El aeropuerto de Peinador, en Vigo, ya está operativo tras ser reparado el socavón ubicado en la pista, según ha confirmado Aena en sus redes sociales.

Aunque la previsión manejada tanto por Aena como por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra apuntaba a que el aeropuerto reabriría este lunes, finalmente lo ha hecho en la tarde de este domingo.

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, se desplazó este viernes al aeropuerto para conocer el estado de las actuaciones ya iniciadas para la reparación de la pista. Larriba confirmaba la información ofrecida por Aena, que explicaba en sus redes sociales que los trabajos los llevará a cabo la empresa Francisco Gómez y Cía.

El socavón, explicó la Delegación, medía aproximadamente siete metros de longitud y dos de amplitud y estaba situado a 200 metros del umbral de la cabecera 19 de la pista.

Según explicó la representante del Ejecutivo en Galicia, el socavón fue detectado este jueves en una revisión rutinaria llevada a cabo por operarios del aeropuerto. «En un primer momento, el socavón era de pequeñas dimensiones y no comprometía la seguridad de las operaciones. No obstante, se monitorizó su estado mediante revisiones tras cada operación de llegada y salida».

El viernes por la mañana, tras una revisión, se detectó un aumento «considerable» de las dimensiones del agujero y se cerró inmediatamente la pista.

Durante este fin de semana, y ante la imposibilidad de aterrizar en Vigo, algunas compañías han optado por desviar sus vuelos al aeropuerto de Santiago de Compostela, donde se ha notado un mayor tráfico. Algunas de ellas han sido Binter Canarias –concretamente uno procedente de Tenerife norte–, Iberia –desde Madrid– o Ryanair –un vuelo procedente de Barcelona–.

Muchos han sido los pasajeros que han mostrado en redes sociales su descontento por la confusión y falta de información tanto por parte de Aena como por parte de las propias aerolíneas.

las reformas universitarias impulsadas por Manuel Castells, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), son los retos en este ámbitospara 2022, que cuenta con Joan Subirats como ministro de Universidades, tras la dimisión de Castells.

La principal reforma en la que estuvo trabajando Castells es el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), también conocida como ‘ley Castells’. El texto, aún en fase de negociación entre los agentes del sistema universitario, ha sufrido varias modificaciones en aquellos temas más cuestionados, con el objeto de llegar al máximo consenso posible. Sin embargo, los sucesivos borradores dados a conocer por el Ministerio nunca han llegado a convencer a rectores, estudiantes y sindicatos.

La redacción más reciente del anteproyecto mantiene el sistema actual de elección a rector por sufragio universal. La propuesta de Castells era que hubiese, además de este procedimiento, otro en el que participase un comité con representación de la comunidad universitaria y con un 30% de miembros externos, que finalmente se descartó del proyecto.

Pero el texto sí que mantiene otra de las propuestas de Castells: no hará falta ser catedrático, sino simplemente funcionario doctor, para poder ser rector, cumpliendo además ciertos requisitos, medida que pretende fomentar el acceso de más mujeres a cargos universitarios. Y establece un mandato de 6 años para los cargos unipersonales electos, entre ellos el de rector, especificando que estos serán «improrrogables y no renovables».

El anteproyecto también pretende acabar con la temporalidad en las universidades, y para ello recoge que la contratación del personal docente e investigador (PDI) de las universidades no podrá superar el 20%. Y se aumenta del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas. Y se crea la figura transitoria del Profesorado Contratado No Doctor.

La LOSU también da más peso al Claustro en su último redactado, después de que estudiantes y sindicatos se quejaran de las propuestas de Castells. Así, ahora se establece que la representación estudiantil será de mínimo el 25% y la del PDI permanente del 51%, sin que haya representación de decanos, directores de escuela, de departamentos, institutos u otras estructuras. Y se le otorga la posibilidad de convocar, con carácter extraordinario, elecciones a rector, y de elaborar y aprobar los estatutos de la universidad.

También se crea un nuevo órgano, el Consejo de Estudiantes de la universidad, cuya elección y funciones se determinará por los estatutos, pero con una condición: los miembros serán elegidos entre estudiantes de los distintos centros.

A pesar de los cambios que ha ido sufriendo el proyecto a lo largo de los últimos meses, los rectores, a través de la Crue, consideran que el texto no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España. Entre sus demandas, se encuentran una mayor autonomía para las universidades y un plan de incremento de gasto público específico para la educación universitaria, mientras que los sindicatos opinan que el texto no soluciona en realidad los problemas de temporalidad, precariedad e inestabilidad de las plantillas.

Y los estudiantes, representados sobre todo en la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), tampoco ven bueno el anteproyecto porque, a su juicio, no avanza con respecto a la Ley actual en materia estudiantil, y deja de lado las políticas de fomento de la participación y garantía de los derechos del colectivo. Además, consideran que tampoco avanza en materia de precios públicos, becas o democratización universitaria. Los estudiantes se manifestaron en varias ciudades de España el pasado 18 de noviembre para protestar contra el proyecto.

LEY DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIA

La Ley de Convivencia Universitaria (LCU) es la otra reforma en la que trabajó el Ministerio y que se prevé verá la luz en 2022. Este proyecto, que ya fue aprobado en el Congreso y deberá votarse ahora en el Senado, también ha levantado la polémica al incorporar cambios profundos acordados entre PSOE, Unidas Podemos y ERC.

La futura norma deroga el Decreto franquista de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica que permanecía vigente para los estudiantes.

Entre los cambios introducidos en la Cámara Baja, se ha suprimido el carácter básico y estatal de la ley con el objetivo de garantizar la autonomía universitaria, una modificación que ha suscitado el rechazo de la comunidad universitaria. Asimismo, se blindan el derecho a la huelga y los ‘piquetes’, temas que han provocado las críticas entre los grupos de la oposición.

La futura Ley define un nuevo sistema de faltas y sanciones para toda la comunidad universitaria, e incorpora la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador.

Así, según la futura ley, se consideran faltas muy graves las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso sexual, castigando a los infractores con la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre.

BAJADA DE PRECIOS, ERASMUS RURAL Y NUEVAS UNIVERSIDADES

Pese a no haber culminado el proceso de elaboración de la LOSU, con Castells al frente del Ministerio, se han aprobado varios reales decretos e iniciativas.

Entre ellos, destaca el real decreto que consolida los planes de estudio de Grado de 240 créditos o el que recoge los nuevos requisitos de creación de universidades. Según este último, a partir de ahora, las universidades no podrán ser consideradas como tal si no disponen de una oferta académica mínima de 10 títulos oficiales de Grado, 6 de Máster y 2 programas oficiales de Doctorado, y deberán estar representadas en tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.

Asimismo, durante este último año, en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria, se aprobó que los precios medios de los Másters habilitantes se equiparase a los de los Grados, medida que correría a cargo de las comunidades autónomas y que será una realidad a partir del curso 2022-2023. Sólo la Comunidad de Madrid se opuso a esta medida.

También con Castells como ministro, los precios de los créditos tanto en Grado como en Másters han bajado. Durante el curso 2020/2021, el precio medio por crédito en las titulaciones de Grado en primera matrícula bajó más de un 7,6%, pasando de los 18,61 euros del curso anterior a 17,18 euros.

En cuanto a los Másters no habilitantes, el precio medio del crédito en primera matrícula descendió más de un 4% con respecto al curso anterior, pasando de 35,53 euros el crédito a 33,99 euros. Y también bajaron los precios de los Másters habilitantes, situándose en el curso 2020-2021 en 22,48 euros el crédito, un 6,26% menos que en el curso anterior, cuando el precio medio era de 23,98 euros.

Por otro lado, se ha reformado el sistema de becas y aumentado el presupuesto para las ayudas a los estudios, tanto universitarios como no universitarios, y se ha lanzado un programa de movilidad que permitirá a los universitarios llevar a cabo prácticas formativas en administraciones, organizaciones, empresas e instituciones de entornos rurales por 1.000 euros brutos al mes, en lo que se conoce como el ‘Erasmus rural’.

Diciembre de 2021 es el mes de diciembre de menor consumo televisivo de la historia en España, según el análisis mensual de audiencias elaborado por Barlovento Comunicación, con datos de Kantar.

Según dicho informe, los españoles dedicaron en el último mes de este 2021 una media de 3 horas y 34 minutos (214 minutos) al día a ver la televisión –promedio de minutos sobre el total del universo de España que también pondera a los que no han visto ni un minuto de televisión–, 33 minutos menos que diciembre de 2020.

El análisis de Barlovento revela que el tiempo medio de consumo de televisión por espectador en diciembre de 2021 se situó en 5 horas y 24 minutos –promedio de minutos de aquellos que han visto la televisión al menos un minuto–, lo que representa 20 minutos menos que en diciembre del año anterior.

Respecto al consumo de televisión lineal, los datos del informe muestran que se ha situado en una media de 206 minutos (el 96% del total), mientras que el consumo en diferido ha sido de 7 minutos (el 3%).

En relación con los distintos consumos por targets, la investigación señala que los que más tiempo dedicaron al día a ver la televisión son, por sexo, las mujeres (3 horas y 51 minutos de promedio diario) y por franjas de edad, los mayores de 64 años (con 6 horas y 16 minutos de media por persona al día).

En cuanto a la cobertura televisiva diaria, 30,1 millones de españoles contactaron diariamente con el medio televisivo en diciembre, que representa el 66% de la población. Además, la cobertura acumulada en el mes es de 44,1 millones, es decir, el 96,5% de la población ha visto al menos un minuto la televisión en el último mes de 2021.

En este sentido, el estudio destaca que de los de 45,7 millones de espectadores potenciales como universo de consumo, 1.608.000 de personas no ha sintonizado ni un solo minuto con el medio en todo el mes (3,5% del total).

El informe también señala que el tiempo que han dedicado los españoles a la televisión para otros usos como, por ejemplo, navegar por Internet o jugar, alcanzó los 36 minutos de media por persona al día, 3 minutos más que en el mismo mes del año anterior.

Por sistemas de distribución, el consumo televisivo se ha repartido de la siguiente manera: Televisión Digital Terrestre (TDT), 72,5% (que crece 0,1 puntos); IPTV, 17,5% (sube 0,5); Cable, 7,5% (baja un 0,4); y Satélite Digital, 1,2% (mismos resultados). Además, el estudio revela que el consumo a través de la televisión de pago firma el 27,5% del total, una décima menos con respecto a diciembre de 2020.

Por otro lado, en diciembre de 2021 se publicaron 8,4 millones de comentarios en la red social Twitter sobre programas de televisión del total de cadenas monitorizadas por Kantar. Los programas de entretenimiento agrupan el 71,5% de los ‘tuits’, seguido de los programas de Deportes, con el 7,9% del total analizado.

Vox ha celebrado que la Comisión Europea proponga considerar «verde» la inversión en ciertos proyectos de energía nuclear o de gas natural porque, a su juicio, así se «impone» el «sentido común» y la «necesaria soberanía energética» al «ecologismo radical».

La formación ha reaccionado así al borrador de propuesta que la Comisión Europea ha hecho circular entre los estados miembro de la UE en el que apuesta por dar la calificación de «verde» a las iniciativas que sustituyan al carbón y emitan hasta 270 gramos de CO2 por kilovatio/hora.

«Es urgente que Europa, y en concreto España, pueda autoabastecerse impulsando la energía nuclear y abaratar los precios de la electricidad», ha defendido Vox al respecto en una publicación en su perfil de Twitter.

Asimismo, ha criticado que el PP y el PSOE hayan «condenado» a España «a la dependencia y a la pobreza energética» con el cierre de centrales nucleares. En este sentido, han citado una publicación del portavoz del los ‘populares’ en el Senado, Javier Maroto, en el que este aplaudía el cierre de la central de Garoña (Burgos).

«Cuando te das cuenta de que tu falsa religión climática es una secta cuyos prejuicios amenazan poner fin al mundo que conoces», ha escrito en Twitter, por su parte, el portavoz de la dirección nacional de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, respecto al planteamiento de la Comisión Europea.

Asimismo, la diputada de Vox Mireia Borrás ha defendido la propuesta y ha aseverado que la «evidencia demuestra que la energía nuclear es clave para reducir CO2» y «la más eficiente de nuestro mix energético».

Borrás ha criticado así a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha instado a la Comisión Europea a «reconsiderar» la propuesta para «evitar alejarse de la evidencia científica y de la demanda social». «¿La evidencia científica de quién? ¿de otro comité de expertos inexistente?», ha cuestionado la diputada de Vox a Díaz.

PROPUESTA

Con la calificación que plantea la Comisión Europea, se podrían obtener licencias de construcción hasta 2030, siempre que exista un plan para cambiar a energía renovable o de bajas emisiones antes de finales de 2035.

Así, la energía nuclear podría ser considerada «sostenible» siempre que las nuevas centrales que obtengan los permisos hasta 2045 cumplan una serie de condiciones para evitar un daño importante al medio ambiente y a los acuíferos.

«La comisión considera que el gas natural y la nuclear pueden cumplir una función para facilitar la transición hacia un futuro basado predominantemente en las renovables», ha manifestado la Comisión al respecto en un comunicado.

Este es el primer paso para una propuesta que la Comisión prometió presentar antes de que acabara el año pero que al final aplazó tras constatar en la última cumbre de líderes de la UE que es un asunto que crea tensiones entre las capitales.

Los Estados miembro y la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles tienen hasta el 12 de enero para responder a la propuesta. Entonces, la Comisión preparará una ley delegada que será enviada a los países y al Parlamento Europeo para su debate.

Aprobar la Ley Trans en segunda vuelta en el Consejo se Ministros, reformar el texto sobre el aborto e impulsar una norma contra la trata, son los principales deberes del Ministerio de Igualdad para el año 2022, según el calendario que el equipo de Irene Montero ha ido anunciando a lo largo de este año.

En este sentido, el trabajo que va más adelantado en el de la Ley Trans que, tras ser aprobada por el Gobierno el pasado mes de junio, se encuentra en fase de informes. Igualdad, según ha señalado en diversas ocasiones la ministra, espera que el texto tenga la ‘luz verde’ del Gobierno en el primer trimestre de 2022, para, después, pasar a su tramitación en el Parlamento.

Se tarta de una norma que fue motivo de uno de los principales puntos de desencuentro de los dos partidos que sustentan el Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, como consecuencia de la inclusión en el texto de la autodeterminación de género.

Esta medida elimina la actual exigencia de un diagnóstico médico –de disforia de género– y de tratamiento hormonal durante al menos dos años para que una persona pueda cambiar su identidad y género en el DNI. Se trata de una reclamación histórica del colectivo para la «despatologización» del mismo.

La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se puso al frente de la lucha contra esta medida que, a su juicio, conlleva una «inseguridad jurídica». «Me preocupa la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad», llegó ha declarado Calvo en una entrevista radiofónica. Diez días después Calvo fue apartada del Ejecutivo.

EXIGENCIAS DE LAS ENTIDADES TRANS

Aún así, las negociaciones realizadas antes de la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros dejaron un texto en el que sí se incluye la autodeterminación a través de un proceso de doble verificación que no puede durar más de cuatro meses. Además, no se hace mención al género, sino al sexo de la persona.

Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Fundación Triángulo, ‘Chrysallis’ o Federación Plataforma Trans, reconocen que hay carencias en la norma, principalmente en relación a la autodeterminación de género de los menores –el texto habla solo de aquellos entre 14 y 18 años–; sobre el reconocimiento de las personas no binarias; o en materia de personas trans migrantes.

En los últimos meses, estas entidades han exigido que estas medidas se incluyan en la ley durante la tramitación en el Parlamento y ha pedido, tanto a los partidos en el Gobierno, como a los grupos de la oposición, que se pongan de acuerdo para que así sea.

Por otra parte, un sector del movimiento feminista se muestra en contra de la ley alerta de que «desmantela muchas de las conquistas» de las mujeres «en las últimas décadas». Así, denuncian que la Ley Trans trastoca el contenido de la Ley contra la Violencia de Género porque introduce problemáticas que afectaran negativamente a los derechos de las mujeres víctimas de esta lacra.

Este debate sobre la autoderterminación ha llevado a una división en el movimiento feminista. De hecho, el sector denominado ‘transexcluyente’ se ha manifestado, tanto en el 8M, como en el 25N, entre gritos de dimisión para la ministra de Igualdad, por el impulso de esta Ley Trans.

LISTA DE OBJETORES AL ABORTO

También se ha abierto un debate público, en este caso con el sector sanitario, con la intención de Igualdad de reformar la Ley del Aborto. El departamento de Montero, según han explicado, quiere «garantizar el derecho» a esta práctica y evitar cifras como que «el 87,1%» de estas intervenciones «se realizaron en entornos extrahospitalarios», de los cuales «el 79% fueron en centros privados».

Se trata de informes de Sanidad –de 2019– en los que también se indica que existen ocho provincias en España en las que no se han practicado interrupciones voluntarias del embarazo en 30 años.

Entre las medidas que propone Igualdad para un mejor acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo de las mujeres está la creación de un registro de objetores en los centros públicos. Una medida que, según explicó el Ministerio, se ha decidido tomando como referencia la Ley de Eutanasia aprobada en marzo de este año.

El equipo de Montero quiere aprovechar esta reforma, también, para incluir en esta norma la violencia obstétrica o la creación de instrumentos que permitan una mayor celeridad en la concreción de la Estrategia de Atención al Parto Normal en protocolos asistenciales, desde un enfoque de género y que promuevan la autonomía de la mujer y el parto respetuoso.

DEBATE SOBRE LA PROSTITUCIÓN

Otro reto que Igualdad tiene para el próximo año es la redacción de una Ley de Trata, que Montero ya anunció que incorporará un plan específico contra la explotación sexual con medidas para la inserción sociolaboral para mujeres víctimas, con cargo a los fondos europeos.

El principal escollo de esta iniciativa lo tendrá el Gobierno en el Congreso, en donde tendrá que buscar el apoyo del PP para sacarla adelante, ya que partidos como ERC, Junts o PDeCAT, e incluso En Comú, compañero de grupo parlamentario de Podemos, son partidarios de la legalización de esta práctica.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en el 40º congreso federal del partido que se aboliría la prostitución. Por su parte, Montero ha centrado sus propuestas en «atacar a la industria proxeneta» como medio para terminar con la demanda de la prostitución.

El Gobierno austriaco y responsables del Partido Socialdemócrata alemán, núcleo de la coalición de Gobierno en Alemania, han rechazado una propuesta de la Comisión Europea para declarar como «inversión verde» ciertos proyectos nucleares y de gas hasta el punto de que plantearían una denuncia si el borrador sigue adelante.

La propuesta plantea dar la calificación de «verde» a los proyectos que sustituyan al carbón y emitan hasta 270 gramos de CO2 por kw/h, según el borrador, al que ha tenido acceso la agencia de noticias Bloomberg. Con esta calificación se podrían obtener licencias de construcción hasta 2030, siempre que exista un plan para cambiar a energía renovable o de bajas emisiones antes de finales de 2035.

«Como estos planes se pongan en marcha tal y como están redactados, vamos a denunciarlos», ha avisado la ministra austriaca para Acción Climática, Leonore Gewessler, en su cuenta de Twitter.

Los partidarios de la medida creen que las plantas de gas con más limpias que las de carbón y que la energía nuclear no emite gases de efecto invernadero, pero los críticos de la propuesta entienden que las emisiones no son lo suficientemente inocuas como para ser calificadas como tal.

Gewessler ha acusado a la Comisión Europea de hacer un «lavado de cara» y asegurado que «la energía nuclear es peligrosa y en modo alguno representa una solución en la lucha contra la crisis climática».

También el líder adjunto de los Socialdemócratas en el Parlamento alemán, Matthias Miersch, ha declarado que «Alemania debería agotar todas las posibilidades a la hora de evitar la promoción de esta tecnología a nivel europeo» porque «la energía nuclear es insostenible y no tiene sentido, desde un punto de vista económico», dado el coste del almacenamiento de residuos y de la incapacidad para financiar nuevas plantas sin «enormes subsidios de por medio.

«El futuro solo debe pertenecer a las energías renovables, especialmente a nivel europeo», ha declarado Miersch, cuyo partido está en coalición con los Verdes y los liberaldemócratas, a DPA. «Si añadimos estos posibles subsidios a la energía nuclear, el resultado sería una distorsión enorme de la competitividad», ha asegurado.

Los Estados miembro y la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles tienen hasta el 12 de enero para responder a la propuesta. Entonces la Comisión preparará una ley delegada que será enviada a los países y al Parlamento Europeo para su debate.

El Foro Social Permanente ha señalado que más de la mitad de los presos que componen el EPPK estará ya en cárceles vascas y navarras, una vez que se materialicen los siete últimos traslados anunciados esta semana.

En un comunicado, ha calificado de «positivo» este anuncio de traslado de siete presos, aunque ha llamado la atención en el «lento ritmo con que se están aplicando los traslados en esta fase».

«Esta etapa, que todas las partes implicadas consideran como transitoria, no puede ser de goteo y estar supeditada a los debates y a la crispación permanente en el debate político en Madrid, sino que debe abordarse de manera decidida, en un plazo razonable y de manera constante», ha añadido.

A su juicio, es «urgente y de sentido común» superar la citada actual etapa transitoria y que, además, debe hacerse «en las condiciones anteriormente citadas, lo que permitiría consolidar el clima de confianza que se necesita en esta cuestión».

El Foro Social Permanente cree que avanzar, «de manera decidida» hacia el escenario definitivo de cumplimiento de todas las personas presas en estos centros penitenciarios permitiría «afrontar en mejores condiciones una solución integral a la cuestión de las personas presas».

Según ha señalado, en este momento, hay dos debates «nucleares», por un lado, la «necesaria superación de la legalidad de excepción que se impone a estas personas presas» y la aplicación de la legislación ordinaria, con el consiguiente derecho al acceso a permisos ordinarios de salida, la progresión penitenciaria al tercer grado y el acceso a la libertad condicional en función de los cumplimientos individualizados que dan derecho a ello.

En segundo lugar, la definición de un plan de reintegración generalizado que, pilotado desde las instituciones públicas y consensuado con los diferentes agentes, incluidas las personas presas, permita el acompañamiento a los reclusos «en su itinerario individual de reintegración, tanto en el camino de acceso a la libertad condicional como en la posterior reintegración social y laboral».

Por último, ha hecho un llamamiento a todos los agentes institucionales, políticos y sociales con responsabilidad en esta cuestión a «redoblar sus aportaciones, para que esta cuestión tan necesaria para la convivencia democrática encuentre una vía de resolución integral».

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre de 37 años por su presunta responsabilidad en un delito de malos tratos en el ámbito familiar y coacciones.

El investigado mantuvo una relación sentimental con la víctima y cuando se rompió no cesaba de enviarle mensajes al móvil amenazándola e insultándola para retomar la relación, según han informado desde la Policía Nacional en un comunicado.

Así, el pasado día 25 una mujer denunció en comisaría ser víctima de amenazas y coacciones por parte de un hombre que había sido su pareja hasta el pasado mes de octubre. Según la declaración de la víctima había mantenido una relación con un hombre y durante la misma habría sido víctima de malos tratos psicológicos.

La mujer trasladó su residencia a Madrid para evitar tener problemas con su expareja ya que este no aceptaba la ruptura. Estando allí y con su anuencia recibió la visita de éste que la convenció para volver a retomar su relación.

Tras su regreso a Málaga y pasados unos días retornaron los malos tratos psíquicos y decidió terminar definitivamente con la relación. A partir de ese momento comenzó a recibir mensajes amenazantes a cualquier hora que han llegado a afectar a su salud.

Una vez que los agentes identificaron al presunto autor de los hechos procedieron a su localización y detención como presunto autor de un delito de coacciones. El investigado ya ha pasado a disposición del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Málaga.

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, considera que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es una persona «cobarde y desleal» que ha demostrado «no tener palabra» con el «irresponsable» adelanto de las elecciones en su comunidad, una operación, a su juicio ordenada por el líder del PP, Pablo Casado, al que advierte de que está cometiendo «un error estratágico de libro» al querer «acabar» con la formación naranja.

Así lo plantea Bal en una entrevista, en la que carga contra Mañueco por «haber doblado la rodilla» ante el presidente de su partido rompiendo el gobierno de coalición que tenía con Ciudadanos y que gozaba de buena salud.

El dirigente naranja recrimina al candidato del PP en Castilla y León que haya cedido ante la dirección nacional del PP, anteponiendo los intereses de su partido a los de su comunidad, sólo porque «Casado necesita una victoria electoral para borrar del mapa a su contrincante dentro del partido», en referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

LES TENÍAMOS POR «SOCIOS LEALES»

Bal comparte con la líder de su partido, Inés Arrimadas, que «fue un error regalar al PP» las Presidencias de Murcia, Madrid, Andalucía y Castilla y León, pero defiende que lo hicieron porque estaban convencidos de que estaban pactando buenos acuerdos de gobierno con socios «leales».

Así, sostiene que gobiernos de la Comunidad de Madrid y Castilla y León estaban funcionando bien y que, de hecho, Francisco Igea se presentará a las autonómicas del 13 de febrero con aquel pacto que suscribió con Mañueco en 2019.

«Nos presentamos con ese programa que firmamos, respetamos la palabra que le dimos a los ciudadanos, no como el señor Mañueco, y queremos seguir influyendo en el Gobierno, queremos seguir gobernando Castilla y León para poder seguir desarrollando este programa», explica.

Pero, ante la pregunta de con quién están dispuestos a gobernar responde que «Mañueco ya ha demostrado que es una persona cobarde, desleal, y que no tiene palabra» y que el candidato socialista, Luis Tudanca, presentó una moción de censura contra ese programa que ellos acordaron con el PP.

MORENO Y ANDALUCÍA SON OTRA COSA

Bal contrasta el perfil del presidente castellano y leonés, con el del andaluz Juanma Moreno y también la situación de ambas comunidades.»Moreno tiene un perfil muy diferente a Mañueco, en Castilla y León el PP siempre ha mantenido el Gobierno y la ha tenido como su coto y su cortijo y en Andalucía consiguió arrebatarle el poder al PSOE después de 37 años gracias al auge de Ciudadanos», destaca.

El portavoz naranja saca pecho del «importante trabajo» que ha llevado a cabo el vicepresidente de la Junta andaluza, su compañero Juan Marín, en materia de regeneración democrática en esta comunidad y también cómo, a su juicio, el Gobierno de coalición ha logrado convertir Andalucía, en una comunidad con una «pujante economía que va como una locomotora.

Está convencido de que Moreno «pone muy en valor» que en tan sólo tres años se haya logrado este «milagro». «En tres años y poco se ha dado la vuelta a Andalucía, es una cosa absolutamente espectacular y los dos son conscientes de que no hay que frustrarlo, y de que hay que agotar legislatura», asegura.

Según su análisis, si lo hacen, tanto el PP como Cs se presentarán a las elecciones con «un cartel de éxitos» que impedirá que el PSOE recobre el poder. «Esa es la meta», recalca, avisando a Casado de que «a nivel nacional se está equivocando de objetivo». «Quiere acabar con Ciudadanos y no se da cuenta de que el objetivo es acabar con Pedro Sánchez; es un error de estrategia que es absolutamente de libro», enfatiza.

EL «CANTONALISMO» ES EL NUEVO NACIONALISMO

También alerta del riesgo que, a su juicio, representan las plataformas de la ‘España vaciada’ que se van a presentar en gran parte de las provincias de Castilla y León y que planean también su salto a la política nacional, tras la pionera Teruel Existe.

Bal dice «comprender y compartir» los problemas de estos territorios y sostiene que Cs siempre ha tenido un programa claro de soluciones» para las zonas despobladas –como deducciones fiscales y medidas de fomento de la natalidad– que incluso se plasmaron en la ley contra la despoblación que pactó con el PSOE en Castilla-La Mancha.

A su juicio, lo prioritario sería legislar sobre esta cuestiones a nivel estatal, pero considera que las plataformas de la España vaciada deberían «vehicular o instrumentalizar sus peticiones a través de los partidos políticos», por ejemplo, la propia formación naranja.

Bal rechaza achacar a una «conspiración» el surgimiento de estos movimientos, tras los que el PP, por ejemplo, ve «marcas blancas» del PSOE, y sostiene que son fruto del abandono al que los dos grandes partidos han sometido a la España vaciada durante cuatro décadas.

«Por culpa de PP y PSOE, que han abandonado a una parte de España, nos vamos a encontrar con un problema serio en la composición de la Asamblea de Castilla y León y también en el Congreso, donde, dentro de nada, nos encontraremos con estas plataformas aumentando la fragmentación», advierte Bal.

Según su pronóstico, se puede dar el caso de que «un voto de una de una provincia despoblada decida el Gobierno de España con tal de llevarse lo suyo». Y es que, su temor es que estas plataformas acaben replicando el comportamiento de las formaciones nacionalistas y sean «capaces de apoyar cualquier opción, aunque no sea buena para los 47 millones de españoles, con tal de llevarse lo suyo y de que les firmen su cheque».

«Si el nacionalismo al final se va a convertir en un regionalismo o en un cantonalismo, desde luego no van a encontrar una opinión favorable en Ciudadanos», recalca, a la vez que incide en que «hay que gobernar para todo el país, no para una provincia en concreto».

Musulmanes, judíos y evangélicos en España han hecho balance de un año «mejor» que el anterior en el que han vuelto a tomar «empuje», a pesar de que ha continuado la pandemia, porque los fieles han empezado a volver a los templos aunque no sea al cien por cien y han conseguido algunos avances y compromisos por parte del Gobierno y las CCAA, a los que piden más «atención» en 2022.

Desde la Comisión Islámica de España (CIE) hacen un balance «en general, positivo» y destacan el «avance» en la contratación de profesores de religión islámica y la «relación fluida» con el Gobierno.

«Este año 2021, desde la CIE hacemos un balance en general positivo sabiendo los momentos difíciles que hemos vivido y estamos viviendo, y que están afectando a todo el mundo», ha subrayado, en declaraciones, el secretario de la Comisión Islámica de España (CIE), Mohamed Ajana.

Así, aunque apunta que este año ha supuesto «el inicio de la luz al final del túnel», señala que «la gente todavía tiene recelo y temor a acudir a las mezquitas». También ha destacado que muchas comunidades están reactivando la compra de locales para sus mezquitas.

Entre las mejoras conseguidas este año, desde la CIE destacan «el avance en la contratación de profesores de religión, así como para los asistentes religiosos, aún con poca receptividad por parte de los responsables públicos autonómicos».

PARCELAS EN LOS CEMENTERIOS

Además, ha destacado que la apertura de lugares de culto también ha tenido su progresión «con mayor aceptación normalizada» aunque «no exenta de algún conflicto enquistado» y «van abriéndose parcelas en cementerios para enterramientos musulmanes siguiendo una lenta progresión».

No obstante, los musulmanes españoles denuncian que aún hay cinco CCAA donde no se imparte la enseñanza religiosa islámica (Cantabria, Asturias, Galicia, Murcia y Navarra) y cuatro donde no hay cementerios o parcelas municipales para enterramientos de musulmanes (Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia).

«Esta discriminación en la muerte no genera sensación de inclusión social, al ver los familiares de los difuntos cómo no puede ser enterrado en España un ciudadano español por el hecho de ser musulmán», ha lamentado Ajana.

Para el año 2022, el deseo de la Comisión Islámica es la recuperación de los enfermos y que el COVID desaparezca. También reclaman que la Administración pública sea sensible a las demandas de los ciudadanos musulmanes, y aseguran su «total cooperación».

Por su parte, desde la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), destacan que en 2021 la vida de las comunidades judías «ha vuelto a tomar empuje», tanto en el aspecto religioso, cultural, educativo como de atención y convivencia entre las personas».

«2021 ha sido un año muy positivo comparado con el 2020», ha precisado el presidente de la FCJE en declaraciones. Y ha añadido que el segundo año de pandemia les ha afectado como al resto de ciudadanos. «Hemos vuelto a la normalidad en nuestras comunidades y con nuestras actividades», ha subrayado.

Según ha destacado, la tecnología les ha ayudado a mantener su agenda social y cultural pero también han organizado actos presenciales, como las Jornadas sobre el milenario del nacimiento del poeta y filósofo Salomón Ibn Gabirol, celebradas en Málaga.

En cuanto a las relaciones con el Gobierno de España, Isaac Benzaquen ha asegurado que, con la exvicepresidenta de Gobierno Carmen Calvo, las relaciones fueron «excelentes» y ha puesto de relieve que «fue ella quien anunció en julio del año pasado que España refrendaba su pertenencia a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y, por tanto, asumía su definición de trabajo de antisemitismo».

PREOCUPACIÓN POR EL ANTISEMITISMO

Con el actual ministro, Félix Bolaños, ha afirmado que tienen «una relación muy cordial y receptiva». Precisamente, recientemente mantuvieron una reunión en la que, según aseguran, «el ministro compartió la preocupación por el antisemitismo, y se mostró firme en su lucha».

Precisamente, este año, desde la Federación han tenido que condenar varias vandalizaciones y pintadas antisemitas, unas «reacciones violentas» que el presidente de la FCJE achaca a los momentos «de inestabilidad, de miedo, de preocupación» que se viven en la actualidad. En todo caso, subrayan que hay que «denunciar» estos ataques y explicar su «irracionalidad».

Este año también se supo que más de 36.000 judíos sefardíes han obtenido el pasaporte español gracias a la ley que entró en vigor hace seis años, pero también hubo más de 3.000 rechazos. Benzaquem precisa que «los expedientes que han sido rechazados son menos del 2% del total presentados, lo cual es un porcentaje muy bajo» y no fueron aceptados por no cumplir con los requisitos y por no haber sido bien presentados en tiempo y forma.

De cara al 2022, los judíos españoles buscan «continuar presentes en todos los ámbitos de la sociedad, abrir nuevos caminos» y aportar sus valores. «Estamos receptivos para colaborar en todos los aspectos en los que podamos ser útiles a la sociedad», ha afirmado Benzaquem.

El secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Mariano Blázquez, valora el 2021 como un año «complicado» en el que han tenido que seguir informando a sus iglesias sobre las acciones más adecuadas frente a la pandemia aunque, al mismo tiempo, cree que ha sido un año «de transición hacia una nueva etapa» que confía, «será mejor».

Sobre la pandemia, explica que la repercusión «no ha sido homogénea» pues «algunas parroquias pequeñas y con locales en alquiler han tenido que cerrar o suspender sus actividades presenciales» mientras que «la mayoría» han accedido a fórmulas mixtas, virtuales y presenciales.

AUMENTA LA AFLUENCIA A LOS TEMPLOS

También han observado que en la segunda mitad del año la afluencia a las iglesias ha crecido y, en general, ha aumentado con respecto a la etapa anterior a la pandemia.

En cuanto a las relaciones con el Gobierno de España, ha precisado que han sido «muy escasas, aunque cordiales». En concreto, lamentan que la propuesta de trabajo en asuntos religiosos que presentaron a la exvicepresidenta Carmen Calvo quedó «sin avances tangibles en lo que tiene que ver con la igualdad y la normalización religiosa».

«La razón que se esgrime es el estrés de la COVID o del volcán, pero los protestantes no entendemos la razón de que no se puedan hacer dos cosas a la vez y por décadas nos sentimos incomprendidos, marginados y desatendidos por prácticamente todos los gobiernos de la democracia», ha subrayado Blázquez.

Si bien, califica de «muy grata y esperanzadora» la reciente reunión con el ministro de Presidencia Félix Bolaños pues, según asegura, «se mostró dispuesto a trabajar para que en los próximos meses pudieran ser una realidad varios asuntos como: el reconocimiento de pensiones de los pastores evangélicos a quienes se impidió cotizar antes de 1999 y el reconocimiento de efectos civiles del Máster para la formación del profesorado de religión evangélica».

Con respecto a la casilla en el IRPF, desde la FEREDE señalan que «es una cuestión recurrente pero no es algo que ocupe la primera línea de prioridades». En todo caso, califica de «humillante» que los protestantes no puedan decidir destinar el 0,7% del IRPF a su confesión mientras los católicos sí pueden hacerlo.

Para el año 2022, desde FEREDE piden «un poco de atención y cariño» en el análisis de sus peticiones para poder dejar de sentirse «como la casta de los intocables» en la sociedad. Además, el próximo será un año importante para la Federación pues se producirá un relevo al frente de la secretaría ejecutiva, cargo que ocupará por primera vez una mujer, la abogada Carolina Bueno, a quien Mariano Blázquez, ofrece su «leal apoyo y colaboración».

Ciudadanos considera «motivo de celebración» que las organizaciones empresariales y los sindicatos hayan pactado la reforma laboral, y, aunque cree que se queda «corta» y que el Parlamento tiene legitimidad para modificarla, abre la puerta a no oponerse a su convalidación en el Congreso.

«Es una alegría que se haya llegado a un acuerdo, siempre hemos reclamado que cualquier reforma laboral se llevara al efecto con acuerdo de los agentes sociales. En ese sentido, creo que el Parlamento tiene la obligación moral de respetar ese acuerdo, pero tiene que incorporar sus propias decisiones», ha afirmado el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal.

En declaraciones y a la espera de analizar por completo el decreto ley, Bal admite que la reforma parte del programa que Ciudadanos pactó con el PSOE en la investidura fallida de 2016 y que el acuerdo de los agentes sociales incluye medidas que siempre ha defendido el partido naranja, como desincentivar la temporalidad, pero también echa en falta otras como la ‘mochila austriaca’ y critica medidas contra la flexibilidad del marco normativo como la ultraactividad de los convenios y la primacía de los convenios de sector, aunque sea sólo a efectos salariales.

UNA REFORMA «INSUFICIENTE», QUE SE QUEDA «MUY CORTA»

Su conclusión es que la reforma resulta insuficiente, que se queda «muy corta»: «El quid de la reforma es la oportunidad perdida. Con objeto de tratar de contentar a todos, no se contenta a nadie. No contentan a sus socios, que ya han dicho que no la apoyan, pero tampoco se acomete una reforma valiente, revolucionaria, que consiguiera que no tuviéramos la necesidad de volver a reformar el marco laboral en diez años, y encima gratis, financiada por la UE».

Por todo ello, defiende la legitimidad del Congreso y del Senado para analizar esa reforma laboral e introducir modificaciones así se decide: «El Parlamento es el que representa al pueblo y, como es evidente, tiene el poder para gestionar y desarrollar los proyectos de ley», ha dicho.

En ese sentido, rechaza la pretensión del presidente Pedro Sánchez de convalidar el decreto ley sin opción a enmiendas. «Me ha impactado su desparpajo cuando dice que al Parlamento sólo le queda aprobar lo que han acordado los agentes sociales –comenta–. Que me diga eso el presidente del Gobierno me parece lamentable».

QUE EL GOBIERNO SE ACLARE CON QUIÉN QUIERE HABLAR

Lo que exige al Gobierno es que se aclare con quién quiere hablar, pues mientras que Sánchez no contempla cambios, la vicepresidenta Yolanda Díaz dice que primero quiere hablar con sus «socios preferentes», que son Bildu, ERC y PNV.

«Sus primeros interlocutores son estos partidos que ya han dicho que esta reforma no la van a apoyar, no sé si Pedro Sánchez es consciente de lo que la otra parte de su gobierno esta haciendo. Una parte dice que hay que respetar el pacto y luego la otra parte quiere hablar con quienes ya han dicho que no lo van a apoyar –ha relatado–. Se tendrán que poner de acuerdo ellos primero y ver con quién van a hablar y con quién buscarán acuerdos».

A su juicio, «el Gobierno siempre hace lo mismo»: presenta un decreto ley y, como no ha conseguido previamente los apoyos necesarios, obliga a los agentes sociales a tener que estar «con el alma en vilo» para la votación del Congreso sobre su convalidación o derogación.

Y también critica la posición del PP, primer partido de la oposición, que a su juicio va en este tema «como pollo sin cabeza» con declaraciones de Pablo Casado en las que «más o menos viene a decir» que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, «es la muleta del ‘sanchismo’ y que se ha vendido a al izquierda». «Me deja atónico que diga esto el máximo responsable del partido conservador de España», admite.

Y además de esas «declaraciones grandilocuentes», Bal reprocha a Casado que haya tachado de inconstitucional la reforma laboral por plantearse como decreto ley cuando en la carta magna se fijan claramente las excepciones para usar ese mecanismo y no figuran los temas laborales.

IMPOSIBLE APROBAR 14 ASIGNATURAS DE DERECHO EN UN AÑO

«¿Qué artículos de la Constitución quebranta? –pregunta Bal, abogado de Estado en excedencia–. Si Casado no sabe de Derecho, debería asesorarse. Esto demuestra que es imposible aprobar 14 asignaturas de Derecho en un año», ha dicho, ofreciéndose incluso a asesorar «gratis» en esta materia al líder del PP.

Según ha dicho, Ciudadanos también critica que el Gobierno haya usado el decreto ley urgente para aprobar esta reforma laboral, en vez de presentarlo como proyecto, con sus informes correspondientes, organizando comparecencias de expertos y negociando en el Parlamento.

«Yo lo critico desde el punto de vista político, y me parece una vergüenza y políticamente indignante que se vayan a reformar las relaciones laborales a través de un decreto, pero otra cosa es el Derecho, y uno se ve la Constitución y no hay ninguna excepción de decreto ley para temas laborales –sostiene–. Es una idea ridícula».

En su opinión, en este tema de la reforma laboral «el PP está haciendo unas declaraciones francamente inaceptables, ridículas», y Casado está «compitiendo con Vox a ver quién dice el disparate mayor». «Que se gasten el dinero en procuradores y abogados, pero ese recuso no llegaría a buen puerto si lo presentan», concluye.

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha afirmado este domingo que la sanidad pública andaluza tendrá «serias dificultades» durante este año «para hacer frente a las necesidades sanitarias» de los ciudadanos y también «para mejorar las necesidades de medios y recursos» al no haberse aprobado los Presupuestos de la Junta planteados para 2022, lo que «ha impedido disponer de 1.100 millones de euros adicionales al presupuesto de 2021 que eran vitales para fortalecer» la sanidad pública.

El sindicato ha recordado en un comunicado que el pasado noviembre advirtió al conjunto de los grupos políticos presentes en el arco parlamentario andaluz «que era vital aprobar unos nuevos presupuestos para 2022 que permitiesen consolidar un incremento económico para la Sanidad de 1.100 millones de euros adicionales a los presupuestos de 2021».

Se trata de una cantidad que, a juicio de Satse, «hubiese venido a paliar y resolver deficiencias estructurales que la Sanidad de Andalucía arrastra desde hace muchos años y cuyos efectos negativos repercuten drásticamente en ciudadanos y profesionales, máxime en una situación de grave crisis sanitaria como la que sufrimos desde hace dos años».

El sindicato ha incidido en que «no es razonable que en materia sanitaria no haya habido consenso parlamentario suficiente para en un ejercicio de responsabilidad priorizar el interés general y la seguridad sanitaria y salud de los ciudadanos y también la mejora de los profesionales que cada día la hacen viable con enormes dificultades y carencias de medios y recursos».

Ante ello, ha sostenido que «es evidente que cada grupo parlamentario ha de asumir su particular responsabilidad» ya que de haberse conseguido acuerdo, ha destacado, también «hubiese ayudado sustancialmente a estar mejor preparados ante próximas pandemias, que sin lugar a dudas vendrán tal como ya se afirma desde la propia ONU, pidiendo al mismo tiempo aumentar las inversiones en materia sanitaria».

Satse ha dicho confiar en que «al menos se haya aprendido la lección y tome conciencia cada grupo parlamentario de que la sanidad pública y sus profesionales han de ser una prioridad absoluta y debe quedar al margen de la lucha partidista, si de verdad se quiere mejorar el sistema sanitario de Andalucía por encima de otras cuestiones de difícil encaje en el sentido común de ocho millones de andaluces».

El año nuevo dará paso a un calendario de juicios en la Audiencia Provincial de Madrid que incluirá, entre otros, al líder de Más País Íñigo Errejón, al exdiputado de Vox Carlos Fernández-Roca, a ‘El Pequeño Nicolás’ y al comisario jubilado José Manuel Villarejo. También dará lugar a una serie de interrogatorios y diligencias en los Juzgados de Plaza de Castilla, como el careo de peritos en el ‘caso Plus Ultra’ o el informe pericial sobre los trabajos de Neurona a Podemos.

El primer juicio tendrá lugar el 25 de enero y sentará en el banquillo a Errejón por un presunto delito leve de maltrato contra un vecino de Lavapiés al que supuestamente propinó una patada.

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, Margarita Valcarce, acordó enviar a juicio al diputado tres meses y medio después de que el vecino de 67 años presentara denuncia ante la Comisaría Centro de Madrid. El hombre aseguró a las autoridades policiales que Errejón le propinó una patada que ha tenido consecuencias en su salud, en concreto, en la hernia inguinal que dice tener por un cáncer de colon.

En el marco de las pesquisas, la juez tomó declaración al denunciante y a uno de los testigos. Fuentes presentes en el interrogatorio aseguraron que ambos ratificaron la declaración que dieron en sede policial.

ACOSO A IGLESIAS Y MONTERO

También está previsto que se celebre el juicio contra Miguel Ángel Frontera, acusado por acosar al exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias y a la ministra de Igualdad, Irene Montero en el marco de una serie de protestas frente al domicilio de ambos. Fuentes jurídicas han precisado que aún no se ha fijado fecha para la vista oral.

La Fiscalía pide tres años de cárcel para Frontera por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad a la autoridad, un delito de acoso y un delito de revelación de secretos. Adicionalmente, el fiscal propone la prohibición de aproximarse a ambos en una distancia inferior a 500 metros y la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio.

Por su parte, Iglesias y Montero solicitan un año y seis meses de prisión por un delito de coacciones continuadas, un delito de injurias graves contra las instituciones del Estado y un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba le impuso una fianza de 52.266 euros.

TRADUCTORES DE LA POLICÍA

Asimismo, está pendiente el juicio a dos traductores de la Policía por extorsionar a un empresario, también investigado. Estaba previsto que se celebrara el pasado septiembre, pero finalmente se ha pospuesto sin fecha fija. Están citados a declarar como testigos el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el inspector Andrés Gómez Gordo y el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, quienes figuran como investigados en el ‘caso Tándem’ de la Audiencia Nacional.

El juicio se centra en Alí Shan y en Ijaz Ahmad, quienes fueron contratados por la Dirección General de la Policía para traducir conversaciones telefónicas interceptadas en el marco de una pesquisa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada (Madrid).

Según la Fiscalía, ambos ofrecieron datos de la causa al empresario Harischandra Tarachand Varma –a quien le habrían intervenido varias conversaciones– a cambio de un pago inicial de 10.000 euros que iría aumentando, y le amenazaron con «influir en su contra» si no accedía. El hombre denunció los hechos ante Asuntos Internos en 2014.

PEQUEÑO NICOLÁS Y VILLAREJO

A la lista de juicios a la espera de fecha se suman tres vinculados a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘El Pequeño Nicolás’. El primero de ellos sentará en el banquillo de los acusados al comisario Villarejo y su mujer, Gemma Alcalá, y al periodista Carlos Mier por grabar y difundir una reunión entre agentes de la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia.

Se les juzgará por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, estafa procesal en grado de tentativa, pertenencia o integración en grupo criminal y de injurias y calumnias a funcionarios públicos por hechos concernientes al ejercicio de su cargo con publicidad. Afrontan de tres a siete años de prisión.

Por otro lado, la Audiencia de Madrid tendrá que poner fecha para juzgar el intento de estafa que habría cometido ‘El Pequeño Nicolás’ en 2014 contra el empresario Javier Martínez de la Hidalga, ante quien se presentó como un asesor de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría para facilitarle la venta de un inmueble que esta persona tenía en Toledo. Por estos hechos, se enfrenta a seis años de prisión por los delitos continuados de usurpación de funciones públicas y falsedad en documento oficial en concurso con uno de estafa.

‘El Pequeño Nicolás’ también está a la espera de juicio por presuntamente obtener datos policiales a cambio de dinero. La Fiscalía pide para él nueve años y nueve meses de prisión por integración en grupo criminal, un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y de violación de secretos como inductor y un delito de cohecho activo.

FERNÁNDEZ-ROCA, LÓPEZ MADRID Y EL JUEZ VALDÉS

Aunque aún no hay fecha prevista, también se espera que la Audiencia Provincial de Madrid juzgue al exdiputado de Vox Carlos Hugo Fernández-Roca por un presunto delito de abuso sexual.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para él al considerar que hizo «caso omiso» a la negativa de su denunciante a mantener «relaciones sexuales completas», según publicó infoLibre. La víctima pide una pena de ocho años de cárcel.

Fernández-Roca anunció su dimisión en redes sociales en noviembre de 2020. Aseguró que renunciaba al escaño de diputado tras haber tenido conocimiento de una denuncia en su contra por un «episodio» que sobre el que no dio detalles.

En la lista permanecen también sin señalar otros dos juicios previstos en la Audiencia de Madrid: uno contra el comisario Villarejo –en este caso junto al empresario Javier López Madrid– por la presunta agresión contra la doctora Elisa Pinto; y otro, contra el magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés por un supuesto delito de maltrato contra su esposa.

INVESTIGACIONES PENDIENTES

Por su parte, los juzgados madrileños empezarán el año pendientes del careo de peritos en el ‘caso Plus Ultra’, fijado para el 18 de enero, en el marco de la investigación sobre la ayuda pública concedida a la compañía.

Antes de decidir si atiende o no a la petición de la Abogacía del Estado de archivar la causa, la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 escuchará al perito al que encargó el informe independiente y a los firmantes del informe llevado a cabo por Deloitte y DC Advisary 2020 aportado por la aerolínea.

Asimismo, se prevén diligencias en el ‘caso Neurona’, donde está pendiente que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 recupere la investigación del ‘caso niñera’ y de la Fundación 25-M, que fueron derivadas a otros juzgados el pasado marzo y que por orden de la Audiencia de Madrid deberán volver a manos del juez Juan José Escalonilla.

En este procedimiento se está a la espera del informe pericial encargado para determinar los costes de los trabajos de Neurona a Podemos. La formación y los principales investigados han pedido el archivo.

También está pendiente la decisión del Juzgado Número 41 sobre el hombre acusado de enviar una carta a la ministra de Industria, Reyes Maroto, con una navaja manchada de un material que simulaba ser sangre. Y se prevé que la Fiscalía se pronuncie sobre la querella admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid contra el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, por la gestión de la pandemia.

Sin problemas de ‘quorum’ para dirimir asuntos relativos al procés, con un una cierta paz en el plenario entre conservadores y progresistas, y con seis meses por delante antes de afrontar otra renovación. El Tribunal Constitucional arranca el 2022 con los deberes hechos tras las sentencias relativas a los estados de alarma.

El nuevo Constitucional, presidido por Pedro González-Trevijano, vive una Navidad relativamente tranquila después del vendaval que supusieron las sentencias tanto sobre el primer estado de alarma como sobre su prórroga, resoluciones que dividieron abruptamente al plenario.

Esta tranquilidad responde al acuerdo al que llegaron los magistrados –entre los que ya se encuentran las nuevas incorporaciones del mes de noviembre– para nombrar tanto al presidente como al vicepresidente, el progresista Juan Antonio Xiol. Fuentes del tribunal de garantías han explicado que la sintonía entre ambos es total y que ello ya se ha hecho notar en el día a día de la sede de la calle Doménico Scarlatti.

Con todo, el último trimestre del año no fue sencillo para esta corte, que se vio envuelta en la polémica después de que se conocieran los cuatro nombres que estaban llamados a ocupar plaza en el plenario: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel, quienes tomaron posesión de sus cargos el 18 de noviembre.

Tras ese bache se le presentó a González-Trevijano el primer escollo de su mandato, los diversos incidentes de recusación contra Arnaldo y Espejel que interesaron, entre otros, líderes independentistas catalanes condenados por el Supremo en 2019 por su papel en el denominado ‘procés’.

A los pocos días y en el que era el primer pleno jurisdiccional, celebrado el 15 de diciembre, el Tribunal Constitucional acordaba inadmitir por unanimidad esas recusaciones. En el auto, defendieron la legitimidad de origen de los magistrados del Tribunal, al ser elegidos por los tres poderes del Estado, «lo que se proyecta en la pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones».

EL MES DE JUNIO, CLAVE

Así las cosas, y roto el fantasma de la falta de ‘quorum’ para conocer asuntos relativos al ‘procés’, el plenario se dirige con cierta calma hacia la que debe ser la renovación de un tercio de los magistrados en junio de 2022.

De producirse ese relevo, saldrían el presidente Pedro José González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol, y los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez. Por norma no escrita, el nuevo presidente se elegirá entre los cuatro magistrados que más tiempo lleven en el TC, es decir, que saldría de la terna de Alfredo Montoya, Ricardo Enríquez, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.

Se da la circunstancia de que en esta ocasión toca renovar a los cuatro que elige el Ejecutivo (2) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (2). Y dado que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el órgano de gobierno de los jueces no pudiera realizar nombramientos discrecionales mientras estuviera en funciones, esto puede complicar el relevo en el TC.

Cabe recordar que el artículo 159.3 de la Constitución dispone que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. Por lo que si el CGPJ no se ha renovado para junio –y fuentes consultadas aseveran de que no hay visos de que sea así– podría darse un nuevo bloqueo.

Entre los asuntos pendientes y por estudiar por este tribunal, además de las diferentes derivadas del ‘procés’, está precisamente esa reforma de la ley que impide realizar nombramientos discrecionales al CGPJ. Y como asunto que acumula años en los armarios del TC figura el recurso que presentaron en 2010 diputados de PP contra la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Precisamente el pasado noviembre la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) inadmitió a trámite las querellas formuladas por la Asociación de Abogados Cristianos y la asociación HazteOir.org contra varios magistrados y exmagistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el retraso en resolver ese recurso por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno. Los querellantes imputaban un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, calcula que las bases de las ayudas a las empresas que ensayen la jornada laboral de cuatro días o 32 horas semanales estarán listas el primer trimestre del año. Un proyecto piloto dotado con 10 millones de euros en su primera edición y que, a su juicio, ayudará a superar esa posición «un poco acomplejada» de no aplicar avances que ya se ensayan en otros países.

En declaraciones, el diputado del Congreso ha explicado que su formación ya ha remitido al Gobierno un borrador sobre las características de la futura convocatoria de ayudas, que les debe ser devuelto en estas fechas.

De esta forma, pronostica que las bases del concurso del proyecto piloto deben salir en el primer trimestre y, a partir de entonces, las empresas que quieran podrán presentarse y optar a estas ayudas, ligadas a la aplicación de procesos de I+D+i y reorganización de los procesos laborales que lleven a una reducción de jornada sin pérdida de salario.

Según los cálculos que maneja la formación, unas 160 empresas podrían acogerse a los incentivos para reducir la jornada laboral, lo que beneficiaría a más de 3.000 empleados en la primera edición del programa, que tiene vocación plurianual hasta los 50 millones de euros.

El Ejecutivo y Más País pactaron dentro de los Presupuestos Generales una primera partida de 10 millones y hacer una cosa «muy propia de los países anglosajones», una experiencia piloto para convencer a la gente «más crítica» y que dice que «no puede aplicarse».

De hecho, ha pronosticado que demostrarán, con esta pequeña ayuda inicial, que el tejido productivo puede ser más competitivo y mejorar la conciliación de su plantilla, sus procesos tecnológicos y su organización.

LA DERECHA TIENE UNA «CONCEPCIÓN PESIMISTA» DE LA ECONOMÍA

«Este es un debate que ya se está dando en todo el mundo, que se está dando en las empresas más punteras. A mí me da un poco de rabia esa actitud, un poco acomplejada, de cuando vemos que las cosas se discuten en Japón, en California o Alemania decimos ‘qué avanzados son’, y cuando las traemos a España decimos que aquí es imposible», ha lamentado.

Un espíritu que para Errejón denota una especie de «concepción pesimista» que tienen los «sectores más conservadores de España y que evidencia «mala concepción de su propio pueblo y su propia economía.

Y es que el líder de Más País ha reivindicado que la reducción de jornada a 32 horas se enmarca en una visión del trabajo del «siglo XXI», para caminar a «vidas más lentas» y «más sostenibles» que ayuden a enfrentar el cambio climático.

Errejón ha instado a «abandonar esa especie de presentismo» por el cual el «mejor trabajador es el que está atornillado a la silla», pues en realidad el más productivo es el que se siente «más motivado, tiene «mejores condiciones laborales, de salud y mejores relaciones con la empresa». Ventaja que se extiende a las empresas que mejoran su facturación y rentabilidad, además de atraer «más talento».

AGENCIA DE CONTROL DE ALGORITMOS

Para el año que viene Errejón quiere también concretar la creación de una agencia estatal de control de algoritmos, comprometida también por el Gobierno en estos PGE, que a veces «marcan sesgos» que no son positivos.

Como por ejemplo ha aludido al caso de redes sociales, donde adolescentes que tienen problemas de imagen o trastornos alimenticios se les «bombardea» con «dietas milagros». Otro caso es el de jóvenes en situación de desempleo, que al buscar trabajo desde Internet se les ofrece anuncios de inversiones «en estafas piramidales de criptomonedas o en apuestas deportivas».

«Eso no es bueno, a veces los algoritmos introducen sesgos que golpean a los más débiles y queremos que se controle, ha enfatizado para recalcar que negocian «cosas modestas» en sus enmiendas pero que suponen soluciones a los problemas fundamentales del siglo XXI».

UN ‘AMAZON’ PÚBLICO PARA DISTRIBUIR CON CRITERIOS SOCIALES

Otra de sus propuestas radica en la creación de una plataforma similar a un «Amazon público», para el cual ya disponen de un «embrión» que es Correos.

Bajo su análisis, Amazon es más que una empresa de distribución gracias a su soporte web y su despliegue algoritmico. Por tanto, ve conveniente complementar este tipo de servicio desde un sector público fuerte, para así evitar algunos perjuicios que causa esta empresa.

De esta forma, ha apostado por una empresa de distribución con «criterios públicos y sociales», que proteja sobre todo a las pymes ante algunas prácticas del gigante logístico, que a su juicio «arruinan» a las pequeña empresa.

«Los supuestos defensores de la libertad y del mercado acaban defendiendo a una gran empresa que engulle al resto (…) Y qué pasa cuando eso ocurre, que hace lo que quiere y es más poderosa que un Estado», ha zanjado para demandar también una empresa pública dedicada a la producción de test de antígenos.

El director general de Jdigital, Jorge Hinojosa, considera que 2021 ha sido, «sin duda, un año decisivo» para la industria del juego online en España y añade que la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto de Publicidad del Juego ha marcado «un antes y un después en este sector».

«Estamos empezando a ver ahora, a finales de año, sus efectos más claros: caídas de más del 40% anual en inversión en marketing, descenso de más del 45% en la media de cuentas nuevas y un retroceso del 5,2% anual del margen de juego o Gross Gaming Revenue (GGR) del mercado de juego ‘online’ en España –importe total de las cantidades dedicadas a la participación en el juego, deducidos los premios satisfechos por el operador a los participantes–, entre otros», argumenta.

En una entrevista concedida con motivo del final del ejercicio 2021, Jorge Hinojosa afirma que este año también se ha visto marcado por la presentación de los primeros borradores de otro Real Decreto relacionado con el juego online, en este caso, el RD para el Juego Responsable, así como el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Juego vigente desde 2012.

«Una vez más, vemos que la regulación del juego online continúa siendo uno de los principales caballos de batalla del Gobierno actual, especialmente del Ministerio de Consumo, pero desde Jdigital seguimos creyendo que las medidas adoptadas pueden no ser las más efectivas para lograr el objetivo que persigue el Gobierno: la protección de los consumidores», explica.

En este sentido, pone de relieve que no se cansarán de recordar que «la publicidad es una de las pocas, aunque eficaces, fórmulas para canalizar a los usuarios del juego online hacia plataformas con licencia y que cumplen con todas las medidas de seguridad y protección». Prohibir su comunicación, en consecuencia, puede hacer aumentar peligrosamente la actividad de operadores ilegales, poniendo en riesgo la seguridad y buenas prácticas de los jugadores», sostiene.

A su juicio, lo mismo puede ocurrir con el Real Decreto por el Juego Seguro. «Si bien desde el sector siempre hemos apoyado y apoyaremos la aprobación de normativas que contribuyan a fomentar una práctica segura y responsable del juego online, creemos que una sobrerregulación y control de la actividad de los usuarios puede propiciar que estos busquen opciones alternativas para esta actividad de ocio donde obtener una experiencia de juego menos intrusiva, como puede ser el caso de los operadores ilegales», comenta.

«No quepa duda que desde Jdigital trabajaremos para que esto no ocurra de ningún modo, proponiendo medidas que sean realistas, adaptadas a la realidad del sector y sus usuarios y, sobre todo, efectivas», asegura Jorge Hinojosa.

Desde su punto de vista, «estas son solo algunas de las consecuencias más evidentes» que pueden tener la aprobación de normativas como las propuestas actualmente. No obstante, Jdigital también se muestra preocupado por «otra, quizás menos obvia a primera vista: la posible pérdida de capacidad operativa del regulador».

Es decir, puntualiza Jorge Hinojosa, «apostar por altas intensidades legislativas puede alentar la aparición de nuevos escenarios ‘grises’ e incluso el auge de actividades todavía no reguladas, que quedan fuera de lo controlable por el regulador y que dejan, nuevamente, a los usuarios desprotegidos».

Además, alerta de que «la imposición de medidas altamente restrictivas también quita atractivo para entrar al mercado español por parte de operadores internacionales». «Ello, a su vez, lastra la contribución del sector a las arcas públicas y aleja la llegada de empresas tecnológicas de referencia y de profesionales altamente cualificados», apostilla.

HITOS DEL 2021

Entre los hitos de este 2021, Jorge Hinojosa destaca el acuerdo firmado entre Jdigital y la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar) en materia de juego responsable y por el cual expertos de Fejar atienden en cualquier momento a los usuarios de operadores de la asociación que así lo deseen.

También recuerda los contactos que Jdidital ha iniciado «con importantes grupos de expertos en materia de salud mental y adicciones» y con los que tienen previsto trabajar en programas de prevención y protección a los usuarios.

«A lo largo de los últimos meses también hemos visto cómo los diferentes agentes relacionados con el sector estamos manteniendo conversaciones muy fluidas y uniendo fuerzas para trabajar en regulaciones efectivas y proporcionadas, sin lastrar el crecimiento de uno de los sectores más importantes de la economía digital en nuestro país», indica.

De cara a 2022, Jdigital espera seguir trabajando «con la misma intensidad que hasta ahora para fomentar y garantizar la práctica segura y responsable del juego online», para ello, continuará interactuando con todos los agentes necesarios.

Finalmente, reitera que «siempre» han tendido la mano al Gobierno, «independientemente de su color político», para ayudarle en todo lo relativo al sector y les gustaría que este 2022 «acepten realmente este asesoramiento y escuchen a los expertos del sector, dejando más de lado los objetivos partidistas y la toma de decisiones que, más allá de titulares impactantes, pueden no generar los resultados esperados a medio y largo plazo».

Salvamento Marítimo ha rescatado desde la tarde de este sábado dos pateras en aguas cercanas a la isla de Lanzarote con un total de 90 migrantes.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, la primera embarcación irregular fue interceptada por la tarde con 55 subsaharianos, entre los que había 39 varones, 14 mujeres y 2 bebés.

Ya con ellos, el recurso de Salvamento puso rumbo al Muelle de Arrecife, donde fueron asistidos los ocupantes de la patera, todos ellos en aparente buen estado de salud.

En cuanto a la segunda patera, Cruz Roja ha señalado que sobre las 22.15 horas fue alertado después de que el organismo estatal localizada una embarcación cerca de Lanzarote con 35 migrantes.

Alrededor de las 02.30 horas de este domingo llegaron al Muelle de Arrecife y el dispositivo sanitario atendió a los ocupantes, siendo necesario el traslado de uno de ellos hasta un centro hospitalario.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SMP) en Baleares y Salvamento Marítimo han interceptado dos nuevas pateras, con 31 migrantes a bordo, en las últimas horas, en aguas de la isla de Cabrera.

Según ha informado Delegación de Gobierno en Baleares este domingo a los medios, en las últimas horas se han interceptado dos nuevas embarcaciones tipo patera, con 31 migrantes, en aguas de Cabrera.

Concretamente, ha detallado, a las 23.35 horas del sábado 1 de enero, se ha procedido al rescate de un total de 18 personas de origen magrebí, en aparente buen estado de salud, en aguas de Cabrera.

La embarcación en la que viajaban 18 migrantes ha sido previamente avistada por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). En el rescate ha intervenido SMP Baleares y Salvamento Marítimo.

Ya este domingo, a las 06.35 horas, se ha procedido al rescate de otras 13 personas, también de origen magrebí, en aparente buen estado de salud, en aguas de Cabrera.

Esta segunda embarcación ha sido, igualmente, avistada previamente por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). En el rescate ha intervenido SMP Baleares y Salvamento Marítimo.