El Comité de Bioética he recordado, ante la crisis generada por el coronavirus y las limitaciones de recursos asistenciales y sanitarios, que España está sujeta a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en la que “se prohíbe cualquier discriminación, también en la asistencia sanitaria, por razón de la discapacidad”.

Es uno de los puntos que recoge el informe que ha emitido el citado comité sobre aspectos bioéticos a la hora de priorizar los recursos sanitarios en el contexto actual de la crisis del coronavirus, en el que subraya que “la prioridad, en estos momentos, es proteger a los profesionales sanitarios”.

El informe, dice el organismo, responde a la solicitud recibida desde la Dirección General de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para que informara sobre las implicaciones éticas de las recomendaciones recientemente publicadas por algunas sociedades científicas sobre el uso de los recursos en la situación “excepcional” y sobre los efectos que puede tener sobre las personas con discapacidad.

El informe de los expertos en bioética llama a “poner un ingente número de recursos al servicio de la salud” como “la única manera” de “mitigar las consecuencias colaterales, económicas y sociales, de esta crisis”.

El comité también recuerda que “la priorización es algo inherente a cualquier sistema de salud público y de cobertura universal” y no algo “exclusivo” de la situación de crisis actual, aunque en este momento ofrece “una mayor complejidad y puede llegar a tener un carácter trágico”. “En todo caso, la dificultad de la situación no exime de adoptar decisiones justas”, recalca, llamando a proteger a los profesionales de la salud como clave para afrontar la pandemia.

El comité advierte, en la línea también de cómo se ha pronunciado el Defensor del Pueblo en respuesta a una queja formulada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que “es imprescindible contar con unos criterios uniformes aprobados desde el Ministerio de Sanidad que, sostenidos en principios éticos y evidencias clínicas, garanticen a todos los españoles una igual asistencia sanitaria”, por lo que el Comité de Bioética se pone a disposición para elaborar esas normas generales. Esas normas, subraya, “no deben aplicarse mecánicamente sino adaptarse a la realidad concreta de cada persona”.

En el citado informe, también se afirma que “la priorización debe ser, además, horizontal, no estableciendo categorías en función de padecer el coronavirus u otra enfermedad”, por lo que todos los pacientes deben ser tratados “por igual” tengan coronavirus u otra enfermedad.

Asimismo, el Comité de Bioética muestra su “preocupación” ante determinadas propuestas que recurren a la “utilidad social” como criterio principal de priorización en la asistencia. “La dignidad de todo ser humano es inviolable y que todos tenemos los mismos derechos, sin que quepa discriminación alguna por razón de la edad o la discapacidad. Actuar de otro modo no solo sería contrario a los principios básicos de la bioética, sino al mismo ordenamiento jurídico español”, en referencia concreta a la citada convención de la ONU.

Dicha convención, dice el informe, “garantiza el goce efectivo del derecho a la vida de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, y la adopción de las medidas necesarias para proteger a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia humanitaria”.

El documento hace referencia asimismo al interés superior del menor, y exige que el trabajo de los profesionales sanitarios “obtenga su reconocimiento futuro”.

Finalmente, destaca “el mérito de tantas familias y personas que cuidan de personas, en los hogares, residencias de mayores, centros sanitarios, prisiones y que, convertidos en héroes anónimos, alimentan la esperanza de salir antes y fortalecidos de esta crisis”.

LLAMAMIENTO DEL CERMI

Hace unos días, el Cermi pidió al Ministerio de Sanidad que recabara del Comité de Bioética de España un pronunciamiento “urgente” sobre la necesidad de prestar “una atención sanitaria equitativa y sin discriminaciones” en situaciones de emergencia, como es la actual pandemia del Covid-19.

En una misiva dirigida al secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, la plataforma representativa de la discapacidad en España pidió que el Comité de Bioética dejase acreditados los criterios oficiales que han de seguirse en estas situaciones, “sin que se impongan textos sin valor oficial como los de las sociedades científicas que, en ningún caso, son Derecho aplicable ni vinculan, y más cuando burdamente son contrarios al ordenamiento jurídico de un país democrático”.

Previamente, 25 sociedades sanitarias, sociosanitarias y docentes, difundieron un documento para ayudar a los sanitarios a tomar decisiones éticas para la asistencia en UCI a pacientes con coronavirus. En ese texto, las sociedades científicas afirmaban que, ante las situaciones de crisis y la necesidad de estrategias de asignación, se aboga por priorizar «la maximización de la supervivencia al alta hospitalaria; la maximización del número de años de vida salvados; y la maximización de las posibilidades de vivir de cada una de las etapas de la vida».

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) mantuvo este martes una reunión telemática con los Cermis autonómicos para abordar la estrategia conjunta ante la pandemia de coronavirus con el fin de contribuir a brindar una protección reforzada a las personas con discapacidad y sus familias.

El encuentro sirvió para que cada Cermi autonómico explicara la situación en cada territorio a consecuencia de esta crisis de salud pública y cómo se están viendo afectadas las personas con discapacidad y los diferentes recursos de apoyo existentes.

El Cermi estatal elogió la labor que están realizando los Cermis autonómicos y sus entidades miembro en la situación actual. “Estáis salvando vidas, dando lo mejor de cada uno y luchando contra las diferentes situaciones de discriminación y vulneración de derechos”, afirmó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, quien eso sí, precisó que “nunca se debe caer en la autocomplacencia” dado que el contexto es “muy duro y difícil”.

Pérez Bueno subrayó la importancia de exigir en todo momento a las administraciones que todas las medidas que se adopten tengan en cuenta de manera reforzada a las personas con discapacidad, sin olvidar el enfoque de género.

Asimismo, advirtió de la especial vulnerabilidad de las personas que residen en entornos institucionalizados y quienes en su domicilio requieren de grandes apoyos, por lo que reclamó que se les garanticen todos los servicios necesarios de asistencia personal, salvaguardando su seguridad y la de las personas cuidadoras.

Del mismo modo, insistió en la relevancia de que la información y la comunicación sobre la situación que se está viviendo sea accesible para todas las personas con discapacidad.

También apuntó que, aunque “lo urgente es salvar vidas y salir de la situación actual con los menos daños posibles”, se debe ir pensando también en “la reconstrucción, siempre en clave de derechos y de inclusión”.

“Estamos viviendo una pandemia y no es exagerar decir que de los grupos que más la sufren son las personas mayores y las que tienen discapacidad. Nuestra voz es para que se produzcan las menos discriminaciones posibles, pues además, el movimiento de la discapacidad es parte de la solución. Nosotros necesitamos al país y el país nos necesita a nosotros”, aseveró Pérez Bueno.

SERVIMEDIA

El Canal 24 horas de RTVE es el que más informaciones sobre el Covid-19 acompañadas de subtítulos ha ofrecido (25.732 menciones), seguido de La 1, también de TVE, con 12.399 menciones.

Así lo pone de manifiesto un informe del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción(CESyA) publicado este martes, que analiza la presencia de subtítulos de calidad sobre este tema en las televisiones nacionales.

Según sus conclusiones, RTVE ha sido el grupo de medios que más información subtitulada ha ofrecido. A continuación se encuentra el grupo Atresmedia, con 9.426 menciones por parte de La Sexta y 6.690 en Antena 3.

Por su parte, el grupo Mediaset realizó 6.915 menciones al Covid-19 en Telecinco y 2.766 en Cuatro. Durante el periodo de tiempo analizado, las cadenas que menos se refirieron al coronavirus fueron los canales temáticos Divinity, Clan y Neox, segun este análisis.

El estudio indica que, aunque la presencia del coronavirus se mantuvo relativamente estable entre el mes de enero y principios de febrero, el nivel de menciones aumentó exponencialmente cuando se dieron los primeros incrementos relevantes de casos de contagios en España. En la semana del 9 al 15 de marzo, que coincidió con el inicio de la llamada ‘cuarentena’, se hicieron más de dos mil menciones sobre el número de contagiados.

El CESyA es un centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), cuyo objetivo es promover la accesibilidad en el entorno de los medios audiovisuales a través de los servicios de subtitulado y audiodescripción.

Desde hace quince años, el CESyA se encarga también del seguimiento de la accesibilidad en la TDT. En este sentido, el centro monitoriza el número de subtítulos, audiodescripciones e interpretaciones a lengua de signos que se dan en la televisión nacional y, analizando estos servicios de accesibilidad, puede localizar las veces que se repite una determinada palabra y su contexto en el entorno mediático. Así, el CSyA realizó una consulta acerca de la aparición de las palabras ‘coronavirus’, ‘Covid-19’ y ‘Covid19’ en los subtítulos de la televisión, para determinar el grado de información presente en las diferentes cadenas y observar cómo esta información ha evolucionado en los últimos días.

A su juicio, dado que las personas mayores tienen más problemas de audición y son más vulnerables al virus, resulta «esencial que estén informadas fehacientemente de los cuidados y de las medidas del Gobierno en la lucha contra el virus». Por ello, «el subtítulo de calidad es fundamental para la correcta recepción de la información», concluyó.

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Saint-Gobain Isover y Saint-Gobain Placo, compañías líderes en soluciones constructivas eficientes, presentan su nuevo programa formativo, ‘Academia Isover’ y ‘Academia Placo®’. Una iniciativa con la que ambas entidades continúan en su apuesta por la formación a profesionales del sector de la construcción, actualmente en su modalidad online, y que ya cuenta con más de 40 jornadas planificadas.

La Academia Isover-Placo® está concebida con una triple vertiente formativa: Aula Distribuidores, para formaciones específicas dirigidas a distribuidores; Aula Prescriptores, que engloba las jornadas técnicas enfocadas a arquitectos, aparejadores e ingenierías, y el Aula Instaladores, con un programa formativo enfocado a este último público.

De esta manera, aglutinan una serie de sesiones formativas para distribuidores, con información de actualidad para sus equipos, con la que descubrirán todas las novedades del sector, y les permitirá adquirir y renovar sus conocimientos en torno a temáticas como la acústica, el análisis del nuevo Código Técnico de la Edificación, las soluciones constructivas de fachadas, sistemas constructivos interiores, o la protección pasiva frente al fuego, entre otras.

Por su parte, la primera jornada técnica dirigida a prescriptores del sector sobre las novedades del CTE y su verificación con un caso práctico con Ce3X ha contado con la colaboración de más de 47 colegios de arquitectura, aparejadores e ingenieros, y a su emisión en directo se han unido cerca de 4.000 participantes. En las próximas jornadas se trabajarán temáticas relacionadas con la certificación energética de edificios (HULC, SG SAVE) o cálculo de puentes térmicos con Therm, entre otros.

En cuanto al Aula Instaladores, las sesiones permitirán a los asistentes mantener una formación interactiva en la que se abordarán diferentes aspectos de los procesos de instalación, buenas prácticas en montajes y soluciones idóneas según normativa vigente, entre otros.

Con esta nueva Academia online, tanto Isover como Placo®, como agentes comprometidos con el entorno y las personas, han querido estar más cerca que nunca de los profesionales del sector de la construcción.

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La Fundación ‘la Caixa’, a través de su programa EduCaixa, y el ‘Living Lab’ de Salud de IrsiCaixa ponen en marcha el Coronavirus Community Lab, la primera iniciativa participativa que invita a la población a presentar proyectos de ciencia ciudadana que mejoren la gestión de la crisis del coronavirus en la comunidad a escala urbana.

Según sus impulsores, está dirigido especialmente a alumnos y docentes de 2º ciclo de ESO y Bachillerato, y también a familias y adultos de toda España y Portugal. «El ‘Coronavirus Community Lab’ les ofrece la oportunidad de contribuir al apoderamiento y movilización de su comunidad más cercana (familia, centro educativo, comunidad de vecinos, barrio, asociación…), estudiar la situación particular de una manera holística y explorar e implementar soluciones para mejorar su salud integral: la salud física y mental, la socialización, la nutrición, el descanso, la actividad física, etc».

Este programa también quiere dar respuesta a problemas que afecten a distintas comunidades como por ejemplo a jóvenes afectados emocionalmente por la situación o con dificultad para seguir las actividades educativas debido a un limitado acceso a las TIC.

El principal propósito de esta iniciativa es la creación de un repositorio donde se acogerán todas las iniciativas de ciencia ciudadana para darles visibilidad y difusión, fomentar sinergias y crear una red de soluciones al alcance de todos.

Además, se premiarán las tres mejores iniciativas con oportunidades de formación online con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y seis kits de herramientas TIC (dos por premio) para que los equipos ganadores pueda ayudar a familias de la comunidad en riesgo de exclusión social. El plazo de presentación de los proyectos, abierto en toda España y Portugal, es del 1 de abril al 12 de junio. Para información e inscripciones: ‘https://www.educaixa.com/es/coronavirus-community-lab’.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pidió este martes a la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA) que exija a Naciones Unidas «la movilización de todos sus resortes, recursos e instrumentos a escala mundial» para dar una respuesta adecuada a las personas con discapacidad en la gestión de la pandemia del coronavirus.

Según el Cermi, las directrices marco de acción en relación con las personas con discapacidad y sus familias frente a la pandemia «deben venir de la máxima organización multilateral, como es la ONU». Por ello se ha dirigido a la IDA, que «es la expresión unitaria del movimiento mundial de la discapacidad y tiene la interlocución con el sistema de Naciones Unidas».

A su juicio, la IDA «tiene un papel crucial que jugar en estos momentos, de presión, propuesta e incidencia ante Naciones Unidas» y «debe plantear una agenda potente para que la discapacidad esté presente en posiciones de respeto y atención apropiada en las decisiones que se adopten».

Así, animó a «entrar en contacto con la Organización Mundial de la Salud (OMS)» para reclamarle «una posición vigorosa, fuerte y robusta, basada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Según el Cermi, la OMS debe «actuar como una guía clara en la atención de personas con discapacidad dentro de los criterios de salud pública y el manejo de crisis».

Propuso que la IDA entable contacto con cada uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas al más alto nivel posible y les solicite que «aclaren su posición mediante directrices relativas a la atención de niños y niñas con discapacidad (Icef), mujeres con discapacidad (ONU Mujeres), refugiados con discapacidad (Acnur), etc.

Además, Cermi invitó a la IDA a reclamar al Secretario General de la ONU una declaración institucional sobre el impacto del Covid-19 en las personas con discapacidad y la necesidad de un tratamiento basado en los derechos humanos y la atención prioritaria.

En su opinión, la IDA tendría que exigir la movilización de fondos de la ONU para la atención médica de los grupos más vulnerables de personas con discapacidad, como los que se encuentran en instituciones o los que viven en países más afectados, prosiguió, a fin de adquirir equipos de protección personal, pruebas rápidas, ventiladores, etc.

Finalmente, pidió a IDA ponerse al servicio de sus organizaciones regionales y ofrecerles asesoramiento y pautas para presionar a la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Unión de Estados Africanos, la Liga Árabe y similares, a fin de que garanticen una protección y atención adecuadas a las personas con discapacidad en todas las partes del mundo.

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Fundación ONCE ha hecho público un informe, realizado en colaboración con Citibeats, que analiza la accesibilidad en las ciudades españolas a partir de más de 100.000 opiniones recogidas en Twitter.

De este análisis se desprende que las principales barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en España son sociales y culturales, si bien existen diferencias en función del tipo de discapacidad del usuario.

Así, las mayores barreras que encuentran las personas con discapacidad cognitiva son culturales y sociales (57%), seguidas de dificultades en comunicación (24%).

Por su parte, las personas con discapacidad visual denuncian fundamentalmente las de comunicación e interacción (48%), seguido de barreras en el transporte (19%) y en el entorno (18%).

La principal barrera para las personas con discapacidad auditiva es la de comunicación e interacción (84%), y para las personas con discapacidad física, los principales problemas tienen que ver con el entorno construido. (45%).

Los impulsores del estudio destacan que los ciudadanos y sus opiniones son los mejores sensores para identificar problemas y necesidades sociales: “La digitalización de la sociedad, los canales de participación ciudadana y las redes sociales se han convertido en plataformas para expresar las demandas ciudadanas. Eso convierte a las opiniones ciudadanas en una rica fuente de información para identificar aquellos problemas que más preocupan a la sociedad”.

El modelo de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural de Citibeats consiste en capturar y estructurar las opiniones ciudadanas para detectar necesidades y retos a los que se enfrentan las personas. Así, este proyecto de escucha ciudadana ha servido para identificar y localizar en el mapa las distintas barreras a las que se enfrentan los colectivos de personas con discapacidad.

Este informe presenta los primeros resultados del análisis de los meses de octubre y noviembre. Las más de 100.000 opiniones recogidas y categorizadas permiten identificar a qué barreras se exponen con más frecuencia los ciudadanos españoles con discapacidad, qué diferencias existen entre colectivos y cómo éstas varían entre las regiones y ciudades más importantes.

OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS

En materia de comunicación e interacción, las personas con discapacidad cognitiva han manifestado su opinión sobre la reforma de la ley que reconoce el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual. En este punto reclaman unas elecciones accesibles: programas electorales, las papeletas y los colegios electorales más fáciles de entender.

Por su parte, el tráfico de opiniones de las personas con discapacidad visual se ha centrado en comunicación e interacción. Reclaman unas oficinas de correos más accesibles, puesto que a menudo la atención no está adaptada: pantallas sin audio, falta de apoyo para rellenar documentación escrita, etcétera.

Destacan acciones como la del metro de Barcelona, que ha empezado a incorporar puertas rojas para mejorar la accesibilidad a las personas con problemas de visión y cumplir con la normativa de la UE.

Vecinos de otras ciudades como Bilbao reclaman que se mejore la accesibilidad en el metro y trenes de cercanías con señalización en Braille y megafonía adecuada.

Para las personas con discapacidad auditiva, las principales barreras tienen que ver con la comunicación e interacción. En la Comunidad Valenciana se ha valorado la incorporación de SVisual (servicio de video-interpretación en LSE) en sus hospitales para cubrir las urgencias médicas.

Ciudadanos de Andalucía piden que además del servicio ordinario de ILSE en horario diurno, también se incorpore el SVisual para cubrir el servicio nocturno.

Respecto a las barreras sociales y culturales, FIAPAS y distintos colectivos de ciudadanos denuncian que un alto porcentaje de alumnos con problemas auditivos no cuenta con el suficiente apoyo en las aulas, lo que dificulta su integración y aprendizaje.

Por último, para las personas con discapacidad física las principales dificultades se siguen encontrando en el entorno construido. En la actualidad, a raíz del boom de los patinetes eléctricos de alquiler en las ciudades, son muchas las personas que se quejan de aquellos aparcados o caídos en medio de la acera, dificultando el paso a peatones y especialmente a personas con movilidad reducida.

En Madrid, por ejemplo, se ha puesto en marcha una recogida de firmas para conseguir que todas las estaciones de metro estén adaptadas a personas en silla de ruedas y personal formado para atender sus necesidades especiales.

Otra cuestión que ha generado un gran volumen de opiniones en redes es el deporte adaptado. Señalan que a pesar de que el deporte es una vía de integración para las personas con discapacidad física, el coste financiero de las prótesis y sillas de ruedas para el deporte sigue siendo una barrera importante para muchas personas.

En Madrid los ciudadanos denuncian la falta de apoyos a alumnos con discapacidad, así como supuestas prácticas segregadoras en algunos colegios públicos de la capital.

En Barcelona se genera una conversación abierta entre un grupo de personas con TDAH y otros tipos de discapacidad cognitiva que denuncian a través de sus propias experiencias los episodios de bullying hacia niños en situaciones similares.

En Burgos, por ejemplo, a pesar de las obras para mejorar la accesibilidad en el centro de la ciudad, los ciudadanos demandan mejoras en otras zonas, donde muchas personas mayores con problemas de movilidad tienen dificultades para desplazarse. Y en Málaga varias personas hacen campaña para que se deje de usar el término “autista” como insulto.

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El líder del PP, Pablo Casado, se despachó este martes con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por “disparar al 2,7%” el déficit de España, lo que tradujo en “más de 33.000 millones de euros perdidos para luchar contra el coronavirus”.

Así lo indicó el presidente de los populares a través de un mensaje publicado en Twitter tras analizar “con expertos, exministros y exsecretarios de Estado del área económica del PP el déficit público de 2019 que se acaba de conocer”.

“El Gobierno lo disparó al 2,7%, rompiendo 6 años de bajadas”, criticó Casado, antes de señalar que esto supone “más de 33.000 millones de euros perdidos para luchar contra el coronavirus”. “Así no”, advirtió el líder de la oposición al jefe del Ejecutivo.

Según precisaron desde Génova, Casado pudo estudiar esta mañana la situación en una videoconferencia con dirigentes como Elvira Rodríguez, Mario Garcés y Daniel Lacalle, además de otros exministros y exsecretarios de Estado que ahora están en el sector privado.

Casado aludió de esta forma déficit público de España, que se situó en 2019 en el 2,7% del PIB, siendo el primer ejercicio en el que aumenta desde 2012, tras incrementarse en dos décimas respecto al cierre de 2018 y situarse lejos del objetivo del 2% que se había fijado el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo adelanta hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus ‘Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales’, en las que señala que en el conjunto de 2019 las Administraciones Públicas presentaron una necesidad de financiación de 33.223 millones (2,7% del PIB), frente a los 30.495 millones (2,5% del PIB) de 2018.

De esta manera, el Ejecutivo no logró reducir el déficit público hasta el 2% que se había propuesto y que incluyó en el plan presupuestario de 2020 remitido a la Comisión Europea en octubre del pasado año, en el que sobre esa base preveía reducir el déficit en el presente ejercicio al 1,7%.

El dato adelantado hoy por el INE pone en cuestión la viabilidad de la nueva senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno y aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado a principios de este año.

Dicha senda fija unos objetivos de déficit del 1,8% para 2020, 1,5% en 2021, 1,2% para 2022 y 0,9% en 2023, metas que ya se iban a ver comprometidas por el retraso en la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2020 y, en mayor medida, por el impacto económico de la pandemia del Covid-19.

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La Fundación Cermi Mujeres (FCM) reclamó este martes al Gobierno que el real decreto que apruebe con medidas para reforzar la lucha contra la violencia de género, la trata y la explotación durante el confinamiento tenga en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

Para ello, entre otras acciones, se prevé que el Ejecutivo otorgue la consideración de servicios esenciales a los recursos humanos y materiales que atienden a víctimas de estas formas de violencia y que se movilicen recursos habitacionales, como por ejemplo hoteles, para quienes tengan que abandonar su hogar durante el tiempo que dure la crisis de salud pública desencadenada por la pandemia de coronavirus.

En este sentido, Cermi Mujeres reclama que los recursos estén libres de barreras arquitectónicas, al tiempo que avisa de que la accesibilidad debe ir más allá del ámbito físico. Así, exige garantizar la accesibilidad cognitiva y sensorial de la comunicación y la información en todo momento.

La entidad destaca que “las mujeres con discapacidad están más expuesta a las diferentes formas de violencia machista y abusos, lo que se ve agravado durante el confinamiento, dado que aumentan las tensiones en el hogar y se dificulta la posibilidad de que puedan pedir ayuda o interponer una denuncia”.

Además, recuerda que atender las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad es una obligación recogida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

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La Reina mantuvo este martes una videoconferencia con el presidente de la Federacion de Asociaciones de Personas Sordociegas de España (Fasocide), Francisco J. Trigueros, para conocer la situación en la que vive este colectivo por la epidemia de Covid-19, especialmente porque se trata de personas que necesitan el tacto para comunicarse con el mundo.

Trigueros explicó a doña Letizia que las limitaciones impuestas por el distanciamiento social les ha obligado a eliminar las reuniones de grupo, procurando que los guías-intérpretes se protejan, cancelando servicios y afrontando otros nuevos, como la necesidad de informar de la situación de emergencia y de confinamiento a las personas sordociegas por videollamadas, correo electrónico o mensajeria instantánea adaptada a su nivel de lectoescritura. Pero si no es viable, el guía-intérprete debe desplazarse al domicilio para saber cómo está y ayudar en lo necesario, según informaron fuentes del Palacio de La Zarzuela.

El presidente de Fasocide relató también que están prestando apoyo para hacer la compra de estas personas, ya que los cambios en los supermercados les impiden hacer uso de su memoria para saber dónde están los productos. Además, la federación está elaborando comunicados accesibles que les envían periódicamente para que estén informados.

Por último, el portavoz de las personas sordociegas expresó a la Reina la necesidad de informar a la ciudadanía para que identifiquen el bastón rojo y blanco de las personas sordociegas, evitando así malentendidos con vecinos e incluso con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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El número de infectados por el coronavirus en España se ha disparado este martes hasta 94.417 personas, lo que supone 9.222 más que el día anterior, cuando se registraron 6.398 nuevos casos positivos. La tasa de nuevos contagiados ayer era del 8% y hoy es casi del 11%.

Así consta en los datos oficiales publicados este martes por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al número de contagiados, fallecidos y enfermos curados registrados durante el lunes. Ante el fuerte incremento de nuevos casos positivos, el departamento que dirige el ministro Salvador Illa considera que este repunte puede deberse a que en el fin de semana, por los cambios de turno en los hospitales, se reportaron menos casos.

El número de fallecidos por Covid-19 en España es de 8.189, 849 más que ayer y aunque registra un nuevo récord de óbitos en un día, se mantiene en los valores de las últimas jornadas, tras los 832 del sábado, 838 del domingo y 812 del lunes.

La semana pasada, los datos diarios de fallecidos casi se duplicaron, desde los 462 del lunes hasta los 838 del domingo. En cambio, durante los últimos cuatro días esta cifra está estabilizada entre 800 y 850. Así, la tasa de incremento diario de muertes sigue bajando del 17,1% del sábado al 11,6% de hoy. En cambio, la tasa de letalidad sube ligeramente al 8,7%, mientras que ayer era del 8,6%; el sábado, 8,3%; y el viernes, 7,9%.

SATURACIÓN EN UCI

El número de pacientes graves ingresados en UCI se ha incrementado en 376 personas respecto a los datos de ayer, por lo que ya hay 5.607 en estas unidades, lo que supone que el 5,9% de los casos confirmados acaba en las UCI.

Este es el dato que más preocupa al Ejecutivo, ya que hay seis comunidades autónomas que tienen estas unidades al límite. Cataluña cuenta con el mayor número de ingresados en UCI, con 1.652 pacientes. Madrid es la segunda con 1.514 y la tercera es la Comunidad Valenciana con 356.

La mejor noticia es que ya son 19.259 las personas que han superado la enfermedad. De ayer a hoy se han notificado 2.479 altas, un número similar al que se registra desde hace cuatro días.

Por regiones, Madrid tiene 26.509 contagiados, lo que la ratifica como epicentro de la pandemia, y 3.603 fallecidos. Cataluña es la segunda comunidad más afectada con 18.773 positivos y 1.672 muertos. En tercer lugar está Castilla-La Mancha, con 6.424 infectados y 708 fallecidos; seguido del País Vasco, con 6.320 contagiados y 325 fallecidos.

El mayor número de personas curadas se registra en Madrid con 9.330, seguida por Cataluña, con 4.966; y el País Vasco, con 1.796.

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La ONCE anima a las personas con y sin discapacidad visual usuarias de Braille a participar en el Concurso Europeo de Redacción sobre el Braille 2020, cuyas bases acaban de ser publicada.

Este certamen lo convoca cada año la Unión Europea de Ciegos, en nombre de Onkyo Co. Ltd. y Braille Mainichi, con el fin de promover el uso del braille como herramienta imprescindible de acceso a la información e inclusión social de los ciudadanos con discapacidad visual residentes en Europa.

El Concurso consta de dos fases, una nacional y otra internacional. En la primera de ellas pueden participar todos los usuarios de braille de cualquier edad -incluidas personas videntes-, excepto los ganadores del primer premio en las tres ediciones anteriores y los escritores profesionales.

Los trabajos pueden ser presentados en castellano o inglés y versar sobre una amplia y variada temática, siempre que destaquen la relevancia del braille.

El papel del braille en la promoción de la participación de las personas con discapacidad visual en la vida política, económica, cultural, educativa, social y familiar; el braille en la era de la tecnología; el uso del braille en todas las edades; Braille y voto, y la vida con el braille son algunas propuestas de la ONCE.

Asimismo, elconcurso alienta a maestros, transcriptores y a todos aquellos que usan braille de alguna manera o que les gustaría usarlo a escribir sobre el papel de este sistema de lectoescritura para personas ciegas.

Entre otras ideas, propuso despcripciones objetivas de la innovación potencial, productos e ideas para promover el braille en toda Europa; historias divertidas sobre el braille; el futuro del braille; ventajas y desventajas del braille en comparación con el uso de sintetizadores de voz y libros y documentos grabados; el braille y la música; el braille y el acceso al turismo; jugando con el braille o el lenguaje secreto del braille.

Los trabajos pueden estar escritos en braille, impresos en tinta o en formato digital, y han de contener entre 600 y 1.000 palabras. Los participantes pueden ser creativos y utilizar formatos distintos, como una carta, un poema o una entrevista, etc.

Los trabajos deben ser remitidos a la ONCE no más tarde del 18 de mayo de 2020. Los seleccionados se traducirán al inglés si fuera necesario, y se enviarán, en formato electrónico, al comité de selección europeo el 30 de junio de 2020.

FASE INTERNACIONAL

El jurado de la Unión Europea de Ciegos seleccionará los trabajos ganadores el 7 de septiembre de 2020 y, posteriormente, la Unión Europea de Ciegos lo comunicará a las organizaciones nacionales.

Los premios se dividen en las siguientes modalidades: primer premio o Premio Otsuki, valorado en 2.000 dólares americanos o 1.820 euros; Premios ‘Trabajo Excelente’ en la Categoría júnior (hasta 25 años) y Xenior, dotados con 1.000 dólares americanos o 910 euros cada uno; y Premios ‘Muy Buen Trabajo’, también en categoría júnior y senior, donde se entregarán dos premios valorados en 500 euros por modalidad.

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El estadio de fútbol Enrique Roca -que alberga habitualmente la competición oficial de 2ª B donde participa el Real Murcia- y la empresa de servicios al transporte y la movilidad Vrio organizan un punto de aseo y avituallamiento para transportistas que se mantendrá mientras dure el estado de alarma en España.

El recinto abrirá sus instalaciones para los transportistas en dos turnos diarios, por las mañanas de 12 a 16 horas y por las tardes de 18 a 22 horas. En ambos turnos tendrán acceso a aseos, duchas y una comida que ha sido donada por diferentes fabricantes murcianos.

Según sus impulsores esta propuesta pretende cubrir la urgente necesidad que han denunciado los chóferes de camión, especialmente aquellos que hacen rutas internacionales y de larga distancia, ya que en ellas apenas encuentran espacios donde poder acceder a alimentación o aseo, ya que la mayoría de los lugares habituales están cerrados por la pandemia.

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Una mujer sin hogar fue trasladada de urgencia desde el Seminario de Burgos al Hospital Universitario de la ciudad donde dio a luz a una niña. La mujer es una de las participantes en un programa que gestiona Cáritas y se encontraba en las instalaciones eclesiales junto a decenas de personas vulnerables acogidas por el Arzobispado de Burgos como medida de urgencia por el Covid-19.

Según informó el Arzobispado de Burgos, ese traslado, que en otras situaciones sería “un tanto preocupante para algunos de los responsables de la formación de los futuros sacerdotes y, en última instancia, para el mismísimo arzobispo”, en esta ocasión “se ha convertido en un auténtico cántico de esperanza” en plena pandemia por el coronavirus.

La Iglesia burgalesa considera que el nacimiento de la pequeña, que tuvo lugar el domingo, “ha supuesto una verdadera alegría para el medio centenar de personas sin hogar que, desde el pasado jueves, se aloja en el edificio del paseo del Empecinado”. La pequeña pesó casi cuatro kilos al nacer y tanto ella como su madre se encuentran en buen estado de salud.

A partir de ahora, madre e hija se hospedarán con las religiosas Teatinas, dado que tanto los pisos tutelados de Cáritas como los de servicios sociales del Ayuntamiento están al completo de su capacidad. De forma paralela, las religiosas siguen ayudando con la entrega de alimentos, además, entre las familias de su servicio de guardería que más sufren dificultades.

Cuando pase el estado de alarma provocado por el Covid-19, Cáritas intentará integrar a Sabrine y a su madre en el programa de Ain Karem, de ayuda a mujeres gestantes y madres en dificultad.

Según la información del Arzobispado de Burgos, la madre de Sabrine es de origen marroquí y tiene otros tres hijos. Llegó a España a comienzos de año forzada a trabajar en la recolección de la fresa en Huelva. Al verse limitada para ello por su embarazo, huyó hasta Burgos, donde ha sido acompañada por el programa de Personas Sin Hogar de Cáritas.

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La Guardia Civil ha detenido a los tres ocupantes de un vehículo que intentaron evadir un control por el Covid-19 en Vilafranca del Penedés (Barcelona). Tras inceptar el coche, los agentes descubrieron que el conductor carecía de permiso de conducir, el turismo era robado y en el interior había un hacha de grandes dimensiones.

Según informó este martes el Instituto Armado, los arrestados son tres hombres de 41, 26 y 19 años de edad, todos ellos vecinos de Badalona, a los que se imputa un delito de hurto de uso de vehículo a motor. Al conductor también se le atribuye otro por conducción temeraria y carecer de permiso de conducción.

El incidente tuvo lugar este domingo, cuando la Guardia Civil, que estaba llevando a cabo un control de prevención para la verificación del confinamiento en Vilafranca del Penedés, detectó la llegada de un vehículo que, al advertir su presencia, realizó un cambio de sentido brusco dándose a la fuga.

Los agentes que se encargan de la vigilancia del control consiguieron interceptar el vehículo y los tres ocupantes se les incautaron diferentes herramientas que escondían en el coche, entre ellas un hacha de grandes dimensiones. Asimismo, tras comprobar los datos del vehículo, se pudo verificar que el mismo había sido sustraído ese mismo día.

Además de las imputaciones penales, los ocupantes del vehículo fueron denunciados administrativamente por incumplir las medidas de confinamiento establecidas en el decreto con motivo del estado de alarma. La actuación fue llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) exigieron este martes que las personas con discapacidad y mayores no sean discriminadas en el acceso a la atención médica y a tratamientos en unidades de cuidados intensivos durante la pandemia del nuevo coronavirus.

En este sentido, las tres entidades exhortan en una nota conjunta a las sociedades científicas a revisar sus protocolos y manuales para “desterrar cualquier atisbo de desigualdad” y para que resulten “absolutamente respetuosos con el marco de derechos humanos que rige en España porque no se puede descartar a nadie por razón de edad o de discapacidad de determinados tratamientos, ya que todas las vidas merecen el mismo respeto y tienen el mismo valor”.

En todo caso, el Cermi, Ceoma y UDP recuerdan que los protocolos de las sociedades científicas no son textos legales de obligado cumplimiento, “máxime cuando se trata de procedimientos discriminatorios”.

“Toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera “diferente” y por tanto de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria”, afirman estas organizaciones.

Asimismo, Cermi, Ceoma y UDP reclaman a todas las administraciones que, lejos de descartar a personas por razón de edad, todos los esfuerzos se centren en proveer al sistema sanitario de los recursos necesarios para hacer frente al coronavirus, tanto materiales como humanos.

También hacen un llamamiento para que los centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad cuenten con todos los recursos necesarios para luchar contra esta pandemia, haciendo, además, todo lo posible para asegurar la salud de las personas trabajadoras en estos entornos.

Por otra parte, solicitan el mantenimiento de los servicios de atención social que necesitan las personas en situación de dependencia. “En esta crisis, no podemos dejar a nadie atrás y debemos tener en cuenta de manera prioritaria siempre a las personas que afrontan esta pandemia en condiciones de mayor vulnerabilidad”, sostienen UDP, Ceoma y Cermi.

Por último, destacan que el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, recoge que los trabajadores de los colectivos de mayores y personas con discapacidad pueden seguir manteniendo sus apoyos externos y a domicilio.

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