El exdirector general de Hospitales de la Comunidad de Madrid y asesor eterno del Gobierno regional para la crisis del coronavirus desde marzo hasta junio de 2020, Antonio Burgueño, y la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, comparecerán este viernes por la mañana en la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 de la Asamblea de Madrid, han adelantado fuentes parlamentarias.
Burgueño, de 79 años, es ahora socio de una empresa de consultoría especializada en asuntos sanitarios. Trabajó en HM Hospitales y fue director asistencial de Adeslas, entre otros puestos. Pero el cargo por el que más se le conoce fue el de director general de Hospitales hace una década, cuando se planteó el proyecto de privatización de la gestión de seis hospitales de la Comunidad de Madrid durante la etapa del ahora consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, al frente de la cartera de Sanidad.
Tras el rechazo de sindicatos y gran parte del colectivo sanitario, cristalizado en la ‘Marea Blanca’, y tras suspender la Justicia el plan, el Ejecutivo regional lo tuvo que desestimar, algo que forzó la dimisión de Lasquetty. Posteriormente, ya con el exconsejero de Sanidad Javier Rodríguez, se planteó volver a contar con Burgueño como asesor, pero finalmente renunció al cargo.
El 12 de marzo de 2020, en plena expansión ya del coranavirus, el actual Gobierno regional le fichó como asesor externo sobre esta crisis, una contratación que no fue bien recibida por muchos facultativos, como el jefe de Sección de Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas del Hospital La Paz-Carlos III, José Ramón Arribas, quien señaló que esa personas «cuenta con el rechazo de gran parte de la sanidad madrileña».
Tampoco contó con los parabienes de la oposición. La portavoz en la comisión de Sanidad de Más Madrid, Mónica García, aseguró que Burgueño representaba «la incompetencia y el desprecio por la sanidad pública». Su homólogo socialista, José Manuel Freire, lamentó el fichaje del «ideólogo de la privatización sanitaria». La diputada de Unidas Podemos, Vanessa Lillo, lo calificó como «una mala noticia».
Sindicatos como UGT o Amyts también criticaron la elección. «No entendemos que quien fue ideólogo de un plan que supuso la mayor revuelta sanitaria esté al frente de esta gestión», apostillaron.
A principio de verano, en una entrevista realizada por el diario ‘El País’, Burgueño aseguró que él se apartó a un segundo plano después de elaborar un programa de 270 puntos contra el coronavirus que le solicitó Ayuso, entre los que se incluía la medicalización de los geriátricos, «que no se llevó a cabo».
«Mi plan era medicalizarlas con los tres mil y pico médicos de atención primaria en la Comunidad, pero ellos no fueron (a las residencias). La atención primaria en España dejó a los enfermos mayores abandonados. Quedaron abandonados a su suerte en toda España, incluida Madrid», indicó Burgueño, que aseveró que se apartó «a los cuatro días» de nombrarle asesor porque los médicos no le querían ahí.
En la entrevista también habló de su hija Encarnación, que fue la responsable de la llamada ‘Operación Bicho’, un fracasado proyecto de 12 días de duración para «dar apoyo sanitario» in situ a las residencias en el punto álgido de la pandemia, pero con apenas medios ni personal, como ella y su entonces encargado han contado en esta comisión de investigación de la Asamblea. Ella negó influencia alguna para recibir ese encargo regional, que Antonio tildó de «una ayuda mínima».
LA BATALLA JUDICIAL DE ALCORCÓN Y LEGANÉS POR LA MEDICALIZACIÓN
Después de Burgueño comparecerá la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, cuyo ayuntamiento junto al de Leganés interpusieron en octubre sendas demandas ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Comunidad de Madrid por la falta de asistencia a mayores de sus geriátricos en la primera oleada de la pandemia, exigiéndoles la medicalización de estos centros. En el punto álgido del Covid, fallecieron más de 200 mayores en Leganés y 116 en Alcorcón.
En dichas demandas, los consistorios critican el «el precarísimo estado de las residencias en cuanto a medios humanos y materiales para afrontar la mayor crisis sanitaria de la historia moderna de España, con una letalidad crítica en las personas mayores». Y acusan a la Consejería de Sanidad de inactividad para salvar la vida de los mayores y trabajadores por «no tomar las medidas precisas».
En noviembre, el TSJM desestimó las alegaciones que interpuso la Comunidad a ambas demandas. El Gobierno regional planteaba cuestiones tales como falta de legitimación activa por parte del ayuntamiento, un incumplimiento de los plazos y una pérdida sobrevenida del objeto por derogación del marco legal sustantivo.
En este sentido, el magistrado defiende que hay interés legítimo «suficiente» por parte del Consistorio alcorconero para la defensa del derecho a la salud de los mayores de los centros ahí ubicados y, por tanto, para exigir su cumplimiento al titular de la competencia.
De igual modo, argumenta que, «al margen de ello, no solo residentes y trabajadores en las residencias se ven afectados por la situación de pandemia, sino que la misma afecta a la totalidad de los vecinos, toda vez que se demostró que dichos centros fueron un foco de contagio y transmisión en los primeros momentos de la pandemia», no siendo por tanto ajeno al interés municipal.
Tras conocer el auto, Natalia de Andrés (PSOE), recordó que el Contencioso fue iniciado en abril para que se dotara a cuatro residencias de Alcorcón del «personal sanitario necesario para hacer frente a la pandemia». Y se mostró convencida de que «el procedimiento tiene que seguir adelante» con la única intención de «salvaguardar la salud de nuestros mayores», y que esta situación «no se vuelva a producir».
