El exembajador en Estados Unidos y exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, ha reconocido este jueves que la solución planteada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para el Sáhara occidental puede ser realista, aunque ha calificado de "vagas" las explicaciones que dio el líder del Ejecutivo en el Congreso.

En declaraciones a los medios antes de una conferencia en Palma, el diplomático y abogado ha reiterado que las explicaciones del presidente de Gobierno fueron "insuficientes".

Dezcallar ha asegurado que el cambio de postura debilita a España frente a Marruecos y ha reivindicado una política exterior de Estado. "La política exterior de España no debe cambiar cuando cambia el inquilino de la Moncloa", ha señalado.

El diplomático ha admitido en todo caso que la solución planteada puede ser realista porque es intermedia entre la anexión y la independencia, aunque ha lamentado que Pedro Sánchez no haya explicado las ventajas para España ni tampoco "cómo va a progresar un conflicto enquistado cuatro décadas".

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha acusado este jueves al Gobierno regional de "levantar polémica donde no la hay" sobre la tramitación de la documentación de los refugiados Ucranianos que están llegando a Madrid y ha recordado que tienen derecho a la escolarización y a la Sanidad independientemente de sus papeles.

"La Comunidad desgraciadamente se está especializando en levantar polémicas donde no las hay. Creo y le pido que, ya que no estuvo a la altura durante el virus, lo esté en esta guerra y deje de hacer oposición al Gobierno de España. Estas personas tienen derecho a la escolarización y la Sanidad y todos los servicios sin necesidad de tener los papeles", ha dicho, preguntada por la prensa sobre esta cuestión tras la Junta de Seguridad Local de San Martín de la Vega.

Asimismo, González ha puesto en valor el trabajo del Ministerio de Interior y la Policía Nacional "atendido a miles de personas y dándoles los papeles tal y como nos comprometimos". "Es un milagro de la Administración, que ha hecho un esfuerzo ímprobo", ha apuntado al tiempo que ha pedido al Ejecutivo autonómico que "si no va a ayudar, que deje de entorpecer".

De esta forma, ha respondido al consejero de Justicia, Interior y Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, quien criticó ayer la demora del Gobierno central para expedir la documentación a personas ucranianas refugiadas en el centro habilitado en Pozuelo de Alarcón. Por ello, pidió "más coordinación" al Gobierno de España y puso de nuevo a su disposición el recurso del Hospital Enfermera Isabel Zendal, para la expedición de la documentación que estas personas requieren para disponer de servicios como la escolarización y la sanidad.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el informe jurídico sobre el proyecto del Real Decreto que modificará el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han confirmado que el texto fue avalado por el Pleno el pasado jueves. La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) ha celebrado que el Consejo haya aprobado "por unanimidad" el informe para "dar cumplimiento a la disposición adicional 157 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Según ha indicado la asociación en un comunicado emitido este jueves, "el informe del CGPJ está recomendando una modificación en la técnica retributiva que la propia UPSJ ya había propuesto con anterioridad al Ministerio de Justicia, y que ya dentro del actual conflicto laboral, reiteró por escrito el día 18 de febrero de 2022".

Así, ha celebrado que esta opción "se contemple como posible, justa y legítima por un tercero ajeno al conflicto como es CGPJ". Al hilo, ha reconocido y aplaudido "la profundidad del informe aprobado por unanimidad" lo que a su juicio "demuestra la profesionalidad e implicación" del órgano de gobierno de los jueces "en las materias que le competen".

A su juicio, el "enganche" del sistema retributivo de los Letrados de la Administración de Justicia al de jueces y fiscales "avanzaría en la solución de las dos cuestiones nucleares que reivindica históricamente UPSJ": la negociación colectiva propia y la adecuación salarial. La Unión convocó huelga el pasado 26 de enero, el 9 y 10 de marzo y tiene previstas nuevas jornadas el 5, 6 y 7 de abril.

NEGOCIACIÓN CON LOS SINDICATOS

Según ha subrayado la Unión, el texto avalado en el Pleno "habla en diferentes párrafos de la especificidad orgánica de los Letrados de la Administración de Justicia". Reconoce, además, la "semejanza y vinculación con la función jurisdiccional" por la cual están sujetos a iguales motivos de abstención, recusación e incompatibilidad y que los "conceptos retributivos son muy similares a jueces y fiscales".

"Y en base a ello, el CGPJ parece que se sorprende de que el Ministerio vaya a utilizar la misma técnica legislativa (incrementar el complemento específico) para dar cumplimiento a dos medidas que, aun contenidas en una misma disposición adicional, afectan a Cuerpos distintos, con diferencias (funcionarios territorio Ministerio y Letrados de la ADJ) y causas y objetivos distintos también", ha añadido la UPSJ.

De acuerdo a lo publicado por la asociación, el informe también "advierte de que la negociación de las dos partes de la disposición adicional se haya llevado a cabo con los sindicatos más representativos", cuando ésta "afectaba a un Cuerpo de ámbito nacional (Letrados de la ADJ) y a los Cuerpos generales solo del territorio Ministerio de Justicia".

Además, según ha indicado la UPSJ, el texto subraya el hecho de que "no se considera ni se opta por el establecimiento de un nuevo sistema retributivo materializado en su incorporación o asimilación a las previsiones de la Ley 15/2003, de 26 de mayo", algo que "contribuiría a satisfacer una de las reivindicaciones históricas de los Letrados de la Administración de Justicia". Es decir, que las revisiones salariales --si bien sometidas a informes de asociaciones y sindicatos-- no requieran su negociación en las mesas sectoriales de funcionarios de la Administración de Justicia.

El exembajador en Estados Unidos y exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcallar, ha argumentado este jueves que aunque finalice pronto el conflicto bélico en Ucrania --"hay noticias esperanzadoras", ha apuntado-- no se pondrá fin al problema que la generado, "la crisis de las reglas que rigen el mundo desde 1945".

En declaraciones a los medios antes de una conferencia en Palma, Dezcallar ha recordado que la invasión de Ucrania viene derivado de "algo más profundo". Para el exembajador, la crisis de las reglas que rigen el mundo desde 1945 explican que Putin "haya optado por tomarse la justicia por su mano en el momento en que no está de acuerdo con la arquitectura de defensa europea".

El abogado y diplomático ha insistido en que el problema que está detrás del conflicto bélico es la reclamación por parte de China y otras potencias, con otros intereses, de otras reglas de juego.

"Estamos de un mundo multilateral a un bipolarismo imperfecto, con Rusia y China como grandes potencias, necesitamos nuevas normas", ha señalado.

Dezcallar, sin embargo, ha admitido que hay "noticias esperanzadoras" que podrían acercar al final de la guerra, como la posible renuncia definitiva a la OTAN por parte de Ucrania, una desmilitarización parcial o un nuevo estatuto del idioma ruso.

Respecto al papel de la Unión Europea en el conflicto, Jorge Dezcallar ha reconocido que "de lo poco bueno" que ha derivado de esta crisis es el avance en el proceso de integración europeo.

En este punto ha destacado la coordinación en la respuesta de los 27 países miembro, la disponibilidad para acoger a cuatro millones de refugiados, así como el haber sido capaces de enviar material militar a Ucrania por valor de 1.000 millones de euros con cargo a los presupuestos comunitarios.

Sin embargo, ha matizado, quien ha está saliendo reforzada es la OTAN, lo que está haciendo aparcar el debate sobre un ejército europeo.

El exdirector del CNI ha destacado igualmente el "serio problema" energético, así como la seguridad de que la crisis alimentaria tendrá efectos en forma de hambrunas en África.

En cuanto a una posible escalada de conflictos, Dezcallar ha apuntado que es poco probable y que, además, "no sería deseable, nadie quiere que se extienda". Aunque ha advertido que suponen el mismo peligro "una Rusia prepotente y una Rusia humillada".

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha descalificado la enmienda que el PSOE ha presentado a la Ley Concursal para garantizar un puesto en el Tribunal Supremo a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando sea cesada. "Las formas son lamentables", ha señalado, expresando su sorpresa por el hecho de que los socialistas ni siquiera hubieran informado a sus socios de Unidas Podemos.

"Son trampas --ha comentado Rufián en los pasillos del Congreso--. No es al primera vez que lo hacen. Resulta curioso y no sabemos por qué lo hacen, sobre todo el PSOE, con esta fobia a comunicarse con los demás. Sorprende mucho que no lo supiera ni sus socios de Podemos".

A su juicio, "no es de recibo que intenten colar cosas para intentar que no se note, cuando todo ya se sabe". "Son formas de actuar gratuitas y que tensionan a los demás grupos, no tiene sentido", ha apostillado.

Esquerra aún no ha decidido su voto sobre esa enmienda, pero todo apunta a que no la apoyará, según avanzan fuentes del grupo independentista. De hecho, su opinión sobre la ley concursal del Gobierno es muy negativa y han presentado decenas de enmiendas para tratar de modificarla.

La decisión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que afirma que una euroorden no debe denegarse por el país ejecutor por el hecho de que el delito por el que se persigue a la persona no esté penado en su ordenamiento, ha sido acogida con alegría en el Tribunal Supremo (TS) tras los rechazos de las euroordenes relativas al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Fuentes jurídicas del alto tribunal señalan que lo que sostiene hoy el abogado del TJUE Athanasios Rantos sobre un caso del Tribunal de Casación francés supone un reencuentro con la esencia de las ordenes europeas de detención y entrega (OEDE).

Y añaden que en realidad es una pura obviedad y no dice nada nuevo que no debiera haberse tenido en cuenta en otras ocasiones en las que se olvidó, en referencia a cuando Alemania decidió no entregar a España a Puigdemont.

Fue en 2018 cuando Puigdemont fue detenido en Alemania en virtud de la OEDE emitida por el juez del Supremo instructor del 'procés', Pablo Llarena, por un delito de rebelión. Entonces, Puigdemont fue retenido por la policía alemana en una autopista cuando se dirigía en dirección sur hacia Hamburgo.

En abril de ese año el Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, dictó su libertad bajo fianza de 75.000 euros e indicó que la extradición era posible en base al delito de malversación, pero no al de rebelión.

DOBLE INCRIMINACIÓN

Ahora, y con la cuestión prejudicial sobre las OEDEs que lanzó al TJUE Llarena pendiente de ser resuelta el próximo 5 de abril, desde el Supremo las fuentes consultadas consideran que en ese tipo de orden el principio de doble tipificación no debe valorarse.

Por eso, indican que se empiezan alegrar por el rumbo que toma el abogado del TJUE, cuyo dictamen no es vinculante para el Tribunal europeo pero sí suele marcar la línea de la sentencia en la gran mayoría de los casos.

En concreto, el dictamen de este jueves dice que una autoridad judicial no puede denegar la ejecución de una OEDE con el argumento de que en ese Estado miembro no se sancione alguno de los hechos castigados como delito único en el país que reclama la entrega de la persona.

Respondía así a una cuestión prejudicial del Tribunal de Casación francés, que duda sobre cómo proceder respecto a una euroorden emitida por Italia para reclamar a una persona, K.L., condenada a diez año de cárcel por delitos de "destrucción y pillaje" durante el G8 celebrado en Génova en 2001.

VUELVE AL PUNTO DEL QUE NO SE DEBIÓ SALIR

Comparando este caso con el que ocurrió cuando Puigdemont no fue entregado por Alemania por el delito de rebelión, indican que el tribunal de Schleswig-Holstein se apartó de la jurisprudencia por lo que ahora se vuelve al punto del que nunca se debió salir.

Así, indican que el criterio del abogado del TJUE debería haber afectado a Puigdemont antes de que se dictaran las resoluciones del tribunal alemán y del belga.

Y ponen el foco en que las preguntas prejudiciales de Llarena al TJUE van no obstante en otra línea más clara aun si cabe porque pedía respuesta a si un tribunal ejecutor puede analizar la competencia del tribunal demandante, algo que tildan de disparate.

Con todo, estas fuentes se fijan en que en el caso de la prejudicial de Llarena aun se desconoce el dictamen del abogado del TJUE, algo llamativo cuando estamos a pocos días de la vista del día 5 de abril.

Unidas Podemos ha reclamado al Ministerio de Interior explicaciones ante su decisión de "acelerar" la expulsión del país de Mohamed Benhalima, un argelino que denuncia persecución en su país por denunciar corrupción en el estamento militar, cuando hay riesgo a su juicio de que sea "detenido y torturado" en su país de origen.

También solicita información al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para constatar las denuncias que recoge el artículo tercero del convenio europeo de derechos humanos, cuyo articulado recoge que "nadie podrá ser sometido a tortura ni penas o tratos inhumanos o degradantes".

Así lo traslada el diputado de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Ismael Cortés, en una serie de preguntas parlamentarias sobre la decisión de Interior de proceder a la devolución a Argelia de Benhalima, tras denegar en dos ocasiones darle protección internacional en España en un expediente que inició formalmente en febrero de 2020.

En la argumentación de su iniciativa, Cortés recuerda que Benhalima huyó de su país en 2019 al conocer que su nombre figuraba en una lista de militares buscados y, un año después, fue condenado a diez años de prisión por sus "denuncias públicas sobre la corrupción de alto cargos militares del ejército argelino y su participación en el movimiento popular de protesta Hirak".

A su vez, el diputado recalca que esta persona ingresó en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, en Valencia, después de que le fuera denegada su solicitud de asilo y tras incoarse un expediente sancionador por estancia irregular en España.

Dicha expulsión, según su relato, se oficializó el pasado 24 de marzo y se justificó la denegación de asilo bajo el argumento de que implicaba "un riesgo para la seguridad nacional, basado en supuestos vínculos con el islamismo radical dada su conexión con otro argelino que había sido previamente expulsado".

Una motivación que recoge el artículo 33.2 de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951, que ampara el asilo a aquellos solicitantes que sean considerados una amenaza para el país receptor.

Sin embargo, Cortés ha disertado que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha emitido un informe favorable sobre el caso de Benhalima, al entender que el contenido de dicho artículo no interfiere con las obligaciones del país de acogida.

"Es decir, al Estado de acogida --España en este caso-- le estaría prohibido devolver a un refugiado si tuviera como resultado su exposición a un riesgo real de ser torturado o sufrir cualquier daño irreparable", alerta el diputado a Interior sobre la vuelta de esta persona a Argelia.

El Gobierno ha confirmado que, en un primer momento, las autoridades polacas ordenaron mantener en secreto la detención del periodista español Pablo González, "conforme a la normativa local".

Así lo ha explicado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en una respuesta escrita remitida al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, relativa a la detención de Pablo González en Polonia, mientras cubría la llegada de refugiados ucranianos huidos por la invasión de Rusia.

En concreto, el Gobierno ha informado de que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos el pasado 28 de febrero, a través de los medios de comunicación, la Embajada de España en Varsovia ha realizado "gestiones ante el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco, ante las autoridades policiales y ante la ABW (en estos dos casos con apoyo de la Agregaduría de Interior), con el fin de confirmar la detención, informarse sobre los motivos y sobre el estado de la investigación".

Asimismo, ha precisado que, desde el consulado de España, "se ha prestado y continúa prestando asistencia consular, incluyendo la visita consular"; y que "se ha transmitido a las autoridades polacas la importancia de garantizar el ejercicio de la preceptiva asistencia consular, incluyendo el derecho de visita, y que se respete el derecho del detenido a ser asistido por su abogado".

En este contexto, el Ejecutivo español ha confirmado que "las autoridades polacas han informado que durante la fase inicial de la detención el Fiscal habría ordenado que el asunto se mantuviese secreto, conforme a la normativa local".

Por otro lado, ha especificado que el 3 de marzo de 2022 se recibió escrito proveniente de la Fiscalía polaca informando en detalle de las acusaciones, y el 7 de marzo de 2022 se produjo la primera visita consular al detenido.

"El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantuvo dos encuentros con su homólogo polaco, los días 4 y 17 de marzo, durante los que suscitó esta cuestión", ha concluido el Gobierno en la respuesta parlamentaria, fechada el jueves 30 de marzo.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado este jueves que comprende "el miedo, la incertidumbre y la angustia" de los ciudadanos ante la escalada de la inflación hasta el 9,8% en marzo, pero ha pedido "tranquilidad y confianza", porque el Ejecutivo, ha dicho, ya está dando respuesta a la situación a través de su plan anticrisis, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros.

"Yo comprendo que hay miedo e incertidumbre, pero quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los españoles. Somos el mismo Gobierno que hace dos años gestionó la peor crisis que había tenido nuestro país desde la Guerra Civil", ha apuntado Rodríguez en declaraciones a TVE.

Aunque ha asegurado entender la "preocupación" y la "angustia" de los ciudadanos ante la subida de los precios, que ha atribuido "a la guerra de Putin", la ministra portavoz ha insistido en que el Gobierno "ha actuado con celeridad" con la puesta en marcha del plan de respuesta a la guerra, cuyo objetivo es "amortiguar" el alza de los precios y la incidencia del conflicto en Ucrania sobre las familias, las empresas y los colectivos más vulnerables.

"Somos el mismo Gobierno que en la pandemia. El presidente, Pedro Sánchez está al mando, y ha logrado grandes acuerdos en Europa para bajar el precio del gas lo máximo posible", ha destacado la ministra, que ha recordado que, gracias al plan de respuesta a la guerra, que movilizará hasta 16.000 millones de euros, llena el depósito del coche será más barato.

Preguntada por las previsiones de inflación para los próximos meses, Rodríguez ha señalado que, si algo ha enseñado la pandemia y ahora la guerra, es a ser "prudentes". "Nos hemos convertido todos en expertos en gestión de crisis", ha indicado la ministra, que ha expresado su deseo de que la guerra en Ucrania acabe lo antes posible y se pueda recuperar así la senda de crecimiento económico.

"Esta guerra tendrá consecuencias económicas y lo que vamos a hacer es gestionar, atender a nuestro país para que esas consecuencias no las paguen los más vulnerables. Vamos a proteger a España como ya hicimos en la pandemia. Nos vamos a dejar la piel. Pido confianza y tranquilidad a los españoles porque entendemos su angustia", ha concluido.

La presidenta del XX congreso extraordinario del PP, Teófila Martínez, ha negado este jueves que vaya a ocupar un cargo de relevancia dentro de la dirección nacional del partido ahora que Alberto Núñez Feijóo toma las riendas de la formación y ha apuntado que el detonante que acabó con la etapa de Pablo Casado fue su "afán de modernizar" el partido y de "dar un papel más importante a las nuevas incorporaciones".

La presidenta del cónclave que los 'populares' celebran este viernes y sábado en Sevilla para elegir a Feijóo como nuevo presidente del partido, en sustitución de Pablo Casado, ha asegurado que para ella es un honor presidir el congreso, pero ha negado con rotundidad que esto suponga que vaya a asumir ningún cargo. Fue este miércoles cuando el eurodiputado del PP y presidente del Comité Organizador del partido, Esteban González Pons, anunciaba vía Twitter la elección de Teófila Martínez. "La primera sorprendida he sido yo", ha asegurado.

En este sentido, la también exalcaldesa de Cádiz y expresidenta del PP andaluz ha señalado en una entrevista en Onda Cero, los motivos por los que el equipo de Casado se pudo ver desbordado y le llevaron a su salida, entre los que ha mencionado "el afán de modernizar el partido" o "de dar un papel más importante a las nuevas incorporaciones", así como las "maneras de entender la acción política".

Teófila ha asegurado que el PP no solo se juega su futuro como partido, sino su "papel de ser alternancia" al Gobierno de Sánchez. "Nos estamos jugando que haya alternancia en unos momentos tan delicados", ha recalcado, a la par que ha subrayado que eso se soluciona en las urnas y para eso, según la exdirigente 'popular', Feijóo va a ser el mejor presidente "porque tiene muy claro que hay que hacer no hablar".

Así, ha pedido salir del congreso extraordinario "muy unidos y fuertes, pero con las cosas muy claras porque hay que trabajar por la unión" y preparar la "alternativa real" al Ejecutivo de Sánchez. "No nos estamos jugando cuitas internas del partido o planteamientos personales", ha avisado.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha acudido este jueves al centro de almacenamiento de ayuda al pueblo ucraniano en Madrid, desde donde ha partido, vía terrestre, el convoy con destino Polonia con 8 toneladas de material sanitario y medicamentos para atender las necesidades de la población ucraniana.

Darias ha señalado que este envió llegará a principios de la próxima semana y en cuyo envío colaboran los ministerios de Sanidad, Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, a través de la AECID. Junto a la ministra de Sanidad, también han asistido la directora de INGESA, Belén Hernando; el jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel David Blanes González; y la secretaria general de la AECID, Carmen Castañón.

La ministra Darias ha asegurado que España tiene una apuesta firme por la solidaridad ante un conflicto que ha dejado a más de 4 millones de ciudadanos ucranianos sin sus derechos básicos, como es el de la asistencia sanitaria.

"El Gobierno de España y toda la sociedad española, las Comunidades Autónomas estamos volcados en la ayuda humanitaria y en la solidaridad con el pueblo ucraniano. Seguiremos apoyándoles sin descanso", ha hecho hincapié Darias, quien ha agradecido la colaboración e implicación de todas las comunidades y ciudades autónomas y de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la respuesta a la petición de ayuda sanitaria de las autoridades y la ciudadanía ucranianas.

Entre el material que ha salido se encuentran 6 palés con más de 100 respiradores, además de torniquetes y vendas, anestésicos, antibióticos y otros medicamentos aportados tanto por la Reserva Nacional como por Protección Civil, la Guardia Civil y todas las comunidades y ciudades autónomas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, España ha habilitado más de 6.300 camas hospitalarias, 1.186 de ellas pediátricas, ha acogido a 50 pacientes oncológicos pediátricos y ha aprobado la Guía de Actuación Sanitaria, incluyendo un calendario de vacunación acelerado, entre otras acciones en materia sanitaria.

Galicia mantiene la tendencia descendente de casos activos al situarse en 19.218, que suponen 369 menos que la jornada anterior, tras detectarse otro 960 contagios --ya no se incluyen los de autotest con el nuevo protocolo de vigilancia y control--, mientras que los hospitalizados bajan a 462, que implican tres menos. Por su parte, la tasa de positividad sigue al alza en la Comunidad gallega, y aumenta al 17,21 por ciento.

Según los datos actualizados este jueves por la Consellería de Sanidade, con registros hasta las 18,00 horas del miércoles, descienden a 24 las personas ingresadas en UCI por la Covid-19 en Galicia --una menos-- y a 438 las hospitalizadas en unidades convencionales --dos menos--, mientras que 18.756 pacientes se encuentran en seguimiento en su domicilio. Hace una semana --el jueves 24 de marzo-- había 448 hospitalizados, 23 de ellos en críticos.

Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria se alivia en cinco de las siete: A Coruña-Cee, Ourense, Vigo, Ferrol y Pontevedra-O Salnés; se mantiene en la de Lugo; y aumenta en la de Santiago-Barbanza.

Así, en la de A Coruña y Cee siguen cinco pacientes Covid en UCI, pero bajan a 84 los ingresados en otras unidades --tres menos--; mientras que en la de Ourense continúan cinco en críticos y descienden a 66 los de otras unidades --uno menos--.

En el caso de la Ferrol sigue un paciente ingresado en UCI por Covid y bajan a 42 los hospitalizados en otras unidades --cinco menos--; mientras que en el área de Vigo si bien aumentan a tres los críticos --uno más--, caen a 73 los hospitalizados en otras unidades --dos menos--.

En el área de Pontevedra y O Salnés se mantienen dos pacientes ingresados por la Covid en UCI y descienden a 52 los hospitalizados en otras unidades --uno menos--; mientras que la de Lugo no registra cambios, con dos personas críticos y 36 en otras unidades.

Y en la única área en la que aumentan en el total los hospitalizados es en la de Santiago y Barbanza ya que, si bien bajan a seis los pacientes Covid en UCI --dos menos--, aumentan a 85 los ingresados en otras unidades --diez más--.

CASOS ACTIVOS EN DESCENSO

Por cuarta jornada consecutiva los casos activos siguen en descenso en el conjunto de Galicia al situarse en 19.218, que implican 369 menos, al haber de nuevo más altas (1.328) que contagios (960), a lo que se añade un óbito. Hace una semana --el jueves 24 de marzo-- había 22.649 infecciones activas.

El descenso de casos es generalizado en seis las siete áreas sanitarias gallegas, con la de A Coruña y Cee a la cabeza (-121), seguida de la de Pontevedra y O Salnés (-67), Vigo (-64), Ferrol (-60), Santiago y Barbanza (-42) y Lugo (-18), mientras que en la de Ourense ascienden ligeramente (+9).

Por tanto, con más infecciones activas continúa el área de A Coruña y Cee, con 4.000; seguida de la de Vigo, con 3.591; Santiago y Barbanza, con 3.127; Lugo, con 2.283; Ourense, con 2.153; Pontevedra y O Salnés, con 2.137; y a la cola sigue la de Ferrol, con 1.861.

Según el último informe actualizado por el Ministerio de Sanidad este pasado martes 29 de marzo, la incidencia acumulada a 14 días en Galicia asciende a 975,87 casos por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional sube a 466,51.

MÁS CONTAGIOS

Por su parte, los nuevos contagios de Covid-19 aumentan a 960 en la segunda jornada en la que el Sergas no contabiliza los autotest positivos por el nuevo protocolo estatal de control y vigilancia de este coronavirus, tras los 770 de este miércoles, lo 1.291 del martes y comenzar esta semana con 1.045 nuevos casos abiertos en las últimas 24 horas. El jueves anterior --24 de marzo-- se detectaron 2.557.

Así, los contagiados aumentan en Galicia a 549.529, de los cuales 127.413 corresponden al área de Vigo; 114.758, a la de A Coruña y Cee; 86.820, a la de Santiago y Barbanza; 65.918 a la de Ourense; 63.168, a la de Pontevedra y O Salnés; 58.284 a la de Lugo; y 32.352, a la de Ferrol.

Este miércoles pasado se llevaron a cabo 2.567 PCR, lo que eleva a 3.784.285 las pruebas de este tipo hechas desde el inicio de esta pandemia en Galicia, y 2.712 test de antígenos, que sitúan en 1.620.301 los hechos en la Comunidad gallega, lo que implica 5.279 entre ambas --unas 203 menos que la jornada anterior--.

En cuanto a la tasa de positividad --número de PCR positivas por cada 100 realizadas-- sigue en aumento hasta el 17,21 por ciento, después de subir al 14,22% este miércoles, tras situarse en el 11,34% el martes y reducirse al 7,7% en el inicio de esta semana. Por tanto, sigue por encima del 5% que marca la OMS para dar por controlada la pandemia.

FALLECIDOS Y CURADOS

Desde el inicio de esta pandemia 3.211 personas han fallecido en Galicia por la Covid-19 después de haber notificado este jueves la Consellería de Sanidade otro óbito de una persona con patologías previas.

En concreto, esta última víctima mortal se registró el pasado 29 de marzo en el Área Sanitaria de Vigo y corresponde a una mujer de 71 años de edad con patologías previas.

Por su lado, 527.156 personas se han curado de la Covid-19 desde el inicio de esta crisis sanitaria, después de haber recibido el alta otras 1.328 en la última jornada en la Comunidad gallega.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se ha mostrado convencido de que las medidas de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra aprobadas esta semana por el Gobierno logren bajar los precios con efecto inmediato y que así la tasa de inflación se pueda normalizar "en los próximos meses".

Bolaños ha pedido "confianza" a la ciudadanía en los efectos del plan de respuesta que entra en vigor este jueves porque es "muy contundente", va a "paliar desde ya" el alza de precios y va a conseguir reducir el coste del combustible y de la factura de la luz "muy significativamente", según ha indicado en declaraciones a Telecinco.

A su juicio, estas acciones van a ayudar a reducir una inflación "desbocada" porque, según ha afirmado, "el 73%" de la subida proviene del incremento de la energía y de los alimentos frescos, de los que Ucrania y Rusia, los dos países involucrados en la guerra, son exportadores. "Vamos a conseguir que ese dato sea coyuntural", ha trasladado.

ADELANTOS A CARGO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Respecto a la bonificación del combustible en al menos 20 céntimos y las quejas e incluso amenazas de cierre de algunas gasolineras de pequeño tamaño por no poder hacer frente a adelantos, Bolaños ha asegurado que no tendrán que anticipar dinero porque lo hará el Estado a través de la Agencia Tributaria. "Vamos a ver el procedimiento", ha añadido, aunque la rebaja debe ser efectiva este viernes.

"No nos quedemos con el tecnicismo, se va a bajar al menos 20 céntimos el litro de gasolina", ha señalado el ministro y ha indicado que en algunos casos esa rebaja alcanzará los 35 céntimos por litro. El acuerdo al que llegó el Gobierno es que el Estado se haría cargo de pagar 15 céntimos por litro y las petroleras al menos cinco céntimos.

Asimismo, al ser cuestionado sobre las quejas de algunos consumidores que han denunciado que los precios del combustible han subido desde que se anunció la bonificación, Bolaños ha asegurado que es una práctica "absolutamente minoritaria", que hay organismos dedicados a comprobar que no se realizan esas malas prácticas mediante inspecciones.

NO HAY BAJADAS GENERALIZADAS DE IMPUESTOS EN LA UE

Por otro lado, al ser preguntado sobre si el Gobierno aún guarda la carta de la bajada de impuestos, Bolaños ha defendido que ningún país de la Unión Europea ha llevado a cabo una "bajada generalizada de impuestos" para paliar esta crisis y que las medidas adoptadas por España van en la línea de los socios.

Además, ha insistido en que el Ejecutivo sí ha bajado impuestos, al prorrogar la reducción de los tributos asociados a la factura eléctrica. También ha señalado que en el plan aprobado el martes por el Consejo de Ministros se bajaron otros, como la exención de la tasa portuaria al sector pesquero y la reducción de los peajes a la industria electrointensiva en un 80%.

Finalmente, respecto a la medida que permite racionar la venta de algunos productos, ha señalado que está pactado con el sector con el objetivo de evitar que se produzca desabastecimiento. Sin embargo, ha aclarado que esta situación no se ha producido ni siquiera la semana pasada durante el paro de transportistas.

La Guardia Civil ha detenido a un menor de edad presuntamente responsable de la muerte de una mujer de 41 años que fue hallada muerta ayer jueves en la bañera de su casa de Las Rozas, han informado fuentes del a Comandancia de Madrid y de Emergencias 112.

El hallazgo tuvo lugar este miércoles sobre las 14:45 horas en un domicilio situado en el número 12 de la avenida de la Constitución, en el centro de la ciudad. Tras un aviso, se personaron en el lugar sanitarios del Summa-112, que comprobaron que había el cuerpo sin vida de una mujer de mediana edad que por su rigidez llevaba horas fallecida.

La mujer presentaba signos de asfixia provocada por el cable de una plancha, pero será la autopsia la que determine las causas y circunstancias de la defunción. La víctima convivía en ese domicilio con su pareja, un hombre de 64 años, y dos nietos de este, de 13 y 15 años.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de esta muerte violenta, ha detenido, con la ayuda de la Policía Local, al chico de 15 años en la calle, en los alrededores, gracias a las cámaras de seguridad inteligentes del Ayuntamiento, que le vieron salir de la casa. Al tratarse de cámaras 'inteligentes', se utilizó el perfil de ese momento para rastrear coincidencias gracias a su sistema de reconocimiento facial.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que en 2023 estará "donde más leña se pueda dar a la izquierda", al ser preguntada por si encabezará la lista de su partido en el Ayuntamiento de la capital.

"En la Asamblea hay una izquierda que no da ni para atizarles, son malísimos. Yo estaré donde más leña pueda darle a la izquierda, donde pueda repartir a los comunistas. Los que tenemos ganas de repartir, nos divertimos cuando podemos arrinconar a la izquierda", ha lanzado Monasterio en una entrevista en 'EsRadio'.

Entiende la portavoz que vienen unos "meses complicados" y ha instado a la derecha a "no comprar la mercancía de la izquierda", no aplicar las políticas del rival y centrarse en "sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa". Para ello, ha defendido que es necesario apoyarse en un proyecto basado en la "ilusión", que considera que solo puede estar representado por Vox y por su líder, Santiago Abascal, quien "es la única oposición" al Gobierno central.

"Nosotros hemos dicho que nuestro socio natural es el PP, ahí no tenemos problema. Nuestro objetivo es sacar a Sánchez, pero no se si Alberto Núñez Feijóo --futuro presidente de los 'populares'-- tiene "morriña" del PP de antes. Nosotros somos claros", ha deslizado Monasterio.

Al hilo, ha aseverado que el votante de derechas no entendería que estuvieran en "disputas internas" quienes quieren cambiar al Gobierno, porque es necesario representar la "ilusión y el coraje" para poder lograrlo, rodeándose de gente "con rigor e ideas firmes".

Por otro lado, al ser preguntada por si no deberían ir presentando a quienes encabezarán sus listas en las autonómicas en territorios como Comunidad Valenciana o Andalucía, ha afirmado que la gente vota "el mensaje de Vox y no a candidatos".

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sostenido este jueves que habrá que adaptar en dos o tres meses el plan de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero no ha aclarado si existe margen para incorporar nuevas medidas para acercar al Partido Popular --que reclama una rebaja fiscal generalizada-- a ese pacto.

"Es un plan que está en permanente para modificarse y es un plan que va a dar respuesta desde mañana mismo", ha trasladado la ministra en una entrevista en TVE, en la que ha reclamado que "la respuesta tiene que ser excepcional".

La portavoz ha asegurado que el Ejecutivo está cumpliendo con los compromisos que adquirió en la Conferencia de Presidentes que se celebró en La Palma y ha defendido, al ser preguntada acerca de si hay margen para pactar con el PP, que ese plan de respuesta tiene "muchas iniciativas de sectores afectados, de los grupos políticos y de las comunidades autónomas".

"El presidente quiere que el PP esté en la respuesta que tenemos que dar a esta guerra. Juntos somos más fuertes, tenemos que dar una respuesta que dé tranquilidad a la ciudadanía que confía en los dos grandes partidos", ha apostillado.

Isabel Rodríguez ha reclamado a los 'populares' que estén "a la altura de las circunstancias" y ha criticado que el todavía presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no haya aportado "ninguna propuesta" a este plan anticrisis.

"Está muy bien que el PP diga que es un partido de Estado, pero que lo demuestre con hechos. Eso será bueno para el PP y para España", ha reclamado la titular de Política Territorial haciendo alusión a la llegada del dirigente gallego a la presidencia del partido que este fin de semana celebra su congreso extraordinario para elegir al nuevo líder.

El Grupo Mixto del Congreso ha decidido ceder a la ex diputada de Unidas Podemos Meri Pita la Portavocía de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo que hasta ahora venia ocupando el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.

Pita anunció la semana pasada su decisión de abandonar Unidas Podemos y pasarse al heterogéneo Grupo Mixto tras reprochar a la dirección de la formación morado haberse convertido en "una especie de caza de brujas" contra "cualquier disenso".

Esta salida llevó a diversos de cargos de Podemos a acusar de "transfugismo" a Pita y a pedirle que renunciara a su escaño. Pero la diputada canaria ha hecho caso omiso a las solicitudes de sus excompañeros y ya convive con sus nuevos compañeros del Mixto y en breve será reubicada en uno de sus escaños del hemiciclo.

Con su entrada, el Mixto pasará a estar formado por once diputados de siete formaciones diferentes: la CUP (dos diputados), Navarra Suma (otros dos), Coalición Canaria (una), Nueva Canarias (uno), Foro Asturias (uno), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (uno) y Teruel Existe (uno), así como el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero, que se sumó hace ahora un año.

COMISIÓN LEGISLATIVA QUE ACOGE COMPARECENCIAS

Esta nueva incorporación ha obligado a los integrantes del grupo a reorganizarse internamente acordando, por "muy amplia mayoría", otorgarle la Portavocía de la Comisión legislativa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, según confirmaron fuentes parlamentarias.

Se trata de una comisión con carácter legislativo, con lo que puede tramitar leyes, que además acoge comparecencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y que cada año estudia y debate resoluciones al Plan de Cooperación al Desarrollo.

Esta Portavocía la detentaba el representante de NC, Pedro Quevedo, que precisamente cederá su escaño por Las Palmas el próximo mes de junio a CC -- María Fernández es la siguiente en la lista-- en virtud de los acuerdos que ambos partidos firmaron al presentarse en coalición en 2019.

Cuando formaba parte de Unidas Podemos, Meri Pita ya tuvo oportunidad de presidir una comisión parlmentaria, concretamente la que investigó el accidente de un avión de Spanair ocurrido en agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

DISTINTA VARA DE MEDIR

Sin embargo, no todos en el Mixto están de acuerdo con la decisión adoptada en el seno del grupo. Cambronero, que se ha quejado en diversas ocasiones del trato que le dan sus compañeros, ha aprovechado para criticarles de nuevo por haber reservado una comisión legislativa a Pita y no a él, que está al frente de una comisión de segundo nivel como es la Comisión de Peticiones, cuyas reuniones son además a puerta cerrada.

"Parece que por motivos de afinidad con la diputada recién ingresada motivan esta decisión. Queda demostrado que tienen algo personal contra mi y que además vulneran la Constitución sin rubor ni atisbo de sonrojo, con permiso del sector progre de la Mesa del Congreso", denuncia Cambronero en un comentario publicado en su perfil de Twitter y recogido por Europa Press.

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Luis Garicano ha reprochado este jueves al Gobierno que una de las medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania sea congelar los alquileres. Por esto, ha lamentado que la lección "errónea" que el Ejecutivo ha sacado de la pandemia sea que "se puede intervenir todo".

Si el Gobierno interviene en los precios y en los alquileres, según Garicano, agravará los problemas de competitividad y productividad en las empresas. En el caso del mercado de la vivienda, ha apuntado que desaparecerá la oferta y los precios aumentarán. "Me preocupan las recetas y ocurrencias de vamos a congelar los alquileres tres meses", ha señalado.

Por todo, Garicano ha asegurado en una entrevista en TVE, que las medidas económicas presentadas por el Gobierno están "mal pensadas". Así, ha pedido al Ejecutivo que trate a los españoles "como adultos" y que ponga soluciones encima de la mesa "que estén a la altura".

Garicano considera que primero se debe acabar con la subida de la deuda y, luego, hacer un pacto de renta porque, según ha apuntado, España es un país "más pobre que antes" y los costes hay que distribuirlos entre "todos".

Sobre los datos de la inflación -- que alcanzó su valor más alto en 27 años con un 9,8%--, Garicano ha augurado que se llegará al 10% y que la situación de tener en abril los precios "desbocados" va a ser "peligroso". Por esto, ha pedido llegar a un "acuerdo amplio" para terminar con las pérdidas de competitividad y no llegar a la crisis de hace una década.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va "lento" y adopta decisiones "un poquito tardías" ante la actual situación económica "compleja", por lo que le ha instado a que "arranque de una vez". Asimismo, ha considerado que la demanda del PP de bajada de impuestos es "puro populismo del muy barato".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Ortuzar ha esperado que el problema de inflación sea "coyuntural" porque "este ritmo sería difícil de aguantar" y ha defendido que, mientras dure, "hay que actuar" con medidas "de choque". En este sentido, ha lamentado que algunas de las medidas del Gobierno central están siendo "un poquito tardías".

"Hemos perdido un mes esperando a que Bruselas dijera lo que era obvio que iba a decir", ha advertido el presidente del PNV, que ha apuntado que la cuestión no es "tanto lo que se hace", que cree que "termina siendo bueno", sino "cómo se hace y lo que se tarda en hacer".

Ortuzar ve "correcto" que el Ejecutivo de Sánchez haya optado, ante la "complejidad" de la situación, por "ampliar la deuda" para ahora "no perjudicar a nadie y no tener que tocar los impuestos" porque, en su opinión, "entrar en una remodelación de impuestos sería muy complejo sin saber cuánto va a durar esta situación". No obstante, ha advertido de que la deuda pública de España es ya "casi temeraria" y hay que tener "cuidado hasta dónde llegas".

En esta línea, ha considerado que la insistencia del PP en reclamar una bajada de los impuestos es "puro populismo del muy barato". "Cuidado con las bajadas y las subidas de impuestos", ha apelado, advirtiendo de que los impuestos van "en su grandísima mayoría" a los servicios públicos y el resto "gran parte" a inversión.

El presidente del PNV ve a Sánchez "estable" pero "lento". Según ha indicado, para los grupos que apoyan el Gobierno, "la alternativa es mucho peor" ya que, por el momento, "no parece que el PP de Casado y de Feijóo son tan diferentes en respuesta a grandes desafíos del Estado". En todo caso, ha advertido de que el Gobierno está "perdiendo bastante crédito en la calle" por su "lentitud y falta de claridad de conceptos" en el seno del Ejecutivo.

Ortuza ha valorado la intervención este miércoles del lehendakari y los tres diputados generales para anunciar el impulso de proyectos "nucleares del país" con independencia de que lleguen recursos europeos. "Esa iniciativa también la tenemos que exigir a Pedro Sánchez, que arranque de una vez", ha pedido.