La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) celebró este jueves de forma telemática su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, con la participación de más de 100 delegados de toda España, en la que Anxo Queiruga fue reelegido como presidente para los próximos cuatro años tras contar con el apoyo unánime de las 91 entidades que forman parte de Cocemfe.

El equipo liderado por Queiruga estará formado en esta nueva etapa por Eva Pérez Bech, vicepresidenta de la entidad; Marta Valencia, al frente de la Secretaría de Organización; Daniel-Aníbal García, como nuevo secretario de Finanzas; Daniel Gallego, que ocupará la nueva Secretaría de Impacto Social y Agenda 2030; Encarnación Rodríguez se encargará de la Secretaría de Mujer e Igualdad; Mar Arruti hará lo propio con la Secretaría de Cronicidad, Pacientes y Coordinación Sanitaría; Mónica Oviedo liderará la Secretaría de Innovación Asociativa; Ramón Salas será el secretario de Accesibilidad y Vida Independiente, y, por último, Valentín Sola se encargará de la Secretaría de Desarrollo Educativo y Profesional.

Tras su nombramiento, Anxo Queiruga afirmó que “en los próximos cuatro años nos volcaremos en todas las cuestiones que como movimiento asociativo reclamamos y todavía no hemos conseguido, en paliar los enormes efectos negativos que la pandemia de Covid-19 está ocasionando sobre las personas con discapacidad física y orgánica y en que no se produzca ningún tipo de retroceso en el ejercicio de sus derechos”.

“Con el esfuerzo, el compromiso y la ilusión de todas las personas que conformamos Cocemfe conseguiremos mantenernos y decir alto y claro al conjunto de la sociedad, que esta confederación no permitirá que la discapacidad física y orgánica dé un paso atrás”, aseveró Queiruga.

Además, agradeció la confianza a las personas representantes del movimiento asociativo de Cocemfe e indicó que él y su equipo seguirán trabajando en favor de la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica, guiados por una visión de Derechos Humanos y, por lo tanto, de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Las principales líneas de actuación que plantea la nueva directiva son mejorar la autonomía de las personas con discapacidad física y orgánica en todo su ciclo vital; impulsar su empleabilidad; conseguir la no-discriminación de las mujeres con discapacidad física y orgánica; garantizar que la infancia con discapacidad física y orgánica disponga de igualdad de oportunidades; especialmente en lo que respecta a la educación inclusiva, y alcanzar una mejor coordinación entre el ámbito social y el sanitario.

CUENTAS

Por otro lado, durante la Asamblea se aprobó el Plan de Actuación del año 2020 y las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades de 2019, año en que más de 980.000 personas se beneficiaron de las actividades desarrolladas por Cocemfe en áreas como desarrollo educativo y profesional, coordinación sociosanitaria, accesibilidad y vida independiente, turismo accesible, proyectos e innovación social, voluntariado, cohesión asociativa, comunicación, igualdad y cooperación.

Además, se aprobó la adhesión de dos entidades más: la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Antinflamatorios (Stop FMF) y la Asociación Española de Esclerodermia (AEE), por lo que el Movimiento Asociativo de Cocemfe pasa a estar formado por 91 entidades estatales, autonómicas y provinciales que representan a más de 2,5 millones de personas con discapacidad física y orgánica, siendo así organización más representativa de este grupo social.

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El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, calificó este jueves de «miserable“ la actuación del vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, respecto a las residencias, dado que era «responsable a nivel nacional» pero «se borró de lo que pasaba en los centros para luego criminalizar un día sí y otro tambien a este Gobierno y a sus profesionales“.

El consejero hizo estas declaraciones en el Parlamento regional, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Pilar Sánchez Acera sobre la coordinación entre la consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales durante la crisis del Covid-19, donde hizo referencia a la colaboración entre la Comunidad y el Estado.

Afimó que «nos dejaron sin materiales de protección en los momentos más cruciales de la pandemia, durante más de nueve días, con el pretexto de una compra centralizada que nunca se produjo. Nos enviaron unos test que no habían probado y que, si esta Consejería no hubiera comprobado su calidad, hubieran puesto en peligro a pacientes y profesionales. Se remitió a las comunidades material defectuoso y faltaron a la verdad diciendo que se han entregado determinadas cantidades de material cuando no han aportado ni una quinta parte lo que necesitaban nuestros profesionales“.

Todo lo que han hecho ha sido atacar a Madrid para tapar su nefasta gestión», aseguró el consejero, quien consideró que el Gobierno central «siempre ha ido al rebufo de las actuaciones de la Comuniad de Madrid“.

«No querían actuar, y lo hicieron porque Madrid apretó el acelerador. A mi no tiene que contármelo nadie, porque lo he vivido en primera persona“, añadió.

Dijo que «mientras el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha dejado la piel por salvar el mayor número de vidas“, desde el Gobierno central «no han hecho otra cosa que atacar a nuestros profesionales y discriminar a sus ciudadanos. Estoy seguro que no lo van a olvidar“.

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La Fundación Inocente, Inocente inicia una campaña urgente de captación de fondos y donaciones que ayuden a las familias, con menos recursos y menores a su cargo, a mantenerse conectadas con la educación, el desarrollo personal y la integración.

Con #NoTeDejoAtrás esta fundación pretende concienciar a toda la población sobre los efectos de la crisis sanitaria en los menores con menos recursos y «sobre la gran diferencia respecto al acceso a la educación virtual entre los menores españoles, agravada en aquellos niños con necesidades especiales», destacó la entidad.

Personalidades del mundo artístico, periodistas y empresas como Jota Abril, Roberto Álvarez, Ismael Beiro, Carolina Casado, Juan Echanove, Goyo González, Anne Igartiburu, Juanma Iturriaga, Leonor Lavado, Tania Llasera, Juan y Medio, Pepón Nieto o Irene Villa, entre otros, han confirmado su apoyo a la campaña.

Además, la fundación ha hecho algo histórico, separar su logo por primera vez en 25 años. Esta división representa el riesgo de dejar desamparados a los pequeños con menos recursos, el peligro de dejarlos atrás, sin acceso a la tecnología necesaria para su educación y adaptación en una situación tan complicada como la que estamos viviendo como sociedad.

Las formas de colaborar en la campaña es haciendo «una aportación económica de 30 euros a través del enlace de la campaña ‘https://www.fundacioninocente.org/notedejoatras’ o un Bizum al 33379 desde el apartado ONG» o sumarte a la misma «compartiendo post y videos en tus redes sociales con el hashtag #NoTeDejoAtrás».

La Fundación Inocente, Inocente realiza cada año una Gala Benéfica en TVE y lleva ayudando a la infancia en España desde hace un cuarto de siglo.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rubricó este jueves la nueva Directiva Nacional 2020 que tiene entre sus objetivos la protección de los ciudadanos españoles ante acontecimientos como la pandemia del coronavirus o las fluctuaciones en el orden geopolítico mundial, en general, y en el entorno de España, en particular.

El jefe del Ejecutivo firmó esta directiva en un acto en el Palacio de la Moncloa al que también asistieron la ministra de Defensa; el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Miguel Ángel Villarroya; el secretario de Defensa, Ángel Olivares; el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre; el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (Jeme), general Francisco Javier Varela; el jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), almirante Teodoro López Calderón; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (Jema), general Javier Salto, y el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez.

La Directiva de Defensa Nacional 2020 supone una profunda actualización del último documento de esta categoría, publicado en 2012. Se trata, también, de la primera Directiva de Defensa derivada de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 y recoge tanto la visión reflejada en este documento como las implicaciones para la defensa, la seguridad y la protección de los ciudadanos ante acontecimientos como la pandemia del coronavirus o las fluctuaciones en el orden geopolítico mundial, en general, y en el entorno de España, en particular.

No obstante, la directiva precisa que el desarrollo de sus directrices precisará de la “financiación que resulte necesaria para abordar” los compromisos internacionales, la renovación y el sostenimiento de las capacidades, y en particular una “atención especial” a las necesidades y calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas.

La actualización de la directiva ofrece una “apuesta decisiva” por la aportación de las mujeres a la transformación en la resolución de conflictos y promoción de la estabilidad y prioriza la atención a las necesidades y calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas, establece bases industriales y tecnológicas, a nivel nacional y europeo, sitúa la ciberseguridad en aras del beneficio social y de la creación de empleo cualificado.

La directiva establece que la última década ha presenciado “cambios sustanciales” en la arquitectura internacional de seguridad, lo que se ha traducido en una “erosión notable” del orden internacional y en un “protagonismo inusitado del recurso a la fuerza”.

Ello se traduce en el cambio que se ha producido en la “relación de los gobiernos con los gobernados” y el hecho de que los retos de seguridad de actores estatales, “entre los que existe una intensa competición estratégica”, y no estatales (terrorismo y crimen organizado), que se pone de manifiesto en las acciones de desinfomación y las agresiones en el ciberespacio.

También incide en que el cambio climático y las pandemias demuestran que los desafíos no siempre son “consecuencia de un acto hostil ni deliberado, aunque supongan un reto de enorme envergadura”.

Señala que las consecuencias de la crisis financiera de 2008 han redefinido el papel de las organizaciones internacionales, las relaciones económicas entre los estados y la de éstos con las grandes empresas.

Dichas consecuencias han provocado, dice el texto, frustración entre la sociedad, que, en ocasiones, se ha traducido en manifestaciones de rechazo a los sistemas establecidos, en el auge de proteccionismos económicos y, por ende, en un retroceso del multilateralismo, un hito ante el que la UE debe aprovechar para “asumir mayores responsabilidades” complementando y reforzando las capacidades de la OTAN.

El documento establece que el objetivo de la defensa es proteger a la sociedad española, su Constitución y los valores, principios e instituciones que ésta consagra y contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacional; encuadra la actuación de las Fuerzas Armadas en misiones en territorio nacional y operaciones internacionales, y también aboga por una completa red de relaciones bilaterales.

Además, redobla las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia, la actuación en el ciberespacio y la gestión responsable de la información pública; frente a las consecuencias del cambio climático se integrarán capacidades esfuerzos como los de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y civiles, en sintonía con los objetivos y principios de la Agenda 2030; indica que la “empatía” con la población civil será la clave del éxito de los militares en las misiones en el exterior; y se mantendrá un “nivel tecnológico avanzado”, se fomentará la cultura y conciencia de la defensa y mejorar la calidad de vida y mejores oportunidades de formación en las Fuerzas Armadas.

La estrategia establece una línea de actuación marcada por la “búsqueda constante de la paz, la estabilidad y el fomento de la Seguridad Humana”, con la “práctica del multilateralismo y de la acción concertada con socio y aliados” como “principales método de gestión de nuestra defensa en el exterior”.

Para ello, se impulsará la preparación del personal de las Fuerzas Armadas y la adquisición de capacidades que permitan la colaboración y el apoyo con autoridades civiles para casos de crisis y emergencias.

Dentro de un marco donde la “calidad de vida y unas condiciones de trabajo seguras y dignas” del personal militar, incluyendo la conciliación, serán “una de las principales prioridades” del Ministerio de Defensa.

Por otra parte, en la Directiva se recuerda la actuación de España en el seno de la OTAN donde la contribución se “materializará mediante una aportación solidaria de capacidades y fuerzas a sus estructuras y operaciones”.

En el debate “político” de la OTAN se defenderá una “combinación de disuasión y diálogo, apostarán por soluciones que favorezcan la distensión y el establecimiento de foros y medidas de confianza.”

Aunque se buscará un “equilibrio apropiado” en a contribución a las misiones de la UE, OTAN y ONU, habrá “especial atención al entorno europeo cercano al Mediterráneo, al Sahel Occidental y al océano Atlántico”. En dichas misiones, se hará especial hincapié a colectivos “vulnerables” como menores y mujeres.

“Para todo ello, las Fuerzas Armadas deberán ser capaces de sostener el despliegue permanente del número de efectivos que, con aprobación del Gobierno, establece la Directiva de Política de Defensa, y de realizar cuando la situación lo quiere, un esfuerzo suplementario al menos un 50% superior por un periodo máximo de un año”.

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Bankia entregará un total de 10.000 libros infantiles y juveniles a los bancos de alimentos de nueve provincias españolas, en el marco del proyecto ‘Libro Solidario’ de Plataforma Editorial, que se repartirán entre familias con hijos en edad escolar.

Según informaron conjuntamente Bankia, Plataforma Editorial y la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), los libros se entregarán a los bancos de alimentos de Ávila, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Granada, Valencia, Castellón, Murcia y Alicante, con el objetivo de promover la lectura contra la exclusión social, así como paliar la falta de carga lectiva y estimulación lectora de niños y jóvenes durante el confinamiento.

El reparto se realizará en proporción al número de familias beneficiarias con hijos en cada banco de alimentos de las nueve provincias en las que Bankia tiene una presencia significativa.

El director de Gestión Responsable de Bankia, David Menéndez, destacó que con esta iniciativa “pretendemos contribuir a eliminar las diferencias que afectan a los más vulnerables, especialmente los niños, también en materia de desigualdad cultural”.

Por su parte, el director general de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, apuntó que “según el Informe PISA, existe una relación directa entre el número de libros en el hogar y los resultados de los estudiantes en su rendimiento escolar; una de las diferencias más notables se da entre los alumnos que tienen menos de 20 libros y los que tienen más de 200 en casa”. “Esto es tremendo. No nos conviene ignorarlo”, consideró.

Desde Fesbal, su director general, Miguel Fernández, valoró el “largo apoyo” de Bankia, desde hace siete años, a la labor social de la federación.

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El Sabadell ha invertido en la empresa biotecnológica Oxolife, creada para desarrollar un nuevo tratamiento para mejorar la tasa de fertilidad femenina, aprovechando una ronda de financiación lanzada por la compañía por valor de 5 millones de euros.

Según detalló el banco este jueves, participa en la compañía a través de BStartup tras seleccionar a la compañía como una de las tres ganadoras de la ‘II Edición de BStartup Health’.

La ronda está liderada por la gestora de capital riesgo Inveready y el organismo público CDTI a través de su programa Innvierte, y participan también HighStick2019 e inversores privados a través de la plataforma Capital Cell.

Fundada en Barcelona en 2013, Oxolife está liderada por Agnès Arbat, médico especializado en farmacología clínica, e Ignasi Canals, doctor en bioquímica. La firma desarrolla una molécula –la OXO-001-, que actúa específicamente sobre la implantación del embrión para aumentar la tasa de éxito de embarazo, y ya obtuvo resultados alentadores en modelos animales representativos.

Según ha explicado el banco, se trata de un “gran avance”, al carecer actualmente de alternativa terapéutica en el mercado para preparar el endometrio y mejorar las condiciones de implantación embrionaria. La mayoría de fármacos existentes se centran en el incremento y mejora de la ovulación, así como en las técnicas fertilización de ovocitos y desarrollo de los embriones.

Con los recursos levantados la empresa ampliará el estudio y realizará en clínicas de España y centros europeos un ensayo clínico para evaluar la eficacia del fármaco en pacientes que recurren a técnicas de reproducción asistida. El siguiente paso sería alcanzar un acuerdo con una farmacéutica para finalizar el desarrollo clínico y proceder a la comercialización del fármaco, algo que prevé para el 2023.

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Samsung logró en 2019 en España un beneficio después de impuestos de 28 millones de euros, lo que supone un 8% más que el año anterior, según el informe anual publicado hoy por el gigante surcoreano.

La cifra de negocio creció un 1,7% y se situó en 1.735 millones de euros, y el resultado de explotación alcanzó los 33,4 millones de euros.

La contribución total de Samsung al PIB español en 2019 ascendió a 771 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al año anterior.

Esta cifra incluye la contribución directa de la compañía de 67,9 millones de euros, la contribución adicional indirecta de 165,9 millones destinados a gastos en proveedores nacionales y 372,5 millones por la contribución tractora al PIB derivada de la venta de productos Samsung, destacando un aumento del 79% en el impacto en el comercio minorista especializado en electrónica.

Los 164,7 millones restantes fueron generados a través de la contribución inducida al PIB: los impactos directos, indirectos y tractores originaron en 2019 un total de 324,2 millones de euros en salarios, lo que ha propiciado un incremento del consumo.

Samsung España destaca en el informe el mantenimiento de su compromiso con el empleo estable y de calidad, como demuestra el hecho de que el 100% de sus contratos laborales durante 2019 fueron de carácter indefinido. El impacto total generado por Samsung se eleva hasta los 17.004 empleos. En 2019, su equipo humano ascendía a 348 personas mientras que los empleos indirectos generados llegaron a 3.599, destacando los sectores de publicidad y marketing (40% empleos) y el de reparación de equipos electrónicos (21% empleos). De igual modo, en términos del impacto tractor sobre el empleo, en 2019 se generaron más de 10.569 puestos de trabajo, mientras que los generados a través del impacto inducido alcanzaron la cifra de 2.288.

Por último, el impacto fiscal total generado por Samsung en 2019 asciende a 657,9 millones de euros. La aportación directa a las arcas del Estado en 2019 ascendió a 30,7 millones de euros. El impacto fiscal indirecto ascendió a 391,3 millones, lo que supone un 61,3% del impacto fiscal total. La venta de los productos en los establecimientos comerciales, originan, a su vez, un impacto fiscal tractor de 184 millones de euros. Por último, el impacto fiscal inducido supuso 51,9 millones de euros adicionales que corresponden a la actividad y el empleo generado por Samsung de forma inducida, destacando el impacto en los impuestos asociados al empleo que supuso el 46% del total.

ONCE Y ACCESIBILIDAD

El Informe Socioeconómico y Fiscal de Samsung en España en 2019 ha sido realizado por la consultora PWC a partir de la información financiera y fiscal aportada por la compañía, así como otros datos macroeconómicos y sectoriales extraídos de fuentes públicas como el INE, Agencia Tributaria y Ministerio de Hacienda.

En materia de responsabilidad social, la tecnológica asiática está presente en áreas como la educación y cultura, la accesibilidad y el bienestar o el emprendimiento y empleabilidad, siempre buscando alianzas con las Administraciones Públicas e instituciones culturales para conseguir un mayor impacto y beneficiar al mayor número de personas.

Entre las diferentes iniciativas realizadas a lo largo del año pasado, la compañía ha seguido trabajando para favorecer el uso de la tecnología en la enseñanza a través de Samsung Smart School, programa desarrollado en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Conserjerías de Educación de las comunidades autónomas, cuyo objetivo consiste en incorporar la tecnología en las aulas como elemento integrador y canalizador del cambio metodológico. Desde su puesta en marcha hace seis años, la iniciativa se ha centrado en colegios públicos en áreas de riesgo de brecha digital, zonas aisladas y/o con alto índice de inmigración o desempleo. En total se ha implementado en 108 aulas, con más de 4.000 alumnos participantes.

También ha impulsado el empleo juvenil y el talento a través de su programa de formación Samsung Tech Institute, que persigue mejorar la empleabilidad de los jóvenes, así como adaptar sus conocimientos a los requerimientos de los perfiles profesionales más demandados en la actualidad. Durante los últimos seis años, ha formado a más 2.000 estudiantes con un 45% de ratio de empleabilidad. Dentro de este programa destaca la iniciativa Samsung DesArrolladoras, que pretende paliar la escasez de mujeres en el campo de las profesiones STEM y favorecer su incorporación en las diferentes especialidades profesionales relacionadas con la ingería y el desarrollo de software. En 2019 puso en marcha la segunda edición que ha hecho posible que más de 1.000 mujeres se formen gratuitamente, sin necesidad de conocimientos previos en programación.

El apoyo a la cultura y su contribución para seguir impulsando su desarrollo y el enriquecimiento de la sociedad es una constante de la compañía desde 2013. Este compromiso se materializa durante estos años con una inversión de más de siete millones de euros destinados a múltiples iniciativas.

Destacan las colaboraciones con algunas de las instituciones culturales más prestigiosas del país, como el Museo Nacional del Prado, el Teatro Real o el Museo Arqueológico Nacional, desarrollando aplicaciones, contenidos digitales o experiencias de realidad virtual. Uno de los ejemplos es la integración del Teatro Real y del Museo del Prado en su bicentenario en Bixby, el asistente de inteligencia artificial de Samsung, ofreciendo a los usuarios información acerca de horarios, precios y tipos de entradas, abonos o itinerarios personalizados según el tiempo disponible.

En el área cultural y educativa, otro de los hitos destacados en 2019 fue la presentación de la app ‘MAN Aula Virtual’ con el Museo Arqueológico Nacional, una herramienta pedagógica para profesores y alumnos que permite acceder desde las aulas a contenidos exclusivos, junto a información adicional inédita preparada por el museo.

Por otro lado, con objeto de contribuir al desarrollo sostenible y en línea con su compromiso empresarial y social, Samsung ha identificado aquellos ODS especialmente vinculados con su actividad. En este aspecto destaca su aportación al objetivo 4 que persigue garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Además, Samsung España ha fomentado en 2019 alianzas entre diferentes entidades para promover la inclusión y el avance tecnológico, con importantes acuerdos con Fundación Atresmedia, Fundación ONCE, Fundación Luzón, Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), Cruz Roja o Aldeas Infantiles, entre otros.

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El expresidente del Gobierno Felipe González comparó este jueves en ‘NEF online’ al Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que lidera Pedro Sánchez con el camarote de los hermanos Marx.

Durante este encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum, el expresidente sostuvo que las propuestas económicas de la formación que lidera el vicepresidente Pablo Iglesias “no son precisas” y, por tanto, “no se saben cuáles son los propósitos concretos” de las mismas, en respuesta a una pregunta sobre la aceptación de algunos planteamientos de Unidas Podemos en el seno de la Unión Europea.

“Vivo algunas veces la tensión entre unos y otros, a veces sufro de esta dinámica en la que entramos y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo, dice yo dos huevos duros más o yo quería más (…) y eso no me gusta”, compartió González sobre las diferencias en el Ejecutivo de Sánchez.

Además, el expresidente recordó que existe la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, que es una “pieza esencial” de gobierno, que establece un “procedimiento de toma de decisiones que hay que respetar todos los días”. “Hay que respetar las decisiones del Consejo de Ministros” que es un “órgano colegiado”, donde “el presidente arbitra esas decisiones”, pero no es un foro de decisiones de votaciones permanentes”.

En este sentido, ahondó en que “la ley obliga a todos a preservar los debates que siguen siendo secreto y solo públicos los acuerdos”, recordó, en clara alusión a los debates que se han radiado en el seno del Ejecutivo de coalición.

Por otra parte, el expresidente reconoció que le “preocupa” que se preserve el “buen funcionamiento” del estado de derecho. Así, comentó la preocupación porque en un estado de alarma se legisle “fundamentalmente” por real decreto, pero sostuvo que estos “deberían caer” una vez concluya el periodo excepcional y, aquellas decisiones que “deben tener una vocación de permanente, vayan por trámite ordinario”.

INDEPENDENTISTAS

El expresidente no se mostró partidario de acordar con los independentistas. “Creo que yo no me hubiera puesto en ese lugar”, dijo, pero acto seguido admitió que “vistas las circunstancias -tras la repetición electoral- ya veríamos».

“Pero lo que es cierto», defendió, «es que no se le puede pedir a alguien que cree en la independencia de una parte del territorio que se comprometa con un proyecto de reconstrucción o de recuperación de España como país. Un proyecto de España no creo que le interesa a ERC ni a los herederos de Convergencia” porque “no están eso”, concluyó.

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Fenin, Grupo Oesia e Iberia dejan en pausa su corredor aéreo tras aportar a España 122 millones de equipos sanitarios, una vez superada la etapa crítica de la pandemia del coronoavirus y normalizado el abastecimiento de productos sanitarios de protección.

Sin embargo, las tres entidades mantienen activo su alianza y la infraestructura operativa por si, desgraciadamente, se produjera un rebrote y fuera necesario reemprender su iniciativa.

Fenin, Grupo Oesía e Iberia pusieron en marcha el Corredor Aéreo Sanitario el 29 de marzo para sumar sus fuerzas a las del resto de iniciativas público y privadas que, en conjunto, han contribuido a dotar a España de material sanitario para hospitales, cuerpos de seguridad, colectivos esenciales y la ciudadanía.

En los dos meses y medio de actividad, el corredor aéreo sanitario trajo a España 122,74 millones de equipos sanitarios. Entre todo el material, destacan mascarillas de diferente tipología y componentes esenciales para la fabricación y mantenimiento en España de respiradores. Transportaron 789 toneladas desde distintos centros cualificados de producción en China hasta hospitales, entidades y empresas de toda España. Gestionaron 6.300 metros cúbicos, el equivalente aproximadamente a tres piscinas olímpicas y en total se realizaron 36 vuelos entre los aeropuertos de Shanghái y Madrid, junto con las correspondientes operaciones logísticas en China y España.

Las tres entidades remarcan en un comunicado que «todo este trabajo ha sido realizado por un equipo de voluntariado de Fenin, Grupo Oesía e Iberia, que suma más de 50 personas, además de las tripulaciones de los aviones».

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El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha remitido un documento con recomendaciones para el próximo curso 2020-2021, en el que propone que cada universidad calcule coeficientes de ocupación para las actividades docentes e investigadoras para saber cuántos alumnos pueden acudir a clases presenciales siguiendo las recomendaciones sanitarias por Covid-19.

Según Universidades, estas recomendaciones «deben servir simplemente como orientación para la comunidad universitaria para el desarrollo de su actividad en el período de la llamada nueva normalidad”.

Si el cálculo del coeficiente de ocupación real es superior al coeficiente de ocupación teórico, «la actividad no podrá desarrollarse de forma presencial en su totalidad y las universidades deberían tomar las medidas pertinentes para que se pueda llevar a cabo de forma online», puede leerse en el documento.

Así, en determinadas situaciones de ‘overbooking’ para cumplir las medidas sanitarias por el coronavirus, Universidades plantea que «deberían rotarse periódicamente entre los estudiantes que reciben la enseñanza presencialmente y aquellos que la reciben por videoconferencia».

El Ministerio también reconoce que, «teniendo en cuenta la escasez de recursos docentes a corto plazo, no se considera conveniente doblar las clases por grupos para mantener la presencialidad, porque ello implicaría una sobrecarga insoportable para el cuerpo docente».

Estas medidas chocan con la propuesta que está presentando este jueves la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en una reunión con representantes de las Comunidades Autónomas, que apuestan por la «máxima presencialidad» y permitirán clases con hasta 20 alumnos, permitiendo que los alumnos menores de 10 años no lleven mascarilla ni guarden el 1,5 metros de distancia en su aula.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este jueves que el impuesto a las transacciones financieras, también conocido como ‘tasa Tobin’, servirá para “reducir las distorsiones en la competencia, desalentar prácticas especulativas y arriesgadas y prevenir futuras crisis” y que también “busca una justa contribución del sistema financiero que compense el papel en la crisis económica y el coste de los rescates que se sufragaron por los contribuyentes y que ascendieron a 4,6 billones en el contexto europeo”.

Así lo indicó durante el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados de las enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de PP, Vox y Ciudadanos para rechazar y detener la tramitación del proyecto de ley del impuesto a las transacciones financieras, con el que el Ejecutivo prevé recaudar 850 millones de euros al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.

Durante su intervención para defender la tramitación del nuevo tributo, Montero apuntó que actualmente las operaciones que se pretenden gravar “no se sujetan a impuesto alguno”, ya que “existe un vacío legal en este tipo de figuras porque la fiscalidad tradicional no está adaptada a este volumen de operaciones”. Así, advirtió de que existe “un privilegio inaceptable y un agravio para el conjunto de los contribuyentes”.

Además, la ministra defendió que este impuesto “no es un invento del Gobierno español, ni una excentricidad” ya que “son años trabajando en el entorno europeo para encontrar unanimidad sobre un tributo de este tipo, común y homogéneo, y que tiene como referencia la propuesta de directiva que lanzó la Comisión Europea en 2011”.

En este sentido, Montero recordó que la idea de dicha directiva era que este impuesto entrara en vigor a nivel comunitario en 2014, con una estimación de ingresos de en torno a 57.000 millones de euros para los 27 países miembro de la UE, pero que, ante el retraso en alcanzar un acuerdo al respecto, diez países -Bélgica, Chipre, Francia, Italia, Finlandia, Rumanía, Grecia, Irlanda, Polonia, Reino Unido- “ya lo aplican de alguna forma». Además, explicó que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo contempla adaptar el tributo cuando se acuerde una figura común para la UE.

Por todo ello, Montero criticó que PP, Vox y Ciudadanos utilicen en sus enmiendas a este tributo los mismos argumentos utilizados en las debatidas la semana pasada sobre la ‘tasa Google’ y que, en su opinión, demuestran que “más que enmiendas a la totalidad de este decreto”, lo que hacen es “enmendar el sistema tributario” con un “peligroso intento de deslegitimación del sistema tributario”.

ENMIENDAS

En defensa de las enmiendas de totalidad, por parte del PP, el diputado Miguel Ángel Castellón pidió al Gobierno que, ante la situación “especialmente convulsa” generada por el Covid-19, se replantee su política fiscal y elabore un plan de recuperación para reactivar la economía, y abogó por una bajada de impuestos y un paquete de incentivos fiscales.

En nombre de Vox, Rubén Silvano Manso, afirmó que “cuesta mucho creer” que el impuesto no vaya a afectar a las familias, ya que asumirán el coste del impuesto, y argumentó que “no es eficiente” porque “recauda poco”, supondrá la “deslocalización” de las operaciones hacia otros países, pudiendo afectar al empleo en el sector financiero, y elevará los costes de financiación empresarial.

Por parte de Ciudadanos, la diputada María Carmen Martínez se mostró en contra del impuesto, argumentando que “no ha funcionado” en aquellos países que lo han implementado, que supondrá que los intermediarios financieros “vuelquen” el coste del tributo en los clientes mediante comisiones, y que, debido al actual contexto de crisis generada por el Covid-19, “no es el momento” para su creación.

RESTO DE GRUPOS

En el turno de fijación de posición, la diputada Laura López, de Unidas Podemos, tildó de “inaceptables” las enmiendas de totalidad, al considerar que son “clasistas”, basadas en “mentiras” y que “no hacen caso a la ciencia ni a las necesidades de la gente”, y acusó a PP, Vox y Ciudadanos de defender los intereses de “sus amiguitos” y ser “los abusones del patio”.

En representación de ERC, Joan Margall se posicionó a favor del impuesto y enfatizó que cuando se debate un impuesto “a la riqueza, al capital, a los que especulan y a los que más tienen, la derecha y la extrema derecha salen en su defensa”. En concreto, aunque consideró que la iniciativa del Ejecutivo es limitada y que su recaudación será menor de la esperada, destacó la necesidad de “gravar operaciones especulativas e incentivar inversiones hacia las actividades productivas”.

Por Junts per Catalunya, Ferran Bel se mostró en contra de las enmiendas de totalidad y a favor del impuesto, al considerarlo “razonable”, pero instó al Ejecutivo a trabajar para su instauración en Europa para hacerlo más eficiente.

En nombre de Compromís, Joan Baldoví inició su intervención preguntando “quién realiza cada semana una transacción financiera”, para a continuación criticar que “la derechita cobarde y la derechona machona”, en referencia a PP y Vox, se opusieran “durante semanas” al ingreso mínimo vital pero que, “cuando se habla de esos que mueven ingentes cantidades de dinero buscando altas rentabilidades”, esos partidos “se rasgan las vestiduras y sacan su verdadera cara: los defensores de los grandes y los poderosos”. Así, defendió la necesidad de crear el tributo y lo consideró “modesto”, poniendo como ejemplo que en una transacción de 1.000 euros se pagarán dos.

En cuanto a Néstor Rego, del BNG, apoyó la creación del impuesto y afirmó que va “en el camino adecuado”, aunque consideró que la propuesta del Ejecutivo es demasiado limitada y “renuncia a regular el mercado financiero y reducir los intereses especulativos”.

La diputada Idoia Sagastizabal, del PNV, también se posicionó a favor del impuesto, al argumentar que en aquellos países en los que ya se aplica “no ha habido ningún hundimiento de las bolsas ni una fuga de sus entidades financieras”. Asimismo, resaltó que el proyecto del Gobierno español plantea un tributo “muy similar” al que se pretende implantar a nivel europeo y que es necesario para frenar operaciones especulativas “que no generan empleo ni dinamizan la economía”.

Por parte de Bildu, Oskar Matute destacó “el carácter positivo” del proyecto de ley, pero consideró que es “insuficiente” por “la dimensión del problema al que se enfrenta” y que “se aleja” de la propuesta inicial de la sociedad civil de la que nació la idea de este impuesto.

Por la CUP, el diputado Albert Botran apoyó la creación del impuesto para que “la banca devuelva el dinero con el que fue rescatada” y porque se dirige a “movimientos de dinero puramente especulativos” y “que no están aportando nada de riqueza material a las sociedades”, aunque advirtió sobre sus “limitaciones” y abogó por aplicar condiciones “más exigentes” con las que se podrían recaudar 5.000 millones de euros.

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El expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE Felipe González aseguró este jueves en ‘NEF online’ que no participaría en el impulso de un nuevo partido progresista en España. “No me sumaría a la creación de otro Partido Socialista”, sentenció.

“Los que discrepen de la línea actual del Partido o del Gobierno”, dijo en este encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum, “tienen el privilegio y la obligación de decirlo”.

González dejó clara esta posición cuando se le preguntó por los que alientan discrepancias con la línea política que marca el actual líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El expresidente recordó que estuvo 23 años al frente del PSOE, con el cargo de secretario general para el que fue elegido “en el exilio”. Por ello, zanjó, “nunca propondría que hubiera una ruptura”, máxime cuando “demasiadas rupturas estamos viendo en la realidad política española”.

Por otra parte, González comentó que no calcula cuánto tiempo hace que habla o no con Sánchez porque cree que “no es significativo”, pero contó que tenían “comprometidas dos o tres citas que se han frustrado” por lo vivido en los últimos meses.

En este sentido, sostuvo que él está “siempre disponible” para quién le quiera para conversar pero que “nunca” va a actuar con las “impertinencias” que asegura que hacen algunos porque no busca “interferir” en el que siempre ha sido su partido político.

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