El obispo de Almería observa una «manipulación sectaria» de la memoria histórica

El obispo de Almería, Adolfo González Montes, ha trasladado que considera «obligado defender el orden constitucional y la ley fundamental del estado» y ha criticado la «manipulación sectaria» de la memoria histórica para añadir que «no se puede ceder a la tentación de creer que tener la cota de derribos de signos religiosos en un récord meritorio de la democracia».

En la carta a los diocesanos ‘Rezar por la España de todos’, González Montes ha asegurado que, si no se «defiende el orden constitucional», no se podrá avanzar «en concordia y con criterio moral, a una democracia más perfecta que nos permita superar la enorme crisis a la que nos ha conducido la pandemia» al tiempo que advierte de que «cuando solo se tienen en cuenta réditos de cotas de poder de las acciones políticas, se pervierte la democracia».

Para el obispo de la Diócesis almeriense, con esas premisas «que no reparan en los efectos de las acciones políticas tienen en los ciudadanos», se comienza a «construir un sistema totalitario en el que poder ejecutivo lentamente desplazará, con estrategia y táctica precisas, a los poderes que constituyen el ordenamiento jurídico de una sociedad libre».

Tras calificar la Transición como «una de las grandes aventuras de concordia entre españoles» y valorar como la Constitución «consagra la unidad de la nación como bien moral», González Montes ha afirmado que «los perjuicios de la izquierda cultural española son un hecho persistente» y que la «derecha no puede ser definida por su fervor cristiano, entregada a un liberalismo indiferente y envuelta en un traje de modernidad».

«Entre los prejuicios culturales de una izquierda sin reconciliar con la religión está la valoración negativa de la historia de España, que la cultura que se autocalifica de progresista se empeña en travestir una y otra vez», ha manifestado.

En esta línea, ha reprochado lo que estima una «manipulación sectaria de la memoria histórica del pasado inmediato» porque, a su juicio, «hacer creer a las jóvenes generaciones que el enfrentamiento civil del pasado siglo entre españoles fue cosa de buenos unos y malos otros, lo cual significa pretender que se olvide interesadamente que hubo errores y aciertos en las dos visiones de España que la Transición ayudó a reconciliar, movidos unos y otros por la cruda experiencia de los hechos de un pasado dramático que nunca debe volver».

«Todas las víctimas de la guerra reclaman un recordatorio digno y la paz de los muertos que ya están en las manos de Dios. Hay que reclamar este recordatorio para todas las víctimas, no sólo hay víctimas preferidas de unos y no de otros, sino de todos», ha sostenido González Montes, para quien «la cruz constituye una marca de identidad de nuestra historia que no podemos ignorar ni soportar que se nos imponga su supresión sin rechistar, porque los españoles somos todavía mayoritariamente cristianos».

En esta línea, el obispo almeriense ha criticado «la pretensión de derribar cambiando de significado a la Cruz del Valle, donde reposan víctimas amadas por unos y otros españoles, víctimas que murieron enfrentadas y ahora reposan en un mismo lugar santo que acoge sus restos» y ha apuntado que «no podemos ceder a la tentación de creer que tener la cota de los derribos de los signos religiosos es un récord meritorio de la democracia».

«Los católicos españoles no tenemos nostalgia ninguna de un nacional catolicismo del que algunos abominan al mismo tiempo que pregonan la bondad de una visión laicista que nos abrazara a todos, pero abominar del pasado nacional católico sin mayor espíritu crítico es desconocer de qué forma las naciones europeas han estado vinculadas confesionalmente a las distintas configuraciones sociales del cristianismo occidental», ha indicado.

En la carta, González Montes hace alusión a «la derrota del terrorismo, todavía demasiado reciente y sin que deje de oírse el clamor las víctimas» y concluye que si «los obispos españoles dijimos en su momento que nadie podía dejar de lado la dimensión moral que planteaba a la conciencia de los ciudadanos el terrorismo, y que, en consecuencia, nadie podía sucumbir al silencio cómplice, ahora es igualmente obligado defender el orden constitucional apelando con justicia a la dimensión moral de la defensa de la ley fundamental del Estado».