Iberdrola pide la nulidad del acta notarial con la que un ex directivo dejó constancia de una factura de Villarejo

Iberdrola ha presentado una demanda ante los juzgados de primera instancia de Bilbao en la que reclama la nulidad del acta notarial con la que su ex director de Control de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo buscó protocolizar un ‘dossier’ formado por distintas facturas, incluida una emitida por la empresa del comisario José Manuel Villarejo, y un escrito donde denuncia supuestas irregularidades.

La demanda, se dirige contra Del Olmo pero también contra Marcos Peña, entonces responsable del área de seguridad general de Iberdrola, y Ángel José Manuel Zarabozo, adscrito al primero que se ocupaba específicamente de la seguridad de las centrales nucleares de la compañía, así como contra el notario Luis Jacinto Ramallo, que firmó el acta.

Los hechos se remontan al 20 de diciembre de 2004, cuando Del Olmo, Peña y Zarabozo acudieron al despacho de Ramallo para entregarle un sobre cerrado que contenía diversos documentos con la intención de que permaneciera en su poder hasta que ellos se lo reclamaran.

«Me requieren, a mí, el notario, para que acepte en depósito un sobre cerrado, firmado por los comparecientes, cuyo contenido desconozco, si bien los comparecientes manifiestan que su contenido no es contrario a las leyes, a la moral o a las buenas costumbres», plasmó Ramallo en el acta formalizada ese mismo día.

Iberdrola esgrime que el fedatario público incumplió sus obligaciones legales tanto en el fondo como en la forma porque, por un lado, no hizo el «control de legalidad» del contenido del sobre y, en consecuencia, tampoco incluyó en su acta una «sucinta descripción» del mismo. «Es decir, existe un incumplimiento legal esencial», afirma la demandante.

Así, la compañía reclama a los juzgados bilbaínos que declaren la «nulidad de pleno derecho» del acta notarial del 20 de diciembre de 2004 y que su contenido «carece de los requisitos legales para determinar la fehaciencia» del mismo.

APROPIACIÓN ILEGÍTIMA

Tras la apertura del sobre cerrado, a la que se procedió el pasado 21 de enero en el contexto de la investigación que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional sobre los trabajos realizado por Villarejo, se vio que contenía un total de catorce facturas emitidas a Iberdrola y anotaciones presuntamente realizadas por Del Olmo sobre la contabilidad de la empresa energética y supuestas irregularidades.

Según detalla la demanda, en esas facturas hay una emitida por CENYT, la cabeza del grupo empresarial dirigido por Villarejo, el 16 de octubre de 2014; otras ocho libradas por otra mercantil, Casesa, entre mayo y septiembre de ese mismo año; y cinco procedentes de miembros del consejo consultivo de Iberdrola en Andalucía.

Iberdrola recalca, en primer lugar, que se trata de archivos de su propiedad de los que Del Olmo «se apropió ilegítimamente», tal y como recoge una reciente sentencia de un Juzgado Mercantil de Bilbao.

Y, en segundo lugar, llama la atención sobre el hecho de que, si Del Olmo observó supuestas irregularidades, «lejos» de denunciarlo por «las vías internas de laempresa o a las autoridades judiciales o policiales», optó por hacer un depósito ante notario con «el pretexto» de que le pudiera servir de defensa si esos hechos acababan investigados por la Justicia.

Esta demanda, presentada el 12 de noviembre, acrecenta la batalla legal que mantienen Iberdrola y su ex directivo desde que la empresa se querelló contra Del Olmo en 2020 acusándole, precisamente, de manipular ese ‘dossier’.

En una reciente resolución, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal que absorbió la querella, acordó reabrirla, imputar a Del Olmo y devolver a Iberdrola la condición de perjudicada. La compañía ya ha pedido al instructor que interrogue a su otrora empleado sobre esta supuesta manipulación.

Este asunto se enmarca en una investigación mucho más amplia sobre los encargos ilícitos que Iberdrola habría hecho a Villarejo a lo largo de los años. El presidente de la mercantil, Ignacio Sánchez Galán, está imputado por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.