Fiscal mantiene los 4 años para el acusado del fuego de Ramales

Las partes personadas en el juicio por el fuego que en febrero de 2019 arrasó la Sierra de la Alcomba, en Ramales de la Victoria, han elevado este jueves a definitivas sus conclusiones, de modo que la fiscal mantiene la petición de cuatro años de cárcel para el acusado, el exjefe de la agrupación de voluntarios de Protección Civil del municipio, al que imputa un delito de incendio forestal.

En la sesión de hoy, penúltima del juicio -en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria y pendiente únicamente de informes de acusaciones y defensa-, se ha practicado también la prueba pericial, con la declaración de agentes que investigaron las causas y evaluaron los daños, entre ellos un ingeniero de montes que ha destacado que el fuego fue provocado, en un lugar «idóneo» para no ser visto y favorecer su propagación. De hecho, «pasó de cero a cien en segundos».

Por eso cree que se empleó algún tipo de acelerante o líquido inflamable, para favorecer su rápido desarrollo y, en cualquier caso, este agente forestal -que se encargó del esclarecimiento de los motivos- está seguro de que fue provocado, con el objetivo de «generar daño, el máximo posible».

En este sentido, ha explicado que se originó, en torno a la medianoche del 17 al 18 de febrero, en una ladera de solana, con pendiente -del 36%-, vegetación y terreno «muy seco», por la ausencia de lluvias y el viento sur, que actúa «como un secador de pelo», ha comparado el experto.

A preguntas de la defensa ha concretado que la velocidad en ese momento era «normal», de una media de 10 kilómetros por hora, aunque se alcanzaron rachas de 20 km/h, y la temperatura de 5,4 grados centígrados, y que subió durante la madrugada pese a no ser habitual.

Asimismo, este perito ha remarcado que el fuego empezó en siete puntos distintos alineados -lo que revela «intencionalidad»-, a lo largo de 65 metros de la cuneta de la pista forestal asfaltada que comunica Ramales con la Alcomba, aunque uno de los focos no se desarrolló y se autoextinguió. Según sus cálculos, las llamas alcanzaron una altura de 3 metros desde el comienzo.

En total, se arrasaron 144,30 hectáreas, en las que había pasto, matorral, eucaliptos -con fines comerciales- y árboles autóctonos, como encinas o robles. Así, «el grado de severidad» del fuego fue «muy alto», ha apuntado.

El incendio de la Alcomba tuvo lugar en una jornada en la que, como ha recordado este perito, Cantabria estaba en nivel dos de alerta por incendios, lo que requiere la presencia de medios externos para sofocarlos.

Se debió a un episodio de viento sur que se saldó con 231 focos desde comienzos de mes hasta la fecha, que arrasaron un total superior a las 3.000 hectáreas, y de los que el 99,9 por ciento fueron «intencionados». A este respecto, ha indicado que una de las motivaciones de quienes causan fuegos es participar en las labores de extinción.

SE ORIGINÓ EN TORNO A LA MEDIA NOCHE

Por otro lado, llegó a la conclusión de que se había iniciado en torno a las doce de la noche después de analizar la superficie quemada cuando se personaron los primeros equipos de extinción y por la velocidad de propagación de las llamas en condiciones estándar, a la que se aplicó el correspondiente factor multiplicar por las rachas de viento y la inclinación del terreno.

El incendio se dio por sofocado a las siete de la tarde, es decir 19 horas después de haberse iniciado y tras alcanzar un monte de libre disposición y fincas particulares del vecino municipio de Ruesga.

En Ramales también se quemaron áreas privadas y un monte de utilidad pública. Pero las llamas empezaron en una zona de eucaliptos y, en ese lugar, arrasaron una parcela de 16 hectáreas con ejemplares de esta especie plantados en 2012 y destinados a fines comerciales -madera para fabricar pasta de papel, y que al quemarse sin haber alcanzado el tamaño necesario se destinó a biomasa-. La finca es propiedad de Álvarez Forestal, que ejerce la acusación particular.

En cuanto a los daños ambientales, se han evaluado los «mínimos» causados, ya que podrían ser «infinitamente más» si se tienen en cuenta variables como, por ejemplo, erosión del terreno o afecciones paisajísticas, ha apuntado el ingeniero de montes encargado de este informe.

En su declaración en el plenario ha señalado que en Cantabria no se utiliza motosierra para la extinción de «ningún» incendio, ya que esta herramienta se emplea en otras regiones para hacer cortafuegos, algo que aquí no se entiende necesario al concentrarse muchos incendios en poco tiempo que obliga a «atacar el fuego» directamente.

En cuanto a la gasolina, –compañeros del procesado aseguraron haberle visto esconder una garrafa en la que faltaba parte del líquido poco después de empezar el incendio y cuando regresaba de la zona–, los agentes de la Guardia Civil encargados de analizar las muestras tomadas en el terreno no apreciaron estos restos, como reflejaron en su informe, aunque tal extremo no es «concluyente».

En este sentido, han explicado en el interrogatorio -por videoconferencia- que la ausencia de dicho combustible puede deberse a que no hubiera en la propia extracción o a que por las características del incendio no permanecieran restos desde la muestra -en botes de cristal con válvula y sin cierre hermético- al examen.

Y es que fueron tomadas el 21 de febrero, pero no se empezaron a analizar hasta el 14 de mayo, es decir, casi tres meses después, intervalo de tiempo que, «desgraciadamente es normal», se han lamentado.

CONCLUSIONES

Practicadas las pruebas pericial y testifical, así como el interrogatorio al acusado, las partes han dado por reproducida la documental y han elevado a definitivas sus conclusiones.

De este modo, la Fiscalía mantiene la pena solicitada por un delito de incendio forestal agravado, por la extensión de superficie afectada y por las condiciones meteorológicas y del terreno: cuatro años de cárcel, así multa de 7.200 euros, indemnización de 86.000 al Gobierno por pérdidas en beneficios ambientales -frente a los casi 230.000 que interesaba antes de la vista- y casi 9.000 por los gastos de extinción.

A ello suma una indemnización al Ministerio, de 43.567 euros; al Ayuntamiento de Ramales, por las labores de extinción y pérdidas en productos primarios y secundarios, de 22.028 euros; a la Junta Vecinal de Barruelo de la Victoria, por las pérdidas en productos primarios y secundarios, con 16.840 euros; así como a una serie de particulares afectados y la empresa forestal que ejerce la acusación particular, además del Ejecutivo cántabro.

La compañía pide por su parte tres años de prisión por incendio intencionado y multa e indemnización de 79.162 euros al acusado, Luis Trueba, que si bien ha reconocido estar en el lugar y a la hora de los hechos, ha negado que provocara ningún incendio.

Su abogado, que ha elevado a definitivas todas las conclusiones de su escrito provisional menos una que ha modificado, ha insistido en la libre absolución de su cliente, al entender que no existe responsabilidad penal y por tanto tampoco concurre la civil.

Ahora bien, al haber abonado su patrocinado -que está en paro- parte de la cuantía reclamada por esa última responsabilidad, este letrado pide que en caso de que sea condenado se le aplique la atenuante de reparación del daño especial contemplada para delitos de incendios forestales, y que lleva aparejada una reducción de la pena prisión, que se rebajaría a entre año y medio y tres.

Tras los informes de las partes, este viernes a partir de las 9.30 horas, y el derecho a la última palabra del procesado, el juicio quedará visto para sentencia.