El Gobierno está a punto de aprobar el decreto que permitirá la regularización de más de medio millón de extranjeros en situación irregular. Esta normativa establece un plazo de tres meses para que los beneficiarios presenten sus solicitudes.
Ante la previsión de una llegada masiva de expedientes que podría saturar las oficinas de extranjería, el Ejecutivo ha decidido habilitar otros espacios públicos como el de Correos para la recepción de documentos.
Según el último borrador de la norma, las oficinas de Correos y de la Seguridad Social en todo el país abrirán ventanillas específicas para estas gestiones.
Los trabajadores de la empresa pública postal serán los encargados de tramitar las solicitudes que posteriormente revisará el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Se ha elegido a esta entidad por su amplia presencia en el territorio nacional, ya que cuenta con 2.400 oficinas y 7.000 carteros rurales. Esta capilaridad permite llegar a todos los municipios, incluyendo la España vaciada y las zonas periféricas. Sin embargo, la plantilla de Correos denuncia que debe asumir estas funciones sin haber recibido información previa y con recursos que consideran insuficientes para la magnitud de la tarea.
LA ADVERTENCIA SINDICAL DE CORREOS SOBRE EL AUMENTO DE CARGA LABORAL Y FALTA DEL PROTOCOLOS
Y es que las organizaciones sindicales de Correos anticipan un aumento drástico en el volumen de trabajo diario. Según los representantes de los trabajadores, gestionar cada solicitud de regularización puede ocupar entre veinte minutos y media hora del tiempo de atención al cliente.
Se estima que el proceso podría implicar la recepción de entre 500.000 y un millón de peticiones en un periodo de tiempo muy reducido. El secretario general de CCOO Correos, Regino Martín, destaca que "es una regularización que nos pilla por primera vez, y vamos a llevar el peso fundamental de las solicitudes".
La principal queja reside en la falta de planificación y de una negociación previa con los representantes laborales. Los empleados echan en falta un protocolo de actuación que aclare cómo deben organizarse desde la aprobación del decreto hasta el 30 de julio, fecha en la que termina el plazo. Los sindicatos señalan que la plantilla actual es de unos 42.000 trabajadores, una cifra inferior a la de años anteriores debido a las jubilaciones que no se han cubierto. En esta línea, aseguran que "la plantilla no sabe de qué va esto, no se les ha informado de absolutamente nada", lo que genera una sensación de improvisación.
CORREOS GARANTIZA LA CAPACITACIÓN MIENTRAS LOS SINDICATOS EXIGEN UN REFUERZO DEL 30%
Por su parte, la dirección de la empresa pública afirma que ha mantenido un contacto constante con las organizaciones para informar sobre estos cambios legislativos.
Aseguran estar trabajando de manera coordinada con el Gobierno para garantizar que la prestación de los servicios sea eficaz. Respecto a la preparación de los empleados, Correos sostiene que ha diseñado un programa específico de formación y capacitación. Este plan busca dotar al personal de los conocimientos necesarios para gestionar los trámites de extranjería, especialmente en lo relativo a la habilitación para representar al solicitante.
La empresa defiende que sus oficinas están preparadas para asumir este procedimiento de la misma forma que gestionan otras ayudas públicas o trámites administrativos complejos. A pesar de estas declaraciones, los sindicatos insisten en que hasta hace pocos días no habían recibido notificaciones oficiales sobre las nuevas labores. Calculan que sería necesario un refuerzo de al menos el 30% de la plantilla para evitar que la calidad del servicio postal tradicional se vea afectada por la acumulación de expedientes de migración.
Requisitos y plazos de la séptima regularización extraordinaria en España
La ministra Elma Saiz ha confirmado que la aprobación de la medida es inminente. Esta será la primera regularización de este tipo en dos décadas y la séptima en los últimos cuarenta años. El decreto está dirigido a personas extranjeras que estuviesen en España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten una permanencia continua de al menos cinco meses.
El Consejo de Estado ya ha avalado la norma, aunque ha sugerido que se asegure que los solicitantes carezcan de antecedentes penales en sus países de origen o en España.
El proceso arranca con una gran presión temporal, ya que las entidades sociales temen que el plazo sea demasiado corto para tramitar todas las peticiones previstas. La ley establece que los beneficiarios no deben suponer una amenaza para el orden público, un punto que ha generado controversia política.
Mientras el Gobierno defiende la necesidad de integrar a estos trabajadores en el sistema formal, otros sectores temen que la medida afecte a la seguridad nacional. La resolución de estas solicitudes dependerá finalmente de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería tras el paso previo por las ventanillas de Correos.
