La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) ha reclamado este miércoles, ante la directora general de Economía Social del Gobierno, Maravillas Espín Sáez, «mayor igualdad de oportunidades» en la contratación pública para poder beneficiar a más de 60.000 personas con discapacidad que trabajan en un modelo determinado de centros especiales de empleo.
Esta reclamación coincide con las conclusiones hechas públicas por el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, en las que advierte de restricciones en la legislación española reguladora del acceso a los contratos reservados.
Este pronunciamiento se ha producido como consecuencia de un contencioso interpuesto por CONACEE ante una situación que consideraba discriminatoria: la expulsión de más de la mitad de los Centros Especiales de Empleo existentes en España del acceso a los contratos reservados.
«Crear condiciones igualitarias en la contratación pública para todos los centros especiales de empleo, es esencial para que el empleo de las personas con discapacidad evolucione hacia modelos más competitivos en los mercados ordinarios, de forma que los apoyos y subvenciones actúen como verdaderos motores para normalizar esta vía de empleo e integración para las personas con discapacidad», ha subrayado el presidente de CONACEE, Ángel Luis González Olivares.
Desde 2018, en España se contemplan dos modelos de centros especiales de empleo en función de su orientación y de su estructura, diferenciando los denominados de iniciativa social respecto a los considerados de carácter empresarial.
Según explica CONACEE, todos ellos comparten porcentajes de empleo de personas con discapacidad superiores al 70% y compiten abiertamente en el mercado, con la diferencia de que los primeros deben estar promovidos o participados en más de un 50% por una entidad sin ánimo de lucro y reinvertir sus beneficios en el propio proyecto o en proyectos que tengan como fin la inserción laboral de las personas con discapacidad.
Para CONACEE, que representa tanto a entidades empresariales como a entidades sociales, el problema es que «esta diferencia en su origen justifica que se mantengan salarios y condiciones laborales para las personas con discapacidad sensiblemente inferiores en las entidades catalogadas de función social que en las iniciativas empresariales».
IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO
En el ámbito empresarial, la patronal destaca el impulso que está teniendo el fomento del emprendimiento en este ámbito de centros especiales de empleo, «liderado en muchos casos por personas con discapacidad, que compiten abiertamente en mercados tan diferentes como el de los servicios auxiliares, componentes de automoción, transporte de personas y mercancías, gestión de residencias, jardinería, embalaje o manipulación de alimentos, entre otros».
Para muchos de estos proyectos, según precisa, «quedarse fuera» de un porcentaje «importante» de la contratación pública, supone una «limitación importante» para su propia evolución como empresa.
