidad.

El Ministerio ha señalado que los EMUME provinciales y comarcales gestionan 270 Puntos de Atención Especializada (PAE) para los casos de violencia de género y atención a víctimas sensibles dentro de las unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil, en los que se integran 616 especialistas con formación específica en la materia.

SISTEMA VIOGÉN

Tanto las UFAM de Policía Nacional como los EMUME de Guardia Civil, además de investigar y perseguir los delitos de violencia de género, doméstica o sexual, asumen la protección de las mujeres víctimas de esta lacra que están incluidas en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Sistema Viogén) que gestiona la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Interior apunta que, desde la creación de este sistema, en 2007, y hasta el pasado 31 de octubre, el Sistema Viogén ha dado de alta 661.762 casos, lo que ha permitido dar diferentes grados de protección 586.528 víctimas.

Además, señala que, para poder ajustar el nivel de protección a las necesidades de cada caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han cumplimentado en el mismo periodo 5.017.684 valoraciones del riesgo, una media de más de 358.000 al año.

Del mismo modo, recuerda que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son las encargadas de atender a cada una de esas mujeres, realizar las valoraciones de riesgo y darles la protección personalizada necesaria. En el Sistema Viogén están habilitados 24.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, 640 pertenecientes a las distintas policías autonómicas y 2.300 policías locales.

Además, están habilitados para trabajar en el Sistema Viogén 9.000 funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia entre jueces, fiscales, expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y trabajadores de las oficinas de atención a víctimas; y cuenta con mil usuarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y otros 111 pertenecientes a las unidades de coordinación que la Delegación del Gobierno para laViolencia de Género tiene en cada comunidad autónoma y provincia.

Las islas Canarias acogerán el primer Centro Permanente de Estudios Migratorios que constituirá un "referente nacional e internacional para el estudio y la investigación del fenómeno desde una perspectiva integral".

Así se ha puesto este miércoles de manifiesto en la clausura del curso sobre Derechos Humanos e Inmigración, celebrado en Gran Canaria, donde tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Gobierno regional han reafirmado su compromiso para que el archipiélago sea sede de este centro.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha explicado que ambas instituciones han consensuado una declaración institucional que conforma el primer paso para ampliar su ya vigente convenio de colaboración.

Por su parte, el documento recoge que Canarias es "la sede ideal para albergar un futuro centro de excelencia especializado en el intercambio de conocimientos, investigación, organización de actividades formativas, encuentros institucionales, desarrollo de programas y proyectos de cooperación internacional sobre el fenómeno global de las migraciones".

De esta manera, la institución buscará favorecer "una migración segura, ordenada y regular" y apoyar "políticas migratorias solidarias, integradoras y respetuosas con los derechos humanos de todos los migrantes, cualquiera que sea su condición migratoria y la fase del ciclo migratorio".

La declaración agrega que la elección de Canarias como sede del centro se debe a "su larga experiencia en la gestión de flujos migratorios y a su alta capacidad asistencial, a pesar de la insuficiencia de recursos".

"Es un merecido reconocimiento al compromiso con el que la sociedad canaria y sus instituciones enfrentan el fenómeno de la inmigración irregular, haciendo gala de una gran sensibilidad por el respeto de los derechos humanos y la integración de los inmigrantes, como destaca el Foro Canario de la Inmigración", señala el documento.

Casi dos de cada tres mujeres que trabajan en medios de comunicación han sufrido amenazas, abusos o intimidaciones en relación con su trabajo tanto 'online' como 'offline', según los datos que maneja la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

Según la FIP, los ataques que sufren estas mujeres provienen de "todas" las direcciones y ha mencionado a sus colegas y jefes, fuentes informativas o usuarios anónimos de las redes sociales, que tienen mucho "poder", según la organización.

Estos ataques impactan en la libertad de expresión y llevan a las mujeres periodistas a autocensurarse, además de tener "consecuencias devastadoras" en el pluralismo y el derecho de la ciudadanía a saber, ya que muchas mujeres eligen no contar ciertas historias por miedo a recibir ataques o ser asesinadas. Asimismo, también tienen efectos sobre su bienestar y su vida personal.

En vísperas del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra este jueves, la FIP lidera un llamamiento global a los gobiernos para que ayuden a erradicar la violencia en el entorno laboral mediante la ratificación del Convenio 190 contra la violencia y el acoso en el mundo laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT aprobó la convención el 10 de junio de 2019. El texto tiene el potencial de cambiar las vidas de las mujeres periodistas, defiende la FIP, que ha lamentado que, hasta la fecha, sólo han ratificado la convención ocho países: Argentina, Ecuador, Fiyi, Finlandia, Namibia, Somalia, España y Uruguay.

"Necesitamos que los gobiernos de todo el mundo ratifiquen esta convención lo antes posibles para que la violencia en el entorno laboral se considere un asunto de salud y seguridad y pueda ser abordado consecuentemente", ha indicado la presidenta del Consejo de Género de la FIP, María Ángeles Samperio, que ha incidido en que el texto puede convertir las redacciones en "zonas libres de violencia, muy necesarias en el periodismo".

Como parte del llamamiento, los miembros del Consejo de Género de la organización están compartiendo testimonios que prueban por qué la ratificación es fundamental en países como Canadá, Chipre, Grecia, Perú y Portugal, destacando la urgencia de luchar contra el acoso 'online' y la violencia económica, entre otros asuntos.

El PSOE y los partidos del centro y la derecha han protagonizado este miércoles en el Pleno del Congreso un tenso debate a cuenta del presupuesto para la futura Ley de Memoria Democrática, en el que PP, Vox y Ciudadanos han acusado al Ejecutivo de "cuestionar" e incluso querer "borrar" la Transición y también los crímenes de ETA, y el diputado socialista Odón Elorza les ha respondido asegurando que son "golpistas de vocación".

"Ya está bien. Dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo, que son de todos, para atacar al Gobierno de izquierdas. Dejen de utilizar a las víctimas para denigrar un Presupuesto. No sean tan miserables, y dejen ya en paz el terrorismo de ETA. ETA desapareció, ETA no está aquí, aquí no hay terroristas. Ya está bien. Aquí lo que hay es franquistas, unas derechas de vocación golpista", ha sentenciado el socialista vasco.

La intervención de Elorza, que ha sido aclamada por el resto de diputados socialistas, se ha producido durante el debate en el Congreso de la sección de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 relativa al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que previamente ha defendido en el Pleno el ministro Félix Bolaños.

Tras la exposición del ministro, los representantes de Ciudadanos, PP, Vox y UPN han aprovechado sus turnos para criticar esa futura ley de memoria democrática que servirá para canalizar el presupuesto en esta materia; y todos ellos han acusado al Gobierno de querer revisar la Transición y, también, de "olvidarse" en esa revisión de las víctimas de ETA, por su interés de sumar los apoyos a sus cuentas de EH Bildu.

"¿NO ALCANZÓ EL PSOE EL PODER DE FORMA DEMOCRÁTICA EN EL 82?"

Según el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, el Gobierno pretende "reescribir" una historia en la que "ETA no existió" --para poder "pactar con Otegi tranquilamente"--, y en la que "Franco murió ayer", en relación a la comisión de expertos que se creará para investigar posibles violaciones de derechos por "inercias del franquismo" después de la aprobación de la Constitución, hasta el año 1982.

"¿No alcanzó el PSOE el poder de forma democrática en el 82? ¿En qué régimen se produjo esa victoria del PSOE? ¿Son capaces de robar a Felipe González una victoria que ni olerán con tal de poner todo el pasado a su servicio?", se ha preguntado el diputado 'naranja'.

La diputada del PP Edurne Uriarte también se ha mostrado muy crítica con el Gobierno y con la "ley de memoria sectaria", y ha acusado al Ejecutivo de echarse "en brazos de la ultraizquierda" para firmar enmiendas con las que "no solo cuestionan la ley de amnistía sino toda la Transición".

También se ha referido a este límite temporal de año 82 para investigar posibles crímenes relacionados con el franquismo, y ha denunciado que es "tremendo" porque al decir que se piensa "en los golpistas del 81" demuestra, a su juicio, que "no se piensa en los asesinatos de ETA".

"Cómo van a pensar en los crímenes de ETA sino acaba de pactar estos Presupuestos con quienes fueron el brazo político de ETA y siguen sin condenar a ETA", ha apostillado la diputada del PP.

Por su parte, el diputado de Vox Francisco Contreras también ha acusado al Gobierno de estar "destruyendo el espíritu de la Transición". "El PSOE actual se está podemizando y asumiendo la visión de la historia de Podemos según la cual la Transición fue la continuación del franquismo por otros medios", ha denunciado.

ODÓN ELORZA: "YA ESTÁ BIEN"

Después de escuchar todas estas críticas, el socialista Elorza ha protagonizando una encendida intervención, reprochando el uso de las víctimas de ETA por parte de la derecha y, en concreto, del diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, por asegurar que el PSOE quería borrar de la historia a la banda terrorista y a sus víctimas, incluidas, las socialistas.

Tras recordar que varias de las víctimas nombradas por Díaz eran amigos suyos, como Enrique Múgica o Ernest Lluch, y cómo estuvo con ellos hasta el final, ha sentenciado que "ya está bien", y ha cargado duramente contra "las derechas con vocación golpista", comparándolas con la de Brasil o el expresidente estadounidense Donald Trump.

También ha aprovechado para denunciar la participación del líder del PP, Pablo Casado, en una misa en la que se rezó por Franco el pasado sábado 20 de noviembre. En concreto, se ha preguntado "dónde está Wally Casado", si seguiría en esa "misa de recuerdo del dictador" o en Génova "leyendo 'El Príncipe destronado' y mirando de reojo" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Ustedes son golpistas de vocación", ha sentenciado, cosechando los aplausos de la bancada socialista, con los diputados puestos en pie, mientras los del PP y de Vox protestaban airadamente.

RECADO A BOLAÑOS

Elorza también ha usado su turno para hacerle un 'encargo' al ministro Bolaños, y pedirle que "impulse y perfeccione la rendición de cuentas, la transparencia, la regeneración democrática, la memoria democrática. "Cuestiones importantes para avanzar y fortalecer la democracia", ha asegurado el diputado que reconoció que había roto la disciplina de voto para no apoyar al candidato al TC Enrique Arnaldo --propuesto por el PP--, en contra del criterio del PSOE y el Gobierno.

El debate del presupuesto para el Ministerio de Presidencia ha comenzado con la intervención de Bolaños, quien ha expuesto y defendido las diferentes partidas de su departamento, pero sobre todo ha hecho hincapié en la necesidad de que las cuentas públicas en su conjunto salgan adelante para afianzar una "recuperación justa".

"Son unos Presupuestos históricos", ha reivindicado el ministro, antes de desgranar sus cifras y defender, por ejemplo, que el 60% de la partida destinada a memoria democrática servirá para "localizar, identificar y dar sepultura digna a personas víctimas de la guerra civil o la dictadura". "Es una política humanitaria", ha defendido.

También ha explicado otras partidas, como las destinadas a apoyar la Jefatura del Estado o la Presidencia del Gobierno, y a organismos públicos como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que después han recibido también las críticas de la oposición.

Según la representante del PP, se está sufragando un organismo que hace encuestas que ahora "tienen como objetivo perjudicar al principal partido de la oposición y a su líder". También ha denunciado que la partida para dar apoyo a la actividad del presidente Pedro Sánchez es "propaganda". "Propaganda de Sánchez, manipulación de encuestas con dinero público y ley de memoria sectaria. Eso es lo que quieren que paguemos todos los españoles", ha sentenciado Uriarte.

Los casos activos de Covid-19 en centros educativos de Galicia se han duplicado con respecto a hace una semana al ascender a 658, que representan 351 más que los 307 del miércoles pasado, mientras que se aumentan a 46 las aulas cerradas en los últimos siete días por la incidencia de este coronavirus, una treintena más.

Según los datos actualizados este miércoles por la Consellería de Educación --que facilita de manera semanal--, con más casos de Covid en trabajadores y alumnos de centros educativos se sitúa el área de Ourense, con 177 infecciones, 103 más que las 74 de hace una semana, y registra 12 aulas cerradas por la incidencia de este coronavirus --nueve más--.

A continuación destaca el área de Vigo, con 165 casos, que implican 89 más que los 76 de hace una semana, y registra 16 aulas cerradas, 13 más que el miércoles anterior.

Le sigue la de Lugo con 88 casos de Covid, 48 más que los 40 de hace una semana y seis clases inoperativas, cuatro más; mientras que la de A Coruña cuenta con 77 infecciones, que suponen 28 más que las 49 de hace siete días y concentra tres aulas cerradas, una más.

Por su parte, el área de Pontevedra registra 65 casos activos, que representan 26 más que los 39 de hace una semana, que mantienen cerradas siete aulas, tres más.

En el área de Santiago aumentan a 56 los contagios de Covid en los centros educativos, 43 más que los 13 de hace una semana, y concentra dos aulas cerradas, que supone una más.

Con menos casos se sitúa el área de Ferrol, que concentra 30 contagios, que implican 14 más que los 16 del miércoles anterior, mientras que ya no cuenta con aulas inoperativas --hace una semana había una--.

CASOS DESTACADOS

La Xunta destaca los casos de cinco centros con más de 21 casos de Covid en el conjunto de la Comunidad gallega, entre ellos el CEIP Plurilingüe Padres Franciscanos de Lugo, con 25 contagios y tres aulas cerradas.

Por su parte, el CEP Altamira de Salceda de Caselas (Pontevedra) registra 24 casos y dos aulas cerradas; el CPR Plurilingüe María Auxiliadora de Ourense, 21 contagios y una clase inoperativa; y el CEIP Álvarez Limeses de Pontevedra, 21 infecciones y cuatro aulas cerradas.

Además, el CEIP Padre Feijoo de Allariz (Ourense) cuenta con 21 casos y un aula cerrada, mientras que el CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso de Noia (A Coruña) concentra 17 contagios.

ESCUELAS INFANTILES

En cuanto a las escuelas infantiles de Galicia registran, según los datos actualizados este miércoles por la Xunta, cinco casos activos, que suponen dos más que hace una semana, y tres aulas cerradas, una menos.

Dos de los contagios se enmarcan en el área de Vigo, que mantienen tres clases cerradas. De ellos, uno corresponde a la Escuela Infantil Enredos de Tui, cuyas dos aulas con las que cuenta este centro están cerradas en este momento.

Por su parte, el área de A Coruña registra uno de los cinco contagios; otro corresponde a la de Ourense y otro, a la de Pontevedra-o Salnés.

La plataforma Somescola ha rechazado este miércoles la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmersión lingüística, y ha instado a "movilizarse para defender" el modelo educativo catalán y reforzar el trabajo conjunto para consolidarlo, protegerlo y mejorarlo

Lo ha dicho después de que el Supremo reafirmara la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de Catalunya que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el pasado diciembre.

Somescola, que aglutina entidades en apoyo al modelo educativo catalán, también ha instado a las instituciones catalanas a "blindar este consenso de país aprovechando el marco político generado por una amplia mayoría" del Parlament con el Pacte Nacional per la Llengua, y al Gobierno central a respetar los grandes acuerdos avalados por una amplia mayoría parlamentaria.

La plataforma, que reunirá este jueves a su permanente para abordar un ciclo de acciones y movilizaciones, ha asegurado que la sentencia supone "un nuevo intento de agresión" al modelo de escuela catalana que, según Somescola, contribuye a la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la normalización del uso del catalán.

Ha considerado "intolerable la intrusión de los tribunales para regular el modelo y la política educativa del país", y ha lamentado que un juez determine el porcentaje de horas necesarias para aprender una lengua.

Somescola ha señalado que sentencias como la del TSJC "abonan argumentos falsos y peligrosos de instrumentalización política de la educación y de la lengua", y ha remarcado que la escuela tiene que ser un actor capital en la inclusión y cohesión social.

Ha subrayado que la sentencia no representa un caso aislados: "Los continuos ataques políticos y judiciales contra la lengua catalana y la educación en catalán responden a una voluntad de minorizar la lengua catalana en todos sus usos sociales".

Somescola ha añadido que la situación del catalán en las aulas "vive una situación crítica" según los últimos informes de la Conselleria de Educación de la Generalitat.

La Audiencia de Málaga ha condenado a una pena de 20 años y un día de prisión a un hombre por asesinar en 2019 a su mujer que se quería divorciar y a la que primero golpeó e intentó asfixiar, aunque al no lograrlo, apuñaló en varias ocasiones en el domicilio en el que vivían en la localidad malagueña de Estepona.

La sentencia, se dicta después de que la pasada semana un jurado popular declarara al acusado culpable de un delito de asesinato. Además de la pena de prisión, deberá indemnizar a la familia de la víctima con unos 330.000 euros en total.

El acusado estaba casado con la víctima y convivían con uno de sus dos hijos en dicha localidad, pero, según se considera probado en la resolución, el matrimonio se había deteriorado hasta el punto de que ella le había comunicado que quería divorciarse.

Los hechos sucedieron el día 9 de marzo de 2019, cuando el acusado "golpeó a la mujer en la cara, tapándole la boca para asfixiarla e intentó estrangularla", señala la sentencia, apuntando que al no acabar con la vida de su esposa de esa forma, "la apuñaló en repetidas ocasiones".

De esta forma, quedaron afectados varios órganos y partes del cuerpo, como los pulmones, la zona abdominal, el bazo y el pericardio; lesionando la cara anterior de la aorta y provocándole un shock hemorrágico hipovolémico que le produjo la muerte.

Según se considera corroborado, el hombre "atacó de forma sorpresiva a la víctima y aprovechó su aturdimiento por la previa ingesta de alcohol y sustancias toxicas, lo que disminuyó su capacidad mental de previsión del ataque y reacción ante el mismo".

Asimismo, se estima que el acusado "aprovechó también las condiciones del lugar en que se produjo el ataque, su propio domicilio, precisamente donde la víctima estaba más confiada", señalando que él no presentaba en ese momento trastorno alguno o era tan leve que no le impedía conocer lo que hacía.

Por eso, se le condena por un delito de asesinato aplicando la circunstancia que agrava la pena de parentesco. Los miembros del jurado llegaron a su veredicto de culpabilidad por pruebas "plenamente acreditadas", entre ellas el propio reconocimiento de los hechos por el acusado; y llegaron a entender "la intención de divorcio de la víctima como posible móvil del asesinato".

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha solicitado en el Senado el soporte y el reconocimiento jurídico necesarios, que garanticen los derechos de las personas sordas y ha avisado de "la invisibilidad social" de las personas sordas que están oralizadas y utilizan prótesis auditivas.

Así lo ha manifestado el presidente de FIAPAS, José Luis Aedo, este miércoles 24 de noviembre, en su comparecencia ante la Comisión de Políticas de apoyo a la Discapacidad del Senado.

Aedo ha ofrecido los datos sobre la situación socioeducativa de las personas con sordera, que muestran que la implantación precoz, junto con la aplicación de los programas de detección precoz de la sordera infantil y una atención temprana y logopédica especializada, orientadas al aprendizaje de la lengua oral del entorno, permiten el desarrollo de habilidades comunicativas y de aprendizaje.

Si bien, ha advertido de que "el gran error que cometen los poderes públicos y la sociedad en general es creer que esta mejor situación personal lleva consigo tener resueltas todas las situaciones de interacción con el entorno".

Además, ha puesto de manifiesto las nuevas barreras de comunicación que han surgido con la pandemia provocada por la Covid-19 y las medidas de protección para prevenir el contagio (mascarillas, distancia de seguridad, instalación de mamparas).

De forma paralela, ha avisado de las "limitaciones y perjuicios" que suponen para las personas sordas la telemedicina, la educación online o el teletrabajo.

Por ello, FIAPAS ha pedido que se facilite a las personas sordas todos los recursos precisos y que se adopten los ajustes y medidas necesarios para evitar la vulneración de derechos a la salud, a la educación, a la información y en el empleo.

Al término de la comparecencia, algunas personas con sordera pertenecientes al Movimiento Asociativo Familias FIAPAS, han intervenido, a través de un vídeo grabado, para explicar que quieren dejar de ser invisibles y quieren ser escuchadas, porque también son "ciudadanos de pleno derecho y tienen voz". "Como hablamos y nos comunicamos de manera fluida, parece que no tenemos dificultades", han advertido.

El director general de Sostenibilidad, Jesús Moreno, ha asegurado que no se han registrado tras los desembalses afecciones a hábitats ni especies catalogadas en Monfragüe, ni tampoco presencia de fauna piscícola muerta, así como que se analizan los posibles efectos sobre la calidad el agua.

Así lo ha indicado en su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad de n la Asamblea de Extremadura este miércoles, donde ha informado sobre las posibles repercusiones ambientales provocadas en el Parque Nacional de Monfragüe debido a los desembalses llevados a cabo por lberdrola en la zona.

Moreno ha indicado que durante los meses de verano se produjeron reuniones con los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y con los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Guadiana, a los que se reivindicaron "actuaciones legales urgentes".

De esta forma, y como resultado de la situación ocasionada se modificó la legislación estatal de aguas, y Moreno ha recordado que "el 14 de septiembre se publicó la modificación del RDL 17/2021 por la que se obliga a las confederaciones a que en el inicio de cada año hidrológico fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos.

Una medida que sirve tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes", una medida que evitará "futuros efectos indeseados" sobre la flora y la fauna, indica la Junta en una nota de prensa.

En su intervención, el director general ha destacado que los desembalses realizados en el río Tajo, no solo los que se han desarrollado en el entorno de Monfragüe, son "un ejemplo de malas prácticas" en la gestión de los embalses, sobre los cuáles, ha asegurado, no tuvieron conocimiento previo, y ha reiterado que las competencias le corresponden a la Confederación Hidrológica del Tajo.

Desde la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, y en desarrollo de sus competencias a través de las tareas de vigilancia dentro del Parque Nacional, se han seguido los efectos ambientales producidos, concluyéndose que "no se han registrado afecciones a hábitats ni especies catalogadas, ni presencia de fauna piscícola muerta en Monfragüe".

El director ha puesto como ejemplo, dentro de las competencias en especies protegidas, la paralización por un requerimiento del desembalse en Valdecañas ante la posible afección a especies limnícolas.

CALIDAD DEL AGUA

Dentro de Monfragüe se han detectado "problemas de eutrofización" en la cola del embalse de Alcántara. El tramo del río Tajo aguas abajo del embalse de Torrejón-Tajo, especialmente desde la presa hasta el puente del Cardenal, ha presentado "una calidad del agua deficiente, propios de aguas poco profundas".

Actualmente se sigue recopilando información, especialmente desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, para verificar el alcance de la afección a la calidad del agua por si hubiera derivado en una "alteración grave de las condiciones naturales" del Parque, así como sobre posibles causas de dicha afección más allá de la mala calidad del agua del río Tajo.

El portaaviones 'Queen Elizabeth', buque insignia de la Armada británica, llega este jueves al puerto de Palma de Mallorca en la etapa final del viaje realizado alrededor de 40 países junto a los otros ocho barcos que componen su grupo de combate para demostrar "el compromiso del Reino Unido con la seguridad internacional".

Además de Palma, el 'Queen Elizabeth' --de 70 metros de altura y 280 metros de largo-- efectuará otra parada española en la base naval de Rota, a las que se suman dos paradas del destructor HMS Diamond en Alicante y Valencia, una parada del destructor HMS Defender en Barcelona y otra del buque cisterna RFA Tidesurge en Valencia, todas ellas en los próximos días.

El embajador británico en España, Hugh Elliott, ha celebrado que el grupo de combate de la Armada de Reino Unido vuelva a España después de una primera visita que realizó el pasado mes de junio. "España ha sido la primera y la última parada en este histórico primer despliegue del nuevo grupo de portaaviones del Reino Unido", ha destacado el embajador.

El grupo de combate del portaaviones (CSG, por sus siglas en inglés) incluye algunos de los navíos más avanzados tecnológicamente en la historia naval británica.

El objetivo de su primer despliegue ha sido "mostrar el compromiso del Reino Unido con un orden internacional abierto y seguro, así como su fiabilidad como actor internacional que se toma en serio su responsabilidad en la defensa y seguridad a nivel mundial".

El 40 por ciento del despliegue ha tenido lugar en la zona euro-atlántica y el grupo de combate ha interactuado además con once aliados de la Alianza Atlántica, entre ellos España, según ha explicado el comodoro Steve Moorhouse, el oficial al mando de todo el grupo de combate.

Según detalla la embajada británica, la colaboración con España ha quedado patente en varias fases del despliegue del grupo d ecombate. A primeros de junio visitó Alicante la fragata HMS Kent, que estuvo integrada temporalmente en la Agrupación Naval Permanente 2 de la OTAN bajo mando español.

Tras zarpar del puerto español, participó con la fragata española Méndez Núñez en la operación de vigilancia del Mediterráneo Sea Guardian de la Alianza Atlántica. Otra fragata, la Álvaro de Bazán, se integrará en el grupo de combate británico en el trayecto hasta Rota.

Además, cazas F35B que operan desde el HMS Queen Elizabeth van a participar en los próximos días en vuelos de adiestramiento del Programa Táctico de Liderazgo --la escuela de pilotos de la OTAN--, que tiene su sede en Albacete.

Un total de 25 centros residenciales de servicios sociales presentan este miércoles algún caso activo de coronavirus entre los residentes, diez más que en el recuento anterior: 17 residencias de ancianos, seis centros de personas con discapacidad y dos más de otros recursos residenciales, como centros de infancia y de personas en riesgo de exclusión.

Según datos de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, 70 residentes son casos confirmados de Covid-19, el 0,1% del total.

En la última semana --del 14 al 20 de noviembre--, se han registrado dos defunciones entre residentes y ha habido 16 personas ingresadas en el hospital.

Entre los profesionales, 113 han dado positivo en los últimos 14 días, un 0,2% del total, y no hay ninguno hospitalizado.

Por tipología de centro, en las residencias de ancianos hay 49 casos activos, el 0,1% de los residentes, en 17 residencias, y 84 profesionales afectados; en centros para discapacitados, hay 11 casos activos entre los residentes, y 19 profesionales afectados, el 0,3% del total; y no hay casos activos en los residentes de los centros de salud mental pero hay tres profesionales afectados.

VACUNACIÓN

El 97,2% de las personas que viven en centros residenciales están vacunadas con la primera dosis, el 96,8% tienen la pauta completa, y el 91,9% de los residentes en centros de ancianos han recibido la dosis de refuerzo.

Entre los trabajadores, el 92,1% ha recibido la primera dosis y un 91,4% la pauta completa.

En la última semana, del 14 al 20 de noviembre, se han realizado 4.552 pruebas PCR y 627 tests de antígenos a las personas que viven en las residencias de Catalunya, con un 2,12% de resultados positivos.

A fecha de 24 de noviembre, del total de 1.024 residencias de ancianos, 17 (1,66%) están en color rojo con casos activos, aparición de nuevos casos y brote en investigación; 43 (4,20%) en naranja, con casos positivos pero el brote está controlado, y 964 (94,14%) en verde, sin casos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la provincia de Valencia a una mujer de 46 años como presuntaautora de 12 delitos de hurto, tras al parecer robar joyas a los ancianos de la residencia en la que trabajaba como cuidadora.

Al parecer, los hechos han sucedido a lo largo del último año, cuando la mujer, aprovechándose de su posición y de la confianza establecida con los residentes, se apoderaba de las joyas de los usuarios, que después vendía en casas de compra-venta de oro.

Según ha detallado la Jefatura Superior en un comunicado, la mujer presuntamente robó joyas por un valor total de unos 7.000 euros. La mayoría de los efectos eran alianzas, pendientes, sortijas, cadenas,colgantes y relojes.

Las investigaciones se iniciaron tras observar los agentes que una mujer vendía asiduamente una gran cantidad de joyas en casas de compra-venta de oro. Los policías averiguaron que trabajaba como cuidadora en una residencia de personas mayores, donde no se tenía conocimiento de los hurtos que allí se estarían cometiendo.

Según las investigaciones, la ahora detenida aprovechaba los momentos de cambio de vestuario, aseo personal o traslado de los usuarios a hospitales para acceder a sus habitaciones y apoderarse de las joyas. Además, puesto que una mayoría de las víctimas tenían sus capacidades mermadas, la mujer les habría hecho creer que habían extraviadosus alhajas, por lo que no había ninguna denuncia de estos hechos.

Los policías llevaron a cabo dos registros domiciliarios en los que encontraron e intervinieron parte de las joyas robadas, de foirma que pudieron devolver algunas de ellas a sus legítimos propietarios o a sus familiares.

La detenida, sin antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial. Se continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles su intención de convocar el Congreso Autonómico de la formación para los próximos días 15 y 16 de enero en León, un cónclave en el que optará a la reelección como máximo dirigente de la formación política en la Comunidad.

Fernández Mañueco ha explicado en una reunión con presidentes provinciales del partido celebrada en Valladolid su intención de convocar una Junta Directiva Autonómica el próximo martes 30 de noviembre, donde se convocará la cita congresual para los días 15 y 16 de enero, como ya avanzó Europa Press ayer martes.

"Tengo proyecto, tengo apoyos, tengo motivación y energía para impulsar una nueva etapa en el PP de Castilla y León", ha recalcado el presidente del partido, quien ha añadido que cree "firmemente en los valores del PP", lo que le ha motivado a optar de nuevo a la Presidencia del partido.

Tras anunciar los pasos que se prevén dar en el seno del partido para renovar los órganos de dirección, Fernández Mañueco ha asegurado que ha trasladado su intención de convocar el Congreso a mediados de enero y su disposición a revalidar la Presidencia regional del partido tanto al presidente del PP, Pablo Casado, como al secretario general, Teodoro García Egea, y a los nueve presidentes provinciales en la Comunidad, quienes, como ha garantizado, le han trasladado su respaldo.

"El PP somos el partido de la tierra y yo, como presidente, me siento especialmente orgulloso de esas personas que forman parte del PP y nos representan en cada pueblo y en cada barrio, el PP es la fuerza política más identificada con esta tierra por sus políticas moderadas, eficaces y centradas", ha defendido.

Sobre la elección de las fechas de este Congreso, Fernández Mañueco ha señalado que así el PP de Castilla y León da cumplimiento al calendario marcado por Génova desde donde se pidió que los conclaves de las autonomías pluriprovinciales se celebraran antes de final de año. No obstante, dada la dificultad de encontrar una fecha adecuada en diciembre, finalmente se ha optado por la primera quincena de enero.

Con esta explicación ha zanjado la posibilidad de que la elección de las fechas tenga algo que ver con las informaciones que apuntan a un posible adelanto electoral en la Comunidad.

El Congreso regional del PP se celebrará tras haberse cerrado ya los cónclaves provinciales de ocho de las nueve provincias de la Comunidad, ya que falta por resolver la situación interna del partido en Salamanca, algo que no impide la convocatoria del Congreso regional. "No hay problema porque no se haya celebrado un provincial", ha zanjado Mañueco.

En cuanto a la decisión de convocar este Congreso en León, Fernández Mañueco ha señalado que "en estos momentos" esta ciudad es un lugar "adecuado y conveniente". "Muestra el compromiso del PP con la provincia de León", ha asegurado, tras lo que ha rechazado que la elección de esta provincia tenga algo que ver con un auge del 'leonesismo'.

"Para mí, Castilla y León es lo primero y mantengo una postura firme para evitar que Pedro Sánchez menosprecie a las personas de esta tierra mientras contenta a sus socios para amarrarse a su sillón, vamos a defender a las personas de Castilla y León de las políticas de Sánchez. Somos un dique de contención frente al Sanchismo", ha defendido Fernández Mañueco, quien ha insistido en que con su candidatura pretende "aglutinar a todos en torno a un proyecto de transformación de Castilla y León".

Finalmente, Fernández Mañueco ha asegurado que es un defensor del "diálogo" para trazar un camino de futuro. "El objetivo es que del próximo Congreso autonómico salga un partido más fuerte, con ideas y con ganas de trabajar por Castilla y León y por España. Un partido fuerte y unido, abierto a todos, para sacar adelante un proyecto de futuro para las mujeres y los hombres de Castilla y León", ha sentenciado.

Los agentes de la Policía Científica que han declarado en calidad de peritos en el juicio por el asesinato de María de los Ángeles a manos de su pareja en Úbeda (Jaén), en 2018, han señalado que la víctima fue objeto de un ataque "sorpresivo" ante el que "no tuvo posibilidad alguna de defensa".

Según han dictaminado durante su declaración ante el juicio que se sigue en la Audiencia de Jaén, el acusado "pilló por sorpresa" a María de los Ángeles cuando la golpeó en la sien con una plancha. Ella cayó al suelo boca abajo donde seguidamente la asfixió con una balleta. Los forenses han determinado que la causa de la muerte fue "asfixia mecánica por estrangulamiento".

Los agentes han descartado también que las lesiones por arma blanca que presentaba el acusado fueran fruto de un forcejeo con la víctima y han concluido que éstas fueron autoinflingidas por el propio acusado a la hora de reforzar su coartada de haber matado en defensa propia a María de los Ángeles o incluso a un intento de suicidio que finalmente no llevó a cabo.

Han señalado que las heridas en el abdomen del acusado "eran rasgadas y paralelas", algo que no se da durante un forcejo ni durante un ataque y además, los agujeros que presentaba la camiseta del acusado "no se correspondían con las lesiones que éste tenía".

Según la versión del acusado, fue la fallecida la que le atacó con un cuchillo de cocina, de ahí que él la golpeara con la plancha como "lo primero que se vino a la mano", para seguidamente estrangularla en el suelo ya que, según el testimonio del procesado, aún estando ella boca bajo seguía queriendo agredirle con el cuchillo.

Aunque los forenses han dejado la puerta abierta a que hubiera un forcejeo, también han contemplado la posibilidad de que las lesiones que presentaba el fallecido, "superficiales y de escasa entidad", se las hubiera hecho él mismo.

Además, los policías han indicado que fue el acusado el que cuando estaba la víctima boca abajo y "seguramente estando ya inconsciente", se subió sobre su espalda y la estranguló. En esta línea, han señalado que del examen del escenario del crimen se desprende que éste había sido "preparado" y que el cuchillo que el acusado dice que María de los Ángeles esgrimió contra él, se encontraba junto a su mano izquierda, nada extraño sino fuera porque ella era diestra.

Por su parte, la defensa ha querido apoyarse en el informe forense previo a la autopsia que determinó que la fallecida tenía lesiones en su mano y que podrían haber demostrado que María de los Ángeles hubiera agredido al acusado con un cuchillo. No obstante, los forenses han señalado en el juicio que ya en la autopsia y tras el lavado correspondiente del cuerpo, esas lesiones no eran tal y respondían a restos de sangre coagulada.

Una vez concluyan las declaraciones de los peritos, llegará el informe de las partes y seguidamente será el presidente del tribunal el que entregue al jurado el objeto del veredicto con el que deberán determinar, entre otras cuestiones, si la muerte de María de los Ángeles fue un asesinato como sostienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, o fue un homicidio, o el acusado actuó en defensa propia, tal y como argumenta la defensa.

La petición inicial de penas para el acusado, M.E.V., de 55 años, va desde los 32 años que pide el Ministerio Público a los 37 años de prisión solicitados por la acusación particular. Actualmente, se encuentra en prisión y fue condenado por la Audiencia de Jaén en junio de este año a 15 años de prisión por agredir sexualmente a la hija de la fallecida desde que la niña tenía ocho años y hasta que cumplió 15. La condena no es firme y está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Ocho mujeres y tres hombres conforman el jurado encargado de emitir veredicto en este juicio que comenzó este lunes y que se espera que pueda acabar esta misma semana, dependiendo del tiempo para deliberar que precise el tribunal popular.

La diputada de Unidas Podemos Meri Pita, que presidió la comisión de investigación sobre el accidente de Spanair, ha entregado este miércoles a la Fiscalía Provincial de Madrid, a título individual, las conclusiones de ese órgano del Congreso por si considera que son merecedoras de la apertura de diligencias. Ese informe contó con el voto en contra del PSOE, ya que apuntaba a posibles negligencias en Fomento en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pita ha avanzado en redes sociales que ha entregado esta documentación al Ministerio Público por "responsabilidad, ética y justicia", dado que precisamente la propia comisión recomendaba acudir a la Fiscalía para que analizara el dictamen parlamentario que apuntaba a indicios de posibles conductas negligentes.

YA QUE NO LO HACE BATET...

"Como quiera que la Mesa del Congreso finalmente no ha asumido dicha recomendación de remisión al Ministerio Fiscal, por responsabilidad que me incumbe como diputada por Las Palmas y presidenta de la comisión de investigación, remito el dictamen final a los efectos que considere oportuno", expone en su escrito.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en primavera las conclusiones de la comisión de investigación del accidente JK5022 de Spanair que tuvo lugar en 2008, rechazando el voto particular del PSOE al algunos puntos que entendía como una "grave vulneración de la ley" y contrarios al derecho.

APUNTA AL EQUIPO DE MAGDALENA ALVAREZ

El dictamen responsabiliza del "fallo sistémico" que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez. Según el documento, el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjeron una "correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente" en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas.

Durante la sesión plenaria que validó el dictamen, Pita dijo que la "conclusión clara es que el sistema falló, no solo el aciago día del accidente, sino de forma previa y posterior al mismo", por lo que "los encargados de establecer, de evaluar, comprobar y corregir la debilidad del sistema con los medios que el Estado puso a su disposición", debían "asumir las responsabilidades que les corresponden" tanto políticas como públicas.

Compromís y Unides Podem insisten en regular la violencia obstétrica a nivel autonómico y mantener la enmienda para incluirla en la ley valenciana de violencia sobre las mujeres, mientras su socio de gobierno (PSPV) aboga por buscar otra fórmula para "no poner en cuestión la sensibilidad de los profesionales" y dejar claro que no es una violencia que ejercen exclusivamente los hombres sobre las mujeres.

Así lo han trasladado representantes de los tres grupos antes del pleno de Les Corts sobre la propuesta conjunta que presentaron a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2022 sobre la violencia obstétrica, las conductas médicas que por acción u omisión atentan contra el cuerpo de las embarazadas.

Esta enmienda, que provocó la dimisión de dos ginecólogas de hospitales valencianos, cuenta con el rechazo de la Conselleria de Sanidad y de colegios y sindicatos profesionales. Ya está registrada, aunque hay tiempo para modificarla o retirarla hasta el debate de ley en comisión a partir del 2 de diciembre.

De Compromís, su diputada Mònica Álvaro ha hecho hincapié en que la propuesta esta presentada y firmada por los tres grupos y que simplemente supone adaptar a la Comunitat algo que ya ha establecido la OMS, que está regulado en otras comunidades como Catalunya y a lo que se ha comprometido el Gobierno.

"Estamos dispuestos a hablar con quien sea, pero insistimos en que la violencia obstétrica se regule para erradicarla", ha recalcado, y ha confiado en que durante este miércoles podrán hacerlo porque "nunca" rechazan abrir debates con sus socios.

En la misma línea, la síndica de UP, Pilar Lima, ha instado al PSPV a que "aclare si realmente quiere apoyar o no" la enmienda y le ha pedido "algún tipo de propuesta" para el encaje legislativo de la violencia obstétrica.

A su juicio, es el momento de reconocer este tipo de violencia a nivel legislativo y esto no significa una "criminalización" de los sanitarios, "igual que cuando decimos que la justicia es patriarcal no estamos criminalizando a los jueces". "Cuando se producen avances en derechos feministas, siempre habrá resistencia", ha subrayado, pero ha insistido en reconocer este tipo de violencia.

PSPV: NO ES UNA VIOLENCIA EXCLUSIVA DE LOS HOMBRES

Como portavoz socialista, Manolo Mata se ha mostrado dispuesto a buscar "una fórmula de encaje" para no herir sensibilidades y dejar claro que "es una violencia que se ejerce esporádicamente" y no es exclusiva de los hombres hacia las mujeres porque es un colectivo profesional feminizado.

Aunque ha abogado por incluirla en la ley nacional del aborto, ha reconocido que podría estar en la normativa autonómica sin que esté en un apartado de violencia de los hombres sobre las mujeres. "Estoy convencidísimo de que todos los ginecólogos y las comadronas no quieren que sufran un daño innecesario", ha enfatizado.

Mata ha sostenido que lo importante es salir a la calle el 25N, luchar contra la violencia machista y abolir la prostitución, y ha reconocido además que "a lo mejor" no deberían haber firmado la enmienda porque se produjo en un momento en el que acordaron "muchísimas cosas" y ya la reformularon "de forma muy 'light'".

"DEMONIZAR A LOS PROFESIONALES"

Entre la oposición, la síndica del PP, Mª José Catalá ha exigido a los socialistas que la retiran cuanto antes, recordando que "tienen la responsabilidad de la Conselleria de Sanidad", y que los socios que no "enmarañen" la violencia machista y no "demonicen" a los sanitarios que atienden partos.

"Como madre muy reciente, me parece indignante que a estos profesionales en los que en sus manos estamos las madres todos los días, los cuestionemos y elevemos a la categoría de violencia de género lo que simplemente es salvar la vida de un niño y su madre y sobre todo tomar decisiones difíciles", ha abundado la 'popular'.

También la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, ha tachado de aberración y despropósito esta propuesta que "criminaliza a todo el sector y les acusa presuntamente de maltratadores y maltratadores", cuando "malas praxis hay en todas las áreas pero hay mecanismos para regularlos". "A la izquierda se le ha ido de las manos", ha dicho, y ha rechazado la "trifulca interna" del Botànic.

Y desde Vox, Ana Vega considera una "auténtica barbaridad" equiparar la violencia obstétrica con la violencia de género. "Yo soy madre, me hicieron una cesárea y solo tengo palabras de agradecimiento para los sanitarios que me trataron porque lo hicieron con mucho cariño", ha agregado, para subrayar que los sanitarios "están para salvar vidas".

LEY DEL ABORTO

En el pleno de Les Corts también se ha debatido una iniciativa de Compromís para instar al Gobierno a acelerar la reforma de la ley del aborto de 2010 e incluir en ella el reconocimiento de la violencia obstétrica como un tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres, así como mecanismos para erradicarla.

Esta proposición no de ley (PNL), que ha contado con el apoyo del resto del Botànic y el rechazo de la oposición antes de la votación de este jueves, también propone que la Alta Inspección del Estado pueda intervenir cuando todo el personal facultativo de un mismo departamento sanitario se declare objetor de conciencia, con el objetivo de garantizar la asistencia de las mujeres que decidan voluntariamente interrumpir su embarazo.

El que fuera alcalde de Boadilla del Monte durante las presuntas actuaciones de Gürtel en el municipio, Arturo González Panero 'El Albondiguilla', ha corroborado en su declaración de este miércoles que la trama pagaba "en b" actos para la precampaña de las elecciones municipales de 2003 en los que llegó a participar la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el PP, Esperanza Aguirre.

Después de responder a la Fiscalía en la sesión del martes, el juicio se ha reanudado con Panero contestando a las preguntas de su abogado. Así, ha detallado cómo se gestaron los "actos y eventos" en los que se trató de vender "la gestión" que los 'populares' estaban llevando a cabo en la comunidad "cuando se acercaban las elecciones". Todo ello por indicación de Francisco Correa, el líder de 'Gürtel', que les dio las directrices e instrucciones necesarias.

En este contexto, surgió "hacer un vídeo" que se encomendó a "un periódico" para que pareciera "independiente", evitando que el mismo estuviese producido por el Ayuntamiento de Boadilla o por el PP. "Surgen actos de precampaña en los que muchos son a la vez que la campaña autonómica", ha detallado.

Así, 'El Albondiguilla' ha asegurado que en alguno de estos actos llegó a participar Aguirre, como por ejemplo en el que se promocionó el cierre de la M-50 por el norte. "Estos gastos corríamos nosotros con ellos. Se hacían extraoficialmente, por caja b o por comisiones", ha añadido.

EN LAS CAMPAÑAS SE "GASTABA MUCHO MÁS" DE LO LEGAL

Además de esos actos preelectorales, Panero ha entrado al detalle de lo que fue la organización de la campaña electoral propiamente dicha. "Donde se ponen banderolas, se hacen mítines y la presentación de los candidatos. Se gastaba mucho más de los límites permitidos por la ley, y había que derivarlo a través de empresas, pago de comisiones o que se facturase por parte de quien iba a pagar", ha sostenido.

En su declaración de este martes, Panero llegó a asegurar que recibió directrices desde Moncloa y también del presidente regional del Partido Popular, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la trama en el municipio.

'El Albondiguilla' detalló que el consistorio recibió "llamadas de Moncloa" --durante la presidencia de José María Aznar-- en las que le sugirieron "cosas relacionadas" con el ayuntamiento. "Adjudicaciones no, pero sí nombramientos", señaló, afirmando además que esas indicaciones también tenían relación con algunos de los pliegos.

El otrora alcalde ha vuelto a insistir en esta línea y ha dejado claro que "la regional del partido" sí que "tenía conocimiento" de las irregularidades relacionadas con las campañas electorales. "En el tema de las banderolas la empresa era la que el partido contrataba para todos los municipios. El partido decía a quién había que contratar, se nos decía qué teníamos que sufragar", ha apuntado.

Y de esta estrategia, ha señalado Panero, se "beneficiaba el PP", que era quien gobernaba, y también el Ayuntamiento. "Era un beneficio para todos", ha definido, incidiendo en que la dirección de los 'populares' les instruía para que se vendiera la gestión que realizaban.

"LAS REGLAS DEL JUEGO ESTABAN DEFINIDAS"

La sesión de este miércoles también ha servido para que el Tribunal vuelva a escuchar la grabación de la declaración del empresario Rafael Naranjo, fallecido en 2019. Estaba acusado de pagar comisiones para que su empresa Sufi -que ofrecía servicios de limpieza y recogida de basuras-- obtuviera contratos de la administración local.

En la misma, Naranjo explicó como abonó un 3% --cerca de un millón de euros-- de la adjudicación que le fue concedida y que ingresó en una cuenta bancaria que le fue facilitada por una persona del Ayuntamiento de Boadilla. "Cumplí de esta forma con las prescripciones técnicas porque estaba obligado a hacerlo", aseguró.

Esa era una de las condiciones, según señaló, que estaban contenidas en el pliego y que era "condición para participar en el concurso". "Ponía unas prescripciones técnicas y o lo tomas o lo dejas. Estábamos obligados. No nos extrañó demasiado porque son muchos los concursos de esta naturaleza que salen en toda España", añadió.

En su interrogatorio, Naranjo se excusó insistiendo en que Sufi no tenía otra "opción" que aceptar las exigencias. Y, en cualquier caso, "la culpa" de cualquier conducta irregular no era suya, sino de "las estructuras". "Las reglas del juego estaban definidas y no fuimos los únicos que participamos en eso", apuntó.

Además, Naranjo aseguró que no conocía a Correa ni a su número dos Pablo Crespo. Tampoco al que fuera alcalde de Boadilla ni a los dos gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Tomás Martín Morales o Alfonso Bosch.

"CON 25 AÑOS UN PADRE" TE DA "UNA EDUCACIÓN ADECUADA"

Por otro lado, su hijo Gonzalo Naranjo se ha defendido sobre las supuestas entregas de dinero a Correa y que le habrían sido ordenadas por su padre. "Esa afirmación la niego categóricamente. Mi padre fue un empresario de muchísimo éxito y era orgulloso. Como orgullo que era, me resulta inconcebible que fuera presumiendo de que los logros que conseguía era en base a hacer cosas que no eran legales", ha aseverado.

En esta línea, ha descartado que a la edad en la que habría efectuado esos pagos --tenía 25 años-- su padre le instase a realizar "cosas que no estaban bien". "Con 25 años, que un padre te está queriendo dar una educación adecuada", ha añadido. Así, y tratando de explicarse, Naranjo ha mostrado al tribunal un sobre dentro del cual llevaba los "documentos, contratos y pólizas" que transportaba para demostrar que era "absolutamente imposible" saber qué había en su interior.

El acusado ha llegado incluso a abrir una carpeta que contenía varios fajos de billetes de 500 euros falsos para asegurar que no podía saber qué en su interior había cerca de 150.000 euros en comisiones sin abrir los sobres que transportó. "Y no tengo la costumbre de abrir los sobres que me diera mi padre", ha sostenido.

El juez ha llegado a reprender a Naranjo por "echar unos minutos" ofreciendo detalles insignificantes para no contestar a la fiscal después de que éste haya detallado que entregaba los sobres en moto, un medio de locomoción con el que también se ha desplazado a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. "Me parece muy bien que tenga moto pero la pregunta era muy clara", le ha espetado el presidente del tribunal.

LA VALORACIÓN TÉCNICA PARA LAS ADJUDICACIONES

Por último, la fiscal ha interrogado al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes de Boadilla del Monte Juan Carlos Rey Rico sobre la adjudicación a Constructora Hispánica del contrato para las obras del Parque del Deporte y la Salud, uno de los mayores contratos durante los años de 'Gürtel.

Rey Rico, según ha relatado, entró en el Ayuntamiento en el año 2002 después de superar una entrevista en la que participaron en el entonces concejal y también el alcalde, González Panero. En su nuevo puesto, al acusado le fue encomendada una intervención de carácter técnico para valorar la adjudicación, que fue concedida a Constructora Hispánica por encima de Sacyr.

El Ministerio Fiscal ha abordado a Rey Rico acerca de los baremos que él mismo primó. "Es un juicio de valor en conciencia basado en mis conocimientos", ha explicado, reconociendo que a la hora de valorar no existe una justificación, sino que se trata, únicamente, de una valoración subjetiva. "La más valorada era un skate park, yo pongo que esa es la que considero mejor: es mi criterio. Lo pongo porque creo que es la mejor", ha defendido.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cargado este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "ceder" ante el separatismo para frenar las obras de rehabilitación de la comisaría de Policía de Vía Layetana en Barcelona y por "desproteger" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada por sus detractores como 'Ley Mordaza'. "A Sánchez no le queda ya dignidad por perder", ha dicho.

En rueda de prensa en el Congreso, Arrimadas ha acusado al jefe del Ejecutivo que estar "arrodillado" ante Esquerra Republicana (ERC), con quien ha pactado, en el marco de la negociación de los Presupuestos para 2022, "desvalijar" la citada comisaría que los independentistas catalanes quieren cerrar y convertir en un lugar de memoria democrática.

A Sánchez, según ha sentenciado Arrimadas, "no le queda dignidad por perder ante el separatismo" pero tampoco con los policías, a los que, a su juicio, pretende "criminalizar" y "desproteger" con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ni con el castellano, cuya enseñanza no está garantizada en Cataluña.

"NO CAIGAMOS EN LA TRAMPA DE ERC"

"No caigamos en la trampa de ERC, que no está apoyando los Presupuestos sólo por una cuota del catalán en Netflix, sino también a cambio de que se quite protección a los policías, de que se desmantele Vía Laietana, de que se apruebe una Ley de Convivencia Universitaria para que los separatistas puedan hacer lo que les da la gana, de no cumplir las sentencias judiciales, de poder seguir adoctrinando o de poder seguir teniendo embajadas", ha enumerado.

Todas estas "exigencias" del separatismo forman parte, según la presidenta de la formación naranja, "del pack de la indignidad de Pedro Sánchez" para poder seguir en La Moncloa. Pero, según ha defendido, el Gobierno debería estar centrado "no en mantenerse en Moncloa, sino en mantener los empleos y la dignidad de todas las familias en España.

Sin embargo, ha lamentado que Sánchez "no tiene un plan" para los principales problemas de los españoles, entre los que ha citado el incremento de la incidencia de los casos de Covid que se están registrando en España en los últimos días.

"NO ESTÁN JUSTIFICADAS" NUEVAS RESTRICCIONES

A este respecto, ha criticado que el Gobierno apueste por "poner restricciones sanitarias" cuando éstas "no están justificadas" y deberían ser "la última opción" en lugar de apostar por reforzar las dosis de la vacuna contra el Covid e impulsar una campaña de sensibilización para que los no vacunados den el paso. "Más vacunas y más campañas de sensibilización y no más restricciones ni más lavarse las manos --ha resumido-- Ya basta".

Durante la rueda de prensa, a Arrimadas se le ha preguntado sobre los 100 millones de euros que, según publica el diario 'ABC', el Gobierno de coalición prevé gastar de los fondos europeos para reformar las sedes de diferentes sindicatos.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que con ese dinero se podría solventar la situación económica de muchas familias con enfermos de ELA. "Qué vergüenza" que el Gobierno encuentre dinero para sus cargos o para reformar rehabilitar edificios de sindicatos y no para las familias, ha denunciado.

Unas 30 personas, entre miembros de sindicatos policiales y políticos de PP y Cs, se han concentrado este miércoles en Barcelona en protesta por la reforma que quiere impulsar el Gobierno sobre la Ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza'.

La plataforma policial 'No a la España insegura' ha convocado la concentración ante la delegación del Gobierno en Cataluña, a la que ha asistido también la vicesecretaria nacional de Organización del PP, Ana Beltrán; el líder del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, y el diputado de Cs en el Parlament Nacho Martín Blanco.

Tras desplegar una pancarta con el nombre de la plataforma, el portavoz y secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Catalunya, Antonio Granados, ha leído un manifiesto en el que advierte de que la reforma "amenaza la vida diaria de los ciudadanos" y asegura que deja a los agentes y fuerzas de seguridad del Estado desprotegidos.

"No nos van a callar, no nos vamos a rendir. No creemos en una reforma pactada en los despachos. Instamos al Gobierno a que no venda la seguridad de los ciudadanos a cambio de intereses partidistas", ha reclamado Granados, que también ha asegurado que las agresiones contra agentes de policía se han disparado y que han ido perdiendo el principio de autoridad.

La vicesecretaria nacional de Organización del PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer acometer un "atropello que pretende criminalizar y desproteger a los agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y también de los Mossos d'Esquadra".

"CONCESIONES A LOS SOCIOS"

"Esta reforma no se hace para mejorar la seguridad de las personas, y sí para dar apoyo a los radicales que consideran que la calle es suya. La ley pretende dar concesiones a sus socios radicales que nos acostumbran a quebrar la convivencia", ha lamentado.

Para Alejandro Fernández, El Gobierno pretende "desprestigiar, humillar y quitar instrumentos" a dichos cuerpos policiales.

Desde Cs, Martín Blanco considera que la reforma de la ley pone "en la picota" a los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y les deja, a su juicio, prácticamente en la intemperie, y por ello pide al Gobierno que la paralice.

"Pero la decisión del Gobierno viene amparada por sus socios parlamentarios. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con ERC para no invertir más en la reforma de la jefatura de la Policía Nacional de Via Layetana. Es una vergüenza", ha reprochado.

Los judíos españoles celebrarán a partir de este domingo 28 de noviembre, con la salida de la primera estrella, la fiesta de las luces o Janucá, con la que recuerdan el milagro que se vivió en el Templo de Jerusalén hace más de 2.200 años cuando los Macabeos se rebelaron contra las fuerzas de ocupación griegas.

Una vez expulsados los invasores, los Macabeos utilizaron apenas una pequeña cantidad de aceite para purificar el Templo. El milagro consistió en que esa pequeña cantidad de aceite insuficiente para iluminar un solo día, mantuvo alumbrando el candelabro del Templo durante ocho días, según explica la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).

Por ello, durante ocho días se enciende una vela, cada día una, con un candelabro especial llamado Januquiá y durante el encendido se recitan las bendiciones de agradecimiento.

Además, es tradición en Janucá intercambiar regalos y comer dulces típicos como los sufganiot, una especie de buñuelos fritos rellenos. El juguete típico es el sebibon, un tipo de peonza que se regala a los más pequeños y que recuerda con una leyenda el milagro del Templo.

Tradicionalmente, varias ciudades españolas sacan la januquiá a la calle invitando a todos los ciudadanos a compartir la festividad. Este año, las medidas sanitarias contra el Covid-19 permitirán retomar esta tradición en ciudades como Sevilla y Ceuta (30 de noviembre), Madrid (1 de diciembre), Barcelona y Segovia (2 de diciembre), Oviedo y Toledo (4 de diciembre).

Los grupos del PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han aprobado una declaración de apoyo a la decisión de la jueza argentina María Servini de procesar al exministro de Gobernación de España, Rodolfo Martín Villa, por cuatro homicidios registrados entre 1976 y 1978, tres de los cuales se produjeron en la matanza del 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera.

A través de esta declaración institucional, que no ha sido suscrita por el PSE-EE y el PP, las tres formaciones firmantes del texto solicitan al Gobierno central, así como a la Justicia española, que "en cumplimiento de los deberes derivados de la normativa internacional aplicable al caso, colaboren activamente" en el proceso derivado del auto de procesamiento dictado por la jueza María de Servini.

A través de esta declaración, el PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos manifiestan su apoyo al auto de procesamiento de Rodolfo Martín Villa, dictado el 15 de octubre de 2021 por la jueza María de Servini, titular del Juzgado de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Argentina.

En dicho auto --según se recuerda en la declaración-- se contemplan los sucesos de los Sanfermines de 1978, en los que un joven murió por un disparo de la Policía Armada, así como la muerte por disparos de este mismo cuerpo policial de Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar y Romualdo Barroso, tres de las cinco personas que fallecieron en la carga policial del 3 de marzo de 1976 contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.

La declaración aprobada este miércoles por estos tres grupos políticos destaca, asimismo, que el auto de la jueza Servini atribuye estas muertes a actuaciones "enmarcadas en un contexto de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo".

Desde el PSE-EE se ha argumentado que no han firmado el texto porque aunque "les parece bien" y respetan que la jueza Servini investigue lo ocurrido durante el franquismo, también respetan a la Justicia española, sobre la que aseguran que "sí está colaborando" con este proceso judicial, algo que consideran que la declaración de este miércoles "pone en duda".

A su vez, fuentes del PP han afirmado que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz "no es quién para apoyar un auto o resolución judicial", y han mostrado su respeto a "la separación de poderes".

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este miércoles que incluir del término "violencia obstétrica" en la ley de violencia machista "no criminaliza a nadie" sino que "defiende a las víctimas". Así, ha indicado que supone "poder abrir la puerta a las víctimas para que tengan la atención que necesiten", sea "psicológica, de trabajo social o jurídica".

Oltra se ha pronunciado de este modo tras presentar el contrato programa entre la Generalitat y el Ayuntamiento de València en materia de servicios sociales, preguntada por la propuesta para incluir ese término en la ley de 2012 contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana y por las críticas de algunos profesionales.

La responsable autonómica ha agregado que contemplar esa expresión en la norma también "permite la definición de qué esa violencia obstétrica". "En la ley valenciana de violencia contra las mujeres hay un artículo, el tres, donde se definen las violencias que se dan sobre las mujeres: la física, la psíquica, la económica, los matrimonios forzosos o las mutilaciones genitales. Todas las violencias que se pueden dar sobre las mujeres", ha explicado.

Asimismo, ha comentado que esa norma se adaptó "al Convenio de Estambul hace tres años" y ha detallado que "ahora, lo que se quiere es completar" esas definiciones con este término. Ha destacado que se trata de una expresión contemplada por "la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y todos los organismos internacionales" para referirse a ese tipo de violencia.

"Eso no criminaliza a nadie, eso es lo que define la condición de víctima", ha considerado Oltra. "Si una mujer ha padecido eso, por ejemplo, en el extranjero y viene a nuestro país, tenemos que poder reconocer la condición de víctima y poder atenderla en nuestros sistemas de protección y en los centros mujer", ha planteado.

Así, ha defendido que esa mujer pueda ser "atendida por una psicóloga, por una trabajadora social o remitida --a un centro sanitario-- si necesita algún tipo de reconstrucción de genitales o de órganos reproductores". "Todo eso lo que permite es la definición de qué es la violencia obstétrica", ha insistido.

La responsable autonómica ha repetido que ese término, "al igual que la definición de las otras violencias sobre la mujer no criminaliza a nadie sino que definen a las víctimas". Preguntada por si usar esa expresión puede llevar a pensar que hay un "bando maltratador", ha respondido que "no se trata de bando maltratador" y ha resaltado que ese tipo de violencia se da.

"Pasa, hay violencia obstétrica. Lo reconocen los organismos internacionales. La puede haber" aunque "no sea generalizado". Ha afirmado que "puede haber un caso" y ha reiterado la necesidad de "proteger a las víctimas aunque solo haya un caso".

Oltra ha aseverado que "estamos en un país en el que cada vez el trato durante la gestación y el parto es más humanizado, más participado, más informado" y donde "cada vez mejoramos más", pero ha insistido en que ante "algún caso" que se pueda dar, es necesario "proteger a la víctima". "Es mayoritario, no. Es un garbanzo negro, si", ha dicho, tras lo que asegurado que quien haya padecido esa violencia debe tener "derecho a la protección".

Preguntada por si al hablar de violencia obstétrica se puede hablar de mala praxis, la consellera ha manifestado que "la violencia obstétrica es una mala praxis porque o bien no ha habido un consentimiento informado o se ha hecho algo en contra de la voluntad de la mujer".

"HAY DIFERENTES OPINIONES"

Respecto al malestar de algunos profesionales ante la propuesta de incluir este término en la ley, Mónica Oltra ha dicho que no sabe "si se ha trasladado bien cuál es la propuesta" y ha reconocido que "hay diferentes opiniones".

En este punto, ha resaltado que "hay colectivos de matronas que dicen que esas malas praxis a veces existen". "Hay diversidad de opiniones. Existe y España ha sido condenada en alguna ocasión por violencia obstétrica por los tribunales de la ONU", ha añadido.

Decenas de policías y guardias civiles se han concentrado este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en Madrid convocados por la plataforma "blanca" y "transversal" 'No a la España insegura', que aglutina a medio centenar de organizaciones policiales de todo el país. La protesta, replicada en todas las ciudades, surge como respuesta a la "arbitraria" reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza', y ha contado en la capital con la asistencia de Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (Vox) y Edmundo Bal (Cs).

Se trata del primer acto unitario en contra de las enmiendas presentadas por los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, entre otros grupos que piden derogar la ley orgánica aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del PP.

Este sábado 27 de noviembre se celebrará entre la Puerta del Sol y el Ministerio del Interior una "gran manifestación", también transversal, convocada inicialmente por la asociación Jusapol y sus 'marcas' JUPOL y JUCIL, mayoritarias en Policía y Guardia Civil.

"Ante la imposición del Gobierno y sus socios de una modificación de la ley sin diálogo y arbitraria, nos concentramos ante todas las delegaciones del Gobierno con una única voz para expresar con contundencia el hartazgo que siente la mayoría de los ciudadanos y los policías que apuestan por la integridad de la sociedad y el Estado de derecho", han señalado en un manifiesto.

Los representantes políticos han subrayado previamente este mensaje de que la reforma de la 'ley mordaza' lo que desprotege en primer lugar es al ciudadano, además de a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el manifiesto se alude a que las agresiones a policías "se están disparando" y está "comprometido el principio de autoridad" de los agentes, lo que ven "fundamental para el orden constitucional y la paz social".

SINDICATOS Y PANCARTAS

En la protesta en Madrid, en la que no se ha llegado a cortar en su totalidad el tráfico frente a la Delegación del Gobierno en la calle Miguel Ángel, las decenas de participantes han portado banderas con los logotipos de sindicatos como CSIF y Solidaridad, la organización que surgió con el apoyo de Vox.

En los carteles con la marca del SUP también se podían leer mensajes como "de policías a taxistas" y "nuestras familias en peligro", junto a fotografías del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de intervenciones policiales.

El manifiesto, leído por el periodista Carlos Cuesta, resume la "desprotección" que traerá la futura Ley de Seguridad Ciudadana "pactada en los despachos": identificaciones que durarán dos horas como máximo, cuestionamiento de la presunción de veracidad del agente y del material 'antidisturbio', celebración de manifestaciones sin previo aviso y rebaja de las infracciones por tenencia de drogas en la vía pública.

Las concentraciones han contado con el respaldo de JUPOL, que anunció la manifestación del día 27 de noviembre tras reunirse con el ministro Fernando Grande-Marlaska. En un comunicado ha asegurado que "aplauden el éxito" de la iniciativa frente a las delegaciones del Gobierno, animando a "continuar luchando todos unidos" contra la reforma de la Ley de Seguridad Orgánica.

El parque temático Puy du Fou ha desembarcado con una nutrida representación de los personajes que le ayudan a relatar la historia de España en sus instalaciones de Toledo, entre ellos El Cid, Cristóbal Colón o Lope de Vega, en un acto que ha contado con la presencia de los alcaldes de Toledo y Madrid, Milagros Tolón y José Luis Martínez Almeida, y que ha servido para poner en escena lo que será su próxima temporada, que arrancará el 19 de marzo de 2022 tras el éxito cosechado en la recién terminada.

El consejero delegado de la empresa, Erwan de la Villéon, ha tomado la palabra en el acto para escenificar el "saludo" de la antigua capital de España, Toledo, a la nueva, Madrid.

"Qué mejor sitio que el corazón de Madrid para dirigirnos al corazón de los madrileños y decirles: venid, y veréis", ha indicado.

La intención de Puy du Fou es que el visitante "se emocione" con sus historias de herencias "que hacen grande la cultura del país.

Dirigiéndose a los alcaldes de Toledo y Madrid, Milagros Tolón y José Luis Martínez Almeida, les ha nombrado oficialmente "embajadores de Puy du Fou España" para que "digan a todo el mundo" que en Toledo "la cultura se cuida y se ama", así como su puesta en escena.

El director de Puy du Fou España, Jesús Sáiz, también ha intervenido para presentar la temporada, indicando que la marca ha traído a sus actores el Parque del Retiro, los mismos que consiguen que el visitante "se emocione" en cada visita, como lo han hecho "más de 700.000 visitantes" en la temporada recién terminada.

TOLÓN PIDE A LOS MADRILEÑOS ACERCARSE AL PARQUE

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha manifestado de su parte su agradecimiento a Puy du Fou por "ese aguante durante este año de pandemia" donde han seguido inyectando dinero vía inversiones a la capital de Castilla-La Mancha.

Ha dado la enhorabuena a la empresa por sus premios internacionales al tiempo que ha agradecido que siga manteniendo 600 puestos de trabajo.

Además, ha aprovechado para sumarse al llamamiento de la marca para que los madrileños vayan a Toledo. "Seréis recibidos con los brazos abiertos".

ALMEIDA: "GENERÁIS ILUSIÓN POR CONOCER LA HISTORIA DE ESPAÑA"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha celebrado que Puy du Fou haya elegido el Parque del Retiro para presentar su nueva temporada.

"Si había un lugar de Madrid para presentar a Puy du Fou, es este parque", ha aseverado antes de asumir públicamente el compromiso de acudir al estreno de la próxima temporada en marzo de 2022.

Según ha dicho, si Madrid tiene la responsabilidad de ser capital de España es "precisamente porque antes lo fue Toledo", ciudad de las Tres Culturas.

Puy du Fou "es de los proyectos culturales más importantes" de los últimos años, algo que ha conseguido en "años de dificultad". "Generáis ilusión por conocer la historia de España y eso es digno de reconocer".

"El conocimiento de nuestra historia no tiene que ser para pedir perdón. Tenemos el deber y responsabilidad de mantener el legado cultural, social y político acumulado en estos siglos, pero no es posible hacerlo si no se conoce", ha abundado.

También ha tenido palabras para rememorar la colaboración y conexión entre su ciudad y Toledo para enfrentarse a 'Filomena'. "Nunca olvidaré que la alcaldesa de Toledo me llamara. Fuimos las ciudades que más sufrimos ese día".

NUEVA TEMPORADA

Puy du Fou presenta una temporada que abarca desde el 19 marzo 2022 hasta el 8 enero 2023 en la que espera superar los 750.000 visitantes. Son 172 días de apertura en los que el visitante podrá recorrer los caminos y veredas para reencontrarse con su propia Historia.

Se traducirá en una inversión de siete millones de euros en nuevos proyectos artísticos, con la que Puy du Fou volverá a sorprender a sus visitantes con el recientemente nombrado Mejor Espectáculo de Europa: 'El Sueño de Toledo.

El espectáculo nocturno, cuyas entradas se agotaron a principios de verano para el resto de la temporada 2021, tendrá una grada más grande que acogerá hasta 6.000 espectadores y contará con un calendario ampliado de 101 fechas; lo que supone un incremento del 18% de fechas frente a la temporada 2021.

Otra de las numerosas mejoras será para el espectáculo 'El Vagar de los Siglos', que tendrá una nueva puesta en escena, o la incorporación de nuevas especies al espectáculo 'Cetrería de Reyes'.

El parque acogerá nuevas coreografías para sus espectáculos; así como un incremento de la plantilla de actores, jinetes, bailarines y acróbatas.

Entre los espectáculos que el visitante podrá seguir disfrutando se encuentran 'El Último Cantar', con una una tecnología inédita; 'A Pluma y Espada', donde el espectador podrá vivir las aventuras de Lope de Vega con cinco escenarios que se van intercambiando y coreografías sobre el agua; 'Cetrería de Reyes', un magnífico espectáculo aéreo con más de 200 aves y rapaces sobrevolando las cabezas de mayores y pequeños; 'Allende la Mar Océana', un viaje inmersivo para revivir la hazaña épica que llevó a Cristóbal Colón y su tripulación hasta el Nuevo Mundo, entre otros.

DOS SALAS MÁS DE EVENTOS

Asimismo, con una inversión de más de 600.000 euros se construirán dos nuevas salas para reuniones y eventos que podrán albergar hasta 150 personas en un mismo evento. Estas dos nuevas salas se unirán a los más de 10 espacios entre los que destacan los impresionantes auditorios, en un lugar en los que más de 80 empresas han organizado sus eventos corporativos durante esta primera temporada.

Se creará también una nueva zona de cercados para mejorar y garantizar la seguridad y bienestar de los animales, que son parte de la familia de Puy du Fou España considerándose los actores más mimados del parque.

Otra de las novedades de la nueva temporada de Puy du Fou España es la nueva oferta de talleres inmersivos que ofrece a los escolares una manera de aprender única. Durante el transcurso de estos, los asistentes podrán aprender desde el noble arte de la cetrería o los cuidados que estos animales requieren de manera diaria, hasta los datos más curiosos sobre el entramado de las ciudades en los diferentes periodos históricos y hasta como se forjaba una espada en plena Edad Media.

El parque presenta la Navidad del año que viene con una programación especial con tres espectáculos interiores y dos espectáculos nuevos que vincularán la Navidad con la Historia y "promete ser la delicia de mayores y pequeños".