El Congreso tiene previsto concretar esta semana el plan de trabajo que llevará adelante en los próximos meses la comisión encargada de investigar el proceso de vacunación contra el Covid, que no prevé comenzar a recibir a los primeros comparecientes al menos hasta noviembre.
Dicha comisión, que preside el socialista gallego Guillermo Meijón, echó a andar el pasado día 7 –siete meses después de su aprobación por el Pleno de la Cámara– con la presentación de un borrador de trabajo por parte del PSOE.
Ese plan inicial de trabajo promovido por los socialistas se divide en tres bloques: Estrategia de Compra Anticipada. Proceso desarrollado para garantizar el acceso a las vacunas Covid; Aplicación de la Estrategia de vacunación frente a la Covid en España y sus posteriores actualizaciones; y Desarrollo de la Estrategia de vacunación frente a la Covid en España y sus resultados.
A ese esquema inicial los grupos parlamentarios han presentado ya por escrito sus aportaciones o mejoras que serán precisamente las que se discutirán en la reunión que la comisión tiene previsto celebrar este próximo jueves, 21 de octubre.
Ciudadanos y Más País-Equo ya comentaron que el plan impulsado por el PSOE era demasiado «demasiado difuso» e «inconcreto» y se quejaron, en declaraciones, de que en el diseño de la investigación no hay mención alguna a las posibles irregularidades que han podido cometer. De hecho, ya avanzaron que enmendarían estas ‘deficiencias’.
Y es que tanto el PSOE como el PP no prevén incidir en que el Congreso investigue a las personas, entre ellas varios políticos de distinto signo, que se vacunaron contra el Covid saltándose el orden de prioridad establecido por las autoridades sanitarias, sino que lo que buscan es conocer todos los detalles de la estrategia de vacunación con el fin de aprender para futuras pandemias o crisis sanitarias.
Cabe recordar que Más País-Equo y Compromís registraron el pasado mes de febrero su solicitud para que el Congreso abriera una comisión de investigación para estudiar posibles irregularidades en la gestión de las vacunas contra el Covid, a raíz de saberse que diferentes políticos, cargos públicos y altos cargos de la Administración del Estado, en su mayoría del PSOE y del PP, habían recibido «indebidamente» la primera dosis de la vacuna.
LOS COMPARECIENTES, A PARTIR DE NOVIEMBRE
Además de cerrar el diseño final de la investigación, la reunión de la comisión prevista para el jueves también servirá para que los distintos grupos parlamentarios comiencen a poner en común los nombres de las personas que pretenden que desfilen por este órgano.
En todo caso, según confirmaron fuentes parlamentarias, la lista definitiva con los nombres no se aprobará hasta una próxima cita de la comisión. Así las cosas, en principio no se prevé que llamen a nadie al menos hasta noviembre.
Teniendo en cuenta que el grueso de la población está ya vacunada, el PSOE subraya que esta comisión debe centrarse sobre todo en analizar el proceso de vacunación llevado adelante y aprender para otra ocasión. «Los casos puntuales no es lo más relevante», han defendido.
En la misma línea, desde el PP apuntan que la mayor parte de los políticos señalados por saltarse la cola de vacunación han dimitido y que esta comisión no debería servir para someterles a un «escarnio» público, sino para estudiar retrospectivamente lo que se hizo mal con el fin de que se puedan extraer lecciones de cara al futuro. «O sirve para sacar lecciones o, si no, no tiene ningún sentido», dijo recientemente el portavoz ‘popular’ de Sanidad, José Ignacio Echániz.
La iniciativa de Más País-Equo y Compromís que el Congreso aprobó en marzo fijaba como objetivos investigar la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, así como a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo de quienes se vacunaron antes de que les tocara.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
También hablaba de hacer pesquisas sobre las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que hayan podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos tanto por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.
Más allá de las posibles responsabilidades legales y/o administrativas, la comisión nación con la intención de investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se pudieran derivar de estos comportamientos irregulares.
Además, el texto aprobado en su momento llamaba a esclarecer «fallos en la ejecución del plan de vacunación, con dosis echadas a perder, problemas con la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento».