El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado dejar en libertad bajo fianzas de hasta 200.000 euros a cinco de las casi 50 personas detenidas por presunta estafa en el marco de la ‘Operación Titella’, en la que también se investiga al productor de televisión José Luis Moreno. Un sexto detenido ha quedado en libertad sin fianza.
Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado ha fijado caución de 200.000 euros para Antonio José Salazar y para Gerardo García Quintero; y de 10.000 euros para Viviana Domínguez, Raúl Pontvianne y José Luis Meseguer. Todos tienen hasta el próximo jueves para ingresar el dinero.
El juez ha resuelto que Montserrat Pedreny no abone fianza alguna, pero ha acordado la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer semanalmente.
A todos se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro de la investigación de la Audiencia Nacional.
El jueves fueron puestas en libertad otras cinco personas, incluidos el propio José Luis Moreno y Antonio Aguilera, a los que el instructor señala como cabecillas de la trama. Ambos están acusados de delitos contra la Hacienda Pública, asociación ilícita, estafa, falsificación de documentos, blanqueo e insolvencia punible y tendrán que depositar en metálico o con aval bancario tres millones y 200.000 euros, respectivamente, antes de las 15.00 horas del 8 de julio.
LA INVESTIGACIÓN Y LA OPERACIÓN POLICIAL
Todos fueron detenidos en el marco de una investigación policial en la que se realizó una intervención donde se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una ‘mula’, que trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.
Los investigadores de la ‘Operación Titella’ creen que la organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. «Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga», han informado la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.
Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.
Esta organización, una vez captaba los fondos, «activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el ‘peloteo’ de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria», según han destacado Policía y Guardia Civil.
El dinero que era blanqueado por los investigados tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Islas Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable: tenían en mente crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.
DOS ORGANIZACIONES CRIMINALES EN UNA
La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros.
El juez de la Audiencia Nacional apunta, en la resolución donde ordena los registros realizados esta semana, a la existencia de «una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades, desde el fraude y la estafa a entidades bancarias e inversores privados, a la fabricación de efectos bancarios como cheques y pagarés».
«Ligada directamente» a esta organización criminal, explica el instructor, habría otra supuestamente liderada por Carlos José Brambilla y dedicada al tráfico internacional de drogas. Esta segunda usaría a la primera para blanquear el dinero obtenido del ‘narco’ a través de un intermediario que el magistrado identifica como Gerardo Mauricio García Quintero.
El grupo funcionaría perfectamente jerarquizado con Moreno y Aguilera como «máximos responsables» y Antonio José Salazar como tercero en acción. Cada uno tendría una función específica. El productor de televisión, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Para el juez, «queda más que demostrado el enriquecimiento personal del productor, a la vista de las numerosas transferencias que se envían a sus cuentas personales». Su operativa estaría enfocada a inversores privados y a repatriar el dinero desde el extranjero por transferencia bancaria utilizando para ello empresas interpuestas con sede en Madrid y Marbella, movimientos que después justificaría con «facturas falsas de alquileres, gastos y prestación de servicios».
UN MILLÓN CADA DOS SEMANAS
Ese dinero pasaba entonces a manos de Aquilera y Salazar, de acuerdo con el juez. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecían de actividad alguna, afirma el magistrado.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones movían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida de dos formas: con ingresos en efectivo que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o como inyecciones en metálico en ventanilla para lo que contarían con la complicidad de empleados de sucursales bancarias que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 calcula, en base a las pesquisas realizadas hasta la fecha, que movían cerca de un millón de euros cada 15 o 20 días. En este sentido, destaca que, solo en una de estas maniobras, Moreno habría logrado captar 31 millones de euros con el pretexto de un proyecto cinematográfico.
Al instructor le llama la atención que para conseguir sus fines recurrían a «cualquier operativa bancaria que les pudiera proporcionar beneficios económicos». Así, resalta que actualmente se estarían aprovechando de los créditos ICO que se están concediendo por la pandemia de coronavirus, «dado que dicen que son más fáciles de conseguir y que las entidades bancarias están deseando concederlos».
Toda esta dinámica fraudulenta, expone Ismael Moreno, no habría sido posible sin la ayuda de terceras personas, entre las que menciona a abogados, gestores, empleados de banca y «personas de su especial confianza».
