Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que, entre otras cosas, propone realizar una auditoría de las Administraciones Públicas con el objetivo de identificar los organismos públicos «ineficientes e innecesarios» para poder eliminarlos.

Los de Santiago Abascal llevan esta iniciativa al Congreso a través de una proposición no de ley en la que arremeten contra el planteamiento del Gobierno de descentralización de las nuevas sedes de organismos públicos, cuyo plan fue aprobado en febrero por el Consejo de Ministros.

Según el texto de la iniciativa, Vox pide una «reflexión profunda» sobre la situación de las Administraciones Públicas ante el plan de descentralización del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para ello, reclama una auditoría que identifique las «carencias existentes» en las Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito nacional, «bajo el prisma del uso responsable del dinero de los contribuyentes».

«CRECIMIENTO ELENFTIÁSICO»

«La propuesta de un procedimiento para determinar el lugar de las sedes de nuevas entidades del sector público estatal exige el planteamiento de una cuestión previa sobre el crecimiento elefantiásico de las Administraciones Públicas, particularmente en el ámbito regional desde el inicio del llamado Estado de las Autonomías», reza el texto de la proposición no de ley.

Ante esto, Vox quiere forzar al Congreso a posicionarse sobre este asunto a través de esta proposición no de ley, en la que también piden someter a consulta del Consejo de Estado el procedimiento de selección de nuevas entidades del sector públilco estatal.

En esta línea, también quieren instar al Consejo de Estado a elaborar un estudio pormenorizado del actual estado de las Administraciones Públicas para registrar, «bajo su criterio jurídico e independiente», qué organismos públicos son ineficientes e innecesarios en su función de servicio a la sociedad española.

Por último, sobre el plan del Gobierno aprobado en el Consejo de Ministros del 1 de febrero, Vox reclama modificar las directrices aprobadas con el objetivo de que se retire la potestad del Consejo de Ministros en la «incoación y cierre del proceso» para ceder la facultad de designar la sede de una entidad pública estatal de nueva creación a un órgano estrictamente técnico.

El Defensor del Pueblo ha criticado que el 2021 haya concluido sin aprobarse e iniciarse la tramitación parlamentario del proyecto destinado a solventar las dificultades de acceso de determinados grupos de personas a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, principalmente extranjeros residentes legales por reagrupación familiar o en situación de estancia temporal, pero con circunstancias de grave vulnerabilidad social.

Al respecto, destaca que el Ministerio de Sanidad ha efectuado un trámite de consulta pública, describiendo las características del anteproyecto en el que está trabajando mientras que se ha continuado pidiendo información sobre los progresos realizados.

Entre los propósitos de la reforma normativa, que contempla la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia en el anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, se situaría el garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud y ampliar los derechos de población actualmente no incluida.

«Concretamente se cita la intención de reconocer el derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos al colectivo formado por los ascendientes de nacionalidad extracomunitaria reagrupados por sus hijos con nacionalidad española y que, hasta ahora, se ven obligados a contratar un seguro de enfermedad, público o privado, para obtener el permiso de residencia en España», explica el Defensor del Pueblo en el Informe Anual del Defensor del Pueblo de 2021.

En caso de salir adelante la propuesta, esto evitaría la necesidad a personas extranjeras de suscribir un convenio especial de prestación de asistencia sanitaria, que para la comunidad migrante de 65 o más años tiene un coste anual de 1.884 euros y no cubre la prestación farmacéutica ambulatoria.

Además, El Defensor del Pueblo afirma que ha iniciado un número creciente de actuaciones ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para esclarecer las circunstancias por las que no se reconoce este derecho a algunas personas extranjeras y también señala que se están tramitando otras quejas ante la misma entidad gestora por las dificultades para solicitar el reconocimiento que encuentran algunas personas españolas, quienes, por su situaciónde no afiliación al sistema de Seguridad Social o por su condición de beneficiarios de otros titulares no registrada adecuadamente, se ven en la obligación de tramitar una solicitud, con las dificultades además de acceso a los servicios de la Seguridad Social.

«Hay que recordar que, mientras el INSS no dicta resolución de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, la atención sanitaria que se presta a los solicitantes puede ser objeto de facturación por parte de los centros hospitalarios que les atienden, como está previsto en el artículo 16 de la Ley General de Sanidad», expone El Defensor del Pueblo.

Por último, concluye que, tras la reforma legislativa de 2018, además, no quedan cubiertas algunas situaciones de más vulnerabilidad, incluidas la asistencia prestada a menores de edad,mujeres embarazadas o la atención prestada de urgencia. «Sin perjuicio de que se produzca a la mayor brevedad la revisión normativa ya apuntada, las resoluciones en las que el INSS reconoce el derecho a la asistencia sanitaria habrían de cursar efecto, entodo caso, desde la presentación de la solicitud», apostilla.

Podemos ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de las organizaciones agrarias que se manifestarán el próximo domingo y urge a tomar medidas en el corto plazo de cara a garantizar las «rentas ganaderas y agrícolas» con una estrategia que debe implicar a todo el Gobierno, no solo al Ministerio de Agricultura.

Por otro lado, ha reprobado a los sectores «más reaccionarios» que traten de utilizar demandas de los colectivos como «ariete contra el Gobierno de coalición», en alusión a la protesta convocada por Vox este sábado.

«En los momentos más difíciles hay quien, en vez de mantener una actitud leal, utiliza el descontento, totalmente legítimo de un sector, al que hay que escuchar, atender y dar certidumbre, para intentar tumbar al Gobierno», ha señalado la formación morada en un comunicado.

Podemos ha expresado que el sector primario es «estratégico clave» que garantiza la seguridad alimentaria de la población, especificando que las dificultades estructurales que atraviesa duran ya décadas y se han visto agravadas por la crisis de Ucrania.

De esta forma, apoya «todas y cada una de las reivindicaciones» de las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes que se manifestaránen Madrid.

Y en esta línea piden impulsar medidas a corto plazo que «alivien inmediatamente» la economía de las familias ganaderas, con propuestas que avancen hacia el cambio de modelo que el sector necesita.

FORTALECER LOS SEGUROS AGRARIOS

«Es urgente garantizar las rentas agrarias y ganaderas porque son una pieza clave de nuestros pueblos, ya que son las que vertebran al mundo rural. No se puede hablar de lucha contra la despoblación si no se fortalece al sector primario», ha apuntado.

Y en esa línea defiende que el Gobierno en su conjunto es el que «debe poner encima de la mesa todas las herramientas necesarias que permitan fortalecer el sector y garantizar que sea una opción de futuro para los jóvenes», dado que no debe olvidarse la emergencia climática que genera escasez de agua, recurso que debe repartirse en atendiendo a criterios sociales.

También apuesta la formación morada por «fortalecer y mejorar» los seguros agrarios, que en estos momentos excepcionales son «la salvaguarda de las explotaciones familiares», junto a garantías de condiciones laborales dignas para las trabajadoras del campo.

Finalmente, ha recalcado que las justas reivindicaciones del sector «no deberían diluirse» a la utilización que hacen los sectores reaccionarios.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este viernes que la situación por la huelga de transportes «sigue siendo complicada», al tiempo que ha cifrado en más de 5.600 los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que «están intentando normalizar una situación que en cinco días ya está provocando gravísimos perjuicios», con una dedicación «al 100% a este conflicto en nuestras carreteras».

Así lo ha indicado el delegado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión constitutiva de la comisión interadministrativa para coordinar la recepción de refugiados provenientes de Ucrania, quien ha añadido que la noche «ha sido más tranquila», ya que las incidencias que se ha producido «han tenido más que ver con la ralentización del tráfico en vías principales como la A-7, la ronda de circunvalación de Sevilla o la A-92».

Ha informado de que «se están haciendo bastantes operaciones de acompañamiento a convoyes con alimentos o materias básicas que son primordiales, y que están siendo custodiadas a demanda de las empresas operadoras que lo requieren para poder salir y llegar a destino». Así, ha dicho que esta mañana «un convoy con 102 camiones de pienso y leche ha salido escoltado por la Guardia Civil».

Ha informado de que «son más de 5.600 los agentes entre Guardia Civil y Policía Nacional –3.616 y 2.050, respectivamente– los que están intentando normalizar una situación que en cinco días ya está provocando gravísimos perjuicios», con una dedicación «al 100% a este conflicto que estamos viviendo en nuestras carreteras».

Cuestionado sobre si han pasado a disposición judicial las dos personas detenidas en la madrugada del martes al miércoles acusadas de tirar piedras a camiones a la altura del municipio cordobés de Lucena, Fernández ha respondido que «no lo sabe», pero ha recordado que tienen 72 horas para pasar a disposición judicial.

Fernández, a preguntas de los periodistas, ha apuntado que «no es fácil determinar» si los detenidos son transportistas, al tiempo que ha añadido que «es verdad que los agentes intervinientes ven, escuchan, y evidentemente saben más que nosotros, y en cierto modo, sí hay algunas personas que no forman parte ni siquiera del sector del transporte de autónomos» y que «aprovechan una circunstancia para generar mayor conflicto y ese miedo que se está instalando en todos aquellos ciudadanos que libremente quieren seguir trabajando».

«No trabajan no solo porque haya un piquete, el problemas es que está habiendo agresiones de forma aislada y dispersa en toda la geografía andaluza con resultados tan graves como la rotura de lunas delanteras en plena circulación del vehículo o el corte de los frenos de la articulación con el semirremolque con la cabeza tractora», ha manifestado el delegado, que ha añadido que hay «vandalismo y una actividad delictiva en muchos casos que ha generado miedo».

Por tanto, «hay muchos conductores que no están dispuestos a operar porque saben que hay riesgo para su integridad física, y eso es muy grave. Es algo que yo no recuerdo haberlo vivido con esta intensidad», ha concluido Fernández.

Los cambios introducidos en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial entrarán en vigor este lunes 21 de marzo, una reforma que elimina el margen de 20 kilómetros hora (Km/h) adicionales para realizar adelantamientos a otros vehículos en las carreteras convencionales. La DGT se ha dado un plazo de un año para analizar la eliminación de este margen, una medida que ha generado polémica.

«Somos conscientes de que hay un gran debate abierto sobre los 20 km/h; déjennos un año para ver cómo evoluciona; los datos nos darán la respuesta», avanzo el director de Tráfico, Pere Navarro, recientemente en un desayuno informativo, justificando esta medida en que la velocidad también es una de las principales causas de accidentes de tráfico y en que tres de cada cuatro siniestros tienen lugar en este tipo de carreteras. Navarro recordó, además que, al año, se suceden unos 239 muertos por choque frontal en este tipo de vías.

La reforma aprobada el pasado diciembre no incrementa las sanciones a los infractores. «No se han aumentado las cuantías económicas de las sanciones de tráfico, hubo un debate y nos pareció que no estaban estos tiempos para aumentar las sanciones de tráfico», aclaraba Navarro.

El conjunto del proyecto de ley, que modifica la Ley de Tráfico de 2015, tiene como objetivo el agravamiento de las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción, como el uso del teléfono móvil al volante o el mal uso de los elementos de seguridad y protección del vehículo.

Entre las novedades que incluye esta reforma normativa destacan la penalización con seis puntos del carnet conducir sujetando el móvil con la mano; con cuatro no utilizar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil (sillitas infantiles), casco y otros elementos de protección; así como se establece la obligatoriedad del casco para los usuarios de vehículos de movilidad personal, como los patinetes.

La nueva ley también sustituye la infracción grave consistente en «utilizar» mecanismos de detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de «llevar en el vehículo» esos dispositivos. El nuevo tipo infractor mantiene la pérdida de tres puntos que se asignaba a la anterior infracción.

«Hemos cambiado la palabra ‘utilizar’ por ‘llevar’ porque si lo llevas, lo has comprado y lo has instalado no es para pasearlo apagado», remarcó Navarro, precisando que la medida no afecta al uso de navegadores que avisan de la presencia de los radares.

Se hace obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, cambiar de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, se aumenta de cuatro a seis los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros, manteniendo la cuantía de 200 euros. También se prohíbe parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas.

Por otro lado, aumenta de cuatro a seis los puntos a detraer por arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que pueden producir accidentes o incendios.

A partir de ahora, se fija en dos años sin cometer infracciones el plazo que tiene que transcurrir para que un conductor pueda recuperar su saldo inicial de puntos. Hasta la aprobación de la reforma de la Ley, este periodo variaba en función de la gravedad de la infracción cometida.

Asimismo, los conductores podrán recuperar dos puntos del carné a través de la realización de cursos de conducción segura y eficiente. Una orden Ministerial desarrollará los requisitos necesarios y las condiciones que deben de cumplir.

En relación con los conductores menores de edad de cualquier vehículo (ciclomotores, permiso AM, motos hasta 125cc, bicicletas y vehículos de movilidad personal), la ley les prohíbe circular con una tasa de alcohol superior a 0, tanto en sangre como en aire espirado.

También se podrán usar dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de los conductores de moto y ciclomotor, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecte a la seguridad en el conducción.

Se añade una nueva infracción grave, con 200 euros de cuantía, por no respetar las normas derivadas de escenarios anticontaminación y de las zonas de las bajas emisiones.

Igualmente, se castiga con 500 euros de sanción el uso de dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en exámenes para la obtención y recuperación de permisos de conducir u otras autorizaciones administrativas o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos.

El aspirante no podrá presentarse de nuevo en el plazo de 6 meses. «Siempre se ha copiado en los exámenes pero con las nuevas tecnologías han aumentado los problemas», explicaba el director de Tráfico para justificar esta medida.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado este viernes ante la posibilidad de negociar con los transportistas en paro que el Gobierno «nunca se niega a sentarse con nadie, pero no puede ser rehén del chantaje que puedan estar produciendo determinados colectivos».

Montero ha resaltado que a su juicio «no está siendo un paro, sino un boicot» que cree que «aprovecha» la ultraderecha y ha advertido que «quienes están impidiendo que los productos lleguen» a destino «le están haciendo el juego a Putin» que busca «la inestabilidad en el conjunto de los países europeos».

Preguntada por si cree que Vox «está detrás» de esta protesta, Montero ha indicado que desde el Ejecutivo creen «que la ultraderecha está utilizando, alentando, y animando este tipo de propuestas para provocar inestabilidad y hacerle el juego al tirano», en alusión a Putin.

Montero se ha expresado en estos términos en Sevilla, donde ha participado en un desayuno-coloquio bajo el título ‘2022: Políticas del Gobierno de España para la Ciudadanía’. Allí ha sido preguntada en varias ocasiones por periodistas sobre eventuales negociaciones del Gobierno con los transportistas en huelga indefinida desde el lunes, cuestión que ha evitado responder hasta que ha sido cuestionada sobre si había una negativa del Ejecutivo a sentarse con ellos.

«Es muy importante saber que el Gobierno nunca se niega a sentarse con nadie, pero no puede ser rehén del chantaje que puedan estar produciendo determinados colectivos», ha contestado. La ministra ha recalcado que «hay que mantener el sentido común, la interlocución con aquellos que realmente han querido tener una actitud de diálogo y de pacto y de acuerdo y no hacerle el juego a lo que quieren simple y llanamente hacer ruido, desmovilizar, provocar inestabilidad y desde mi punto de vista un acompañamiento envidiable a la estrategia de Putin».

En este sentido, Montero ha sostenido que «quienes están impidiendo que los productos lleguen le están haciendo el juego a Putin, que quiere que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos».

«En cada momento actuaremos desde la responsabilidad y sabiendo que cada uno tenemos nuestra tarea, nuestra misión, en este caso el Gobierno de España, garantizar que aquellos transportistas que quieran desarrollar su trabajo lo puedan hacer en condiciones de seguridad», ha agregado.

Montero ha considerado que «no está siendo un paro, sino efectivamente un boicot donde la ultraderecha ha aprovechado que personas que no tiene vinculación con esta formación política» estaban «expresando su malestar» y «lo ha utilizado para impedir que los productos, que materias primas y bienes, puedan llegar a los puntos de distribución y abastecimiento».

«Es imprescindible que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contribuyan a la normalidad en el desarrollo de las labores que cada persona quiera ejercer», ha subrayado la ministro, quien ha insistido en que «esto es una movilización minoritaria puesto que las grandes patronales del transporte han estado en dialogo con el Gobierno».

El Ayuntamiento de Canjáyar (Almería) ultima los preparativos para recibir este viernes a un total de 43 personas procedentes de Ucrania, entre ellos 13 menores con edades comprendidas entre los 6 y 17 años procedentes de un orfanato, que a través de una iniciativa particular han podido abandonar el país y se encuentran de viaje en autobús para alcanzar suelo español.

David González ‘Guaje’, uno de los promotores de la expedición que ha viajado hasta la frontera con Polonia para recoger a los menores y otras familias interesadas en llegar hasta Almería, ha explicado que tras pasar la noche en Alemania gracias a la acogida de una familia del municipio almeriense de Huécija se encuentran en suelo francés, rumbo a Lyon, por lo que si no hay inconvenientes, esperan llegar al municipio del Medio Andarax en torno a las 19,00 horas de este sábado.

«Por fin hemos conseguido el tan ansiado objetivo que era sacar a estos niños del infierno», ha manifestado por su parte Ramón Ortiz poco después de conseguir alcanzar la frontera con Polonia, sentido en el que han trasladado su «satisfacción» por haber logrado su objetivo y, además, haber podido ofrecer la posibilidad de abandonar el país a otras madres con hijos que viajan con ellos.

Paralelamente, los vecinos de Canjáyar coordinados desde el Ayuntamiento de la localidad se afanan en adecuar las instalaciones del hotel rural en el que se alojará el grueso de los recién llegados, al menos, durante los primeros días, si bien otros también podrán acudir a otras casas. «La idea es que esta semana lleguen, descansen y se alojen», ha indicado el alcalde del municipio, Juan José Romera.

El primer edil, quien ha indicado el interés de otras localidades limítrofes para acoger a las familias recién llegadas, ha indicado que durante la última semana voluntarios y trabajadores municipales han adecuado las instalaciones mediante su limpieza y reparaciones puntuales, toda vez que han recibido donaciones de menaje, alimentos y ropa para su uso por parte de los refugiados.

Del mismo modo, se han planificado los trámites administrativos que las familias y los menores con sus tutores legales deberán realizar para su inscripción, empadronamiento y matriculación en el colegio e instituto del municipio. «Está colaborando todo el pueblo, las mujeres se han volcado y están llevando productos que han donado y que eran para enviarlos a Ucrania. Una parte la vamos a dejar aquí», ha explicado.

La iniciativa surgió hace apenas diez días cuando los promotores de la expedición, desconocidos entre sí hasta el momento, decidieron movilizar recursos con la colaboración de empresas privadas y ayuntamientos del Medio y Bajo Andarax para articular un autobús, cedido por la empresa Frahermar, con el que llevar hasta Almería a los menores de orfanato ubicado a unos 180 kilómetros de la frontera oeste que se ha visto asediado por el avance de la ofensiva rusa.

Con la colaboración la esposa de David González, directora del CEIP Inmaculada Concepción de Alhama de Almería, contactaron con una ciudadana ucraniana asentada en este municipio conocedora de la situación del orfanato y planificaron la salida de los menores, que finalmente se ha conseguido pese a las «complicaciones» surgidas durante el viaje para establecer el punto extracción de los niños al verse envueltos por el conflicto.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho una llamada a la responsabilidad en relación a la huelga de transporte por carretera y al «grupo de personas» que «están boicoteando y llevan a cabo acciones violentas», además de «perturbar» la distribución en España de muchas mercancías, básicamente del sector agroalimentario.

Planas ha recordado que los piquetes que impiden que pequeños ganaderos entreguen su leche, que las frutas y hortalizas lleguen a los mercados o que los barcos puedan salir a faenar, realizan «una acción ilegal e inmoral» frente al trabajo que llevan a cabo estos profesionales.

Así, ha pedido «responsabilidad» en los actos y sus consecuencias, al tiempo que ha lanzado un mensaje de «seguridad y tranquilidad» porque el Gobierno de España y los 23.600 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están movilizados en este conflicto, «van a hacer todo lo que esté en su mano para imposibilitar que este grupo bloquee y perturbe el normal funcionamiento de nuestra sociedad».

«La provisión de alimentos y de servicios básicos no es una cuestión baladí; es una cuestión constitucional en relación con la libre circulación, y en este país todos podemos expresar nuestros puntos de vista y nuestras reivindicaciones de forma pacífica, pero no podemos utilizar acciones y violencia frente a nadie, porque es el conjunto de la sociedad el que pierde», ha dicho el ministro este viernes en Cáceres tras participar en la inauguración del IV Foro participativo del sector primario sobre el Proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario.

Planas que ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha mostrado su «preocupación» por este conflicto frente al que se actuará con «toda la contundencia que sea necesaria», ha recalcado.

En cuanto a las conversaciones del Gobierno con los convocantes de las protestas, ha recordado que todos los temas relativos al sector del transporte se canalizan a través del Comité Nacional del Transporte por Carreteras, donde se han llevado a cabo «unas negociaciones muy sustantivas» el pasado mes de diciembre que dieron como resultado una serie de acuerdos que se convalidaron con el Decreto Ley que fue aprobado ayer a este respecto.

Sin embargo, el ministro ha subrayado que «quienes hacen estos actos de boicot no están integrados en el Comité Nacional del Transporte por Carreteras» y «el sector no los reconoce». «Me parece absolutamente increíble e insoportable y hago una llamada a la responsabilidad de todos para que no se produzcan estos actos y que se dé un paso atrás porque todo se puede hablar, pero evidentemente, nada bajo la violencia o la coacción», ha concluido.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado este viernes de «extremísima gravedad» la situación con el paro del transporte porque «hay un colapso del abastecimiento» por lo que ha apuntado que «esto hay que cortarlo ya» puesto que se está haciendo un «daño irreparable» a «muchas economías».

«Hay que cortarlo siendo consciente por parte del sector que lo está haciendo del daño irreparable que están produciendo a muchas economías, a muchas economías modestas de nuestro país, y por parte de todos los que tenemos alguna responsabilidad, yo el primero, intentando hacer frente a esas dificultades que el sector tiene y que están poniendo de manifiesto cuando el resultado de las movilizaciones es el que es», ha afirmado.

Así, en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres, Vara ha manifestado su «deseo» y «ruego» de que se «ponga fin a este cierre patronal porque no es una huelga» debido a que «ya han demostrado la capacidad que tienen de movilización», de «tener un enorme impacto en la economía del país» y «de poner de rodillas a la industria, al sistema productivo español».

En este sentido, ha considerado que «ahora están empezando a producir un daño irreparable y el daño es tanto más irreparable cuanto más humilde y sencilla es la gente a la que se le produce»; por ello, ha indicado que «a partir de ahora» es «momento de hablar» de los «problemas que afectan a una parte importante de transportistas» y «que lo han evidenciado pero desde luego no de esta manera».

«Lo que sí es cierto y hay que valorarlo en su justo término es que llevamos una semana diciendo que es un sector minoritario pero siendo minoritario han sido capaces de tener un enorme impacto en la sociedad española», ha subrayado Fernández Vara, toda vez que ha añadido que «por esa razón yo creo que deben deponer este comportamiento y se debe empezar a valorar por parte del conjunto de la sociedad también que cuando hay tanta gente ocupada, preocupada por una serie de cuestiones es porque habrá que ponerse en marcha».

De igual modo, Vara ha opinado que hay «una crisis de representatividad» en España porque «los sectores que representan a los sectores en estos momentos están hablando con el Ministerio» pero «es verdad que hay un sentir general en una parte de esos sectores de que algo no está funcionando».

«La convivencia, que tarda mucho tiempo en construirse y muy poquito tiempo en destruirse, debería ser lo que nos debiera guiar a todos», ha manifestado al tiempo que ha asegurado que no está «ni mucho menos en la equidistancia» porque considera que «se están violentando derechos fundamentales de los ciudadanos como es la libre circulación de personas y como es el derecho al trabajo».

Finalmente, el regidor extremeño ha indicado que es «necesario que se deponga esta actitud» por parte de los transportistas y «obviamente si hay problemas porque los transportes son menos satisfechos en dinero que lo que cuesta realmente hacerlo eso no puede ser».

«Estas son cosas que habrá que abordarlas y que no se resuelven sencillamente porque tengamos voluntad de hacerlo sino porque se den los pasos por parte de todos para que así sea, entre otras cosas, que quienes paguen por el transporte paguen lo que el transporte vale», ha concluido.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha mostrado públicamente este viernes su preferencia por que Sevilla sea la sede de la futura Agencia Espacial Española, cuestión que debe dilucidar el Gobierno central entre el conjunto de ciudades que se han postulado para ello.

Así lo ha señalado durante su intervención en un desayuno-coloquio, bajo el título ‘2022: Políticas del Gobierno de España para la Ciudadanía’, celebrado en el hotel Alfonso XIII de Sevilla, en respuesta a una de las preguntas formuladas por parte de los asistentes al evento.

«Pueden imaginar mi preferencia, obvia, por que pueda instalarse aquí la sede de la Agencia Espacial. Soy miembro del Gobierno y tengo que trasladar que consideraremos aquellas solicitudes que sean dignas de estudio», ha subrayado Montero, cuestionada sobre las posibilidades reales de Sevilla atendiendo a su trayectoria en el sector aeroespacial.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía expresaron el pasado 9 de marzo su respaldo «unánime y sin fisuras» a la candidatura de la ciudad como sede de la citada Agencia Española, tras un encuentro con empresarios del sector y representantes de las universidades que tuvo lugar en el Consistorio hispalense.

La creación de este organismo está prevista en la nueva Ley de Ciencia, que fue presentada en Consejo de Ministros en febrero y ha entrado en el Congreso. España es el único país de los grandes europeos que no contaba con una agencia propia.

Muñoz manifestaba al respecto que la sede «puede servir de tractor para la dinamización de la industria aeroespacial en Sevilla y el posicionamiento de la ciudad», al tiempo que anunciaba que se iniciarían trabajos conjuntos para formalizar la candidatura.

De su lado, Velasco argumentaba que la presentación de esa candidatura venía avalada, fundamentalmente, por el liderazgo de Andalucía en el campo de la industria aeroespacial europea, con 2.071 millones de euros de facturación, más de 12.000 empleos directos, más de 140 empresas y una aportación del 1,4% al Producto Interior Bruto (PIB) andaluz.

AMPLIACIÓN DEL BELLAS ARTES

La ministra de Hacienda también se ha referido al proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes, cuando se cumplen 15 años del proyecto de colaboración firmado entre el Ayuntamiento, Junta de Andalucía y el Gobierno, y ha señalado que lo ve con «buenos ojos» si el Ministerio de Cultura «así lo avala. Muchas veces, son más los proyectos técnicos que la capacidad económica».

Asimismo, Montero ha asegurado que algunas inversiones en Cultura eran prioritarias, «caso del Museo Arqueológico», y, «progresivamente, habrá que ir ampliando esas inversiones hacia otros museos». En este sentido, ha destacado el incremento de un 40% del Presupuesto de 2022 en el ámbito de la cultura.

La presidenta de la Asociación de Profesionales de Cuidados Paliativos y Atención al Paciente en Fase Terminal de Extremadura (Apalex), Patricia Hernández, ha abogado por la planificación anticipada de la atención al final de la vida.

Hernández ha realizado estas declaraciones momentos antes de inaugurarse en Mérida las V Jornadas Científicas de la asociación, en las que ha participado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que también ha coincidido con Hernández en este sentido.

Estas jornadas científicas, que tuvieron que ser suspendidas hace dos años por el inicio del estado de alarma, tienen como lema ‘Para ayudar empiezo por mí’ y su hilo conductor es el cuidado de los profesionales, que sufren un «agotamiento físico y emocional» al atender en situaciones de sufrimiento al final de la vida.

De igual forma, la presidenta de Apalex ha invitado a «quitar tabús» y poder hablar abiertamente de los cuidados paliativos, así como abordar la planificación anticipada de los mismos y la importancia de trabajar en red, ya que «el trabajo en red protege».

CUIDADOS PALIATIVOS EN ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS

Los pacientes adultos que precisan cuidados paliativos son en su mayoría por enfermedades oncológicas, aunque cada vez se está ampliando esta atención a pacientes con insuficiencia cardiaca, EPOC y enfermedades neurológicas.

Patricia Hernández ha informado también de que en 2019 empezaron los cuidados paliativos pediátricos en la región, que se iniciaron con un equipo en Badajoz de ámbito regional pero desde hace un mes Cáceres cuenta con otro.

Así, con estos dos equipos se va a conseguir el objetivo de contar con uno en cada provincia para dar una atención con «mayor equidad» y aliviar la sobrecarga del equipo pacense. En estos momentos, ha informado de que hay algo más de 70 menores en el programa de cuidados paliativos pediátricos.

COBERTURA GLOBAL

La presidenta de la Asociación de Profesionales de Cuidados Paliativos y Atención al Paciente en Fase Terminal de Extremadura ha destacado también que este año se cumple el 20 aniversario del programa regional de cuidados paliativos, que presta una cobertura global al contar con equipos en las ocho áreas de salud.

En esta línea, ha indicado que es cierto que los pacientes son cada vez más complejos, las derivaciones llegan antes y siguen siendo los mismos profesionales que hace dos décadas, por lo que ha considerado que la región no está «mal pero hay que seguir mejorando», además de indicar que se está luchando por una especialización en este ámbito de atención.

VERGELES MUESTRA SU SATISFACCIÓN POR LA LABOR DE LOS PROFESIONALES

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha indicado que está «enormemente satisfecho» por la labor que los equipos de soporte de cuidados paliativos han desarrollado durante la pandemia y que actualmente siguen desarrollando.

Así, ha apuntado que el programa de cuidados paliativos ha seguido con una actividad muy parecida en el año 2020, que es el último año consolidado, respecto de los años anteriores.

«Alrededor de 2.800 pacientes están incluidos en el programa de cuidados paliativo global y durante el año 2020 hubo nuevos pacientes, 2.100 pacientes aproximadamente en toda Extremadura», ha informado.

También ha apuntado que fue uno de los primeros años en los que se ha tenido resultado de los cuidados paliativos pediátricos, con 41 incorporaciones a dicho programa.

El consejero de Sanidad ha destacado que, en el caso del cuidado paliativo en adulto, el 75 por ciento son pacientes con enfermedades oncológicas y el resto no oncológicas, mientras que en el caso de los niños el 11 por ciento son enfermedades oncológicas y el resto son fundamentalmente neurológicas.

Vergeles ha sostenido también que los cuidados paliativos no son cuidados al final de la vida sino que deben incorporarse desde el primer momento en el que a una persona se le diagnostica una enfermedad que es grave y que le puede producir determinadas situaciones que necesitarán unos cuidados especiales.

INTENSA LABOR DE VISITAS Y ASESORÍAS

El vicepresidente segundo de la Junta ha valorado la «intensa labor» de visitas y asesorías realizadas en este tiempo. De esta forma, se han llevado a cabo más de 31.500 asesorías a lo largo de 2020, lo que supone han tenido mucha relación con el resto del sistema sanitario, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de la atención primaria de salud.

De igual forma, se han realizado alrededor de 13.000 visitas, algo que evidencia también una actividad muy importante, mayoritariamente, en más de un 50 por ciento, en el ámbito hospitalario y el resto en el ámbito de la atención primaria y las consultas externas.

Finalmente, José María Vergeles ha valorado que los propios profesionales han diseñado su propia hoja de ruta para cuidarse, algo que le parece una «responsabilidad que han asumido» y ha añadido que la consejería está dispuesta a apoyarla.

Los profesionales, ha dicho, deben autoconocerse para poder abordar aquellas situaciones o casos que les generan más disconfort o estrés y ha destacado que el cuidado de ese profesional no finaliza cuando deja de prestar su trabajo en la jornada laboral sino que continúa a lo largo de su vida.

La Fundación Juntos por la Vida refuerza su trabajo en la ciudad polaca de Pzremysl, cerca de la frontera con Ucrania, donde pasan cada día miles de personas huyendo de la guerra de Ucrania.

Allí un equipo de voluntarios está realizando ayuda de emergencia y humanitaria a los refugiados y organizando su traslado a Valencia. Han llegado desde Valencia nuevos voluntarios y traductores de la ONG que, ahora, se encuentra en una nueva ubicación para prestar un mejor servicio de atención.

El padre Angel, presidente de Mensajeros de la Paz que se encuentra en ese punto de la frontera, ha visitado y conocido el trabajo de la ONG valenciana, con sus voluntarios y la presidenta de Juntos por la Vida, Clara Arnal.

La ONG valenciana está instalada en el centro logístico de recepción y atención a los refugiados de esta ciudad y diariamente atiende a cientos de personas que llegan huyendo de la guerra. Muchos de ellos, que tienen vínculos con la ONG o con Valencia, son trasladados en autobuses organizados por la entidad.

Hasta ahora, en diferentes autobuses, caravanas y un avión se han trasladado mas de 500 personas hasta Valencia y continúan los traslados y llegadas a la ciudad.

La ciudad de Talavera de la Reina ha acogido en la mañana de este viernes la Asamblea constituyente de Gaia-X España, el primer paso hacia la creación de un sistema seguro de intercambio de datos a nivel europeo con garantía digital para dar forma a un ecosistema digital abierto y transparente donde los datos de los usuarios estarán disponibles y recopilados en un entorno de confianza.

Una cita que ha contado con la participación de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, para presentar en sociedad un proyecto que nace con fuerte apoyo de países como Alemania o Francia y con vínculos con la Comisión Europea.

Más de 300 organizaciones de varios países están involucradas en Gaia-X, un proyecto que además está abierto a nuevos compañeros de viaje interesados en su desarrollo.

Una iniciativa importante para España y para el futuro ecosistema de economía del dato, coordinada por entidades públicas y privadas que tiene la intención de ayudar al proyecto común europeo.

Gaia-X viene a solucionar los diversos obstáculos que presentan la aplicación de las nuevas tecnologías en relación, por ejemplo, al desarrollo de la inteligencia artificial, debido a una falta de confianza en el panorama actual de almacenamiento de datos compartidos.

Según la premisa de creación de Gaia-X, los usuarios de la nube tienen preocupaciones al subir información confidencial por miedo a perder los datos o incluso a quedarse atrapados por un único proveedor.

Los mecanismos de intercambio de datos requieren coste, tiempo y personal cualificado para nuevas soluciones, algo que pretende mitigar Gaia-X con un marco de trabajo para poner de acuerdo a todos los participantes con un conjunto de valores guía que quieren crear confianza entre proveedores y usuarios.

Para la puesta en marcha de Gaia-X se ha seleccionado la candidatura presentada por el Gobierno de Castilla-La Mancha para que se instale en el Centro Regional de Innovación Digital de Talavera de la Reina.

CALVIÑO: «LOS DATOS, UN 4% DEL PIB»

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha expresado su «satisfacción» por poder llevar a cabo esta Asamblea Constituyente de Gaia-X, un proyecto en el que «parecía imposible» que España estuviera entre los líderes, por lo que ha aseverado que su llegada a Talavera manda un «mensaje de ambición».

Calviño ha estimado que en 2025 la economía de los datos supondrá un 4% del PIB y empleará a 750.000 trabajadores, siendo un sector en el que España parte «desde una buena posición». «Tenemos que quitarnos los complejos», ha manifestado, recordando que el país tiene unas estructuras físicas y digitales «de las mejores de Europa», grandes empresas y también un ecosistema de pequeñas y medianas empresas «resilientes y dinámicas», así como una sociedad «con madurez y personalidad» para enfrentarse a los retos.

Calviño ha comentado que los datos «están cambiando nuestra vida» no solo desde el punto de vista profesional sino también desde el personal, ya que ahora hay «cantidades masivas de datos» y la capacidad de poder procesarlos, lo que está impulsando la inteligencia artificial «y todo un nuevo mundo de oportunidades» en una economía en la que «cada vez hay más sinergias entre los distintos sectores económicos».

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de un proyecto como Gaia-X que «dé confianza» en que los datos están en un espacio seguro, por lo que se antoja necesario avanzar hacia la creación de estos repositorios de datos «siempre desde una perspectiva humanista, poniendo en el centro a las personas».

Así, la ministra de Economía ha abogado por aprovechar «plenamente» el Plan de Recuperación y lograr que este llegue a todo el territorio y todos los ciudadanos, algo para lo que hay que contar con la agenda digital, que es el pilar digital de este Plan.

Un Plan de Recuperación en el que, ha afirmado, se va a «alcanzar la velocidad de crucero» durante este año, en el que se van a invertir un 30% de los recursos previstos, lo que puede ser «absolutamente fundamental» para superar los retos actuales y para que España lidere esa nueva economía «que nos ponga a la cabeza, sobre todo, en prosperidad y bienestar para los ciudadanos».

Además, la vicepresidenta primera del Gobierno central ha asegurado que le hace «especial ilusión» que esta sede española de Gaia-X esté en Talavera de la Reina, porque es una ciudad que tiene «un potencial extraordinario» y además responde a la prioridad del Ejecutivo de impulsar la modernización, el desarrollo económico y el tecnológico «de todo el país» y que «no sean solo los nodos tradicionales donde están tradicionalmente ubicadas las industriasl las que vayan a impulsar el crecimiento» en este nuevo ciclo que ahora se inicia.

«Este acto es un ejemplo paradigmático del Plan de Recuperación que queremos que guíe ese proceso de modernización, el despliegue de un plan muy ambicioso de reformas que nos permita poner a España en la primera liga de esta nueva economía que está ahora desplegándose», ha continuado.

GARCÍA-PAGE CELEBRA LA «SOBERANÍA EUROPEA» EN SUS DATOS

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha dicho por su lado que la intención de la iniciativa es crear «soberanía europea» en torno al intercambio de datos y crear un mercado único que será «una pata más del avance en la Unión Europea».

Talavera ha competido con once destinos distintos para acoger finalmente la sede de este proyecto, tal y como ha recordado, una iniciativa que servirá para «unir fuerzas y gestionar inteligentemente» los millones de euros que recibirá España de los fondos europeos de cara al reto de la digitalización.

Una gran noticia para una ciudad que perdió «expectativas y alternativas» pero que ahora se reconvierte, en parte gracias al trabajo de su alcaldesa, Tita García Élez, que está haciendo que Talavera «no pierda ni un solo tren».

«Talavera se está reinventando a sí misma», ha asegurado García-Page, quien ha dicho que en España «hay mucha gente que no sabe hablar bien de este país», quizá por ser «pudorosos».

En este punto, ha reparado en otro de los hitos que está por venir para la Ciudad de la Cerámica, como es la instalación de la empresa Meta, con cuyos responsables se reunirá en próximas semanas en el Palacio de Fuensalida.

TALAVERA, «EL ENTORNO PERFECTO»

De su lado, la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha afirmado que este es «un día que quedará en la historia no solo de Talavera, sino de Castilla-La Mancha y de España» y ha asumido el reto «muy importante» de ser sede española de Gaia-X, considerando que la ciudad es «el entorno perfecto» para desarrollar esta estrategia.

García Élez ha manifestado que en la Ciudad de la Cerámica son conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías y están demostrando su «compromiso» con ellas, un compromiso que ya está generando en Talavera «el clima adecuado» para la llegada de «grandes multinacionales» tecnológicas que ya se han ubicado allí.

«Talavera quiere ir un paso más allá y fortalecer su columna vertebral con las nuevas tecnologías, es una ciudad en plena transformación y hoy damos un gran paso como capital tecnológica de España. El futuro es ilusionante, todos juntos formamos parte de él y desde hoy empieza a ser una realidad», ha asegurado.