La Plataforma RMI Tu Derecho ha denunciado la «incompetencia» y «oscurantismo» del Gobierno en la gestión y el diseño del Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegando, incluso, a situar a los beneficiarios de la prestación en una situación de «extorsión» que, apuntan, es «ilegal».
La entidad explica que, desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se ha alertado al Gobierno de «los excesivosrequisitos» que se establecen para acceder a él, así como «el oscurantismo e incompetencia de los responsables políticos» en cuanto a su diseño y gestión.
Y ejemplifica esta situación con una historia «verdadera» que protagoniza una familia formada de cuatro miembros (dos menores) que solicitó el IMV en febrero de este año Como no tienen ingresos desde 2012, no hacen declaración de IRPF –la ley les exime de ello– y tampoco la hacen este año porque el decreto del Ejecutivo no indica que sea una obligación de los solicitantes.
Aún así preparan la de 2020, porque la norma sí apunta que debe ser presentada una vez el IMV ha sido concedido, algo que ocurre en julio de este año. Cuando la Seguridad Social les dice que para conservar la ayuda tienen la obligación de acreditar haber hecho la declaración de IRPF 2020, el plazo para presentarla ya está cerrado y les piden que lo hablen con Hacienda, que sí les permite entregarlo fuera de plazo pero pagando 200 euros.
«Paradójicamente, a la vez que se afirma que habrá multa se les señala la posibilidad de alegar contra ella indicando la fecha de recepción de la comunicación de concesión de IMV», explica la ONG, que se pregunta: «¿No sería más justo para la familia y más sencillo para el Estado evitarse una multa injusta y ajena al significado de una norma hecha para perseguir infracciones tributarias?.
UN IMPUESTO «ANTISOCIAL»
Con esta situación, la entidad viene a denunciar la presencia de «un impuesto antisocial» bajo la forma de multa «por haber actuado deforma a acorde a las leyes vigentes». A su juicio, se trata de un «mensaje intimidatorio» del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que viene a decir que si se quiere el IMV hay que «regalar 200 euros a Hacienda».
«Es una infamia de la que debe avergonzarse todo el Gobierno del ‘respaldo social’. Es por eso que llama a los compañeros del ministro en la Moncloa a «obligarle a rectificar».
A su juicio, esta situación es «una extorsión a las personas empobrecidas» e «ilegal» porque «se basa en una interpretación arbitraria de la normativa del IMV y de la legislación tributaria».
La Plataforma quiere que, «de forma inmediata» el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social adopten las medidas necesarias para que el decreto sobre el Ingreso Mínimo se interprete en «el único sentido razonable posible», que sería «la obligación de presentar anualmente la declaración correspondiente al IRPF» en las personas beneficiarias a partir del inicio del periodo de declaraciones inmediatamente posterior a la concesión de la ayuda.
REFORMAS PARA ELIMINAR EL «ABUSO»
Además, pide al Congreso que consiga este cambio en la tramitación del decreto como proyecto de ley, que se está realizando en la Cámara; y que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en tanto se dé esta anómala situación, renuncie a establecer multas para las personas y familias que, sin tener la obligación fiscal de declarar, se vean obligadas a hacerlo fuera de plazo por imposiciones arbitrarias de otras administraciones públicas.
«En definitiva, instamos a ambos ministerios, y al propio presidente del Gobierno de España si es necesario, a que, acogiendo estas peticiones o, si así lo consideran, con otras soluciones diferentes que permitan evitar estas situaciones injustas y que ‘dejan atrás’ a muchas familias que necesitan respaldo social en vez de multas injustas, corrijan este abuso», concluye la entidad.
Estas quejas se unen a las realizadas por al Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que, esta semana, también ponían en tela de juicio el funcionamiento de esta prestación, que consideran excesivamente burocrática.
A su juicio, el diseño y gestión de esta medida no está siendo eficaz. De hecho, apuntan, de las 3,3 millones de personas que necesitarían la prestación –según los datos del INE– sólo se benefician del ingreso unas 900.000.
