La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha justificado este lunes su relevo como portavoz al frente del Grupo Socialista en el Congreso porque la «nueva etapa» que se abre con la recuperación de la pandemia «aconsejaba» darle «un nuevo impulso político» tanto al Gobierno como al partido y, en ese sentido, «ya iba siendo hora» de que ella se «centrara» también en sus responsabilidades como ‘número dos’ de la formación.

«Como decía el presidente, en esta nueva etapa, con tantos retos que tenemos por delante, electorales y no solo electorales, sino también el 40 Congreso del PSOE, creo que iba siendo hora ya de centrarnos, de centrarme en mi responsabilidad como vicesecretaria general», ha afirmado.

Lastra se ha pronunciado así en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de los socialistas de la calle Ferraz de Madrid para informar de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la que se ha aprobado la nueva dirección de los Grupos Parlamentarios Socialistas en el Congreso y el Senado y, con ellos, la sustitución como portavoz de la diputada asturiana por el canario Héctor Gómez.

La vicesecretaria general no ha querido desvelar si fue ella la que le pidió al presidente Pedro Sánchez salir de la portavocía, o fue idea del líder socialista, pero sí ha defendido que los dos siempre han estado de acuerdo «en lo que debería ser el futuro del partido». «Y esta vez también ha sido así», ha afirmado.

Es más, ha asegurado que lo único que puede hacer es «darle las gracias» por depositar en ella la confianza estos años para que ejerciera la portavocía en el Congreso y fuera su ‘número dos’ en el PSOE; un cargo que seguirá ostentando tras el 40º Congreso Federal que los socialistas celebrarán en octubre, tal y como ha confirmado Sánchez.

«EXTRAORDINARIA LABOR» DE SANTOS CERDÁN

Preguntada sobre si el actual secretario de Organización, Santos Cerdán, también será revalidado en su cargo en ese Congreso, Lastra no ha querido aventurar la composición de la nueva Ejecutiva que salga de ese cónclave, pero sí ha afirmado que el navarro tiene «la mejor de las consideraciones del secretario general».

«Lo que sí puedo confirmar es que Santos, no de ahora sino ya desde los últimos meses venía desarrollando una extraordinaria labor al frente de la Secretaría de Organización», ha ensalzado, a pesar de que Santos accedió al cargo en julio tras la salida de su antecesor José Luis Ábalos, cuando fue destituido como ministro de Transportes.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha denunciado que «no vale» con que EH Bildu haya rechazado la agresión a un militante del Partido Popular en Vitoria, al considerar que lo que debe hacer la coalición es condenar estos comportamientos, tras lo que ha reclamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que actúe con «contundencia» y que no llegue a acuerdo alguno con EH Bildu y Sortu, a los que ha definido como «autores políticos» de este tipo de agresiones.

Iturgaiz, que ha ofrecido una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz con motivo del inicio del curso político, ha condenado la «cobarde» agresión cometida el pasado sábado contra el militante de las juventudes del PP vasco Ander García Oñate, por la que la Ertzaintza ya a detenido a una joven de veinte años.

«JALEADOS» POR EH BILDU

El presidente del PP vasco ha recordado que este ataque «se suma a otros» similares sufridos en las últimas semanas o meses por miembros del Partido Popular de Euskadi. Iturgaiz ha asegurado que García fue agredido «por ser militante» del PP, y ha denunciado que los «radicales» que cometen este tipo de agresiones están «envalentonados» porque se ven «jaleados» por Sortu y EH Bildu.

En este sentido, ha considerado insuficiente el rechazo a la agresión expresado por el portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, Félix González San Vicente, quien este lunes también ha mostrado su solidaridad con el joven militante del PP.

«Rechazan pero no condenan, como siempre», ha afirmado Iturgaiz, quien ha añadido que «la condena es muy importante». A su juicio, desde EH Bildu «no quieren» emplear el término ‘condena’ contra este tipo de comportamientos porque «están jaleando a los radicales» que los protagonizan.

El presidente del PP vasco ha subrayado que a la hora de posicionarse frente a estas actitudes «no valen los colores del arco iris». «A veces hay que decidir entre blanco o negro; no quedarte en el azul, el amarillo o el verde», ha manifestado.

Iturgaiz ha avisado de que su partido no dará «ni un paso atrás» frente a estos ataques «cobardes», y que no dudará en señalar «a los responsables de todo lo que está pasando», sobre los que ha indicado que «tienen nombres y apellidos», y que, según ha dicho, son EH Bildu y Sortu.

Esta agresión, cuya presunta autora ya ha sido detenida, se juzgará a través de un juicio rápido, según ha indicado Iturgaiz, quien ha explicado que un abogado del PP asistirá al joven agredido. El presidente del PP vasco, que ha destacado que Ander García «hizo lo que tenía que hacer» al «conservar la calma» tras lo ocurrido, se ha preguntado «quién mete esa rabia y esa radicalidad» a una joven de veinte años para que cometa este tipo de actos.

«MOMENTOS CONVULSOS»

El dirigente ‘popular’ considera que Euskadi está viviendo «momentos convulsos» por culpa de «los radicales de siempre», de quienes ha denunciado que «amparan y no condenan» estos comportamientos. Además, ha censurado que EH Bildu «siempre está detrás de la justificación de estos ataques y amenazas».

Iturgaiz también se ha referido a los enfrentamientos con la Ertzaintza protagonizados en las últimas semanas por jóvenes que participaban en botellones en diversas localidades vascas. «Esto no es ‘moskorra-borroka’, como decía Ortuzar en enero, no sé si para ridiculizar lo que estaba ocurriendo, ha afirmado. A juicio del líder del PP vasco estos enfrentamientos son «ataques organizados a la Ertzaintza», que son fruto de la «premeditación».

«HUMILLACIONES A LAS VÍCTIMAS»

Asimismo, ha vuelto a criticar los recibimientos a presos de ETA que se han celebrado o que están pendientes de celebrarse en distintas localidades. Estos actos –según ha dicho– son «humillaciones» a las víctimas del terrorismo, que se ven «amparadas» por EH Bildu y Sortu, de los que ha asegurado que son «socios» del Gobierno central por sus acuerdos en el Congreso de los Diputados con el PSOE y Unidas Podemos.

«En los últimos meses estamos viendo un bucle de EH Bildu para atacar, vapulear y romper la convivencia entre vascos», ha afirmado. Iturgaiz ha criticado a quien «ataca, insulta y humilla a quienes no piensan igual o, como la Ertzaintza, trabajan para que se cumpla la ley».

Iturgaiz ha manifestado que «con razón» se ha mostrado «preocupado» el lehendakari ante estas situaciones. No obstante, ha pedido a Urkullu y a su gobierno «contundencia» contra estas agresiones y contra «los autores políticos de estos desmanes que se producen en nuestra tierra».

«Urkullu debe pasar de las palabras a los hechos; no se puede pactar ni acordar nada con aquellos que están poniendo en peligro la convivencia en esta tierra, entre vascos, y que tienen nombres y apellidos: Sortu y Bildu. No se puede llegar a nada con ellos», ha añadido.

En el caso de los recibimientos a presos de ETA, se ha referido de forma específica al acto programado para el 18 de septiembre en Arrasate-Mondragon, en el que «algunos intentarán homenajear a Henri Parot y otros asesinos de ETA».

«CÁMARA DE LOS HORRORES»

Iturgaiz ha hecho un llamamiento a los Gobiernos central y vasco, así como a los jueces, para que no permitan ese acto. El presidente del PP de Euskadi ha subrayado que Parot es «un individuo para estar en la cámara de los horrores de un museo de cera», dado que –según ha recordado– tiene «casi 40 asesinatos a sus espaldas».

En el caso de que, finalmente, pueda celebrarse ese «homenaje», ha anunciado que el PP convocará un acto «paralelo», también el día 18 y en Arrasate-Mondragón, como «desagravio» a las víctimas del terrorismo, de las que ha afirmado que son «los verdaderos héroes», y para recordar «los terribles atentados y crímenes de ETA».

La Fiscalía propone llevar a cabo una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para reforzar la autonomía de la institución dirigida por Dolores Delgado, según se desprende de la memoria sobre las actuaciones del Ministerio Público durante el pasado 2020, que se ha presentado este lunes durante la apertura del año judicial.

Así se recoge en el apartado de propuestas de reformas legislativas, aunque no entra en detalles sobre en qué sentido debería modificarse el EOMF, limitándose a indicar que ha de servir para reforzar la autonomía de la Fiscalía en todos los ámbitos: presupuestario, orgánico, organizativo y normativo.

La fiscal general del Estado ya defendió la necesidad de una reforma del EOMF en pro de la autonomía del Ministerio Público, en el marco del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que pone en manos de los fiscales la investigación penal, hasta ahora encargada a los jueces instructores.

En materia procesal, reitera además las propuestas incluidas en el Plan de Desescalada del Ministerio Fiscal con las 60 medidas para agilizar, flexibilizar y modernizar la Justicia.

REVISAR EL DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

Por otro lado, plantea crear una unidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) experta en perseguir los delitos contra la administración pública, un asunto en el que centra varias propuestas.

De esta forma, recomienda tipificar el delito de omisión de perseguir infracciones administrativas por parte de las autoridades y de los funcionarios encargados de castigarlas, y revisar la actual configuración del elemento subjetivo del delito de prevaricación administrativa.

La Memoria de la Fiscalía de 2020 también fija su atención en la responsabilidad penal de las personas jurídicas al proponer que se amplíe el catálogo de delitos que les afectan. Apunta asimismo a la necesidad de registrar los programas de cumplimiento normativo de las empresas.

Por último, el Ministerio Fiscal demanda admitir la autoría mediata, la inducción, la cooperación necesaria y la complicidad como formas de autoría en los delitos especiales propios.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reivindicado este lunes el Consell per la República (CxRep) y ha llamado a reforzarlo para ayudar a mantener «la dignidad del 1-O ante todos aquellos que querrían pasar hoja» así como para avanzar hacia la independencia.

En una carta enviada a todos los miembros registrados en el CxRep, ha defendido que este órgano ayuda a recordar al Estado sus «vergüenzas democráticas, y que tiene un jefe de Estado que criminalizó y excluyó a millones de ciudadanos».

«Y permite que no haya ninguna excusa para preparar la manera de ganar la próxima confrontación con el Estado. Porque si queremos la independencia, el Estado se ha encargado de hacer que la confrontación sea inevitable», ha añadido Puigdemont, tras recordar que en pocas semanas se celebrará el cuarto aniversario del 1-O y de la declaración unilateral de independencia.

La misiva llega después de que, a finales de agosto, la exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí anunciara que ha dejado el CxRep por estar «supeditado a las dinámicas de la política y el gobierno autonómicos».

Según el expresidente catalán, el movimiento independentista ha luchado durante los últimos cuatro años para que la «dura represión» del Estado no desdibujara lo que ocurrió, y se ha esforzado para que lo construido hasta ahora sea una obra de todos, y no de ningún partido.

A su juicio, el CxRep es la institución republicana que recoge esta legitimidad, la mantiene, la protege y la pone al servicio del conjunto de actores del movimiento independentista para poder completar el trabajo iniciado hace cuatro años, aunque cree que en este tiempo hay quien proyecta sobre el 1-O y sus efectos políticos «una visión muy alejada de lo que fue» y de lo que compartían colectivamente.

Para Puigdemont, se ha recorrido un camino difícil, necesario e incompleto, que ha servido para saber cuál es el camino para el reconocimiento internacional de una república catalana: «Sabemos, con la claridad que da la historia de las relaciones pretéritas y recientes entre Catalunya y España, que sólo hay un camino para conseguirlo. Y que no hay atajos edulcorados, suaves, inocuos».

Y todo ello ante una España que, según Puigdemont, no se parece a Canadá y al Reino Unido, y que sólo aplica «negación y castigo, amenaza y punición», por lo que considera que la independencia es una conquista que se deberá mantener y defender durante mucho tiempo por todos los medios posibles, basados en los derechos humanos y la paz.

‘PREPAREM-NOS’

Tras reivindicar el documento ‘Preparem-nos’ (Preparémonos) del CxREp, donde dibujan la hoja de ruta que debe seguirse para conseguir la independencia, ha apelado a los independentistas a prepararse «para la fase en la que la respuesta del Estado vuelva a ser un ‘no’ a todo, y mantenga la represión y la amenaza sobre miles de ciudadanos».

«La confrontación con el Estado no se puede rehuir, es una realidad inevitable por la que tenemos que pasar si queremos que Cataunya sea reconocida como nación soberana e independiente», ha sostenido Puigdemont, que ha pedido no hacer creer que la eventual nación catalana llegará sin tener que lucharla desde las calles y las instituciones.

Por ello, ha defendido el CxRep como una pieza fundamental y ha advertido de que nadie les pondrá las cosas fáciles, «ni los que apalearon con extrema violencia el día del referéndum ni los que, cuatro años después, actúan como si aquella victoria les molestara».

Así, ha pedido combatir también «un cierto corriente narrativo que intenta deconstruir la enorme hazaña del 1-O y extender un sesgo derrotista de un capítulo sobre el que la historia hará un juicio unánime: votamos y ganamos, pese a la guerra represiva desatada por el Estado», ha zanjado.

El 73,41 por ciento de los procedimientos que se tramitaron por delitos de terrorismo en la Audiencia Nacional durante 2020 fueron por yihadismo, que acaparó también la mayoría de las sentencias dictadas, según recoge la Memoria de la Fiscalía referida a dicho año, que se ha presentado este lunes en el marco de la apertura del nuevo curso judicial.

Durante 2020 se tramitaron un total de 173 procedimientos por terrorismo en la Audiencia Nacional, de los cuales el 73,41 por ciento fueron por yihadismo, el 16,18 por ciento por los crímenes de ETA y el 10,40 por ciento por otros grupos.

En ese mismo periodo se dictaron 27 sentencias, que en su mayoría obedecieron igualmente a causas de yihadismo (16), mientras que, de las restantes, 9 estaban relacionadas con el terrorismo etarra y dos con otras modalidades.

Sin embargo, de los 26 escritos de acusación formulados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por este tipo de delitos el año pasado, la mayoría se referían a ETA (15). Diez fueron por yihadismo y otro por apología del mismo.

Las diligencias previas incoadas en 2020 desde el Ministerio Público en esa sede judicial por crímenes terroristas representaron el 34,17 por ciento, una reducción notable, frente al 40,37 por ciento de 2019, que se explica en parte por la pandemia de coronavirus.

De hecho, en general, durante 2020 la Fiscalía de la Audiencia Nacional llevó a cabo menos diligencias de investigación: 103, lo que supone un 18,25 por ciento menos que en el año anterior.

«TENDENCIA ASCENDENTE» EN TRÁFICO DE DROGAS

Por otro lado, se observó un aumento de los procedimientos por tráfico de drogas, con un incremento del 5,67 por ciento en 2020, lo que refleja una consolidación de la «tendencia ascendente» de los últimos años.

A pesar de dicha subida, los procedimientos incoados por la Fiscalía Antidroga en la Audiencia Nacional debido a este tipo de delito descendieron un 21,25 por ciento durante el año pasado.

La Memoria de la Fiscalía se refiere también a los delitos relacionados con el crimen organizado y de tipo socioeconómico, para indicar que se incoaron 657 procedimientos por estos ilícitos.

Un total de 7.366 estudiantes ciegos y con discapacidad visual grave de toda España afrontan estos días su #VueltaAlCole en una realidad marcada todavía por las restricciones sanitarias a causa de la pandemia de Covid-19, por lo que ONCE ofrece su apoyo con formación digital y tecnología accesible.

En concreto, más del 99% de estos alumnos se incorporan a las aulas en centros ordinarios, siguiendo el currículo oficial, en un modelo de educación inclusiva con apoyo de los servicios de atención educativa de la ONCE, según detalla en un comunicado.

La ONCE señala que, con respecto a la pandemia y la presencialidad en las aulas, este alumnado sigue las mismas pautas y directrices que el resto de compañeros sin discapacidad visual, respetando las mismas medidas de seguridad que se han establecido para este curso 2021-2022 (mascarillas desde los 6 años en interiores, distancia de seguridad, ventilación de los espacios, grupos burbuja, etc.) con el fin de mantener la máxima presencialidad posible en todos los niveles y etapas.

En palabras de la jefa de Atención Educativa de la ONCE, Ana María Llauradó, «si la presencialidad es de por sí beneficiosa para todos los alumnos porque mejora la socialización y muchos aspectos de la vida escolar, en el caso del alumnado con discapacidad visual resulta fundamental para responder de forma más eficaz a sus necesidades educativas específicas, especialmente en cuanto a materiales de acceso o cuando son necesarias adaptaciones».

Durante este curso 2021/22, los 7.366 alumnos ciegos y con discapacidad visual, entre los que se incluye el alumnado con sordoceguera u otras discapacidades asociadas a la visual, se reparten, por nivel educativo, de la siguiente manera: 1.272 escolares participan en la Educación Infantil; 1.517 están escolarizados en Educación Primaria; 1.050 han llegado a la Educación Secundaria Obligatoria; 296 cursan Bachillerato; 396 se preparan en la Formación Profesional; 773 se enfrentan a la Universidad; y 2.062 están inscritos en otro tipo de enseñanzas.

Por comunidades autónomas, el censo se distribuye así: Andalucía, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 1.776 estudiantes; Aragón, 217; Principado de Asturias, 135; Islas Baleares, 164; Canarias, 297; Cantabria, 75; Castilla-La Mancha, 332; Castilla y León, 364; Cataluña, 1.164; Extremadura, 135; Galicia, 336; La Rioja, 42; Comunidad de Madrid, 1.124; Región de Murcia, 325; Comunidad Foral de Navarra, 88; País Vasco, 143; y Comunidad Valenciana, 649.

EL PAPEL DE LA ACCESIBILIDAD

Desde los diferentes grupos ACCEDO (Accesibilidad a Contenidos Educativos Digitales de la ONCE) se está en comunicación con las administraciones educativas del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas así como con las diferentes editoriales de material escolar para lograr que tanto las plataformas como los contenidos sean accesibles a todo el alumnado para cumplir la legislación vigente en cuanto a equidad, igualdad de oportunidades e inclusión educativa.

Asimismo, las máquinas del Servicio Bibliográfico de la ONCE no han dejado de funcionar en las últimas semanas preparando libros de texto en braille y en sonido y materiales en relieve. Así, los alumnos se incorporan a las aulas con la mochilas llenas de tecnología accesible y de puntos en braille.

La experiencia del curso pasado, con las restricciones impuestas por la pandemia de la Covid-19, ha supuesto un gran reto para el profesorado, las familias y el alumnado que se atiende desde los Equipos Específicos de Atención Educativa a la discapacidad visual, que prestan un apoyo personalizado a los alumnos en sus centros educativos ordinarios, en base a los convenios de colaboración entre la ONCE y las diferentes administraciones educativas.

Estos equipos están formados por maestros itinerantes de los que 253 pertenecen a la ONCE, que desde el inicio de la pandemia han tenido que poner al día sus conocimientos tecnológicos y tiflotecnológicos y adaptarse a un gran cambio metodológico. En este sentido, la ONCE destaca que ha intensificado su esfuerzo en formación en competencias digitales para este profesorado, a quienes además ha dotado de ordenadores y dispositivos informáticos.

Según Llauradó, «hasta hace poco había voces desde el ámbito educativo que dudaban del beneficio de la tecnología para el alumnado con discapacidad visual, pero la pandemia ha demostrado nuevamente que su manejo es absolutamente beneficioso y necesario para los niños y niñas que atendemos desde los equipos, que requieren de un aprendizaje y apoyo inicial superior al de los niños con visión».

«La introducción precoz de la tecnología es imprescindible para ellos de cara a alcanzar su autonomía en el manejo de la misma», añade.

EQUIPOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA

La tarea de los maestros que integran los Equipos Específicos de Atención Educativa consiste en valorar al alumnado y elaborar una propuesta de intervención aplicada individualmente. Esto requiere la coordinación con otros profesionales, tanto pertenecientes a la ONCE (técnicos de rehabilitación, instructores en tiflotecnología y braille, psicólogos, pedagogos, monitores de ocio y tiempo libre o especialistas en áreas de especial dificultad), como adscritos a las administraciones (orientadores, maestros en pedagogía terapéutica, tutores de aula, etc.).

En función de las necesidades del alumnado, la atención prestada puede variar desde el seguimiento, asesoramiento y orientación al centro donde se escolarice el estudiante hasta una intervención directa con el alumnado para garantizar su inclusión dentro y fuera del aula, tanto en aspectos académicos como en los relacionados con la inclusión social de estos alumnos.

Según la jefa de Atención Educativa de la ONCE, «es de destacar la labor de los maestros de los equipos, que con recursos propios y gran ingenio y motivación han sido capaces de apoyar más que nunca a los alumnos y sus familias en el seguimiento de un curso escolar de especial dificultad como ha sido el pasado».

Para Llauradó, «gracias a ellos y a la implicación de toda la comunidad educativa se ha podido superar el curso con un alto grado de satisfacción por parte de todos y ha servido de aprendizaje para ayudar a las personas que, en el futuro, por unas u otras causas, o puedan acudir presencialmente a los diferentes centros educativos».

Alrededor de 700 migrantes han llegado a las costas españolas desde el pasado viernes a bordo de una treintena de pateras. Andalucía y Canarias han sido los destinos que han recibido mayor número de embarcaciones, aunque Salvamento Marítimo ha atendido también migrantes en Murcia y Baleares.

De nuevo Canarias ha recibido el mayor número de migrantes, con la llegada de 279 migrantes a bordo de seis pateras que arribaron a Lanzarote, El Hierro y Gran Canaria. Las últimas embarcaciones en llegar fueron una patera y un cayuco con 97 migrantes a bordo que fueron rescatadas durante la noche de este domingo por embarcaciones de Salvamento Marítimo y derivadas a los puertos de Arguineguín (Gran Canaria) y La Restinga (El Hierro).

Al menos 182 migrantes llegaron también a las costas de Cádiz y Almería durante este fin de semana, repartidos en diez pateras y una rueda de camión. Concretamente, según los datos aportados por fuentes de Salvamento Marítimo, fueron 122 las personas que arribaron a la provincia gaditana, de las que dos de ellas cruzaban el Estrecho a bordo de la cámara neumática de un camión, y el resto en cinco pateras, mientras que 60 han arribado a las costas almerienses, repartidas en cinco embarcaciones.

El último de estos sucesos ha ocurrido en Cádiz a las 8.50 horas de este domingo, cuando Salvamento Marítimo auxiliaba a una persona que navegaba por el Estrecho en un neumático, y que alertó de que viajaba con otra que había caído al mar, y que fue rescatada por el helicóptero Helimer 202 y la guardamar Calíope.

También este domingo, y en la provincia gaditana, Salvamento Marítimo rescató a 30 magrebíes –29 varones y una mujer– a unas ocho millas del Castillo de San Sebastián. Y, durante la jornada del sábado, las autoridades marítimas tuvieron que auxiliar a 86 personas –en tres pateras– en Cádiz y 43 en Almería que viajaban en cuatro pateras.

Concretamente, a Cádiz llegaban tres pateras con 50 migrantes –todos varones– en una de ellas; 27 personas –25 varones y dos menores– en otra, y nueve migrantes –seis varones, dos menores y una mujer– en la tercera, a las playas de Cortadura (Cádiz), a Puerto América (Cádiz) y a la playa de Roche (Conil de la Frontera), respectivamente, según informaron fuentes de la Policía Nacional.

En Almería, llegaba una patera durante la tarde del sábado con diez personas –dos mujeres y un menor–, y otras tres durante la madrugada, con dos, 14 y 13 varones de origen magrebí, respectivamente. Durante la tarde noche del viernes, Salvamento Marítimo rescató una patera más en la costa de Almería con 17 personas –una mujer–, además de otros cuatro migrantes –una mujer– que fueron rescatados navegando en un kayak por aguas cercanas a la costa gaditana.

MURCIA Y CABRERA

También Murcia registró durante el fin de semana la llegada masiva de embarcaciones. En total fueron 155 los migrantes a bordo de 13 pateras que llegaron a la región. A las siete embarcaciones llegadas a las costas murciana el viernes con 74 migrantes, se sumaron otras seis que llegaron con un total de 81 migrantes.

Finalmente, la isla de Cabrera, en Baleares, también recibió a 23 personas en situación irregular que llegaron a sus playas a bordo de una embarcación.

Este 6 de septiembre se celebra el Día de las Aves Limícolas, un grupo de especies que, como señala SEO/BirdLife, se encuentra entre las más amenazadas del mundo, principalmente debido a la destrucción o contaminación de sus hábitats (deltas, lagos, manglares, marismas y lagunas). Para la ONG, las aves limícolas son bioindicadores del cambio climático por lo que, a su juicio, conocer su migración es fundamental para su conservación.

En opinión de Carlos Molina, responsable de los programas de anillamiento científico de SEO/BirdLife en la Oficina Técnica de la ONG en Doñana, estudiar el comportamiento migratorio de estas aves «aporta información sobre los efectos que el calentamiento global está produciendo sobre las especies y la capacidad de resiliencia de las poblaciones».

En este punto, señala que, por quinto año consecutivo se han obtenido datos científicos sobre la biología y la ecología de estas aves migratorias durante el desarrollo de unas jornadas de trabajo que han tenido lugar del 6 al 8 de agosto y del 2 al 4 de septiembre, cuando se han recapturado aves anilladas en el Reino Unido, Holanda y Suecia. Así se ha podido incrementar el conocimiento sobre las rutas migratorias que unen el centro y norte de Europa con África.

La mayor parte de las aves limícolas ocupan las franjas costeras del planeta y su conservación está asociada por completo a la de los humedales como Doñana o marismas mareales como la del río Odiel.

«Las marismas mareales, como la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel se encuentran entre los lugares con mayor biodiversidad del mundo y tienen una enorme capacidad para capturar y almacenar carbono, eliminando gases que generan el efecto invernadero. El estado de las poblaciones de aves limícolas son un indicador de la salud de las marismas, por lo que la información que aportan las campañas de anillamiento es de gran importancia para su conservación», explica Davila.

Las aves limícolas constituyen uno de los grupos de aves más atractivos y populares del mundo, principalmente por dos razones. El primero es por su gran capacidad para recorrer grandes distancias en su migración, y el segundo está relacionado con sus hábitats que ocupan, principalmente los humedales que sufren grandes amenazas y alteraciones, siendo estas aves un gran indicador de su salud ambiental.

Se distribuyen prácticamente por todo el mundo y ocupan una gran variedad de hábitats desde el altiplano andino hasta las costas subantárticas. Casi todos ligados a medios acuáticos en algún momento de su ciclo vital, principalmente durante la invernada. Por otro lado, presentan una gran variedad de tamaños desde el correlimos común que pesa 20 gramos hasta el zarapito real que puede llegar a pesar los 900 gramos.

El Ministerio Fiscal interpuso 27 denuncias en 2020 vinculadas a la gestión de las residencias de mayores. Incoó 785 diligencias preprocesales civiles de protección, de las cuales 491 continuaban en tramitación al finalizar el año. Se incoaron también 441 diligencias de investigación; 221 seguían abiertas al cierre de 2020.

Así se refleja en la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) que ha presentado este lunes la fiscal general Dolores Delgado en el marco del acto de la apertura del año judicial, celebrado en el Tribunal Supremo con la presencia del rey Felipe VI y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

El Ministerio Público precisa en su dossier que Delgado, en coordinación con el Fiscal de Sala de lo Civil, «fue consciente desde el primer momento de la necesidad de dedicar una especial atención al seguimiento de las residencias de mayores». Según consta en la Memoria, la primera orden se dio el 18 de marzo de 2020, cuando se informó a todos los fiscales superiores de que debían remitir «de forma periódica y centralizada» toda la información disponible relativa a centros geriátricos y sociosanitarios.

Posteriormente se emitieron dos decretos: uno de 23 de marzo, por el que se incoaron diligencias de investigación «a fin de determinar la relevancia de los hechos, comisionando al Fiscal de Sala para recabar la información precisa»; y uno de 31 de marzo, por el que se constató la incoación de diligencias de investigación en diversas fiscalías provinciales y se archivaron las abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo, «manteniéndose con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación de la dación de cuenta».

Según explica la FGE, durante 2020 los fiscales de Sala asumieron, a través de la emisión de oficios, informes y notas internas, la función de «colaborar en la unificación de criterios mediante las redes de fiscales delegados de las fiscalías provinciales».

En el marco de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, desde el 17 de abril la Fiscalía General fue «informando puntualmente y con carácter semanal a la sociedad en relación con el alcance y estado de la actividad, tanto de las diligencias civiles de protección como de las diligencias de investigación penal existentes en las fiscalías provinciales» relativas a la gestión de las residencias de mayores.

MEDIDAS SANITARIAS EN LA FISCALÍA

La Memoria de la FGE subraya que la actividad del departamento durante la crisis sanitaria ha sido «muy intensa» y ha intentado «garantizar la continuidad en la prestación de servicio público de la Justicia», así como la «salud y seguridad de los miembros del Ministerio Fiscal».

Delgado defiende que «la respuesta no sólo fue temprana, sino también pionera» y recuerda que el 9 de marzo se constituyó el comité de prevención del coronavirus «con la finalidad de evaluar la situación».

«Por Decreto de 10 de marzo, tras consultar con las instituciones sanitarias y el resto de operadores jurídicos implicados, la Fiscal General adoptó las primeras medidas extraordinarias y urgentes para enfrentar la situación de pandemia», señala el Ministerio Público en la Memoria, donde destaca que desde entonces y hasta el 3 de junio la FGE dictó 11 Decretos mediante los que fijó los servicios esenciales y el personal mínimo para su atención, acordó la fecha de alzamiento de los plazos procesales y ordenó la reincorporación de los fiscales a la «nueva normalidad».

En dicho periodo el departamento dirigido por Delgado también presentó al Ministerio de Justicia el Plan de desescalada de la Fiscalía, en el que incluía 60 medidas para «agilizar, flexibilizar y modernizar» la Justicia.

La secretaria general del PDeCAT, Àngels Chacón, ha asegurado este lunes que presentarán «el máximo número de candidaturas» a las elecciones municipales de 2023 aunque no cierren un acuerdo con Junts u otros partidos, con los que han mantenido contactos este verano.

«Contactos hay siempre con todas las fuerzas, pero tenemos claro que vamos a presentar el máximo número de candidaturas en Cataluña. Es nuestra prioridad», ha sostenido en rueda de prensa, tras explicar que este miércoles celebrarán una jornada municipalista en la que definirán la estrategia que seguirán así como los alcaldables que concurrirán en estos comicios.

Según Chacón, la voluntad del PDeCAT es seguir adelante con el proyecto de su partido pase lo que pase y dado que «no se adivina la intención de cerrar un acuerdo general» con Junts, tras la negativa a ello expresada por el secretario general de dicho partido, Jordi Sànchez.

Sin embargo, Chacón ha recordado que el exconseller Quim Forn –que pertenece a Junts– sí defendió este verano que su partido y el PDeCAT llegaran a un acuerdo ante las elecciones municipales.

También ha concretado que el sábado 2 de octubre celebrarán un Consell Nacional, en el que concretarán la reformulación «del espacio de centro integrador, que está necesitado de una fuerza que lo represente en las instituciones», tras los contactos que mantienen con partidos como el PNC, Convergents y Lliures.

«Será necesario que pivotemos este espacio de centro, un centro creíble, integrador y coherente. No este centro que se busca a hurtadillas, mientras se cierren acuerdos con partidos de izquierda, como la CUP», ha destacado.

MESA DE DIÁLOGO

Sobre la mesa de diálogo, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «por respeto» asista a la reunión junto con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para que sea creíble, en sus palabras.

«Cuando hay mesas de diálogo entre dos gobiernos, la no presencia del presidente de la Generalitat significaría mucho, y la no presencia del presidente del Gobierno también. En vez de una mesa de diálogo, sería una mesa técnica de negociación», ha subrayado.

En relación a que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya asegurado que no hay ninguna condición para plantear un referéndum a cortoplazo, Chacón ha apuntado que no debe dar miedo poder votar, y considera que es una cuestión que «no se puede evitar» y que tendrá que resolverse, y que esto es compatible con buscar el fortalecimiento de Cataluña.

«No nos podemos quedar paralizados. Los referéndums no dan miedo, a nosotros no nos dan miedo. Es la mejor de las herramientas en democracia para escuchar la voz de un pueblo», ha zanjado.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que las mujeres «al final» «están sometidas a un mismo sistema» aunque las condiciones materiales difieran según el país. Así lo ha puesto de manifiesto este lunes 6 de septiembre en su intervención en la inauguración del curso ‘Hacia una radicalización feminista de la democracia, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizado por el Instituto de las Mujeres.

Ha insistido así en las afirmaciones realizadas hace una semana cuando recalcó que todas las sociedades y culturas tienen mecanismos de opresión a mujeres aludiendo al «machismo» tanto en Afganistán como en España.

De este modo, ha indicado que este reconocimiento del patriarcado y del machismo como base de la vulneración de derechos de la mujer es por lo que «la lucha de las mujeres afganas» interpela «a todas las mujeres del mundo».

«Es el motivo por el que su lucha es nuestra lucha, aunque nuestras condiciones materiales de existencia en los diferentes países puedan diferir», ha declarado, antes de añadir que, «al final», las mujeres están «sometidas a un mismo sistema».

«HIPOCRESÍA» DE LA DERECHA

La ministra ha cargado contra la «enorme hipocresía» de la derecha que, ahora, denuncia la situación de las mujeres en Afganistán y no lo hace en otros países como Arabia Saudí o Yemen donde, ha explicado, «las mujeres tienen enormes dificultades» y «también sufren terribles violencias» para «acceder a sus derechos fundamentales».

En este sentido, ha criticado precisamente el «escándalo» que «la derecha está organizando» por que ella misma ha dicho que el machismo y el patriarcado «es la base de las vulneraciones gravísimas de derechos que están sufriendo las mujeres en este momento en Afganistán».

A su juicio, negar esta afirmación es como negar que «los asesinatos machistas» que se producen «en España, en Francia o en cualquier parte del mundo, no tiene como raíz fundamental el patriarcado, el machismo y un sistema de dominación de las mujeres» y, por tanto, es negar que «a las mujeres se las asesina, se las viola por el hecho de ser mujeres».

«Y lo mismo con la brecha retributiva, y lo mismo con la precariedad en el ámbito del trabajo de la inmensa mayoría de las mujeres, o sus enormes dificultades en muchos países de saltar de la esfera de lo reproductivo, lo oculto, los invisible, lo no sometido a las reglas del mercado, pero también de lo precarizado, de lo poco valorado socialmente, que es la realizad que viven muchas mujeres que están en sus casas haciendo un trabajo que es esencial para el sostenimiento de la sociedad y que no tienen ese reconocimiento, ni tienen garantizados sus derechos por realizar ese tipo de tarea», ha denunciado la responsable de Igualdad.

La Federación de Enseñanza de CCOO pide que se mantenga el incremento de plantillas del curso pasado y adicionalmente se amplíe en al menos 40.000 profesionales para este curso que arranca esta semana en la mayoría de regiones. Así se lo ha hecho saber por escrito el sindicato a la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, y a las consejerías de Educación.

Según el sindicato, sólo así se podrá contar con los refuerzos suficientes para limitar el número de estudiantes por grupo y asegurar su asistencia a los centros escolares en todos los niveles educativos, asegurando la distancia interpersonal y la presencialidad.

CCOO exige también que los fondos transferidos a las comunidades autónomas vayan acompañados de unos criterios y requisitos educativos y de seguridad, y de una apuesta de todas las administraciones por la mejora de la inversión pública en educación.

Según expone CCOO, la pandemia ha agravado las carencias que arrastraba la educación española, lo que ha impactado especialmente en el alumnado más vulnerable. Por ello, defiende que las mejoras y el incremento de recursos dejen de ser coyunturales y se conviertan en estructurales para abordar con garantías los retos presentes y futuros y el desarrollo de la Ley educativa, la LOMLOE.

«Los centros y sus plantillas han hecho una labor ingente en una situación extrema con los recursos limitados en todos los sentidos. No es el momento de recortar esos recursos, ni materiales ni personales, sino de incrementarlos y de mejorar las condiciones del profesorado y del personal de administración y servicios educativos (PAS educativo) para gestionar la complicada situación de este inicio de curso con todas las garantías de seguridad y de calidad educativa», denuncia el sindicato.

Con todo ello, el sindicato considera que la actual situación está «muy lejos» de ser la deseable y exige que se rectifiquen las decisiones acordadas por las administraciones educativas de cara a este curso.

Por otro lado, el sindicato opina que deben abordarse específicamente cuestiones como la atención a la diversidad, el incremento de la oferta educativa pública en todas las etapas y enseñanzas, la estabilización del personal temporal y la mejora de las condiciones de trabajo.

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha asegurado que las expresiones de la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial , Isabel Rodríguez, son «propias» de un «argumentario que le ha hecho alguien» y piensa que «está claro» que «no conoce nada» de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así se ha expresado sobre las declaraciones de la portavoz, quien acusó al PP de estar «boicoteando y secuestrando» los cumplimientos constitucionales en relación a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. «Repite lo que le han dicho», ha señalado López.

López ha considerado que el Gobierno tiene una «postura arcaica de los años 80» sobre el sistema de elección del CGPJ y asegura que no entiende las razones por las que no quieren un sistema como, según recuerda, pide Europa. «La izquierda huye de la ley como los gatos del agua», ha reprochado.

PIDE A SÁNCHEZ QUE SE ASESORE MEJOR

Es por ello que ha pedido al Gobierno que «reflexione» para que se pongan «donde tienen que ponerse» que, a su juicio, es en el lugar de lo que exige Europa y la Constitución.

Concretamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha pedido que «se asesore mejor» y que «acierte más» para negociar sobre la renovación del Poder Judicial. «Inicie lo que tiene que iniciar», ha insistido López.

En esta línea, el también consejero de Presidencia, Justicia e Interior e la Comunidad de Madrid, ha opinado que el retraso en la renovación del CGPJ «lastra» la imagen de independencia de los jueces a quienes, según su criterio, «nunca les ha temblado el pulso» a la hora de tomar una decisión, aplaudiendo así la independencia de los magistrados españoles. «Lo triste es que la imagen se esté contextualizando en un proceso político», ha trasladado.

ADMITE QUE EL PP NO SIEMPRE LO HA HECHO BIEN

López ha recordado que el PP no cambió el modelo de elección de jueces cuando tenían la mayoría en el Congreso de los Diputados, por lo que ha admitido que no siempre han hecho «bien las cosas». A pesar de ello, ha indicado que cuando su formación gobernaba no había «riesgo» de que políticos «antisistema» como, a su juicio, es Unidas Podemos llegaran a órganos institucionales.

Además, ha añadido que Europa ha cambiado sus preocupaciones y que las dudas sobre la separación de poderes ocurre hace tres años, momento en el que los ‘populares’ ya no estaban en el Ejecutivo.

Finalmente, López ha apuntado que en este momento hay que decirle a Bruselas que van a cambiar, por lo que ha pedido al resto de partidos políticos que hagan «un esfuerzo» para renovar el CGPJ.

El Ayuntamiento de Barcelona se personará esta misma semana como acusación popular en el caso de la presunta agresión homófoba en la playa del Somorrostro el pasado 29 de mayo.

Lo ha dicho este lunes el concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, acompañado de la directora del área de Derechos de Ciudadanía, Anabel Rodríguez, durante la presentación del balance del primer semestre de 2021 de la Oficina por la No Discriminación (OND).

Serra ha recordado que se trata de un caso «muy grave» en el que la agresión se produjo sin ninguna discusión previa y que una de las víctimas ha requerido una intervención quirúrgica compleja por fractura de mandíbula.

En este sentido, le concejal ha explicado que el racismo y la xenofobia y la LGTBI-fóbia están detrás de más del 60% de los expedientes abiertos por la OND durante el primer semestre de 2021, y ambas causas se mueven en cifras similares, por encima del 30%.

MENOS AGRESIONES FÍSICAS

Por contra, ha habido un descenso en el caso de las agresiones físicas documentadas, tras unos años de cierta tendencia al incremento, pasando de los 27 casos en la primera mitad del 2020 a los 11 en la primera mitad del 2021.

Serra ha atribuido este descenso a motivos relacionados con la pandemia, destacando que el incremento producido en 2020 pudo tener que ver con que el estrés derivado de la crisis sanitaria, que habría hecho aflorar las actuaciones discriminatorias.

También ha destacado que han aumentado las situaciones de discriminación en la prestación de servicios públicos, pasando de 4 a 11 y ha dicho que pondrán el foco en ello, sobre todo con formación a los profesionales públicos.

Otro «gran incremento» se ha producido en la discriminación en el acceso a la vivienda, que ha pasado de los nueve casos el primer semestre del 2020 a los 13 el mismo periodo del 2021.

Las personas que han reportado casos de discriminación han sido principalmente hombres (51%), seguidas por mujeres (36%) y personas de género no binario (13%).

Por edad, quienes más han reportado este tipo de situaciones han sido las personas de entre 40 y 64 años (54%), seguidas de las personas de 25 a 39 años (36%), las de 15 a 24 (6%) y las de más de 65 (4%).

MOTIVOS

Los principales motivos de discriminación siguen siendo el racismo y la xenofobia (32,52%) y la LGTBI-fóbia (31,71%), observándose un «ligero» descenso de las situaciones de racismo reportadas y un incremento en los casos de LGTBI-fóbia.

Asimismo, han aumentado los casos reportados por motivos relacionados con la discapacidad — pasando del 5,6% al 10,57%–, la salud –pasando del 6,54% al 8,94%– y la posición económica –subiendo del 1,87% al 6,50%–.

El consistorio se ha personado como acusación popular desde 2017 en cuatro situaciones de discriminación –dos de los procesos están en curso– y ha realizado cinco denuncias a Fiscalía desde 2018, una de ellas en este primer semestre de 2021.

Además, el primer semestre de 2021 ha sido el periodo desde 2017 en qué más personas han recibido formación por parte de la OND, un total de 425, lo que supone más del doble que el primer semestre del 2019.

La OND es el servicio especializado del Ayuntamiento para atender las personas que han sufrido una discriminación y la mayoría de intervenciones realizadas son en el ámbito socioeducativo (34%), la orientación jurídica (26%), la atención psicosocial (20%) y la intermediación y la mediación (9%).

Serra ha concluido el acto lanzando un mensaje de confianza en los operadores jurídicos y municipales y haciendo un llamamiento a denunciar los casos de discriminación, destacando que los colectivos vulnerables tienen en la OND un aliado para dar una respuesta «adecuada» a estas situaciones.

El sindicato CSIF ha denunciado este lunes que este próximo curso escolar, que arranca esta semana en la mayoría de comunidades autónomas, contará con 17.000 profesores menos con respecto al año pasado, una cifra que supone una reducción del 40%.

Así lo han expuesto este lunes en rueda de prensa el presidente del sector nacional de Educación del CSIF, Mario Gutiérrez, y la secretaria del sector nacional de Educación, de Coordinación Autonómica y Negociación del CSIF, Isabel Madruga Abajo, que han presentado un informe del sindicato sobre el déficit de plantillas en la escuela pública ante el inicio del próximo curso y sobre el recorte de los refuerzos de docentes contratados con motivo del Covid el curso pasado.

Según ha explicado Madruga, CSIF ha detectado que las noticias de contrataciones que ha obtenido el sindicato son «desiguales». «Hay algunas que no nos han dado esas noticias, otras que dicen que se refuerzan en el primer trimestre y en otras ocasiones no hay información oficial sobre si el número prometido estará en las aulas», ha criticado. En cualquier caso, ninguna comunidad aumentará el refuerzo de docentes, sino que, como mucho, los mantendrán, añade Gutiérrez.

En relación a esto, el presidente del sector nacional de Educación del CSIF ha denunciado el «oscurantismo» de «muchas» comunidades autónomas para conseguir datos sobre la contratación de docentes para este próximo curso, destacando especialmente comunidades como las de Andaucía, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha o Aragón. «La menos oscurantista de todas es la Administración General del Estado, que lo tiene publicado todo en sus boletines estadísticos; debería ser así en todas las comunidades», ha señalado Gutiérrez.

Así, Madruga ha instado a todas las administraciones educativas que sean «transparentes» y que den «datos exactos». «No podemos caer en una improvisación», ha lamentado.

«IMPOSIBLE» MANTENER LAS MEDIDAS

Según afirma Madruga, el déficit de 17.000 docentes para este curso escolar supone que es «imposible» mantener las medidas sanitarias y los protocolos establecidos para el ámbito educativo este año. Madruga recuerda que, ya en mayo, CSIF rechazó las medidas acordadas para el curso 2021-2022, sobre todo lo relativo a poder rebajar la distancia interpersonal a 1,2 metros porque, de este modo, subirían las ratios.

Por ello, entre las medidas que pide CSIF, se encuentran: el incremento de la plantilla docente, la reducción generalizada de las ratios y asegurar, como en el curso pasado, los 1,5 metros de distancia.

Por otro lado, el sindicato ha querido poner el foco en dos agravantes que estarán presentes este curso escolar. El primero de ellos es la vacunación «desigual» del alumnado. Madruga y Gutiérrez denuncian, en primer lugar, que aún siguen sin poder vacunarse los menores de 12 años y, en segundo lugar, que los mayores de 12 años que ya están vacunados no llegan al 40% con la pauta completa.

El segundo agravante es, según el sindicato, las posibles nuevas cepas que puedan surgir. «Pedimos alerta y cautela, y a las administraciones que modifiquen los protocolos en cuanto sea necesario para adaptarlo a los nuevos riesgos», reclama Madruga, que también pide datos oficiales de vacunación del profesorado.

UNA NUEVA LEY DE LA FUNCIÓN DOCENTE

Por otro lado, CSIF asegura que este déficit no es exclusivo de este año, pues los datos de la OCDE y de alumnos por profesor de 2009 indicaban que existía un déficit de plantilla de 50.000 docentes en toda España. Si a ello se suma las necesidades de reducir la temporalidad, más las plazas que tienen que cubrirse por jubilación, se tendrían que convocar en torno a 180.000 plazas docentes en los próximos tres años, según expone Gutiérrez.

Durante este verano, las oposiciones a docente han permitido estabilizar a 25.000 profesionales, de los cuales el 80% tenían experiencia como profesor. Sin embargo, se han quedado 2.600 plazas desiertas, sobre todo en la especialidad de Matemáticas, según ha explicado el presidente del sector nacional de Educación del sindicato, que pide trabajar, por tanto, en una nueva ley de función docente.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, considera imprescindible que se garantice la presencialidad en las aulas en este próximo curso escolar, que arranca esta semana en muchas comunidades autónomas. Por ello, pide a las administraciones que aporten «todos los recursos materiales y personales extraordinarios que sean necesarios».

A juicio del Defensor, la educación no presencial ha generado brechas de desigualdad a nivel educativo y social que tienen una clara correspondencia con el nivel socioeconómico y cultural de las familias.

Para lograr la presencialidad segura, califica de necesario la colaboración de toda la comunidad educativa. En este sentido, ha reclamado a todas las administraciones con competencias en educación que proporcionen «el apoyo y el respaldo necesario» a los centros docentes para evitar que esta crisis sanitaria tenga un impacto negativo en la educación.

Además, ha pedido un nuevo esfuerzo a los profesionales de la educación, alumnos, y familias para afrontar este nuevo curso escolar que «inevitablemente» sigue marcado por la pandemia.

Según informa el Defensor, algunas familias se han dirigido a esta institución para plantear la necesidad de incrementar las medidas de seguridad y prevención frente a la Covid-19 en las aulas.

La Institución comparte las recomendaciones realizadas por los expertos de utilizar filtros o purificadores de aire cuando no sea posible conseguir una adecuada ventilación y equipos medidores de CO2 cuando existan dudas sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas adversas para garantizar la máxima salubridad y calidad del aire en los centros.

ALUMNADO QUE NO PUEDE ACUDIR A CLASE

Por otro lado, al Defensor le «preocupa especialmente» el impacto que la suspensión de la actividad docente presencial ocasiona en el alumnado que, por diversas circunstancias, no puede asistir a clases online. En este sentido, ya desde el curso pasado, está realizando un seguimiento de la atención educativa que están recibiendo estos alumnos en todo el territorio nacional.

En la actualidad, todas las administraciones educativas han establecido los criterios a seguir ante las situaciones de absentismo escolar derivadas de la crisis sanitaria. No obstante, dada la «amplia casuística existente», Fernández Marugán recuerda a las autoridades educativas que, siguiendo los criterios fijados por la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado, deben ponderar individualmente la situación concreta de los alumnos afectados y sus familias, tomando en consideración los riesgos sanitarios en el ámbito escolar y familiar y primando siempre el interés del menor y su derecho a la educación.

Así, la Institución considera que para atender de manera eficaz a estos alumnos no se debe escatimar en recursos y profesionales de refuerzo, ya que no todos están igual de familiarizados con el uso de las tecnologías y, además, muchas familias no disponen de conexión a Internet o de los dispositivos electrónicos necesarios para afrontar un proceso de aprendizaje por medios telemáticos.

La concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Rouco, ha anunciado que defenderán una moción en el próximo pleno para que se elimina el lenguaje de desdoblamiento de género en las comunicaciones del Consistorio con los ciudadanos.

La moción insta al Gobierno de Zaragoza, PP-Ciudadanos, a adoptar las medidas necesarias para hacer un buen uso del lenguaje inclusivo en el ámbito del Ayuntamiento, de manera que, siguiendo las recomendaciones de la RAE (Real Academia Española), se evite el uso abusivo e innecesario del desdoblamiento de género en las comunicaciones con los ciudadanos, en el uso por parte de los empleados municipales y en los procedimientos e instrucciones internas del Ayuntamiento de Zaragoza.

Asimismo, se pide que no se vuelvan a destinar partidas presupuestarias a subvenciones y actividades como cursos de formación, talleres, charlas de sensibilización o concursos que promuevan otras interpretaciones en clave ideológica distinta a los criterios lingüísticos establecidos por la RAE.

El tercer punto propone a los Gobiernos de Aragón y España eliminar o modificar conforme a los criterios lingüísticos establecidos por la RAE el ‘Manual para un uso no sexista del lenguaje administrativo’ e, igualmente, dejar sin efecto el aprobado para uso interno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Finalmente, se reclama a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que informe pormenorizadamente a todos sus socios sobre el Informe de la Real Academia Española, su contenido y los criterios lingüísticos de aplicación al lenguaje utilizado por las administraciones locales.

«DEBATE ARTIFICIAL»

Carmen Rouco ha argumentado esta moción al señalar «que no es preocupación de los ciudadanos, sino que es un debate artificial creado como excusa para hacer políticas destinadas a diluir la sociedad actual, es liberticida y sirve para desviar fondos públicos en forma de subvenciones o ayudas a lobbies».

En rueda de prensa, Rouco ha expuesto que la lengua se modifica por el «uso de los hablantes, pero no por motivaciones políticas» y ha añadido que el morfema plural masculino se adopta, en su día, como forma incluyente para todos. «Dirigirse a un grupo de oyentes en masculino implica inclusión de todos los oyentes y no disgregado por preferencias sexuales».

La concejal de VOX ha dejado claro que el lenguaje tiene género para concordar la sintaxis, pero en ningún caso el sexo. El Gobierno de Zaragoza, liderado por el alcalde, Jorge Azcón, «tiene que elegir entre cumplir con la RAE o seguir la senda de la extrema izquierda de crear polémicas artificiales que en absoluto preocupan al ciudadano», ha apremiado.

Ha subrayado la importancia de esta moción porque «recoge la defensa del lenguaje, fuera de arbitrariedades» y ha pedido conocer si el Gobierno PP-Ciudadanos incluiría palabras «como policío, poeto, dentisto, sindicalisto o pianisto», entre otras, «dentro de la carrera desenfrenada de imponer un neolenguaje que destruye formalmente nuestro idioma».

Rouco ha definido como «innecesario» el uso de todos los manuales o guías de ‘lenguaje con perspectiva de género’ que han proliferado durante los últimos años en las instituciones españolas. «En el español de España e Hispanoamérica, el empleo del masculino genérico ya es inclusivo. La lengua se va modificando por el uso de sus hablantes a través del tiempo, pero no por decreto o motivaciones políticas», ha abundado.

Antes de finalizar, ha indicado que las lenguas modernas se rigen por los principios básicos de simplicidad y precisión. Al respecto, ha explicado que cuando es necesario aclarar un contenido concreto, se deben añadir todos los términos necesarios (morfemas), solo entonces, «pero nunca en la generalidad de los casos».

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha remitido una carta al presidente del PP, Pablo Casado, para pedirle por escrito que «vuelva a la senda de la institucionalidad» y reincorpore a su partido al Pacto Antitransfuguismo. Además, ha vuelto a reclamar al líder de la oposición que se siente a negociar ya el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el resto de instituciones con mandato caducado.

«La única estrategia de Casado es boicotear y romper todos los puentes que han unido a este país en democracia», ha denunciado Rodríguez en una entrevista en RNE, en la que ha insistido en que el órgano de gobierno de los jueces lleva más de 1.000 días bloqueado.

En este contexto, la portavoz ha anunciado que ha enviado una carta a Casado para que «vuelva a la senda de la institucionalidad», tal y como le han pedido «todos los partidos» de la llamada Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional y lucha contra el Transfuguismo Político que ella preside, en su calidad de ministra de Política Territorial.

Esta petición responde a la decisión que tomó el PP en junio de abandonar el antes conocido como Pacto Antitransfuguismo, después de que la comisión de seguimiento, en la que se integran 16 partidos, determinara que la operación del PP para conservar el Gobierno de Murcia –ante la fallida moción de censura de PSOE y Ciudadanos– fue un caso de transfuguismo.

Rodríguez ha calificado como «muy grave» tener que dirigirse de este modo al principal partido de la oposición. Además, en lo que tiene que ver con el CGPJ, ha rechazado que exista «equidistancia» entre la posición del Gobierno y la del PP sobre la renovación del CGPJ porque «están reventando todos los puentes».

CASADO TIENE «MUY POCA LEGITIMIDAD»

En esta misma línea ha apuntado que Casado ha perdido «toda esperanza» de cruzar «el puente de la oposición al Gobierno» porque quien no respeta «la arquitectura institucional» tiene «muy poca legitimidad» para pensar gobernar España en un futuro. La semana pasada, Casado le dijo al Gobierno que abandonase toda esperanza de que el PP apoyase la renovación del CGPJ si no aceptaban sus condiciones.

Finalmente ha insistido en que el CGPJ debe renovarse por imperativo legal y constitucional: «Cúmplase la ley y después afrontamos reformas», ha afirmado. Sin embargo ha recordado que las posiciones de PP y del PSOE eran «bastantes coincidentes» durante los meses que se llevaron a cabo negociaciones en el Congreso.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que el Gobierno acepte la propuesta del PP de que la mitad de los jueces del CGPJ sean elegidos por los miembros de la carrera judicial, Rodríguez ha señalado que están dispuestos a estudiar «todos los escenarios» aunque la Constitución dio «protagonismo al pueblo español» respecto al origen de los poderes.

«Yo creo que por dignificar la política en nuestro país hay que dignificar el Parlamento», donde «se sienta la gente que la ciudadanía española ha querido que se siente para transformar las instituciones», ha indicado.

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afimado este lunes que el acuerdo sobre un nuevo estatus jurídico-político para Euskadi es «un reto» para los partidos vascos, que deben actuar «con responsabilidad ante los ciudadanos», por lo que ha asegurado que no quiere que «nadie se quede fuera» de un acuerdo.

En una entrevista concedida a ETB1 la dirigente jeltzale ha destacado que se ha hecho «un gran trabajo» en este cuestión en el Parlamento vasco que «hay que aprovechar», ya que, según ha dicho, «queremos otro estatus para el futuro».

Así, ha señalado que el trabajo realizado en la ponencia de autogobierno ha sido «muy bueno» y que «no empezamos de cero», a pesar de que EH Bildu «se saliera» del acuerdo que alcanzó con el PNV y presentara «su propuesta unilateralmente».

«En primer lugar debemos establecer en qué punto estamos. Debemos conocer la postura de cada partido. El acuerdo que alcanzamos está ahí, y EH Bildu se salió. No quiero que nadie se quede fuera, no tanto porque sean nacionalistas o no, sino porque tienen una amplia representación de esta sociedad. El objetivo es lograr la mayor representación de la sociedad en el acuerdo», ha asegurado.

En este sentido, y a pesar de que considera que EH Bildu ha comenzado el curso político «marcando mucho el perfil» y «con las elecciones en mente», ha señalado que «siempre soy optimista» y que, «una vez que nos pongamos a trabajar, suele haber opción de llegar a acuerdos, y si queremos avanzar, tendremos que sentarnos y comenzar a hablar».

CURSO POLÍTICO

Asimismo, Itxaso Atutxa ha afirmado que, en el inicio del nuevo curso político, el objetivo es seguir haciendo frente a «todas las necesidades» que requiere la pandemia, pero, al mismo tiempo, «continuar trabajando en todos los ámbitos». «Creo que, de aquí a Navidad, si la pandemia no nos da ningún gran golpe, se notarán los beneficios», ha asegurado.

En cuanto a los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para 2022, cuya aprobación el Gobierno Vasco tiene asegurada gracias a su mayoría absoluta, la dirigente del PNV ha indicado que Elkarrekin Podemos-IU ha mostrado «una postura muy positiva» y «muchas ganas de trabajar» durante los últimos meses, lo cual «es bueno para todos», aunque ha lamentado «la creación de un tripartito entre EH Bildu, PP y Vox».

En este sentido, ha criticado que a esas tres formaciones «les da igual lo que presente» el Ejecutivo autónomo en el Parlamento, «porque primero es no, y luego ya veremos», y ha señalado que desconoce si EH Bildu mantendrá «otra postura en el seno de su nuevo perfil, más institucional».

«En Madrid lo hace con facilidad, con el Gobierno de España, y en Navarra bastante, pero aquí no lo muestra nunca. No sé si ahora tiene voluntad de romper con ese tripartito en el que se ha metido y de dialogar de verdad y llegar a acuerdos», ha manifestado.

IMV

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha lamentado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, «no ha hecho su trabajo» para materializar la transferencia a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuando el próximo mes de octubre se va a cumplir el plazo de un año que acordaron los gobiernos español y vasco.

En este setido, la dirigente jeltzale ha asegurado que en estos momentos «ni siquiera hay excusas técnicas», sino que «existe una responsabilidad política, porque falta una decisión política».

«No sé Escrivá, pero Sánchez eso lo sabe. Luego andará con prisas para aprobar los presupuestos, porque no tienen mayoría para ello. Pero claro, antes de hablar de eso, deberán hablar de todos lo que deben. Es simplemente que cumplan su palabra«, ha destacado.