El PP, contra la nueva Ley del Patrimonio «intervencionista» del Gobierno

El diputado del PP en el Congreso por Córdoba, Andrés Lorite, ha mostrado este viernes la oposición de su partido a la nueva Ley del Patrimonio «intervencionista» que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez, a la vez que ha defendido la labor tanto del Cabildo Catedral como de la Junta de Andalucía en la conservación, mantenimiento y garantías de los bienes Patrimonio de la Humanidad.

En una rueda de prensa, Lorite ha lamentado que «el Gobierno de Sánchez tiene una obsesión intervencionista con determinados elementos patrimoniales, como es el caso de la Mezquita-Catedral», de modo que «el PP se opone a esta ley que lo único que pretende es poner controles a los bienes patrimoniales y trabas en el camino en la gestión de la conservación de los mismos, porque esta ley no aporta nada, ni recursos económicos, sólo ralentiza el programa de rehabilitación, conservación y garantía de los bienes», ha advertido.

El popular ha recordado que, en el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, «la administración de tutela es la Junta de Andalucía, como se establece en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía Andaluz (Artículo 68)», mientras que «el PSOE y el Gobierno de Sánchez están obsesionados con la Mezquita-Catedral desde hace años, con un afán intervencionista que no se va a aceptar», ha afirmado.

Frente a ello, el diputado del PP se ha mostrado «profundamente orgulloso» de la gestión del Cabildo Catedral «como propietario del inmueble» en la conservación y mantenimiento del principal templo de la Diócesis. «Hacen un excelente trabajo con los controles pertinentes de la Junta de Andalucía, y no vamos a aceptar la obsesión intervencionista del Gobierno socialista de Sánchez y sus socios», ha subrayado.

En otro orden de cosas, Lorite ha calificado de «grave erro la reforma del sistema de pensiones anunciada por el Gobierno y que ha contado con el rechazo de sindicatos y patronal», dado que «ahonda en la brecha generacional y recuerda al Gobierno de Zapatero que fue el único que congeló las pensiones», ha dicho el popular, quien ha remarcado «la dicotomía del PSOE que recorta y congela pensiones, mientras el PP sube pensiones y aumenta el factor de sostenibilidad de las mismas».

«No vamos a aceptar ningún tipo de recorte en las pensiones, ni en el poder adquisitivo de los pensionistas», ha sentenciado el diputado, quien ha calificado de «disparate y choque frontal contra el Pacto de Toledo y contra la sostenibilidad del sistema de pensiones». «Muchos cordobeses tendrán que elegir entre trabajar más años o ver menguada sus pensiones», ha avisado, para apostillar que «esto es intolerable y vamos a dar la batalla para que se cumpla el Pacto de Toledo».

DIMISIÓN DE SÁNCHEZ

Asimismo, Lorite ha detallado un decálogo de razones para pedir la dimisión del presidente del Gobierno de España, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

Según ha expresado, «España ya no puede aguantar más las mentiras, los atropellos y la indignidad a la que somete al Estado de Derecho». «¡Ya está bien de cesiones y pleitesía a sus socios independentistas y separatistas; ya está bien de negligencia en la gestión de esta pandemia y de la crisis económica y social derivada de ella!», ha exclamado el popular, quien ha defendido que «no merecemos que este Gobierno permanezca ni un minuto más en La Moncloa».

Dicho decálogo para la dimisión se resume en «sus indultos a los autores de la intentona golpista del 1-0; sus ataques contra el Estado de Derecho; ser el peor Gobierno posible para afrontar la peor crisis de salud pública en cien años; su nefasta gestión económica de la crisis; cargar el coste de la crisis en las familias, en los autónomos y en las clases medias con una subida de impuestos sin precedentes».

Igualmente, ha apuntado al hecho de «utilizar los fondos europeos en su propio interés y no en el interés general de todos los españoles; humillar la memoria de las víctimas del terrorismo; socavar las libertades de los españoles; la ruptura del pacto constitucional en materia educativa, y la irrelevancia y descrédito internacional de España».