El comisario Enrique García Castaño, uno de los acusados en el triple juicio por ‘Tándem’ que se celebra en la Audiencia Nacional, ha solicitado en la sesión de este lunes la nulidad de las grabaciones realizadas por el también comisario José Manuel Villarejo, principal encausado, que son uno de los pilares probatorios de la macrocausa, alegando que contaminan el proceso porque se obtuvieron de forma «subrepticia», rompiendo la cadena de custodia y contienen una «provocación delictiva».
Así lo ha reclamado el abogado de García Castaño, Aitor Martínez, en la tercera sesión de un juicio donde se ventilan a la vez las piezas separadas ‘Iron’, Land’ y ‘Pintor’, si bien el comisario solo está acusado por las dos primeras, hechos por los cuales la Fiscalía Anticorrupción reclama que sea condenado a más de 80 años de cárcel.
El letrado ha solicitado como parte de sus cuestiones previas la nulidad de las grabaciones que Villarejo hacía de las conversaciones que mantenía con terceras personas, incluido García Castaño, al que apodaba ‘Big’, argumentando que se consiguieron de forma «subrepticia», esto es, sin las necesarias «garantías legales».
En este sentido, ha señalado que se trata de charlas donde uno de los intervinientes es Villarejo, policía en activo, que las mantuvo sin que mediara orden judicial, de modo que la defensa entiende que discurren «en un marco de una clara provocación delictiva» que empujaría a los otros implicados en estas conversaciones a cometer o reconocer delitos.
Martínez se ha adelantado a la posible respuesta del Ministerio Público, aduciendo que Villarejo no puede ser considerado como un particular en lo tocante a estas conversaciones, un estatus que sí las haría válidas.
A este respecto, ha sostenido que Villarejo se presentaba a sus interlocutores bien como comisario bien como abogado y, en este último supuesto, el diálogo está protegido por el secreto profesional entre letrado y cliente.
Además, al igual que ya hicieran las demás defensas en las sesiones iniciales, Martínez ha esgrimido que las grabaciones incautadas en las entradas y registros de 2017 tampoco pueden admitirse como pruebas porque vulneraron la orden judicial que dio lugar a esta acción policial.
«Lo que hizo la Policía Nacional fue arramblar con toda la información», ha denunciado, recordando que los dispositivos electrónicos no fueron precintados y estuvieron fuera del control judicial durante 17 días, tiempo suficiente, a su juicio, para que su contenido fuera manipulado.
En este punto, el abogado defensor ha puesto sobre la mesa la llamada ‘guerra de comisarios’ al señalar la «indiscutible animadversión» entre el CNI y Villarejo, dando por hecho que la unidad policial encargada de esas inspecciones actuaba a las órdenes de la Inteligencia española.
Al margen de la docena de cuestiones previas que ha planteado, y que han acaparado las primeras dos horas del juicio, Martínez ha querido poner de relieve que García Castaño ha hecho un depósito de 37.000 euros en la cuenta bancaria del juzgado para cubrir las eventuales responsabilidades civiles a las que pueda ser condenado en ‘Iron’, y ello a pesar de que «no ha sido acusado por ninguna víctima», ha recalcado.
