El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rubricó este jueves la nueva Directiva Nacional 2020 que tiene entre sus objetivos la protección de los ciudadanos españoles ante acontecimientos como la pandemia del coronavirus o las fluctuaciones en el orden geopolítico mundial, en general, y en el entorno de España, en particular.
El jefe del Ejecutivo firmó esta directiva en un acto en el Palacio de la Moncloa al que también asistieron la ministra de Defensa; el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Miguel Ángel Villarroya; el secretario de Defensa, Ángel Olivares; el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre; el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (Jeme), general Francisco Javier Varela; el jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), almirante Teodoro López Calderón; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (Jema), general Javier Salto, y el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez.
La Directiva de Defensa Nacional 2020 supone una profunda actualización del último documento de esta categoría, publicado en 2012. Se trata, también, de la primera Directiva de Defensa derivada de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 y recoge tanto la visión reflejada en este documento como las implicaciones para la defensa, la seguridad y la protección de los ciudadanos ante acontecimientos como la pandemia del coronavirus o las fluctuaciones en el orden geopolítico mundial, en general, y en el entorno de España, en particular.
No obstante, la directiva precisa que el desarrollo de sus directrices precisará de la “financiación que resulte necesaria para abordar” los compromisos internacionales, la renovación y el sostenimiento de las capacidades, y en particular una “atención especial” a las necesidades y calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas.
La actualización de la directiva ofrece una “apuesta decisiva” por la aportación de las mujeres a la transformación en la resolución de conflictos y promoción de la estabilidad y prioriza la atención a las necesidades y calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas, establece bases industriales y tecnológicas, a nivel nacional y europeo, sitúa la ciberseguridad en aras del beneficio social y de la creación de empleo cualificado.
La directiva establece que la última década ha presenciado “cambios sustanciales” en la arquitectura internacional de seguridad, lo que se ha traducido en una “erosión notable” del orden internacional y en un “protagonismo inusitado del recurso a la fuerza”.
Ello se traduce en el cambio que se ha producido en la “relación de los gobiernos con los gobernados” y el hecho de que los retos de seguridad de actores estatales, “entre los que existe una intensa competición estratégica”, y no estatales (terrorismo y crimen organizado), que se pone de manifiesto en las acciones de desinfomación y las agresiones en el ciberespacio.
También incide en que el cambio climático y las pandemias demuestran que los desafíos no siempre son “consecuencia de un acto hostil ni deliberado, aunque supongan un reto de enorme envergadura”.
Señala que las consecuencias de la crisis financiera de 2008 han redefinido el papel de las organizaciones internacionales, las relaciones económicas entre los estados y la de éstos con las grandes empresas.
Dichas consecuencias han provocado, dice el texto, frustración entre la sociedad, que, en ocasiones, se ha traducido en manifestaciones de rechazo a los sistemas establecidos, en el auge de proteccionismos económicos y, por ende, en un retroceso del multilateralismo, un hito ante el que la UE debe aprovechar para “asumir mayores responsabilidades” complementando y reforzando las capacidades de la OTAN.
El documento establece que el objetivo de la defensa es proteger a la sociedad española, su Constitución y los valores, principios e instituciones que ésta consagra y contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacional; encuadra la actuación de las Fuerzas Armadas en misiones en territorio nacional y operaciones internacionales, y también aboga por una completa red de relaciones bilaterales.
Además, redobla las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia, la actuación en el ciberespacio y la gestión responsable de la información pública; frente a las consecuencias del cambio climático se integrarán capacidades esfuerzos como los de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y civiles, en sintonía con los objetivos y principios de la Agenda 2030; indica que la “empatía” con la población civil será la clave del éxito de los militares en las misiones en el exterior; y se mantendrá un “nivel tecnológico avanzado”, se fomentará la cultura y conciencia de la defensa y mejorar la calidad de vida y mejores oportunidades de formación en las Fuerzas Armadas.
La estrategia establece una línea de actuación marcada por la “búsqueda constante de la paz, la estabilidad y el fomento de la Seguridad Humana”, con la “práctica del multilateralismo y de la acción concertada con socio y aliados” como “principales método de gestión de nuestra defensa en el exterior”.
Para ello, se impulsará la preparación del personal de las Fuerzas Armadas y la adquisición de capacidades que permitan la colaboración y el apoyo con autoridades civiles para casos de crisis y emergencias.
Dentro de un marco donde la “calidad de vida y unas condiciones de trabajo seguras y dignas” del personal militar, incluyendo la conciliación, serán “una de las principales prioridades” del Ministerio de Defensa.
Por otra parte, en la Directiva se recuerda la actuación de España en el seno de la OTAN donde la contribución se “materializará mediante una aportación solidaria de capacidades y fuerzas a sus estructuras y operaciones”.
En el debate “político” de la OTAN se defenderá una “combinación de disuasión y diálogo, apostarán por soluciones que favorezcan la distensión y el establecimiento de foros y medidas de confianza.”
Aunque se buscará un “equilibrio apropiado” en a contribución a las misiones de la UE, OTAN y ONU, habrá “especial atención al entorno europeo cercano al Mediterráneo, al Sahel Occidental y al océano Atlántico”. En dichas misiones, se hará especial hincapié a colectivos “vulnerables” como menores y mujeres.
“Para todo ello, las Fuerzas Armadas deberán ser capaces de sostener el despliegue permanente del número de efectivos que, con aprobación del Gobierno, establece la Directiva de Política de Defensa, y de realizar cuando la situación lo quiere, un esfuerzo suplementario al menos un 50% superior por un periodo máximo de un año”.
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