El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a un total de 24 personas incluyendo siete funcionarios de la Comunidad de Madrid y a los alcaldes de las localidades de Chinchón y Velilla de San Antonio por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de contratos públicos en una serie de obras pequeñas concedidas a la empresa Efial Consultoría S.L.

En un auto de este martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 dicta el pase a procedimiento abreviado y concluye la investigación que inició en 2013 un juzgado de Vendrell a raíz de una denuncia de Fiscalía en relación con posibles irregularidades cometidas en la contratación pública del Ayuntamiento de Torredembarra, en Cataluña.

Fue a raíz de las primeras pesquisas cuando el juzgado de Vendrell apreció la existencia de un mecanismo fraudulento ejecutado por la mercantil Efial en numerosos ayuntamientos de España y remitió parte de su investigación a la Audiencia Nacional. En ese momento, el juez abrió hasta tres piezas separadas.

Ahora, Calama da por finalizada la investigación de una pieza en concreto: la que afecta a los ayuntamientos madrileños de Chinchón, Collado Villalba, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz. Asimismo, acuerda el sobreseimiento de las operaciones relacionadas con el consistorio de Arganda del Rey.

CHINCHÓN, MECO, GETAFE O TORREJÓN

De esta forma, el juez propone mandar a juicio, entre otros, al actual alcalde de Chinchón Francisco Javier Martínez Mayor y a su predecesora, María Luisa Fernández, a la alcaldesa de Velilla de San Antonio Antonia Alcázar o al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Meco, Luis Miguel Gómez Garda.

El magistrado también se dirige contra el jefe de la sección de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Getafe, Juan Garda, el jefe del órgano de gestión tributaria del mismo consistorio, Emilio Fernández Agüero, la directora general de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento de Móstoles, Isabel Apellániz o la interventora del Ayuntamiento de Torrejón, Lucia Mora.

El magistrado considera acreditada la existencia de un mecanismo consistente en la elusión de los controles legales en la adjudicación de concursos y contratos públicos en los citados ayuntamientos.

Así, apunta que los investigados de Efial -que pasó a llamarse Consultoría en Gestión Innovadora S.L. (CGI)– asumieron tareas propias de los funcionarios públicos, hasta el punto de participar ilegalmente en los procesos de concurso oposición, actuando como asesores propuestos por el alcalde y facturando por elaborar las bases de los concursos.

EL MODUS OPERANDI

El juez Calama detalla en el auto el modus operandi que, en muchos casos, consistía en la creación de empresas municipales públicas en donde Efial creaba o gestionaba una entidad pública empresarial, aparentemente vacía de capacidad ejecutiva, facilitando la elusión del control administrativo.

En este contexto, también se relajaba «el grado de sometimiento a la normativa de contratación pública dando lugar a que el cargo de gerente en la referida mercantil» fuese «también el mismo gerente de la empresa pública».

Así, y en lo relativo a la contratación pública, el juez explica que se produjo un «direccionamiento de los contratos públicos, transgrediendo los principios de competencia y concurrencia, que supone que se adjudiquen a una mercantil que probablemente oferte unas condiciones que no sean las más beneficiosas económica o técnicamente para la Administración Pública».

Por tanto, y en caso de producirse la adjudicación, se producía una despatrimonialización de la Administración puesto que no se producía la adjudicación a la empresa más adecuada para realizar el trabajo ofertado, sino a la que la voluntad de los intervinientes determinase.

DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

Los hechos encajan, según explica Calama, en un delito de prevaricación administrativa en tanto que los investigados fraccionaban los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y no superar los 18.000 euros para no superar el límite del contrato menor.

«Se pactó siempre un precio inferior al del contrato menor; se fraccionó el importe del contrato para ajustarlo al límite cuantitativo del contrato menor; se prescindió de los principios de publicidad y libre concurrencia que deben estar presentes en la contratación administrativa», explica el magistrado.

Así las cosas, el juez detalla que los servicios fueron siempre otorgados a favor de los mismos profesionales elegidos, con quiebra de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, e igualdad. «Es decir, la adjudicación a favor de CGI, básicamente, se realizó en todos los casos expresados en el relato de hechos punibles mediante contratación directa, generalmente, dividiéndose de manera ficticia los servicios, con un fraccionamiento irregular en su facturación», añade.

Y todo ello, concluye, «con el objetivo de que se tramitaran como contratos menores, de manera que las facturas fueran siempre de un importe menor a 18.0000 euros, con lo que, a la vez, se eludían los requisitos de publicidad propios del procedimiento de adjudicación correspondiente».

Tras dictar el pase a procedimiento abreviado, Calama ha dado traslado a la Fiscalía para que en el plazo de 10 días solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o, en su caso, el sobreseimiento de la causa.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha afirmado este miércoles que «la no renovación del CGPJ lo debilita» y «produce un detrimento de su imagen en determinados sectores sociales».

En el Aula Magna de la Facultad de Derecho, Lesmes ha recordado que el Consejo «es el instrumento que garantiza la independencia judicial», de manera que «la política encaminada a debilitar al Consejo en realidad va encaminada a debilitar la independencia de los jueces».

Ha indicado que el CGPJ tiene un mandato de cinco años -está en funciones desde hace tres años y tres meses– y que «procede renovarlo», haciendo notar que esta necesidad no se debe a que haya cambiado la mayoría parlamentaria de las Cortes Generales, porque «el Consejo no es un comisionado parlamentario», subrayando que «no es así la doctrina constitucional».

Asimismo ha dejado claro que la totalidad de sus componentes «actúan con independencia de quien los designó» y que «no obedece a la mayoría parlamentaria».

Lesmes, quien ha intervenido en las XVIII Jornadas de la Constitución organizadas por el Justiciazgo y la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, ha recalcado que «los jueces no tienen ninguna culpa» de que no se renueve el Consejo y si no se renueva «será por responsabilidad de los grupos parlamentarios, no de los jueces, que son ajenos a esta realidad».

«La Justicia ha de ser independiente, pero también ha de parecerlo y se resiente del toma y daca permanente que hay en el poder judicial sobre si está politizado», ha opinado Lesmes, para quien «un sistema –de elección del Consejo– exclusivamente parlamentario, en cierto modo, contamina en el sentido de la apariencia» porque «son los partidos que realizan la designación», por lo que ha apostado por «un sistema de co-decisión» para que «confluyan distintas voluntades», lo que «ayudaría a una mejor percepción en cuanto a la apariencia que debe proporcionar el órgano de gobierno de los jueces».

«Sin ninguna duda» el poder judicial español es independiente, ha aseverado Lesmes, quien ha hecho hincapié en que los jueces gozan de un estatuto que les garantiza su independencia, a lo que se suma la deontología profesional, «que afianza la independencia de los jueces».

Sin embargo, «pueden ser perturbados por poderes externos y hay que prever un instrumento que garantice esa independencia y la opción española es crear un órgano constitucional», que es el CGPJ, que «no es imprescindible para garantizar la independencia judicial», ha dicho Lesmes, poniendo el ejemplo de Malta. En España se ha seguido el ejemplo de otros países del entorno, como Italia, Francia y Portugal.

SERVICIO ESENCIAL

Ha expresado que «la Justicia es una institución de especial relevancia en cualquier país», añadiendo que «de nada serviría que nuestra Constitución recogiera el catálogo de derechos y libertades si no hubiera después un instrumento de garantía último, que es el poder judicial», de forma que «la Administración de Justicia es un servicio esencial, un instrumento necesario para la convivencia y la paz social».

Lesmes ha asegurado que «la Justicia es un factor de prosperidad y riqueza» y que «el factor más determinante de la prosperidad de un país es su fortaleza institucional», añadiendo que «tener una buena gobernanza y un buen sistema judicial proporciona seguridad jurídica» y facilita la competitividad de un país.

El presidente del CGPJ ha dicho que la percepción de la ciudadanía y de los altos tribunales extranjeros es que la Justicia española es garantista y, de hecho, «un porcentaje altísimo de españoles considera que la Justicia es el último recurso de protección y de defensa de la libertad y los derechos fundamentales».

Ha apuntado que, en los últimos 40 años, España ha sido el país con menos condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de entre los 47 Estados miembros del Consejo de Europa adheridos al Convenio de Derechos Humanos.

Asimismo, «la Justicia también es servicio y se puede prestar con mayor o menor eficacia», ha continuado Lesmes, indicando que la Comisión Europea sitúa la función de administración de la justicia en España «en la mitad de la tabla», con un tiempo de respuesta «razonable».

ORGANIZACIÓN

Carlos Lesmes ha hecho notar que la organización territorial de la Administración de Justicia «es decimonónica», ya que arrancó en 1834, con la división provincial del territorio nacional y la creación de los partidos judiciales, cuando el 80 por ciento de la población era rural, un diseño que «perdura en el tiempo y dura hasta el día de hoy», de forma que los partidos judiciales de 1834 y 2022 «son prácticamente coincidentes», siendo en la actualidad «una de las mayores disfunciones que tenemos como Administración de Justicia».

En cuanto a la organización funcional, «tenemos un buen sistema», ha considerado Lesmes, para quien la doble instancia y la casación son «el modelo ideal». Ha recomendado revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del siglo XIX. Por otra parte, ha propuesto mejorar los procesos de digitalización, que todavía no están plenamente instaurados.

El gobierno de la Justicia «es muy complejo» porque «confluyen sobre una misma realidad centros de decisión diferentes», como el poder ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, así como las 12 comunidades autónomas que han asumido estas competencias, y los órganos de gobierno judicial, el CGPJ y el gobierno interno de los tribunales.

«Todas estas realidades confluyen sobre una única realidad de servicio, la Administración de Justicia, y eso genera disfunciones», lo que exige «estar constantemente coordinados» y a la vez cada uno preservar su autonomía. Así, «muchas veces cuesta mucho impulsar determinadas reformas necesarias por esta complejidad de nuestro sistema de gobierno, que no ocurre en otras realidades», como la Agencia Tributaria, de ahí que la Administración de Justicia vaya «muchas veces a remolque en cuanto a modernización».

En otro orden de cosas, el presidente del CGPJ ha dudado de que la mediación extrajudicial «sea una solución a la litigiosidad» porque «siempre ha existido», aunque «puede ayudar» a la función de pacificación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la «guerra entre fiscalías» –la Europea y la nacional– es «ajena» a la Comunidad de Madrid, porque se ha hecho «todo conforme a derecho», y ha confesado tener una «sensación de indefensión» porque «no se sabe qué opina quién» ni «quién pide qué información».

Así lo ha señalado a los medios de comunicación en Bruselas tras reunirse con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y mantener un encuentro con la delegación del PP en la Eurocámara. Este miércoles la Fiscalía Europea ha señalado que la decisión de la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, de dividir en dos la causa en la que se investiga el contrato de emergencias vinculado al hermano de Ayuso «no se ajusta a la legislación de la Unión Europea» y anuncia que continúa con su investigación.

«Nosotros tenemos todo conforme a derecho, todo está bien y si alguien nos pide más información actuaremos como hicimos al comienzo de toda esta historia cuando la Fiscalía solicitó que les informáramos en tiempo y forma», ha apuntado la dirigente regional, quien ha indicado que «nunca se había visto algo así» con una «guerra de fiscalías».

Ha defendido que «todo está bien» y que «no hay caso» y entiende que quizás por ello haya habido un «interés» de prolongar esta situación para «políticamente erosionar», «ensuciar» y que parezca que hay una «sensación de sospecha» alrededor del contrato. Ayuso ha asegurado que en ninguna reunión de las mantenidas en Bruselas se le ha preguntado por ello y cree que no es algo que tenga «tanta trascendencia».

«No se por qué se habla de este contrato y no de los miles y miles que ha habido a lo largo de la pandemia. ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? Si no hay nada. Es una guerra política para intentar desgastar», ha insistido.

Al hilo, ha reiterado que no ha usado «ni un minuto» de su vida para favorecer a nadie y confía en que los ciudadanos saben que se ha hecho todo «correctamente» desde la Comunidad.

«NO HAY CASO»

Sobre los Fondos Feder ha expuesto que si no hay un «uso indebido» de los mismos «no hay caso» y ha defendido que se han usado por «todos los gobiernos» durante la pandemia para, por ejemplo, traer material sanitario.

Entiende que en el contrato en cuestión se ha «puesto la lupa» como en ningún otro caso cuando la Intervención de la Comunidad de Madrid compuesta por funcionarios «independientes» dicen que es «correcto», la Cámara de Cuentas lo ha fiscalizado, la Comisión de Vigilancia de Contratación del Parlamento Autonómico también lo ve correcto y al Fiscalía Anticorrupción también.

«No sé qué más se puede hacer. Si no hay caso (…) Si hay tanto interés en ver cómo se ha tratado el erario público, visto que en este caso no hay nada, ¿por qué no hacemos lo mismo y pasamos la lupa por los demás?», se ha preguntado la presidenta autonómica, quien considera que debería haber «el mismo trato para todos los políticos» y ha censurado que se haya escrutado a su familia.

Casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones, no son intencionales, según el informe ‘El Estado de la Población Mundial 2022’, publicado este miércoles por UNFPA, el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la salud sexual y reproductiva.

El documento apunta que más del 60 por ciento de los embarazos no intencionales terminan en aborto, y se estima que el 45 por ciento de todos los abortos son inseguros y producen el 13 por ciento de todas las muertes maternas.

Naciones Unidas espera que la guerra en Ucrania y otros conflictos y crisis alrededor del mundo «produzcan un incremento en el número de embarazos no intencionales, a medida que el acceso a la anticoncepción se vea interrumpido y la violencia sexual aumente».

«Este informe es una llamada de atención. La abrumadora cantidad de embarazos no intencionales representa un fracaso mundial en la defensa de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas. Para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva más trascendental de su vida (si quedarse o no embarazadas) no es una opción en absoluto. Al poner el poder de tomar esta decisión fundamental directamente en las manos de las mujeres y las niñas, las sociedades pueden garantizar que la maternidad sea una aspiración y no algo inevitable», ha señalado la directora ejecutiva de UNFPA, Natalia Kanem.

A escala mundial, se estima que 257 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no están usando métodos anticonceptivos seguros y modernos, y en aquellos casos en los que existen datos disponibles, casi una cuarta parte de todas las mujeres no pueden oponerse a tener relaciones sexuales.

Según la ONU, Una variedad de otros factores clave también contribuye a los embarazos no intencionales, entre ellos la falta de información y servicios de salud sexual y reproductiva; las opciones anticonceptivas inadecuadas para los cuerpos o circunstancias de las mujeres; las normas perjudiciales y estigma alrededor del control por parte de las mujeres de su fecundidad y sus cuerpos; la violencia sexual y la coerción reproductiva; las actitudes prejuiciosas o humillación en los servicios de salud; la pobreza y el estancamiento del desarrollo económico; y la desigualdad de género.

«Todos estos factores reflejan la presión impuesta por las sociedades sobre las mujeres y las niñas para que se conviertan en madres. Un embarazo no intencional no necesariamente es un fracaso personal, y se puede deber a la falta de autonomía permitida por la sociedad o al valor que se da a las vidas de las mujeres», justifica la ONU.

CON LA LLEGADA DE UNA CRISIS LOS EMBARAZOS NO INTENCIONALES AUMENTAN

Naciones Unidas advierte de que las crisis y los conflictos «privan a las mujeres de su capacidad de decidir a todos los niveles, además de aumentar de manera dramática el riesgo de embarazos no intencionales en el momento en que este resulta más amenazante».

«Las mujeres a menudo pierden el acceso a métodos anticonceptivos y la violencia sexual aumenta; algunos estudios muestran que más del 20 por ciento de las mujeres y las niñas refugiadas padecerán violencia sexual. En Afganistán, se estima que la guerra y las afectaciones a los sistemas de salud se traducirán en alrededor de 4,8 millones de embarazos no intencionales para el 2025, lo que pondrá en peligro la estabilidad, la paz y la recuperación del país en su conjunto», explican.

«Si solo tuvieras 15 minutos para huir de tu casa, ¿qué te llevarías? ¿Te llevarías tu pasaporte? ¿Comida? ¿Te acordarías de tus anticonceptivos? En los días, semanas y meses posteriores al inicio de una crisis, los servicios de protección y de salud sexual y reproductiva salvan vidas, protegen a las mujeres y las niñas de daños y evitan embarazos no intencionales. Son tan vitales como la comida, el agua y los albergues», añade Kanem.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 14 años y 3 meses de prisión al exlíder de Vox en Lleida José Antonio Ortiz Cambray por un delito continuado de abuso sexual a una persona con discapacidad, dos delitos continuados de corrupción a dos personas con discapacidad y un delito de pornografía con utilización de persona con discapacidad.

Los hechos probados recogen que, aprovechándose de la discapacidad de víctimas a las que conocía, «y con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, el condenado les ofreció a través de Whatsapp mantener contactos a cambio de dinero», ha informado el Tribunal Supremo este miércoles en un comunicado.

Según los hechos probados, una de las víctimas accedió en varias ocasiones a sus peticiones –tocamientos y abusos–, por los que cobró entre 5, 10 y 20 euros.

El condenado también planteó a la otra, con un retraso mental ligero, mantener idénticos encuentros sexuales, recordándole que «cuánto mejor lo hiciera más cobraría»: esta segunda persona lo rechazó, aunque accedió a enviarle fotos y vídeos íntimos por los que cobró dinero.

Según los hechos probados, el condenado lo intentó con una tercera persona con discapacidad, que rechazó sus pretensiones.

La Sala ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que confirmó la dictada por la Audiencia Provincial de Lleida, que le impuso, además de la pena de 14 años y 3 meses de prisión, el pago de una indemnización de 15.000 a una de las víctimas y de 5.000 euros a la otra.

PADECIMIENTO PSÍQUICO DE LAS VÍCTIMAS

En su sentencia, el TS ve acreditado que el recurrente abusó de la discapacidad psíquica de las víctimas, en contra de lo que la defensa sostenía en el recurso, y subraya que el padecimiento psíquico de las víctimas «está respaldado por una prueba concluyente».

En el juicio, celebrado en noviembre de 2020, José Antonio Ortiz Cambray reconoció que pagó dinero por fotos y vídeos de índole sexual y juró «por Dios y por la memoria» de sus padres que no tuvo encuentros sexuales físicos.

Ortiz Cambray fue detenido en el concesionario de vehículos de Lleida en el que trabajaba a principios de marzo de 2019, después de que la Fundación Alosa de Lleida, que tutela a dos de las víctimas, descubriera los mensajes por WhatsApp entre él y uno de los discapacitados y lo denunciara en la comisaría de los Mossos d’Esquadra.

Días antes de ser detenido, Ortiz había presentado en la Fiscalía provincial de Lleida una denuncia por un presunto delito de odio por la aparición de muñecos ahorcados con las siglas de Cs, PP, PSC, Unidos Podemos y Vox, en la que él figuraba como «presidente de Vox Lleida».

Tras su detención, el partido le suspendió de militancia y aseguró que no ocupaba ningún cargo de responsabilidad dentro de la formación.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido «la aportación y el compromiso de todos» para afrontar el «reto de país» de la Educación en Euskadi, y ha animado a actuar «ante la mínima sospecha» de acoso durante la inauguración del Congreso que se celebra sobre convivencia y bienestar emocional en el ámbito escolar en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Urkullu, acompañado del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, han dado inicio a las jornadas, que se desarrollarán a lo largo de dos días, bajo el lema de «Todos a una con el bienestar y la convivencia» dentro de la iniciativa ‘Bizikasi’.

Durante su intervención, el Lehendakari ha afirmado que «el espíritu de compromiso, trabajo en común y mejora continua» que representa este proyecto es una referencia para el pacto educativo que «se teje con el objetivo de seguir mejorando la Educación en Euskadi y responder mejor a los nuevos retos de futuro». «La Educación en Euskadi es un reto de país que también requiere la aportación y el compromiso de todas y todos», ha destacado.

Iñigo Urkullu ha puesto en valor la labor de muchas personas que, «sin tratar directamente con los alumnos, trabajan por su bienestar en el día a día». «Este es el sentido de la comunidad educativa que conformamos, una comunidad que reivindica educar en y para la convivencia», ha añadido.

En este sentido, ha abogado por la educación ‘en convivencia’, «creando una atmósfera positiva, entornos seguros o ambientes acogedores», pero también en la educación ‘para la convivencia’, «elaborando un currículum socio-emocional, trabajando la pedagogía del cuidado y del buen trato, la resiliencia o la empatía».

Según ha explicado, esta doble orientación demanda una formación específica dirigida al profesorado y también orientada al conjunto de la comunidad educativa.

Urkullu ha recordado que el Programa Bizikasi ha crecido estos cinco años con el objetivo compartido de «contribuir a construir una convivencia positivas en las escuelas», y ayudar a intervenir cuando la situación lo requiere. Asimismo, ha apuntado que ha ofrecido formación especializada, ha permitido compartir experiencias, ha elaborado y aportado herramientas para los centros escolares.

EL ALUMNADO COMO PROTAGONISTA

«Nuestro objetivo es convertir al alumnado en protagonista. Es importante que el propio alumnado cumpla una labor reguladora y transformadora de comportamientos contrarios a la convivencia. De esta forma, debe y puede ser protagonista en la restauración de los puentes rotos», ha subrayado.

El Lehendakari se ha referido a los datos de acoso escolar del pasado año y ha remarcado que se constata que «crece la sensibilidad ante esta realidad y que cada vez son más los casos conocidos, gestionados y analizados».

«Hoy nuestro mensaje es muy claro: ‘todas y todos a una con el bienestar y la convivencia’. Detrás de cada caso hay una persona que sufre y otra persona que necesita que le ayudemos para que cambie su actitud», ha indicado.

Por ello, ha emplazado a «actuar, responder, tratar y ofrecer una salida ante la más mínima sospecha». «Este es el objetivo de este encuentro: reconocer la trayectoria desarrollada, contribuir a seguir formando a los equipos de trabajo, sensibilizar a la sociedad y reafirmar el compromiso de todas y todos: instituciones públicas y comunidad educativa», ha manifestado.

REFLEXIÓN

Durante dos días, cerca de 600 personas, entre profesionales de la educación, de la salud mental o personas expertas e investigadoras del ámbito universitario, se congregan en el Palacio Euskalduna de Bilbao para reflexionar y compartir puntos de vista en torno a la convivencia y el bienestar emocional en el ámbito escolar.

Estas jornadas se convierten en punto de encuentro para abordar el «reto y la responsabilidad de educar en convivencia y para la convivencia, un foro para reflexionar sobre el camino a andar hacia una escuela acogedora y segura, que cuide y promueva el bienestar emocional», tal como ha destacado el Ejecutivo Vasco.

Con el objetivo de contribuir en la consecución de ese reto, el Departamento de Educación ha preparado un programa en el que intervienen ponentes del máximo nivel, se presentan herramientas para la construcción de la convivencia positiva y experiencias pedagógicas inspiradoras que animen a seguir trabajando en la consecución de la meta.

PONENTES

Tras la apertura del congreso a cargo del Lehendakari, el primer ponente del congreso ha sido el neurólogo, psicoanalista y psiquiatra Boris Cyrulnik, uno de los grandes referentes en la psicología moderna. En su ponencia «Lenguaje y apego», el neurólogo francés ha abordado cómo los niños y niñas «se impregnan», incluso estando aún en el útero de su madre, de los sonidos y las palabras que escuchan en su entorno, «y el apego que esto genera».

A continuación, ha departido sobre «El buentrato» la psicoterapeuta, pedagoga y sexóloga Fina, que propone un desarrollo integral de la persona, abordando los problemas desde la dimensión personal, relacional y social, «que faciliten el autoconocimiento y los cambios necesarios para crear vínculos para la convivencia, que favorezcan relaciones más igualitarias, respetuosas y de buentrato».

AUTODIOAGNÓSTICO

Uno de los hitos principales del primer día del congreso ha sido la presentación, por parte del Departamento de Educación, de una nueva herramienta de autodiagnóstico dirigida a los centros educativos, dentro de la iniciativa ‘Bizikasi’ contra el acoso escolar y para la convivencia positiva.

La directora para la Diversidad e Inclusión Educativa, Lucía Torrealday, junto con el miembro del Servicio de Inspección, Alfonso Fernández, ha expuesto a los centros la nueva herramienta de autoevaluación.

El Gobierno Vaso lleva ya cinco años poniendo a disposición de los centros educativos, a través de Bizikasi, un conjunto de criterios, formación, y materiales orientados a la mejora de sus intervenciones para el desarrollo de la convivencia positiva, «y poner freno al acoso y al ciberacoso, dando así también una respuesta positiva a las demandas de intervención por acoso escolar».

Ahora, Bizikasi da un paso más y añade esta nueva herramienta para su utilización por parte de los centros educativos, con el objetivo de facilitarles la autoevaluación sobre el trabajo que realizan en un conjunto de criterios relacionados con esta cuestión. Su principal utilidad es formativa, no la medición de los niveles de convivencia.

El congreso proseguirá este jueves centrado en temas como los modelos de participación del alumnado, para incidir en la mejora del clima escolar de convivencia; la salud mental y la detección de conductas suicidas; o un acercamiento a los códigos y referentes del mundo digital, cada vez más extendido entre niños y adolescentes.

BUENAS PRÁCTICAS

A lo largo de estas dos jornadas, diversos centros educativos que integran el Sistema Educativo Vasco expondrán y compartirán, a modo de buenas prácticas, los proyectos que desarrollan en los ámbitos de la convivencia y del bienestar emocional.

Hoy, antes de cerrar la jornada, han trasladado sus experiencias el CEIP Cervantes de Bilbao, el CEIP Otxandio y el CPEIPS Presentación de María de Vitoria-Gasteiz. Mañana, será el turno del IES Koldo Mitxelena de Gasteiz, el IES Toki Alai de Irún, y el CEIP Bizarain de Errenteria.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que si se abre juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, «seguramente se tendrá que aplicar el Reglamento del Parlament», y avanza que si pasa esto hablarán con Junts y la CUP para consensuar la decisión sobre su aplicación.

«No hay aún apertura del juicio oral, que es lo que puede provocar la activación del Reglamento, pero es probable que nos encontremos pronto este escenario. Intentaremos buscar el consenso para tomar decisiones», ha dicho en una entrevista de Ràdio 4 y La 2 este miércoles, y ha insistido en que esperarán a la apertura del juicio para decidir su posicionamiento.

Vilalta ha afirmado que el Reglamento es muy claro en el artículo 25, y que «cuando a alguien se le abre juicio oral, se debe valorar cuál es la situación y si esa persona tiene que ser suspendida de derechos y deberes como diputado», pero ha apuntado que hay varios puntos dentro de este artículo y no solo el 25.5 que establece la suspensión de un diputado si se le abre juicio por un delito relacionado con la corrupción.

Sobre el acuerdo del catalán, para modificar la Ley de política lingüística, ha considerado que hubo «malas interpretaciones» sobre su finalidad, ya que cree que algunos vieron esta modificación como un ataque a la inmersión lingüística y al catalán y para situar al castellano como lengua vehicular en la educación.

Y ha defendido que están abiertos a encontrar espacios de mejora de esta propuesta de modificación: «Si hay dudas o incertidumbres, si alguien quiere intentar mejorar, adelante, estamos abiertos a encontrar este espacio de mejora, para ampliar consensos si es necesario o para explicarnos, porque seguro que nos tenemos que explicar mejor».

MESA DE DIÁLOGO

Con respecto a la mesa de diálogo, ha criticado que no se haya celebrado una nueva reunión, ha acusado al Gobierno de haber dado «demasiadas veces excusas o decir ‘ahora no toca», y ha añadido que desde el Govern siguen dispuestos a que se celebre otro encuentro cuanto antes.

Ha afirmado que, al margen de las reuniones, la Generalitat y el Gobierno mantienen conversaciones pero que siguen sin saber «cuál es la contrapropuesta del Gobierno si no están de acuerdo con el referéndum» pactado.

Ha advertido de que ERC puede replantearse el apoyo al Gobierno si no apuesta por la mesa de diálogo: «No estamos satisfechos con los avances de la mesa de negociación. Nosotros seguimos comprometidos con que funcione, pero si el compromiso del Gobierno no es mantener esta vía, obviamente nosotros nos tendremos que replantear la posición de apoyo».

La Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) ha reclamado este miércoles un cambio en el modelo retributivo que garantice la superviencia de las farmacias rurales y ha ensalzado el valor de estas y de los profesionales por su carácter social y sanitario, que requiere de acciones «urgentes».

Así lo ha asegurado el presidente de SEFAR, Jaime Espolita, durante la entrega de la IV edición de los Premios al Compromiso con la Farmacia Rural, a la que han asistido la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y la viceconsejera de Humanización Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, María Dolores Moreno.

«El modelo de planificación de oficinas de farmacia español favorece que las poblaciones más pequeñas y alejadas de los grandes núcleos urbanos puedan contar con una farmacia y, por tanto, ser asesoradas por un profesional sanitario, pero el modelo retributivo, basado únicamente en el número de medicamentos dispensados, está llevando a la farmacia rural, por sus propias características, a una situación económica muy compleja, en ocasiones, dramática, que puede terminar con la desaparición de muchas de ellas», ha asegurado Espolita.

Los premios han recaído en la directora general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, como agradecimiento por su labor para que desde el Ministerio de Sanidad se tomen medidas para garantizar la supervivencia de las farmacias rurales.

Asimismo, también ha sido reconocido Eduardo Pastor, presidente de Cofares, por su continua implicación con la situación e importancia de la farmacia rural, así como por el apoyo que presta este grupo empresarial a SEFAR y a sus asociados mediante la firma de diferentes convenios.

Además, en esta edición se ha premiado a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) por haber confiado en la farmacia rural para llevar a cabo un proyecto de la «envergadura e importancia» de Telémaco (para acompañar al paciente crónico de zonas rurales) y por la excelente relación que se ha establecido entre ambas sociedades desde entonces.

LA APUESTA DEL MINISTERIO

La conclusión del acto ha corrido a cargo de Silvia Calzón, quien ha enfatizado que uno de los principales objetivos, tanto del Gobierno como de Sanidad, es el reto demográfico. Por ello, ha insistido en que se ha llevado a cabo un plan con 130 medidas para frenar la despoblación.

En este sentido, ha destacado la apuesta decidida por el impulso al marco estratégico de la Atención Primaria, el fortalecimiento del Fondo de Cohesión Sanitaria con una aportación cercana a 40 millones, la ampliación de la Cartera de Servicios del SNS «para perseguir la equidad», así como el refuerzo del sistema sanitario en cuanto a recursos humanos, la implementación de la estrategia de Salud Digital o la eliminación de copagos farmacéuticos a grupos vulnerables.

Por último, ha remarcado una mención especial al incremento de las ayudas que reciben las oficinas de farmacia en el entorno rural con riesgo de despoblación y en un entorno social y económicamente vulnerable.

«En España actualmente hay más de 700 oficinas de farmacia están afectadas por el índice corrector. Esto supone más del tres por ciento del total de las oficinas de farmacia. De esta población de oficinas de farmacia más del 80 por ciento, se localizan precisamente en municipios de menos de 1500 habitantes. Como saben, el Ministerio de Sanidad ha iniciado la tramitación del proyecto normativo que modificará el Real Decreto 823 de 2008 por el que se establecen, en los márgenes deducciones y descuentos correspondientes tanto a la distribución como la dispensación de medicamento», ha manifestado Calzón.

Al respecto, ha señalado que el objetivo es aumentar las garantías para que la prestación farmacéutica de las oficinas de farmacias en el entorno rural «siga siendo accesible y capilar a toda la ciudadanía». «Trabajamos en definitiva, para la población y para los pacientes y para garantizar el acceso a los medicamentos, que es una condición, obviamente ‘sine qua non’, para garantizar la adherencia a los tratamientos por parte de los pacientes», ha defendido.

Por último, ha recalcado que, en concreto, trabajan para plantear medidas como aumentar las ayudas que reciben las oficinas de farmacia que cumplen los criterios exigidos, la elevación de un 17,5 por ciento de la cuantía fija derivada de la aplicación del índice corrector, «lo que se traduce en una ayuda económica máxima que pasa de los 833 euros actuales a 879 euros y todos los tramos establecidos incrementará en el mismo porcentaje».

El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado la consulta pública el Real Decreto de subvenciones para la adaptación al riesgo de inundación en el tramo medio del río Ebro que contará con una inversión de 10 millones de euros a repartir entre Aragón, Navarra y La Rioja.

Las ayudas, a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se emplearán en actuaciones y obras para reducir el riesgo de inundación en equipamientos urbanos, edificaciones, instalaciones y explotaciones agrícolas y ganaderas.

El Gobierno estima que más de 51.000 personas viven en el entorno del tramo medio del río Ebro y que alrededor de 347 explotaciones ganaderas están en zonas inundables.

El plazo de consulta pública del borrador de Real Decreto terminará el próximo 22 de abril, hasta cuando las partes interesadas podrán presentar alegaciones.

De esta forma, se contemplan 4,5 millones para Aragón, 4 para Navarra y 1,5 millones para La Rioja. Las subvenciones se destinarán a adquirir materiales que impidan la entrada de agua en los edificios o faciliten su evacuación, tales como barreras o bombas de achique, y a la ejecución de obras de impermeabilización o rediseño de fachadas, construcción o mejora de muros perimetrales, sellado de huecos y protección o traslados de instalaciones vulnerables.

También se concederán ayudas para implantar medidas de adaptación al riesgo de inundación y protección de explotaciones agrícolas y ganaderas o de mitigación tras los episodios de inundación.

Asimismo, también servirán para adquirir terrenos y para indemnizar derechos que pudieran resultar afectados por las actuaciones destinadas a la protección frente al riesgo de inundación o para financiar actuaciones de adaptación de vías de comunicación e infraestructuras ubicadas en zonas inundables.

En concreto, al menos el 25 por ciento del importe total de la subvención será para obras que permitan la protección y la adaptación al riesgo de inundación de los municipios, edificios, infraestructuras, instalaciones o equipamientos de titularidad pública en su ámbito territorial. Otro 25 por ciento se emplearán en actuaciones para adaptación al riesgo de inundación de bienes privados para minimizar los daños que producen las inundaciones en el ámbito territorial de cada comunidad.

También las comunidades podrán destinar hasta un 10% del importe total de las ayudas para la contratación de personal técnico que permita el asesoramiento y capacitación en el diseño e implementación de las actuaciones propuestas y la preparación de la documentación justificativa de las subvenciones.

Esta aportación será compatible con otras ayudas de cualquier administración pública, de otros entes públicos o privados de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.

La cifra total de indemnizaciones pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros en bienes asegurados por sus coberturas desde el año 2006 al 2020 asciende a los 72 millones de euros.

Sied Muhamed, el joven eritreo sin recursos de 22 años que tuvo un papel clave en la noche del pasado lunes para sacar del río Pisuerga a un varón de 24, ha sido recibido este miércoles por el equipo de Gobierno de Valladolid y ha explicado que cuando decidió tirarse al agua en su cabeza solo había «una cosa: salvarle la vida».

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha encabezado esta recepción, acompañado por varios de los concejales del equipo de Gobierno y por los policías que participaron en el rescate, y ha explicado que «lo mínimo» que puede hacer el Ayuntamiento es ayudar a Muhamed y la manera de hacerlo, ya que su situación en el país es legal al menos hasta 2026, es apoyarle para que encuentre trabajo. Para ello, cuenta ya con el ofrecimiento de alguna empresa vallisoletana.

«Se ha tirado antes de que yo llegara y cuando llegué parecía muerto, vi su chaqueta y he entrado al agua para sacarlo», ha relatado Sied Muhamed, de 22 años, que actualmente se encuentra sin trabajo y sin recursos –suele trabajar en labores agrícolas– y por ello reside en el albergue municipal situado en el paseo del Renacimiento, a pocos metros del lugar donde el joven de 24 años se precipitó al agua del Pisuerga en la noche del pasado lunes.

Al ser preguntado sobre si tuvo miedo de ahogarse, Sied Muhamed, ha explicado en un español lo suficientemente correcto como para explicar esta situación, que no lo pensó. «Yo tenía en mi corazón una cosa, salvar la vida de él, no hay más. Cuando entraba al agua en mi cabeza solo había una cosa, salvarle», ha relatado el joven eritreo.

Como ha explicado Óscar Puente, Sied Muhamed salió con 14 años del país situado en el noreste del continente africano y que vive un conflicto enquistado desde hace medio siglo. Posteriormente cruzó el mediterráneo en una patera que fue rescatada por un barco de Cruz Roja que llevó a los ocupantes del bote a Italia.

Muhamed llegó a España cuando todavía era menor de edad, con 17 años, por lo que el regidor ha subrayado que fue un menor extranjero no acompañado (Mena) y residió en un centro de acogida en Valladolid. Después, al llegar a la mayoría de edad logró un permiso para residencia y trabajo que tiene vigente hasta 2026.

Durante este tiempo, ha realizado tareas agrícolas en el campo y cuando tiene trabajo y recursos se busca una habitación en piso compartido pero cuando se queda sin sustento, como ahora, vive en el albergue municipal. De hecho, él mismo ha explicado que ha estado «un poco de tiempo» en la cárcel, al parecer por un altercado que se produjo en dicha instalación.

Óscar Puente, en su intervención, se ha referido sin mencionar a Vox ni al PP a algunos de los mensajes políticos que se han escuchado en los últimos tiempos, como la propuesta de «inmigración ordenada» que aparece en el acuerdo entre dichos partidos para el Gobierno de la Junta o la referencia del partido de derechas a que solo llegan a España inmigrantes del norte de África «en edad militar».

Así, el alcalde ha recalcado que a Sied Muhamed «le toca todo» y es un joven de 22 años procedente del norte de África «en edad militar» que ha salvado la vida a otro chico «de Valladolid, de Castilla y León».

LOS ASPECTOS «POSITIVOS» DE LA INMIGRACIÓN

Por ello, Puente ha querido poner el acento en los aspectos positivos de la inmigración y la política migratoria y ha subrayado que «no todas las personas que están en esta situación tiene esta oportunidad ni desde luego todas estas personas son delincuentes, sino que son seres humanos que necesitan ayuda y un trabajo, como todos los pobres de este mundo, nazcan donde nazcan».

En este sentido, el alcalde ha incidido en que «lo mínimo» que tenía que hacer el Ayuntamiento era «rendirle tributo» y ayudarle, como ha apuntado que hacen con todas a lo que ha añadido que ese es el «modelo de inmigración ordenada» en la que el equipo de Gobierno de Valladolid cree.

«La política de inmigración en la que se atiende a las personas pobres, que vienen de lugares en los que la esperanza de vida y las condiciones no llegan ni de lejos a lo que tenemos en nuestro país. Piensen por un momento en lo que ha pasado este joven y lo que tiene que ser su país para que haya tenido que hacer todo ésto», ha enfatizado el alcalde socialista.

Dado que Muhamed se encuentra en el país en situación legal, con permiso de trabajo y residencia hasta 2026, el alcalde ha señalado que la forma de ayudarle actualmente puede ser hablar con alguna empresa para facilitarle la búsqueda de empleo.

«Me gusta trabajar, yo quiero ayudar a mi familia y buscar mejores cosas. Venía a este país para hacer las cosas bien y ayudar a mi familia», ha explicado el joven eritreo.

De hecho, como ha informado poco después el alcalde de la ciudad a través de su cuenta de Twitter, la empresa vallisoletana Isolagua, del sector de la energía solar fotovoltaica, ya se ha ofrecido a dar un empleo a este joven norteafricano.

«HA SALVADO TRES VIDAS»

En la recepción también han intervenido dos agentes de Policía Municipal que participaron en el operativo para rescatar al joven ahogado y uno de ellos, ha incidido en que Sied Muhamed «no ha salvado una vida, ha salvado tres», en referencia a lo complicado que era el rescate debido a que el Pisuerga es un río «peligroso» y estaba todo muy oscuro.

El uniformado ha recalcado que para que el joven que se arrojó al río haya podido salvar la vida –se encuentra actualmente ingresado en un centro hospitalario– se dieron un «cúmulo de circunstancias» sin la coincidencia de las cuales posiblemente el desenlace no habría sido tan feliz.

Así, los agentes han explicado que en primer lugar se dio la circunstancia de que dos chicas que se encontraban en la zona observaron cómo el joven de 24 años caía al agua del Pisuerga y esa llamada fue escuchada por Muhamed y un grupo de jóvenes marroquíes que se encontraban con él.

Uno de los agentes de la Policía Municipal y otra compañera regresaban a casa a esa hora por lo que pudieron acudir a la orilla y avisar a agentes de servicio.

Los uniformados han destacado que el papel de Muhamed fue clave para sacar al joven del río, pues cuando llegaron al llegar no podían ver dónde se encontraba el ahogado y no fue hasta que el joven norteafricano le arrastró hacia la orilla cuando pudieron localizarle y ayudar a sacarle del cauce.

En ese punto, los policías realizaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar a la víctima que recuperó la respiración poco después, momento en el que como han aseverado los agentes, todos los presentes respiraron.

Como anécdota, los policías han señalado el «poco protagonismo» que buscaba el inmigrante eritreo ya que cuando trataron de darle una manta para que se abrigara ya no se encontraba en el lugar. Sied Muhamed ha explicado que se fue rápido porque estaba mojado y acudió a casa de «un amigo de la calle» en el barrio de La Rondilla para que le diera ropa para cambiarse y, finalmente, durmió esa noche allí.

El feliz desenlace de la historia de este joven e inesperado héroe puede tener pendientes todavía varios capítulos, como saber si Muhamed logra labrarse un futuro en Valladolid y, quizás más cerca en el tiempo, un encuentro entre él y el joven al que salvó la vida. Al veinteañero eritreo sí que le gustaría que se produjese esa reunión.

El periodista Manuel Campo Vidal ha presentado este miércoles en el Senado los resultados de un estudio realizado por la institución ‘Next Educación’ sobre la ‘Evolución de la percepción de los avances realizados en la España Despoblada’ en el último año en el que, entre otras cosas, más del 67,5% de los encuestados no están de acuerdo con la política del Gobierno contra el Reto Demográfico.

Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden de este informe en el que han sido encuestadas más de 320 personas «líderes del mundo rural», entre las que están representantes de las administraciones locales, entidades, periodistas rurales, plataformas, jóvenes y emprendedores.

En concreto, se han realizado a estas personas encuestadas casi 30 preguntas concretas sobre el problema de la despoblación, siendo una de ellas relacionada con la política del Gobierno frente al Reto Demográfico.

En este punto, más de dos tercios de estas voces rurales consideran que no se percibe una estrategia global efectiva del Gobierno frente al reto demográfico, frente al 32,5% de los encuestados que dicen que sí se percibe esta estrategia. En cualquier caso, los representantes de las plataformas son el grupo más crítico, seguido por los emprendedores y, en tercer lugar, por los jóvenes.

TRES AÑOS DE ESTUDIO

La institución ‘Next Educación’, que está presidida por Manuel Campo Vidal, ha vuelto a escoger el Senado para presentar este año este informe, que ya cumple tres años, coincidiendo además con la efemérides de la manifestación multitudinaria que la ‘España Vaciada’ protagonizó en Madrid el 31 de marzo de 2019.

Así, Manuel Campo Vidal ha desgranado brevemente durante su intervención las líneas principales de este estudio, en la que ha destacado la «riqueza analítica» del informe y ha llamado a mantener la «batalla» por reequilibrar España.

«Estamos en la agenda mediática y política», ha celebrado el director del estudio y presidente de Next Educación, que, no obstante, ha apelado también a los poderes públicos a hacer las leyes con una «lupa rural» alejada del «confort urbano».

Por su parte, el secretario general del Reto Demográfico, Francesc Boyá, ha defendido la acción del Ejecutivo y los «avances» para luchar contra la despoblación, aunque reconoce que los resultados no son todos los «inmediatos» que quisiera el Gobierno.

VOCES RURALES

Este acto también ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, porque el presidente de la Cámara, Ander Gil, se encuentra de viaje, que ha aplaudido que la presentación de este estudio se pueda detallar de nuevo en este foro.

También han dado su opinión, en una breve intervención, la presidenta de la Diputación de Palencia, María Ángeles Armisén; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; la alcaldesa de Montoro (Córdoba), Ana María Romero; el alcalde de Peñas de San Pedro (Albacete), Antonio Serrano; la secretaria general de FEMEMBALSES, María Teresa Bardají; el director del Diario de Teruel, Chema López; el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, Secundino Caso; la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Teresa López; y la representante de la agrupación ciudadana Jóvenes de Castilla y León, Irene Barahona.

España será el país invitado de la 46ª Feria Internacional del Libro de Calcuta 2023, como ha anunciado en rueda de prensa la Autoridad de la Feria del Libro, en presencia del Embajador de España en la India, el escritor y diplomático José María Ridao Domínguez.

«Es un gran orgullo que España haya sido elegida país de la 46ª edición de la Feria Internacional del Libro de Kolkata. Esto mejorará los vínculos culturales entre India y España», expresó tras conocer la decisión.

Es la segunda vez que España es el país invitado, después de su participación en 2006, como explicó por su parte en la rueda de prensa el secretario honorario del Sindicato de Editores y Libreros, Tridib Chatterjee, organizador de la Feria Internacional del Libro de Calcuta.

Como han añadido los organizadores, la próxima edición de la feria literaria se celebrará en el mes de enero del año que viene, en fechas aún por confirmar. La Feria Internacional del Libro de Calcuta es la más visitada del mundo.

La Academia Indo Hispánica de la Lengua, coordinadora oficial de la Feria Internacional del Libro de Calcuta para los países de habla hispana, ha jugado un papel importante para la elección de España, que se espera que tenga un papel protagonista en esta cita literaria.

El delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «complicar» la solución al conflicto del Sáhara Occidental con su «giro radical» tras «inclinarse por Marruecos», lo que supone «salirse de la legalidad» internacional.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras acudir a una manifestación a las puertas del Congreso en protesta por la posición del Jefe del Ejecutivo, que precisamente ha coincidido con su comparecencia en el Congreso por este motivo.

Arabi, que ha seguido la intervención de Sánchez desde la tribuna de invitados de la cámara, ha criticado que el presidente no ha aportado nada nuevo y se mantiene en unas tesis, al ver el plan de Marruecos como la opción más realista para solventar este conflicto, que contravienen la postura tradicional de España.

«Se inclina por una de las partes, que es Marruecos, y eso es salirse de cualquier marco legal y eso es lo que no quiere reconocer», ha apuntado el representante del Frente Polisario, que también ha censurado que este cambio «complica» el conflicto y la labor del representante de Naciones Unidas.

Por tanto, ha concluido que Sánchez sigue «negando la realidad», no tiene «en cuenta la voluntad del pueblo sahararui», «ignora» la legalidad internacional y obvia la «responsabilidad» de España como «potencia administradora».

«Este giro radical solo contenta a Marruecos y esa es la intención», ha apostillado para exigir al Gobierno que mantenga la apuesta por el referéndum de autodeterminación.

Durante la protesta, convocada por las asociaciones FEMAS y ASCM, los congregados, entre los que había un grupo de sahararuis, han coreado consignas como ‘Sánchez atiende, el Sáhara no se vende’, ‘Marruecos asesina, España patrocina’, ‘Socialistas traidores’ y ‘Marruecos culpable, España responsable’, junto a carteles que exigían un referéndum de autodeterminación y la bandera del Sáhara Occidental.

APOYO DE UP Y SOCIOS DEL EJECUTIVO A LA MANIFESTACIÓN

A esta protesta han acudido, para mostrar su apoyo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufían, su homóloga en Bildu, Mertxe Aizpurua, la diputada de la CUP Mireia Vehí, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, su compañera en Más País-Equo Inés Sabanés y un nutrido grupo de diputados de Unidas Podemos.

Del espacio confederal han participado la portavoz adjunta, Sofía Castañón, el dirigente de IU y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, la portavoz de En Comú Podem Aina Vidal, y otros representantes de esta bancada como Juantxo López Uralde, Javier Sánchez Serna, Antón Gómez Reino, Lucía Muñoz, Isabel Franco, Marisa Saavedra, Roser Maestro y Miguel Ángel Bustamante.

Agentes de la Policía Local de València detuvieron este martes por la tarde a un hombre de 83 años por un presunto delito de violencia de género hacia su pareja, con la que está casado desde hace 56 años y a la que supuestamente ha maltratado durante toda la relación, con agresiones físicas, amenazas, insultos y vejaciones.

La víctima, que fue atendida por agentes del grupo GAMA de la 5ª Unidad de Distrito, les relató había tenido que atrancar muebles en su habitación durante las últimas noches para impedir que su marido accediera ante la gravedad de las amenazas que presuntamente le dirigía y no era la primera vez.

La mujer explicó a los agentes que desde hacía unos años no le agredía físicamente y si bien esa violencia física había sido habitual «durante mucho tiempo», los insultos, las humillaciones y las amenazas seguían siendo «muy frecuentes» y tenía «mucho miedo» de que pudiera cumplirlas.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, los hijos de la pareja, con los que se contactó ayer por la tarde, reconocieron los malos tratos que ha sufrido su madre durante toda su vida y señalaron que le habían instado a separarse «en numerosas ocasiones aunque ella no lo había hecho nunca.

A los agentes les detalló que sentía «vergüenza por lo que pudiese decir y pensar su entorno». La mujer no había trabajado nunca fuera de casa; se había dedicado siempre a las tareas domésticas y a la crianza de sus hijos; carece de independencia económica y no se atrevía a denunciar aunque admitió que así «no podía seguir viviendo». Ahora, agentes del grupo GAMA le están asesorando para activar su protección.

«REALIDAD INSOPORTABLE»

El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aarón cano, ha asegurado sentirse «profundamente afectado» tras conocer los hechos, y ha manifestado que este caso «evidencia que la violencia de género no conoce de edades ni clases sociales pero es especialmente dolorosa cuando se trata de un caso como este, una mujer que ha tenido que convivir durante casi toda su vida con una realidad insoportable e inaceptable».

«No puedo ni imaginar el infierno que ha podido vivir», ha señalado el responsable del área de Protección Ciudadana que ha reconocido que estos casos «se siguen produciendo en nuestra sociedad pero son mucho más difíciles de detectar y tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en este sentido».

Según ha señalado, «creemos que estos casos ya no existen, creemos que hemos avanzado y lo hemos hecho pero situaciones tan extremas como esta nos demuestran también todo lo que nos queda por hacer», ha señalado el edil, para quien esta situación «demuestra una vez más que la violencia de género que sucede en el ámbito privado es pública y nos concierne a todos». «No podemos tolerar que una mujer sufra todo lo que ha sufrido. Nos tiene que hacer reflexionar a todos y a todas», ha expresado.

600 MUJERES PRTEGIDAS POR GAMA

El grupo GAMA, que actualmente protege a más de 600 mujeres en la ciudad de València, ha realizado y realiza programas de detección de violencia de género ante casos como este a través de su presencia con charlas y conferencias en centros de mayores.

También a través de acuerdos con centros sanitarios cuyos profesionales pueden dar la primera alerta que active el proceso de detección de una víctima de violencia de género. «Todos y todas, profesionales de la salud, de emergencias, vecinas, vecinos, familiares, amigos, todos tenemos que estar alerta para dar la primera voz de alarma que pueda activar una protección», ha manifestado.

En esta línea, ha subrayado que casos como este «nos demuestran que poner unos hechos en conocimiento de la Policía puede activar el proceso de una protección y un seguimiento para acabar con una pesadilla que ha durado tanto tiempo como el que ha sufrido esta mujer»».

Aldeas Infantiles SOS ha presentado este miércoles en Madrid el proyecto ‘Infancia segura: prevención y respuesta a la violencia entre iguales’, mediante el cual se formará a profesionales de la educación y el cuidado infantil, y a niños, niñas y adolescentes para que sean agentes activos en la creación de entornos seguros para la infancia e impulsar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Mediante la adquisición de habilidades y herramientas, niños y adolescentes aprenderán a protegerse y prevenir la violencia, así como a detectarla y responder de forma adecuada ante este tipo de situaciones.

A través de formación presencial, también profesionales de la educación y el cuidado a la infancia serán capacitados en la prevención, identificación y respuesta a situaciones de violencia entre iguales, incluyendo cómo apoyar tanto a las víctimas como a aquellos que la inician.

En la presentación, que ha contado con la presencia de la coordinadora del proyecto, Concha Maldonado, el director territorial de Aldeas Infantiles SOS en Madrid, David López, y dos jóvenes participantes en el mismo, se han expuesto las conclusiones de un análisis consultivo realizado a profesionales, adolescentes y jóvenes que ha servido para elaborar la Guía Metodológica que será la base de las formaciones.

«La participación es clave en este proyecto, ya que han sido los propios niños, niñas y jóvenes los que nos han proporcionado la información necesaria para elaborar las pautas que abordaremos con ellos, ellas y con los adultos», ha explicado Concha Maldonado, al tiempo que ha subrayado que «contribuye, además, a fomentar el liderazgo social de la infancia».

Desde la coordinación del proyecto explican que la violencia entre iguales incluye bullying, ciberbullying, violencia sexual, emocional y física, acoso e intimidación.

El proyecto se apoya en la metodología de conductas protectoras, que aboga por el desarrollo de la autoconfianza en los niños, niñas y adolescentes y en el fomento de habilidades que les ayuden a no ser victimizados. Además, los pone en el centro del aprendizaje e incide en la educación entre iguales.

«Se ha demostrado que niños, niñas y jóvenes encuentran a sus iguales más creíbles y que entre ellos se producen conexiones de manera más fácil y natural, favoreciendo así la apertura y el trabajo de temas complejos», argumenta la coordinadora del proyecto.

Con esta iniciativa, Aldeas Infantiles SOS quiere dar «un impulso» a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, así como favorecer la participación y el protagonismo de los niños y niñas «como sujetos de derechos», tal y como ha afirmado Concha Maldonado.

Para ello, la ONG considera preciso involucrar a socios clave y lograr un compromiso por parte de las administraciones públicas y otros actores implicados.

Así, el Grupo Nacional de Coordinación del proyecto ha dado cabida a la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Plataforma de Infancia (que representa a 73 organizaciones), la Cátedra Santander de Derechos del Niño de la Universidad de Comillas, dos jóvenes expertas y el equipo de Aldeas Infantiles SOS.

El proyecto está cofinanciado por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Dirección General de Justicia de la Unión Europea y tendrá una duración de dos años. Está liderado por Aldeas Infantiles SOS Internacional y se está implementando en España, Bélgica, Francia, Italia y Rumanía.