La apuesta de Vodafone por los contenidos de cine y series a través de la nueva oferta ha logrado en el último año fiscal de la compañía (abril de 2019 a marzo de 2020) más que compensar las portabilidades salientes consecuencia del final de la temporada de fútbol y la salida definitiva de Vodafone de la emisión de este deporte.

Vodafone ha cerrado el año con un saldo positivo de 93.000 clientes de Vodafone TV, después de que en junio de 2018 Vodafone España anunciara su intención de abandonar el fútbol para clientes particulares. La operadora adujo los elevados precios de los derechos y un modelo regulatorio de fijación de los precios mayoristas que le penalizaba frente a sus competidores.

Así, decidió apostar por los contenidos más demandados por los clientes de televisión de pago: cine y series. Con la inclusión de Amazon Prime Video en su oferta en julio de 2019, Vodafone España se convirtió en el operador que integra el mayor catálogo de cine y series. Vodafone es el único operador que ofrece en la misma experiencia de usuario HBO España y Filmin en exclusiva, así como Netflix, Amazon Prime Video, Starzplay, Tidal, MyMTV Music, Natgeo+ y muchas más en su plataforma de televisión y es el agregador de contenidos de cine y series de televisión más completo del mundo, superando los 55.000 títulos.

Vodafone dispone en su catálogo de 88 de las 100 series más populares del Ranking publicado por IMBD (2019) vs 78 y 69 de sus competidores.

Además, Vodafone cuenta con más de 90 canales como FOX, Foxnow, AXN, AXN Now, TNT, Hollywood, TCM, Syfy, National Geographic, Historia, Discovery Channel, Disney Junior, Nickelodeon, Eurosport, etc. con los mejores contenidos de cine, series, deportes con las principales competiciones, entretenimiento, documentales, contenidos infantiles, música o información internacional.

Vodafone TV rediseña la oferta para que los clientes paguen por lo que realmente quieren ver. En abril Vodafone presentó una nueva propuesta de televisión más flexible y competitiva basada en cinco paquetes temáticos para que los clientes sólo contraten aquello que realmente quieren ver (dos de series, cine, documentales e infantil). Esta oferta se completó con otros cinco paquetes temáticos (deportes, música, internacional, caza y adultos) en noviembre.

La operadora logró aumentar un 8,2% el resultado operativo (Ebitda) en el segundo semestre y retornó a la senda del crecimiento. El resultado de Vodafone España se apoya en una tendencia positiva en los ingresos totales, que alcanzaron los 4.296 millones de euros. Aquellos ingresos correspondientes a servicios ascendieron a su vez a 3.904 millones de euros, consolidando la tendencia positiva.

SERVIMEDIA

La crisis generada por el nuevo coronavirus ha puesto de manifiesto la brecha digital que afecta fundamentalmente a los más mayores, ya que las estadísticas revelan que un 69,3% de las personas de entre 75 y 84 años no ha entrado nunca a Internet, una cifra que asciende al 87,8% en los mayores de 85 años.

Con el estado de alarma vigente hay personas que viven un doble confinamiento: por un lado, no poder salir de casa y, por el otro, no poderse conectar con sus familiares, amigos o abrirse al mundo porque no están familiarizados con las tecnologías.

Se trata de un doble aislamiento que padecen, sobre todo, las personas mayores, según un estudio elaborado por el profesor de Derecho Constitucional en la especialidad de Derecho a la Información de la Universidad CEU San Pablo Leopoldo Abad.

El informe ‘La brecha digital generacional: alfabetización digital para la e-inclusión de los mayores’ constata la falta de conocimiento, en especial, de los más mayores y considera imperativo el establecimiento de políticas para su alfabetización digital.

En este sentido, destaca los programas de la Fundación ‘la Caixa’ y Canal Senior en beneficio de la ‘e-inclusión’ de los mayores como ejemplos de buenas prácticas.

Indica que un 63,3% de los españoles entre 65 y 74 años han utilizado Internet en el último mes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Las cifras demuestran que es a partir de los 74 años donde «encontramos la verdadera brecha digital».

El informe remarca que un 69,3% de las personas de entre 75 y 84 años no ha entrado nunca a Internet, una cifra que asciende al 87,8% en los mayores de 85 años. Este desconocimiento digital hace «extremadamente complicado estar conectados en circunstancias tan excepcionales como las que estamos viviendo».

“La crisis del Covid-19 ha concienciado a la sociedad de la situación de desamparo digital que se encuentran los mayores, no solo a las propias personas mayores sino también el resto de la familia, que se ha dado cuenta de lo importante que es que sus mayores estén conectados”, considera Leopoldo Abad, autor del estudio. Abad constata que si estar en contacto digital con la familia es difícil, aún lo son más actividades que requieren más conocimientos de internet, como hacer la compra online.

BUENAS PRÁCTICAS

El estudio destaca que las administraciones han focalizado sus esfuerzos en la extensión de las infraestructuras digitales más que en el conocimiento por parte de toda la población. En este contexto, pone algunos ejemplos de buenas prácticas de ‘e-inclusión’ para los mayores entre los cuales destacan la asociación Canal Senior o la Fundación ‘la Caixa’, que lleva más de dos décadas formando a las personas mayores en la utilización de la tecnología de la comunicación de forma pionera.

Con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, ofrecen cursos en diversas áreas con enfoques eminentemente prácticos para ayudar a hacer la compra online, hacer trámites administrativos digitales o pedir servicios por internet.

La evaluación constante de los cursos, que estos sean impartidos por personas que los han hecho previamente y que sirvan para que los participantes se den cuenta que no están al margen de la sociedad en las nuevas tecnologías, son algunas de las características fundamentales que recalca Abad.

Los programas de la Fundación ‘la Caixa’ para personas mayores han llegado a más de 800.000 personas. Una de ellas es Magda Ruiz, alumna de los cursos de Internet, entre otros. “La ventana del ordenador me ha servido para pasar mejor estos días de confinamiento, gracias a los cursos de informática de ‘la Caixa’ para gente mayor he podido hablar con mis nietos, hacer llamadas a gente que estaba sola, mantener abiertos talleres de poesía, de canto…Tengo mucha suerte de haber podido aprender las nuevas tecnologías”.

Otra de las iniciativas destacadas en el estudio es Canal Senior, una asociación nacional cuyo objetivo es promover el aprendizaje continuo de la ciudadanía, mediante la innovación y las nuevas tecnologías, con foco en los séniores y en el entorno rural. Canal Senior elabora tutoriales para iniciar a las personas mayores en trámites electrónicos y ofimática.

Se trata de iniciativas indispensables, según Abad, y más teniendo en cuenta que la crisis del coronavirus está encaminando a la sociedad hacia la digitalización. “Por causas de fuerza mayor, nos estamos volviendo más digitales: clases online, estamos haciendo cosas digitalmente que antes no nos habíamos planteado, etc… Todo ello provocará un cambio en la forma de relacionarnos”, sostiene Abad y alerta: “Comportará aún una mayor digitalización de la sociedad, por lo que los mayores se verán más abocados a la exclusión digital”.

EMPODERAR A LOS MAYORES

Las nuevas tecnologías, apunta el informe, contribuyen a un envejecimiento activo y empoderan a las personas mayores en distintos ámbitos, ya que favorecen y son un medio para mejorar su vida social y evitar el aislamiento; permiten tener al alcance todos los trámites y servicios; fomentan la participación de estas personas en la vida púbica; y, por último, tienen efectos beneficiosos sobre su autoestima.

En el ámbito internacional, el informe remarca la iniciativa financiada por la Comisión Europea ‘Granparents and grandsons’ consistente en que jóvenes estudiantes asisten a mayores de 55 años guiándolos en el uso de internet y del correo electrónico; y la labor de la ONG canadiense Cyber-Seniors, comprometida con mantener a las personas mayores conectados socialmente mientras permanecen en sus hogares.

SERVIMEDIA

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, manifestó este jueves que “si hace falta el estado de alarma para acabar con el virus, votaremos que sí” a una nueva prórroga porque la decisión que tome su partido “estará dirigida a combatir la epidemia”.

Así lo aseguró en una entrevista a Servimedia en la que quiso remarcar que desde su formación “no pensamos en los votos, no pensamos en el rédito electoral; pensamos en los ciudadanos, en sus vidas y en sus empleos”.

Bal señaló que, como condición a esa hipotética nueva prórroga, habrá que “profundizar” en el acuerdo al que ya llegaron el Ejecutivo y Cs. “Acordamos la desvinculación de las ayudas y de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) del estado de alarma. Ahí se puede profundizar”. “La realidad es que pusimos condiciones y se van cumpliendo. No hemos dado al Gobierno un cheque en blanco para que haga una pantomima”, aseguró.

No obstante, la formación liberal cree que, en la desvinculación de las ayudas al estado de alarma, el Gobierno “se ha quedado corto”. “Los ERTE se vinculan al 30 de junio. ¿Y qué pasa con el turismo? El 30 de junio no va a ser una fecha tope en la que el turismo se va a revitalizar. ¿Qué va a pasar con la prestación extraordinaria en beneficio de los autónomos? Aunque se levante el estado de alarma los autónomos se van a encontrar, ojalá que no, en una situación de necesidad porque no pueden revitalizar sus negocios”.

PLAN B LEGISLATIVO

Respecto a las medidas legales que se pueden tomar como alternativa al estado de alarma y que, a su vez, garanticen la salud de los ciudadanos, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso explicó a Servimedia que “se trata de pelear con una pandemia que no es estática, sino dinámica”.

Por consiguiente, razonó que harán falta “medidas más potentes” para los momentos álgidos del coronavirus “y en otros momentos en los que ya vayamos ganando nosotros, a lo mejor podemos relajar esas medidas”. “¿Existen medidas que se pueden aplicar en ese segundo nivel, más suave, en el que vayamos ganando nosotros? Claro que existen. Lo que hay que decidir es el momento y su oportunidad”, remachó.

Además, Bal se mostró partidario de introducir reformas legales que den soporte a las nuevas normas que garanticen la seguridad sanitaria, tal y como ha propuesto la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

“Me parece una cosa muy razonable. Pero esto no significa que cualquier reforma que nos vaya a plantear el Partido Socialista nos vaya a parecer buena. Pero como filosofía, como principio, me parece bien”.

La hoja de ruta que propone la formación liberal pasa, por tanto, por decidir “qué reformas hay que realizar en las leyes y que salgan por consenso, y una vez estén las leyes aprobadas, decidir qué medidas se adoptan y que el Gobierno las plantee”.

NEGOCIACIÓN “A ESCONDIDAS”

Preguntado por las negociaciones que están teniendo lugar entre el Gobierno y el PP para elaborar una reforma sanitaria que permita prescindir del estado de alarma en caso de rebrote, sin que se esté contando con Cs, Bal afirmó que quiere conocer “los detalles”.

“Si es así, que no lo sé, porque no me encuentro en el PP, que lo digan. No hay que ocultar. ¿Cómo vamos a ocultar algo a la sociedad española, en los momentos en los que nos encontramos, después de casi dos meses de confinamiento? ¿Ahora vamos a negociar a escondidillas? No, no, no”, aseveró el diputado de Ciudadanos.

“Esto lo tenemos que negociar todos, en esto tenemos que estar todos de acuerdo y tenemos que verlo entre todos. O, por lo menos, lo tenemos que ver los partidos que creemos en soluciones de centralidad, moderadas, que ponemos por delante a España”, prosiguió Bal.

Para Cs, es fundamental que los “ciudadanos españoles conozcan en qué va a consistir ese plan B y conocerlo en detalle”. “Nada de brochazos generales, nada de globos sonda. Detalles. Y una vez que los conozcamos, daremos nuestra opinión”, concluyó.

SERVIMEDIA

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha advertido de que la Fiscalía no permitirá que “queden impunes” los casos en los que grupos vulnerables, como el de las personas con discapacidad, hayan podido ser víctimas de acoso, insulto o coacción durante el confinamiento decretado por la pandemia.

“Valoraremos caso por caso, las víctimas son nuestra prioridad y no vamos a tolerar que este tipo de hechos se produzcan y queden impunes”, afirma Dolores Delgado en una entrevista en la publicación ‘Cermi.es semanal’, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

No obstante, Delgado reconoce que, en líneas generales, “se ha asistido a una de las mayores muestras de ejemplo de la ciudadanía con un comportamiento digno de una sociedad democrática y avanzada”.

Ante la mayor exposición a la pandemia y los efectos de la misma de algunos grupos sociales más vulnerables, Delgado señala que “desde el minuto cero la Fiscalía quiso estar a disposición de la sociedad para hacer frente a una eventual afectación a grupos de riesgo, incluidas las personas con discapacidad, convirtiendo su protección en un objetivo prioritario de la Fiscalía”.

PROYECTO AMBICIOSO

Más allá de la situación generada por la pandemia de coronavirus, Dolores Delgado destaca la importancia del trabajo que se ha realizado en los últimos años desde el Ministerio de Justicia, junto al sector de la discapacidad, para avanzar del modelo actual basado en la supresión de la capacidad jurídica hacia un sistema centrado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones.

A su juicio, se trata de un “proyecto ambicioso”, ya que el anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad modifica más de 150 artículos del Código Civil, al tiempo que reforma leyes como la hipotecaria, de enjuiciamiento civil y del registro civil, entre otras.

“En estos momentos hay temas sanitarios que ocupan la primera línea de la urgencia, pero sigo pensando que se trata de una reforma necesaria”, sostiene Delgado, quien destaca que así lo acreditan también las observaciones del Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas al Estado español.

Con respecto a la puesta en marcha de la Fiscalía especializada en personas con discapacidad y mayores, Dolores Delgado expone que, “en cuanto se alce la suspensión de los plazos administrativos, se iniciará el proceso para culminar el nombramiento de fiscal de sala que, sin duda alguna, contribuirá al fortalecimiento de esa función constitucional” de defensa de los grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad. En todo caso, puntualiza que esta tarea se hace ya “muy eficazmente” desde la Fiscalía de lo Civil y desde sus delegaciones en las fiscalías territoriales.

Por último, la fiscal general del Estado subraya que “el apoyo a las personas con discapacidad ha sido siempre transversal” desde la Fiscalía para luchar contra las barreras de acceso a la justicia que sigue afrontando esta parte de la ciudadanía. Para ello, destaca que se está tratando de unificar criterios y que “en todas las materias en que la Fiscalía trabaja hay siempre una mención, una referencia, un apartado específico que contemple si se pueden ver afectadas personas con discapacidad”.

Otros hitos para progresar en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad son, en opinión de Dolores Delgado, la aprobación de un manual de estilo para que el lenguaje de los escritos del Ministerio Fiscal sea “claro y sencillo”; el impulso de la formación y capacitación de los fiscales que tienen que trabajar con cuestiones relacionadas con la discapacidad, y la reforma en 2017 de la Ley del Jurado Popular, para que las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunales con los apoyos necesarios.

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Quironprevención, que ha desarrollado y puesto en marcha desde la declaración del estado de alarma un programa de información, prevención y diagnóstico para velar por la seguridad y salud de los trabajadores, ha advertido de que una encuesta que ha realizado a 160.000 empleado de distintas empresas ha evidenciado el riesgo de contagio asociado a la baja realización de test de detección.

Entre las distintas iniciativas implementadas, la compañía ha llevado a cabo evaluaciones de salud de trabajadores especialmente sensibles a esta pandemia y su clasificación para determinar si han sido contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados y proponer las acciones de aislamiento correspondientes.

También un seguimiento del estado de salud de los trabajadores, ya sea mediante cuestionarios en la app ‘Misalud’ o de forma activa con llamadas telefónicas de sanitarios y un seguimiento del estado inmunológico de la plantilla de las empresas, elaborando para cada cliente la mejor estrategia posible utilizando las técnicas analíticas existentes y creando una base de datos epidemiológicos básicos y del estado inmunitario de la población trabajadora para su análisis y compartición con la autoridad sanitaria.

La entidad señaló que gracias a estas actuaciones y a su experiencia en la colaboración con las empresas, Quirónprevención ha podido además desarrollar una encuesta realizada a más de 160.000 trabajadores de distintas empresas, registrados en el portal web de Quirónprevención o en la app ‘Misalud’, «cuyo análisis pone de manifiesto» la baja tasa de test realizados a personas con sintomatología y el consiguiente riesgo de contagio asociado por la falta de no detección de positivos en gente asintomática o con síntomas leves que han estado confinadas junto a personas sin enfermedad.

El 27,95% de los participantes, 44.753 personas, señala haber tenido algun síntoma aparente relacionado con la Covid-19. De ellos, el 18% lo ha asociado a dolor muscular, mientras que el 9,63% lo ha hecho a tos seca, el 6,48% a dificultad para respirar y el 5,14% a la pérdida de olfato, el 4,19% a la pérdida gusto y el 3,64% a fiebre.

En cuanto a la vía de contagio, más del 59% creen haberlo cogido en el lugar de trabajo, mientras que el 15,7% considera que puede haber sido en el hogar y el 11,35% a través de círculos cercanos.

Del total de encuestados, sólo el 3,23%, es decir, 5.169 personas, han tenido acceso a la realización de pruebas PCR, dato muy bajo si se compara conel 27,95% de participantes que han manifestado síntomas.

En cuanto al número de positivos, asciende a 1.704 personas, un 32,97% de las personas a las que sí se han realizado pruebas y un 1,06% del total de participantes en la encuesta. Extrapolando los datos al total de la muestra, habrían dado positivo en la enfermedad casi 15.000 personas, lo que representaría el 9,21 por ciento del total de encuestados, porcentaje en línea con los valores de gente que presenta anticuerpos positivos por enfermedad pasada o enfermedad aún aguda.

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Cerca de 550.000 cirugías electivas podrían cancelarse en España por la pandemia del Covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, lo que lleva a los pacientes a una larga espera para que se resuelvan sus problemas de salud. Esa situación se extendería a más de 28 millones de operaciones quirúrgicas en todo el mundo.

Así se recoge en un estudio publicado este viernes en la revista ‘British Journal of Surgery’, que indica que cada semana adicional de interrupción en los servicios hospitalarios se asociará con otros 2,4 millones de cancelaciones de cirugías electivas (es decir, no urgentes) en todo el planeta.

El trabajo, dirigido por investigadores de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y al que tuvo acceso Servimedia, se basa en información detallada de cirujanos de 359 hospitales de 71 países. Los datos fueron modelados estadísticamente para calcular las cirugías totales canceladas en 190 naciones, es decir, la práctica totalidad del planeta. Todo ello teniendo en cuenta un periodo de 12 semanas de interrupción máxima en los servicios hospitalarios debido al Covid-19.

Los investigadores proyectan que España sería el decimotercer país del mundo con más cirugías planificadas que tendrían que ser canceladas durante ese ‘pico’ de tres meses de interrupcción por la pandemia del Covid-19, con 545.394 operaciones.

La clasificación está liderada por Estados Unidos (4.124.042), por delante de China (3.914.121), Brasil (2.969.327), Japón (1.359.886), Colombia (1.356.984), Rusia (1.124.252), Turquía (984.019), Alemania (908.759), Australia (805.785), Francia (704.501), Italia (606.6919) e India (584.737), que son los países que anteceden a España.

Del total de cirugías electivas que no se producirían en tres meses en España, el 91,6% corresponden a enfermedades benignas; un 7,7% a procesos cancerígenos, y 0,7% a operaciones obstétricas.

El 82,2% de las cirugías planificadas en España se cancelarían durante el ‘pico’ de interrupción hospitalaria debido a la pandemia (el 72,3% en todo el mundo), la mayoría de ellas por afecciones no cancerosas.

Aneel Bhangu, cirujano y profesor de la Unidad de Investigación de Salud Global en el Instituto Nacional de Investigación en Salud (NIHR, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Universidad de Birmingham, indica que el Covid-19 ha paralizado cirugías electivas para reducir el riesgo de que los pacientes se expongan al coronavirus en el hospital y para apoyar una respuesta asistencial más amplia, por ejemplo, convirtiendo quirófanos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

«Aunque es esencial, las cancelaciones suponen una gran carga para los pacientes y la sociedad. Las condiciones de los pacientes pueden deteriorarse, empeorando su calidad de vida mientras esperan la cirugía reprogramada. En algunos casos, por ejemplo, con el cáncer, las cirugías retrasadas pueden provocar una serie de muertes innecesarias», apunta Bhangu.

SERVIMEDIA

La Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCIR) de la Fundación Jiménez Díaz ha atendido en los dos meses ‘pico’ de pandemia de la Covid-19 el doble de pacientes que en un año normal.

Las UCIR están destinadas a monitorizar y prestar asistencia a pacientes que presentan insuficiencia respiratoria aguda y que, pese a no necesitar ingresar en la UCI, sí deben recibir una serie de cuidados específicos.

Una de las más importantes en España es precisamente la del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en la Comunidad de Madrid, tanto por los reconocimientos que acumula como por el volumen de pacientes que atiende al año, que se ha visto incrementado en un 120% en tan sólo dos meses.

En concreto, si habitualmente la UCIR de la Fundación Jiménez Díaz atiende al año a una media de 250 pacientes de alta complejidad, en los dos meses de pico máximo de casos graves ingresados por Covid-19 ha llegado a prestar asistencia a más de 550 personas.

La Unidad, que nació en 2009 y recibió en 2013 el Premio a la Mejor Gestión Hospitalaria otorgado por la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica (NeumoMadrid) en reconocimiento a la organización y la eficiencia alcanzada, ha desempeñado así un papel clave durante la crisis sanitaria.

Tal y como explica la doctora Sarah Heili, jefa asociada del Servicio de Neumología y Responsable de la UCIR de la Fundación Jiménez Díaz, esta unidad “actúa en dos frentes casi a la vez y evita el colapso de la UCI”.

Por un lado, en la fase conocida como hiperaguda “contiene el número de ingresos en UCI evitando intubaciones que requerirían ingreso en esa unidad, ya que son enfermos muy graves pero muchos no necesitan finalmente el recurso a la intubación”, gracias a diversos medios de soporte no invasivo. En cuanto a la denominada fase de defervescencia, que en esta ocasión se ha solapado en parte con la fase aguda, “evacúa de las UCI a los pacientes que necesitan mucho tiempo de ingreso para ser liberados del respirador y del tubo, con lo que se logra replegar las camas de UCI para Covid permitiendo que puedan atenderse ésta y las otras patologías urgentes con el fin de volver lo antes posible a la normalidad”.

MENOS DERIVACIONES A LAS UCI

De hecho, tal y como recogía en abril un estudio publicado en ‘Archivos de Bronconeumología’, la revista de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), las UCIR evitan derivaciones a las UCI y permiten así ahorrar hasta 500.000 euros por hospital al año.

Para llegar a esta conclusión, la investigación analizó precisamente los costes y la seguridad de la Unidad de la Fundación Jiménez Díaz, que cuenta con cinco camas ampliables a ocho en caso necesario.

La involucración de la Fundación Jiménez Díaz para paliar los efectos de la Covic-19 en la Comunidad de Madrid ha sido muy notable. Para la doctora Heili, “este hospital lo formamos personas que queremos cuidar de nuestros pacientes, que son el centro absoluto de nuestro trabajo. El centro se transformó en cuestión de días en una estructura capacitada para responder al impacto de esta emergencia. Gracias a esta flexibilidad, a la capacidad de transformación y adaptación a los cambios muy rápidos y violentos de los distintos escenarios pudo absorber el impacto sin colapsar”, y añade que “hemos aprendido que pudimos esta vez con este virus, y que lo volveremos a hacer”.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló este jueves por la tarde en Twitter que el Ministerio de Sanidad «no parece estar dispuesto» a que la capital pase a la fase 1 y se quejó de no haber recibido «razones técnicas» que justifiquen esa decision. Además, la Comunidad de Madrid remitió un informe con los argumentos y datos que avalan, a su juicio, avanzar en la desescalada.

En un mensaje en Twitter, Ayuso volvió a insistir en que la Comunidad de Madrid está preparada para afrontar una nueva fase de la desescalada decretada por el Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19.

El Ministerio de Sanidad no parece estar dispuesto a que Madrid pase a la fase 1, pero no da razones técnicas», lamentó en la red social. Para, a continuacion, añadir que «nos emplazan a otra reunión mañana».

Según la presidenta madrileña Madrid «cumple todos los criterios». Así, puso de ejemplo que «ha aumentado su capacidad de camas y PCR», además de que cuenta con «un menor índice contagios».

ARGUMENTOS

Además, la Consejería de Sanidad remitió esta noche a los medios de comunicación un informe en el que se recopilan todos los argumentos para reclamar el cambio de fase.

Así, sostienen que los datos asistenciales lo avalan con un descenso de casos respecto al ‘pico’ máximo (del 31 de marzo al 1 de abril). Explican que en el tema de la hospitalización, el número de pacientes ha bajado un 86% y el número de camas de hospitalización necesarias, un 91,61%.

En cuanto a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), aseguran que el número de pacientes ingresados ha descendido un 73% y el número de camas de UCI necesarias, un 79,61%.

Respecto al número de pacientes pendientes de ingreso en Urgencias fue de 2.654 y el 13 de mayo, especifican, de 164. Es decir, se produjo un descenso del 93,82%.

También destacan que en Atención Primaria, el número de pacientes en seguimiento domiciliario ha bajado un 90%, pasando de 24.081 pacientes diarios a 2.244. Y señalan que el número de pacientes con PCR positiva llegó a alcanzar los 3.300 diarios, recordando que en la última semana se sitúa en los 150 de media.

Por otro lado, reseñan la disponibilidad de camas que hay «cumpliendo los criterios del Ministerio». De ese modo, apuntan que en hospitalización la Comunidad necesitaría un máximo de 24.750 camas y «hemos llegado a tener 25.000, sin contar con la capacidad de ampliación de Ifema y hoteles sanitarizados». Por eso, hacen hincapié en que ahora hay 2.076 camas ocupadas, que representan sólo un 8,3% respecto al ‘pico’ máximo.

En lo que respecta al número de camas de UCI, se requieren 1.340 y «ya disponemos de 1.350 cuando hemos llegado a tener 1.942». Inciden en que «ahora tenemos 358 camas de UCI ocupadas; sólo el 18,4% del máximo ocupado».

SE CUMPLE EL REQUISITO EXIGIDO

La Comunidad de Madrid defiende que «las medidas aplicadas nos respaldan» y recuerda al Ministerio que ha cumplido con uno de los requisitos exigidos cuando hace una semana se rechazó su pase. Ahora, «se cuenta con un sistema de detección y seguimiento de casos sospechosos».

Para ello, fuentes de la Consejería explican que se ha puesto en marcha un sistema coordinado por Salud Pública, que incluye, además, a todos los hospitales públicos y privados, Atención Primaria y Summa. Destacan que «su desarrollo fue el único punto de mejora que pidió el Ministerio para cambiar de fase» y se ha realizado.

Consideran que para el lunes 18 de mayo este sistema llevaría ocho días operativo. Además, consideran que se deberia sumar a eso que se ha ampliado la capacidad de realización de PCR a más de 15.000 diarias y se ha puesto en marcha la prórroga de las contrataciones de Atención Primaria y Summa de modo que ya «hay capacidad de realizar pruebas 24 horas al día los siete días de la semana».

Por eso, explican que en cuatro días, del 11 al 14 de mayo, se han realizado en laboratorios de hospitales públicos y privados un total de 13.731 PCR a sospechosos y 763 han dado positivo. Es decir, sólo un 5,56% de los sospechosos han dado positivo.

Por último, la Comunidad de Madrid insiste en que ya cuenta «con planes estratégicos para la vuelta a la normalidad» y «con el material necesario para proteger a los sanitarios y madrileños».

«AGRAVIO COMPARATIVO»

Por todo ello, el equipo de Ayuso denuncia que si no pasa a la fase 1 sería «un agravio comparativo» respecto a otras CCAA. «Hay comunidades o provincias que han pasado de fase con peores datos y la Comunidad de Madrid es una de las tres autonomías con más pacientes curados por 100.000 habitantes», resaltan.

También mantiene que el pasado 8 de mayo Madrid no pasó de fase «con una incidencia del 57,15 de casos acumulados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que Navarra y La Rioja sí pasaron con una incidencia del 64,96 y del 63,76, respectivamente».

Además, indica que, según el estudio serológico del Ministerio de Sanidad, las provincias de Cuenca (13,5) y Guadalajara (10,9), ambas en fase 1, tienen una tasa de contagio mayor o similar a la de la Comunidad de Madrid (11,3). Y finaliza señalando que la tasa de letalidad de comunidades o provincias en fase 1, como Navarra, Zaragoza, Guipúzcoa, Álava, Asturias, Vizcaya, Teruel, Cáceres o La Rioja, superan a la de la Comunidad de Madrid.

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La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) señaló, a través de un comunicado, que sus establecimientos asociados no perciben ninguna contraprestación económica por ceder sus instalaciones para atender a los pacientes afectados por el coronavirus y alojar a los profesionales sanitarios.

Además, aclararon que son los mismos establecimientos los que asumen los costes de personal propio, los de mantenimiento y los energéticos, salvo en aquellos casos en los que estos últimos fueron asumidos por empresas de suministro energético.

Por su parte, la Consejería de Sanidad se hizo cargo de los gastos de adaptación de los establecimientos para medicalizarlos, así como de los servicios de catering y de limpieza. El detalle sobre el tipo de gastos relacionados a la adaptación y la puesta en marcha de cada establecimiento está recogido en las órdenes que ha elevado Sanidad a cada uno de los hoteles.

Por último, la entidad recordó que como muestra su compromiso con la sociedad, «desde el primer momento los hoteleros madrileños se pusieron a disposición de las autoridades para ayudar y colaborar». «En total, más de 40 hoteles con hasta 9.000 camas ofrecieron de forma voluntaria y desinteresada sus instalaciones para atender a pacientes».

Fruto de esta iniciativa, los hoteles medicalizados ya atendieron a más de 2.700 pacientes. En la actualidad, permanecen habilitados tres de ellos, en los que continúan su recuperación personas afectadas. Además, más de la mitad de los hoteles habilitados para el alojamiento de personal sanitario continúa operando. En total, en ellos se alojaron más de 1.500 sanitarios hasta la fecha. Todo esto, se está llevando a cabo «en perfecta coordinación con la Consejería de Sanidad», según indican desde la AEHM.

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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, afirmó este jueves que «no va a haber recortes» para los funcionarios y que la subida de sueldo de este año aprobada a principios de año «fue el primer compromiso del Consejo de Ministros nada más constituirse».

Así lo dijo la ministra en el turno de réplica al ser interrogada por la oposición en este sentido en el Congreso de los Diputados al que acudió para dar explicaciones sobre las medidas que se han adoptado frente al Covid-19.

Darias aportó datos del trabajo en la Administración General del Estado a 8 de mayo, destacando que 111.472 efectivos se encontraban desarrollando sus tareas de manera no presencial, 49.667 lo hacían de forma presencial y 3.163 se encontraban en aislamiento. Señaló que la máxima cifra de aislados que se ha contabilizado es de 6.203 personas.

Preguntada por Vox por los test que se han hecho entre los funcionarios, Darias respondió que se han realizado “aquellos que tengan que ver con prescripción médica” siguiendo lo establecido.

La ministra recordó que se ha abordado con las organizaciones sindicales los protocolos para la reincorporación a la actividad de los empleados públicos. En este sentido, señaló que el trabajo no presencial “va a seguir siendo una parte importante del trabajo que hagamos”, los colectivos más vulnerables se reincorporarán más tarde que el resto al puesto presencial y en cuanto finalice la suspensión de plazos administrativos se tramitarán los procesos selectivos con carácter ordinario, pero las pruebas que supongan concurrencia masiva se pospondrán.

CONTRATACIÓN DE INTERINOS

Por otra parte, la ministra indicó que, para reforzar los servicios esenciales, se ha autorizado la contratación de 1.540 empleados públicos interinos, de los que 751 se han incorporado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). También se ha destinado personal al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), entre otros.

Además, destacó que 779 funcionarios han decidido de manera voluntaria apoyar áreas y actividades distintas de las de su puesto de trabajo.

En cuanto a los trámites a través del Portal de Transparencia que han quedado en suspenso con la pandemia, la ministra admitió que “no se están contestando las tramitaciones de las preguntas que se han hecho”.

Indicó que entre el 14 de marzo, cuando se declaró el estado el alarma, y el 30 de abril “se han recibido 829 solicitudes de información, las que están suspendidas”. La ministra expuso que desde 2014, cuando se lanzó, se han ido incrementando las solicitudes de información, siendo en 2019 de 7.749, y entre enero y abril contabilizan 3.067 (790 en enero, 966 en febrero, 727 en marzo y 584 en abril). Darias afirmó que “serán contestadas en cuanto se levante el estado de alarma” y admitió que “hubo un cierto retraso en subir contratos”.

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El PSOE ha convocado para el próximo lunes una reunión del Consejo de Política Federal, el órgano en el que se dan cita todos los líderes territoriales del partido y los presidentes autonómicos. La gobernanza que impulsa el Ejecutivo ante el plan de desescalada y los pactos de reconstrucción serán los temas principales de este encuentro.

La convocatoria, según trasladaron a Servimedia fuentes socialistas, será a las 11 horas vía telemática.

Se trata de la primera reunión desde que el también líder del PSOE, Pedro Sánchez, es presidente del Gobierno. En septiembre de 2019 tuvo que desconvocarse una reunión de este órgano que encabeza Guillermo Fernández Vara por las graves inundaciones que se dieron en el Levante.

Tras el regreso de Sánchez a la Secretaría General del PSOE en mayo de 2017 sólo se ha reunido una vez, coincidiendo con un Comité Federal, en noviembre de 2017.

Desde entonces ha cambiado la situación en algunos territorios y los líderes de algunas federaciones son ahora presidentes autonómicos y otros han pasado a la oposición. Ahora, nueve de los líderes territoriales socialistas son presidentes autonómicos y se ven, cada domingo, con Sánchez en la Conferencia de Presidentes.

Según los últimos estatutos aprobados por el PSOE en su 39 Congreso, el Consejo Político Federal es un “órgano al que corresponde informar y evaluar las políticas del partido que afectan a la cohesión territorial, a las relaciones entre las comunidades autónomas y entre éstas y el Estado”.

Al mismo están citados varios miembros de la Ejecutiva como el secretario general, ; la vicesecretaria, Adriana Lastra; el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y el responsable de política autonómica, Patxi López.

También, los secretarios generales de todas las federaciones y el líder de Juventudes Socialistas, Omar Anguita, así como los portavoces parlamentarios Ander Gil (Senado), y el presidente de la FEMP, Abel Caballero.

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El daño cerebral afecta cada año en España a más de 250 de cada 100.000 menores y es una de las principales y “más comunes” causas de discapacidad infantil.

Así lo recordó este jueves la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) a través de un comunicado emitido coincidiendo con el Día Internacional de las Familias que se conmemora este viernes y que la federación llamó a aprovechar para «acercarnos» a él.

Tras precisar que en esta efeméride quiere “acordarse” de las familias con menores con daño cerebral infantil, Fedace puntualizó que estos casos pueden tener diferentes orígenes y que detrás de ellos hay, principalmente, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos o tumores cerebrales, entre otros.

Las consecuencias del daño cerebral “varían notablemente” según la persona, tanto a nivel motor como a nivel cognitivo y por ello las entidades federadas de Fedace atienden a 104 menores con daño cerebral “de forma individualizada, según sus necesidades específicas”, defendió la federación.

De este modo, dichas asociaciones, que son “pioneras” en la atención del daño cerebral infantil, se encargan de realizar un seguimiento y tratamiento de las consecuencias del daño, a la vez que suponen un “apoyo fundamental” para los familiares de esos niños, según Fedace.

La organización lleva dos años trabajando con la colaboración de la Red Solidaria Bankia en el proyecto ‘Te cuento’, cuyo objetivo es “visibilizar” la “realidad” del daño cerebral infantil.

“Se busca plasmar el día a día de esta discapacidad en bonitas ilustraciones en las que los menores con daño cerebral se vean representados”, aseguró Fedace, que subrayó que los materiales desarrollados se han distribuido en colegios, entidades, campamentos y hospitales con el reto de que el daño cerebral infantil “no sea una realidad tan desconocida”.

A través de esta iniciativa, la federación recuerda que el daño cerebral es «invisible» y aboga por trabajar con el menor para «compensar» los déficits y fortalecer sus puntos fuertes así como por una educación inclusiva basada en la sensibilización, la concienciación y el reconocimiento.

También recuerda que estas personas se enfrentan a dificultades a la hora de tomar decisiones y sufren problemas cognitivos, físicos y sensoriales, emocionales y de comportamiento.

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Familiares de personas con discapacidad intelectual celebran mañana viernes el Día de la Familia a través de una campaña donde reflexionan sobre las necesidades, problemas y oportunidades que se han revelado durante la crisis social y sanitaria del Covid-19.

Con la etiqueta #ElPoderDeLasFamilias, Plena Inclusión España busca con esta iniciativa visibilizar rostros e historias reales de estas personas. Todos los canales y redes de la organización mostrarán mensajes reivindicativos junto a otros que tratan de retratar la fortaleza de estas familias frente a la pandemia.

Según el presidente de Plena inclusión, Santiago López, que también es padre de un joven con discapacidad intelectual, “las familias existimos y asumimos una labor diaria de apoyo a las personas con discapacidad que no siempre cuenta con el respaldo necesario por parte de los poderes públicos”.

No obstante, “sabemos que contamos con una numerosa y potente energía vital, llamada Plena Inclusión, que siempre va a estar al lado de quien más lo necesite”, concluyó.

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Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha atendido en Galicia a un total de 637 personas con discapacidad desde el día 16 de marzo, en el que se tuvieron que cerrar todas sus oficinas y se puso en marcha el teletrabajo debido al estado de alarma decretado por el Gobierno a causa de la pandemia del Covid-19.

La crisis sanitaria actual ha obligado a Inserta a realizar un esfuerzo para seguir atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad de forma no presencial, tanto en lo que se refiere a su formación como en el acceso al empleo.

Por ello, los técnicos de Inserta que trabajan en las 36 oficinas que la entidad tiene repartidas por todo el territorio continúan prestando su servicio a sus demandantes a través de la plataforma ‘Por Talento’ (‘www.portalento.es’), así como telefónicamente.

Gracias a esta labor, en Galicia 86 personas con discapacidad se han incorporado a la bolsa de empleo de Inserta, iniciando así su ruta hacia el mercado laboral. Junto a ellas, 551 han recibido tutorizaciones ajustadas a sus perfiles, con orientación posterior a la formación y mentorización hacia el empleo.

Asimismo, Inserta sigue a disposición de las empresas que requieran de sus servicios y que pueden realizar consultas o gestionar ofertas a través de su contacto habitual, mail, teléfono y en el correo ‘portalentoinserta@fundaciononce.es’.

Según los datos recogidos por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE, Odismet, en Galicia se registran 94.900 personas con certificado de discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, con una mayor presencia de hombres (54,7%) y personas con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años (68,8%). Además, hay un 4,6% de jóvenes y más del 68% de las discapacidades registradas son de tipo físico.

La tasa de actividad es del 28,2% (más de 45 puntos por debajo de la correspondiente a la población sin discapacidad en la comunidad). Respecto a la tasa de empleo, se sitúa en el 20,0% y es 5,9 puntos inferior a la registrada por la media nacional para personas con discapacidad. En cuanto a la tasa de paro, se posiciona en el 29,2%, mayor que la media del colectivo de personas con discapacidad en España en tres puntos.

Con relación al nivel de estudios de la población con discapacidad en Galicia, el 17,2% ha alcanzado formación superior, 0,4 puntos por encima de la media del colectivo en España, pero a más de 17 puntos de la población sin discapacidad.

El salario medio bruto anual en la comunidad autónoma se fija en 21.781,6 euros, no obstante, en el caso del colectivo desciende en 2.658,3 euros.

Inserta es la entidad de Fundación ONCE especializada en la prestación de servicios gratuitos de intermediación laboral, captación y desarrollo de talento con discapacidad y gestión del empleo, con el objetivo de lograr su inclusión laboral. Además, ofrece a los emprendedores con discapacidad formación y asistencia técnica para elaborar su plan de negocio.

Para poder acceder a su bolsa de empleo es necesario tener una discapacidad certificada superior al 33% y estar en situación de desempleo.

La actividad de Inserta se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

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Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha atendido en el País Vasco a un total de 351 personas con discapacidad desde el día 16 de marzo, fecha en la que se tuvieron que cerrar todas sus oficinas y se puso en marcha el teletrabajo debido al estado de alarma decretado por el Gobierno a causa de la pandemia del Covid-19.

La crisis sanitaria actual ha obligado a Inserta a realizar un esfuerzo para seguir atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad de forma no presencial, tanto en lo que se refiere a su formación como en el acceso al empleo.

Por ello, los técnicos de Inserta que trabajan en las 36 oficinas que la entidad tiene repartidas por todo el territorio continúan prestando su servicio a sus demandantes a través de la plataforma ‘Por Talento’ (‘www.portalento.es’), así como telefónicamente.

Gracias a esta labor, en el País Vasco 72 personas con discapacidad se han incorporado a la bolsa de empleo de Inserta, iniciando así su ruta hacia el mercado laboral y 279 han recibido tutorizaciones ajustadas a sus perfiles, incluyendo orientación posterior a la formación y mentorización hacia el empleo.

Asimismo, Inserta sigue a disposición de las empresas que requieran de sus servicios y que ueden realizar consultas o gestionar ofertas a través de su contacto habitual, mail, teléfono y en el correo ‘portalentoinserta@fundaciononce.es’.

Según los datos recogidos por Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE, en el País Vasco se registran 66.000 personas con certificado de discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, con una mayor presencia de hombres (51,8%) y personas con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años (69,1%) mientras que hay un 4,8% de jóvenes.

Más de la mitad de las discapacidades registradas son de tipo físico y predominan aquellas con porcentajes comprendidos entre el 33% y el 44% (41,0%).

La tasa de actividad es del 35,0% (más de 39 puntos por debajo de la correspondiente a la población sin discapacidad en País Vasco) aunque es una de las más altas en España para personas con discapacidad. Respecto a la tasa de empleo, se fija en el 29,3% (a más de 3,5 puntos porcentuales por encima de la media nacional para personas con discapacidad, una de las más altas del país). La tasa de paro es notablemente inferior a la media nacional del colectivo (9,7 puntos menos) situándose en el 16,5%.

Atendiendo al nivel de estudios de la población con discapacidad en el País Vasco, el 22,0% ha alcanzado formación superior, dato muy superior al del resto del colectivo a nivel nacional en el que equivale al 16,8% y lejos del 34,4% para la población sin discapacidad.

El salario medio bruto anual en el País Vasco se fija en 25.423,9 euros, no obstante, en el caso del colectivo desciende en 4.937,8 euros.

Inserta es la entidad de Fundación ONCE especializada en la prestación de servicios gratuitos de intermediación laboral, captación y desarrollo de talento con discapacidad y gestión del empleo, con el objetivo de lograr su inclusión laboral. Además, ofrece a los emprendedores con discapacidad formación y asistencia técnica para elaborar su plan de negocio.

Para poder acceder a su bolsa de empleo es necesario tener una discapacidad certificada superior al 33% y estar en situación de desempleo.

La actividad de Inserta se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) comparecerá ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados para llevar a este foro parlamentario la voz y propuestas del movimiento social de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias.

Según el acuerdo de comparecencias adoptado este jueves por dicha comisión, el Cermi será convocado para que realice sus planteamientos dentro del bloque temático de políticas sociales y sistema de cuidados.

Junto al Cermi, otras organizaciones sociales o cívicas que serán llamadas a comparecer ante el Congreso son la CRUE, la ONCE, la Plataforma de Infancia o Save The Children.

El Cermi agradece en una nota a los grupos políticos «la confianza depositada en el movimiento para ser convocado por el Parlamento en la tarea de debatir y acordar un gran programa nacional de reconstrucción social y económica, en clave de sostenibilidad e inclusión”.

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Fundación Edad&Vida, entidad dedicada a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, reunió este jueves a expertos del sector geriátrico y gerontológico para debatir sobre el futuro de las residencias y los modelos de cuidados y organización sociosanitaria tras la crisis provocada por el coronavirus en el sector.

En un webinar titulado ‘Cómo cuidar en la nueva normalidad: el futuro de los cuidados de larga duración’ la entidad contó con Josep de Martí, director de Inforesidencias.com y Marco Inzitari, presidente de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia y director asistencial del Parc Sanitari Pere Virgili, quienes abordaron las nuevas fórmulas de atención a las necesidades de las personas mayores y la reformulación del modelo de cuidados de larga duración.

En este sentido, debatieron sobre la integración de los servicios sanitarios y sociales en la atención residencial a estas personas como respuesta al reto del envejecimiento desde diferentes perspectivas y pusieron sobre la mesa la necesidad de acelerar el modelo de atención sociosanitaria y el modelo de atención centrado en la persona, que pretende aumentar la calidad de la atención desde dimensiones relacionadas con la calidad de vida.

A juicio de Josep de Martí “el modelo residencial no ha fallado”. “En España parece que el 66% de las personas que han fallecido debido al Covid-19 vivían en un centro residencial lo que ha hecho pensar que algo ha fallado en las mismas”, indicó.

“Estos resultados son similares a los encontrados en países con modelos residenciales, supuestamente más avanzados, como los de los países escandinavos o Canadá. Además, en nuestro entorno tenemos un sector que en los últimos 30 años ha evolucionado y se ha encaminado hacia la atención centrada en la persona y ahora debemos reactivarlo”, recalcó. En este sentido, apuntó que es “imprescindible tener en cuenta el presupuesto asociado del modelo, puesto que, si no lo hacemos, finalmente no habrá cambio”.

Según Inzitari, en Cataluña se está trabajando desde la administración hacia una integración sociosanitaria para vincular médicos de residencias con el equipo de atención primaria de referencia para que aquellos profesionales no trabajen solos. “No se trata de medicalizar las residencias ni de crear pequeños hospitales, sino contar más recursos humanos que puedan aportar un plus en la visión del modelo de atención centrado en la persona”, explicó.

Asimismo, recalcó que “existe un problema de infrafinanciación en el sistema” y puso de manifiesto la necesidad de “incrementar los salarios de los profesionales que trabajan en las residencias”. “La imagen de las residencias puede empeorar y es fundamental trabajar en ello para garantizar unos estándares de cuidados de calidad”, continuó.

EL FUTURO: ¿DOMICILIO O RESIDENCIAS?

En relación a las tendencias y modelos de futuro se debatió sobre la importancia de diseñar modelos que permitan tener las mejores condiciones de vida. En este sentido, Izitari manifestó que es fundamental favorecer que las personas que quieren permanecer en los domicilios puedan hacerlo ya que esto iría ligado al modelo de atención centrado en la persona, ya que serían ellos los decisores. “Hay que ofrecer alternativas enfocadas hacia el domicilio”, afirmó. “Las personas que estaban en pisos tutelados en EEUU parece que han padecido menos que las personas que las personas que estaban en residencias”.

Así, continuó “las personas tienen que poder escoger dónde van a envejecer y donde van a morir, si les preguntamos seguramente querrían estar en casa, pero esto tendremos que plantearlo a través de una inversión pública que nos permita generar estas alternativas y si esto no es posible, habría que ir a residencias que se parecieran más a un hogar”.

Por último, y en relación a esto último, Josep de Martí aseguró que “España es un país donde se recibe atención domiciliaria, pero lo hace muy poco tiempo, pocas horas”. «Las personas que viven en residencias lo hacen porque tienen necesidades o son dependientes», aseguró.

“Si nos planteamos la posibilidad de vivir en el domicilio los últimos años de nuestras vidas, deberíamos incorporar la tecnología en casa ya que actualmente hay un sinfín de posibilidades en relación a la domótica, apps, etc.” recalcó. De hecho, insistió, “por experiencias de otros países tan sólo el 5% de las personas acabarán viviendo mejor en su propio domicilio que en una residencia”.

El encuentro fue moderado por el Dr. Josep Maria Via, asesor de la Fundación Edad&Vida y contó también con la presencia de Joaquim Borrás, presidente de la Fundación Edad&Vida, quien introdujo el debate.

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Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha atendido en la comunidad autónoma de Extremadura a un total de 285 personas con discapacidad desde el día 16 de marzo, primera jornada en la que se tuvieron que cerrar todas sus oficinas y se puso en marcha el teletrabajo debido al estado de alarma decretado por el Gobierno a causa de la pandemia del Covid-19.

La crisis sanitaria actual ha obligado a Inserta a realizar un esfuerzo para seguir atendiendo las necesidades de las personas con discapacidad de forma no presencial, tanto en lo que se refiere a su formación como en el acceso al empleo.

Por ello, los técnicos de Inserta que trabajan en las 36 oficinas que la entidad tiene repartidas por todo el territorio continúan prestando su servicio a sus demandantes a través de la plataforma ‘Por Talento’ (‘www.portalento.es’), así como telefónicamente.

Gracias a esta labor, en Extremadura 104 personas con discapacidad se han incorporado a la bolsa de empleo de Inserta, iniciando así su ruta hacia el mercado laboral. Además, 181 han recibido tutorizaciones ajustadas a sus perfiles mediante orientación posterior a la formación o mentorización hacia el empleo.

Asimismo, Inserta sigue a disposición de las empresas que requieran de sus servicios y que pueden realizar consultas o gestionar ofertas a través de su contacto habitual, mail, teléfono y en el correo ‘portalentoinserta@fundaciononce.es’.

Según los datos recogidos por Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE, en la región de Extremadura se registran 36.500 personas con certificado de discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, con una mayor presencia de hombres (55,3%) y personas con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años (66,6%) mientras que hay un 5,8% de jóvenes.

Casi la mitad de las discapacidades registradas son de tipo físico (45,6%) y predominan aquellas con porcentajes comprendidos entre el 33% y el 44% (40,3%).

La tasa de actividad es del 31,6% (más de 39 puntos por debajo de la correspondiente a la población sin discapacidad en la comunidad) y una de las más bajas en España. Respecto a la tasa de empleo, se sitúa en el 18,7% y es 7,2 puntos inferior a la registrada por la media nacional para personas con discapacidad.

En cuanto a la tasa de paro, se posiciona en el 40,9%, por lo que está 15 puntos por encima del valor para el conjunto nacional para el colectivo. Atendiendo al nivel de estudios de la población con discapacidad en Extremadura, el 12,2% ha alcanzado formación superior, dato más bajo al del resto del colectivo a nivel nacional (16,8%) y lejos del 34,4% para la población sin discapacidad.

El salario medio bruto anual en la comunidad autónoma se fija en 21.097,5 euros, no obstante, en el caso del colectivo desciende en 3.929,6 euros.

Inserta es la entidad de Fundación ONCE especializada en la prestación de servicios gratuitos de intermediación laboral, captación y desarrollo de talento con discapacidad y gestión del empleo, con el objetivo de lograr su inclusión laboral. Además, ofrece a los emprendedores con discapacidad formación y asistencia técnica para elaborar su plan de negocio.

Para poder acceder a su bolsa de empleo es necesario tener una discapacidad certificada superior al 33% y estar en situación de desempleo.

La actividad de Inserta se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

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La Fundación Universitaria San Pablo CEU anunció este jueves un nuevo Programa de ‘Cloud Computing’ en colaboración con Amazon Web Services (AWS) Educate. Durará tres años y tiene como objetivo preparar la próxima generación de profesionales de la computación en la nube y responder así a las necesidades de conocimientos sobre el cloud de AWS.

Según explicó la fundación en una nota, será el primero de estos programas en España en colaboración con AWS. El nuevo plan de estudios, que comenzará en septiembre, busca formar a los trabajadores del futuro dotándoles de nuevas oportunidades profesionales en tecnologías ‘cloud computing’ avanzadas y altamente demandadas, tanto en España como en otros países de habla hispana.

A través de AWS Educate, la iniciativa global de AWS que proporciona a estudiantes y docentes los recursos necesarios para acelerar el aprendizaje relacionado con la nube, el programa estará disponible en tres universidades españolas del grupo educativo CEU: CEU San Pablo (Madrid), CEU Cardenal Herrera (Valencia) y CEU Abat Oliba (Barcelona). Por su parte, los estudiantes de Hispanoamérica podrán seguir el Programa de forma online.

Todos los estudiantes del programa formarán parte de AWS Educate, facilitando el acceso a experiencias reales con tecnologías y herramientas ‘cloud’ líderes. Además, el grado incluirá la acreditación y certificación de capacidades y competencias requeridas por AWS y otras organizaciones que actualmente utilizan servicios en la nube, lo cual facilitará a los estudiantes el acceso a oportunidades laborales relacionadas con arquitectura en la nube, analítica de datos, ciberseguridad y desarrollo de ‘software’, así como nuevas posiciones nativas de la nube, como el desarrollo de operaciones o ‘DevOps’.

Gracias a la estructura de módulos, los alumnos contarán con múltiples puntos de entrada y salida del Programa de Cloud Computing y recibirán acreditaciones oficiales de cada uno de los módulos completados individualmente o de todo el programa.

ALTA CAPACITACIÓN

“Mediante este nuevo programa creado en colaboración con AWS, las Universidades CEU están facilitando el camino para que los alumnos puedan convertirse en los profesionales altamente capacitados que requieren las organizaciones”, ha explicado Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo y directora de Universidades CEU.

“La integración de un currículo centrado en la nube y alineado con las necesidades profesionales contribuirá a preparar a los estudiantes para un mundo laboral cambiante y creará una nueva generación de talento altamente capacitado. Mediante este programa buscamos generar una fuerte red de talento e innovadores de la nube”, señala Ken Eisner, director de Programas de Educación Globales de AWS y responsable de AWS Educate.

El programa será impartido online y complementado mediante trabajo práctico basado en experiencias reales, accesibles a través de sesiones presenciales y en línea.

Esta formación también contribuirá a la iniciativa ‘CEUTech For Good’, con la que la universidad realiza proyectos que tienen un impacto positivo en el mundo. En cada uno de los módulos del programa los estudiantes encontrarán desafíos dirigidos a dar respuestas que mejoren el bienestar de la sociedad a través de soluciones de computación en la nube.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado que los avances en inteligencia artificial se realicen desde un “enfoque de igualdad y no discriminación”, incluyendo la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, para evitar un “mayor riesgo de vulneración de los derechos y libertades” que tienen las personas con discapacidad.

Así lo recoge el pronunciamiento político ‘Inteligencia artificial y personas con discapacidad desde una visión exigente de derechos humanos’, aprobado por el Comité Ejecutivo del Cermi Estatal, reunido este jueves de manera telemática para abordar diferentes cuestiones de la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias.

“El uso y aplicación de sistemas de inteligencia artificial han pasado, en muy poco tiempo, a convertirse en una realidad en la vida diaria de la inmensa mayoría de las personas, pero a pesar de ello, cada vez más voces autorizadas manifiestan preocupaciones derivadas de su utilización en nuestras sociedades hipertecnologizadas, en especial en el goce y ejercicio de los derechos humanos”, advierte el Cermi.

Según el pronunciamiento de la plataforma representativa de la discapacidad en España, los grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad tienen más riesgo de sufrir discriminación interseccional, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.

Por ello, defiende que, cada vez más, los organismos internacionales de derechos humanos deben incluir en sus análisis y observaciones el impacto tanto negativo como positivo de la inteligencia artificial, teniendo como marco referencial la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Los principales riesgos que el movimiento Cermi identifica para las personas con discapacidad se centran en el peligro de usar la inteligencia artificial para justificar la selección genética de personas sin discapacidad, y emplear modelos de normalización que no tengan en cuenta la diversidad humana o incluso que contengan datos que incluyan estereotipos y prejuicios sobre la discapacidad, entre otros.

En cuanto a los beneficios destaca la facilidad de acceder en mayor medida a la información y la comunicación en todos los medios y formatos; la contribución para superar problemas de accesibilidad del entorno; la ayuda en la toma de decisiones, y la creación de robots de apoyo en la asistencia personal y sanitaria.

Precisamente, para maximizar los beneficios y evitar los perjuicios, el movimiento Cermi reivindica que el despliegue y gestión de la inteligencia artificial ha de estar sometido a procedimientos democráticos de gobernanza que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de todos los grupos de interés en la toma de decisiones y en la validación de soluciones.

“Las personas con discapacidad son un grupo de interés legítimo de la inteligencia artificial que ha de tener asegurado un rol en el gobierno de estos sistemas”, apostilla el Cermi.

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