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El juez pone fin a la investigación del caso Vitaldent tras recibir los últimos informes de Hacienda

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha puesto fin a la instrucción del llamado ‘caso Vitaldent’ tras recibir los últimos informes de la Agencia Tributaria sobre una de las empresas que, según la Fiscalía Anticorrupción, estaría implicada en esta presunta estafa cuyo alcance ascendería a unos 10 millones de euros, de acuerdo con los cálculos del Ministerio Público.

En un auto del pasado 28 de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 rechaza la petición del Ministerio Fiscal de prorrogar seis meses las pesquisas, acordando el fin de las mismas.

El instructor reprocha a Anticorrupción que, «a dos días de concluir el plazo de instrucción», pretendiera dilatarlo medio año «sin existir dato o hecho alguno novedoso que lo justifique».

El Ministerio Público quería que García-Castellón llamara a declarar en calidad de imputadas a nueve sociedades por ser, según el relato de los fiscales, «las mercantiles que controlan realmente el negocio en cuyo seno se han producido las actividades delictivas de defraudación» y de blanqueo de capitales.

Sin embargo, el juez recuerda que la Sala de lo Penal ya rechazó en un auto del pasado mes de febrero la imputación de 125 sociedades, incluidas esas nueve, al tiempo que afea a la Fiscalía que «no apunta indicio alguno propio de responsabilidad de las personas jurídicas».

A este respecto, el magistrado recalca que, tras la reforma del Código Penal de 2010, la responsabilidad penal de las personas jurídicas surge cuando carecen de controles efectivos para prevenir la comisión de delitos, no por «el mero hecho de la comisión de un hecho delictivo por un directivo o empleado».

INFORMES DE HACIENDA

Así, concluye que, después de seis años de investigación judicial, que comenzó en 2015 en un juzgado de Majadahonda por una denuncia contra la antigua cúpula directiva por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, organización criminal y falsedad documental, y saltó en 2016 a la Audiencia Nacional, no hay nada más que indagar.

En este sentido, el instructor subraya que desde principios de 2020 «lo único que ha habido es un nuevo informe de la AEAT» del 12 de marzo de 2021 que viene a ratificar uno presentado en enero del año anterior.

En este último informe, la Agencia Tributaria analiza documentación relativa a una de dichas sociedades, Laboratorios Lucas Nicolás SL, sobre los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2015.

Los peritos de Hacienda indican que «los saldos que se desprenden del balance de comprobación de sumas y saldos se corresponden exactamente con los importes que la sociedad hace constar en el balance y cuenta de pérdidas y ganancias declarados en la autoliquidación del Impuesto de Sociedades» en esos ejercicios.

«También se ha comprobado que los importes que constan en el balance se corresponden fielmente con los importes de los mayores de las cuentas del grupo 7 del Plan General de Contabilidad», añaden.

Analizan un tercer bloque de papeles formado por facturas y abonos que «en principio parecen constituir el soporte documental de los asientos de los mayores», porque no se ha detectado ninguna irregularidad entre la relación de facturas y los documentos individuales.

Sin embargo, matizan, «si se quiere buscar la correspondencia entre las facturas y los asientos de los mayores, surge un problema importante: en los mayores no se vincula cada asiento con el número de factura que consta en las propias facturas».

Aunque a renglón seguido explican que «esto no puede conducir automáticamente a la conclusión de que no exista una correspondencia entre las facturas y los mayores», ya que «en algún caso se ha visto que una factura concreta está asentada en varios mayores (desglosado su importe) o en varios asientos de un mismo mayor».