El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado este domingo su apoyo al alcalde de Burguillos (Sevilla), Domingo Delgado, quien fue agredido este miércoles por tres personas que ocupaban ilegalmente una vivienda.

«Que el peso de la ley caiga sobre los agresores», ha aseverado el presidente en su cuenta personal de Twitter en un mensaje de apoyo a Delgado y en el que ha condenado esta «brutal» agresión.

«Es ejemplo de alcalde entregado a su pueblo y sus vecinos. Que el peso de la ley caiga sobre los agresores», ha manifestado Moreno.

A este mensaje se ha unido también el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien ha «condenado rotundamente» la agresión en su cuenta de Twitter al considerar que «es intolerable» y que espera «que se haga justicia».

Con respecto al incidente, tres personas que ocupaban ilegalmente una vivienda en Burguillos (Sevilla) han sido detenidas este miércoles y puestas a disposición judicial por agredir físicamente al alcalde después de que Endesa les cortase la luz, hechos por los que el juez ha decretado una medida cautelar de alejamiento respecto a la localidad, a la que no podrán acercarse a menos de 500 metros.

Así lo relataba en declaraciones el propio alcalde, quien lamentaba que con estos individuos «pasará como siempre, se irán del país para no responder de lo que han hecho».

Según ha apuntado, cuando llegó al gobierno local, Burguillos vivía «una situación muy mala», con muchísimas ocupaciones ilegales, pero, como en la localidad el abastecimiento de agua depende del Ayuntamiento, han emprendido una política para evitar los suministros fraudulentos.

El alcalde ha apuntado que, aunque tiene dolores físicos, no se ha dado de baja laboral y sigue ejerciendo sus funciones.

La parálisis cerebral y los problemas de articulación de palabras no han impedido a Mayte García obtener dos carreras universitarias, dar ponencias o «gobernar su hogar», pero sí abrir una cuenta corriente al rechazar la entidad su solicitud por «no entenderla», y pese a su plena capacidad legal.

«Han demostrado que poseen discapacidades muchísimo más elevadas que la mía», sentencia García en una entrevista sobre la negativa de un banco con sede en Madrid, a abrirle una cuenta, lo que considera un ejemplo más de los «prejuicios absurdos y estúpidos» por los que se discrimina en distintos contextos a personas como ella.

Quería ingresar sus ahorros en esta entidad porque no cobran comisiones, por lo que acudió a una sucursal acompañada de una persona de su entorno que entiende «perfectamente» su forma de pronunciar. Tal y como cuenta, en aquella ocasión no pudo llevar el comunicador que va acoplado a su silla eléctrica –un sistema de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) en el que puede escribir con la nariz todo lo que quiere decir, de manera que el interlocutor puede leerlo u oírlo–.

En el banco demandó la apertura de la cuenta, mientras su acompañante repetía «palabra por palabra» lo que ella decía, pero la entidad decidió no responder a su petición al no entenderla. «Yo dije que no era necesario que me entendiese, que me comunicaría por correo electrónico, pero dijeron que solo se comunicaban con sus clientes por teléfono», relata, para afear que durante aquella primera visita los empleados se dirigieron a su acompañante.

García no se dio por vencida y volvió junto a su acompañante para hablar con la directora de la entidad, que mantuvo la negativa a la apertura de la cuenta pese a que la mujer llevó un acta notarial que acredita su capacidad legal. «Me dijeron que no la querían ver y yo les conté que he vendido varias propiedades, firmado en varias notarias, ¿y no puedo abrir una cuenta?», recuerda. La entidad solo le dio la posibilidad de firmar un poder notarial a la persona que la acompañaba para abrirle la cuenta, a lo que ella se negó.

«He sentido muchísima rabia, impotencia y dolor», incide respecto a la falta de «empatía, justicia y comprensión» por parte de este banco, una situación que, señala, no le había tocado vivir con otras entidades que se han comunicado con ella por correo electrónico. Para García, en este caso se ha demostrado «una mentalidad estrecha y obsoleta».

Tras esto, llevó el caso a la asesoría jurídica de la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace), que puso los medios necesarios para proceder a denunciar a la entidad bancaria.

Sin embargo, García decidió no iniciar este proceso. «Pienso que ya no merece la pena», dice, teniendo claro que ya no dejaría sus ahorros en este banco: «No puedo confiar en unos empleados que me discriminan por tener dificultad para pronunciar y que dicen que no se comunican por correo cuando nos encontramos en la era de la tecnología.

Este suceso es uno de los ejemplos de cómo personas con parálisis cerebral con problemas de comunicación, como ella, ven afectados sus derechos, apunta, para recordar situaciones de conocidas que se han enfrentado a casos más graves, como juicios en los que no les han permitido declarar, incluso en casos de abuso sexual.

«La comunicación verbal no es la única forma de comunicación, sino que existen numerosas. Reclamo a la sociedad que acepte la diversidad de forma positiva, todos tenemos los mismos derechos», asevera analizando estas situaciones de discriminación.

NO RELACIONARLO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Respecto al caso de García, la delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia de Aspace, Ángeles Blanco, resalta que la contratación es una de las esferas en la que se produce una mayor vulneración de personas con parálisis cerebral que tienen problemas comunicativos. Una situación relevante dado que el 98% de estas tiene disartria –problemas de articulación de palabras– y una de cada cuatro carece totalmente de comunicación oral, según datos de la Confederación.

Desde contratar productos bancarios hasta adquirir un billete de transporte, comprarse una camiseta, comer en un restaurante o firmar un alquiler, «es muy común que se encuentren con la negativa de estos sectores». Lo mismo sucede con el servicio sanitario o en el empleo, solo el 5% de estas personas accede a un trabajo, de acuerdo a datos de Aspace.

«Lo que ocurre es que se asocia la parálisis cerebral y uso de CAA con la incapacidad intelectual», avisa Blanco, para urgir a solucionar el desconocimiento sobre este método comunicativo que, a su juicio, es paralelo a otros como la lengua de signos. «Hay que destruir esa falsa vinculación, conocer la CAA y entenderla como un sistema comunicativo más. Solo cuando lleguemos a ese punto dejaremos de tener tanta discriminación y violencia contra las personas con parálisis», apostilla.

Para Blanco se ha producido un «gran avance» en los últimos tiempos en esta causa, como es que la ley del notariado haya reconocido la Comunicación Aumentativa y Alternativa y permita pedir certificados de capacidad intelectual plena, como el adquirido por Mayte García.

No obstante, destaca que se tiene que dar el paso para contemplar las realidades y métodos comunicativos de estas personas en el imaginario social y en el acceso a la justicia, donde se sigue sin admitir las declaraciones vía CAA en juicios.

CATÁLOGO DE ORTOPROTÉSICOS

Todo ello requiere recursos, como logopedas presentes en los procesos o ayuda económica para la adquisición de las herramientas necesarias, los denominados Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC).

La delegada de Derechos Humanos de Aspace demanda que el catálogo de ortoprotésicos del Sistema Nacional de Salud incluya estos sistemas, entre los que en la actualidad hay productos de alta tecnología que pueden facilitar la vida de estas personas, pero «no todo el mundo se lo puede permitir».

Blanco cifra en alrededor de 5.000 euros de media uno de estos aparatos de ultima generación, mientras García planea continuar con su antiguo comunicador, un Toby Churchill Ltd Lightwriter comprado en 1997, pese a que está roto y a veces falla.

Le da «miedo» que le roben una tablet y prefiere quedarse con su dispositivo, que en todos estos años le ha permitido sentirse «segura» cuando va sola por la calle y le ha ayudado a graduarse en Periodismo y Geografía e Historia en la Universidad Complutense. Por el momento sirve para sus tareas, mientras su entorno entiende su forma de pronunciar. «Partimos de la base de que pronunciar no es lo mismo que hablar», concluye.

Ucrania no es el principal mercado del que proceden los cereales que llegan al puerto de Málaga aunque sí es uno de los países de procedencia de estos productos. Así, ante la invasión rusa en Ucrania el pasado 24 de febrero, las instalaciones malagueñas están a la espera de los acontecimientos que se vayan produciendo, confiando en que pronto acabe este conflicto.

Por ello, según han informado a Europa Press fuentes porturias, en relación con el tráfico de mercancías están «expectantes» ante la evolución del conflicto. Los buques previstos en las últimas semanas operaron con normalidad y la pasada semana recibió uno con toneladas de maíz desde Ucrania y en los últimos siete días no había ninguna operativa programada.

En este sentido, lo que pasará a partir de ahora lo desconocen los dirigentes de la Autoridad Portuaria malagueña. El país que trae a Málaga más mercancía de cereales y sus harinas es Brasil, con 241.486.460 kilogramos el pasado año; seguido de Bulgaria, con 59.650.660 kilos. El tercer mercado es el de Ucrania, según los datos de 2021; seguido de Rumanía, España y Polonia.

En cuanto a frutas, hortalizas y legumbres que llegan al puerto de Malaga, en 2020 desde Rusia llegaron 5,3 toneladas y 1,7 de España. La última vez que llegaron desde Ucrania fue en 2019, con 11.329.680 kilos, a tenor de los datos aportados. Respecto a pienso y forrajes, desde el país ucraniano se recibieron en 2016 y 2017, según los datos aportados.

En el caso de los cruceros, el puerto de Málaga no se encuentra afectado por el conflicto de Ucrania, puesto que el Mediterráneo Occidental opera con normalidad. Incluso, podría ver reforzadas las escalas por los pasajeros que antes elegían el Báltico para sus viajes, han aclarado.

La Policía Nacional detuvo el pasado martes a un hombre, de 33 años de edad, como presunto autor de varios delitos de abusos sexuales, a una menor y a una mujer de unos 60 años aproximadamente, en Palma.

Según ha informado la Policía Nacional este domingo en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado martes a las 09.00 horas, en el barrio palmesano de Marqués de Fontsanta.

Una menor llegó al instituto llorando y manifestando que un hombre le acababa de tocar las nalgas. El instituto llamó inmediatamente a la madre y notificó los hechos.

Posteriormente la menor salió del instituto y se dirigió a su casa en compañía de una amiga, percatándose como el hombre la estaba siguiendo un par de calles, al tiempo que tocaba las nalgas a otras mujeres con las que se iba cruzando. La menor subió a su domicilio llorando y nerviosa por lo sucedido.

La madre, en compañía de un familiar, salió a la calle y requirió presencia policial, acudiendo una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía que comenzó a dar batidas por la zona, y alrededores hasta que en una calle de la barriada de Pere Garau de Palma, se localizó al presunto autor.

Una vez con la identificación del responsable, se acercó otra mujer denunciando que días atrás éste mismo hombre habría tocado el culo a su tía.

Por todo ello, se procedió a la detención del presunto autor por dos delitos de abusos sexuales.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha avanzado este domingo que solicitará el apoyo de todos los presidentes autonómicos en la Conferencia que se celebra en la isla de La Palma para «poder llegar con la mayor de las unidades» a la negociación en Bruselas de finales de mes para librar el «chantaje energético» que, según ha señalado, está infringiendo el Gobierno ruso de Vladimir Putin.

Así lo ha dicho Sánchez en una comparecencia sin preguntas previa a esta Cumbre junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, donde ha precisado que busca en esta cita llegar a los «acuerdos de La Palma» en base a cuatro ejes que tienen que ver con la crisis provocada por la guerra de Ucrania y la ejecución de los fondos europeos.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha señalado que el Gobierno de España «va a poner todo lo que está en su mano para que la economía del país no sea rehén del chantaje energético que está sometiendo el régimen de Putin».

Para ello, el jefe del Ejecutivo ha incidido en que hará «todo» lo que esté en su mano mediante medidas económicas, como los ERTEs o movilización de créditos ICO, tal y como sucediera en la pandemia, para «proteger a las empresas y a los conciudadanos».

PLANTEARÁ CUATRO EJES EN LA CONFERENCIA

Asimismo, Sánchez ha explicado que el Gobierno lleva a esta cumbre con los presidentes autonómicos una propuesta basada en cuatro ejes, relacionados todos con la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Además de la unidad en la respuesta energética en Bruselas, Sánchez ha adelantado que también pedirá a los presidentes autonómicos organizar la «solidaridad» sobre la acogida de los refugiados ucranianos, como ya se demostró con Afganistán.

Otro de los ejes que Sánchez abordará con los mandatarios autonómicos serán los fondos europeos, pidiendo que «se deje a un lado la lucha partidista» y reclamando que se «conviertan en un elemento para consolidar la recuperación económica».

Al hilo, el jefe del Ejecutivo ha señalado como «fundamental» que se aceleren la ejecución de estos fondos europeos con la vista puesta en el próximo invierno, sobre todo en «la rehabilitación, en la eficiencia energética y en el ahorro energético», porque, según ha dicho, eso significa «autonomía energética».

Por último, sobre el Plan de medidas por la guerra en Ucrania, Sánchez ya ha incidido en que se enriquecerá a través de los agentes sociales, con los grupos parlamentarios y con las aportaciones de las comunidades autónomas.

El juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid ha desestimado la demanda de la expresidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, contra Cecosa Hipermercados, perteneciente al grupo Eroski, por la difusión del vídeo en el que se mostraba a Cifuentes, junto a un vigilante de seguridad, tras sustraer presuntamente unas cremas en un establecimiento comercial del grupo de distribución.

La sentencia, no considera que haya existido una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Cifuentes, ya que se trata de una «grabación lícita tomada en un establecimiento público» y no hay «prueba alguna» de la participación de Cecosa Hipermercados en la divulgación de las imágenes.

El vídeo sobre el hurto fue grabado en 2011 en un establecimiento Eroski de Vallecas, pero fue en abril de 2018 cuando se difundió en medios de comunicación, siendo uno de los detonantes de la dimisión de Cifuentes como presidente de la comunidad, una decisión en la que también influyó su imputación en el ‘caso máster’, del que fue finalmente absuelta de un delito de falsedad documental.

En las imágenes se mostraba a la expresidenta regional Cristina Cifuentes junto a un vigilante de seguridad tras sustraer presuntamente unas cremas, que aparecieron en su bolso tras un registro del mismo.

Cifuentes presentó una demanda contra Cecosa con la intención de que fuese declarada su conducta como constitutiva de una «intromisiónilegítima» en los derechos fundamentales de la expresidenta a su propia imagen, al honor y a la intimidad. En la demanda, se solicitaba condenar a Cecosa a indemnizar a Cifuentes con 450.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados.

La demandante alegaba que la publicación de esa grabación tuvo un «efecto avasallador y apabullante» en la vida de Cifuentes y su familia, lo que consideró imputable a Cecosa y a su actuación, «al menos, negligente», ya que, según se señalaba en la demanda, conformeal artículo 22 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal «debió proceder al borrado de la grabación en el plazo de 30 días».

Además, apunta que tampoco se conservó con la «mínima diligencia» a fin de evitar su conocimiento y difusión por terceros, lo que supuso una «clara, grave e irreparable intromisión en el honor y en la propia imagen de Cifuentes».

Por su parte, Cecosa alegó que el supuesto daño causado a Cristina Cifuentes proviene de la publicación del vídeo en la que «no tuvo participación alguna» y asegura que la grabación se hizo «legalmente, teniendo por objeto un hecho constitutivo de un ilícito penal cometidopor la demandante». Además, afirmó que era incierto que conservara la grabación durante un tiempo superior a los 30 días.

Por lo tanto, pedía la desestimación de la demanda al no haber realizado «acto u omisión alguno que vulnerara el derecho al honor» de la expresidenta.

También el ministerio fiscal era favorable a desestimarla, al tratarse de una grabación «lícita» en un establecimiento público, no por tanto un acto de la vida privada de la demandante. Además, aseguraba que no existía prueba alguna de que la demandada hubiera conservado la grabación ni de que haya sido sancionada por ello.

En la sentencia se indica que no es objeto de controversia la realidad de la grabación, ni el hecho de que fuera realizada lícitamente, y señala que no se aportó ninguna prueba practicada sobre las personas que tenían acceso a la grabación, el tratamiento que se daba en el establecimiento a las imágenes grabadas, y, en concreto, si se destruían y, en su caso, cuándo, cómo y quién realizaba dicha operación, o si existía posibilidad de realizar copias.

Tampoco se practicó prueba alguna sobre la divulgación del video y se desconoce el momento y la forma en la que se puso a disposición del medio de comunicación que publicó la noticia, «de otro lado de indudable interés público», pues hacía referencia a la presunta implicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un hecho delictivo.

Por lo tanto, asegura que los únicos hechos probados son que en elestablecimiento se realizó la grabación y que se publicó años más tarde, pero «sin que aparezca acreditada la intervención de la demandada en la divulgación del vídeo».

En este sentido, afirma que «todo lo más» podría imputarse a Cecosa una actuación «negligente» en la custodia del mismo, lo que abría la posibilidad de ilícito acceso de terceros a la grabación para su posterior utilización con fines espurios, de lo que en su caso podríanderivar responsabilidades en el ámbito de la regulación de la protección de datos.

Sin embargo, afirma que la conducta de la demanda en ningún caso se puede subsumirse en alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 7 de la Ley de Protección civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen.

En este sentido, concluye que no ha existido «intromisión ilegítima» en el derecho al honor de Cifuentes, ya que se está ante una grabación «lícita» tomada en un establecimiento público, por lo que «ninguna intromisión ilegítima supone la captación de las imágenes». Además, añade que no existe «prueba alguna de participación de la demandada en la divulgación de las mismas».

Por ello, procede a la desestimación íntegra de la demanda y absuelve a Cecosa Hipermercados. Contra la sentencia, de 17 de enero de este año, cabía recurso de apelación en el plazo de 20 días ante el juzgado, que finalmente no se ha interpuesto.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido este domingo a todas las administraciones y opciones políticas «arropar» al Gobierno liderado por Pedro Sánchez en su posición ante la «ilegal» e «irracional» guerra en Ucrania.

Así, Torres pidió durante una comparecencia a los medios en la Conferencia de Presidentes, que se celebra este domingo en Los Llanos de Aridane, que se siga en este caso el «espíritu» de los acuerdos de La Palma, donde todas las administraciones actuaron sin intereses partidistas ante la crisis por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

El presidente canario tildó la invasión de Rusia en Ucrania de «ilegal», «irracional» y de ser un comportamiento «ilógico». «Rememos en el mismo sentido. Arropar y estar al lado del Gobierno» al tiempo que «hacer propuestas constructivas» al Ejecutivo.

Por otro lado, Torres se ha mostrado agradecido con que después de unos diez años coincidan en una Conferencia de Presidentes todos los jefes de los Ejecutivos de las 17 comunidades autónomas junto a Ceuta y Melilla de manera presencial.

Añadió que todos los presidentes autonómicos se han puesto del lado de la sociedad palmera desde que comenzó el volcán para dar ánimos, esperanza, así como para los recursos que fueran precisos.

La reunión de la Conferencia de Presidentes que se celebra en la isla de La Palma ha comenzado pasadas las 11.00 (hora local) de este domingo, una cita entre todos los mandatarios autonómicos y el Gobierno central para abordar una respuesta conjunta a la crisis provocada por la guerra en Ucrania.

Tras la llegada de las autoridades y la foto de familia, a la que no ha acudido el presidente catalán, Pere Aragonés, para evitar la foto con el Rey Felipe VI, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el mandatario autonómico canario, Ángel Víctor Torres, han comparecido ante los medios de comunicación en una breve declaración sin preguntas.

Posteriormente, tanto los miembros del Gobierno central como el presidente canario han pasado a la reunión en la que ya estaban preparados todos los líderes autonómicos para dar comienzo a esta cumbre que, entre otros puntos, abordará esta situación de la guerra en Ucrania.

MEDIDAS QUE PLANTEA EL GOBIERNO

El Gobierno abordará en esta Conferencia de Presidentes diferentes puntos relacionados con la crisis provocada por la guerra de Ucrania, como la concienciación al conjunto de la ciudadanía «acerca de la importancia» del ahorro energético, a través de medidas como «el incentivo de un uso más racional de los vehículos privados o una moderación del uso de energía dedicado a la climatización».

Así se desprende del borrador, de los temas que llevará el Ejecutivo de Pedro Sánchez a esta Cumbre de La Palma. En concreto, la crisis provocada por la invasión de Rusia a Ucrania ocupa 17 puntos.

En ellos, además de buscar que los presidentes autonómicos se comprometan a acelerar la transición energética a través de esos planteamientos, el Gobierno también asegura que aprobará medidas dirigidas a la «reducción del coste energético», con especial atención, según se señala, a los colectivos necesitados de especial protección social y los consumidores electrointensivos e industriales.

Asimismo, el Gobierno habla de trabajar coordinadamente con todas las Administraciones para «reforzar y acelerar» las inversiones en tecnologías críticas como semiconductores, almacenamiento, minerales esenciales, baterías, 5G, Inteligencia Artificial, centros de datos y principios activos de medicamentos esenciales, con el objetivo de, según se desprende del borrador, de aumentar la autonomía estratégica.

Es más, con esta finalidad, el Ejecutivo promoverá, en línea con lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional, la creación de una reserva de bienes considerados estratégicos para «preservar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico».

En cualquier caso, además de la guerra en Ucrania, el Gobierno también tiene previsto llevar en el orden del día el informe de seguimiento de los acuerdos de la anterior Conferencia, la situación del Covid-19, los fondos europeos, la modificación del Reglamento de este foro y la cooperación en protección civil.

Los presidentes autonómicos ya han adelantado sus planteamientos en esta cita de la isla de La Palma que, además de los efectos de la guerra de Ucrania, pasan por la reforma del sistema de financiación autonómica y fondos europeos, entre otros temas.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado que acude a la Conferencia de Presidentes pese a las «convicciones políticas» del Govern, ante la excepcionalidad del momento derivada de la invasión rusa de Ucrania.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de acudir a su primera Conferencia de Presidentes que se celebra este domingo en La Palma, donde ha explicado que reclamará «una respuesta conjunta» y máxima colaboración entre administraciones para la acogida de refugiados ucranianos.

Pese a recalcar que representa a un Govern que defiende la independencia de Cataluña, ha dicho que acude a La Palma porque «la situación de guerra en Ucrania tiene consecuencias inmediatas que precisan de colaboración y medidas urgentes en el ámbito económico y energético».

Ha explicado que «en Cataluña hay 25.000 ciudadanos ucranianos y, por lo tanto, será uno de los territorios que previsiblemente acogerá más familias refugiadas», por lo que pide fondos y recursos para ejercer las obligaciones que cree que tiene el Govern en materia de servicios sociales y alojamiento.

También ha reclamado actuar con la mayor celeridad «ante la escalada de precios» en el ámbito energético y las demás consecuencias económicas que está teniendo el conflicto.

Ha insistido en articular un fondo económico para las comunidades autónomas puedan «asumir los costes derivados de la acogida de refugiados y también para tomar medidas claras que permitan rebajar los costes energéticos que están afrontando familias y empresas».

Aragonès ha sido el único mandatario autonómico que no ha acudido a la foto de familia previa a la reunión de la Conferencia de Presidentes de la isla de La Palma para evitar así su encuentro con el Rey Felipe VI.

El PP ha registrado en el Congreso una moción para integrar a Ceuta y Melilla en el espacio Schengen, dentro de las medidas que quiere impulsar como respuesta a la entrada de 850 migrantes en sucesivos saltos masivos sin precedentes en el número de personas que trataron de acceder a España. Vox, por su parte, insistirá en la protección de la OTAN.

Así consta en sendas mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes, que se votarán esta semana en el Pleno del Congreso. Ambos partidos reclaman contar con las Fuerzas Armadas para proteger el perímetro fronterizo, junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó en respuesta a PP y Vox que en tres meses completarán las obras para instalar las estructuras metálicas en forma de peines invertidos –en sustitución de las concertinas– que coronan la valla de Melilla.

Además, concretó que a finales del presente año entrará en funcionamiento la conocida como «frontera inteligente» tanto en Melilla como en Ceuta, lo que implica la renovación del circuito de cámaras y la instalación de sensores.

EL PP PIDE EXPULSAR A LOS MIGRANTES

En la moción del PP, que lleva la firma de su portavoz, Cuca Gamarra, esta formación insta al Gobierno a «incluir a Ceuta y Melilla en el espacio Schengen y acabar con la excepcionalidad actualmente existente». De esta forma, se posibilitaría la «aplicación del Pacto de Migración y Asilo en relación con la colaboración de Frontex en el control de las fronteras exteriores y el movimiento de personas y mercancías en el espacio Schengen».

Además de refuerzos policiales y mejoras en el vallado fronterizo, el PP reitera en la necesidad –como ya hizo el pasado miércoles– de tramitar «con carácter de urgencia los expedientes de expulsión inmediata de aquellas personas que han entrado de manera agresiva y violenta».

También habla de una comisión interministerial y de sendos planes. Un «Plan África a la cooperación para el desarrollo» y otro plan «específico» para las dos ciudades autónomas que «permita dar una respuesta rápida y eficaz a la utilización por parte de Marruecos de la estabilidad en las mismas –en referencia a Ceuta y Melilla– como medio para presionar al Gobierno español».

En sus intervenciones, Grande-Marlaska se ha centrado en denunciar la violencia de los migrantes y ha eludido criticar a las autoridades de Marruecos, destacando la cooperación y la ayuda de la policía del país vecino para tratar de evitar los últimos saltos a la valla fronteriza.

El ministro también aludió a que la plantilla policial está al 100% y que se enviaron un centenar de ‘antidisturbios’ de refuerzo, así como que sólo queda por completar un tramo en Melilla para la instalación de peines y rodillos en todo el perímetro, como ya se hizo en Ceuta.

RECURRIR A LAS FUERZAS ARMADAS

En su moción, el PP insiste en «aumentar» la plantilla policial y se refiere también a las Fuerzas Armadas, abogando por «promover actividades de adiestramiento, de manera que puedan ser utilizadas dentro de un sistema de actuación coordinada en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando éstas se vean desbordadas», poniendo de ejemplo el caso de la entrada de 10.000 migrantes en Ceuta en mayo de 2021 y también el de este mes de marzo en Melilla.

Vox también quiere movilizar a las Fuerzas Armadas, pidiendo de forma explícita el «despliegue inmediato» de militares con el fin de mitigar la presión migratoria, en actuación conjunta con la Guardia Civil y la Policía Nacional, para quienes reclama que se les dote de todas las medidas para «salvaguardar la soberanía nacional».

Entre sus medidas, Vox incluye promover en el seno de la OTAN la modificación del artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte, de 4 de abril de 1949, «al objeto de que éste recoja e incluya, de forma explícita, a las ciudades españolas en el Norte de África de Ceuta y Melilla».

También insta al Gobierno a terminar el «refuerzo y modernización» del vallado fronterizo, matizando que en su totalidad tiene que tener la «altura adecuada», según la moción que firma Macarena Olona, así como disponer de elementos técnicos como cámaras térmicas y protección pasiva para que «haga infranqueable» cualquier intento de asalto.

Las reyertas vividas en Madrid estos últimos meses han vuelto a poner el foco en los problemas de las bandas juveniles. El Ayuntamiento de la capital ha comenzado un programa de prevención de la violencia urbana para llegar a los jóvenes antes de que cometan delitos graves, evitar que entren en una banda o darles alternativas de ocio saludable, formación y empleo. Se trabaja con ellos desde la educación, el ocio y la cultura, ofreciéndoles recursos para que no caigan en riesgo de exclusión: «Un trabajo importante para que no pierdan oportunidades ni expectativas».

Así, esta experiencia «pionera» municipal es un servicio de mediación que facilita la prevención de la violencia ejercida y sufrida por jóvenes y ayuda en su tránsito de vida. «Madrid es una ciudad segura, pero debemos reconocer que existe la violencia urbana. Hay que abordarlo desde lo policial, pero también desde lo social», ha subrayado el delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, en declaraciones.

Un total de tres equipos, integrados por 14 profesionales especializados en Trabajo Social, Educación Social y Psicología, forman parte de este programa. Equipos que trabajan de forma coordinada con la Policía Municipal, Servicios Sociales, programas municipales para jóvenes y diferentes agentes sociales en detección de riesgo susceptible y que se concentran en los jóvenes de 18 a 30 años de los 21 distritos de la capital.

Según ha explicado en declaraciones la responsable del programa, Purificación Castro, hasta los 16 años se trabaja con diferentes programas del área de prevención y coordinación con los centros de salud y educativos. En la franja de 16 a 18 años suelen ser personas «más autónomas» que no participan tanto en los recursos socioculturales.

«Aquí entran jóvenes extutelados, extranjeros, nacionales, extutelados no acompañados (exmenas), chavales en riesgo de captación o los que no tienen acceso a recursos. Les vinculamos con recursos formativos laborales, el ocio y el tiempo libre. Si hay conflicto, lo atendemos», ha indicado Castro.

No obstante, la responsable ha recalcado que su intervención nunca cruza «la línea roja» cuando se trata de un delito, ya que esa parte les corresponde a los agentes de seguridad. «Podemos acompañar a la víctima para poner una denuncia, pero en el momento en el que se trata de un delito, nos retiramos», ha apuntado.

PREVENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EMPLEO

Los objetivos son analizar los grupos detectados para mejorar las relaciones sociales; proporcionar la prevención, identificación y resolución de conflictos de forma pacífica; acompañar a quienes hayan sido víctimas de violencia durante la denuncia; y favorecer actividades formativas que posibiliten su acceso a itinerarios de empleo.

Para Castro, este recurso es «fundamental» porque los proyectos de prevención «funcionan». Los equipos trabajan con ellos desde la educación, el ocio y la cultura, ofreciéndoles recursos para que no caigan en riesgo de exclusión: «Un trabajo importante para que no pierdan oportunidades ni expectativas.

«El programa de prevención de la violencia urbana es innovador y pionero, la primera experiencia municipal de este tipo. La ventaja de lo social es su carácter preventivo. Cada vez que tenemos éxito es un chaval que no entra en una banda y eso son uno o más delitos que no se cometen», ha resaltado Aniorte.

PRIMEROS CASOS DETECTADOS

En su primer mes de vida, el programa se ha dado a conocer en los 21 distritos y sus miembros han realizado un mapa diagnóstico de la ciudad y guías de mediación junto con los servicios sociales, la Policía Municipal y los agentes tutores.

Algunas de sus primeras actuaciones en Villa de Vallecas, donde tuvieron un conflicto entre jóvenes en un centro de acogida; Moncloa-Aravaca, en el que un chaval recibió amenazas; y en Usera, donde una banda latina había acosado a una chica.

Castro ha destacado que en el primer mes del programa se ha comprobado que había una «necesidad» de tener un proyecto de estas características. Además, ha indicado que en todas las bandas (Dominican Don’t Play, Trinitarios, Latin King) «hay mucha heterogeneidad», con españoles y también de origen inmigrante.

También se ha constatado que los jóvenes que entran en bandas lo hacen a una edad muy temprana, alrededor de los 13 años. Según ha explicado la responsable del programa, las consecuencias de la pandemia y la desesperanza que tienen muchos ha motivado esta tendencia.

«Hay una falta de integración. Sobre todo, hay chavales que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad», ha indicado. A ello se une, que hay menos jóvenes de lo esperado en los espacios públicos, algo que «podría estar relacionado» con los últimos actos de las bandas juveniles.

‘ENREDADERO’, UNA ALTERNATIVA DE OCIO PARA LOS MENORES

Por otro lado, Madrid cuenta con una alternativa para que los adolescentes puedan formar comunidad y generar nuevas oportunidades cerca de sus barrios. Es el caso de los ‘enredaderos’, un proyecto que integra una red de espacios de ocio para jóvenes de 12 a 17 años, donde ellos se autoorganizan actividades.

Un equipo de educadores los acompaña para ofrecerles un asesoramiento en el planteamiento de sus propuestas, a través de una escucha activa. Gestionados por la Federación de Asociaciones para la Promoción de los Derechos de la Infancia y la Juventud en la Comunidad de Madrid (Injucam), cuentan con financiación del Ayuntamiento.

En declaraciones, el coordinador de Injucam, Joserra García, ha señalado que su participación y protagonismo «son claves» para que los chavales «ejerzan con mejor y mayor intensidad sus derechos». El objetivo es «facilitar» los procesos de desarrollo individual y grupal de la población adolescente de los distritos de Madrid desde una perspectiva integral. Así, los ‘enredaderos’ buscan que los adolescentes se sientan «felices y seguros», donde primen los hábitos saludables y la promoción de la participación ciudadana.

Hay seis ‘enredaderos’ en Retiro, Centro, Moratalaz, Puente de Vallecas, Villaverde y Hortaleza, aunque este último se acaba de instalar después de que ya no contara con un espacio cedido en Fuencarral-El Pardo. No obstante, García ha reconocido que «la idea siempre fue que estuviera presente en los 21 distritos».

PROPONEN Y EJERCEN RESPONSABILIDADES

«Estos espacios pueden generar nuevas alternativas para que los adolescentes cambien de entorno, participen y formen una comunidad. Además, tratamos diferentes temas como el feminismo, ecologismo o las bandas juveniles. Nos formamos porque también es una zona de información», ha señalado el equipo educador del ‘enredadero’ del distrito Centro.

En este caso, el área no tenía ningún material pero poco a poco se fue llenado de mesas de ping pong, sillas, un billar, pizarras y balones. «Ellos proponen y todos hablamos de cómo conseguirlo. Les enseñamos a ejercer responsabilidades desde muy pequeños», señala una de las educadoras.

Según los datos de la entidad, durante 2021 los seis ‘enredaderos’ han contado con la participación de 3.047 adolescentes (2.664 presenciales y 383 virtuales). De las presenciales, la mayoría eran españoles (2.555 jóvenes) y se concentraron, sobre todo, los chavales de 14 años (547 personas).

Asimismo, han tenido un total de 36.846 asistencias, donde 20.236 han sido presenciales. Por otra parte, se han generado un total de 582 propuestas en toda la red y de ellas se han llevado a cabo 502, es decir, un 86%. También se han creado un total de 106 grupos en torno a centros de interés (voleibol, baile, guitarra, etc).

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que espera tener una «relación cordial» con el candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, y «llegar a acuerdos» con él para «echar» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha afirmado Abascal en una entrevista con El Independiente, en la que ha aseverado que continúa «con la mano tendida» al PP, como ya la tenía al actual líder, Pablo Casado.

«Yo espero poder tener un diálogo con Alberto Nuñez Feijóo y espero poder llegar a acuerdos en aquellas cosas en las que seamos coincidentes», ha manifestado, para señalar que no quiere que este «acepte los principios de Vox» ni espera que pretenda que el partido acepte los suyos, pero sí poder «hallar un punto de encuentro para echar a Pedro Sánchez».

Para Abascal, Feijóo puede «sacar de la abstención a votantes muy convencidos del programa del PP», pero, ha avisado, «no a los votantes que están convencidos del programa de Vox», por lo que no está «preocupado» por la llegada del también presidente de la Xunta de Galicia a la Presidencia de los ‘populares’.

Por otro lado, ha destacado que ahora mismo Vox está «por delante del PP», según sus encuestas, y su votante está «convencido», por lo que, ha subrayado, no le pasará como a Ciudadanos, que «creció muy rápido y se desplomó».

En este sentido, ha asegurado que a su partido le vota «mucha gente que había votado antes a la izquierda» y que hoy ven que esta «no les defiende porque están entregados a la transición energética, y todas las políticas que proponen les llevan a ellos a la ruina y a la miseria».

«Son muchas más las personas que les votaban a ellos y ahora nos votan a nosotros de las que ellos se pueden imaginar. Y yo no tengo ninguna duda de que eso va a ir a más», ha apostillado Abascal, para criticar al CIS por sus encuestas.

Por otro lado, se ha referido al reciente pacto del PP con Vox en el Gobierno de Castilla y León. Al respecto, ha indicado que las consejerías que corresponderán a su partido aún no están definidas porque no se ha querido tomar «una decisión precipitada» debido a que el acuerdo ha sido in extremis. Igualmente, ha celebrado que «el sentido común y el veredicto electoral se ha impuesto» con este pacto.

«Este es un acuerdo justo tanto en el reparto de poder como en las orientaciones generales del pacto de gobierno que puede satisfacer a los votantes de ambos partidos», ha resaltado, para manifestar su «satisfacción» porque no van a «existir» en la región «leyes discriminatorias» como la de violencia de género.

Asimismo, ha afeado las críticas de la izquierda al pacto y le ha recordado al Gobierno que «no puede dar ninguna lección», así como ha arremetido contra el PSOE por ser un partido «entregado al extremismo golpista y de izquierdas».

También, ha calificado de «intolerable» que el presidente del Partido Popular europeo, Donald Tusk, que ha rechazo el pacto, se «entrometa». «No entiendo que el señor Tusk cometa la imprudencia de decir a sus propios socios con quién tienen que pactar en España», ha lamentado.

Por último, ha dicho que Vox «en el ejercicio del gobierno va a mostrar lo que es: un partido cabal, que actúa en función de su representación y que representa los intereses de sus electores sin hacer daño a nadie y sin perseguir a nadie».

«Allí no nos vamos a comportar como si tuviéramos un poder mayor del que tenemos. Queremos formar parte del gobierno lealmente, no intentando traicionar al presidente del gobierno regional a la primera de cambio, como le ha pasado al señor (Alfonso Fernández) Mañueco y como le pasó a la señora (Isabel Díaz) Ayuso con Ciudadanos. Nosotros, si nos comprometemos con un gobierno, nos comprometemos», ha agregado.

Un hombre ha quemado parte del monumento de la falla Avenida Burjassot-Joaquín Ballester, en Valencia, durante la madrugada de este domingo y ha destrozado por completo uno de los ‘ninots’, según ha explicado el presidente de esta comisión, Ximo Fuster.

Así, ha detallado que una joven se percató de que alguien estaba quemando la falla alrededor de las 3.15 horas de este domingo y comenzó a gritar para alertar a los falleros que se encontraban en el casal de la comisión.

El presidente ha señalado que «el casal no está al lado de la falla, sino a unos cuatro minutos más o menos» y ha agradecido que una persona pudiera ver el ataque al monumento.

«Menos mal que la chica lo vio, gritó y salió corriendo detrás de él porque, si hubiera tenido más tiempo, pienso que se habría quemado todo», ha apuntado Fuster, al tiempo que ha lamentado que la joven no pudo «ver la cara ni alcanzar» a la persona que inició las llamas.

Ximo Fuster ha explicado que el remate del monumento, una pirámide situada en el centro, «se ha quemado un poco». «Arriba de la pirámide va un avión con dos figuras grandes, una de ellas dentro de lo que cabe es menos grave, pero la otra es un cabezón que va pilotando el avión y está hecho brasas», ha agregado.

Los artistas falleros Latorre y Sanz, autores de la composición, se acercarán este domingo a la falla para observar los daños y «valorar si se puede arreglar o no», ha indicado el presidente. «Bueno, arreglar no, hacerlo nuevo porque es una pieza muy grande y se ha quemado toda. No sé si va a dar tiempo a rehacerla», ha matizado.

La Junta Central Fallera (JCF) ha manifestado «su apoyo y estima» a la falla Avenida Burjassot-Joaquín Ballester y ha condenado el «acto vandálico». «Mucha fuerza a los artistas Latorre y Sanz y a todos los falleros de la comisión», ha publicado en sus redes sociales la JCF.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha sido el único mandatario autonómico que no ha acudido a la foto de familia previa a la reunión de la Conferencia de Presidentes de la isla de La Palma para evitar, de esta manera, su encuentro con el Rey Felipe VI, aunque el jefe del Ejecutivo catalán sí que participará en esta cita multilateral por primera vez de forma presencial.

El Rey Felipe VI y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, han llegado a las 9.30 (hora local) de este sábado a la plaza del Museo Arqueológico Benahoarita, ubicado en pleno centro de Los Llanos de Aridane (La Palma), donde les estaban esperando todas las autoridades invitadas, salvo Aragonés, que llegará más tarde, evitando así la instantánea con el jefe del Estado.

Los presidentes autonómicos, a excepción del catalán, han ido llegando a partir de las 9.00 (hora local) a esta plaza en la que se reunirán posteriormente. Una vez han llegado el Rey y el jefe del Ejecutivo, todas las autoridades se han hecho la foto de familia en esta plaza.

Han sido varios los vecinos que se han acercado también a presenciar la llegada de estas autoridades a esta cumbre de La Palma que se celebra finalmente este domingo 13 de marzo tras haberse cancelado hace dos semanas por la invasión de Rusia a Ucrania. Los presentes han aplaudido la llegada de Sánchez y del Rey, lanzando gritos de «viva España y viva el Rey».

URKULLU TAMBIÉN DECLINÓ LA CENA DEL REY

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, también declinó la cena que ofreció este sábado por la tarde el Rey Felipe VI a los presidentes autonómicos que ya estaban en la isla de La Palma tras el acto de homenaje a la ejemplaridad del pueblo palmero.

En este caso, Urkullu, que sí que ha acudido a la foto de familia de esta mañana en el Museo Arqueológico Benahoarita, cenó con su equipo en el restaurante La Chalana de la capital palmera, Santa Cruz de La Palma.

MEDIDAS QUE PLANTEA EL GOBIERNO

El Gobierno abordará en esta Conferencia de Presidentes diferentes puntos relacionados con la crisis provocada por la guerra de Ucrania, como la concienciación al conjunto de la ciudadanía «acerca de la importancia» del ahorro energético, a través de medidas como «el incentivo de un uso más racional de los vehículos privados o una moderación del uso de energía dedicado a la climatización».

Así se desprende del borrador, de los temas que llevará el Ejecutivo de Pedro Sánchez a esta Cumbre de La Palma. En concreto, la crisis provocada por la invasión de Rusia a Ucrania ocupa 17 puntos.

En ellos, además de buscar que los presidentes autonómicos se comprometan a acelerar la transición energética a través de esos planteamientos, el Gobierno también asegura que aprobará medidas dirigidas a la «reducción del coste energético», con especial atención, según se señala, a los colectivos necesitados de especial protección social y los consumidores electrointensivos e industriales.

Asimismo, el Gobierno habla de trabajar coordinadamente con todas las Administraciones para «reforzar y acelerar» las inversiones en tecnologías críticas como semiconductores, almacenamiento, minerales esenciales, baterías, 5G, Inteligencia Artificial, centros de datos y principios activos de medicamentos esenciales, con el objetivo de, según se desprende del borrador, de aumentar la autonomía estratégica.

Es más, con esta finalidad, el Ejecutivo promoverá, en línea con lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional, la creación de una reserva de bienes considerados estratégicos para «preservar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico».

En cualquier caso, además de la guerra en Ucrania, el Gobierno también tiene previsto llevar en el orden del día el informe de seguimiento de los acuerdos de la anterior Conferencia, la situación del Covid-19, los fondos europeos, la modificación del Reglamento de este foro y la cooperación en protección civil.

Los presidentes autonómicos ya han adelantado sus planteamientos en esta cita de la isla de La Palma que, además de los efectos de la guerra de Ucrania, pasan por la reforma del sistema de financiación autonómica y fondos europeos, entre otros temas.

Unidas Podemos ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Educación y FP del Congreso por la que insta al Gobierno a promover, previo acuerdo con las Administraciones educativas, el acceso al aprendizaje de las lenguas oficiales de España a través de la oferta garantizada en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

Los ‘morados’ proponen que, en el caso de las lenguas propias diferentes el castellano, como son el catalán, el gallego o el euskera, y previo acuerdo con las administraciones educativas, se abra la matriculación en las EOI y se garanticen los cursos en función de un número mínimo de alumnado.

La formación recuerda que existen en España un total de 449 EOI, pero sólo 13 de ellas ofrecen catalán, gallego y euskera fuera de los territorios donde estas lenguas se hablan, y las matriculaciones «no son bajas», según Unidas Podemos.

El grupo pone el ejemplo una Escuela en Madrid donde se ofertan estas tres lenguas. En este centro, el número de alumnos que estudia gallego se mantiene estable, mientras que crecen las matriculaciones para cursar catalán y euskera.

Según señalan, más allá del aprendizaje de otra lengua oficial por placer, sensibilidad o inquietud cultural, la movilidad en cuanto a la ocupación laboral también puede ser un factor determinante para la demanda de aprendizaje.

«España es un estado plurinacional y por tanto rico en su diversidad cultural. Ello también debe quedar reflejado en el fomento de la difusión y el aprendizaje de sus lenguas no solo en los lugares donde se hablan, sino también en el resto del territorio. El acercamiento a otras realidades culturales conlleva una garantía de empatía y riqueza que los ciudadanos sabemos valorar, y debe quedar reflejada, también, en el acceso al aprendizaje de todas las lenguas de nuestro país, ya sean oficiales o propias», afirman.

Las sentencias dictadas en los últimos meses por diferentes tribunales como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo han tumbado algunas sanciones impuestas por el Ministerio de Hacienda contra figuras conocidas como el futbolista Gerard Piqué o la actriz Paz Vega, que habían sido condenados a abonar cifras sustanciales al fisco.

Entre estas últimas enmiendas al departamento que dirige María Jesús Montero se encuentra la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que a finales del pasado año anuló la multa que el Tribunal Económico Administrativo Central, adscrito a Hacienda, impuso al entrenador portugués Jose Mourinho.

En la sentencia, que ha trascendido esta misma semana, los magistrados de la Sección Cuarta dejaron sin validez la sanción tributaria de 571.073,28 euros que fue impuesta al técnico al considerar que la sentencia llegó a un argumento «palmariamente erróneo, contradictorio y falto de la debida motivación».

En esa sentencia, fechada el 23 de diciembre, la Sala aseguró que «las consideraciones contenidas en la resolución» no demostraron la culpabilidad del que fuera entrenador del Real Madrid con respecto a su liquidación tributaria.

Así, y corrigiendo el criterio de Hacienda, los magistrados dejaron claro que «las consideraciones contenidas en la resolución» se limitaban «a describir la conducta objetiva con referencia a la norma aplicable y al resultado». «Mas tales aspectos, por sí solos, no permiten calificar la conducta siquiera como imprudente o negligente», añadían.

LA ANULACIÓN DE LA MULTA A PIQUÉ

Siguiendo en el ámbito futbolístico, destaca otra sentencia también dictada el pasado mes de diciembre en esta ocasión por el Tribunal Supremo, que dio la razón al futbolista Gerard Piqué anulando la multa de 2,1 millones de euros que le impuso Hacienda al concluir que el defensa no simuló contratos para gestionar sus derechos de imagen.

En dicha resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso de casación interpuesto por el futbolista español y a su vez concluyó que las cotizaciones que abonó a la Seguridad Social británica mientras jugaba en el Manchester United contaban como «gasto deducible» del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Con esta decisión, los magistrados condenaron a la Administración a devolver a Piqué las cantidades que se hubieran pagado de forma indebida, con sus correspondientes intereses de demora. El defensa había presentado queja contra un acuerdo de liquidación tributaria dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña por el IRPF de los años 2008, 2009 y 2010, así como contra las sanciones impuestas de 1,4 millones de euros y 678.012,59 euros.

EL TS DA LA RAZÓN A AMANCIO ORTEGA

Saliendo del terreno de juego destaca otra decisión del Alto Tribunal, que el pasado mes de noviembre ordenó a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a devolver al fundador de Inditex, Amancio Ortega, un total de 214.842,82 euros por la liquidación del impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 2014 de su firma de hípica Grilse, absorbida por Pontegadea España.

Los magistrados del Supremo estimaron el recurso presentado por la sociedad propietaria del centro hípico Casas Novas, situada en Arteixo (La Coruña), contra una resolución de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

UNA REBAJA A LA MULTA DE PAZ VEGA

Volviendo a la Audiencia Nacional, el tribunal anuló el pasado mes de noviembre una sanción de 560.409 euros a la actriz Paz Vega, impuesta hace unos años por la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios 2005-2006. Eso sí, la artista debe pagar los 958.329 euros que le reclama el fisco.

En su sentencia los magistrados consideraban que la defensa de la actriz ante este caso era «muy débil», por lo que mantuvo la reclamación de 958.329 euros, pero advertía «falta de rigor» en cuanto al acuerdo sancionador, por lo que lo anulaba.

En cifras sustancialmente superiores a las anteriormente mencionadas destacan los hasta 1.000 millones que el Ministerio de Hacienda tendrá que devolver a Telefónica por cobro excesivo en los Impuestos de Sociedades de los años 2009 y 2010.

La sentencia de la Audiencia Nacional, que fue recurrida por el departamento, no establecía una cifra determinada de pago, pero fuentes jurídicas señalaron que esa cifra sería el máximo que podría recibir el operador en este momento.

Esta sentencia no era la primera sobre el caso, ya que en enero de 2019 Telefónica ya recibió una sentencia favorable que derivó en la devolución de 702 millones de euros.

EL SISTEMA DE SANCIONES DE HACIENDA, DECLARADO ILEGAL

Ya en el ámbito de la Justicia comunitaria, destaca el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado mes de enero declaró ilegal el sistema de sanciones que aplica Hacienda a los contribuyentes que no declaran correctamente y a tiempo sus bienes y activos en el extranjero, al concluir que se trata de una medida «desproporcionada» que contraviene el Derecho de la UE.

En concreto, el tribunal considera que tales multas «establecen una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales» y que, por tanto, contraviene el Derecho de la Unión. El pasado julio, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también consideró ilegal el sistema de sanciones de Hacienda al concluir que se trata de una medida «desproporcionada» que contraviene el Derecho de la UE.

El caso se remonta a 2015, cuando la Comisión Europea decidió expedientar a España por exigir a los contribuyentes residentes que notifiquen las propiedades, cuentas bancarias o activos financieros que tengan en el extranjero. La falta de soluciones llevó a Bruselas a elevar el caso ante la Justicia europea en junio de 2019.

El Ejecutivo comunitario consideró discriminatorias las sanciones previstas por el ‘modelo 720’ porque las multas para infracciones similares a nivel nacional son mucho menores y porque en el caso de los activos en el exterior la sanción puede superar incluso el valor del bien. Una idea en la que coincidió el Tribunal de Justicia de la UE.

El conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña, Josep Maria Argimon, ha explicado que ve un cambio de paradigma en la situación de la pandemia del Covid-19: «No he visto pandemia que dure más de dos años».

Así lo ha explicado en una entrevista en ‘Catalunya Ràdio’, coincidiendo con el segundo aniversario del estado de alarma decretado en 2020 por el Gobierno para frenar los contagios, y ha asegurado que no prevé otras «grandes olas».

Sin embargo, ha recalcado que no da la pandemia por acabada y que esta no acabará de un día para otro, y ha apostado por esperar y analizar el comportamiento del virus en primavera, verano y sobretodo en otoño, «estación habitual de los coronavirus, donde puede ser que crezca y sea más infeccioso».

MASCARILLAS EN INTERIORES

Sobre el uso de las mascarillas en interiores en Cataluña, ha argumentado que «lo más conveniente» es ir retirándolas en espacios interiores cerrados, empezando por los cursos de los alumnos más pequeños en las escuelas y avanzar así progresivamente en bachillerato hasta retirarlas en todos los ámbitos de la sociedad.

«No sé a qué estamos esperando», ha destacado Argimon, que ha explicado que se trata de un decreto del Gobierno y que según él se debería aplicar de manera homogénea en todo el territorio español para evitar incongruencias.

Preguntado por si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará este mismo domingo la retirada de mascarillas en interiores en la Conferencia de Presidentes en La Palma, ha respondido: «Hoy es solo Ucrania. Si hubiese sido una cosa mixta, quizás».

Sin embargo, ha remarcado que será «conveniente» seguir llevándola en ciertos reacios interiores sin ventilación, como en el transporte público o en los centros sanitarios.

CUARTA DOSIS, «NO DESCARTABLE»

Preguntado por una eventual cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19, ha dicho que «no es descartable» que se pueda inocular a los colectivos más vulnerables, aunque deberá aprobarlo primero la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

También ha destacado que confía en que este próximo 23 de abril Cataluña celebre un Sant Jordi como el de 2019 y «normal, porque el del año pasado fue relativamente normal y el de hace dos años fue un drama».

PIDE 1.400 MILLONES PARA «LA INFRAFINANCIACIÓN CRÓNICA»

Si bien ha advertido del cambio de paradigma en la pandemia, también ha recordado que esta ha dejado «retos por abordar, como nuevas olas de resistencia antibiótica», el cambio climático y la crisis de Ucrania, y el impacto que estos puedan tener en el sistema sanitario.

Ante esta situación, ha reclamado 1.400 millones para remediar «la infrafinanciación crónica» del sistema sanitario de Cataluña con el objetivo de blindarlo y atender, por ejemplo, a los refugiados ucranianos, que ha asegurado que tienen garantizado el acceso a la sanidad catalana.

Preguntado por la relación entre los socios de Govern, ha respondido textualmente que está bastante cohesionado y que tiene «las disfunciones normales y lógicas de cada gobierno cuando se tienen que tomar medidas drásticas».

Los socios parlamentarios del Gobierno de coalición han decidido presionar al Ejecutivo sometiendo a votación el martes en el Pleno del Congreso su propia fórmula para que los tribunales españoles puedan juzgar los crímenes del franquismo.

En concreto, la Cámara tendrá que decidir si tramita una proposición de ley registrada en 2020 por ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, habituales aliados gubernamentales, auspiciada también por Junts, la CUP y el BNG.

Lo que plantean estos partidos es incorporar al Código Penal «una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español para que a las víctimas de la dictadura y sus familiares les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».

En concreto, según consta en el texto, demandan la introducción de un artículo 2 bis para dejar claro que lo previsto en el Código Penal «no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos de genocidio, lesa humanidad, y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado».

Y LA LEY DE MEMORIA SIGUE ‘CONGELADA’

Estas formaciones han optado por llevar este asunto al Pleno mientras se mantiene ‘congelada’ la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática, que el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2021.

El texto superó las enmiendas de totalidad que registraron el PP, Vox y ERC en octubre. Los republicanos, que ya votaron en contra de la vigente Ley de Memoria en 2007 y consideran muy insuficiente la ley del Gobierno, llegaron a registrar un texto alternativo que también fue rechazado.

Pese a la oposición frontal de uno de sus socios en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos, que tienen mayoría en la Mesa de la Cámara, decidieron no prorrogar más el plazo para la presentación de enmiendas parciales y éstas se a finales de noviembre.

Los dos partidos que integran el gobierno de coalición acordaron un paquete de enmiendas conjuntas para mejorar la ley y dar cabida a algunas de las reclamaciones de Unidas Podemos, que siempre ha defendido la necesidad de garantizar que los crímenes del franquismo puedan ser juzgados en España, lo que hasta ahora ha sido imposible por la Ley de Amnistía de 1977.

En este contexto, pactaron una enmienda para recalcar que aquella norma, clave en la Transición, se debe interpretar y aplicar conforme al Derecho internacional en particular, el humanitario, según el cual «los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

DISTINTAS INTERPRETACIONES

Desde Unidas Podemos se aseguró que esa redacción abría la puerta a juzgar por ejemplo a torturadores franquistas, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a reconocer que no tendría en realidad efectos prácticos porque no deroga la ley del 77 sino que, al contrario, ratifica su vigencia y reafirma que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales

Lo que persiguen los socios del Gobierno es que sea el propio Código Penal el que garantice el juicio y la condena de los actos o omisiones que en el momento de su comisión constituían según el Derecho Internacional, delitos de genocidio y lesa humanidad.

La fórmula para abrir la puerta a juzgar los crímenes franquistas que acordaron los integrantes del Gobierno de coalición soliviantó a ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, acusó al Gobierno de haber intentado «vender humo» con esas modificaciones y dejó claro que las víctimas no encontraran respuestas a sus demandas en la Justicia española mientras no se toque la Ley de Amnistía.

Tras la polémica, el PSOE optó por ‘congelar’, la tramitación de la ley, que sigue hibernando en el Congreso desde entonces, a la espera de recabar apoyos para poder llegar con un acuerdo avanzando a la ponencia donde se debatirán las enmiendas.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha apostado por hallar una solución para que los afectados por la erupción del volcán de La Palma que perdieron su vivienda no tengan que seguir pagando la hipoteca de la misma.

En una entrevista a Televisión Canaria, ha explicado que por este motivo, el Gobierno ha vuelto a suspender el pago de las obligaciones de las personas que tuvieran créditos, hipotecas o préstamos.

«Tenemos que encontrar la fórmula para satisfacer a estas personas que están pagando una hipoteca de una casa que ha sido destruida. Creo que con las indemnizaciones del consorcio, la compensación de seguros o las ayudas, que se han aumentado a 100.000 euros por vivienda, tenemos que poder lograr un punto en el que nadie sienta que sigue pagando una hipoteca de una casa que ya no tiene», aseguró.

Por su parte, Bolaños resaltó que el Gobierno está demostrando «con hechos» que estará con los palmeros hasta el final de la reconstrucción. «El mismo día de la erupción, el 19 de septiembre, el presidente ya estaba en La Palma porque nos dimos cuenta de lo que eso iba a significar», apuntó.

De igual modo, recordó que el volcán se ha llevado por delante proyectos de vida, casas, plantaciones, negocios… «y lo que hicimos fue entender que lo que había que hacer era apoyar mucho a la isla».

«Y lo estamos haciendo –continuó–. Estamos consiguiendo un paquete de medidas muy importante y ambicioso. Ya hemos movilizado más de 330 millones de euros».

Al respecto, el ministro hizo especial hincapié en que para hacerse una idea de cuál es la magnitud de esta cifra hay que recordar que el presupuesto anual del Cabildo de La Palma es de 180 millones de euros. «Prácticamente estamos en el doble y lo hemos puesto en cinco meses», aseveró.

«Igual ahora la isla no es la noticia de portada porque han ocurrido unos hechos que son muy tristes en Ucrania –agregó– pero nosotros seguimos trabajando y lo vamos a seguir haciendo hasta que la vida se normalice en todas las personas afectadas».

Sobre las peticiones de una mayor agilidad en las ayudas por parte de los afectos, Bolaños ha dicho que es normal que cualquier tiempo les parezca mucho. «Pero es que estamos batiendo récords de agilidad. Nunca en la historia se han otorgado ayudas tan rápido. Nunca con tanta agilidad», finalizó.

El agravamiento de la crisis económica como consecuencia de la guerra de Ucrania centrará la próxima semana el grueso de las preguntas que la oposición formulará al presidente Pedro Sánchez y varios miembros de su Gobierno en la sesión de control del Congreso.

La portavoz del Grupo Popular y coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, exigirá al jefe del Ejecutivo que dé ejemplo ante el incremento de la crisis económica por la guerra de Ucrania, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, le reclamará que deje de crear «miseria» y dimita.

«¿Cómo va a dar ejemplo ante los sacrificios que exige a los españoles?», reza textualmente la pregunta registrada este jueves por Gamarra para el que será su segundo ‘duelo’ con el jefe del Ejecutivo, desde que ha sustituido en estas lides al todavía presidente del PP, Pablo Casado.

De su lado, Abascal emplazará al presidente del Gobierno a detallar en el hemiciclo «cuánta ruina y miseria va a traer a España antes de dimitir».

También se dirigirá al presidente del Gobierno la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, quien quiere saber si el Ejecutivo tiene previsto algún plan específico para Canarias ante el aumento de la inflación y de los costes energéticos y del transporte.

EL PP REPARTE JUEGO

El PP ha hecho cambios en su alineación para esta segunda de sesión de control tras el paso al lado dado por su aún presidente, Pablo Casado. Aunque Gamarra repite interrogando a Sánchez, como hará hasta la celebración el 1 y 2 de abril del congreso nacional del partido, los encargados de dirigirse a las vicepresidentas varían respecto a los de la semana anterior.

Esta vez marcará a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la encarga de estos temas en ‘Génova’, la exministra Elvira Rodríguez. De su lado, a la portavoz de Hacienda, Carolina España, se le ha adjudicado el ‘duelo’ con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para que diga cómo piensa garantizar el «poder adquisitivo de los trabajadores durante la guerra de Ucrania».

En concreto, Rodríguez intentará que Calviño detalle qué papel juega la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en la «profunda crisis» actual. También quiere debatir con la ‘número dos’ del Gobierno el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en su caso para que explique en qué consiste la «política económica moderada» que dice estar aplicando, mientras que Edmundo Bal, de Cs, busca que concrete qué está haciendo para «aliviar» la inflación a familias, empresas y trabajadores.

CIERRE DE EMPRESAS

A la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dirigido su pregunta el diputado de Compromís, Joan Baldoví, interesado en saber cómo prevé paliar el cierre de industrias valencianas del sector azulejero y textil ante la subida del precio de la luz y el gas.

Dos preguntas de tenor similar pero relativas a toda España se han presentado para la titular de Industria, Reyes Maroto. Desde el PP, Diego Gago, aspira a que desvele qué ha hecho para «amortiguar» las consecuencias de la crisis, mientras que el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, busca que anticipe cuáles tiene en cartera para hacer frente a la «cascada» de paradas y cierres de empresas que se avecina.

El PNV por su parte, intentará que el ministro de Agricultura, Luis Planas, aclare si apostará por una revisión de la Política Agraria Común (PAC) para adaptarla a las consecuencias del conflicto en Ucrania, gran exportadora de cereales.

El PP ha registrado también una pregunta con el fin de que la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, avance «cuándo va a implantar medidas para mitigar el incremento de la cesta de la compara en vez de seguir peleándose con sus compañeros del Consejo de Ministros».

Además, en la sesión de control del miércoles se formularán dos interpelaciones relativas a las consecuencias de la crisis de Ucrania. Una del PP sobre el plan económico anunciado por Pedro Sánchez tras el estallido del conflicto bélico y otra del PNV para que Maroto concrete qué tiene en mente ante el recrudecimiento de la crisis energética y de materias primas. Ambas darán lugar a sendas mociones que se votarán en el Pleno de la semana siguiente.

El Gobierno de coalición repartió durante 2021 cerca de 400.000 euros en subvenciones entre nueve fundaciones vinculadas a partidos políticos, concretamente al PSOE, PP, Podemos, Vox, IU, PNV y Bildu para cubrir los gastos de su funcionamiento.

Estas ayudas se asignan en función de la representatividad electoral cosechada por los partidos con representación parlamentaria, por lo que las fundaciones socialistas se llevaron casi 150.000 euros, alrededor del 36% del total.

Así consta en una respuesta parlamentaria con la que el Ejecutivo atiende una petición de Vox para saber las subvenciones recibidas por cada fundación o asociación de los 500.000 euros presupuestados en 2021, que supusieron 50.000 euros más de lo que recogían las cuentas públicas de 2019.

A LA CABEZA EL PSOE CON MÁS DE 127.000 EUROS

Según el reparto de fondos estatales que gestiona el Ministerio de Cultura, nueve fueron las entidades beneficiarias de estas ayudas, empezando por la Fundación Pablo Iglesias, a la que le correspondieron un total de 127.533,15 euros. También recibió 16.897,99 euros la Fundación Rafael Campalans, del PSC.

De su lado, la Fundación Concordia y Libertad, vinculada al PP, percibió los 105.940,03 euros que correspondían al PP. En el reparto ya no participa la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES) de José María Aznar, que en 2016 decidió desvincularse del partido y renunció a este tipo de ayudas.

Por su parte, la Fundación Disenso, de Vox, recibió 77.762,98 euros, mientras que el dinero que correspondía a entidades de Unidas Podemos fue a parar a la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, de Podemos, que obtuvo 37.481 euros, y la Fundación para la Europa de los Pueblos, de Izquierda Unida (IU), con 14.730 euros.

DOS FUNDACIONES DE BILDU

Por último, el Gobierno dotó con 8.059,20 euros a la Fundación Sabino Arana, del PNV, y con 5.903,41 euros a dos fundaciones de la federación de EH Bildu, la Iratzar de Sortu, que obtuvo 4.427,56 euros, y la fundación Alkartasuna, de Eusko Alkartasuna (EA), que se llevó 1.475,85 euros.

En el reparto de 2021 no participó Ciudadanos, que entonces no tenía ninguna fundación vinculada. Recientemente han cambiado de política y ya se anunció la creación de la Fundación Liberales que dirigirá el diputado Guillermo Díaz.

El secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, inaugura este lunes las nuevas instalaciones en Tarragona del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, unas competencias que despiertan recelos en sectores de este cuerpo por los planes de la Generalitat para desplegar patrulleras de los Mossos d’Esquadra.

Según ha informado Interior, en el acto participará también la delegada del Gobierno en Cataluña, María Eugènia Gay, así como la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el jefe de la Zona de la Guardia Civil de Cataluña, general de brigada José Luis Tovar.

En concreto, la previsión del acto incluye una visita a las nuevas instalaciones y embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Tarragona, que comprenden un edificio de dos plantas y la zona de atraque.

RECELOS DE SECTORES DE LA GUARDIA CIVIL

Asociaciones profesionales de la Guardia Civil volvieron a criticar el pasado mes de octubre que el PSOE y sus socios parlamentarios frustraran en la Comisión de Interior del Congreso un nuevo intento de frenar el plan de la Generalitat de convertir a los Mossos d’Esquadra en una policía con competencias marítimas, en detrimento de la Guardia Civil.

Vox, PP y Ciudadanos ven un «conflicto competencial» silenciado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que lo relacionan con el apoyo de partidos independentistas y nacionalistas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró en una interpelación urgente que las competencias están ya delimitadas y existe coordinación entre cuerpos policiales.

El Instituto Armado, según sostiene el titular del Interior, es el único con competencias de policía judicial y los Mossos asumen funciones administrativas. En la práctica, según explican fuentes policiales, esto supone que la policía catalana puede actuar tan sólo en aquellas cuestiones que son susceptibles de ser sancionadas administrativamente, en ningún caso si mediara delito penal.

El problema, según otras fuentes, es que muchas de las intervenciones se derivan desde el servicio de emergencias 112, que depende de la Administración catalana y en cuya sala no hay representación por parte de Guardia Civil ni Policía Nacional, de ahí que surjan conflictos en la práctica ante la activación de los cuerpos policiales.

El choque de competencias se remonta a 2008, cuando los Mossos crearon una unidad acuática para patrulla marítima a semejanza de los GEAS de la Guardia Civil. En 2019, la Comisión Nacional de Policía Judicial abordó la cuestión como órgano de coordinación reglado que agrupa al Consejo General del Poder Judicial, los ministerios de Interior y Justicia, la Fiscalía General del Estado y los departamentos de Interior con competencia en la materia, es decir Cataluña y País Vasco.

A finales de agosto, el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, presentó en el Port de la Selva (Girona) una nueva embarcación con la intención de añadirla a las que ya están patrullando para facilitar el «despliegue operativo de la Policía Marítima a lo largo del litoral catalán».

SERVICIO FISCAL Y DE POLICÍA JUDICIAL

Fuentes de Interior han recordado que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil realiza funciones de policía administrativa, servicio fiscal y de policía judicial en el mar territorial de España desde 1991. En la provincia de Tarragona el Servicio Marítimo se implantó en el año 1997.

Las nuevas instalaciones del Servicio Marítimo en Tarragona se ubican en el muelle Cantabria y cuentan con una superficie de casi dos mil metros cuadrados, que incluyen la zona de atraque de las embarcaciones. El Instituto Armado en esta provincia se organiza en dos compañías -Salou y Tortosa- y once puestos. La Comandancia cuenta actualmente con casi 550 agentes, que se distribuyen en varias unidades de especialistas.

Antes de esta inauguración, la delegada del Gobierno en Cataluña, María Eugènia Gay –quien relevó en el cargo a mediados de enero a Teresa Cunillera–, fue recibida el pasado jueves en la sede de Interior por el ministro Grande-Marlaska.

Fuentes de Interior señalaron que se trató de una reunión productiva, la primera que mantienen desde el nombramiento de Gay, y en la que, entre otros asuntos, han abordado el impulso de los acuerdos alcanzados con la Generalitat en la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada el pasado mes de noviembre.

Especialmente, se centraron en todo lo relativo al refuerzo de la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Mossos D’Esquadra. También trataron los procedimientos puestos en marcha para la acogida de los desplazados por la guerra en Ucrania, según las citadas fuentes.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reclamado a EH Bildu «realismo» en la elaboración de la futura Ley vasca de Educación, y ha advertido a la coalición soberanista que no se hará «su reforma educativa para unos pocos».

En una entrevista concedida a El Correo, el dirigente socialista afirma, además, que nunca ha tenido la intención de «generar tensiones» con el PNV, aunque «puede que algunos solo aspiren a que todo el mundo piense como ellos».

Tras indicar que la aspiración del PSE es liderar Euskadi, reconoce ser consciente de que es algo «que no va a ocurrir ni a corto ni a medio plazo» e insiste en que «no hará lehendakari a un candidato de Bildu mientras no den los pasos que deben».

Respecto a la reforma educativa, recuerda que la anterior ley educativa la impulsó Fernando Buesa y lleva vigente 30 años, así que apuesta por «buscar la excelencia, porque nos va el futuro en ello».

En esta línea, dice no tener «ninguna duda» de que la intención de Bildu es llevar a Euskadi a «un modelo de inmersión lingüística». «Cuando dicen que no entienden nuestro marco trilingüe, realmente lo que quieren decir es que no les gusta», añade.

A su juicio, el problema del euskera no está en los colegios y en su aprendizaje, sino que «está fuera, en su falta de uso» y defiende que la apuesta por implantar tres lenguas vehiculares «no va en detrimento de lo que hay ahora, sino que es un marco plurilingüe en el que caben los diferentes modelos». «Ya estableceremos cómo adaptarlos, pero tenemos claro que el castellano y el inglés también deben ser lenguas vehiculares», argumenta.

Andueza afirma así que «la idea es que el euskera siga teniendo el protagonismo». «Pero no queremos que sea utilizada como elemento arrojadizo o diferenciador. Mientras se enfoque como la lengua de unos pocos, tendremos un problema», advierte.

En su opinión, lo ideal sería obtener un gran acuerdo y que fuera «la norma de todos», y subraya que «la negociación está abierta». «Todos tendremos que dejar pelos en la gatera, pero el modelo trilingüe que hemos pactado con el PNV es fundamental y negar el peso de lenguas como el inglés en un mundo global es estar fuera de la realidad. Yo le pediría realismo a Bildu, porque no vamos a hacer ‘su’ reforma educativa para unos pocos. La mayoría la tenemos otros», reivindica.

NUEVO ESTATUS

Respecto al debate sobre el nuevo estatus, recuerda que el registro del Parlamento está abierto 24 horas al día, por lo que «el que quiera activar la ponencia de Autogobierno, tiene claro lo que debe hacer».

«Yo insisto en que no me parece el momento oportuno porque las incertidumbres siguen siendo muy grandes. No hemos dejado atrás aún la pandemia y no sabemos las consecuencias socioeconómicas que va a tener la crisis de Ucrania», alerta.

Según indica, los socialistas no se van a negar a debatir, pero «tendrán que explicar si lo que quieren es reformar el Estatuto o enfrascarse en otro debate identitario, cuando no sabemos ni lo que va a pasar con el país».

La presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, Francina Alsina, ha afirmado que revertir la pobreza en Cataluña a largo plazo dependerá de que el Govern sea «suficientemente valiente para romper con la dinámica de las políticas sociales que hemos tenido hasta ahora».

En una entrevista, Alsina ha destacado que los dos años de pandemia han incrementado hasta casi el 30% las personas en situación de pobreza y exclusión social en Cataluña –en referencia a las últimas cifras del informe Foessa– y ante esta situación ha dicho: «Las buenas palabras se tienen que dejar de lado, tenemos que pasar a la acción».

Para Alsina, no hay que «parcelar» tanto las pobrezas porque cree que los conceptos como pobreza infantil o energética quitan importancia al hecho de la pobreza, y, a su juicio, la vivienda y el salario dignos son dos pilares imprescindibles para revertir esta situación.

«El tercer paso es que ayudas como la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital funcionen de verdad», ha sostenido la responsable de la Taula, quien ha lamentado la incompatibilidad de estas con otras ayudas, la falta de coordinación entre Gobierno y Generalitat, la falta de cobertura y la dificultad para pedir estos subsidios.

Ha argumentado que críticas hacia las rentas básicas como –textualmente– ‘que tendremos una sociedad de vagos’ son fruto de la «propaganda nefasta» y del desconocimiento de la gente porque, según ella, las personas quieren trabajar y poder elegir qué hacer en su vida con dignidad.

También sobre las ayudas sociales, ha insistido en que se actualice el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC): «Si todas las prestaciones toman como baremo un dato de 2010, nunca será real, nunca saldremos adelante. A la persona, no le estás cubriendo las necesidades».

LEY DEL TERCER SECTOR

Ha reclamado una ley del tercer sector porque ha asumido que la administración «no puede llegar a todo» y ha pedido que se les reconozca su función de servicio público para poderla desarrollar con estabilidad.

Alsina ha explicado que quieren entrar esta propuesta legislativa en el Parlament ahora que ya cuentan con el visto bueno de todos los partidos de la cámara, tras «haberla trabajado con todo el sector» en un proceso en el que ha habido renuncias y generosidad por parte de muchos ámbitos, en sus palabras.

TAULA Y GENERALITAT

Sobre el papel del Govern, ha valorado que haya sensibilidad y que se cuente con unos presupuestos más sociales, aunque no tanto como dice que querrían desde la Taula, y ha recordado que hay que trabajar para adelantar en el calendario las resoluciones de subvenciones a fin de dar ‘estabilidad’ a las tesorerías de las entidades.

El tercer sector también ha reclamado que pueda estar presente en las partidas de los Fondos Europeos Next Generation de todos los departamentos porque «su tarea es transversal» y quieren poder acceder a las líneas económicas de Salud, Investigación y otros, además de los fondos de Derechos Sociales –a los que ya tienen acceso–.

AUMENTO DE LA SOLIDARIDAD

Con todo, la presidenta de la Taula ha celebrado que la población civil «ha sido y es muy generosa» y, en concreto, el ingreso de los nuevos voluntarios como gente joven y estudiantes que se dedicaron a tareas sociales durante el confinamiento y que se han mantenido, según las impresiones que la Federació Catalana de Voluntariat Social ha trasladado a la Taula.

Desde la entidad, también han percibido un incremento de la responsabilidad social corporativa de las empresas, sobre todo hacia las entidades más granes, y han reivindicado la pedagogía hecha por la Taula en este sentido: «Nos tenemos que implicar todos», ha zanjado Francina Alsina.

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha considerado que hay un «embate premeditado» por parte del sistema judicial contra la inmersión lingüística que comporta, según él, un ataque constante a los derechos de la ciudadanía, especialmente a los de las clases más populares.

En una entrevista del diario ‘Nació Digital’, ha sostenido «que allí donde no son capaces de llegar las derechas a través de las urnas lo intente hacer la justicia mediante las sentencias, habla poco de la calidad democrática de este país», y ha pedido reformas.

Ha defendido que «no se ha roto la convivencia en Cataluña» y que la sociedad es consciente de la importancia de tener competencias en catalán y en castellano.

También ha alertado de que «los independentistas más excluyentes se equivocan cuando intentan politizar la lengua» y ha defendido que el modelo de inmersión lingüística se ha mantenido porque emerge de una transversalidad muy amplia.

Ha atribuido la huelga convocada por la comunidad docente a partir de este martes a que el adelanto del curso escolar «se ha hecho sin diálogo», y ha pedido una nueva ley de Educación que impida realizar cambios importantes sin consultarlo con el Consejo Escolar de Cataluña.

También ha afeado a la Conselleria de Educación de la Generalitat que haga una «gestión privatizadora» y ha sostenido que en estos últimos años ha habido recortes que han afectado a la atención individualizada del alumnado, lo que, según él, también va en contra de la inmersión lingüística.

La Audiencia Nacional juzga a partir de este martes a Manuel Murillo, el hombre acusado de organizar una ‘operación Valkiria’ en España para terminar con la vida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un asesinato que tenía como finalidad «forzar un cambio en la vida política en el país».

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía de Área de Terrassa solicita hasta 18 años y seis meses de prisión para el individuo que «alcanzó la convicción personal» de atentar para «derrotar» al gobierno socialista. En total, 11 años y medio por un delito de homicidio en grado de proposición y 7 años de cárcel por un delito de depósito de armas y municiones de guerra.

Sin antecedentes penales, Murillo era integrante de ‘Terrassa por España’, un grupo de Whatsapp que reunía a un número indeterminado de personas afines a ideología política nacionalista y conservadora a las que, en su mayoría, no conocía personalmente.

Sus primeras intervenciones en ese foro se produjeron en el verano de 2018, cuando el Gobierno inició los trámites para exhumar del Valle de los Caídos al dictador Francisco Franco. «No podemos permitir que humillen al generalísimo (…) Es una venganza por haber perdido la guerra», aseguró entonces.

«SI TOCAN A FRANCO SUGIERO QUE EMPIECE LA GUERRA»

Ya en ese momento, el acusado lanzó sus primeros avisos: «Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se me acercan disparo. Si tocan a Franco sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor (…) Y esta vez no dejaremos ni uno».

Ante los avances en el proceso que terminó con los restos de Franco fuera del monumento situado en la carretera de Guadarrama, Murillo expresaba sus deseos de tener al jefe del Ejecutivo «en el punto de mira». Su sueño, «volver al oeste del far west con un revolver en el cinto» o con una ametralladora MG42 en su defecto. «Así se limpia de mierda más rápido», añadió.

El acusado, que negaba que Franco iniciase la guerra y atribuía la culpa a los «socialistas, independentistas y comunistas», fue fraguando, según el fiscal, «un discurso de rechazo» contra Pedro Sánchez que fue derivando en un «deseo expresado de forma explícita» de ejecutar un magnicidio.

«Al Sánchez hay que ir a cazarlo como un cuerno (ciervo) y poner la cabeza en la chimenea. Tantos cazadores en España y ninguno tiene cojones. Solo matan pobres animalitos que no rompen España, a este si que hay que cazarlo», sostenía en sus mensajes en el citado chat.

SU «MAYOR ILUSIÓN, METER» A SÁNCHEZ BAJO LA LÁPIDA DE FRANCO

Murillo, que aseguraba que su «mayor ilusión» era «meter al traidor de Sánchez debajo de la lápida de Franco», reconoció que «quizás» estaba «hablando mucho». Esos excesos verbales, sin embargo, salían de su «corazón».

Su «solución» ante lo que consideraba problemas serios para el país era «un alzamiento nacional aunque parezca de locos». «Si no tendremos que ir de francotiradores anónimos cargándonos a esos hijos de puta poco a poco (…) Todo ha de estar bien planeado para que salga bien, o sea necesito ayuda», afirmó.

Fue en ese momento cuando Murillo comenzó a solicitar «de forma pública y privada» colaboración para llevar a cabo su proyecto, estableciendo contacto con varias personas y consciente de que para «volar cabezas» había de haber «más organización» con tal de causar «terror».

En una de esas conversaciones, el acusado expuso sus intenciones: «Es un plan para acabar con el gobierno que hay, pero no quiero que lo sepa nadie, solo los justos. Es algo como en la Segunda Guerra Mundial fue Valkiria (el frustrado intento de asesinato de Adolf Hitler). Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez antes de que del todo hunda a España. No harían falta guerras».

LE DABA PENA «CAZAR Y MATAR POBRES ANIMALES»

Murillo, que se consideraba «bastante bueno en competiciones» de tiro, anunció a uno de sus pretendidos colaboradores que le daba pena «cazar y matar pobres animales». «Pero tal como está todo para salvar España no me daría pena hacer lo dicho», aseguró.

De la intervención de sus comunicaciones también se desprende que si el acusado insistía en buscar ayuda era porque reconocía sus limitaciones. «No tengo nada de internet, soy antiguo, solo se pegar tiros», dejó escrito.

Fue su interlocutora en estos últimos mensajes la encargada de denunciar su plan, lo que derivó en la detención de Murillo el 19 de septiembre de 2018. A la espera del juicio, fijado para este martes y miércoles, el acusado se encuentra en prisión desde el 21 de septiembre de ese mismo año.

El día de su detención, los agentes localizaron en su vehículo una pistola, una carabina, un puñal y varios útiles para la práctica del tiro. Además, en su domicilio los investigadores también hallaron varios revólver, una escopeta, un fusil de asalto y una ballesta artesanal. Adicionalmente, incautaron gran cantidad de munición y varios artefactos explosivos.

La consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Victòria Alsina, ha defendido que Catalunya «debe ser un actor solidario» además de buscar reconocimiento internacional, por lo que destinará cuatro de cada diez euros del presupuesto de su departamento a cooperación.

En una entrevista en el diario ‘La Vanguardia’, ha explicado que el aumento de los recursos de su Conselleria se destinarán a «las delegaciones, ofrecer ayudas, asesoramiento y subvenciones para estar al servicio de las entidades y empresas catalanas».

Preguntada por la voluntad del Consell per la República (CxRep) de asumir la acción exterior catalana, ha defendido «construir una lógica de colaboración» con las entidades, entre las que también ha hecho referencia a Òmnium y la Plataforma per la Llengua.

Ha sostenido que las relaciones de Catalunya con la Unión Europea «se tenían que recuperar y normalizar» y ha tildado de inconcebible que no hubiera reuniones, según ella, desde el 2015.

UCRANIA

La consellera ha instado a la UE a «tener un rol más activo en la intermediación del conflicto» de la invasión rusa en Ucrania y ha destacado la figura de la excanciller alemana Angela Merkel como una figura que, en sus palabras, podría ser respetada por todas las partes.

«Echo de menos un rol más importante de la negociación, la diplomacia y la mediación», ha afirmado, a pesar de apoyar las sanciones interpuestas contra Rusia y el envío de armas a Ucrania.

También ha explicado que hay interlocución directa con los ministerios implicados en la acogida de los refugiados ucranianos, a los que «se les está dando papeles para trabajar y derechos como si fueran ciudadanos de la Unión Europea».

JJ.OO Y LEY ELECTORAL

Alsina ha informado de que su proyecto para impulsar una nueva ley de participación «no llegaría a tiempo de resolver» la consulta de los Juegos Olímpicos de Invierno Barcelona-Pirineos 2030, que ha dicho que tiene una arquitectura local complicada.

Ha explicado que ha «promovido conversaciones» para formular una nueva ley electoral y ha dicho que de no ser posible, propondrá una ley de actualización y modernización del sistema electoral.

GOVERN DE ERC-JUNTS

Preguntada por la relación entre ERC y Junts en el Govern, ha afirmado que el Ejecutivo «funciona bien cuando se trata de poner sobre la mesa las prioridades del país» y ha calificado de crisis y episodio aislado la diversidad de posiciones respecto a la mesa de diálogo con el Gobierno.

Ha sostenido que le «parece razonable» la asistencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la Conferencia de Presidentes este domingo en La Palma y lo ha achacado a una situación de urgencia y excepcionalidad, con cuestiones como Ucrania o como fue el impacto de la pandemia sobre la mesa.