La comunidad LGTBQ de Guinea Ecuatorial sufre «maltratos, torturas y prisión» con la «complicidad de las autoridades» del país, según un informe elaborado por la ONG Somos Parte del Mundo, el único colectivo LGTBQ de Guinea Ecuatorial, y del que se ha hecho eco la ONG española The Equality Advocacy Project.
El estudio señala que el estado de los derechos humanos de las personas LGTBQ en Guinea Ecuatorial ha empeorado desde que Somos Parte del Mundo, organización feminista y defensora de los derechos de las minorías sexuales, participara en el Examen Periódico Universal de la ONU (EPU 2019) como parte de la sociedad civil guineoecuatoriana.
El informe, titulado ‘Homofobia de Estado en Guinea Ecuatorial’, reporta entre los abusos más graves: «la violencia sexual, los embarazos forzados, la explotación sexual infantil a menores, y la alta mortalidad de las personas transexuales por causas que el estado puede solventar».
Igualmente, señala «el repudio familiar y social y el papel destacado de la iglesia católica como instigador del anteproyecto de ley en curso, destinado a derrocar la personalidad jurídica de las personas homosexuales».
Precisamente, el pasado mes de octubre, la ONG española The Equality Advocacy Project promovió una iniciativa en el Congreso de los Diputados para alertar sobre este proyecto de ley e instaba al gobierno a utilizar todos los medios diplomáticos a su alcance para evitar que se produzcan dichas discriminaciones, fundamentadas sobre la definición de la homosexualidad como una patología.
Tan «preocupante» es la situación, según recoge el informe, que «por primera vez en la historia se visibilizó en los medios de comunicación en el año 2019 un consejo de guerra contra una mujer acusada de lesbianismo, brutalmente torturada, y hoy expulsada del ejército». Ahora pesa sobre ella una pena de al menos un año de prisión.
Del mismo modo, el informe recoge testimonios y pruebas de detenciones a cuatro jóvenes acusados por ser homosexuales, y otros casos de maltrato físico con lesiones graves, así como evidencias de «constantes violaciones» de normas y acuerdos internacionales adoptados por el gobierno ecuatoguineano.
Por último, el informe expone una serie de recomendaciones a implementar «con carácter de urgencia» en el país centroafricano a partir del principio universal que prohíbe la discriminación, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la «necesidad urgente» de una ley de protección integral a las minorías sexuales inspirada en los Principios de Yogyakarta.
«Como españoles, tenemos una responsabilidad moral ante una comunidad desprotegida en un país con el que compartimos fuertes vínculos históricos. El gobierno español debe denunciar públicamente la alarmante situación que sufre la comunidad LGTBQ en Guinea Ecuatorial y exigir, por todos los medios a su alcance, la vulneración a los derechos de estas personas», ha subrayado el presidente de la ONG The Equality Advocavy Project, Rafael Aníbal.
